2025-12-202512C118202304480-00-TRA-DOC-ES-ARRET-C-0448-23-202511188-07

Sentencia de 18.12.2025 — Asunto C‑448/23

Comisión / Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 18 de diciembre de 2025 ( * )

Índice

Marco jurídico 5

Derecho de la Unión 5

Acta de Adhesión 5

Tratado UE 5

Tratado FUE 7

Carta 8

Declaración n.o 17 relativa a la primacía 8

Derecho polaco 9

Constitución polaca 9

Disposiciones legislativas relativas a la organización y al funcionamiento del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) 12

Antecedentes del litigio 17

Procedimientos relativos a los nombramientos de tres jueces y de la presidenta del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) 17

Procedimiento relativo al nombramiento de tres jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en diciembre de 2015 17

Procedimiento relativo al nombramiento de la presidenta del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) 20

Sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 14 de julio de 2021 y de 7 de octubre de 2021 20

Sentencia de 14 de julio de 2021 20

Sentencia de 7 de octubre de 2021 21

Procedimiento administrativo previo 23

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 24

Sobre el recurso 24

Sobre la primera imputación 25

Alegaciones de las partes 25

Apreciación del Tribunal de Justicia 28

– Sobre la primera parte de la primera imputación 28

– Sobre la segunda parte de la primera imputación 34

Sobre la segunda imputación 37

Alegaciones de las partes 37

Apreciación del Tribunal de Justicia 42

– Sobre el quebrantamiento de los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión imputado 43

– Sobre el quebrantamiento del principio de efecto vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia imputado 50

Sobre la tercera imputación 56

Alegaciones de las partes 56

Apreciación del Tribunal de Justicia 61

– Sobre la primera parte de la tercera imputación 61

– Sobre la segunda parte de la tercera imputación 66

Costas 70

«Incumplimiento de Estado — Artículo 2 TUE — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión — Principio de efecto vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia) — Sentencias del Tribunal de Justicia y medidas provisionales en virtud del artículo 279 TFUE relativas al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Oposición del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) a esas sentencias y medidas provisionales por ultra vires — Identidad constitucional nacional — Prohibición de aplicar los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, impuesta por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) a todos los órganos de los poderes públicos — Artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Exigencia del tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley — Composición irregular del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)»

En el asunto C‑448/23,

que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 17 de julio de 2023,

Comisión Europea, representada por la Sra. K. Herrmann y los Sres. C. Ladenburger y P. J. O. Van Nuffel, en calidad de agentes,

parte demandante,

apoyada por

Reino de Bélgica, representado inicialmente por las Sras. M. Jacobs, C. Pochet, L. Van den Broeck y M. Van Regemorter, en calidad de agentes, y posteriormente por las Sras. M. Jacobs, C. Pochet y M. Van Regemorter, en calidad de agentes,

Reino de los Países Bajos, representado por la Sra. M. K. Bulterman, el Sr. J. M. Hoogveld y la Sra. C. S. Schillemans, en calidad de agentes,

partes coadyuvantes,

contra

República de Polonia, representada inicialmente por el Sr. B. Majczyna y la Sra. S. Żyrek, en calidad de agentes, y posteriormente por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente,

parte demandada,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Vicepresidente, los Sres. F. Biltgen e I. Jarukaitis, las Sras. M. L. Arastey Sahún e I. Ziemele, el Sr. J. Passer, la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. M. Condinanzi y F. Schalin, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, Z. Csehi y B. Smulders, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Spielmann;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de marzo de 2025;

dicta la siguiente

Sentencia

1	Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz de la interpretación de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitución de la República de Polonia; en lo sucesivo, «Constitución polaca») realizada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia) en sus sentencias de 14 de julio de 2021 (asunto P 7/20) y de 7 de octubre de 2021 (asunto K 3/21).

–

Declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios generales de autonomía, primacía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio del carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia, a la luz de la interpretación de la Constitución polaca hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en sus sentencias de 14 de julio de 2021 (asunto P 7/20) y de 7 de octubre de 2021 (asunto K 3/21).

–

Declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debido a la incapacidad del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de respetar las exigencias del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, como resultado de las irregularidades en los procedimientos para el nombramiento de tres de sus jueces en diciembre de 2015 y en el procedimiento para el nombramiento de su presidenta en diciembre de 2016.

–	Condene en costas a la República de Polonia.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Acta de Adhesión

El artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 33; en lo sucesivo «Acta de Adhesión»), dispone:

«Al producirse la adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados con anterioridad a la adhesión por las Instituciones y el Banco Central Europeo serán vinculantes para los nuevos Estados miembros y serán aplicables en dichos Estados en las condiciones establecidas en dichos Tratados y en la presente Acta.»

3	El artículo 10 del Acta de Adhesión tiene el siguiente tenor:

«La aplicación de los Tratados originarios y de los actos adoptados por las instituciones estará sujeta, con carácter transitorio, a las excepciones previstas en la presente Acta.»

Tratado UE

4	A tenor del artículo 1 TUE, párrafos primero y segundo:

«Por el presente Tratado, las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Unión Europea, en lo sucesivo denominada “Unión”, a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes.

El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.»

5	El artículo 2 TUE tiene el siguiente tenor:

«La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.»

6	El artículo 4 TUE indica:

«1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.

2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.

3. Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión.

Los Estados miembros ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.»

7	El artículo 5 TUE, apartados 1 y 2, establece:

«1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que estos determinan. Toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.»

8	El artículo 13 TUE, apartado 2, tiene el siguiente tenor:

«Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.»

9	El artículo 19 TUE, apartado 1, establece:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.

Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión.»

10	De conformidad con el artículo 49 TUE:

«Cualquier Estado europeo que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo.

Las condiciones de admisión y las adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los Tratados sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.»

Tratado FUE

11	Con arreglo al artículo 267 TFUE:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

a) sobre la interpretación de los Tratados;

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

[…]»

12	De conformidad con el artículo 279 TFUE:

«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo.»

Carta

13	El título VI de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que lleva como epígrafe «Justicia», incluye en particular su artículo 47, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial», que está redactado en los siguientes términos:

«Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. […]

[…]»

14	El artículo 52, apartados 1 y 3, de la Carta dispone:

«1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

[…]

3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, “CEDH”)], su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa.»

Declaración n.o 17 relativa a la primacía

15	La Declaración n.o 17 relativa a la primacía, aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa (DO 2012, C 326, p. 346), tiene el siguiente tenor:

«La Conferencia recuerda que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por la citada jurisprudencia.

Además, la Conferencia ha decidido incorporar a la presente Acta Final el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre la primacía, tal como figura en el documento 11197/07 (JUR 260):

“Dictamen del Servicio Jurídico del Consejo

de 22 de junio de 2007

Resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la primacía del Derecho comunitario es un principio fundamental del Derecho comunitario. Según el Tribunal de Justicia, este principio es inherente a la naturaleza específica de la Comunidad Europea. En el momento de la primera sentencia de esta jurisprudencia constante [sentencia de 15 de julio de 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66),] el Tratado no contenía mención alguna a la primacía, y todavía hoy sigue sin contenerla. El hecho de que el principio de primacía no esté incluido en el futuro Tratado no cambiará en modo alguno la existencia de este principio ni la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia.[”]»

Derecho polaco

Constitución polaca

16	El artículo 2 de la Constitución proclama:

«La República de Polonia es un Estado democrático de Derecho y promueve los principios de la justicia social.»

17	El artículo 4, apartado 1, de la Constitución establece:

«En la República de Polonia, el poder supremo pertenece a la Nación.»

18	El artículo 7 de la Constitución dispone que «los poderes públicos actuarán en virtud y dentro de los límites del Derecho».

19	Con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Constitución, «la Constitución es la norma suprema de la República de Polonia».

20	El artículo 90, apartado 1, de la Constitución prevé que «la República de Polonia podrá ceder, en virtud de un tratado, a una organización internacional o a un organismo internacional las competencias de los poderes públicos sobre determinadas cuestiones».

21	El artículo 91, apartados 1 y 2, de la Constitución tiene el siguiente tenor:

«1. Tras su publicación en el diario oficial de la República de Polonia, un tratado válidamente ratificado formará parte integrante del ordenamiento jurídico interno; será directamente aplicable, salvo que su aplicación esté supeditada a la promulgación de una ley.

2. Los tratados ratificados en virtud de una ley de autorización prevalecerán sobre la ley en caso de incompatibilidad de esta con el tratado.»

22	El artículo 144 de la Constitución establece:

«1. El presidente de la República [de Polonia] emitirá actos oficiales en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

2. Para que sean válidos, los actos oficiales del presidente de la República [de Polonia] deberán estar refrendados por el presidente del Consejo de Ministros, quien asumirá de esta manera su responsabilidad ante el Sejm [(Dieta, Polonia)].

3. Lo dispuesto en el apartado 2 no se aplicará en los siguientes casos:

[…]

17. el nombramiento de los jueces;

[…]».

23	El artículo 178, apartado 1, de la Constitución dispone:

«Los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y están sometidos únicamente a la Constitución y a las leyes.»

24	El artículo 179 de la Constitución tiene el siguiente tenor:

«Los jueces serán nombrados por el presidente de la República [de Polonia], a propuesta de la Krajowa Rada Sądownictwa [(Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, “CNPJ”)], por tiempo indefinido.»

25	Con arreglo al artículo 188 de la Constitución:

«El Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] es competente para conocer:

1. de la conformidad de las leyes y los tratados internacionales con la Constitución;

2. de la conformidad de las leyes con los tratados internacionales cuya ratificación exija la previa autorización de una ley;

3. de la conformidad de los actos normativos sin fuerza de ley emanados de los órganos centrales del Estado con la Constitución, los tratados internacionales y las leyes;

4. de la conformidad de la actividad y los fines de los partidos políticos con la Constitución;

5. del recurso de amparo constitucional previsto en el artículo 79, apartado 1».

26	El artículo 190 de la Constitución determina:

«1. Las sentencias del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] tendrán fuerza de cosa juzgada y plenos efectos frente a todos.

2. Las sentencias del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] relativas a los asuntos mencionados en el artículo 188 se publicarán sin demora en el órgano oficial donde se haya publicado el acto normativo. Si el acto no ha sido publicado, la sentencia se publicará en el Diario Oficial de la República de Polonia “Monitor Polski”.

3. Las sentencias del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] producirán efectos desde la fecha de su publicación […].

[…]

5. El Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] decidirá por mayoría de votos.»

27	El artículo 193 de la Constitución tiene el siguiente tenor:

«Cualquier órgano jurisdiccional podrá plantear al Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] una cuestión jurídica relativa a la conformidad de un acto normativo con la Constitución, con los tratados ratificados o con la ley, cuando la resolución del asunto de que conozca dependa de la respuesta que se dé a dicha cuestión».

28	El artículo 194 de la Constitución establece:

«1. El Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] estará compuesto por quince jueces elegidos individualmente por el Sejm [(Dieta)], para un período de nueve años, de entre las personas que se distingan por su conocimiento del Derecho. No podrán ser reelegidos como miembros del tribunal.

2. El presidente y el vicepresidente del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] serán nombrados por el presidente de la República [de Polonia] de entre los candidatos presentados por la Junta General de Jueces del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] [(en lo sucesivo, “Junta General”)].»

29	A tenor del artículo 197 de la Constitución, «la organización del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] y el procedimiento ante él se determinarán mediante la ley».

Disposiciones legislativas relativas a la organización y al funcionamiento del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)

30	En los años 2015 y 2016, el Sejm (Dieta) aprobó varias leyes mediante las que se modificó la organización y el funcionamiento del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

31	El 25 de junio, el Sejm (Dieta) aprobó la ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (Ley del Tribunal Constitucional) (Dz. U., posición 1064; en lo sucesivo, «Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional»), que entró en vigor el 30 de agosto de 2015.

32	El artículo 19, apartados 1 y 2, de esa Ley disponía:

«1. El derecho a presentar un candidato para el cargo de juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] se concederá a la Mesa del Sejm [(Dieta)] y a un grupo compuesto por al menos cincuenta diputados.

2. La propuesta de nombramiento de un candidato para el cargo de juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] se dirigirá al presidente del Sejm [(Dieta)] a más tardar tres meses antes de que expire el mandato en curso de un juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)].»

33	Según el artículo 21, apartado 1, de dicha Ley, la persona elegida para el cargo de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) debía prestar juramento ante el presidente de la República de Polonia conforme a la formulación establecida en esa disposición.

El artículo 137 de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional disponía, con carácter transitorio, en relación con los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) cuyo mandato expiraba en 2015, que la propuesta a que se refiere el artículo 19, apartado 2, de dicha Ley debía presentarse en el plazo de treinta días desde la fecha de entrada en vigor de la referida Ley.

El 19 de noviembre de 2015, el Sejm (Dieta) aprobó, a través de un procedimiento de urgencia, la ustawa o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Ley por la que se modifica la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional) (Dz. U., posición 1928; en lo sucesivo, «Ley modificativa de 19 de noviembre de 2015»), que entró en vigor el 5 de diciembre de 2015.

36	El artículo 1, punto 3, de dicha Ley modificó el artículo 19, apartado 2, de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional, que pasó a tener la siguiente redacción:

«La propuesta de nombramiento de un candidato para el cargo de juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] se dirigirá al presidente del Sejm [(Dieta)] a más tardar treinta días antes de que expire el mandato de un juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)].»

37	El artículo 1, punto 4, letra a), de la Ley modificativa de 19 de noviembre de 2015 modificó el artículo 21, apartado 1, de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional, que pasó a estar redactado en los siguientes términos:

«La persona elegida para el cargo de juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] prestará juramento ante el presidente de la República [de Polonia] en un plazo de treinta días desde la fecha en que haya sido elegido […]».

38	El artículo 1, punto 4, letra b), de la Ley modificativa de 19 de noviembre de 2015 insertó en la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional un artículo 21, apartado 1a, con el siguiente tenor:

«La prestación de juramento dará inicio al mandato del juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)].»

El artículo 1 de la Ley modificativa de 19 de noviembre de 2015 derogó, mediante su punto 5, el artículo 137 de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional e insertó, mediante su punto 6, en esta última Ley, un artículo 137a según el cual, respecto de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) cuyo mandato expiraba en 2015, la propuesta a que se refiere el artículo 19, apartado 2, debía presentarse en un plazo de siete días desde la fecha de entrada en vigor el referido artículo 137a.

40	El artículo 2 de la Ley modificativa de 19 de noviembre de 2015 dispuso lo siguiente:

«El mandato del actual presidente y del actual vicepresidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] expirará tres meses después de la entrada en vigor de la ley».

El 22 de julio de 2016, el Sejm (Dieta) aprobó la ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (Ley del Tribunal Constitucional) (Dz. U., posición 1157; en lo sucesivo, «Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional»), que sustituía a la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional y debía entrar en vigor el 16 de agosto de 2016.

42	El artículo 16, apartados 4 y 7, de la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional tenía el siguiente tenor:

«4. La parte de la sesión de la Junta General relativa a la elección de los candidatos al cargo de presidente o de vicepresidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] estará presidida por el juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] de más edad que participe en la Junta General.

[…]

7. Se procederá a la elección de los candidatos si participan en la Junta General al menos diez jueces del total de jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] definido en el artículo 194, apartado 1, de la Constitución. Cada juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que participe en el procedimiento de elección dispondrá de un voto y solo podrá votar por un candidato.»

43	A tenor del artículo 90 de la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional:

«El presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] incluirá en las salas a los jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que hayan prestado juramento ante el presidente de la República [de Polonia] pero que aún no hayan asumido sus funciones en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley y les atribuirá asuntos.»

44	Mediante sentencia de 11 de agosto de 2016 (asunto K 39/16), el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró el artículo 90 de la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional incompatible con el artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca.

El 13 de diciembre de 2016, el Sejm (Dieta) aprobó la ustawa przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Ley por la que aprueban disposiciones introductorias a la Ley de Organización y Procedimiento del Tribunal Constitucional y la Ley sobre el Estatuto de los Jueces del Tribunal Constitucional) (Dz. U., posición 2074; en lo sucesivo, «Ley de disposiciones introductorias»), que entró en vigor, en lo que respecta a algunas de esas disposiciones, el 20 de diciembre de 2016.

46	El artículo 3 de esta Ley derogó la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional.

47	El artículo 18 de la Ley de disposiciones introductorias dispone que el presidente de la República de Polonia podrá encomendar el ejercicio de las funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) a un juez de dicho tribunal.

48	El artículo 20 de la citada Ley establece:

«El juez en funciones de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] tramitará, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha en que se promulgue la presente Ley, el procedimiento de presentación al presidente de la República de Polonia de los candidatos al cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] en las condiciones previstas en el artículo 21.»

49	El artículo 21 de dicha Ley, que establece el procedimiento de designación de los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) para su presentación al presidente de la República de Polonia, determina:

«1. El juez en funciones de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] convocará sin dilación una reunión de la Junta General sobre la presentación al presidente de la República de candidatos al cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] y notificará a los jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] la fecha de dicha reunión.

2. Los jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que hayan prestado juramento ante el presidente de la República de Polonia participarán en la reunión a que se refiere el apartado 1. El juez en funciones de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] fijará el orden del día y presidirá la sesión.

3. La Junta General seleccionará a los candidatos al cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] mediante votación, de conformidad con los principios que se señalan en los apartados 4 a 9.

4. Cualquier juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] indicado en el apartado 2 podrá presentar su candidatura en el procedimiento de selección de candidatos para el cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)]. El juez en funciones de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] recibirá las candidaturas desde el día de la publicación de la fecha de la reunión de la Junta General a que se refiere el apartado 1 hasta la apertura de dicha reunión.

5. Los nombres y apellidos de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) propuestos con arreglo al apartado 4 se incluirán en la papeleta de voto por orden alfabético. Las candidaturas propuestas se votarán conjuntamente. El voto será válido si el signo “x” o “+” (dos líneas cruzadas) figura en la casilla prevista a tal efecto en la papeleta de voto junto al nombre de un juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)]. La votación será secreta.

[…]

7. La Junta General presentará como candidatos al cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)], en forma de acuerdo, a todos los jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que hayan obtenido al menos cinco votos en la votación a que se refiere el apartado 5.

8. Si solo un juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] ha obtenido el número de votos requerido a que se refiere el apartado 7, la Junta General presentará como candidatos para el cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)], en forma de acuerdo, al juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que haya obtenido el número mínimo requerido de cinco votos y al juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que haya concitado el mayor apoyo entre los jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que no hayan alcanzado el número mínimo requerido de cinco votos.

9. Cuando, en el caso contemplado en el apartado 8, más de un juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] haya concitado el apoyo más elevado entre los jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que no hayan obtenido el número de votos requerido con arreglo al apartado 7, la Junta General, incluido el juez del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que haya obtenido al menos cinco votos, presentará como candidatos al cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)], en forma de acuerdo, a todos los jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] que hayan recibido el mismo número de votos más elevado.

[…]

11. Cuando el procedimiento contemplado en los apartados 4 a 9 no haya conducido a la designación de al menos dos jueces del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] como candidatos de la Junta General al cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)], el juez en funciones de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)] levantará la sesión y convocará de nuevo la Junta General a los efectos de la presentación de candidatos al cargo de presidente del [Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)].

[…]»

Antecedentes del litigio

Procedimientos relativos a los nombramientos de tres jueces y de la presidenta del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)

Procedimiento relativo al nombramiento de tres jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en diciembre de 2015

Mediante acuerdos de 8 de octubre de 2015 adoptados durante su séptima legislatura, el Sejm (Dieta) eligió a cinco personas para sendos cargos de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). Tres de ellas —R.H., A.J. y K.Ś.— debían sustituir a jueces cuyo mandato expiraba el 6 de noviembre de 2015 y dos de ellas a jueces cuyo mandato expiraba en diciembre de 2015.

La octava legislatura del Sejm (Dieta), tras las elecciones parlamentarias del 25 de octubre de 2015, celebró su primera sesión el 12 de noviembre de 2015. El 25 de noviembre de 2015, el Sejm (Dieta) adoptó cinco acuerdos en los que declaraba «carentes de efectos jurídicos» los acuerdos de 8 de octubre de 2015 e instaba al presidente de la República de Polonia a abstenerse de tomar juramento a las personas elegidas mediante estos últimos acuerdos.

Mediante acuerdos de 2 de diciembre de 2015, el Sejm (Dieta) eligió a cinco personas para sendos cargos de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). Tres de ellas —H.C., L.M. y M.M.— debían sustituir a los jueces cuyo mandato había expirado el 6 de noviembre de 2015 y dos de ellas a los jueces cuyo mandato expiraba en diciembre de 2015. Los días 3 y 9 de diciembre de 2015, esas cinco personas prestaron juramento ante el presidente de la República de Polonia. No obstante, el 3 de diciembre de 2015, el presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) rehusó que cuatro de esos jueces que habían prestado juramento ejercieran el cargo hasta que se hubiera aclarado la validez de su elección por el Sejm (Dieta).

Por sentencia de 3 de diciembre de 2015 (asunto K 34/15), el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) se pronunció sobre un recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional. Dicho tribunal declaró, en esencia, que, de conformidad con el artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca, corresponde a la legislatura del Sejm (Dieta) durante la cual expire el mandato de nueve años de un juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) la elección de un nuevo juez. En estas circunstancias, el referido tribunal concluyó, entre otros extremos, que el artículo 137 de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional era constitucional en lo referente a los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) cuyo mandato había expirado el 6 de noviembre de 2015, pero inconstitucional en lo referente a los jueces de dicho tribunal cuyo mandato finalizaba en diciembre de 2015.

En consecuencia, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró válida la elección, el 8 de octubre de 2015, durante la séptima legislatura del Sejm (Dieta), de tres jueces en sustitución de los jueces cuyo mandato finalizaba el 6 de noviembre de 2015. Además, dicho tribunal subrayó que el presidente de la República de Polonia estaba obligado a tomar juramento a esos tres jueces, sin disponer de facultad discrecional al respecto. En cambio, el referido tribunal subrayó que el Sejm (Dieta) no tenía derecho a proceder, en la séptima legislatura, a la elección de dos jueces en sustitución de los jueces cuyo mandato expiraba en diciembre de 2015.

Por sentencia de 9 de diciembre de 2015 (asunto K 35/15), el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró incompatible con el artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca, en relación con el artículo 7 de la misma, el artículo 1, punto 6, de la Ley modificativa de 19 de noviembre de 2015, en la medida en que, en esencia, el artículo 137a que había insertado en la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional disponía la elección, durante la octava legislatura del Sejm (Dieta), de jueces en sustitución de aquellos cuyo mandato había expirado durante la séptima legislatura. En cambio, dicho tribunal confirmó, al igual que en su sentencia de 3 de diciembre de 2015, la conformidad con la Constitución polaca del artículo 137 de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional como base jurídica para la elección por el Sejm (Dieta), durante la séptima legislatura, de tres jueces en sustitución de los jueces cuyo mandato había expirado el 6 de noviembre de 2015. Además, declaró que la elección, durante la octava legislatura, sobre la base del artículo 137a de la Ley de 25 de junio de 2015 del Tribunal Constitucional, resultante de la Ley modificativa de 19 de noviembre de 2015, de tres jueces en sustitución de aquellos cuyo mandato había expirado el 6 de noviembre de 2015 tendría por efecto elevar a dieciocho el número de jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

Pese a estas dos sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), ninguna de las tres personas elegidas el 8 de octubre de 2015 por el Sejm (Dieta) en sustitución de los jueces cuyo mandato había expirado el 6 de noviembre de 2015 prestó juramento ante el presidente de la República de Polonia y asumió el cargo en dicho tribunal.

El 12 de enero de 2016, A.R., en aquel entonces presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), autorizó a las dos personas elegidas por el Sejm (Dieta) el 2 de diciembre de 2015 en sustitución de los dos jueces cuyo mandato había expirado en diciembre de 2015 a integrar el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

58	El 19 de diciembre de 2016, finalizó el mandato de A.R. como presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

El 20 de diciembre de 2016, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de disposiciones introductorias, el presidente de la República de Polonia encomendó el ejercicio de las funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) a la jueza J.P. Ese mismo día, J.P. autorizó a H.C., L.M. y M.M., que habían sido elegidos por el Sejm (Dieta) el 2 de diciembre de 2015 en sustitución de los tres jueces cuyo mandato había expirado el 6 de noviembre de 2015, a integrar el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

Como dos jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) fallecieron en julio y diciembre de 2017, el Sejm (Dieta) eligió, para sustituirlos, el 19 de septiembre de 2017 y el 30 de enero de 2018, a dos nuevos jueces. Ninguno de ellos era alguno de los tres jueces que habían sido elegidos el 8 de octubre de 2015 en sustitución de los jueces cuyo mandato expiró el 6 de noviembre de 2015.

En sentencia de 7 de mayo de 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2021:0507JUD000490718), §§ 290 y 291, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un asunto promovido por una sociedad cuyo recurso de amparo constitucional había sido desestimado por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), declaró que el nombramiento de M.M. como juez de este tribunal, que era uno de los jueces de la sala que había examinado su recurso de amparo constitucional, había adolecido de graves irregularidades que violaban la esencia misma del derecho al «tribunal establecido por la ley», consagrado en el artículo 6 del CEDH. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la demandante había sido privada de ese derecho debido a la participación de M.M. en el procedimiento ante el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que se había cometido una violación manifiesta del Derecho polaco en materia de nombramiento de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) tanto por parte del Sejm (Dieta) como por parte del presidente de la República de Polonia. Subrayó que, el 2 de diciembre de 2015, durante la octava legislatura, el Sejm (Dieta) eligió a tres personas para sendos cargos de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), entre ellas M.M., en sustitución de tres jueces cuyo mandato había expirado el 6 de noviembre de 2015, cuando esos cargos ya estaban cubiertos por tres personas elegidas por el Sejm (Dieta) el 8 de octubre de 2015, durante la séptima legislatura. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que el presidente de la República de Polonia había rehusado tomar juramento a las tres personas elegidas el 8 de octubre de 2015, mientras que sí tomó juramento a las tres personas elegidas el 2 de diciembre de 2015 (§§ 261 a 270 y 275).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la violación cometida afectaba una norma fundamental del Derecho polaco aplicable a la elección de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), a saber, el artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca, y que dicha violación era de tal gravedad que comprometía la legitimidad del procedimiento de elección y menoscababa la esencia misma del derecho a un «tribunal establecido por la ley» y del principio del Estado de Derecho (§§ 276 a 287).

Procedimiento relativo al nombramiento de la presidenta del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)

El 20 de diciembre de 2016 a las 9.30 horas, J.P., a quien se acababa de encomendar el ejercicio de las funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), convocó una reunión de la Junta General para ese mismo día a las 13.30 horas con el objeto de elegir a los candidatos al cargo de presidente de dicho tribunal que habrían de ser presentados al presidente de la República de Polonia. Uno de los jueces pidió que se aplazara la Junta General porque, al haberse convocado con tanta premura, no podrían participar en ella todos los jueces. J.P. no accedió a esa petición.

De los catorce jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) que estuvieron presentes en la Junta General, solo seis, entre ellos H.C., L.M. y M.M., accedieron a participar en la elección de los candidatos al cargo de presidente de dicho tribunal. Al haber obtenido J.P. cinco votos y M.M. un voto, fueron presentados al presidente de la República de Polonia como candidatos al cargo.

66	El 21 de diciembre de 2016, el presidente de la República de Polonia nombró a J.P. para el cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

Sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 14 de julio de 2021 y de 7 de octubre de 2021

El Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) dictó, los días 14 de julio y 7 de octubre de 2021, dos sentencias sobre la compatibilidad con la Constitución polaca de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa, en particular, a la obligación de la República de Polonia dimanante del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de garantizar la tutela judicial efectiva (en lo sucesivo, «sentencias controvertidas»).

Sentencia de 14 de julio de 2021

68	El 14 de julio de 2021, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) dictó sentencia en el asunto P 7/20, cuya motivación se publicó el 7 de octubre de 2021 (en lo sucesivo, «sentencia de 14 de julio de 2021»).

En dicha sentencia, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en un asunto elevado ante él por la Izba Dyscyplinarna (Sala Disciplinaria) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) (en lo sucesivo, «Sala Disciplinaria»), examinó la compatibilidad con la Constitución polaca de las medidas provisionales impuestas a la República de Polonia mediante el auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), en particular de aquella que la obligaba a suspender la aplicación de las disposiciones legislativas que atribuían a la referida Sala la competencia en los asuntos disciplinarios relativos a los jueces.

El Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró que, «en la medida en que el [Tribunal de Justicia] impone obligaciones ultra vires a la República de Polonia, como Estado miembro de la Unión Europea, mediante la adopción de medidas provisionales relativas a la organización y competencia de los órganos jurisdiccionales polacos y al procedimiento ante dichos órganos jurisdiccionales, el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo segundo, en relación con el artículo 279 TFUE, es contrario a los artículos 2, 7, 8, apartado 1, y 90, apartado 1, de la Constitución [polaca], en relación con el artículo 4, apartado 1, de esta, de modo que queda fuera de los principios de primacía y de aplicación directa recogidos en el artículo 91, apartados 1 a 3, de la Constitución [polaca]».

71	En cuanto a los efectos de su sentencia de 14 de julio de 2021, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró contrarias a la Constitución polaca «las normas creadas […] por el Tribunal de Justicia» que se han adoptado ultra vires. Dicho tribunal señaló además lo siguiente:

«De conformidad con el artículo 190, apartado 1, de la Constitución [polaca], la presente sentencia, por la que se declara la incompatibilidad jerárquica de la norma impugnada con la Constitución [polaca], es firme y universalmente vinculante. La sentencia del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] se dirige a todos los destinatarios que aplican el Derecho [de la Unión] en el territorio de la República de Polonia. […] La sentencia del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)] tiene efectos ex tunc y naturaleza aplicativa. La decisión según la cual un acto de la Unión impone obligaciones ultra vires a la República de Polonia en lo referente a la organización y a la competencia de sus órganos jurisdiccionales y al procedimiento ante ellos supone que, a este respecto, la norma sobre la que tiene dudas el órgano jurisdiccional carece de todo efecto jurídico en el territorio de la República de Polonia. En concreto, el principio de efecto directo (aplicación directa) y el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre las leyes nacionales, contemplados en el artículo 91, apartados 1 a 3, de la Constitución [polaca], no se aplican a los actos normativos emitidos ultra vires por los órganos, instituciones y entidades organizativas de la Unión.»

Sentencia de 7 de octubre de 2021

El 7 de octubre de 2021, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en pleno, en un asunto promovido por el presidente del Consejo de Ministros, dictó sentencia en el asunto K 3/21 (en lo sucesivo, «sentencia de 7 de octubre de 2021»), cuya motivación se publicó el 16 de noviembre de 2022 y cuyo fallo, que, por su parte, se publicó el 12 de octubre de 2021, señala:

«1. El artículo 1 [TUE], párrafos primero y segundo, en relación con el artículo 4 [TUE], apartado 3, […] en la medida en que la Unión Europea, instituida por Estados iguales y soberanos que constituyen “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, cuya integración, basada en el Derecho de la Unión Europea y en su interpretación por el [Tribunal de Justicia], entra en una “nueva etapa”, en la que:

a) los órganos de la Unión Europea actúan fuera de los límites de las competencias que les han sido atribuidas por la República de Polonia en los Tratados;

b) la Constitución no es la norma suprema de la República de Polonia que goza de primacía en cuanto a su validez y aplicación;

c) la República de Polonia no puede funcionar como un Estado soberano y democrático,

es contrario a los artículos 2, 8 y 90, apartado 1, de la Constitución [polaca].

2. El artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en la medida en que, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales tribunales ordinarios, tribunales de lo contencioso-administrativo, tribunales militares y Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] competencias para:

a) dejar inaplicadas las disposiciones de la Constitución en el marco de su toma de decisiones, es contrario a los artículos 2, 7, 8, apartado 1, 90, apartado 1, y 178, apartado 1, de la Constitución;

b) basar sus resoluciones en disposiciones que, tras haber sido derogadas por el Sejm [(Dieta)] o declaradas contrarias a la Constitución por el Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)], ya no están en vigor, es contrario a los artículos 2, 7, 8, apartado 1, 90, apartado 1, 178, apartado 1, y 190, apartado 1, de la Constitución.

3. Los artículos 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, y 2 [TUE], en la medida en que, para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión y asegurar la independencia judicial, confieren a los órganos jurisdiccionales nacionales tribunales ordinarios, tribunales de lo contencioso-administrativo, tribunales militares y Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo)] competencias para:

a) controlar la legalidad del procedimiento de nombramiento de los jueces, incluida la legalidad del acto por el que el presidente de la República de Polonia nombra a un juez, son contrarios a los artículos 2, 8, apartado 1, 90, apartado 1, y 179 de la Constitución, en relación con el artículo 144, apartado 3, punto 17, de esta;

b) controlar la legalidad de una resolución mediante la cual el [CNPJ] presenta al presidente de la República [de Polonia] una propuesta de nombramiento de un juez, son contrarios a los artículos 2, 8, apartado 1, 90, apartado 1, y 186, apartado 1, de la Constitución;

c) pronunciarse sobre el carácter viciado del proceso de nombramiento de un juez y, en consecuencia, negarse a reconocer el estatuto de juez a una persona nombrada para el cargo de conformidad con el artículo 179 de la Constitución, son contrarios a los artículos 2, 8, apartado 1, 90, apartado 1, y 179 de la Constitución, en relación con el artículo 144, apartado 3, punto 17, de esta.»

Procedimiento administrativo previo

73	El 22 de diciembre de 2021, la Comisión remitió un escrito de requerimiento a la República de Polonia.

En él, indicó que, debido a la interpretación de la Constitución polaca realizada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en particular en las sentencias controvertidas, la República de Polonia había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y de los principios generales de autonomía, primacía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y había quebrantado el efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia. La Comisión también consideró que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) no cumplía la exigencia del tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley y que, también a este respecto, este Estado miembro había transgredido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

75	En su respuesta de 18 de febrero de 2022, la República de Polonia rebatió las imputaciones de la Comisión.

76	Mediante escrito de 15 de julio de 2022, la Comisión remitió a la República de Polonia un dictamen motivado en el que alegaba que:

–	Había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz de la interpretación de la Constitución polaca hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en particular en las sentencias controvertidas.

–

Había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios generales de autonomía, primacía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y en virtud del principio del carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia, a la luz de la interpretación de la Constitución polaca hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en particular en las sentencias controvertidas.

–

Había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, habida cuenta de la incapacidad del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de respetar las exigencias del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, como resultado de las irregularidades en los procedimientos para el nombramiento de tres de sus jueces en diciembre de 2015 y en el procedimiento para el nombramiento de su presidenta en diciembre de 2016.

77	En su respuesta de 14 de septiembre de 2022, la República de Polonia alegó que ninguna de esas imputaciones tenía fundamento.

78	En estas circunstancias, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

79	Mediante decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de octubre y de 7 de noviembre de 2023, respectivamente, se admitió la intervención del Reino de Bélgica y del Reino de los Países Bajos en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

Sobre el recurso

80	El recurso de la Comisión consta de tres imputaciones.

Mediante las imputaciones primera y segunda, la Comisión alega que las sentencias controvertidas quebrantan las obligaciones que incumben a la República de Polonia en virtud, por una parte, del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y, por otra parte, de los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión, así como del principio de efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia. La tercera imputación se fundamenta en la violación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debido a las irregularidades en que se incurrió en los procedimientos de nombramiento de tres miembros del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en diciembre de 2015 y de la presidenta de dicho tribunal en diciembre de 2016.

En su escrito de contestación, la República de Polonia solicitó al Tribunal de Justicia que desestimara el recurso por infundado en su integridad. Sin embargo, en su escrito de dúplica, este Estado miembro retiró expresamente dicho escrito de contestación y admitió plenamente las imputaciones de la Comisión, subrayando que compartía las alegaciones de esta.

En estas circunstancias, los hechos en que se fundamenta el incumplimiento imputado en el presente recurso pueden considerarse probados [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, Comisión/Hungría (Recogida de las aguas residuales urbanas), C‑587/22, EU:C:2023:963, apartado 27].

No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia declarar si el incumplimiento imputado existe o no, aunque el Estado demandado no niegue el incumplimiento o haya dejado de negar el incumplimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de enero de 2014, Comisión/España, C‑67/12, EU:C:2014:5, apartado 30, y de 14 de septiembre de 2017, Comisión/Grecia, C‑320/15, EU:C:2017:678, apartado 21).

Sobre la primera imputación

Alegaciones de las partes

Mediante la primera imputación, que tiene dos partes, la Comisión sostiene que la República de Polonia ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión; este incumplimiento deriva de la interpretación de la Constitución polaca efectuada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en ambas sentencias controvertidas.

86	Mediante la primera parte de la primera imputación, la Comisión alega que la sentencia de 7 de octubre de 2021 es incompatible con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

Según esta institución, de los puntos 2 y 3 del fallo de dicha sentencia resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) rechazó la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, realizada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, en particular la derivada de las sentencias de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), y de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798).

La Comisión señala que de esta jurisprudencia se desprende que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, se opone a la limitación y, a fortiori, a la supresión del control judicial de resoluciones como las emitidas por el CNPJ en el marco de los procedimientos de nombramiento de los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo). También se desprende de esta jurisprudencia que la comprobación de la regularidad de estos procedimientos de nombramiento forma parte de la exigencia, establecida por el Derecho de la Unión, del «tribunal establecido previamente por la ley», de modo que los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados, cuando aprecian la legalidad de una resolución judicial, para comprobar la legalidad del procedimiento de nombramiento del juez que haya dictado la resolución impugnada.

Pues bien, la Comisión indica, en primer lugar, que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró, en los puntos 2, letra b), y 3, letra b), del fallo y en los apartados 6.2, 6.4, 6.5, 8.3 y 8.5 de la sentencia de 7 de octubre de 2021, incompatibles con los artículos 2, 7, 8, apartado 1, 90, apartado 1, 178, apartado 1, 186, apartado 1, y 190, apartado 1, de la Constitución polaca los efectos derivados de la aplicación, por los órganos jurisdiccionales nacionales, del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en la sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153). El Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) fundamentó sus conclusiones en su propia interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, sin tener en cuenta la realizada por el Tribunal de Justicia, y rechazó la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, dimanante de este precepto, por una parte, para resolver los litigios sobre la base de disposiciones nacionales que ya no están en vigor por haber sido derogadas por el legislador nacional o por haber sido declaradas inconstitucionales por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) y, por otra parte, para apreciar la legalidad de una resolución del CNPJ en la que se propone al presidente de la República de Polonia el nombramiento de los candidatos que en ella se indican para plazas de juez.

En segundo lugar, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en el punto 3, letras a) y c), del fallo de la sentencia de 7 de octubre de 2021, declaró incompatible con los artículos 2, 8, apartado 1, 90, apartado 1, y 179 de la Constitución polaca, en relación con el artículo 144, apartado 3, punto 17, de esta, la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, resultante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia referida al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, para controlar la legalidad del procedimiento de nombramiento de un juez, para pronunciarse sobre el carácter viciado del proceso de nombramiento de un juez y para reputar nula y sin efecto la resolución dictada por un juez nombrado en el marco de tal procedimiento.

A este respecto, de los apartados 6.4 y 8.4 de los fundamentos de Derecho de dicha sentencia resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró incompatible con la Constitución polaca la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, realizada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798), según la cual los órganos jurisdiccionales nacionales están autorizados, en virtud de este precepto, para comprobar, en casos específicos, la regularidad del proceso de nombramiento de un juez a la luz de las exigencias que se derivan de dicho precepto.

La Comisión indica asimismo que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) también se basó a este respecto en su propia interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, sin tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Con carácter general, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) rechaza la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales comprueben, sobre la base del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, la regularidad de un procedimiento de nombramiento de un juez a fin de garantizar la tutela judicial efectiva. Pues bien, excluir manera general tal posibilidad es incompatible con la exigencia del «tribunal establecido previamente por la ley» a los efectos del Derecho de la Unión, la cual se basa específicamente en una apreciación de la legalidad del procedimiento de nombramiento de los jueces, tal como esta se interpreta, en particular, en las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión (C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), y de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798).

93	En apoyo de la segunda parte de la primera imputación, la Comisión alega que la sentencia de 14 de julio de 2021 es incompatible con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

En dicha sentencia, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró que las medidas provisionales impuestas por el Tribunal de Justicia sobre la base del artículo 279 TFUE solamente pueden, de conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, ser directamente aplicadas por los órganos de un Estado miembro, en particular por los órganos jurisdiccionales, cuando están amparadas por el «principio de delegación de competencias en la Unión» y respetan la identidad constitucional del Estado miembro en cuestión, así como los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.

Pues bien, prosigue la Comisión, en el caso de autos, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) estimó que las medidas provisionales relativas a la organización y al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales polacos y al procedimiento ante ellos, decretadas en el auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), se adoptaron ultra vires por cuanto los Tratados no atribuyen competencia a la Unión en materia de organización y competencias de los órganos jurisdiccionales polacos ni en materia de procedimiento ante dichos órganos jurisdiccionales, que reflejan la identidad constitucional de la República de Polonia.

Además, según el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), dichas medidas provisionales quebrantan los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, pues interfieren desproporcionadamente en la organización del poder judicial polaco privando a los jueces de la Sala Disciplinaria de la posibilidad de resolver asuntos disciplinarios, lo que contraviene el principio de independencia judicial.

La Comisión entiende que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) vulneró manifiestamente el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, al considerar que el Tribunal de Justicia había actuado ultra vires y al poner así en cuestión su competencia para ordenar medidas provisionales en virtud del artículo 279 TFUE, cuando tales medidas resultan necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva ante un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley. La interpretación de la Constitución polaca realizada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) se opone a que se reconozca efecto vinculante a tales medidas provisionales ordenadas por el Tribunal de Justicia, lo que constituye, por ende, un quebrantamiento manifiesto de las exigencias del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.

La Comisión concluye que debe rechazarse la argumentación del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) según la cual su oposición a la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, realizada por el Tribunal de Justicia y a las medidas provisionales acordadas por él para garantizar la aplicación de este precepto busca preservar la independencia de los jueces polacos. Como explicó el Tribunal de Justicia en el auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), las medidas provisionales que ella solicitó tenían precisamente por objeto preservar la independencia de los jueces de los órganos jurisdiccionales polacos, y no mermarla.

99	La República de Polonia considera fundada la primera imputación.

Apreciación del Tribunal de Justicia

100

Antes de entrar a examinar la primera imputación, ha de recordarse que la obligación de los Estados miembros de cumplir las disposiciones de los Tratados incumbe a todas sus autoridades, incluidas, en el ámbito de sus competencias, todas las autoridades judiciales. De este modo, en principio, cabe declarar la existencia de un incumplimiento de un Estado miembro con arreglo al artículo 258 TFUE cualquiera que sea el órgano de dicho Estado cuya acción u omisión haya originado el incumplimiento declarado, incluso cuando se trate de una institución constitucionalmente independiente [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2018, Comisión/Francia (Retenciones en la fuente de los rendimientos del capital mobiliario), C‑416/17, EU:C:2018:811, apartados 106 y 107 y jurisprudencia citada].

101	En estas circunstancias, la jurisprudencia del tribunal constitucional de un Estado miembro puede ser objeto de un recurso por incumplimiento cuando pueda ser constitutiva de un incumplimiento, por parte de ese Estado miembro, de las obligaciones que para él se derivan del Derecho de la Unión.

–	Sobre la primera parte de la primera imputación

102

Conforme a reiterada jurisprudencia, si bien corresponde a los Estados miembros determinar cómo organizan su Administración de Justicia, en particular el establecimiento, la composición, las competencias y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales nacionales, no es menos cierto que, al ejercer esta competencia, deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión y, en particular, los artículos 2 TUE y 19 TUE [véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de abril de 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, apartado 48, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 63 y jurisprudencia citada].

103	Más concretamente, los Estados miembros deben velar por que las normas que establezcan en virtud de dicha competencia no incumplan las exigencias que se derivan de los artículos 2 TUE y 19 TUE ni menoscaben su aplicación efectiva.

104

Este es el caso, en particular, de las normas nacionales relativas a los requisitos materiales y a la regulación procesal que rigen la adopción de las decisiones de nombramiento de los jueces y, en su caso, de las normas relativas al control judicial aplicable en el contexto de tales procedimientos de nombramiento [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), apartado 68 y jurisprudencia citada].

105

En lo que atañe a las obligaciones dimanantes del artículo 19 TUE, apartado 1, esta disposición, que se refiere con mayor concreción al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE, confía a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial efectiva que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables [sentencias de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 217, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 39].

106

El principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, al que se refiere, de este modo, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, constituye un principio general del Derecho de la Unión que emana de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Tal tutela judicial también se consagra en los artículos 6 y 13 del CEDH, cuyo contenido se corresponde en esencia con el del artículo 47 de la Carta. Esta última disposición debe, por tanto, tenerse debidamente en cuenta para interpretar el referido artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, apartado 89, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 69 y jurisprudencia citada].

107

Para que se garantice esa tutela judicial efectiva, todo Estado miembro debe, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, garantizar que aquellos órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» —en el sentido definido por el ordenamiento jurídico de la Unión—, hayan de resolver sobre cuestiones de aplicación o de interpretación de este Derecho y, así, formen parte de su sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión satisfagan las exigencias de la tutela judicial efectiva, entre las que se cuentan, en particular, las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, como confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartados 220 y 221; de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 40, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartados 70 y 71 y jurisprudencia citada].

108

Ha de subrayarse, en particular, que las exigencias de independencia y de imparcialidad de los órganos jurisdiccionales están integradas en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, que reviste una importancia capital como garante de la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y de la salvaguarda de los valores comunes de los Estados miembros proclamados en el artículo 2 TUE, en particular el valor del Estado de Derecho. Estas exigencias que se contemplan, en particular, en el artículo 19 TUE concretan así uno de los valores fundamentales de la Unión y de sus Estados miembros consagrados en el artículo 2 TUE, que definen la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común y que tanto la Unión como los Estados miembros deben respetar (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartado 71; de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, apartado 94, y de 29 de julio de 2024, Valančius, C‑119/23, EU:C:2024:653, apartados 46 y 47).

109	A este respecto, ha de subrayarse que incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco de la misión que le encomienda el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo primero, garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados.

110

Como resulta de reiterada jurisprudencia, dado que el Tribunal de Justicia tiene la competencia exclusiva para dar la interpretación definitiva y vinculante del Derecho de la Unión, le corresponde precisar las exigencias que se derivan del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, en lo referente a los criterios de independencia, imparcialidad y establecimiento previo de los tribunales por la ley. Para garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros que requiere el artículo 19 TUE, apartado 1, esas exigencias no pueden depender de la interpretación de las normas del Derecho nacional o de las disposiciones del Derecho de la Unión adoptada por un órgano jurisdiccional nacional que se aparte de la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 79 y jurisprudencia citada].

111

A este respecto, ha de recordarse que el procedimiento de remisión prejudicial contemplado en el artículo 267 TFUE establece un diálogo de juez a juez entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros con la concreta finalidad de garantizar la unidad de interpretación del Derecho de la Unión y de permitir, de ese modo, garantizar su coherencia, su plena eficacia y su autonomía, así como, en última instancia, el carácter propio del Derecho instituido por los Tratados [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces), C‑791/19, EU:C:2021:596, apartado 222 y jurisprudencia citada].

112	Esta es, pues, la vía que tiene que seguir todo órgano jurisdiccional que albergue dudas sobre la compatibilidad de su Derecho nacional con una disposición del Derecho de la Unión que requiera la interpretación de esta última.

113

En cuanto a la comprobación del cumplimiento de las exigencias dimanantes del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, este precepto impone a los Estados miembros una obligación de resultado clara y precisa que no está sujeta a ninguna condición en lo que respecta a la independencia que debe caracterizar a los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde interpretar y aplicar el Derecho de la Unión [sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos), C‑824/18, EU:C:2021:153, apartado 146].

114

Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales encargados de aplicar, en el ámbito de sus competencias, el Derecho de la Unión están obligados a garantizar la plena eficacia de las exigencias de este Derecho y, así, del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, dejando inaplicada, si fuera necesario, en virtud del efecto directo de este precepto, cualquier disposición nacional contraria a él (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de junio de 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, apartado 61, y de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 252 y jurisprudencia citada).

115

Así, en caso de violación acreditada del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, el principio de primacía del Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales encargados de aplicar, en el ámbito de sus competencias, el Derecho de la Unión dejen inaplicadas, por su propia iniciativa, las disposiciones nacionales que sean contrarias al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, ya tengan origen legislativo o constitucional, sin que deban solicitar o esperar la previa eliminación de dichas disposiciones por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional [véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de mayo de 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 251, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 53 y jurisprudencia citada].

116

El cumplimiento de esta obligación de aplicar íntegramente cualquier disposición con efecto directo del Derecho de la Unión ha de considerarse indispensable para garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros, con arreglo a lo exigido por el artículo 19 TUE, apartado 1 [sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 54].

117

Por consiguiente, es incompatible con las exigencias inherentes a la propia naturaleza del Derecho de la Unión toda disposición de un ordenamiento jurídico nacional o cualquier práctica legislativa, administrativa o judicial que tenga por efecto disminuir la eficacia del Derecho de la Unión por el hecho de negar al juez competente para aplicar este Derecho la facultad de hacer, en el momento mismo de dicha aplicación, cuanto sea necesario para descartar las disposiciones legales nacionales que, en su caso, constituyan un obstáculo a la plena eficacia de las normas del Derecho de la Unión directamente aplicables [sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 272 y jurisprudencia citada].

118

Así, en su sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos), C‑824/18, EU:C:2021:153, el Tribunal de Justicia, ante el que se había planteado una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en el marco de un recurso interpuesto por una serie de candidatos para cubrir plazas de juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) contra resoluciones del CNPJ, declaró, en esencia, en los apartados 128, 136 y 139 de dicha sentencia, que esta disposición se opone a unas modificaciones legislativas nacionales que privan de efectividad y, después, suprimen por completo el control judicial de las resoluciones adoptadas por un organismo de esta naturaleza en el marco de los procedimientos de nombramiento de los jueces. El Tribunal de Justicia consideró que, si tal organismo no ofrece garantías de independencia suficientes, la existencia de un recurso judicial a disposición de los candidatos no seleccionados, aunque esté limitado a la comprobación de que no se ha incurrido en abuso o desviación de poder, error de Derecho o error manifiesto de apreciación, resulta necesaria para preservar el proceso de nombramiento de los jueces frente a influencias directas o indirectas.

119

El Tribunal de Justicia precisó asimismo, en dicha sentencia, las exigencias derivadas del principio de primacía a cargo del órgano jurisdiccional remitente ante falta de designación, por el legislador nacional, de un órgano jurisdiccional, distinto del órgano jurisdiccional remitente, ajustado a las exigencias de independencia dimanantes del Derecho de la Unión para resolver, tras recibir respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales que el órgano jurisdiccional remitente le había planteado, los litigios instados ante este último. Así, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 149 de la citada sentencia, que, en tal tesitura, la única manera efectiva para que el órgano jurisdiccional remitente subsanara las violaciones del artículo 267 TFUE y del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, resultantes de la aprobación de la ley nacional en cuestión —que, en esencia, lo había privado de toda competencia efectiva para resolver sobre el fondo de esos litigios controlando las resoluciones del CNPJ— consistía en que dicho órgano jurisdiccional siguiera ejerciendo la competencia judicial en virtud de la cual había planteado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo a las normas nacionales hasta entonces aplicables.

120

Asimismo, en los apartados 154, 155 y 161 de su sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798), el Tribunal de Justicia concretó las obligaciones que recaen sobre el órgano jurisdiccional nacional que ha planteado una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia cuando el referido órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que del conjunto de condiciones y circunstancias en que se desarrolló el proceso de nombramiento de un juez nacional resulta que este último fue nombrado en manifiesta violación de las normas fundamentales que forman parte del establecimiento y del funcionamiento del sistema judicial de que se trata y que se pone en peligro la integridad del resultado al que condujo dicho proceso al suscitarse dudas legítimas, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez en cuestión. En tal caso, de las exigencias establecidas en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del principio de primacía del Derecho de la Unión resulta que dicho órgano jurisdiccional nacional debe reputar nula y sin efecto alguno la resolución en cuestión, cuando tal consecuencia sea indispensable en vista de la situación procesal en cuestión para garantizar la primacía del Derecho de la Unión, sin que ninguna disposición del Derecho nacional pueda oponerse a ello.

121

En el caso de autos, de la sentencia de 7 de octubre de 2021 resulta que la interpretación de la Constitución polaca realizada en ella por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) se opone a que las exigencias dimanantes del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia resultante de las sentencias que se han mencionado, en particular, en los apartados 118 a 120 de la presente sentencia, puedan surtir efectos en Polonia y asegurar la plena eficacia de este precepto.

122

En efecto, en primer lugar, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 50 de sus conclusiones, de los puntos 2, letra b), y 3, letra b), del fallo y de los apartados 6.2, 6.4, 6.5, 8.3 y 8.5 de los fundamentos de Derecho de la sentencia de 7 de octubre de 2021 resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) rechaza los efectos que para los órganos jurisdiccionales nacionales se derivan de la aplicación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, negando, con carácter general, la competencia de estos para controlar la legalidad de las resoluciones del CNPJ que proponen el nombramiento de candidatos para el ejercicio de funciones judiciales.

123

En segundo lugar, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 51 de sus conclusiones, del punto 3, letras a) y c), del fallo y de los apartados 6.4 y 8.4 de los fundamentos de Derecho de la sentencia de 7 de octubre de 2021 resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) niega, con carácter general, la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales dimanante del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, para controlar, en el ámbito de sus competencias, la legalidad de los procedimientos de nombramiento de los jueces, incluidos los actos de nombramiento, para pronunciarse sobre el carácter viciado del proceso de nombramiento de un juez y, en consecuencia, para reputar nula y sin efecto la resolución dictada por un juez nombrado en el marco de tal procedimiento, cuando tal consecuencia sea indispensable en vista de la situación procesal en cuestión.

124

Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional ejerza las funciones que le atribuyen los Tratados y cumpla las obligaciones que le imponen dando efecto a un precepto como el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no puede, por definición, estarle prohibido [sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones), C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562, apartado 85 y jurisprudencia citada].

125

Así, la sentencia de 7 de octubre de 2021 se opone a que los órganos jurisdiccionales polacos puedan aplicar, en el ámbito de sus competencias, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, en particular, en las sentencias mencionadas en los apartados 118 a 120 de la presente sentencia, y acordar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto del derecho de los justiciables de que se trate a la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. La sentencia de 7 de octubre de 2021 es, por ello, como se desprende, en particular, de las consideraciones que figuran en los apartados 103, 104, 107, 110, 117 y 119 de la presente sentencia, manifiestamente incompatible con las exigencias inherentes a este precepto, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en virtud de su competencia exclusiva para dar la interpretación definitiva y vinculante del Derecho de la Unión.

126

De las consideraciones que anteceden resulta que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz de la interpretación de la Constitución hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en su sentencia de 7 de octubre de 2021.

127	Por consiguiente, procede estimar la primera parte de la primera imputación de la Comisión.

–	Sobre la segunda parte de la primera imputación

128

La segunda parte de la primera imputación se refiere a la sentencia de 14 de julio de 2021, mediante la que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) puso en tela de juicio la aplicación directa de las medidas provisionales impuestas por el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 279 TFUE, en el auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277).

129

Conforme a las consideraciones que figuran, en particular, en los apartados 102 a 104, 107, 109 y 110 de la presente sentencia, el control de la observancia, por los Estados miembros, de las exigencias resultantes del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, está plenamente incluido en la competencia del Tribunal de Justicia, en particular cuando conoce de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión en virtud del artículo 258 TFUE [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 62 y jurisprudencia citada].

130

Para garantizar la plena eficacia de la decisión definitiva que habrá de adoptarse y evitar una laguna en la protección jurisdiccional dispensada por el Tribunal de Justicia, así como para garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, que es inherente al valor del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE y fundamento de la Unión, el artículo 279 TFUE confiere al Tribunal de Justicia la competencia para ordenar, previa petición de una parte formulada en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, cualquier medida provisional que considere necesaria (véase, en este sentido, el auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartados 94, 97 y 102).

131

En consecuencia, las disposiciones nacionales que regulan la organización de la Administración de Justicia pueden ser objeto, en el contexto de un recurso por incumplimiento, no solo de control a la luz del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, sino también de medidas provisionales, acordadas por el Tribunal de Justicia con el objeto, en particular, de que se suspendan dichas disposiciones (véase, en este sentido, el auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2021, Comisión/Polonia, C‑204/21 R, EU:C:2021:593, apartado 54).

132

A este respecto, resulta del artículo 160, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia que el juez que conoce de las medidas provisionales puede ordenar una medida provisional si se demuestra que su concesión está justificada, a primera vista, desde el punto de vista fáctico y jurídico (fumus boni iuris) y que es urgente, en el sentido de que, para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e irreparable o para asegurar el cumplimiento de otras medidas provisionales ya ordenadas, es necesario que sea acordada y surta efectos desde antes de que se resuelva sobre el procedimiento principal; en su caso, el juez de medidas provisionales debe proceder asimismo a la ponderación de los intereses en juego (véanse, en este sentido, los autos de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartados 99 y 104, y de 17 de diciembre de 2018, Comisión/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, apartado 29).

133

Pues bien, la plena eficacia del Derecho de la Unión quedaría en entredicho si una disposición de Derecho nacional pudiera oponerse al reconocimiento del efecto vinculante de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 279 TFUE e impedir, en consecuencia, que el juez nacional que conoce de un litigio regido por el Derecho de la Unión dé efecto a dichas medidas provisionales para garantizar, en particular, la plena eficacia de la futura resolución que el Tribunal de Justicia dicte sobre la existencia de los derechos invocados en virtud del Derecho de la Unión.

134

En su auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), el Tribunal de Justicia ordenó, sobre la base del artículo 279 TFUE, la suspensión, hasta que se dictara la sentencia que pusiera fin al procedimiento en el asunto Comisión/Polonia (C‑791/19), de la aplicación de las disposiciones polacas que atribuían a la Sala Disciplinaria la competencia para conocer, tanto en primera instancia como en apelación, de los asuntos disciplinarios relativos a los jueces. Además, en dicho auto, el Tribunal de Justicia ordenó a la República de Polonia abstenerse, hasta que se dictara tal sentencia, de trasladar los asuntos pendientes ante la Sala Disciplinaria a una sala que no satisficiera las exigencias de independencia definidas, en particular, en la sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982).

135

En el apartado 77 de dicho auto, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que no podía excluirse, a primera vista, que las disposiciones nacionales cuya suspensión solicitaba la Comisión violaran la obligación que incumbe a la República de Polonia, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de garantizar que las resoluciones dictadas en el marco de procedimientos disciplinarios seguidos contra los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) y de los tribunales ordinarios sean controladas por un órgano conforme con las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva, entre ellas la de independencia.

136

El Tribunal de Justicia concluyó en el apartado 78 del referido auto que, habida cuenta de los elementos fácticos esgrimidos por la Comisión y de los elementos de interpretación resultantes, en particular, de las sentencias de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo) (C‑619/18, EU:C:2019:531), y de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982), las alegaciones formuladas por la Comisión en el marco de la segunda imputación del primer motivo del recurso por incumplimiento en el asunto Comisión/Polonia (C‑791/19), subyacente a la demanda de medidas provisionales que daba lugar a dicho auto, parecían, a primera vista, no carentes de fundamento serio.

137

Como resulta del apartado 53 del auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), la segunda imputación del primer motivo de ese recurso por incumplimiento se basaba en la violación del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, por no garantizar la República de Polonia la independencia y la imparcialidad de la Sala Disciplinaria.

138

Las medidas provisionales acordadas por el Tribunal de Justicia en dicho auto se dirigían así a garantizar la plena eficacia de la sentencia que pusiera fin al procedimiento relativo al recurso por incumplimiento en el asunto Comisión/Polonia (C‑791/19), permitiendo evitar una laguna en la protección jurídica dispensada por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

139

En el caso de autos, en su sentencia de 14 de julio de 2021, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró que las medidas provisionales acordadas por el Tribunal de Justicia en el auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), se habían adoptado ultra vires porque los Tratados no han atribuido competencia a la Unión en materia de organización y competencias de los órganos jurisdiccionales polacos ni en materia de procedimiento ante dichos órganos jurisdiccionales. Según la referida sentencia, esas medidas son incompatibles con la obligatoriedad erga omnes y la firmeza de las sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) que resultan del artículo 190, apartado 1, de la Constitución polaca.

140

Así, de dicha sentencia resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) puso en cuestión el principio mismo de la obligación de la República de Polonia de atenerse a las obligaciones que para ella se derivan, en materia de organización de la Administración de Justicia, del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como se ha hecho constar, en particular, en los apartados 102 a 104 de la presente sentencia. Mediante dicha sentencia, dicho tribunal se negó, ante todo, a reconocer, de manera general y en manifiesta violación de lo declarado en los apartados 130 a 132 de la presente sentencia, la competencia del Tribunal de Justicia para acordar, con arreglo al artículo 279 TFUE, medidas provisionales para preservar el derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal independiente en Polonia, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

141

En estas circunstancias, ha de declararse que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz de la interpretación de la Constitución polaca hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en su sentencia de 14 de julio de 2021.

142	De las anteriores consideraciones resulta que la segunda parte de la primera imputación de la Comisión también está fundada y que, por consiguiente, procede estimar esta imputación en su totalidad.

Sobre la segunda imputación

Alegaciones de las partes

143

Mediante su segunda imputación, que tiene dos partes, la Comisión sostiene que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio de efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia. Ese incumplimiento es resultado de que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en las sentencias controvertidas, realizara una interpretación de la Constitución polaca que tuvo como efecto rechazar unilateralmente el principio de primacía y la efectividad de preceptos fundamentales de los Tratados, como los artículos 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, 19 TUE, apartado 1, y 279 TFUE, y ordenara a todos los órganos polacos desechar la aplicación de estos preceptos. El Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) impide así a los órganos nacionales aplicar eficazmente el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y dar cumplimiento a las medidas cautelares impuestas por el Tribunal de Justicia.

144

En el marco de la primera parte de su segunda imputación, la Comisión observa que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en la sentencia de 7 de octubre de 2021, declaró incompatibles con la Constitución polaca los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, tal como los interpreta el Tribunal de Justicia en particular en las sentencias de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos), C‑824/18, EU:C:2021:153, y de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798. Además, refiriéndose a la obligatoriedad erga omnes y la firmeza de sus sentencias con arreglo al artículo 190, apartado 1, de la Constitución polaca, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) prohibió, en la sentencia de 7 de octubre de 2021, a todos los órganos de los poderes públicos polacos, en particular a los órganos jurisdiccionales, aplicar esas normas del Tratado UE, tal como las interpreta el Tribunal de Justicia.

145

Una consecuencia específica que se deriva de la sentencia de 7 de octubre de 2021 consiste en que la prohibición impuesta a los órganos jurisdiccionales polacos de garantizar que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en su interpretación dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos), (C‑824/18, EU:C:2021:153), despliega plenos efectos, por cuanto el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) consideró efectivamente tal interpretación incompatible con el artículo 8, apartado 1, de la Constitución polaca en la medida en que, según dicha interpretación, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, exige que las resoluciones del CNPJ que proponen el nombramiento de candidatos para plazas de juez del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) puedan ser objeto de control judicial.

146

Además, prosigue la Comisión, se obliga a los órganos jurisdiccionales polacos a abstenerse de garantizar la efectividad de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las competencias de los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de control de la conformidad de un órgano jurisdiccional con la exigencia, dimanante del Derecho de la Unión, del tribunal independiente establecido previamente por la ley cuando tal control suponga evaluar el procedimiento de nombramiento de un juez.

147

A este respecto, la Comisión indica que resulta en particular de los apartados 8.3 a 8.6 de los fundamentos de Derecho de la sentencia de 7 de octubre de 2021 que la interpretación por el Tribunal de Justicia del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que permite a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes realizar un control judicial efectivo de las resoluciones del CNPJ y, en su caso, de resultas de tal control, dejar inaplicadas disposiciones nacionales y la jurisprudencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), así como apreciar la regularidad del procedimiento de nombramiento de un juez para preservar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva, fue declarada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) ultra vires y constitutiva de menoscabo ilegal de la identidad constitucional de la República de Polonia.

148

En efecto, por una parte, la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales para controlar la regularidad del procedimiento de nombramiento de los jueces conduce, según el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), a limitar la prerrogativa constitucional del presidente de la República de Polonia para nombrar a una persona para una plaza de juez a propuesta del CNPJ. Por otra parte, la aplicación, por los órganos jurisdiccionales polacos, de la exigencia del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, de conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, lleva a que se ponga en tela de juicio la legalidad de los actos de nombramiento para plazas de juez emitidos por el presidente de la República de Polonia, cuando tales actos no pueden ser objeto de control judicial debido a la prerrogativa que se reconoce a este y la revocación o el control del nombramiento de los jueces una vez proclamado ese nombramiento por el referido presidente se prohíbe, de conformidad con el juego combinado de los artículos 179 y 144, apartado 3, punto 17, de la Constitución polaca.

149

Asimismo, la Comisión indica que, en los apartados 2.4 y 4.1 de los fundamentos de Derecho de la sentencia de 7 de octubre de 2021, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró que el artículo 4 TUE, apartado 2, define los límites de la aplicación del principio de primacía del Derecho de la Unión y de la competencia del Tribunal de Justicia en pos del respeto de la identidad constitucional de los Estados miembros y las funciones esenciales del Estado.

150

En lo tocante a los efectos de dicha sentencia, la Comisión indica que del apartado 10 de sus fundamentos de Derecho resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) no solo prohibió a los órganos jurisdiccionales polacos aplicar eficazmente el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de manera conforme con la interpretación que de este precepto hace el Tribunal de Justicia, y dejar, en caso de que sea necesario, inaplicadas, por iniciativa propia, las disposiciones nacionales que contravengan esa interpretación, sino que también consideró carente de efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico polaco la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de ese precepto, en relación con el artículo 2 TUE.

151

Por último, la Comisión indica que el punto 1 del fallo de dicha sentencia contiene una afirmación «extremadamente preocupante» en cuanto a la aceptación por la República de Polonia de las consecuencias jurídicas que se derivan de su adhesión a la Unión. No obstante, tal afirmación se formula de manera ambigua, lo que hace difícil, si no imposible, deducir consecuencias jurídicas concretas.

152

Por una parte, dicha afirmación podría interpretarse en el sentido de que refleja un cuestionamiento, por parte del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), de la validez actual de los preceptos más fundamentales de los Tratados —los artículos 1 TUE, párrafos primero y segundo, y 4 TUE, apartado 3— que se sustenta en la «afirmación provocadora» de que la integración europea ha entrado en una nueva etapa en la que los órganos de la Unión actúan fuera de los límites de las competencias que les han sido atribuidas, lo que da lugar a que la Constitución polaca ya no sea la norma suprema de la República de Polonia y a que este Estado miembro ya no pueda funcionar como Estado soberano y democrático. Tal postura, concluye la Comisión, constituye un ataque frontal contra la concepción misma de la Unión como ordenamiento jurídico común a los Estados miembros —basado en los valores que se relacionan en el artículo 2 TUE—, en cuyo marco toda actuación de las instituciones de la Unión se incardina y se presume conforme con el principio de atribución de competencias consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 2.

153

Por otra parte, la afirmación que figura en el punto 1 del fallo de la sentencia de 7 de octubre de 2021 también podría entenderse en el sentido de que se refiere a una situación, que aún no se ha materializado, respecto de la cual el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) formuló una «reserva» recordando la importancia de respetar el principio de atribución de competencias para mantener la integración europea dentro de los límites definidos en los Tratados en los que se fundamenta la Unión. Las «observaciones finales» que figuran en el apartado 11 de los fundamentos de Derecho de dicha sentencia parecen confirmar, en cierta medida, tal interpretación, puesto que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) menciona en ella la posibilidad de someter los actos normativos de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a un control de constitucionalidad en la hipotética situación futura en la que pudiera considerarse que la actividad del Tribunal de Justicia supone una invasión de las competencias exclusivas del Estado polaco.

154

La Comisión añade que los pasajes de la sentencia de 7 de octubre de 2021 referentes a las instituciones de la Unión que pretendidamente actúan fuera de las competencias que se les han atribuido y a la naturaleza incondicionalmente superior de la Constitución polaca no hacen sino acrecentar su profunda preocupación en cuanto a las consecuencias generales de la interpretación de la Constitución polaca realizada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en lo referente al Derecho de la Unión. Considerando que tales afirmaciones ambiguas contribuyen a poner en cuestión, al mismo tiempo, la aplicación efectiva del artículo 4 TUE, apartado 3, el principio de primacía y la efectividad de las disposiciones del Derecho de la Unión examinadas en dicha sentencia, agravan, en cualquier caso, la violación de los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio del efecto vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia.

155

Mediante la segunda parte de la segunda imputación, la Comisión señala que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en la sentencia de 14 de julio de 2021, quebrantó el efecto vinculante del conjunto de medidas provisionales ordenadas por el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 279 TFUE en lo relativo a la organización, competencias y ejercicio de las competencias de los órganos jurisdiccionales polacos y al procedimiento ante dichos órganos jurisdiccionales. En efecto, en los fundamentos de Derecho de dicha sentencia, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró que las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal de Justicia en el auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia (C‑791/19 R, EU:C:2020:277), conculcan el principio de atribución de competencias y la identidad constitucional polaca y son incompatibles con el principio constitucional del Estado democrático de Derecho proclamado en el artículo 2 de la Constitución polaca.

156

Por añadidura, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) afirmó expresamente la primacía de la Constitución polaca, como fuente suprema del Derecho en Polonia, sobre dicho auto, negándose así a reconocer que este último prevalece sobre las disposiciones nacionales, subrayando a este respecto que se había adoptado ultra vires y era contrario a la Constitución polaca. El Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) también declaró inconstitucional cualquier medida provisional que pudiera acordarse en virtud del artículo 279 TFUE en relación con el sistema judicial polaco, privando así a tales medidas de todo efecto jurídico vinculante en Polonia, en violación de los principios de primacía y de efectividad del Derecho de la Unión y del principio del carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal de Justicia.

157

La Comisión apunta que del fallo de la sentencia de 14 de julio de 2021 resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) considera que el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con el artículo 279 TFUE, contraviene diversas disposiciones de la Constitución polaca, a saber, los artículos 2 (principio del Estado de Derecho), 7 (principio de legalidad), 8, apartado 1 (principio de supremacía de la Constitución polaca), 90, apartado 1 (cesión de competencias del Estado a una organización intergubernamental) e incluso 4, apartado 1 (principio de soberanía), basándose en el argumento de que el Tribunal de Justicia ha impuesto ultra vires a la República de Polonia medidas provisionales relativas a la organización y a la competencia de los órganos jurisdiccionales polacos y al procedimiento ante dichos órganos jurisdiccionales.

158

La Comisión considera que esta interpretación de la Constitución polaca conculca el artículo 4 TUE, apartado 3, y el artículo 279 TFUE, así como los principios de primacía y de efectividad del Derecho de la Unión, y que, en consecuencia, pone en tela de juicio la aplicación uniforme de estas disposiciones de los Tratados y el carácter autónomo del ordenamiento jurídico de la Unión. Además, al no atenerse al carácter jurídicamente vinculante de las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal de Justicia contra la República de Polonia en virtud del artículo 279 TFUE en lo relativo a la organización y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales polacos, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) rechaza el carácter jurídicamente vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia.

159	La República de Polonia considera fundada la segunda imputación.

160

Este Estado miembro añade que, aunque los Estados miembros regulen de maneras diferentes, en sus constituciones, la relación entre el Derecho constitucional nacional y el Derecho de la Unión, la efectividad de este último Derecho no puede diferir de un Estado miembro a otro. No es posible lograr los objetivos de los Tratados sin aplicar de manera uniforme del Derecho de la Unión, que, como principio consolidado, prima sobre el Derecho nacional, incluido el de rango constitucional. Además, solo el Tribunal de Justicia está facultado para interpretar el Derecho de la Unión de manera vinculante. Por otra parte, aunque las resoluciones del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) sean firmes, este puede apartarse de alguna consideración que haya realizado en el pasado. En cualquier caso, en la presente situación, habida cuenta de la composición irregular de dicho tribunal y de otras circunstancias fácticas que se han planteado en este asunto, las decisiones de este podrían objetarse.

Apreciación del Tribunal de Justicia

161

Mediante las dos partes de su segunda imputación, que procede examinar conjuntamente, la Comisión alega, en esencia, que las sentencias controvertidas violan los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión y el principio de efecto vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

162

A este respecto, la Comisión indica, en esencia, que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) consideró, por una parte, basándose en su propia interpretación del Derecho de la Unión, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 2 TUE, y las medidas provisionales que ordenó en virtud del artículo 279 TFUE tienen carácter ultra vires, y estimó, por otra parte, que esa jurisprudencia y esas medidas transgreden, por tanto, la identidad constitucional polaca y diversas disposiciones de la Constitución polaca, en concreto las que consagran la primacía de esta. Según la Comisión, al declarar carente de efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico polaco dicha jurisprudencia y medidas provisionales, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) impide que los órganos nacionales puedan aplicar eficazmente el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y dar cumplimiento a las referidas medidas provisionales.

–	Sobre el quebrantamiento de los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión imputado

163

La violación de los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión puede ser objeto de un recurso por incumplimiento en virtud del artículo 258 TFUE [véase, respecto al principio de primacía, la sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartados 271 y 287]. Estos principios están estrechamente relacionados, por lo que procede examinarlos conjuntamente.

164

A este respecto, ha de recordarse que, conforme a jurisprudencia reiterada sobre el Tratado CEE, este, pese a celebrarse en forma de acuerdo internacional, constituye la carta constitucional de una comunidad de Derecho [véase, en este sentido, el dictamen 1/91 (Acuerdo EEE — I), de 14 de diciembre de 1991, EU:C:1991:490, apartado 21].

165

Además, también conforme a dicha jurisprudencia reiterada, los tratados comunitarios, a diferencia de los tratados internacionales ordinarios, han creado un nuevo ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados miembros desde la entrada en vigor de dichos tratados y que vincula a sus órganos jurisdiccionales. Los Estados miembros han limitado su soberanía, en los ámbitos definidos por los tratados, a favor de este nuevo ordenamiento jurídico dotado de instituciones propias y cuyos sujetos no son únicamente los Estados miembros, sino también sus nacionales [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de febrero de 1963, van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1, p. 23, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 47 y jurisprudencia citada].

166

Este ordenamiento jurídico así creado y desarrollado por los tratados posteriores, en último lugar por el Tratado de Lisboa, tiene un marco constitucional y principios fundacionales propios, una estructura institucional particularmente elaborada y un conjunto completo de normas jurídicas que aseguran su funcionamiento y disfruta de autonomía respecto del Derecho de los Estados miembros y del Derecho internacional [véase, en este sentido, el dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartados 158 y 170 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑157/21, EU:C:2022:98, apartado 143].

167

A ello se añaden las características esenciales del ordenamiento jurídico de la Unión atinentes a esta naturaleza autónoma, como su primacía con respecto a los Derechos de los Estados miembros y el efecto directo de toda una serie de disposiciones aplicables a sus nacionales y a ellos mismos. Estas características esenciales han dado lugar a una red estructurada de principios, normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros, y a los Estados miembros entre sí [véanse, en este sentido, los dictámenes 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartados 166 y 167, y 1/17 (Acuerdo CETA UE-Canadá), de 30 de abril de 2019, EU:C:2019:341, apartado 109 y jurisprudencia citada].

168

En cuanto al principio de primacía del Derecho de la Unión, ha de recordarse que, en la sentencia de 15 de julio de 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66), pp. 1158 a 1160, el Tribunal de Justicia sentó este principio en el sentido de que consagra la prevalencia del Derecho comunitario sobre el Derecho de los Estados miembros. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la creación por el Tratado CEE de un ordenamiento jurídico propio, aceptado por los Estados miembros sobre una base de reciprocidad, tiene como corolario que no pueden hacer prevalecer frente a este ordenamiento jurídico una medida unilateral posterior ni oponer al Derecho creado por el Tratado CEE ninguna norma de Derecho nacional, cualquiera que sea, sin que al mismo tiempo aquel pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica de la propia Comunidad. Asimismo, la fuerza vinculante del Derecho comunitario no puede variar de un Estado miembro a otro, en razón de legislaciones internas ulteriores, sin que se ponga en peligro la realización de los objetivos del Tratado CEE y sin causar una discriminación por razón de la nacionalidad prohibida por dicho Tratado (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 246).

169

Estas características esenciales del ordenamiento jurídico de la Unión y la importancia de respetarlo han sido confirmadas, por lo demás, por la ratificación, sin reservas, de los tratados que modifican el Tratado CEE y, en particular, del Tratado de Lisboa. En efecto, con ocasión de la adopción de dicho Tratado, la Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros quiso recordar expresamente, en su Declaración relativa a la primacía, que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los Tratados y el Derecho adoptado por la Unión sobre la base de los mismos priman sobre el Derecho de los Estados miembros, en las condiciones establecidas por dicha jurisprudencia [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 248, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 76 y jurisprudencia citada].

170

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Tribunal de Justicia ha confirmado reiteradamente la jurisprudencia precedente relativa al principio de primacía del Derecho de la Unión, principio que impone la obligación de garantizar la plena eficacia de las distintas normas de la Unión a todos los órganos de los Estados miembros, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda afectar a la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados [sentencias de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 250, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 50].

171

De este modo, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, la invocación por un Estado miembro de disposiciones de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, no puede afectar a la unidad y a la eficacia del Derecho de la Unión. En efecto, según reiterada jurisprudencia, los efectos que se asocian al principio de primacía del Derecho de la Unión se imponen a todos los órganos de un Estado miembro, sin que puedan oponerse, en particular, las disposiciones internas, incluidas las de rango constitucional (sentencias de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 251, y de 16 de enero de 2024, Österreichische Datenschutzbehörde, C‑33/22, EU:C:2024:46, apartado 70 y jurisprudencia citada).

172

Debe añadirse que el artículo 4 TUE, apartado 2, establece que la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados. Pues bien, la Unión solo puede respetar tal igualdad si los Estados miembros, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, se ven en la imposibilidad de hacer prevalecer una medida unilateral de cualquier tipo frente al ordenamiento jurídico de la Unión (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 249).

173

En este mismo orden de ideas, ha de señalarse también que la aplicación uniforme del Derecho de la Unión constituye una exigencia fundamental del ordenamiento jurídico de la Unión. En efecto, tal exigencia es inherente a la existencia misma de una comunidad de Derecho y necesaria para garantizar el respeto de la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados.

174

En este contexto, debe recordarse que, para poder adherirse a la Unión, la República de Polonia tuvo que cumplir los criterios que deben reunir los Estados candidatos a la adhesión, establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de los días 21 y 22 de junio de 1993. Esos criterios exigen, en particular, que el Estado candidato «haya alcanzado una estabilidad de instituciones que garantice la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías» [sentencias de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, apartado 104, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 65].

175

Además, se desprende del artículo 2 TUE que la Unión se fundamenta en valores, como el Estado de Derecho, que son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada, entre otras cosas, por la justicia (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, apartado 30, y de 18 de mayo de 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 160 y jurisprudencia citada).

176

El Derecho de la Unión se asienta así en la premisa fundamental de que cada Estado miembro comparte con todos los demás Estados miembros, y reconoce que estos comparten con él, una serie de valores comunes en los que se fundamenta la Unión, como se precisa en el artículo 2 TUE. Esta premisa forma parte de las características específicas y esenciales del Derecho de la Unión, derivadas de su propia naturaleza, que resultan de la autonomía de que goza dicho Derecho respecto de los Derechos de los Estados miembros y del Derecho internacional. Dicha premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre los Estados miembros en el reconocimiento de esos valores y, por lo tanto, en el respeto del Derecho de la Unión que los aplica (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de marzo de 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, apartado 34, y de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartado 125 y jurisprudencia citada).

177

El artículo 2 TUE no constituye, por consiguiente, una mera enunciación de orientaciones o de intenciones de naturaleza política, sino que contiene valores que forman parte de la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común, valores que se concretan en principios que comportan obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros. El respeto de estos valores no puede reducirse a una obligación que un Estado candidato está obligado a cumplir para adherirse a la Unión y de la que puede exonerarse tras su adhesión [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartados 126, 127 y 232, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartados 67 y 68].

178

En efecto, el artículo 49 TUE, que establece la posibilidad de que cualquier Estado europeo solicite el ingreso como miembro de la Unión, precisa que esta reúne a Estados que, libre y voluntariamente, hayan hecho suyos, respeten y se comprometan a promover los valores comunes mencionados en el actual artículo 2 TUE [véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C‑619/18, EU:C:2019:531, apartado 42, y de 20 de abril de 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, apartado 61].

179

De ello se sigue que el respeto por un Estado miembro de los valores consagrados en el artículo 2 TUE constituye un requisito para poder disfrutar de todos los derechos derivados de la aplicación de los Tratados a dicho Estado miembro. Por lo tanto, un Estado miembro no puede modificar su legislación o su jurisprudencia de modo que se produzca una reducción de la protección del valor del Estado de Derecho, valor que se concreta, en particular, en el artículo 19 TUE. Así pues, los Estados miembros deben velar por evitar, en relación con este valor, cualquier regresión de su legislación y de su jurisprudencia en materia de organización de la Administración de Justicia, absteniéndose de adoptar normas que puedan menoscabar la independencia judicial (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de abril de 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, apartados 63 y 64, y de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartado 162 y jurisprudencia citada).

180

Pues bien, aun cuando, como se señala en el artículo 4 TUE, apartado 2, la Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, de modo que disponen de cierto margen de apreciación para garantizar la aplicación de los principios del Estado de Derecho, de ello no se deriva en modo alguno que la referida obligación de resultado pueda variar de un Estado miembro a otro. En efecto, los Estados miembros, aun teniendo identidades nacionales distintas, inherentes a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales, que la Unión respeta, se adhieren a un concepto de «Estado de Derecho» que comparten, como valor común a sus propias tradiciones constitucionales, y que se han comprometido a respetar de forma continuada [sentencias de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartados 233 y 234, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 73].

181

De ello se deduce que, en la elección de su modelo constitucional, los Estados miembros están obligados a respetar, en particular, la exigencia de independencia judicial resultante de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 74 y jurisprudencia citada].

182

Asimismo, para garantizar, en particular, la efectividad del Derecho de la Unión, principio al que también se refiere la segunda imputación, tienen la obligación de conformarse al principio de primacía del Derecho de la Unión y de abstenerse de adoptar medidas que socaven la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión.

183

Por último, ha de señalarse que, a tenor del artículo 2 del Acta de Adhesión, las disposiciones de los Tratados originarios y los actos adoptados con anterioridad a la adhesión por las instituciones y el Banco Central Europeo serán vinculantes para los nuevos Estados miembros y aplicables en ellos en las condiciones establecidas en dichos Tratados y en el Acta de Adhesión. El Tribunal de Justicia ha declarado que de los artículos 2 y 10 del Acta de Adhesión resulta que esta se basa en el principio de aplicación inmediata e íntegra de las disposiciones del Derecho de la Unión a los nuevos Estados miembros y que las excepciones previstas expresamente en las disposiciones transitorias únicamente se admiten con carácter transitorio (sentencia de 21 de marzo de 2019, Comisión/Polonia, C‑127/17, EU:C:2019:236, apartado 103 y jurisprudencia citada).

184

Por lo tanto, desde su adhesión a la Unión el 1 de mayo de 2004, la República de Polonia está vinculada sin reserva alguna por las disposiciones del Derecho primario y por los actos adoptados antes de la adhesión por las instituciones de la Unión, tal como los interpreta el Tribunal de Justicia, a falta de disposición expresa que establezca una excepción al respecto.

185

Mediante la ratificación del Acta de Adhesión, este Estado miembro aceptó la concepción misma de la Unión como ordenamiento jurídico común a los Estados miembros, con el conjunto de características y particularidades que se han descrito en los apartados 163 a 181 de la presente sentencia, y se adhirió a este ordenamiento jurídico.

186

En estas circunstancias, incumbe a la República de Polonia, en concreto en virtud del principio de cooperación leal recogido en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, garantizar en su territorio la aplicación y el respeto del Derecho de la Unión y, conforme al artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo segundo, adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no cabe justificar el incumplimiento de esas obligaciones invocando disposiciones de su ordenamiento jurídico nacional, aunque tengan rango constitucional (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de abril de 2014, Comisión/Hungría, C‑288/12, EU:C:2014:237, apartado 35 y jurisprudencia citada).

187

En el caso de autos, por lo que respecta a la sentencia de 7 de octubre de 2021, de los puntos 2 y 3 de su fallo resulta que la interpretación que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) realizó de la Constitución polaca tiene como consecuencia impedir que las exigencias derivadas de los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, como las interpreta el Tribunal de Justicia, puedan surtir efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico polaco. Además, como resulta del apartado 10 de los fundamentos de Derecho de dicha sentencia, el referido tribunal ordenó a todos los órganos de los poderes públicos polacos, en particular a los órganos jurisdiccionales, abstenerse de aplicar esas normas, como las interpreta el Tribunal de Justicia, refiriéndose a la obligatoriedad erga omnes y la firmeza de sus sentencias.

188

Por último, en dicha sentencia, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) procedió, como resulta en particular del punto 1 del fallo y de los apartados 6.2 y 6.4 de los fundamentos de Derecho, a una interpretación de la Constitución polaca, detallada en particular en los apartados 167 a 171 de la presente sentencia, que rechaza la primacía del Derecho de la Unión sobre las normas constitucionales polacas.

189

En lo tocante a la sentencia de 14 de julio de 2021, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró, en esencia, como se ha hecho constar en el apartado 140 de la presente sentencia, que cualquier medida provisional que el Tribunal de Justicia ordene con arreglo al artículo 279 TFUE para preservar el derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal independiente en Polonia, consagrado en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, carece de efectos vinculantes en el ordenamiento jurídico polaco. En concreto, de los apartados 6.8 a 6.10 de los fundamentos de Derecho de dicha sentencia resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) fundamentó su postura en la primacía de la Constitución polaca como norma suprema del ordenamiento jurídico interno.

190

A este respecto, ha de señalarse asimismo que, como puede deducirse de los fundamentos de Derecho y de los fallos de las sentencias controvertidas, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) considera, por una parte, que los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y, por otra parte, el artículo 4 TUE, apartado 3, y el artículo 279 TFUE, como los interpreta el Tribunal de Justicia, contravienen diversos principios consagrados en la Constitución polaca y socavan la identidad constitucional polaca.

191

Sin embargo, habida cuenta de las consideraciones que figuran, en particular, en los apartados 177 a 180 y 186 de la presente sentencia, no cabe sostener que el respeto de valores y principios como el Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva y la independencia judicial, consagrados en los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que condiciona tanto la adhesión de un Estado miembro a la Unión como su participación en el funcionamiento de esta, comporte exigencias capaces de afectar a la identidad nacional de dicho Estado miembro, a los efectos del artículo 4 TUE, apartado 2. Así, este último precepto, que debe leerse teniendo en cuenta disposiciones, de idéntico rango, como, en particular, los referidos artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no puede eximir a los Estados miembros del respeto de los requisitos que de ellas se derivan [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 72].

192	Esta conclusión es igualmente válida para el artículo 4 TUE, apartado 3, y para el artículo 279 TFUE, que tienen por objeto garantizar el pleno respeto y la plena efectividad del Derecho de la Unión.

193

Así pues, no puede aceptarse que la República de Polonia eluda las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 279 TFUE pretextando que las exigencias derivadas de estas disposiciones pueden afectar a la identidad constitucional polaca, cuando los valores y principios que las mismas consagran forman parte de la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común al que dicho Estado miembro se ha adherido voluntariamente.

194

De lo anterior resulta que la interpretación de la Constitución polaca realizada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en las sentencias controvertidas conculca manifiestamente la primacía de que gozan los artículos 2 TUE, 4 TUE, apartado 3, 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 279 TFUE, disposiciones a las que se refieren dichas sentencias.

195	Además, al impedir unilateralmente a las autoridades públicas polacas aplicar estas normas del Derecho de la Unión, las sentencias controvertidas violan también de manera manifiesta los principios de autonomía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión.

196

En estas circunstancias, ha de declararse que la República de Polonia, a la vista de la interpretación de la Constitución polaca realizada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en las sentencias controvertidas, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de autonomía, de primacía, de efectividad y de aplicación uniforme del Derecho de la Unión.

–	Sobre el quebrantamiento del principio de efecto vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia imputado

197

De las sentencias controvertidas resulta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) consideró, por una parte, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y, por otra parte, las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 279 TFUE al objeto de preservar el derecho a la tutela judicial efectiva ante un tribunal independiente en Polonia socavan la identidad constitucional polaca por ser esa jurisprudencia y medidas provisionales actos ultra vires.

198	También se desprende de esas sentencias que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) indicó que se reservaba el derecho a llevar a cabo en el futuro un control ultra vires de las resoluciones del Tribunal de Justicia a fin de proteger dicha identidad.

199

A este respecto, es preciso señalar que las apreciaciones que figuran en los apartados 185 y 186 de la presente sentencia son válidas sin salvedad alguna en lo referente a las normas que regulan el sistema jurisdiccional de la Unión y, por tanto, el reparto de las competencias jurisdiccionales entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales que resulta de los Tratados.

200

Pues bien, es jurisprudencia reiterada que, a fin de garantizar la preservación de las características específicas y de la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, los Tratados han establecido un sistema jurisdiccional destinado a garantizar la coherencia y la unidad en la interpretación del Derecho de la Unión (sentencias de 6 de marzo de 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, apartado 35, y de 24 de octubre de 2018, XC y otros, C‑234/17, EU:C:2018:853, apartado 39 y jurisprudencia citada).

201

En este marco, como resulta del artículo 19 TUE, apartado 1, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial de los derechos que este Derecho confiere a los justiciables [véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, apartado 50, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 128].

202	A este respecto, el artículo 267 TFUE, párrafo primero, atribuye competencia al Tribunal de Justicia para pronunciarse, con carácter prejudicial, tanto sobre la interpretación de los Tratados y de los actos de las instituciones de la Unión como sobre la validez de dichos actos.

203

Corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia declarar la invalidez de un acto de la Unión y dar la interpretación definitiva y vinculante del Derecho de la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartados 52 y 71 y jurisprudencia citada].

204

En cuanto a la función de los órganos jurisdiccionales nacionales, el artículo 267 TFUE dispone, en su párrafo segundo, que pueden plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia y, en su párrafo tercero, que están obligados a hacerlo si sus decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno.

205

Esta obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno se inscribe, como en múltiples ocasiones ha recordado el Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales, en su condición de jueces encargados de aplicar este Derecho, y el Tribunal de Justicia, cooperación establecida a fin de garantizar la aplicación y la interpretación uniformes del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros. Dicha obligación tiene principalmente como razón de ser impedir que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión (sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, apartado 35 y jurisprudencia citada).

206

Por añadidura, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno de plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial constituye el corolario de la competencia exclusiva de que este dispone para pronunciarse sobre la validez de los actos de la Unión y para dar la interpretación definitiva y vinculante del Derecho de la Unión.

207

Esta competencia exclusiva del Tribunal de Justicia queda asimismo confirmada por el artículo 344 TFUE, según el cual los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos [véase, en este sentido, el dictamen 1/91 (Acuerdo EEE — I), de 14 de diciembre de 1991, EU:C:1991:490, apartado 35].

208

Las funciones y competencias que así se atribuyen, respectivamente, a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia son esenciales para preservar la naturaleza misma del Derecho establecido por los Tratados [véanse, en este sentido, el dictamen 1/09 (Acuerdo por el que se crea un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes), de 8 de marzo de 2011, EU:C:2011:123, apartado 85, y la sentencia de 25 de junio de 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, apartado 61].

209

Pretenden garantizar que el Derecho de la Unión tenga siempre el mismo efecto en todos los Estados miembros, permitiendo así garantizar la unidad misma del ordenamiento jurídico de la Unión, su coherencia, su plena eficacia y su autonomía, así como, en última instancia, el carácter propio del Derecho instituido por los Tratados [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, apartado 15; de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 73, y de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartado 51].

210

Por lo que respecta a si los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para pronunciarse sobre el alcance de las competencias atribuidas a la Unión y sobre el respeto de los límites de dichas competencias, es cierto que el artículo 5 TUE, apartado 2, establece, por una parte, que, «en virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que estos determinan» y, por otra parte, que «toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros». Este principio también se consagra en el artículo 4 TUE, apartado 1.

211	Asimismo, a tenor del artículo 13 TUE, apartado 2, primera frase, cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos.

212

Sin embargo, en contra de lo que parece considerar el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en las sentencias controvertidas, las normas y principios recordados en los dos apartados anteriores de la presente sentencia no autorizan a los órganos jurisdiccionales nacionales a pronunciarse unilateralmente, con carácter firme, sobre el alcance de las competencias atribuidas a la Unión y sobre el respeto de los límites de dichas competencias.

213

En efecto, como la determinación del alcance de las competencias de la Unión y el control del respeto de los límites de dichas competencias implican necesariamente interpretar las disposiciones de los Tratados, el Tribunal de Justicia es competente en exclusiva para dar la interpretación definitiva y vinculante de tales disposiciones, al igual que de cualesquiera otras disposiciones del Derecho de la Unión.

214

En estas circunstancias, reconocer a los órganos jurisdiccionales nacionales competencia para pronunciarse con carácter firme sobre el alcance de las competencias atribuidas a la Unión y sobre el respeto de los límites de dichas competencias sería incompatible con la naturaleza del Derecho de la Unión desde varios puntos de vista.

215

A este respecto, en primer término, de reiterada jurisprudencia resulta que los Tratados no atribuyen a los órganos jurisdiccionales nacionales, en el sistema completo de vías de recurso que han establecido, la facultad para declarar inválidos los actos de las instituciones de la Unión o para dar la interpretación definitiva del Derecho de la Unión [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros, C‑366/10, EU:C:2011:864, apartado 47 y jurisprudencia citada, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 52 y jurisprudencia citada].

216

En segundo término, la autonomía y la efectividad del ordenamiento jurídico de la Unión se oponen a cualquier control externo de las resoluciones del Tribunal de Justicia en el ejercicio de su competencia exclusiva para interpretar de forma definitiva y vinculante el Derecho de la Unión y para controlar la legalidad de los actos de la Unión.

217

En tercer término, las competencias atribuidas a la Unión y la fuerza vinculante del Derecho de la Unión no pueden variar de un Estado miembro a otro. Las divergencias entre los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros a este respecto podrían comprometer la unidad misma del ordenamiento jurídico de la Unión, poner en peligro la realización de los objetivos de los Tratados y vulnerar la exigencia fundamental de seguridad jurídica y la igualdad de los Estados y de sus nacionales ante el Derecho de la Unión [véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 80 y jurisprudencia citada, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 48 y jurisprudencia citada].

218

Así pues, contrariamente a lo que declaró, en esencia, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en las sentencias controvertidas, la competencia para determinar el alcance de las competencias atribuidas a la Unión en un ámbito dado y para controlar el respeto de los límites de dichas competencias corresponde exclusivamente a los tribunales de la Unión, y no a los órganos jurisdiccionales nacionales.

219	Por otra parte, la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre el alcance de las competencias atribuidas a la Unión tampoco podría conciliarse con la necesaria coherencia del sistema de tutela judicial establecido en los Tratados.

220	Es cierto que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes interpretar la constitución de su Estado miembro y determinar los límites que esta pudiera imponer a la adhesión de dicho Estado miembro a la Unión, tal como está contemplada en el Tratado UE y el Tratado FUE.

221

Ahora bien, desde la fecha de su adhesión a la Unión, todo Estado miembro está vinculado, como resulta del apartado 184 de la presente sentencia, sin más reservas que las que en su caso se contemplen en el Acta de Adhesión, por la totalidad de las disposiciones del Derecho primario y por los actos adoptados por las instituciones de la Unión antes de la adhesión, tal como los interpreta el Tribunal de Justicia.

222

Si un juez nacional se pregunta, en el ámbito de sus competencias, por el alcance de las competencias de la Unión en un ámbito determinado o alberga dudas sobre la validez de un acto de Derecho de la Unión por extralimitación en las competencias de la Unión o incluso por incumplimiento de la exigencia, impuesta en el artículo 4 TUE, apartado 2, de que la Unión respete la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, corresponde en exclusiva al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial del artículo 267 TFUE, dar la interpretación definitiva y vinculante de las disposiciones del Derecho de la Unión de que se trate y declarar, en su caso, la invalidez de ese acto.

223

Así pues, habida cuenta de esta competencia exclusiva del Tribunal de Justicia, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro no puede, basándose en su propia interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión, declarar que el Tribunal de Justicia ha dictado una resolución que excede las competencias atribuidas a la Unión ni, por tanto, negarse a dar efecto a esa resolución del Tribunal de Justicia [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 72], como tampoco prohibir a los poderes públicos de su Estado miembro conformarse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o aplicar disposiciones de la Unión tal como las interpreta el Tribunal de Justicia.

224

Lo declarado en los dos apartados anteriores resulta igualmente aplicable cuando una resolución del tribunal constitucional o de un tribunal supremo de un Estado miembro rechaza, como ocurre con las sentencias controvertidas, conformarse a resoluciones del Tribunal de Justicia basándose, en particular, en la consideración según la cual el Tribunal de Justicia se ha extralimitado en sus competencias o sus resoluciones han vulnerado la identidad constitucional del Estado miembro de que se trate a la luz del artículo 4 TUE, apartado 2.

225	A este respecto, es cierto que, en virtud del artículo 13 TUE, apartado 2, el Tribunal de Justicia debe actuar dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos.

226

Además, puede, con arreglo al artículo 4 TUE, apartado 2, pedirse al Tribunal de Justicia que compruebe que una obligación de Derecho de la Unión no vulnera la identidad nacional de un Estado miembro [sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 69 y jurisprudencia citada].

227	No obstante, aunque corresponde a los Estados miembros definir su respectiva identidad nacional, el artículo 4 TUE, apartado 2, no puede interpretarse en el sentido de que los faculta para apartarse unilateralmente de las disposiciones del Derecho de la Unión invocando esa identidad nacional.

228

En concreto, la autonomía de que goza el Derecho de la Unión con respecto a los Derechos de los Estados miembros exige que la interpretación del artículo 4 TUE, apartado 2, tenga en cuenta la estructura y los objetivos de la Unión, lo cual solamente puede garantizarse si dicha interpretación se lleva a cabo dentro del respeto del sistema de tutela judicial de la Unión y, en particular, de la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 213 de la presente sentencia.

229

Esta disposición no tiene por objeto ni por efecto autorizar a un tribunal constitucional o supremo de un Estado miembro, incumpliendo las exigencias que para él se derivan, en particular, de los artículos 4 TUE, apartados 2 y 3, y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a excluir la aplicación de una norma de Derecho de la Unión porque, a su juicio, vulnera la identidad nacional de ese Estado miembro tal como la define ese tribunal constitucional o supremo [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 70].

230

Si un tribunal constitucional o supremo de un Estado miembro estima que una disposición del Derecho derivado de la Unión, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, incumple la obligación de respetar la identidad nacional de ese Estado miembro, dicho tribunal constitucional o supremo debe suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial, en virtud del artículo 267 TFUE, a fin de que se determine la validez de tal disposición a la luz del artículo 4 TUE, apartado 2, ya que el Tribunal de Justicia es el único competente para declarar la invalidez de un acto de la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 71].

231

Por lo que se refiere al Derecho primario, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta las exigencias que se derivan del artículo 4 TUE, apartado 2, al interpretar las obligaciones que para los Estados miembros se derivan de otras disposiciones del Derecho primario (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, apartado 92, y de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 68 y jurisprudencia citada).

232

Sentado lo anterior, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro estima que la interpretación de una disposición del Derecho primario realizada en una resolución del Tribunal de Justicia transgrede las exigencias que se derivan del artículo 4 TUE, apartado 2, no puede, basándose en su propia interpretación del Derecho de la Unión, declarar que el Tribunal de Justicia ha dictado una resolución que excede los límites de su competencia ni, por tanto, negarse a dar efecto a esa resolución [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 72]. En tal eventualidad, le corresponde, en su caso, plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia para que este pueda apreciar la posible incidencia en dicha interpretación de la necesidad de tener en cuenta la identidad nacional del Estado miembro de que se trate, inherente a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales.

233

Más en general, cuando ante un órgano jurisdiccional nacional se plantee una cuestión sobre el alcance de las competencias de la Unión o sobre la legalidad de un acto de Derecho derivado, sea cual sea el motivo de invalidez invocado, dicho órgano jurisdiccional está obligado, si tales cuestiones se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, a respetar la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia, que constituye un rasgo fundamental del sistema jurisdiccional de la Unión.

234

En el caso de autos, de las anteriores consideraciones resulta que no puede aceptarse la fundamentación del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en las sentencias controvertidas que se ha mencionado en los apartados 197 y 198 de la presente sentencia, fundada en la necesidad de proteger la identidad constitucional polaca.

235

En estas circunstancias, ha de declararse que la República de Polonia, a la vista de la interpretación de la Constitución polaca realizada por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en las sentencias controvertidas, ha quebrantado el efecto vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

236	De lo anterior se sigue que procede estimar la segunda imputación de la Comisión en su totalidad.

Sobre la tercera imputación

Alegaciones de las partes

237

Mediante su tercera imputación, que tiene dos partes, la Comisión sostiene que la República de Polonia ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de velar por que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) cumpla la garantía del tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley, a los efectos de dicho artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.

238

La Comisión señala que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, resulta que la comisión de irregularidades en el procedimiento de nombramiento para un cargo de juez puede suponer la violación no solo de la exigencia del tribunal establecido previamente por la ley, sino también de la independencia y la imparcialidad del tribunal. Según dicha sentencia, así ocurre cuando se nombra a un juez en manifiesta violación de las normas fundamentales del procedimiento de nombramiento de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) que forman parte del establecimiento y del funcionamiento del sistema judicial polaco, que crea un riesgo real de que se ponga en peligro la integridad del resultado al que ha conducido el proceso de nombramiento. Se suscitan así dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de ese juez frente a elementos externos y en lo que se refiere a su neutralidad ante los intereses en litigio, así como una falta de apariencia de independencia o de imparcialidad de este capaz de menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho.

239

Según la Comisión, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) ya no ofrece las garantías de tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, a los efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, debido, por una parte, a las evidentes irregularidades que se cometieron en el nombramiento de varios jueces de dicho tribunal en diciembre de 2015, en manifiesta violación del Derecho constitucional polaco, y, por otra parte, a las graves irregularidades que se cometieron en el nombramiento de su presidenta en diciembre de 2016. Cada una de estas irregularidades genera, en el ánimo de los justiciables, habida cuenta de la actividad del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) compuesto por personas nombradas de esta manera, dudas legítimas en cuanto a la imparcialidad de dicho tribunal y a su impermeabilidad frente a elementos externos.

240

Mediante la primera parte de la tercera imputación, la Comisión alega que la elección de H.C., L.M. y M.M. para el cargo de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en sustitución de jueces cuyo mandato de nueve años había expirado el 6 de noviembre de 2015 y el hecho de que asumieran el cargo en dicho tribunal constituyen una manifiesta violación del artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca, conforme al cual un juez entrante solo puede ser elegido por el Sejm (Dieta) en la legislatura en la que el cargo quede vacante. Como confirmaron, en particular, las sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 3 y 9 de diciembre de 2015, la elección de H.C., L.M. y M.M. el 2 de diciembre de 2015 y el hecho de que asumieran el cargo en el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) el 20 de diciembre de 2016 contravenían la referida disposición.

241

El Sejm (Dieta) eligió a esas tres personas el 2 de diciembre de 2015, es decir, en la octava legislatura, pese a que, el 8 de octubre de 2015, esto es, en la séptima legislatura, otras tres personas —R.H., A.J. y K.Ś.— ya habían sido elegidas por el Sejm (Dieta) en sustitución de los jueces cuyo mandato de nueve años expiraba el 6 de noviembre de 2015. Las tres personas elegidas el 2 de diciembre de 2015 prestaron juramento ese mismo día ante el presidente de la República de Polonia y J.P., que en aquel momento estaba ejerciendo las funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), les dio autorización el 20 de diciembre de 2016 para ocupar el cargo. En cambio, el presidente de la República de Polonia no tomó juramento a las personas elegidas el 8 de octubre de 2015, de modo que no pudieron asumir el cargo.

242

La Comisión indica así que ni cuando expiró el plazo para responder a su dictamen motivado de 15 de julio de 2022 ni tampoco cuando se interpuso el presente recurso había dado cumplimiento la República de Polonia a las sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 3 y 9 de diciembre de 2015.

243

La Comisión observa asimismo que, en su sentencia de 7 de mayo de 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2021:0507JUD000490718), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, a partir de los mismos hechos, que se había incurrido en una violación de una norma nacional fundamental aplicable a la elección de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) por parte, en particular, del Sejm (Dieta) en la octava legislatura y del presidente de la República de Polonia. Aplicando el control trifásico elaborado en su jurisprudencia resultante, en particular, de la sentencia de 1 de diciembre de 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islandia (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, en la referida sentencia de 7 de mayo de 2021, que se había privado a la sociedad demandante del derecho a un «tribunal establecido por la ley», contemplado en el artículo 6, apartado 1, del CEDH por la participación de M.M. en el procedimiento ante el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), ya que en la elección de dicho juez se habían cometido graves irregularidades que quebrantaban la esencia misma de este derecho.

244

Mediante la segunda parte de la tercera imputación, la Comisión alega que el nombramiento de J.P. para el cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), el 21 de diciembre de 2016, adoleció de graves irregularidades que, así, quebrantaron las necesarias garantías de independencia e imparcialidad dimanantes del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.

245

A este respecto, la Comisión explica que el presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de este órgano constitucional por cuanto dirige sus trabajos, lo representa y ejerce otras funciones establecidas en la ley. Según el reglamento del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), el presidente determina también el procedimiento interno relativo a las demandas, cuestiones jurídicas y recursos de amparo constitucional, y designa las salas, los presidentes de sala y los jueces ponentes.

246

Por lo que respecta al desarrollo del procedimiento de selección que condujo al nombramiento de J.P., la Comisión observa que, poco antes de que expirase, el 19 de diciembre de 2016, el mandato del anterior presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), el legislador polaco aprobó una serie de leyes mediante las que revisó el procedimiento de selección de los candidatos al cargo de presidente de dicho tribunal, que hasta entonces se contemplaba en el artículo 16 de la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional, cuya conformidad con la Constitución polaca se había confirmado por sentencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 7 de noviembre de 2016 (asunto K 44/16).

247

Primero, el Sejm (Dieta) aprobó, el 30 de noviembre de 2016, la ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Ley de Organización y Procedimiento ante el Tribunal Constitucional) (Dz. U., posición 2072). Seguidamente, el 13 de diciembre de 2016, el Sejm (Dieta) aprobó la Ley de disposiciones introductorias, cuyo artículo 21 contempla un procedimiento transitorio especial para la selección de los candidatos que han de presentarse al presidente de la República de Polonia para el nombramiento del nuevo presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). El procedimiento debía ser tramitado por el «juez en funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny [(Tribunal Constitucional)]», cargo que se creaba a través del artículo 18 de dicha Ley.

248

El 20 de diciembre de 2016, es decir, el día en que entraban en vigor los artículos 16 a 22 de la Ley de disposiciones introductorias y el día siguiente a la jubilación de A.R., quien hasta ese momento presidía el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), el presidente de la República de Polonia nombró, con arreglo al artículo 18 de dicha Ley, a J.P. para el nuevo cargo de «juez en funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)», pese a que un vicepresidente de dicho tribunal, S.B., estaba desempeñando interinamente el cargo de presidente. Sin embargo, ese nuevo cargo no se contempla en la Constitución polaca, en tanto en cuanto su artículo 194, apartado 2, solo menciona al presidente y al vicepresidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). Por lo demás, las leyes anteriores referidas al funcionamiento de dicho tribunal contemplaban que su vicepresidente o, en caso de impedimento, cualquier otro juez designado por el presidente o el juez de más edad ejerciera las funciones del presidente en ausencia de este.

249

En la misma fecha, J.P., recién designada para ejercer las funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), dio autorización a los tres jueces elegidos el 2 de diciembre de 2015 en violación del artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca para asumir el cargo en dicho tribunal tras haber prestado juramento ante el presidente de la República de Polonia. Además, J.P. convocó inmediatamente la Junta General, de la que ya formaban parte esas tres personas.

250

La Comisión añade que de los catorce jueces que estuvieron presentes en dicha Junta General, ocho se negaron a participar en la votación para seleccionar a los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), debiendo añadirse que uno de ellos había pedido infructuosamente que la Junta General se aplazara un día para que pudieran participar en ella todos los jueces.

251

No obstante, pese a que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de disposiciones introductorias, tenía un mes, desde el 20 de diciembre de 2016, para tramitar el procedimiento de presentación al presidente de la República de Polonia de los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), conforme al régimen determinado en el artículo 21 de dicha Ley, J.P. rehusó aplazar la Junta General.

252

Por consiguiente, el 20 de diciembre de 2016, la Junta General seleccionó y presentó al presidente de la República de Polonia, por seis votos de los catorce jueces presentes, dos candidatos, a saber, por una parte, J.P., con cinco votos, y, por otra, M.M., que había sido designado juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) el 2 de diciembre de 2015 en violación del artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca, con un voto. El 21 de diciembre de 2016, el presidente de la República de Polonia nombró a J.P. para el cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

253

La Comisión observa que, aunque las normas y principios para la elección del presidente y del vicepresidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) se enmarcan, en Polonia, en el ámbito legislativo, el legislador polaco está obligado, de conformidad con la jurisprudencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), a respetar los principios constitucionales de integridad y efectividad de los actos de las instituciones públicas, de separación y equilibrio de poderes y de respeto de las competencias de dicho tribunal.

254

El procedimiento de selección de los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) se desarrolló sobre la base de las disposiciones transitorias de la Ley de disposiciones introductorias, que modificaron de manera fundamental dicho procedimiento de selección. En efecto, con arreglo al artículo 16, apartado 4, de la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional, la elección de los candidatos al cargo de presidente o de vicepresidente de dicho tribunal debía celebrarse en una sesión presidida por el juez de más edad que participara en la Junta General. Además, en virtud del artículo 16, apartado 7, de dicha Ley, solo podía procederse a la elección si participaban en la Junta General al menos diez jueces del total de jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional).

255	El artículo 21 de la Ley de disposiciones introductorias entró en vigor el 20 de diciembre de 2016 y fue inmediatamente aplicado por la jueza en funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), que fue nombrada presidenta de dicho tribunal el día siguiente.

256

Pues bien, prosigue la Comisión, en su sentencia de 7 de noviembre de 2016, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) declaró contraria al artículo 194, apartado 2, de la Constitución polaca la presentación al presidente de la República de Polonia de candidatos que no concitaran el apoyo de una mayoría de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) o que obtuvieran un solo voto. En efecto, de los apartados 61 y siguientes de los fundamentos de Derecho de dicha sentencia resulta que la mencionada disposición exige que las personas en cuestión sean candidatos de la Junta General, y no candidatos propuestos por grupos minoritarios o por algunos jueces.

257

Según la Comisión, J.P. fue, por tanto, elegida y presentada al presidente de la República de Polonia como candidata al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en violación de la Constitución polaca, ya que solo obtuvo, de los catorce jueces que estuvieron presentes en la Junta General, cinco votos, tres de los cuales, además, eran de jueces a los que se había nombrado para el cargo en el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en violación del artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca.

258

La Comisión considera que las violaciones del artículo 194 de la Constitución polaca que se cometieron en el procedimiento de nombramiento de esos tres jueces y en el procedimiento de nombramiento de la presidenta del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), compuesto de varias fases, fueron posibles merced a una serie de modificaciones legislativas y de decisiones del presidente de la República de Polonia que crearon una situación en la que los poderes legislativo y ejecutivo pudieron ser percibidos como agentes de influencia directa en la composición y el funcionamiento del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). La Comisión concluye que esta sucesión de acontecimientos conforma un conjunto de irregularidades que, independientemente consideradas, son de tal naturaleza y gravedad que crearon un riesgo real de que los poderes legislativo y ejecutivo pudieran ejercer un poder discrecional indebido respecto al Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), poniendo en peligro la integridad del resultado al que debían conducir esos procedimientos de nombramiento y suscitando así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad de dicho tribunal.

259	La República de Polonia admite que la tercera imputación está fundada.

Apreciación del Tribunal de Justicia

–	Sobre la primera parte de la tercera imputación

260

Como se ha recordado en los apartados 105, 107 y 108 de la presente sentencia, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, obliga a los Estados miembro a establecer un sistema de vías de recurso y de procedimientos que garantice a los justiciables el respeto de su derecho a la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, en particular garantizando que aquellos órganos que, en calidad de órganos jurisdiccionales, deban pronunciarse sobre cuestiones de aplicación o de interpretación de dicho Derecho cumplan las exigencias que permiten garantizar tal respeto, entre las que se cuentan la independencia y la imparcialidad de dichos órganos.

261

En el caso de autos, consta que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) puede tener que resolver sobre cuestiones de aplicación o de interpretación del Derecho de la Unión, de modo que forma parte, en calidad de «órgano jurisdiccional», en el sentido de este Derecho, del sistema polaco de vías de recurso en los «ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, como atestigua, por lo demás, la remisión prejudicial efectuada por este tribunal en el asunto en que recayó la sentencia de 7 de marzo de 2017, RPO (C‑390/15, EU:C:2017:174). Así pues, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) debe cumplir las exigencias de la tutela judicial efectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 35 y jurisprudencia citada).

262

A este respecto, las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, en particular las garantías referidas a los elementos característicos esenciales y a la composición de tal tribunal, constituyen la piedra angular del derecho a un proceso equitativo. La verificación de si, por su composición, un órgano constituye un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, cuando surja sobre este punto una duda fundada, es necesaria para la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar en el justiciable [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal establecido por la ley en el Estado miembro emisor), C‑562/21 PPU y C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, apartado 58 y jurisprudencia citada].

263

Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las garantías de independencia e imparcialidad así exigidas por el Derecho de la Unión postulan la existencia de normas, especialmente en lo referente a la composición del órgano jurisdiccional de que se trate, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que se refiere a la neutralidad de este ante los intereses en litigio [sentencias de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 109, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 93 y jurisprudencia citada].

264

A este respecto, es preciso que los jueces estén protegidos frente a intervenciones o presiones externas que puedan amenazar su independencia. Las reglas aplicables al estatuto de los jueces y al ejercicio de sus funciones deben permitir, en particular, excluir no solo cualquier influencia directa, en forma de instrucciones, sino también las formas de influencia más indirecta que pudieran orientar las decisiones de los jueces de que se trate, y evitar de este modo una falta de apariencia de independencia o de imparcialidad de estos que pudiera menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho [sentencias de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 110, y de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces), C‑204/21, EU:C:2023:442, apartado 94 y jurisprudencia citada].

265

Asimismo, la exigencia relativa al «tribunal […] establecido previamente por la ley», en el sentido del Derecho de la Unión, tiene por objeto evitar que la organización del sistema judicial se deje a la discreción del poder ejecutivo y conseguir que esta materia esté regulada por una ley adoptada por el poder legislativo de conformidad con las normas que delimitan el ejercicio de su competencia. Esta expresión refleja, en particular, el principio del Estado de Derecho y se refiere no solo a la base jurídica de la propia existencia del tribunal, sino también a la composición del órgano enjuiciador en cada asunto, así como a cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleva la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen del asunto, lo que incluye, en particular, las disposiciones relativas a la independencia e imparcialidad de los miembros del órgano jurisdiccional de que se trate (sentencia de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/Consejo y HG/Comisión, C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, apartado 73 y jurisprudencia citada).

266

Esta exigencia, que, así, está íntimamente ligada, en particular, a la exigencia de independencia, engloba, por su propia naturaleza, el proceso de nombramiento de los jueces, entendiéndose que la independencia de un tribunal se mide, en particular, por la manera en que se ha nombrado a sus miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Valančius, C‑119/23, EU:C:2024:653, apartados 49 y 50 y jurisprudencia citada).

267

Es cierto que no todo error que pueda producirse durante el procedimiento de nombramiento de un juez origina dudas sobre la independencia y la imparcialidad de ese juez y, por consiguiente, sobre la condición de «tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley», en el sentido del Derecho de la Unión, de una formación de enjuiciamiento en la que esté integrado (sentencia de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank, C‑132/20, EU:C:2022:235, apartado 123).

268

No obstante, según jurisprudencia reiterada, una irregularidad cometida en el nombramiento de los jueces en el seno del sistema judicial de que se trate supone una vulneración del derecho fundamental a un tribunal independiente establecido previamente por la ley cuando, en particular, es de tal naturaleza y gravedad que crea un riesgo real de que otros poderes, en particular el ejecutivo, puedan ejercer una potestad discrecional indebida que ponga en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y suscite así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez o jueces de que se trate. Este es el caso de las normas fundamentales que forman parte integrante del establecimiento y del funcionamiento de ese sistema judicial [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), C‑487/19, EU:C:2021:798, apartado 130, y de 29 de julio de 2024, Valančius, C‑119/23, EU:C:2024:653, apartado 52 y jurisprudencia citada].

269

Para determinar el incumplimiento de la exigencia del tribunal establecido previamente por la ley y las consecuencias de tal incumplimiento, es preciso realizar una apreciación global de un cierto número de elementos que, conjuntamente considerados, contribuyan a suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la independencia e imparcialidad de los jueces [sentencia de 22 de febrero de 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal establecido por la ley en el Estado miembro emisor), C‑562/21 PPU y C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, apartado 74 y jurisprudencia citada].

270

En el caso de autos, está acreditado que los elementos fácticos y jurídicos descritos en los apartados 50 a 56 y 59 de la presente sentencia llevan a la conclusión de que la elección de H.C., L.M. y M.M., el 2 de diciembre de 2015, en la octava legislatura del Sejm (Dieta), para el cargo de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en sustitución de jueces cuyo mandato de nueve años había expirado el 6 de noviembre de 2015 se realizó en manifiesta violación de una norma fundamental del nombramiento de los jueces de este tribunal, el artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca, conforme al cual un juez debe ser elegido por el Sejm (Dieta) en la legislatura en la que el cargo quede vacante. Además, esa elección se hizo para los cargos de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) que ya estaban legalmente cubiertos por los tres jueces elegidos el 8 de octubre de 2015 en la séptima legislatura del Sejm (Dieta) (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 7 de mayo de 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 268, 275 y 277).

271

En virtud de la norma fundamental relativa al procedimiento de nombramiento de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) a que se ha hecho mención en el anterior apartado, el presidente de la República de Polonia estaba obligado a tomar inmediatamente juramento a los jueces elegidos por el Sejm (Dieta) el 8 de octubre de 2015 y no disponía de competencia alguna para inmiscuirse en la elección de los jueces de dicho tribunal que correspondía al Sejm (Dieta) y para negarse a tomar juramento a esos tres jueces. Así, tal negativa del presidente de la República de Polonia a tomarles juramento y el hecho de que accediera a tomar juramento a los tres jueces elegidos el 2 de diciembre de 2015 también contravenían las normas nacionales fundamentales que rigen el nombramiento de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 7 de mayo de 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 269, 270 y 278).

272

Fueron principalmente estas consideraciones las que llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a declarar que el incumplimiento, por los órganos legislativo y ejecutivo polacos, de las sentencias del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) de 3 y 9 de diciembre de 2015 sobre la validez de la elección de los jueces de este tribunal había quebrantado la finalidad de la exigencia relativa al «tribunal establecido previamente por la ley» de proteger al poder judicial frente a una influencia exterior ilegal y que en la elección de tres jueces el 2 de diciembre de 2015 se había incurrido en graves irregularidades que vulneraban la esencia misma del derecho a un «tribunal establecido por la ley» consagrado en el artículo 6 del CEDH (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 7 de mayo de 2021, Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia, CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 281, 289 y 290, y de 15 de marzo de 2022, Grzęda c. Polonia, CE:ECHR:2022:0315JUD00435721, § 277).

273

Así, siguiendo las apreciaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los elementos fácticos y jurídicos descritos en los apartados 50 a 56 y 59 de la presente sentencia llevan a la conclusión de que el nombramiento de H.C., L.M. y M.M. y el acceso de estos al cargo se produjeron en manifiesta violación de las normas fundamentales relativas al procedimiento de nombramiento de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) que forman parte del establecimiento y del funcionamiento del sistema judicial polaco, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 268 de la presente sentencia.

274

Estos elementos llevan asimismo a concluir que las condiciones en que se produjeron el nombramiento y el acceso de H.C., L.M. y M.M. al cargo se caracterizaron por un incumplimiento de las exigencias derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en la medida en que pusieron en peligro la integridad del resultado al que condujo el proceso de nombramiento contribuyendo a suscitar dudas legítimas en el ánimo de los justiciables en cuanto a la impermeabilidad de esos jueces frente a elementos externos, a su neutralidad ante los intereses en litigio y a su independencia e imparcialidad, dudas que pueden menoscabar la confianza que la Administración de Justicia debe inspirar en los justiciables en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho.

275

Ciertamente, consta que, en la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, que es la fecha de referencia para apreciar la existencia de un incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE, de los tres jueces elegidos el 2 de diciembre de 2015 en la octava legislatura del Sejm (Dieta), solo M.M. seguía ocupando el cargo de juez del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). No obstante, también consta que, en la fecha de referencia, los tres jueces legalmente elegidos el 8 de octubre de 2015 en la séptima legislatura del Sejm (Dieta) no habían prestado juramento ante el presidente de la República de Polonia y, por tanto, no habían podido asumir sus cargos de juez en el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). Por añadidura, las decisiones en las que participaron los tres jueces elegidos el 2 de diciembre de 2015 seguían teniendo existencia en el ordenamiento jurídico polaco en dicha fecha de referencia.

276

Por consiguiente, procede declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, habida cuenta de que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) no cumple las exigencias de tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, como resultado de las irregularidades que se cometieron en los procedimientos de nombramiento de tres de sus jueces en diciembre de 2015.

277	Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede estimar la primera parte de la tercera imputación de la Comisión.

–	Sobre la segunda parte de la tercera imputación

278

No se discute que el presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de este. En efecto, según el reglamento de dicho tribunal, el presidente determina el procedimiento interno relativo a las demandas, cuestiones jurídicas y recurso de amparo constitucional, y designa las salas, los presidentes de sala y los jueces ponentes. Además, dirige los trabajos del tribunal, lo representa y ejerce otras funciones establecidas en la ley.

279

Habida cuenta de que la persona que ocupa el cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) puede ejercer una indudable influencia en la actividad de dicho tribunal, es especialmente importante que ejerza sus funciones con objetividad e imparcialidad y que, a tal efecto, esté protegida de cualquier influencia externa que pueda amenazar su independencia. Para ello, es necesario, en particular, que las normas que rigen el procedimiento de nombramiento para ese cargo se conciban de tal manera que no puedan suscitar dudas legítimas acerca de la utilización de las prerrogativas y funciones del presidente como instrumento de influencia sobre la actividad judicial de ese tribunal o incluso de control político de dicha actividad y, más en general, acerca de la impermeabilidad del referido tribunal frente a elementos externos y de su neutralidad ante los intereses en litigio, como requiere la jurisprudencia citada en los apartados 263 y 264 de la presente sentencia.

280

Además, de conformidad con lo declarado en los apartados 266 a 269 de la presente sentencia, la exigencia relativa al «tribunal […] establecido previamente por la ley» y la de independencia incluyen el proceso de nombramiento del presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) y requieren el respeto de las normas fundamentales relativas al procedimiento que rige su nombramiento.

281

A este respecto, consta que la norma que figura en el artículo 194, apartado 2, de la Constitución polaca, que debe considerarse una norma fundamental del procedimiento de nombramiento en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 268 de la presente sentencia, exige, de conformidad con la jurisprudencia del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) mencionada en el apartado 256 de la presente sentencia, que los candidatos que se presenten al presidente de la República de Polonia para el cargo de presidente de dicho tribunal hayan sido elegidos por la Junta General. Esta norma, tal como la interpreta dicho tribunal, significa que contraviene la Constitución polaca presentar a un candidato que solo haya obtenido un voto o a candidatos propuestos por grupos minoritarios o por algunos jueces solamente.

282

Pues bien, el procedimiento de elección de los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) para su presentación al presidente de la República de Polonia se tramitó de conformidad con una serie de disposiciones transitorias previstas en la Ley de disposiciones introductorias que el legislador polaco aprobó el 13 de diciembre de 2016, esto es, poco antes de expirar, el 19 de diciembre de 2016, el mandato del entonces presidente de dicho tribunal y que modificó de manera fundamental el desarrollo de dicho procedimiento.

283

Así, la Ley de disposiciones introductorias establece, en su artículo 18, que el presidente de la República de Polonia puede encomendar el ejercicio de las funciones de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) a un juez de dicho tribunal y, en su artículo 20, que la tramitación del procedimiento de presentación al presidente de la República de Polonia de los candidatos al cargo de presidente de dicho tribunal corresponde al «juez en funciones de presidente». Pues bien, las normas anteriores que figuran en el artículo 16, apartado 4, de la Ley de 22 de julio de 2016 del Tribunal Constitucional establecían que la sesión de la Junta General dedicada a la elección de los candidatos al cargo de presidente o de vicepresidente debía estar presidida por el juez de más edad que participara en la Junta General.

284

Asimismo, el artículo 21 de la Ley de disposiciones introductorias indica, en su apartado 7, que la Junta General presentará como candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) a los jueces de este tribunal que hayan obtenido al menos cinco votos en la votación y añade, en su apartado 8, que, si solo un juez ha obtenido el número de votos requerido, la Junta General presentará como candidatos al juez que haya obtenido el número mínimo requerido de cinco votos y al juez que haya concitado el mayor apoyo entre los jueces que no hayan alcanzado el número mínimo requerido de cinco votos.

285

En el caso de autos, el 20 de diciembre de 2016 —es decir, el día después de que se jubilara el anterior presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional)—, el presidente de la República de Polonia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de disposiciones introductorias, nombró a J.P. para el cargo, de nueva creación, de «juez en funciones de presidente» de dicho tribunal, pese a que un vicepresidente estaba desempeñando interinamente el cargo de presidente. También ese 20 de diciembre de 2016, J.P., que había dado a los tres jueces elegidos el 2 de diciembre de 2015 en manifiesta violación del artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca autorización para asumir el cargo, convocó para ese mismo día una reunión de la Junta General con el objeto de elegir a los candidatos al cargo de presidente de dicho tribunal que habrían de presentarse al presidente de la República de Polonia, como la autorizaba el artículo 20 de dicha Ley.

286

Uno de los jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) pidió que, en vista de la premura con que se había convocado, la Junta General se aplazara, a fin de que pudieran participar todos los jueces del tribunal. Sin embargo, J.P., que, en virtud del artículo 20 de la Ley de disposiciones introductorias, tenía un mes para tramitar el procedimiento de elección, rehusó acceder a esa petición. Por este hecho, de los catorce jueces del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) que estuvieron presentes en la reunión de la Junta General, solo seis, entre ellos H.C., L.M. y M.M., que habían sido elegidos por el Sejm (Dieta) el 2 de diciembre de 2015, accedieron a participar en la votación. J.P. obtuvo cinco votos y M.M. un voto. A continuación, estos dos jueces fueron presentados al presidente de la República de Polonia como candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). El 21 de diciembre de 2016, J.P., que solo había recibido cinco votos de los catorce jueces presentes en la Junta General, fue nombrada para el cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) por el presidente de la República de Polonia.

287

Es cierto que podría dar la impresión de que la presentación de J.P. y de M.M. al presidente de la República de Polonia como candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) se realizó de conformidad con el artículo 21, apartados 7 y 8, de la Ley de disposiciones introductorias.

288

Sin embargo, ha de señalarse que H.C., L.M. y M.M., que habían sido elegidos el 2 de diciembre de 2015, se contaban entre los seis jueces que participaron, en la Junta General de 20 de diciembre de 2016, en la elección de los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). Pues bien, el hecho de que en la elección de esos tres jueces se violara manifiestamente el artículo 194, apartado 1, de la Constitución polaca y se transgredieran las exigencias derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, entrañaba la irregularidad de su participación en la Junta General y de los votos que emitieron para la selección de los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). Por consiguiente, ha de entenderse que no cabe considerar que J.P. obtuviera conforme a Derecho los cinco votos exigidos por el artículo 21, apartado 8, de la Ley de disposiciones introductorias.

289

Resulta así que la presentación de J.P. y de M.M. al presidente de la República de Polonia como candidatos para el cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) y el nombramiento de J.P. para dicho cargo se realizaron en violación de la norma fundamental relativa al procedimiento de nombramiento de ese presidente que se recoge en el artículo 21, apartado 8, de la Ley de disposiciones introductorias.

290

Además, sobre todo, el nombramiento de J.P. se realizó en manifiesta violación del artículo 194, apartado 2, de la Constitución polaca, disposición esta que efectivamente se opone, conforme a lo declarado en el apartado 281 de la presente sentencia, a la presentación al presidente de la República de Polonia de candidatos propuestos por grupos minoritarios o por algunos jueces solamente.

291

Por ende, las irregularidades mencionadas en los dos apartados anteriores de la presente sentencia pueden suscitar una duda legítima en el ánimo de los justiciables en cuanto a la utilización por J.P. de las prerrogativas y funciones del cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) como instrumento de influencia en la actividad judicial de este tribunal o incluso de control político de esa actividad y, por tanto, en cuanto a la independencia y a la imparcialidad de dicho tribunal.

292

En estas circunstancias, no es necesario examinar si las disposiciones transitorias de la Ley de disposiciones introductorias sobre la base de las cuales se tramitó el procedimiento de elección de los candidatos al cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) y las demás circunstancias mencionadas en los apartados 285 y 286 de la presente sentencia que rodearon dicho procedimiento se ajustan, por su parte, a las exigencias que se han indicado en los apartados 263 y 264 de la presente sentencia.

293

Por último, ha de señalarse que, en la fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, J.P. seguía ocupando el cargo de presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional). Consta además que las decisiones en cuya adopción participó seguían teniendo existencia en el ordenamiento jurídico polaco en dicha fecha.

294

Por consiguiente, procede declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, habida cuenta de que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) no cumple las exigencias del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, como resultado de las irregularidades que se cometieron en el procedimiento para el nombramiento de su presidenta en diciembre de 2016.

295	De lo anterior resulta que la segunda parte de la tercera imputación de la Comisión también está fundada y que, por consiguiente, procede estimar esta imputación en su totalidad.

296	Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede:

–

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz de la interpretación de la Constitución polaca hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en sus sentencias de 14 de julio de 2021 (asunto P 7/20) y de 7 de octubre de 2021 (asunto K 3/21).

–

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de autonomía, primacía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio del carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia, a la luz de la interpretación de la Constitución polaca hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en sus sentencias de 14 de julio de 2021 (asunto P 7/20) y de 7 de octubre de 2021 (asunto K 3/21).

–

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, habida cuenta de que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) no cumple las exigencias del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, como resultado de las irregularidades que se cometieron en los procedimientos para el nombramiento de tres de sus jueces en diciembre de 2015 y de su presidenta en diciembre de 2016.

Costas

297

En virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado la condena en costas de la República de Polonia y que esta ha visto desestimadas sus pretensiones, procede condenar a esta a cargar, además de sus propias costas, las de la Comisión.

298	Conforme al artículo 140, apartado 1, del mismo Reglamento, el Reino de Bélgica y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1) - Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz de la interpretación de la Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Constitución de la República de Polonia) hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia) en sus sentencias de 14 de julio de 2021 (asunto P 7/20) y de 7 de octubre de 2021 (asunto K 3/21).

–

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de autonomía, primacía, efectividad y aplicación uniforme del Derecho de la Unión y del principio del carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia, a la luz de la interpretación de la Constitución de la República de Polonia hecha por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) en sus sentencias de 14 de julio de 2021 (asunto P 7/20) y de 7 de octubre de 2021 (asunto K 3/21).

–

Declarar que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, habida cuenta de que el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional) no cumple la exigencia del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, como resultado de las irregularidades que se cometieron en los procedimientos para el nombramiento de tres de sus jueces en diciembre de 2015 y de su presidenta en diciembre de 2016.

2) La República de Polonia cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

3) El Reino de Bélgica y el Reino de los Países Bajos cargarán con sus propias costas.

Firmas

( * ) Lengua de procedimiento: polaco.