Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 21 de mayo de 2026 (1)
Asunto C‑230/25
Mihail Mihaylov Stefanov
Proceso penal
con intervención de:
Sofiyska apelativna prokuratura
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Apelativen sad — Sofia (Tribunal de Apelación de Sofía, Bulgaria)]
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Valores y objetivos de la Unión — Estado de Derecho — Principios de independencia e inamovilidad de los jueces — Órgano jurisdiccional que resuelve en un asunto penal y que es parte demandada en un asunto civil en el que se reclama una indemnización por daños y perjuicios »
I. Introducción
1. Las presentes conclusiones versan sobre una petición de decisión prejudicial planteada por el Apelativen sad — Sofia (Tribunal de Apelación de Sofía, Bulgaria). Este pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la forma de aplicación del derecho a la asistencia jurídica gratuita consagrado en particular en la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO 2016, L 297, p. 1). Más concretamente, se pregunta sobre las condiciones en las que un Estado miembro puede reclamar el reembolso de los gastos en que haya incurrido en concepto de asistencia jurídica gratuita a la persona que se ha beneficiado de ella y que finalmente ha sido objeto de una condena penal.
2. Como subraya desde hace tiempo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2) el derecho a la asistencia jurídica gratuita es algunas veces indispensable para permitir un acceso efectivo a los tribunales. En la práctica, este derecho descansa sobre dos pilares complementarios: por una parte, la asistencia de un abogado y, por otra, la financiación de dicha asistencia. Si bien la asistencia jurídica gratuita se asemeja, a primera vista, a una mera derivada práctica de la organización del procedimiento judicial, representa en realidad un vector ineludible para la materialización del derecho a la tutela judicial en un sistema jurídico. Al garantizar al justiciable la asistencia de un abogado, se le permite, en efecto, acceder al juez y se preserva así la equidad de los procedimientos. Por lo tanto, la asistencia jurídica gratuita garantiza la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que a su vez condiciona la aplicación del valor fundacional del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE.
3. En el presente asunto, la reflexión sobre la asistencia jurídica gratuita debe llevarse a cabo en el contexto específico de los procesos penales que se desarrollan ante varios órganos jurisdiccionales búlgaros. En particular, se solicita al Tribunal de Justicia que determine si, y en qué medida, es posible reclamar a una persona que ha recibido asistencia jurídica gratuita el reembolso de los correspondientes gastos. Para responder, habrá que interpretar, en particular, la Directiva 2016/1919, que, tras una larga reflexión del legislador al respecto, definió las normas mínimas comunes que los Estados miembros están obligados a respetar en relación con el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el marco de los procesos penales.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
4. Los considerandos 1, 2, 8, 17 y 30 de la Directiva 2016/1919 tienen el siguiente tenor:
«(1) El objetivo de la presente Directiva es garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado según lo dispuesto en la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO 2013, L 294, p. 1)], ofreciendo la asistencia de un letrado, financiada por los Estados miembros, a los sospechosos y acusados en los procesos penales […].
(2) Al establecer normas mínimas comunes sobre el derecho de asistencia jurídica gratuita a los sospechosos, a los acusados […], la presente Directiva tiene como objetivo reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal.
(8) La asistencia jurídica gratuita debe cubrir los costes de la defensa de los sospechosos o acusados […]. Cuando concedan la asistencia jurídica gratuita, las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder exigir que los sospechosos, los acusados o las personas buscadas paguen ellos mismos parte de los costes, en función de sus recursos económicos.
[…]
(17) De conformidad con el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH, los sospechosos y acusados que carecen de medios suficientes para sufragar la asistencia jurídica, tienen derecho a ser asistidos gratuitamente cuando los intereses de la justicia lo exijan. Esta norma mínima permite a los Estados miembros aplicar una evaluación de medios económicos, una evaluación de méritos, o ambas. La aplicación de estas evaluaciones no debe introducir limitaciones o excepciones a los derechos o garantías procesales reconocidos por la Carta y el CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del [Tribunal Europeo de Derechos Humanos].
(30) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros deben poder ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva con el fin de proporcionar un nivel más elevado de protección. […] El nivel de protección proporcionado por los Estados miembros no debe ser nunca inferior al de las normas establecidas en el CEDH, tal como las han interpretado el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»
5. El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone:
«1. La presente Directiva se aplicará a los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48/UE y que:
a) estén privados de libertad;
b) deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión […]
[…]».
6. El artículo 4 de la citada Directiva, titulado «Asistencia jurídica gratuita en los procesos penales», establece:
«1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados que no dispongan de recursos suficientes para sufragar la asistencia de un letrado, tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando el interés de la justicia así lo requiera.
2. Los Estados miembros podrán aplicar una evaluación de medios económicos, de méritos o de ambas cosas, para decidir si se ha de conceder la asistencia jurídica gratuita de conformidad con el apartado 1.
3. Cuando un Estado miembro aplique una evaluación de medios económicos, tomará en consideración todos los factores pertinentes y objetivos, como los ingresos, el patrimonio y la situación familiar del interesado, así como el coste de la asistencia de un letrado y el nivel de vida de dicho Estado miembro, con el fin de determinar si, de conformidad con los criterios aplicables en dicho Estados miembro, los sospechosos o acusados carecen de medios suficientes para sufragar la asistencia de un letrado.
4. Cuando un Estado miembro aplique una evaluación de méritos, tomará en cuenta la gravedad de la infracción penal, la complejidad de la causa y la severidad de la posible sanción, con el fin de determinar si los intereses de la justicia exigen la concesión de la asistencia jurídica gratuita. En cualquier caso, se considerará que la evaluación de méritos es positiva en las siguientes situaciones:
a) cuando se ponga a un sospechoso o acusado a disposición del órgano jurisdiccional competente para decidir sobre su detención en cualquier fase del proceso dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, y
b) durante la detención.
[…]»
7. El artículo 9 de la misma Directiva, titulado «Personas vulnerables», está redactado en los siguientes términos:
«Los Estados miembros garantizarán que en la aplicación de la presente Directiva, se tomen en consideración las necesidades específicas de los sospechosos, los acusados y personas buscadas que sean vulnerables.»
8. A tenor de lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 2016/1919:
«Ninguna disposición de la presente Directiva se interpretará como una limitación o una excepción respecto de los derechos o garantías procesales reconocidos en la Carta, el CEDH u otras disposiciones aplicables de Derecho internacional o de la legislación nacional de cualquier Estado miembro que garanticen un nivel de protección superior.»
B. Derecho búlgaro
9. El artículo 94 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (Código de Enjuiciamiento Criminal; en lo sucesivo, «NPK») dispone lo siguiente:
«(1) En un proceso penal, la participación de un abogado será obligatoria cuando:
[…]
6. […] se prive de libertad al acusado;
[…]
8. el asunto sea juzgado en ausencia del acusado;
9. El acusado que desee recibir la asistencia de un abogado no pueda sufragar los honorarios de este y el interés de la justicia así lo requiera.
[…]
(3) Cuando la participación de un abogado sea obligatoria, la autoridad competente designará a un abogado defensor […]»
10. El artículo 189, apartado 3, del NPK establece:
«Cuando el encausado sea declarado culpable, el órgano jurisdiccional lo condenará en costas, incluidos los honorarios del abogado y los demás gastos del abogado designado de oficio, así como los gastos en que hayan incurrido la acusación particular y la parte civil, si así lo solicitan. Cuando haya varias personas condenadas, el órgano jurisdiccional determinará la parte que debe pagar cada una de ellas.»
11. El artículo 23 de la Zakon za pravnata pomosht (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita) preceptúa:
«(1) El sistema de asistencia jurídica gratuita […] comprende los casos en los que la ley exige que la defensa sea asumida por un abogado, un abogado suplente o un representante.
(2) El sistema de asistencia jurídica gratuita abarca también los casos en los que el encausado, el acusado o la parte en un proceso penal, civil o administrativo no dispone de los recursos necesarios para pagar la asistencia de un abogado, desea contar con uno y el interés de la justicia así lo requiere. En tales casos, la persona no está obligada a reembolsar los gastos de la asistencia jurídica gratuita concedida.»
12. El artículo 25, apartado 1, de dicha Ley establece:
«[…] la decisión de conceder la asistencia jurídica gratuita se adoptará […] a petición de la persona interesada o en virtud de la ley, explicándole por escrito, mediante una declaración conforme al modelo establecido por la Oficina de Asistencia Jurídica Gratuita, que, en caso de sentencia o resolución condenatoria, la persona está obligada a reembolsar los gastos de la asistencia jurídica gratuita, salvo en los casos contemplados en el artículo 23, apartado 2. La denegación de la asistencia jurídica gratuita deberá motivarse y podrá ser objeto de recurso con arreglo a las modalidades adecuadas.»
III. Hechos del litigio, procedimiento principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
13. En primer lugar, en el marco de un primer proceso judicial, el recurrente en el litigio principal, el Sr. Mihail Mihaylov Stefanov, contra el que se había acordado anteriormente prisión provisional el 3 de junio de 2018 y que estaba representado por un abogado designado de oficio que se le había asignado automáticamente, fue condenado por el Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial, Bulgaria) a una pena privativa de libertad de un año y diez meses, con suspensión de la ejecución de la pena por un período de cuatro años, por haber cometido dos delitos tipificados en el Nakazatelen kodeks (Código Penal búlgaro). El recurrente en el litigio principal interpuso recurso de apelación contra esa sentencia ante el Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal de Apelación Penal Especial, Bulgaria), que la anuló por vicio de procedimiento y devolvió el asunto al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) para que resolviera sobre el fondo, mientras que la prisión provisional del recurrente en el litigio principal había concluido el 14 de marzo de 2019.
14. Paralelamente, el recurrente en el litigio principal ejercitó una acción de responsabilidad civil contra el Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) y el Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal de Apelación Penal Especial) ante el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), alegando diversos perjuicios relacionados con su período de privación de libertad.
15. A continuación, en el marco de un segundo proceso judicial, el Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) dictó una nueva condena contra el recurrente en el litigio principal, quien formuló recurso de apelación contra tal sentencia ante el Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal de Apelación Penal Especial). Este último desestimó el recurso de apelación, aunque anuló parcialmente la sentencia del Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial), resolución contra la que el recurrente en el litigio principal interpuso recurso de casación ante el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria). Este último anuló la sentencia de apelación y la sentencia de primera instancia y devolvió el asunto al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial).
16. Por último, en el marco de un tercer proceso judicial, se emitió un nuevo escrito de acusación para ejecutar la sentencia del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) y el asunto se atribuyó al Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial). El recurrente en el litigio principal recusó al juez encargado de este asunto y a todos los jueces del Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial) por motivos similares a los que había invocado en el marco de su recusación anterior, formulada durante el segundo proceso judicial. No obstante, dado que el legislador búlgaro decidió suprimir los tribunales penales especiales, entre ellos el Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Penal Especial), el asunto fue remitido al Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía). Paralelamente, el asunto relativo a la acción de responsabilidad civil que se había ejercitado ante el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) fue remitido al Okrazhen sad — Sofia (Tribunal Provincial de Sofía, Bulgaria). En este contexto, el recurrente en el litigio principal recusó a los jueces del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) alegando falta de imparcialidad. Esta recusación fue desestimada y el recurrente en el litigio principal fue condenado.
17. El recurrente en el litigio principal interpuso recurso de apelación contra esa sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, recusando al tiempo a los jueces penales que lo integran.
18. El primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que la tramitación de los distintos asuntos descritos en los puntos 13 a 17 de las presentes conclusiones plantea diversas cuestiones relacionadas con la apreciación de la imparcialidad de los jueces que integran el conjunto de los órganos jurisdiccionales que han intervenido en dichos asuntos, incluso en su propio seno. A este respecto, por una parte, el órgano jurisdiccional remitente explica que el recurrente en el litigio principal cuestiona esta imparcialidad debido a que dichos órganos jurisdiccionales tienen la condición de parte demandada en la acción de responsabilidad civil que él ejercitó a raíz de su privación de libertad. Por otra parte, en lo que respecta al litigio principal, precisa que solo procederá examinar en él la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el recurrente en el litigio principal contra la resolución por la que el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) lo declaró culpable de los delitos de los que se le acusaba. En cambio, las cuestiones relacionadas con la legalidad de su prisión provisional, así como con la apreciación de la existencia de un daño moral y de su eventual reparación, son competencia del Okrazhen sad — Sofia (Tribunal Provincial de Sofía) en el marco de la acción de responsabilidad civil.
19. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, durante el segundo proceso judicial, el recurrente en el litigio principal fue informado de las fechas de las vistas ante el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) y de que, si no comparecía sin razón válida, el asunto se juzgaría en su ausencia. Este último comunicó que no tenía intención de comparecer a las vistas porque estaba siendo buscado para ser sometido a prisión provisional en el marco de otro asunto penal. El proceso ante dicho órgano jurisdiccional se desarrolló en presencia de un abogado designado de oficio. En la última vista, el recurrente en el litigio principal compareció para solicitar la repetición de todos los interrogatorios de testigos y peritos que ya habían tenido lugar, solicitud que fue denegada por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía), en vista de lo cual el recurrente en el litigio principal abandonó la sala de vistas. El Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) dictó su resolución en presencia del abogado designado de oficio y en ausencia del recurrente en el litigio principal. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la calificación jurídica de tal comportamiento, en particular a la luz del considerando 35 de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO 2016, L 65, p. 1).
20. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente explica que, en el sistema de justicia penal búlgaro, el artículo 94, apartado 1, punto 6, del NPK establece que un acusado que esté privado de libertad debe ser defendido obligatoriamente por un abogado. Paralelamente, el artículo 94, apartado 1, punto 8, del NPK establece que, cuando un asunto se juzga en ausencia del acusado, este también debe ser defendido obligatoriamente por un abogado. Estas dos disposiciones no prevén que la capacidad económica de esa persona para pagar a un abogado deba ser examinada previamente. Por otra parte, del artículo 94, apartado 1, punto 9, del NPK se desprende que, cuando un acusado desee ser representado por un abogado, no disponga de recursos suficientes para pagarlo y el interés de la justicia así lo requiera, ha de designársele un abogado de oficio. Por lo tanto, en este último supuesto, la asistencia jurídica gratuita se concede a iniciativa de dicha persona y tras haberse examinado su falta de capacidad económica para pagar a un abogado. Además, el órgano jurisdiccional remitente explica que, en virtud del artículo 25, apartado 1, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el interesado está obligado, en caso de sentencia condenatoria, a reembolsar la totalidad de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita que se le haya concedido, salvo en el caso contemplado en el artículo 23, apartado 2, de esa misma Ley, a saber, aquel en el que se concedió la asistencia jurídica gratuita porque el encausado, el acusado o la parte en un proceso penal que no disponía de los recursos necesarios había expresado el deseo de ser asistido por un abogado y el interés de la justicia así lo requería.
21. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, durante determinadas fases de los procesos judiciales descritos en los puntos 13 a 17 de las presentes conclusiones, el recurrente en el litigio principal disfrutó de la asistencia jurídica gratuita alternativamente en virtud de los puntos 6 y 8 del apartado 1 del artículo 94 del NPK, que están comprendidos en el ámbito de aplicación de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 2016/1919. Sin embargo, indica que se determinó posteriormente que el recurrente en el litigio principal no disponía de recursos suficientes para designar a un abogado, cosa que, sin embargo, no se había comprobado en el momento en que se benefició de la asistencia jurídica gratuita sobre la base del artículo 94, apartado 1, puntos 6 y 8, del NPK.
22. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, cuando un acusado ha disfrutado de asistencia jurídica gratuita por encontrarse privado de libertad, sin que se haya comprobado previamente su capacidad económica para pagar los honorarios de un abogado, y posteriormente se comprueba que sus recursos eran insuficientes a este respecto, el artículo 25, apartado 1, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debería dejarse sin aplicar en caso de que dicha persona sea condenada. El órgano jurisdiccional remitente precisa, en esencia, que las dudas que alberga a este respecto se derivan, en particular, de que, en el sistema judicial búlgaro, un acusado que disfruta de asistencia jurídica gratuita debido a la insuficiencia de sus recursos no puede, en cambio, estar sujeto a la obligación de reembolso de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita prevista en dicha disposición en caso de sentencia condenatoria. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, en un caso como el que es objeto del litigio principal, el acusado debe asimilarse a un acusado que habría disfrutado de asistencia jurídica gratuita por no disponer de los recursos económicos suficientes para pagar los honorarios de un abogado.
23. Además, el órgano jurisdiccional remitente también plantea la cuestión de la conformidad del artículo 25, apartado 1, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el considerando 8 de la Directiva 2016/1919, en la medida en que este último señala, en esencia, que los Estados miembros deben poder exigir que los acusados paguen ellos mismos parte de los costes relacionados con la asistencia jurídica gratuita en función de sus recursos económicos, mientras que el artículo 25, apartado 1, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no se refiere a la asunción de una parte, sino de la totalidad, de los costes relacionados con la asistencia jurídica gratuita.
24. En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que, a lo largo de los tres procesos descritos en los puntos 13 a 17 de las presentes conclusiones, distintos abogados designados de oficio defendieron sucesivamente al recurrente en el litigio principal en el marco de la asistencia jurídica gratuita. En efecto, el recurrente en el litigio principal expresó su deseo de sustituir a varios de ellos, aun cuando habían cumplido con su deber de contribuir al esclarecimiento de las situaciones de hecho y de Derecho que le eran favorables, al tiempo que trataban de tener en cuenta la línea de defensa que pretendía seguir. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre las medidas que deben adoptarse para garantizar la continuidad de la representación de un sospechoso o de acusado a lo largo de los procesos penales. Más concretamente, se pregunta si, y en qué circunstancias, los Estados miembros están obligados a garantizar el derecho de los sospechosos o acusados a sustituir al abogado que los representa en virtud de la asistencia jurídica gratuita, cuando las circunstancias lo justifiquen.
25. En estas circunstancias, el Apelativen sad — Sofia (Tribunal de Apelación de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia seis cuestiones prejudiciales. No obstante, conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, solo examinaré las cuestiones cuarta y quinta, que se formulan del siguiente modo:
«[…]
4) ¿Deben interpretarse el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), y el artículo 4, apartados 1 y 4, en relación con los considerandos 8 y 17 de la Directiva [2016/1919], en el sentido de que los sospechosos y acusados que han sido detenidos, con independencia de que dispongan de medios suficientes para sufragar la asistencia letrada, deben recibir el mismo trato que los sospechosos y acusados que no disponen de tales medios y a los que se concede asistencia jurídica gratuita porque el interés de la justicia así lo requiere?
5) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿es compatible con el considerando 8 de la [Directiva 2016/1919] una normativa nacional en virtud de la cual, cuando se concede asistencia jurídica gratuita sobre la base de una ley que establece con carácter obligatorio la asistencia letrada, como ocurre cuando el imputado o acusado ha sido detenido, este debe reembolsar los gastos de la asistencia jurídica gratuita concedida, sin que se examine si disponía de medios suficientes para sufragar la asistencia letrada?
[…]»
26. La petición de decisión prejudicial se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de marzo de 2025. Han presentado observaciones escritas el recurrente en el litigio principal, el Gobierno checo y la Comisión Europea en el plazo señalado en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos ellos participaron en la vista que se celebró el 25 de febrero de 2026.
IV. Apreciación
27. Propongo analizar conjuntamente (3) las dos cuestiones que deben examinarse en las presentes conclusiones, aunque la segunda solo se plantee para el supuesto de que se dé respuesta afirmativa a la primera. Mediante estas cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si los artículos 2, apartado 1, letras a) y b), y 4, apartados 1 y 4, de la Directiva 2016/1919, en relación con el considerando 8 de esta, se oponen a una normativa nacional que establece que un acusado que se ha beneficiado de la asistencia jurídica gratuita porque se encontraba detenido puede estar obligado a reembolsar los gastos relacionados con dicha asistencia sin comprobación previa de sus recursos económicos, mientras que un acusado que ha recibido dicha asistencia precisamente debido a la insuficiencia de sus recursos económicos no puede estar sujeto a tal obligación.
A. Observaciones preliminares
28. Con carácter preliminar, es útil recordar el contexto histórico en el que se inscribe el presente asunto. La reflexión relativa a los problemas vinculados a la garantía de los derechos procesales en el marco de los procesos penales en la Unión precedió a la adopción del Tratado de Lisboa. (4) Tal reflexión inspiró un movimiento de profundización continuo de estas garantías cuyo objeto era favorecer, con el tiempo, la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con vistas a permitir la aplicación de los principios instrumentales de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal y de confianza mutua. Estos objetivos se formalizaron, en particular, en la Resolución del Consejo sobre un plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales. (5) Esta última se integró en las orientaciones definidas en el «Programa de Estocolmo» relativo al «espacio de libertad, seguridad y justicia», del que resultaba que «el logro de una zona europea de la justicia debe consolidarse para superar la fragmentación actual». (6)
29. El anhelo descrito en el punto anterior de las presentes conclusiones se materializó progresivamente mediante la adopción de una primera serie de tres directivas. (7) Tres nuevas directivas las completaron posteriormente en 2016. (8) En esencia, estas seis directivas adoptadas sobre la base del artículo 82 TFUE, apartado 2, (9) tienen por objeto, por una parte, erigir un modelo «comunitario» de justicia penal basado en un régimen común de derechos procesales y, por otra parte, preservar una cierta armonía contrapesando los progresos realizados previamente en el ámbito de la cooperación judicial y policial relativa a las medidas encaminadas a facilitar el enjuiciamiento. (10)
30. Es importante aclarar, en este punto, que los límites trazados por las seis directivas que se acaban de mencionar no representan más que un marco de normas mínimas comunes que los Estados miembros están obligados a respetar en materia de garantías procesales. Por otra parte, estas se inspiran en gran medida en derechos consagrados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y en particular en su artículo 6. A este respecto, de las Explicaciones sobre la Carta (11) se desprende que este artículo del CEDH corresponde a los artículos 47, párrafos segundo y tercero, y 48 de la Carta. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debe velar por que la interpretación que da de estas últimas disposiciones garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6 del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (12)
31. En el litigio principal, las preguntas formuladas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren a la cuestión de la asistencia jurídica gratuita. Este derecho está, por su propia naturaleza, estrechamente vinculado al derecho a la asistencia de letrado, definido en el marco de la Directiva 2013/48, del que constituye una condición para su efectividad. (13) No obstante, la asistencia jurídica gratuita constituye específicamente el objeto de la Directiva 2016/1919. Antes incluso de la adopción de esta última, se debatieron ampliamente tanto la necesidad como las dificultades relacionadas con el establecimiento de normas mínimas relativas al derecho a la asistencia jurídica gratuita. Así, por ejemplo, los servicios de la Comisión tuvieron la oportunidad de subrayar en un resumen de la evaluación de impacto realizada durante la elaboración de la propuesta de directiva de 27 de noviembre de 2013 los inconvenientes originados por la diversidad de sistemas nacionales en materia de asistencia jurídica gratuita para proteger eficazmente el derecho a un juicio imparcial. (14) Paralelamente, los retos financieros relacionados con la aplicación de una directiva a este respecto también fueron puestos de relieve por la Comisión en su Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea. (15)
32. De todo lo anterior se colige que el derecho a la asistencia jurídica gratuita constituye uno de los elementos esenciales del sistema de justicia penal que los Estados miembros están obligados a implantar, ya que es el garante de la efectividad del acceso a dicha justicia. Procede responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente teniendo en cuenta estas consideraciones.
B. Alcance del derecho a la asistencia jurídica gratuita
33. Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se plantean a raíz de la situación del recurrente en el litigio principal, que, en el procedimiento principal, se benefició de la asistencia jurídica gratuita por estar detenido y sin que se examinaran previamente sus recursos económicos. Para responder a estas dudas, es necesario examinar las disposiciones de la Directiva 2016/1919 que definen las normas mínimas comunes que los Estados miembros deben respetar al aplicar el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
1. Tenor de la Directiva 2016/1919
34. El artículo 2 de la Directiva 2016/1919 establece que esta Directiva se aplicará, en particular, a los sospechosos o acusados en los procesos penales que tengan derecho a la asistencia de letrado con arreglo a la Directiva 2013/48 cuando estén privados de libertad o deban ser asistidos por un letrado de conformidad con el Derecho nacional. De las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que este es el caso del recurrente en el litigio principal.
35. Por lo que respecta a la concesión de la asistencia jurídica gratuita, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/1919 establece una obligación clara para los Estados miembros de garantizar que los sospechosos y acusados reciban asistencia jurídica gratuita cuando se cumplan dos condiciones acumulativas, a saber, que no dispongan de recursos suficientes para sufragar la asistencia de un letrado y que el interés de la justicia así lo requiera.
36. La forma de aplicación del derecho a la asistencia jurídica gratuita se precisa a continuación en el apartado 2 de dicho artículo, que define el margen de apreciación de que gozan los Estados miembros para aplicarlo. En efecto, pueden supeditar la concesión de la asistencia jurídica gratuita a una evaluación de medios económicos o una evaluación de méritos, o bien a ambas evaluaciones de manera acumulativa. A continuación, los apartados 3 (evaluación de medios económicos) y 4 (evaluación de méritos) precisan cómo debe interpretarse cada uno de estos dos criterios. En esencia, la evaluación de medios económicos es positiva cuando el sospechoso o acusado carece de medios suficientes para sufragar la asistencia de un letrado. En cuanto a la evaluación de méritos, tiene por objeto determinar si la asistencia jurídica gratuita debe concederse para garantizar los intereses de la justicia. En cualquier caso, esta evaluación debe considerarse positiva cuando se haya de decidir sobre la detención o durante la misma.
37. Habida cuenta de lo anterior, ha de observarse que los términos del artículo 4 de la Directiva 2016/1919 no carecen de ambigüedad, en la medida en que de él no se desprende claramente si las dos condiciones acumulativas consagradas, en primer lugar, en el apartado 1 de dicho artículo se distinguen de las dos evaluaciones a que se hace referencia a continuación en los apartados 2, 3 y 4 del citado artículo. No obstante, considero que la Comisión señaló con pertinencia en la vista que los conceptos de «recursos suficientes» y de «interés de la justicia» a que se hace referencia en el apartado 1 se corresponden, en esencia, con las evaluaciones de «medios económicos» y de «méritos» que se mencionan en los apartados 2, 3 y 4 del mismo artículo.
38. Por consiguiente, en mi opinión, del tenor del artículo 4 de la Directiva 2016/1919 se desprende que los Estados miembros están obligados, en particular, a conceder asistencia jurídica gratuita a cualquier sospechoso o acusado cuando, por una parte, no disponga de recursos suficientes para sufragar la asistencia de un letrado y, por otra parte, deba decidirse sobre su detención o durante su detención. No obstante, se precisa que los Estados miembros pueden decidir llevar a cabo solo una de estas evaluaciones, siempre que se respete la norma mínima común (a saber, la concesión de la asistencia si ambas evaluaciones son positivas) que acabo de recordar en la frase anterior. En otras palabras, esto significa concretamente que un Estado miembro puede decidir conceder asistencia jurídica gratuita a toda persona que supere una de las dos evaluaciones pertinentes, sin que se lleve a cabo la otra evaluación, pero no puede denegar la concesión de dicha asistencia a un sospechoso o acusado que supere ambas evaluaciones.
2. Contexto de la Directiva 2016/1919
39. De las consideraciones anteriores se desprende que la Directiva 2016/1919 establece, para los Estados miembros, un sistema obligatorio de concesión de la asistencia jurídica gratuita cuando se cumplen las dos condiciones de «recursos suficientes» y de «interés de la justicia». Este sistema concreta la aplicación de normas mínimas comunes de las que los Estados miembros se han propuesto dotarse para aproximar sus disposiciones legales y reglamentarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 TFUE, apartado 2.
40. El contexto de esta Directiva corrobora esta interpretación.
41. En esencia, el legislador precisa efectivamente en su considerando 17 que, por una parte, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se inscribe en la línea del artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH y, por otra parte, se trata de una norma mínima y la aplicación acumulativa o alternativa de las dos evaluaciones pertinentes no debe introducir limitaciones o excepciones a los derechos o garantías procesales reconocidos por la Carta y el CEDH, según la interpretación del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
42. Por lo demás, el carácter mínimo de las normas establecidas en la Directiva 2016/1919 se recuerda a continuación en los considerandos 30 y 31 y en su artículo 1, mientras que la necesidad de respetar el derecho fundamental a la asistencia jurídica gratuita, tal como se establece en la Carta y en el CEDH, también se subraya en el considerando 30.
43. El conjunto de estas consideraciones permite, en mi opinión, garantizar una cierta coherencia en lo que respecta a la articulación de la Directiva 2016/1919 con la Directiva 2013/48, que es anterior a ella y cuya efectividad pretende garantizar, (16) considerando que el artículo 11 de esta última, titulado «Asistencia jurídica gratuita», prevé que esta debe interpretarse sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa nacional en materia de asistencia jurídica gratuita, que se aplicará de conformidad con la Carta y con el CEDH.
44. A este respecto, también es importante recordar que, como he subrayado en el punto 30 de las presentes conclusiones, el derecho a la asistencia jurídica gratuita forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta, que a su vez corresponde al artículo 6 del CEDH. Así pues, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende, de manera coherente a la luz de las consideraciones anteriores, en particular, que, en el sistema del CEDH, el derecho del acusado a la asistencia gratuita de un abogado de oficio constituye un elemento del concepto de «proceso penal equitativo», que está sujeto a dos condiciones: la falta de «medios para pagar a un defensor» y los «intereses de la justicia». (17)
3. Objetivos de la Directiva 2016/1919
45. De conformidad con lo señalado en su considerando 1, la Directiva 2016/1919 tiene por objeto garantizar la efectividad del derecho a la asistencia de letrado según lo dispuesto en la Directiva 2013/48. De este modo, mediante su acción conjunta, estas dos Directivas contribuyen a la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47, párrafo primero, de la Carta, ya que la concesión de la asistencia jurídica gratuita facilita el derecho a la asistencia de letrado. (18)
46. El considerando 2 de la Directiva 2016/1919 indica el método empleado para lograrlo, a saber, el establecimiento de normas mínimas comunes para reforzar la confianza de los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de cada uno de ellos y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal, lo que también recuerda el considerando 31 de dicha Directiva.
47. La formulación de tales objetivos está en consonancia con las preocupaciones expresadas en el marco de la Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009, cuya «Medida C» indicaba que «el derecho a asistencia jurídica gratuita debe garantizar el ejercicio efectivo de dicho derecho a asesoramiento jurídico».
48. Paralelamente, del artículo 1 de la Directiva 2016/1919 se desprende que esta tiene por objeto establecer una serie de normas mínimas comunes sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en particular para los acusados en los procesos penales. Por lo tanto, dicha Directiva no tiene por objeto llevar a cabo una armonización exhaustiva del proceso penal en la materia, (19) y no pretende establecer todas las condiciones para la concesión de la asistencia jurídica gratuita a un sospechoso o acusado. (20)
C. Posibilidad de reclamar el reembolso de la asistencia jurídica gratuita
49. De todo lo anterior se desprende que el derecho a la asistencia jurídica gratuita está plenamente consolidado en la Unión. No obstante, las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente se refieren a un aspecto específico de su aplicación, el del posible reembolso de los gastos relacionados con dicha asistencia, con posterioridad a su concesión, por la persona que se ha beneficiado de ella.
1. Considerando 8 de la Directiva 2016/1919
50. La Directiva 2016/1919 no contiene ningún artículo relativo al reembolso de los gastos en que haya incurrido un Estado miembro en concepto de asistencia jurídica gratuita. No obstante, esta problemática se aborda en su considerando 8, que indica que, «cuando concedan la asistencia jurídica gratuita, las autoridades competentes de los Estados miembros deben poder exigir que los sospechosos, los acusados o las personas buscadas paguen ellos mismos parte de los costes, en función de sus recursos económicos». A este respecto, cabe formular las siguientes observaciones.
51. Primeramente, es importante recordar que, si bien un considerando de una directiva puede utilizarse para precisar una disposición de dicha directiva y constituye un elemento interpretativo importante que puede arrojar luz sobre la voluntad del autor de dicho acto, (21) no tiene, sin embargo, valor jurídico vinculante y no puede ser invocado aisladamente para fundamentar derechos u obligaciones a falta de disposiciones equivalentes o de apoyo en el cuerpo de la directiva. (22)
52. En estas circunstancias, si bien es cierto que del tenor del considerando 8 de la Directiva 2016/1919 se desprende que, por una parte, los Estados miembros pueden exigir que las personas que se benefician de la asistencia jurídica gratuita paguen parte de los costes y, por otra parte, esta facultad debe tener en cuenta los recursos económicos de dichas personas, estas consideraciones no pueden, por sí mismas, fundamentar ninguna obligación directa para los Estados miembros.
53. A continuación, es preciso señalar que la inexistencia de una disposición que regule explícitamente al reembolso de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita en el cuerpo de la Directiva 2016/1919 es el resultado de una decisión asumida por el legislador. En efecto, de la propuesta de Directiva de la Comisión se desprende que esta incluía inicialmente un artículo 4, apartado 5, que estaba dedicado precisamente a la problemática del posible reembolso de la asistencia jurídica gratuita, (23) que fue objeto de debate y de propuestas de modificación durante el procedimiento legislativo antes de suprimirse en la versión final de dicha Directiva. En estas circunstancias, la inexistencia de tal disposición es necesariamente el resultado de la concreción de una solución de compromiso alcanzada durante la elaboración de la Directiva 2016/1919 y no de una negligencia. Por lo tanto, de ello debe deducirse necesariamente que el legislador no quiso que la cuestión de los eventuales regímenes de reembolso de la asistencia jurídica gratuita fuera objeto de armonización en los Estados miembros.
54. Por último, de lo anterior se infiere que, en el contexto de armonización mínima descrito en el punto 48 de las presentes conclusiones y a falta de una disposición que regule la cuestión del reembolso de la asistencia jurídica gratuita, los Estados miembros son libres de decidir si desean establecer o no un sistema de reembolso de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita por parte de su beneficiario.
55. No obstante, como he indicado en los puntos 21, 41 y 44 de las presentes conclusiones, el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos penales que se contempla en la Directiva 2016/1919 constituye una prolongación del artículo 47, párrafo tercero, de la Carta, que a su vez corresponde al artículo 6 del CEDH. (24) Por lo demás, el legislador de la Unión expresó claramente, en los considerandos 17 y 30 de dicha Directiva, su voluntad de interpretar esta última y los derechos que establece de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a estas dos disposiciones. En estas circunstancias, es imperativo velar por que la interpretación de la Directiva 2016/1019 y del artículo 47, párrafo tercero, de la Carta garantice un nivel de protección que respete el garantizado por el artículo 6 del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (25) Por lo tanto, la facultad de que disponen los Estados miembros de establecer o no un sistema de reembolso de la asistencia jurídica gratuita debe ejercerse respetando los derechos que se prevén expresamente en la Directiva 2016/1919.
2. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
56. Si bien nunca se ha sometido al Tribunal de Justicia un asunto en el que se plantee la cuestión de la compatibilidad con la Directiva 2016/1919 o con la Carta de una práctica consistente en exigir al beneficiario de la asistencia jurídica gratuita su reembolso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha conocido, en cambio, en varias ocasiones de problemáticas similares.
57. En la resolución de 6 de mayo de 1982, X. c. República Federal de Alemania, (26) la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos consideró, en esencia, que no es incompatible con el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH exigir a una persona condenada que reembolse los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita de la que se ha beneficiado, siempre que disponga de medios para ello.
58. En la sentencia de 25 de septiembre de 1992, Croissant c. Alemania, (27) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recordó que el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH no consagra un derecho absoluto, en la medida en que la asistencia gratuita de un abogado de oficio solo se exige cuando el acusado no dispone de medios para pagarlo. En este contexto, consideró, por una parte, que un sistema nacional de concesión de la asistencia jurídica gratuita no se conciliaría con dicha disposición si el carácter equitativo del procedimiento se viera perjudicado. Por otra parte, precisó que no le correspondía dilucidar la cuestión de si el Estado en cuestión habría podido reclamar el reembolso de los gastos controvertidos si el demandante hubiera demostrado, durante el procedimiento, que sus medios económicos no le permitían sufragarlos. No obstante, indicó que, en el caso de autos, las cantidades solicitadas no eran excesivas y que, en la práctica, solían ser, al menos, objeto de quita, o incluso de renuncia en la fase de ejecución de la sentencia. En tal situación, no era irrazonable exigir al interesado que aportara la prueba de la insuficiencia de sus medios económicos para proceder al reembolso exigido.
59. En la sentencia de 26 de febrero de 2002, Morris c. Reino Unido, (28) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que no existe infracción del artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH cuando una persona debe pagar parte de los gastos de la asistencia jurídica y tiene los medios para hacerlo. En este contexto, precisó asimismo que la cantidad solicitada no parecía arbitraria o irrazonable teniendo en cuenta los medios del demandante. De ello parece poder deducirse implícitamente que no habría sido así si la persona en cuestión no hubiera tenido los medios para pagar parte de dichos gastos. En esencia, similares conclusiones pueden extraerse del examen de la sentencia de 17 de febrero de 2011, Ognyan Asenov c. Bulgaria. (29)
60. A la luz de las consideraciones anteriores, procede señalar que la facultad de que gozan los Estados parte en el CEDH para reclamar el reembolso de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita está claramente delimitada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Primeramente, el ejercicio de esta facultad no debe poner en peligro el carácter equitativo del procedimiento judicial. A continuación, si bien requerir tal reembolso no es, en sí mismo, incompatible con dicha disposición, tal actuación debe, no obstante, apreciarse concretamente a la luz del importe reclamado y de los recursos económicos del interesado. Por último, en este supuesto, es legítimo que la carga de la prueba en cuanto a la imposibilidad material de proceder a dicho reembolso recaiga en la persona que la invoca.
D. Aplicación al presente asunto
61. Las inquietudes del órgano jurisdiccional remitente se inscriben en el contexto fáctico y jurídico específico del sistema de justicia penal búlgaro. Dicho órgano jurisdiccional explica que la asistencia jurídica gratuita puede concederse en este sistema con arreglo a regímenes diferentes. Por una parte, puede concederse de oficio y sin comprobación previa de los recursos económicos de la persona beneficiaria por plantearse una cuestión relacionada con la detención, siendo entonces la representación letrada obligatoria. Por otra parte, puede concederse cuando una persona supere dos evaluaciones que corresponden, en esencia, a las de medios económicos y de méritos previstas en el artículo 4 de la Directiva 2016/1919. Ello exige, en particular, un examen previo de los recursos de esa persona.
62. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que un acusado o sospechoso que recibe asistencia jurídica gratuita debido a la insuficiencia de sus recursos no puede estar sujeto a una obligación de reembolso a posteriori. En cambio, una persona que se encuentre en la situación del recurrente en el litigio principal, a saber, la de recibir asistencia jurídica gratuita, en particular, sobre la base del artículo 94, apartado 1, puntos 6 u 8, del NPK, de donde se deriva una obligación de representación sin examen previo de los recursos económicos, está obligada a reembolsar la totalidad de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita que se le haya concedido en virtud del artículo 25, apartado 1, de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en relación con su artículo 23, apartado 1.
63. En primer lugar, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, tal como se resumen en los puntos 61 y 62 de las presentes conclusiones, se desprende con total claridad que, en el sistema de justicia penal búlgaro, un acusado o sospechoso puede beneficiarse de la concesión de asistencia jurídica gratuita debido a que, en esencia, el interés de la justicia lo requiere porque esa persona se encuentra detenida o el asunto se juzga en su ausencia y la participación de un abogado es obligatoria.
64. Por lo tanto, en tal caso, la República de Bulgaria parece haber optado por una de las opciones previstas en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2016/1919: aplicar únicamente la evaluación de méritos para determinar si debe concederse la asistencia jurídica gratuita. Como he señalado en el punto 38 de las presentes conclusiones, tal elección es perfectamente conforme con esta disposición siempre que la asistencia jurídica gratuita se conceda también a los sospechosos y acusados que se encuentren en una situación en la que las dos evaluaciones previstas en dicha disposición sean positivas. Por lo demás, este parece ser el caso, según las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente.
65. En cualquier caso, de las consideraciones anteriores se desprende que, siendo así que un Estado miembro puede optar por aplicar bien una evaluación de medios económicos, bien una evaluación de méritos, bien ambas, para determinar si se concede la asistencia jurídica gratuita, estas evaluaciones son necesariamente distintas y no pueden confundirse. Cuando un Estado miembro decide aplicar solamente una de estas dos evaluaciones, la asistencia jurídica gratuita puede por tanto concederse a un individuo sin comprobar si supera la otra, lo que no significa, sin embargo, que ese individuo no habría superado ambas evaluaciones de haber optado ese Estado miembro por aplicarlas conjuntamente.
66. En segundo lugar, si bien las dos categorías de beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita que acabo de mencionar no se confunden, procede determinar si la diferencia que las caracteriza, en lo que respecta a la posible imposición de una obligación de reembolso de la asistencia jurídica gratuita, es conforme con el Derecho de la Unión.
67. A este respecto, ha de recordarse que el principio de igualdad ante la ley está garantizado por el artículo 20 de la Carta y que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que ese trato esté objetivamente justificado. El respeto de esta última disposición es obligatorio para los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta. El requisito relativo al carácter comparable de las situaciones, para determinar si existe una violación del principio de igualdad de trato, debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción de que se trate, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a estos efectos, los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca ese acto. (30)
68. En el presente asunto, la normativa nacional controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/1919, como indica, por lo demás, el órgano jurisdiccional remitente. Por consiguiente, procede apreciar si, habida cuenta del objeto y de la finalidad del reembolso de la asistencia jurídica gratuita, la situación de una persona que se beneficia de ella debido a que se encuentra detenida y a que la representación por un abogado es obligatoria, sin que se comprueben sus recursos económicos, es comparable a la de una persona que se beneficia de ella por haberla solicitado, no dispone de medios para pagar a un abogado y así lo justifica el interés de la justicia.
69. A este respecto, debo señalar que, en ambos supuestos, la asistencia jurídica gratuita que se ha concedido tiene por objeto permitir la representación de las personas afectadas por un abogado remunerado por los Estados miembros, con el fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. La única distinción entre estas dos situaciones estriba en que se examinan los recursos económicos de una de estas categorías, mientras que los de la otra categoría no se examinan. En el sistema de justicia penal búlgaro, la exigencia de reembolso de dicha asistencia es, según el órgano jurisdiccional remitente, una mera consecuencia de la condena penal impuesta al término de dicho proceso. En este contexto, considero que ambas situaciones son, por lo tanto, comparables, puesto que se distinguen únicamente por un procedimiento totalmente previsto por la normativa nacional controvertida, y no por la situación fáctica de las personas afectadas.
70. En estas circunstancias y sin perjuicio de las comprobaciones que debe efectuar el órgano jurisdiccional remitente, por lo que respecta al reembolso de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita, no veo cómo podría justificarse la aplicación de un trato diferente entre las personas a las que se concedió dicha asistencia porque no disponían de recursos suficientes para pagar a un abogado y aquellas que se beneficiaron de esa asistencia porque se encontraban detenidas pero tampoco disponían de tales recursos.
71. En tercer lugar, entiendo que deben tenerse en cuenta las consideraciones expuestas en los puntos 34 y 55 de las presentes conclusiones, cuyas principales conclusiones pueden resumirse del siguiente modo:
– los Estados miembros están obligados a cumplir una norma mínima común consistente en la concesión de asistencia jurídica gratuita a cualquier sospechoso o acusado que cumpla las dos condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2016/1919, a saber, la falta de recursos suficientes para estar representado por un letrado y el hecho de que el interés de la justicia así lo requiera;
– este derecho a la asistencia jurídica gratuita forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta, el cual se inspira directamente en el derecho a un proceso equitativo previsto en el artículo 6 del CEDH. En general, el nivel de protección proporcionado por los Estados miembros no debe ser inferior al de las normas establecidas en la Carta o en el CEDH, tal como las interpretan el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
– la Directiva 2016/1919 no establece ni obligación ni prohibición en cuanto al reembolso de los gastos relacionados con la asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, los Estados miembros son libres de aplicar tal mecanismo de reembolso, siempre que no vulnere los derechos establecidos en la Directiva 2016/1919 ni infrinja los artículos 47 de la Carta y 6 del CEDH, tal como los interpretan respectivamente el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
72. Pues bien, en primer término, por lo que respecta a la compatibilidad entre un mecanismo de reembolso de la asistencia jurídica gratuita como el controvertido en el litigio principal y el artículo 47 de la Carta, observo, a propósito de este artículo, que hace referencia expresa «a quienes no dispongan de recursos suficientes». Además, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la inclusión de la disposición relativa a la concesión de asistencia jurídica gratuita en el artículo de la Carta relativo al derecho a la tutela judicial efectiva indica que la necesidad de conceder esta asistencia debe apreciarse tomando como punto de partida el derecho de la propia persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados, y no el interés general de la sociedad, aunque este pueda constituir uno de los criterios de apreciación de la necesidad de asistencia. (31)
73. De lo anterior se desprende que, por una parte, la cuestión de los recursos económicos de la persona afectada es, evidentemente, central en materia de asistencia jurídica gratuita y, por otra parte, la situación concreta de esa persona es fundamental para la aplicación de este derecho. De ello puede deducirse que reclamar a una persona cuya situación económica no le permite recurrir a la asistencia de un abogado para representarla que reembolse los gastos vinculados a dicha asistencia, cuando su situación económica no ha mejorado, es contrario a la esencia misma del artículo 47 de la Carta.
74. En segundo término, en lo tocante el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH, y como se ha indicado en los puntos 57 a 59 de las presentes conclusiones, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ofrece indicaciones claras al respecto. Además, coincide con el análisis del punto anterior de las presentes conclusiones relativo al artículo 47 de la Carta. En efecto, por una parte, un mecanismo que tiene por objeto el reembolso de la asistencia jurídica gratuita concedida a una persona condenada no puede menoscabar el carácter equitativo del procedimiento judicial ni el acceso al juez de esa persona. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece un vínculo claro entre la cuestión del reembolso de la asistencia y la de la propia efectividad del derecho a dicha asistencia. Por otra parte, su compatibilidad con el artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH debe apreciarse, en particular, a la luz del carácter razonable del importe reclamado y de los recursos económicos de dicha persona en el momento en que se le reclama su abono, lo que implica también un examen concreto de su situación económica.
75. En el presente asunto, no me parece que pueda ignorarse el riesgo de que un mecanismo de reembolso como el controvertido en el litigio principal influya negativamente en la decisión de un sospechoso o acusado de ejercer su derecho de recurso, por temor a tener que reembolsar gastos adicionales sin disponer de los medios económicos para ello.
76. Por otra parte, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que, por lo que respecta al mecanismo de reembolso controvertido en el litigio principal, los recursos económicos de los sospechosos o acusados nunca se examinan antes de que se les reclame el reembolso de la asistencia jurídica gratuita en caso de sentencia condenatoria. Pues bien, como he señalado en los puntos 60 y 74 de las presentes conclusiones, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende inequívocamente que las autoridades están obligadas a apreciar tanto el carácter razonable de la cantidad requerida como la capacidad de la persona afectada para pagarla antes de reclamar dicho reembolso.
77. Ello también me parece coherente, por lo demás, con los objetivos perseguidos por la Directiva 2016/1919. Esta no solo tiene por objeto que la persona afectada se beneficie de la asistencia de un abogado, sino también que los Estados miembros financien los costes derivados de dicha asistencia. En estas circunstancias, si bien no parece irrazonable exigir a una persona cuyos recursos económicos se lo permitan que participe en dicha financiación, los Estados miembros deben aplicar esta facultad de manera proporcionada y dentro de los límites que acabo de describir en los puntos 71 a 74 de las presentes conclusiones.
78. Por otra parte, en lo que atañe a la alegación formulada por la Comisión en la vista según la cual una persona que no dispone de medios para financiar la asistencia de un abogado puede asimilarse a una persona vulnerable, en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2016/1919, no me parece pertinente. En efecto, no hay nada en el tenor de dicha Directiva que apunte en este sentido y de la jurisprudencia se desprende claramente, por otra parte, que no existe presunción de vulnerabilidad de los acusados y que la capacidad de una persona para pagar a un abogado y su vulnerabilidad son cuestiones distintas. (32)
V. Conclusión
79. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta planteadas por el Apelativen sad — Sofia (Tribunal de Apelación de Sofía, Bulgaria) del siguiente modo:
«Los artículos 2, apartado 1, letras a) y b), y 4, apartados 1 y 4, de la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención, en relación con el considerando 8 de esta Directiva,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una normativa nacional que establece que un acusado que se ha beneficiado de la asistencia jurídica gratuita porque se encontraba detenido puede estar obligado a reembolsar los gastos relacionados con dicha asistencia sin comprobación previa de sus recursos económicos. Además, esta práctica puede ser discriminatoria en caso de que un acusado que se ha beneficiado de dicha asistencia, precisamente debido a la insuficiencia de sus recursos, no pueda estar sujeto a tal obligación.»
1 Lengua original: francés.
2 Sentencia del TEDH de 9 de octubre de 1979, Airey c. Irlanda, (CE:ECHR:1979:1009JUD00062897), apartado 26.
3 Véanse las sentencias de 17 de julio de 1997, Krüger (C‑334/95, EU:C:1997:378), apartados 22 y 23; de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères (C‑88/99, EU:C:2000:652), apartado 18, y de 3 de junio de 2025, Kinsa (C‑460/23, EU:C:2025:392), apartado 34 y jurisprudencia citada.
4 Véanse, en particular, el Libro Verde de la Comisión sobre las garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea [COM(2003) 75 final], de 19 de febrero de 2003, y la Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a determinados derechos procesales en los procesos penales celebrados en la Unión Europea [COM(2004) 328 final], de 28 de abril de 2004.
5 Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009 (DO 2009, C 295, p. 1).
6 Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (DO 2010, C 115, p. 1).
7 Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO 2010, L 280, p. 1); Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1), y Directiva 2013/48.
8 Directiva 2016/343; Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO 2016, L 132, p. 1), y Directiva 2016/1919.
9 Véase una explicación más detallada EN las conclusiones de la Abogada General Ćapeta presentadas en el asunto M. S. y otros (Garantías procesales de los menores) (C‑603/22, EU:C:2024:157), puntos 26 a 31.
10 Véase al respecto el considerando 10 de la Resolución del Consejo de 30 de noviembre de 2009.
11 DO 2007, C 303, p. 17.
12 Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2022, HN (Proceso de un acusado expulsado del territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679), apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada. Ha de recordarse, además, que de reiterada jurisprudencia se desprende que, de conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, los derechos que esta contiene poseen el mismo sentido y alcance que los derechos correspondientes garantizados por el CEDH, sin que ello impida que el Derecho de la Unión otorgue una protección más amplia. En la interpretación de los derechos garantizados por los artículos 47, párrafo segundo, y 48, apartado 2, de la Carta, el Tribunal de Justicia debe, por ejemplo, tener en cuenta los correspondientes derechos garantizados en el artículo 6 del CEDH, tal como los interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como nivel mínimo de protección. Véase la sentencia de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal) (C‑660/21, EU:C:2023:498), apartado 41.
13 Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322), apartados 58 y 59 y jurisprudencia citada.
14 Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión de 27 de noviembre de 2011, Resumen de la evaluación de impacto que acompaña a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea [SWD(2013) 477 final].
15 COM(2013) 824 final.
16 Véase el considerando 1 de la Directiva 2016/1919.
17 Sentencia del TEDH de 25 de septiembre de 1992, Pham Hoang c. Francia (CE:ECHR:1992:0925JUD 001319187), § 39.
18 Sentencia de 8 de mayo de 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322), apartado 97 y jurisprudencia citada.
19 Véase, por analogía, la sentencia de 15 de septiembre de 2022, HN (Proceso de un acusado expulsado del territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679), apartado 41 y jurisprudencia citada.
20 Véase, por analogía, el auto de 12 de febrero de 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110), apartado 59 y jurisprudencia citada.
21 Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Puppinck y otros/Comisión (C‑418/18 P, EU:C:2019:1113), apartado 75 y jurisprudencia citada.
22 Véase la sentencia de 21 de marzo de 2024, LEA (C‑10/22, EU:C:2024:254), apartado 51 y jurisprudencia citada.
23 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea, COM(2013) 0824 final, de 27 de noviembre de 2013.
24 Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2022, HN (Proceso de un acusado expulsado del territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679), apartado 54 y jurisprudencia citada.
25 Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2022, HN (Proceso de un acusado expulsado del territorio) (C‑420/20, EU:C:2022:679), apartado 55 y jurisprudencia citada.
26 Resolución del TEDH de 6 de mayo de 1982 (CE:ECHR:1982:0506DEC000936581).
27 Sentencia del TEDH de 25 de septiembre de 1992 (CE:ECHR:1992:0925JUD001361188).
28 Sentencia del TEDH de 26 de febrero de 2002 (CE:ECHR:2002:0226JUD003878497).
29 Sentencia del TEDH de 17 de febrero de 2011 (CE:ECHR:2011:0217JUD003815704). También se sigue un razonamiento relativamente similar en la sentencia del TEDH de 21 de junio de 2011, Orlov c. Rusia (CE:ECHR:2011:0621JUD002965204).
30 Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, EU:C:2023:444), apartados 40 a 43 y jurisprudencia citada.
31 Sentencia de 22 de diciembre de 2010, DEB (C‑279/09, EU:C:2010:811), apartado 42.
32 Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Barało (C‑530/23, EU:C:2025:322), apartados 61 a 71 y jurisprudencia citada.