Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. RIMVYDAS NORKUS

presentadas el 4 de junio de 2026 (1)

Asunto C‑41/25

HX, actuando en condición de administrador concursal de Orsay GmbH

contra

Skarb Państwa, Naczelnik II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania)]

« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) 2015/848 — Procedimientos de insolvencia — Artículo 6, apartado 1 — Competencia internacional de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia — Acción rescisoria — Acción ejercitada contra la autoridad tributaria de otro Estado miembro — Principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados »






Índice


I. Introducción

II. Marco jurídico

A. Derecho internacional

B. Derecho de la Unión

C. Derecho alemán

III. Hechos del litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

IV. Análisis

A. Sobre el ámbito de aplicación material del Reglamento 2015/848

1. Sobre la relación entre el Reglamento 2015/848 y el Reglamento n.º 1215/2012

2. Sobre la aplicación del Reglamento 2015/848 a una acción rescisoria relativa a los pagos efectuados a una autoridad tributaria en virtud de una ley fiscal

3. Conclusión provisional

B. Sobre la incidencia del principio de inmunidad de jurisdicción invocado frente a una acción rescisoria en el ejercicio de la competencia jurisdiccional del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia

1. Observaciones preliminares

a) Sobre las relaciones entre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional

b) Sobre la calificación del acto, fundamento de los pagos objeto de la acción rescisoria, como acto de poder público

2. Sobre la existencia de formas de modulación de la inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión

3. Sobre la aplicación de las formas de modulación de la inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión

a) Sobre las razones basadas en el Reglamento 2015/848

b) Sobre las razones basadas en el Derecho primario de la Unión

4. Consideraciones finales

5. Respuesta propuesta

V. Conclusión



I.      Introducción

1.        Par in parem non habet imperium, o «un igual no tiene autoridad sobre otro igual», es la expresión de un principio del Derecho internacional consuetudinario sobre la inmunidad de jurisdicción. ¿Puede invocarse este principio para oponerse a la aplicación del Derecho de la Unión? En particular, ¿es oponible este principio a la aplicación del Derecho derivado de la Unión, tal y como resulta del Reglamento (UE) 2015/848, (2) que regula la competencia internacional en el marco de los procedimientos de insolvencia, incluidas las acciones ejercitadas contra las autoridades públicas de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia? Así puede resumirse el fondo del presente asunto sometido al Tribunal de Justicia.

2.        En el caso de autos, se solicita al Tribunal de Justicia que aclare la relación entre un principio de Derecho internacional consuetudinario relativo a la inmunidad de jurisdicción y un instrumento de Derecho internacional privado de la Unión aplicable en los procedimientos de insolvencia transfronterizos, así como, con carácter general, que examine el alcance de las competencias transferidas por los Estados miembros a la Unión, en particular en el ámbito de su política relativa a la realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

II.    Marco jurídico

A.      Derecho internacional

3.        En la petición de decisión prejudicial se hace referencia a la Convención Europea sobre Inmunidad del Estado. (3) Algunas partes interesadas se remiten asimismo a la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes, (4) del que, a efectos del presente análisis, resultan pertinentes los artículos 5 a 8. (5)

B.      Derecho de la Unión

4.        A efectos del presente análisis, son pertinentes las siguientes disposiciones del Reglamento 2015/848: los considerandos 2 a 5, 8, 35, 63 y 66, el artículo 2, punto 12, el artículo 3, apartados 1 y 2, el artículo 6, apartados 1 y 2, el artículo 7, apartados 1 y 2, letra m), el artículo 16, el artículo 53, el artículo 54, apartado 1, y el artículo 55, apartado 1.

C.      Derecho alemán

5.        El artículo 129 de la Insolvenzordnung (Ley Concursal), titulado «Principio», dispone:

«1.      El Insolvenzverwalter (administrador concursal) podrá impugnar, con arreglo a las condiciones previstas en los artículos 130 a 146, los actos jurídicos que se hayan realizado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia y que perjudiquen a los acreedores.

2.      La omisión se asimilará a un acto jurídico.»

6.        El artículo 130 de la Ley Concursal, titulado «Cobertura conforme», dispone lo siguiente:

«1.      Es susceptible de recurso todo acto jurídico que haya concedido a un acreedor concursal, o le haya permitido obtener, una garantía o un pago:

1)      siempre que dicho acto se haya realizado en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia y que, en la fecha en que se realizó, el deudor fuera insolvente y el acreedor tuviera conocimiento de la insolvencia, o

2)      siempre que dicho acto se haya realizado después de la solicitud de apertura y que, en la fecha en que se realizó, el acreedor tuviera conocimiento de la insolvencia o de la solicitud de apertura.

[…].

2.      El conocimiento de la insolvencia o de la solicitud de apertura equivale al conocimiento de circunstancias que permiten necesariamente concluir la existencia de la insolvencia o de la solicitud de apertura.

3.      Se presume que una persona que se encontraba en relación cercana con el deudor en el momento del acto (artículo 138) tenía conocimiento de la insolvencia o de la solicitud de apertura.»

III. Hechos del litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

7.        Orsay GmbH, una sociedad con domicilio social en Alemania, solicitó ante el Amtsgericht Offenburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Offenburg, Alemania), el 25 de noviembre de 2021, la apertura de un procedimiento de insolvencia. Mediante escrito de 29 de noviembre de 2021, Orsay informó a la Hacienda Pública polaca de dicha solicitud.

8.        Los días 17 y 24 de diciembre de 2021, Orsay abonó a la Hacienda Pública polaca cantidades que ascendían, respectivamente, a 2 773 179 PLN (aproximadamente 590 000 euros) y a 3 557 487 PLN (aproximadamente 768 000 euros). Dichas cantidades se adeudaban en concepto de impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2021 en relación con los bienes importados en Polonia procedentes de terceros países.

9.        El 26 de enero de 2022, el Amtsgericht Offenburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Offenburg) abrió el procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de Orsay. El 1 de noviembre de 2022, dicho órgano jurisdiccional encomendó la administración de Orsay a HX en calidad de administrador concursal.

10.      Ante el tribunal de primera instancia alemán, HX interpuso un recurso contra la Hacienda Pública polaca con el fin de obtener el reembolso parcial de las cantidades pagadas en concepto de IVA tras la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia. HX sostiene que dichos pagos redujeron la masa activa en detrimento de los demás acreedores de Orsay. Por lo tanto, considera que las cantidades abonadas deben ser reembolsadas y reintegradas a dicha masa.

11.      Sin embargo, los tribunales de primera instancia y de apelación declararon, a la luz de la excepción de inmunidad de jurisdicción opuesta por la Hacienda Pública polaca ante aquellos, que procedía declarar la inadmisibilidad del recurso en cuanto que los tribunales alemanes no eran competentes para resolverlo debido a la inmunidad de jurisdicción de que gozaba la Hacienda Pública polaca. HX interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente.

12.      Este órgano jurisdiccional se pregunta sobre el ejercicio de su competencia jurisdiccional para conocer de una acción rescisoria ejercitada contra una autoridad tributaria polaca. Concretamente, recuerda el principio de Derecho internacional consuetudinario según el cual un Estado no está sujeto a la competencia de un tribunal de otro Estado, en particular cuando se trata de actos iure imperii que quedan comprendidos en el ámbito de la soberanía de otro Estado. El órgano jurisdiccional remitente recuerda además que, de conformidad con su jurisprudencia, la renuncia a la inmunidad del Estado puede tener lugar mediante un tratado internacional, un contrato de Derecho privado o una declaración explícita realizada ante el propio tribunal en el marco de un procedimiento judicial específico. Ahora bien, en su opinión, el Reglamento 2015/848 no goza de primacía frente a estas normas generales de Derecho internacional. Por lo tanto, se pregunta si el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848 prevé una renuncia implícita de los Estados miembros a su inmunidad de jurisdicción en el marco de los procedimientos de insolvencia y de los procedimientos que guarden una estrecha vinculación con aquellos, como las acciones rescisorias.

13.      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, del [Reglamento 2015/848] en el sentido de que, habida cuenta del reconocimiento de los procedimientos de insolvencia extranjeros, contiene una renuncia implícita de los Estados miembros […] al principio de inmunidad del Estado frente a las demandas en las que el administrador concursal, con arreglo a la legislación concursal aplicable, alega que pueden ser anulados frente a un Estado miembro los actos realizados en perjuicio del conjunto de los acreedores?»

14.      La resolución de remisión se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de enero de 2025. Los Gobiernos austriaco, italiano y polaco, así como la Comisión Europea, presentaron observaciones escritas. Durante la vista celebrada el 9 de febrero de 2026, se formularon observaciones orales en nombre de dichas partes interesadas, de la Comisión y de los Gobiernos español y francés.

IV.    Análisis

15.      Mediante la única cuestión planteada al Tribunal de Justicia en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848 debe interpretarse en el sentido de que contiene una renuncia implícita de los Estados miembros al principio de inmunidad de jurisdicción respecto a acciones como la acción rescisoria.

16.      En sus observaciones escritas y orales, las partes interesadas y la Comisión discrepan en cuanto a la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial.

17.      Antes de iniciar el análisis de la cuestión planteada en el presente asunto, ha de recordarse que su particularidad radica en las circunstancias relativas, por una parte, al fundamento del crédito que el deudor ha liquidado tras la presentación de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia, a saber, el crédito tributario, y, por otra parte, a la condición del acreedor, que se ha convertido en el demandado en el asunto principal, a saber, una autoridad tributaria de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia. (6)

18.      Para proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, aclararé, en primer lugar, todas las incertidumbres que rodean a la aplicación del Reglamento 2015/848 a la acción rescisoria ejercitada contra una autoridad tributaria de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia. En particular, demostraré que el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento se aplica efectivamente a dicha acción. En segundo lugar, examinaré la incidencia del principio de inmunidad de jurisdicción invocado frente a una acción rescisoria en el ejercicio de la competencia jurisdiccional del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia. En particular, recordaré la relación que mantiene el Derecho de la Unión con el Derecho internacional y confirmaré que la acción rescisoria de que se trata en el asunto principal versa sobre los pagos efectuados en virtud de un acto de poder público. Así pues, expondré no solo las razones que me llevan a considerar que el principio de inmunidad de jurisdicción puede modularse en el ordenamiento jurídico de la Unión, sino también aquellas que me llevan a concluir que existe tal modulación en el marco del Reglamento 2015/848.

A.      Sobre el ámbito de aplicación material del Reglamento 2015/848

19.      El Gobierno italiano alega, en esencia, tal y como confirmó en la vista, que una situación como la examinada en el litigio principal no queda comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento 2015/848, ya que esto sería contrario a los límites previstos en el Reglamento (UE) n.º 1215/2012, (7) que son extrapolables al Reglamento 2015/848, al ser el Reglamento n.º 1215/2012 un reglamento general. Además, a su juicio, las autoridades tributarias solo se ven afectadas por los procedimientos de insolvencia en la medida en que estos se refieren a su parte activa, en su condición de acreedores.

20.      A este respecto, procede examinar, en primer lugar, la relación entre el Reglamento 2015/848 y el Reglamento n.º 1215/2012, en particular la cuestión de si los límites del ámbito de aplicación previstos en el Reglamento n.º 1215/2012 se aplican al Reglamento 2015/848, y solo después analizar si la situación objeto del litigio principal queda comprendida en el ámbito de aplicación de este último Reglamento.

1.      Sobre la relación entre el Reglamento 2015/848 y el Reglamento n.º 1215/2012

21.      Es evidente que, si el Reglamento 2015/848, sobre cuya interpretación consulta el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia, no es aplicable a la acción rescisoria ejercitada por un administrador concursal en un Estado miembro de apertura contra la autoridad tributaria de otro Estado miembro, no procederá analizar si dicha autoridad tributaria puede oponer su inmunidad de jurisdicción al ejercicio de la competencia internacional por parte del órgano jurisdiccional remitente. Sin embargo, como voy a exponer a continuación, no comparto las reservas formuladas por el Gobierno italiano sobre la inaplicabilidad del Reglamento 2015/848 a la situación de que se trata en el asunto principal.

22.      La cuestión de la relación entre el Reglamento 2015/848 y el Reglamento n.º 1215/2012 me parece que está expresamente regulada por dichos Reglamentos y por la jurisprudencia en la materia. En efecto, a tenor del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, este se aplica en materia civil y mercantil. Excluye de su ámbito de aplicación las materias fiscal, aduanera y administrativa, así como la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii). Además, su artículo 1, apartado 2, letra b), excluye expresamente de su ámbito de aplicación las quiebras, los convenios entre quebrado y acreedores y los demás procedimientos análogos. Estos procedimientos quedan comprendidos, en cambio, en el ámbito de aplicación del Reglamento 2015/848, tal y como dispone su artículo 1, titulado «Ámbito de aplicación», en su apartado 1.

23.      A este respecto, ha de recordarse que esta exclusión ya se derivaba, en lo que respecta a estas materias, del Convenio de Bruselas (8) y de los reglamentos posteriores que le sucedieron, a saber, el Reglamento (CE) n.º 44/2001 (9) y el Reglamento n.º 1215/2012, actualmente en vigor, y, en lo que se refiere a los procedimientos de insolvencia, del Reglamento (CE) n.º 1346/2000, (10) sustituido y derogado por el Reglamento 2015/848.

24.      Además, el informe explicativo Virgós/Schmit (11) subraya que un procedimiento de insolvencia, que es una acción de carácter colectivo, exige que las situaciones jurídicas estén claramente determinadas, lo que solo puede establecer un instrumento jurídico adoptado entre los Estados miembros contratantes. (12) En efecto, habida cuenta de la naturaleza específica y del carácter de excepción de las normas en materia de insolvencia con respecto a las normas comunes de Derecho civil y mercantil, está plenamente justificado que las normas de competencia internacional relativas a los procedimientos de insolvencia y las relativas a los asuntos civiles y mercantiles estén bien delimitadas.

25.      Así, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, en esencia, que los instrumentos jurídicos relativos a la determinación de la competencia internacional en materia civil y mercantil, por una parte, y en materia de procedimientos de insolvencia, por otra, deben interpretarse de manera que se evite todo solapamiento entre las normas jurídicas que estos instrumentos establecen, así como cualquier laguna jurídica. (13) En efecto, las acciones que estén excluidas en virtud del reglamento sobre la competencia internacional en materia civil y mercantil estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del reglamento relativo a la competencia internacional en materia de procedimientos de insolvencia. De modo simétrico, las acciones que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de este último entrarán en el ámbito de aplicación del reglamento relativo a la materia civil y mercantil, (14) siempre que este sea aplicable. (15)

26.      Esta solución quedó codificada con motivo de la refundición llevada a cabo por el Reglamento 2015/848, el cual, además de delimitar los ámbitos de aplicación, establecidos en los reglamentos, de los procedimientos de insolvencia, por un lado, y de la materia civil y mercantil, por otro lado, establece ahora explícitamente que la interpretación del Reglamento 2015/848 debe colmar, en la medida de lo posible, las lagunas normativas entre dicho Reglamento y el Reglamento n.º 1215/2012. (16) Lógicamente, los límites relativos a las materias excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1215/2012, recordados en el punto 22 de las presentes conclusiones, no deben, por lo tanto, extrapolarse al marco de aplicación del Reglamento 2015/848.

27.      Con todo, para poder aplicar la conclusión anterior, es necesario cerciorarse de que la situación objeto del litigio principal se inscribe efectivamente en el ámbito de aplicación material del Reglamento 2015/848.

2.      Sobre la aplicación del Reglamento 2015/848 a una acción rescisoria relativa a los pagos efectuados a una autoridad tributaria en virtud de una ley fiscal

28.      De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848, relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado de apertura para conocer de una acción rescisoria, el doble criterio pertinente para concluir que esa acción queda comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento es el fundamento jurídico de dicha acción y la intensidad del vínculo existente entre una acción judicial y el procedimiento de insolvencia, de modo que dichos órganos jurisdiccionales son competentes para conocer de una acción que se derive directamente de un procedimiento de insolvencia y que guarde una estrecha vinculación con él. (17)

29.      Dicho con otras palabras, del tenor del artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848, en relación con el artículo 1, apartado 1, y el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, no se desprende en modo alguno que, a efectos de la determinación de su ámbito de aplicación, sean pertinentes las circunstancias contextuales que se presentan en el asunto principal, a saber, las relacionadas con el fundamento del crédito liquidado (un crédito tributario) o incluso con la condición del acreedor (una autoridad tributaria, parte demandada en el asunto principal). (18) Ahora bien, consta que el asunto principal se refiere a una acción que se deriva directamente de un procedimiento de insolvencia, siendo así, por otra parte, que la acción rescisoria es el único ejemplo de tal acción mencionado en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848. Por consiguiente, dicha acción queda comprendida en el ámbito de aplicación de este último.

30.      Me parece que esta conclusión puede verse respaldada por el contexto y los objetivos del Reglamento 2015/848.

31.      Ha de recordarse que las denominadas «acciones rescisorias» abarcan una amplia gama de acciones que, basándose en la insolvencia del deudor, persiguen el objetivo de invalidar las transacciones y operaciones realizadas por y en beneficio de este. Ciertamente, estas transacciones y operaciones, de naturaleza civil o mercantil, ocupan un lugar importante en la vida del deudor, e influyen en su tesorería y acarrean, eventualmente, consecuencias cuando este se enfrenta a la insolvencia. No obstante, en la medida en que desarrollan actividades civiles y mercantiles, los deudores también están sujetos a un conjunto más amplio de obligaciones, en particular de naturaleza fiscal. Por lo tanto, parece perfectamente concebible que, además de los créditos relacionados con las transacciones y operaciones en materia civil y mercantil, aquellos que se basan en otras obligaciones, en particular las de naturaleza fiscal, también queden comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 2015/848 una vez que sean objeto de una acción rescisoria.

32.      A este respecto, el artículo 2, punto 12, del Reglamento 2015/848, relativo a la definición de «acreedor extranjero», establece explícitamente que este concepto incluye a las autoridades tributarias de los Estados miembros distintos del Estado en el que se haya abierto el procedimiento de insolvencia. Es cierto que, en dicho Reglamento, esta definición se utiliza en las disposiciones que se refieren, en particular, al derecho a presentar créditos y, por lo tanto, a situaciones opuestas a aquella en la que se encuentra la autoridad tributaria polaca en el asunto principal. No obstante, no me parece que constituya un criterio pertinente diferenciar la aplicación de las normas de competencia en materia de procedimientos de insolvencia en función de la condición de los acreedores extranjeros en el procedimiento ante un órgano jurisdiccional o en función del derecho ejercido por dichos acreedores extranjeros, a saber, el derecho a presentar créditos o el derecho de defensa cuando se les exige la devolución de los créditos pagados por el deudor desapoderado. (19)

33.      Además, los objetivos perseguidos por el Reglamento 2015/848 me parecen contrarios a que se excluya la aplicación de su artículo 6, apartado 1, en el caso de una acción rescisoria dirigida contra una autoridad tributaria con el fin de recuperar los pagos del IVA, en el sentido de que dicha aplicación dependería del criterio relativo a la condición de los acreedores extranjeros o al derecho ejercido por estos. En efecto, dicho Reglamento tiene por objeto garantizar la eficaz administración de los procedimientos de insolvencia, (20) dando prioridad a la masa de acreedores, (21) y promueve el principio de igualdad de trato de los acreedores. (22) Pues bien, estos objetivos no podrían alcanzarse si se distinguiera el régimen jurídico aplicable sobre la base del criterio antes mencionado.

34.      Por último, los objetivos de previsibilidad de la competencia jurisdiccional en materia de insolvencia y, por consiguiente, de seguridad jurídica abogan por una interpretación en el sentido de que el Reglamento 2015/848 se aplica cuando una acción rescisoria se basa en la insolvencia y se dirige contra un demandado que tiene la condición de autoridad tributaria de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia. En efecto, la armonización, en la Unión, de las reglas de competencia judicial por lo que respecta a las acciones rescisorias por insolvencia contribuye a la consecución de estos objetivos, (23) lo que podría verse obstaculizado si se procediera a una diferenciación en la aplicación del régimen jurídico previsto por el Reglamento en cuestión en función de la naturaleza del crédito tributario y de la condición del acreedor.

35.      De ello se desprende que excluir del ámbito de aplicación del Reglamento 2015/848 una acción rescisoria ejercitada contra una autoridad tributaria de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento equivaldría a reducir indebidamente el alcance de dicho Reglamento y sería contrario a los objetivos que este persigue.

3.      Conclusión provisional

36.      A la luz de todas las consideraciones que preceden, considero, por una parte, que los límites previstos en el Reglamento n.º 1215/2012 no son aplicables a los procedimientos de insolvencia que se rigen por normas que constituyen una excepción a las previstas en materia civil y mercantil y que están contempladas en el Reglamento 2015/848. Por otra parte, el artículo 6, apartado 1, de este último Reglamento se aplica cuando la acción rescisoria se dirige contra un pago efectuado a una autoridad tributaria de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia.

37.      Habida cuenta de la conclusión que acabo de exponer, procederé, a continuación, al análisis del alcance de la inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión y de su relación con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848, con el fin de determinar si dicha inmunidad de jurisdicción se opone al ejercicio, por el órgano jurisdiccional remitente, de la competencia jurisdiccional contemplada en dicho Reglamento.

B.      Sobre la incidencia del principio de inmunidad de jurisdicción invocado frente a una acción rescisoria en el ejercicio de la competencia jurisdiccional del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia

38.      La respuesta a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto me lleva a examinar la existencia de formas de renuncia a la inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión y sus consecuencias. Este examen deberá tener en cuenta varios criterios del Derecho de la Unión, basados tanto en el Derecho primario como en el Reglamento 2015/848, comenzando, no obstante, con algunas observaciones preliminares.

1.      Observaciones preliminares

39.      A este respecto, procede recordar, en primer lugar, la forma en que el Derecho de la Unión entiende el Derecho internacional general, en su forma consuetudinaria, (24) así como las especificidades del Derecho de la Unión. A continuación, debe precisarse la calificación del acto que sirve de fundamento a los pagos que el administrador concursal pretende recuperar mediante la acción rescisoria.

a)      Sobre las relaciones entre el Derecho de la Unión y el Derecho internacional

40.      Ha de recordarse que la Unión es un sujeto de Derecho internacional y que, como tal, es titular de derechos internacionales y está sujeta a obligaciones internacionales. En particular, está obligada a respetar el Derecho internacional general, del que forma parte. Además, debe garantizar a sus Estados miembros el respeto de las normas internacionales para no forzarlos a incumplir las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos de codificación en los que participan. (25)

41.      A este respecto, el artículo 3 TUE, apartado 5, que ha codificado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (26) dispone que, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión contribuye al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional. Por consiguiente, cuando adopta un acto, está obligada a respetar todo el Derecho internacional, incluido el Derecho internacional consuetudinario que vincula a las instituciones de la Unión. (27)

42.      Dicho esto, la Unión, que sin duda comparte la «genética» de las organizaciones internacionales por su creación convencional, su personalidad jurídica internacional, su composición estatal, la definición de sus competencias o incluso su acción internacional, es un sujeto de Derecho internacional único, caracterizado por su especificidad irreductible a una simple organización internacional, sin constituir por ello un Estado. (28)

43.      El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los tratados fundacionales de la Unión (29) la han dotado de un nuevo orden jurídico autónomo, cuyo respeto debe garantizar. (30) Esta autonomía del Derecho de la Unión, tanto en relación con el Derecho de los Estados miembros como con respecto al Derecho internacional, se justifica por las características esenciales de la Unión y de su Derecho, relativas, en particular, a la estructura constitucional de la Unión y a la propia naturaleza de este Derecho. El Derecho de la Unión se caracteriza, en efecto, por proceder de una fuente autónoma, constituida por los Tratados, por su primacía sobre los Derechos de los Estados miembros y por el efecto directo de toda una serie de disposiciones aplicables a esos mismos Estados y a sus nacionales. Estas características han dado lugar a una red estructurada de principios, normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros, así como a los Estados miembros entre sí. (31)

44.      Esta autonomía, que es, ante todo, característica de la relación entre el Derecho de la Unión y el Derecho de los Estados miembros, (32) tiene también una incidencia importante en la percepción de las relaciones jurídicas entre los Estados miembros en el seno de la Unión y, en última instancia, en la conclusión que cabe extraer en cuanto a la consecuencia que tiene en dichas relaciones jurídicas la relación entre el Derecho internacional consuetudinario y el Derecho de la Unión. En efecto, los Estados miembros de la Unión tienen obligaciones tanto desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de la Unión como desde el punto de vista del Derecho internacional.

45.      A este respecto, no seré el primero en reconocer la existencia de una delicada relación entre las obligaciones de la Unión, por un lado, de respetar el Derecho internacional y, por otro, de garantizar su autonomía, o incluso la importancia de mantener el equilibrio entre la salvaguardia de la identidad constitucional de la Unión y la garantía de que el Derecho de la Unión no resulte hostil para la comunidad internacional, sino que sea un elemento activo de la misma. (33) Así, con el fin de garantizar la coexistencia armoniosa de las obligaciones y las normas derivadas de dos ordenamientos jurídicos diferentes, ni el Derecho de la Unión ni el Derecho internacional —y, en particular, el consuetudinario— pueden servir para eludir los compromisos en el otro ordenamiento jurídico de que se trate.

46.      En lo que respecta, de manera general, a la costumbre internacional, esta puede definirse como un «proceso normativo que conduce a la creación de una norma de Derecho internacional, inicialmente no escrita. […] la costumbre es el resultado de la conjunción de una práctica efectiva y de la aceptación por parte de los Estados del carácter jurídico —y, por tanto, obligatorio— de las conductas constitutivas de dicha práctica (opinio juris sive necessitatis)». (34) Así pues, se trata de una creación especial, en la medida en que su existencia no depende del consentimiento de sus destinatarios. (35) Por lo que se refiere a una excepción a la costumbre internacional, esta solo es concebible en el marco de las relaciones entre partes, ya que, al ser de aplicación universal, dicha costumbre vincula siempre a los terceros que no hayan aceptado la aplicación de una norma distinta del Derecho internacional consuetudinario. (36)

47.      En cuanto atañe, en particular, a la inmunidad de jurisdicción, ha de recordarse que esta, consagrada en el Derecho internacional consuetudinario, protege a los Estados frente a los procesos judiciales ante tribunales extranjeros. Respecto a esta inmunidad, basada en el principio par in parem non habet imperium, según el cual un igual no tiene autoridad sobre otro igual, el Tribunal de Justicia ha entendido, a la luz de la práctica internacional, que carece de valor absoluto. En efecto, la inmunidad se reconoce en función de la naturaleza de los actos realizados. En particular, puede excluirse si la acción judicial tiene por objeto actos que no pertenecen al ámbito del poder público, es decir, los actos iure gestionis, mientras que se reconoce generalmente cuando el litigio versa sobre los actos de soberanía realizados iure imperii. Esta interpretación del alcance del principio de inmunidad de jurisdicción se desprende de una reiterada jurisprudencia. (37)

48.      Una vez precisado esto, procede ahora aportar algunas aclaraciones sobre la calificación del acto que sirve de fundamento a los pagos que el administrador concursal pretende recuperar en el asunto principal y las consecuencias que de ello se derivan para el tratamiento de la problemática planteada en el presente asunto.

b)      Sobre la calificación del acto, fundamento de los pagos objeto de la acción rescisoria, como acto de poder público

49.      Como ya se ha recordado, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la inmunidad de jurisdicción solo es oponible si se trata de un acto de poder público.

50.      A este respecto, no cabe duda de que la acción rescisoria y el derecho de restitución ejercido en su marco se rigen por las normas en materia de insolvencia. Tampoco cabe duda de que los pagos debidos en concepto de IVA y efectuados a la Administración tributaria, cuya rescisión solicita el administrador concursal, tienen su fundamento en una ley fiscal de un Estado miembro de la Unión distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia. Ahora bien, es evidente que la capacidad de gravar y recaudar el impuesto en concepto de IVA queda comprendida, por excelencia, en las competencias soberanas de un Estado. Dichas competencias corresponden a un poder público con el fin de organizar sus ingresos fiscales, de los que dependen, con carácter más general, las finanzas públicas. Así pues, ambas relaciones jurídicas se entrecruzan en el presente asunto, en el sentido de que lo que se pretende mediante la acción rescisoria es recuperar los pagos percibidos en virtud de un acto de poder público.

51.      El órgano jurisdiccional remitente llama la atención del Tribunal de Justicia —aunque este no comparta su opinión— sobre la posición de una parte de la doctrina alemana que sugiere que, cuando se trata de una acción rescisoria ejercitada contra un pago efectuado en virtud del Derecho fiscal, sería posible considerar que no se está en presencia de un acto de poder público. En esencia, según esta doctrina, el derecho a la restitución ejercido en el marco de la acción rescisoria no se deriva de la antigua relación jurídica entre el deudor insolvente y el demandado en la acción rescisoria.

52.      Considero, no obstante, que tal conclusión no es sostenible con arreglo los criterios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordados en el punto 47 de las presentes conclusiones. En efecto, el criterio determinante para la calificación del acto es el origen de la pretensión del demandante. En particular, se trata de determinar si dicha pretensión tiene su origen en un acto de poder público. En cambio, la naturaleza de la acción ejercitada por el demandante carece de importancia a efectos de dicha calificación. Así, una acción dirigida a obtener la reparación económica de los daños materiales y morales causados a los demandantes —una acción de naturaleza civil por excelencia— se consideró excluida del ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas precisamente porque se dirigía contra un acto de poder público. (38)

53.      A mi juicio, esta jurisprudencia es perfectamente extrapolable a la situación objeto del litigio principal. En efecto, para determinar la calificación de un acto como de iure imperii o de iure gestionis no deben tomarse como referencia ni la naturaleza del derecho ejercido en el marco de un procedimiento ni la de una acción ejercitada ante los tribunales nacionales, sino la naturaleza del acto cuya revocación se pretende. (39)

54.      A este respecto, es importante subrayar que la existencia de la deuda tributaria y, de manera más general, la competencia estatal para determinar el importe de dicha deuda no se verían afectadas por una acción como la controvertida en el asunto principal. En efecto, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia no tendrían que apreciar la legalidad del impuesto, ya que dicha legalidad carece de pertinencia en el marco de las acciones rescisorias. No obstante, el ejercicio de dicha competencia dependería del Derecho del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia, que dictaría así el momento en que dicho ejercicio podría producir sus efectos. Solo en este sentido cabría condenar a la autoridad tributaria de otro Estado miembro a restituir las cantidades recaudadas en el ejercicio de su poder público.

55.      Por lo tanto, resultaría, cuando menos, artificial centrarse en la naturaleza del derecho ejercido en el marco de la acción rescisoria o incluso en la naturaleza de dicha acción en sí misma, con el fin de neutralizar la verdadera naturaleza del acto cuya rescisión se persigue, en este caso, la recaudación del IVA. Adoptar un punto de vista diferente también tendría consecuencias muy discutibles en el alcance del principio de inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión.

56.      Por un lado, se correría el riesgo de privar de sentido a la propia distinción entre los actos iure imperii y los actos iure gestionis, basándose en adelante en la naturaleza del derecho ejercido o de la acción ejercitada contra dichos actos. En particular, apartarse, de una manera de todo punto inédita en el marco de los procedimientos de insolvencia, de la consolidada práctica relativa a la calificación de dichos actos eclipsaría, desde el punto de vista jurídico, al propio Estado que opone la inmunidad de jurisdicción. (40) Por otro lado, tal conclusión crearía inseguridad jurídica, ya que la calificación de actos iure imperii o iure gestionis podría variar en función de la materia de que se tratase. (41)

57.      Una vez aclarado esto, ha de hacerse constar que, si en el presente asunto se siguiera la práctica de distinguir entre los actos iure imperii y los actos iure gestionis, el análisis debería finalizar en la conclusión de que la inmunidad de jurisdicción se opone al ejercicio, por el órgano jurisdiccional remitente, de la competencia jurisdiccional contemplada en el Reglamento 2015/848, puesto que los pagos que el administrador concursal pretende rescindir en beneficio de la masa concursal se efectuaron en virtud de un acto iure imperii adoptado por un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento. Considero, no obstante, que, por las razones que expondré a continuación, la situación de que se trata en el asunto principal es manifiestamente más compleja, de modo que la calificación de un acto como iure imperii no puede conducir automáticamente a la exclusión del ejercicio de la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente.

58.      En el análisis que sigue examinaré, en primer lugar, la existencia de formas de modulación de la inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión y, a continuación, su posible aplicación en el asunto principal.

2.      Sobre la existencia de formas de modulación de la inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión

59.      Es pacífico que, en el Derecho internacional consuetudinario, existen tres formas de renuncia expresa a la inmunidad, que pueden derivarse de un convenio internacional, de un contrato escrito, de una declaración ante un tribunal o de una comunicación en el marco de un procedimiento determinado. Tampoco se discute, sin abandonar el marco del Derecho internacional consuetudinario, que dicha renuncia puede ser implícita si puede deducirse de un convenio internacional o de un tratado.

60.      A juicio de los Gobiernos de los Estados miembros, tal y como precisaron en la vista, en el ordenamiento jurídico de la Unión solo puede ser válida una renuncia expresa a la inmunidad de jurisdicción, manifestada por los propios Estados miembros. Por lo tanto, dicha renuncia no puede estar contenida en un acto de Derecho derivado, ni tampoco puede ser implícita. En su opinión, la Unión, que goza de personalidad jurídica, no tiene competencia general para establecer esta renuncia en lugar de los Estados miembros.

61.      A este respecto, en primer lugar, ha de recordarse que la Unión es una creación de sus Estados miembros. Tiene su origen en la voluntad de estos, expresada en los acuerdos vinculantes adoptados por ellos mismos, a saber, actualmente el TUE y el TFUE, en los que se definen los objetivos que persigue la Unión, las normas de funcionamiento de sus instituciones, los procesos de toma de decisiones y las relaciones entre la Unión y los Estados miembros. (42) Por otra parte, sobre la base de esta misma voluntad, los Estados miembros han transferido progresivamente competencias a la Unión y le ha atribuido una personalidad jurídica distinta de la de sus miembros.

62.      También sobre la base de su voluntad, los Estados miembros han aceptado limitar sus derechos de soberanía en beneficio del ordenamiento jurídico de la Unión en ámbitos cada vez más amplios. (43) Esta limitación de los derechos de soberanía es una consecuencia directa de la transferencia, desde su ordenamiento jurídico interno al ordenamiento jurídico de la Unión, de competencias en los ámbitos previstos por los Tratados. Si bien la limitación de sus derechos por parte de los Estados miembros, frente a la cual no pueden invocar un acto unilateral posterior incompatible con el Derecho de la Unión, es definitiva, tal limitación está, no obstante, delimitada por los Tratados.

63.      Es evidente que la limitación de los derechos de soberanía de los Estados miembros en favor del ordenamiento jurídico de la Unión, mediante la transferencia de competencias, no convierte a esta Unión en un Estado ni priva a los Estados miembros de su soberanía de manera absoluta. En efecto, estos Estados se han integrado, en el sentido de que se han comprometido «en un proceso de ejercicio común de las soberanías, incluso en los ámbitos que atañen a los atributos esenciales de las mismas». (44)

64.      Dicho esto, los Estados miembros siguen siendo, no obstante, «los dueños de los Tratados», ya que son los únicos que pueden revisarlos, (45) y, en términos más generales, son soberanos en el sentido clásico, puesto que tienen la facultad de decidir sobre la propia pertenencia a la Unión. (46) Del mismo modo, los Estados miembros conservan su soberanía, en particular, en lo que respecta a «su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de estos, también en lo referente a la autonomía local y regional […] [y a] las funciones esenciales del Estado». (47)

65.      A este respecto, si bien la inmunidad de jurisdicción constituye sin duda un aspecto importante de la soberanía estatal tanto desde el punto de vista interno (48) como desde el punto de vista externo, (49) se sitúa entre esta limitación de los derechos de soberanía mediante la transferencia de determinadas competencias a la Unión, por un lado, y esta soberanía que «persiste y subsiste para el Estado miembro de la Unión», (50) por otro. Lógicamente, la adhesión a la Unión puede entenderse como la aceptación por parte de los Estados miembros de la limitación de su soberanía interna o, dicho de otro modo, de la libertad de organización interna del Estado miembro, que pasa a depender de una decisión colectiva en los ámbitos determinados por los Tratados.

66.      En particular, el ejercicio de competencias normativas por la Unión, en lugar de sus Estados miembros, significa que las disposiciones de los Tratados en diversos ámbitos de la política de la Unión la autorizan a actuar para adoptar normas sustantivas sobre la base de dichas competencias. En otras palabras, para que estas disposiciones de competencia de la Unión surtan efecto, la Unión está facultada para adoptar actos de Derecho derivado.

67.      Dicho esto, la adopción de actos de Derecho derivado no priva a los Estados miembros de todo poder de decisión, ni hace desaparecer a dichos Estados tras la Unión, en el sentido de que dicha adopción no se produce sin su participación estatal. En efecto, la estructura institucional «triangular» de la Unión (51) y los procesos de adopción de los actos de Derecho derivado están concebidos de tal manera que la adopción jurídica de dichos actos es imposible sin la participación institucional de los Estados miembros. En particular, esta última se garantiza en el seno del Consejo.

68.      Por consiguiente, si bien es cierto que los Estados miembros han transferido sus competencias a la Unión para que esta adopte actos de Derecho derivado, no sería jurídicamente correcto concluir, como parecen sugerir los Gobiernos de los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia, que, en el momento de su adopción, la Unión actúa con total independencia respecto a sus Estados miembros, en cuanto entidad jurídica distinta, excluyendo así que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción pueda no solo existir en el ordenamiento jurídico de la Unión, sino también derivarse de un acto de Derecho derivado. En particular, considero que el hecho de que la renuncia pueda preverse en un acto de Derecho derivado no menoscaba por sí mismo su validez jurídica, ya que la Unión actúa dentro de los límites de la voluntad de sus Estados miembros y con arreglo a la estructura decisoria que garantiza, en particular, a dichos Estados un poder de codecisión.

69.      En segundo lugar, se plantea, pues, la cuestión de la posibilidad de una renuncia de carácter implícito que se deduzca de un acto de Derecho derivado. A este respecto, admitir la exigencia de una excepción únicamente expresa a la inmunidad de jurisdicción puede parecer inadecuado para el Derecho de la Unión, que está constituido por un conjunto de normas muy amplio que no puede reducirse a un simple régimen especial de alcance material restringido, a saber, una serie de tratados internacionales y un corpus importante de normas de Derecho derivado. Así pues, podría resultar de todo punto imposible establecer categóricamente la condición de que la excepción a una costumbre internacional deba ser expresa. (52) Además, ha de señalarse que, habida cuenta de este carácter implícito, la voluntad de renunciar no debe referirse necesariamente de manera directa a la propia inmunidad, sino que también puede desprenderse de los términos de un acto o de su lógica. En efecto, tal voluntad puede deducirse de dicho acto o de su lógica, si su aplicación solo produjera efectos a condición de que existiera la renuncia.

70.      Por otra parte, al igual que sostienen los Gobiernos de los Estados miembros, debe señalarse que es pacífico que la condición del carácter necesariamente expreso de la renuncia tampoco prevalece en el Derecho internacional, ya que la renuncia tácita a la inmunidad de jurisdicción existe jurídicamente. Ahora bien, en un supuesto en el que la acción de la Unión se ejerce dentro de los límites de la competencia prevista en los Tratados, no veo razones, a diferencia de los Gobiernos de los Estados miembros, que permitan excluir que, al igual que un convenio internacional celebrado entre dos o más Estados en el Derecho internacional, pueda existir una renuncia tácita en el ordenamiento jurídico de la Unión.

71.      El argumento basado en la personalidad jurídica de la Unión, distinta de la de sus miembros, en el que se apoyaron los Gobiernos de los Estados miembros en la vista, no permite, a mi juicio, desvirtuar la conclusión anterior. En efecto, dicha personalidad se manifiesta a través de los objetivos que se han asignado a la Unión, cuyo ámbito de competencia se rige por los Tratados. En particular, permite a la Unión actuar, tanto en el ámbito interno (mediante el derecho a contratar, adquirir y vender bienes, así como a actuar ante los tribunales) como en el ámbito internacional (a través, en particular, de la facultad de celebrar acuerdos internacionales). Así, la atribución de personalidad jurídica se ha basado en la idea de permitirle hablar con «una sola voz» en la escena internacional y desplegar una acción exterior coherente y eficaz, (53) pero no permite excluir el ejercicio de las competencias de conformidad con la voluntad de los Estados miembros, de modo que estos Estados miembros no desaparecen por completo tras la Unión, dotada de personalidad jurídica.

72.      Dicho esto, en el ordenamiento jurídico de la Unión, caracterizado por la soberanía de sus Estados miembros, que puede calificarse de «reestructurada», (54) la limitación de los derechos de soberanía como consecuencia de la adhesión a la Unión, que se traduce en dicho ejercicio de competencias, no conduce automáticamente a la renuncia a la inmunidad de jurisdicción en el marco de la totalidad de su ordenamiento jurídico. En efecto, tal conclusión, aplicada de manera absoluta a todos los ámbitos regulados por el Derecho de la Unión, al privar a los Estados miembros de la posibilidad de oponerse a ser juzgados por los tribunales de otro Estado miembro, carece de todo fundamento jurídico en los Tratados y resulta, cuando menos, desproporcionada.

73.      En otras palabras, no cabe deducir de la limitación de los derechos de soberanía por parte de los Estados miembros en favor del ordenamiento jurídico de la Unión una renuncia general a su inmunidad de jurisdicción, en el sentido de que dicha limitación pudiera aplicarse en todos los ámbitos determinados por los Tratados en lo que respecta a la organización de determinados ámbitos de las políticas internas de dichos Estados.

74.      No obstante, con el fin de garantizar los objetivos perseguidos por la Unión, (55) su autonomía, así como de respetar su red estructurada de principios, normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes, que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros, así como a los Estados miembros entre sí, (56) es admisible concluir que el Derecho internacional consuetudinario, en la medida en que se refiere al principio de inmunidad de jurisdicción, se module en el ordenamiento jurídico de la Unión. En particular, no cabe excluir que, en primer lugar, el Derecho de la Unión pueda prever una renuncia ocasional a la inmunidad de jurisdicción y, en segundo lugar, que dicha renuncia pueda ser no solo explícita, sino también, tal y como prevén las formas de renuncia aplicables en el Derecho internacional, implícita. Tal conclusión se impone con mayor razón habida cuenta de la necesidad de garantizar la coexistencia armoniosa de las obligaciones y normas derivadas de dos ordenamientos jurídicos diferentes, tal y como se describe en el punto 45 de las presentes conclusiones.

3.      Sobre la aplicación de las formas de modulación de la inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento jurídico de la Unión

75.      Considero que existen razones basadas tanto en el Reglamento 2015/848 como en el Derecho primario de la Unión que justifican considerar que de dicho Reglamento puede deducirse una renuncia puntual e implícita a la inmunidad de jurisdicción, lo cual procede analizar a continuación.

a)      Sobre las razones basadas en el Reglamento 2015/848

76.      Con carácter preliminar, ha de recordarse que ni el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848, en relación con el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, ni dicho Reglamento en su conjunto contienen referencia alguna a la renuncia expresa al principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados miembros de la Unión cuando se ejercita una acción rescisoria contra una autoridad tributaria de un Estado miembro distinto del Estado de apertura. No obstante, considero que varias razones subyacentes al contexto y a los objetivos del mismo Reglamento permiten suponer que dicha renuncia puede deducirse de manera implícita.

77.      En primer lugar, es preciso recordar que los requisitos relativos a la determinación de la competencia jurisdiccional, de conformidad con el Reglamento 2015/848, son, en esencia, aquellos según los cuales los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor son competentes para abrir el procedimiento de insolvencia (57) y para conocer de cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de insolvencia y que guarde una estrecha vinculación con este, como las acciones rescisorias. (58) La ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos es la del Estado miembro en cuyo territorio se abra dicho procedimiento. (59) Dicha ley determina las normas relativas a los créditos que deban reconocerse en el pasivo del deudor y el tratamiento de los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia. (60) Además, todo acreedor podrá presentar su crédito en el procedimiento de insolvencia principal y en cualquier procedimiento de insolvencia secundario, (61) incluidas las autoridades tributarias de los Estados miembros. (62) Por tanto, el Reglamento tiene por objeto garantizar la igualdad de trato de los acreedores. (63)

78.      Ahora bien, admitir que una autoridad tributaria, a la que, por otra parte, se menciona expresamente entre los acreedores extranjeros en el sentido del artículo 2, punto 12, del Reglamento 2015/848, pueda invocar su inmunidad de jurisdicción en el marco de un litigio como el del asunto principal tendría precisamente como consecuencia crear una desigualdad entre los acreedores, en contra de los objetivos del Reglamento 2015/848. En efecto, la autoridad tributaria polaca obtendría, con carácter preferente respecto a la masa de acreedores, la totalidad del crédito, mientras que todos los demás acreedores solo tendrían derecho a un pago proporcional a su crédito y, además, según su prelación. Asimismo, es evidente que las autoridades tributarias nacionales no podrían, a diferencia de la autoridad tributaria polaca, invocar su inmunidad ante sus propios tribunales nacionales. (64)

79.      Con carácter más general, tal enfoque menoscabaría la aplicación uniforme y coherente de las normas de competencia contempladas en el Reglamento 2015/848, ya que el ejercicio de la competencia jurisdiccional en virtud de las normas de dicho Reglamento variaría en función de la condición del demandado y del Estado de apertura de que se trate, cuando ningún elemento contenido en dicho Reglamento permite justificar tal diferencia de trato basada en tal condición. (65)

80.      En segundo lugar, del Reglamento 2015/848 se desprende que su adopción se consideró necesaria para alcanzar el objetivo del funcionamiento eficaz y eficiente de los procedimientos de insolvencia, (66) e incluso para mejorar y acelerar este tipo de procedimientos cuando tienen repercusiones transfronterizas. (67) En efecto, habida cuenta de los efectos transfronterizos de las actividades de las empresas y, por tanto, de los procedimientos de insolvencia correspondientes, el Reglamento subraya la necesidad imperiosa de coordinar las medidas que deben adoptarse en relación con el patrimonio del deudor insolvente. En particular, se estimó necesario que las disposiciones relativas a la competencia, el reconocimiento y la ley aplicable en este ámbito estuvieran recogidas en un acto de la Unión vinculante y directamente aplicable en todos los Estados miembros.

81.      A este respecto, es evidente que si una autoridad de un Estado miembro distinto del Estado de apertura pudiera oponer su inmunidad de jurisdicción, dicha eficacia correría el riesgo de verse comprometida. En efecto, tal oposición al ejercicio de la competencia jurisdiccional, en el marco del Reglamento 2015/848, tendría como resultado la no restitución a la masa concursal de los pagos efectuados a un acreedor extranjero, en este caso, una autoridad tributaria de otro Estado miembro, y causaría un perjuicio a dicha masa.

82.      Por otra parte, el Reglamento 2015/848 prevé algunas excepciones a las normas que establece. No obstante, estas excepciones son por completo infrecuentes. (68) En particular, me parece que el conjunto de este Reglamento refleja la voluntad manifiesta del legislador de la Unión de evitar cualquier obstáculo a la cooperación judicial entre los Estados miembros en el marco de los procedimientos de insolvencia y permite suponer la falta de incidencia de los actos iure imperii en el ejercicio de la competencia en el sentido del Reglamento 2015/848.

83.      Por lo demás, me parece que esta conclusión sobre la falta de incidencia de los actos iure imperii en este ámbito puede verse respaldada a la luz de los demás instrumentos jurídicos relativos a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, en los que el legislador de la Unión se ha encargado de excluir expresamente de su ámbito de aplicación las acciones ejercitadas contra un Estado con el fin de exigir su responsabilidad por acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de su autoridad. (69) Así pues, considero que la ausencia de tal exclusión expresa, en el marco del Reglamento 2015/848, pone de manifiesto la voluntad de descartar cualquier efecto vinculado a los actos de poder público en el marco de las normas establecidas por dicho Reglamento.

84.      Con carácter más general, en cuanto atañe a la seguridad y a la previsibilidad del Derecho de la Unión, me pregunto por la lógica subyacente al Reglamento 2015/848, en cuanto acto de Derecho derivado que tiene por objeto realizar los objetivos establecidos en el artículo 81 TFUE. En particular, ¿qué quedaría de los principios que rigen los conflictos de competencia internacional en los procedimientos de insolvencia si se permitiera a los Estados miembros apartarse de ellos, cuando, por una parte, dicho Reglamento es obligatorio para ellos en todos sus elementos y, por otra, no prevé ninguna excepción a sus normas basada en la condición de autoridad pública y extranjera del acreedor que permita invocar la inmunidad de jurisdicción?

85.      En tercer y último lugar, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ha confirmado el carácter exclusivo de la competencia internacional para conocer de las acciones que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y guarden una estrecha vinculación con él, como las acciones rescisorias. (70)

86.      A este respecto, me pregunto por la cuestión del respeto de la tutela judicial efectiva. En particular, si el órgano jurisdiccional remitente no pudiera ejercer su competencia para conocer de una acción rescisoria ejercitada contra una autoridad tributaria de otro Estado miembro, el administrador concursal correría el riesgo de verse privado del derecho de acceso a los tribunales, que constituye uno de los elementos del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En efecto, la acción que se ejercitase ante los tribunales polacos sería inadmisible debido a la competencia exclusiva. Ahora bien, la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario en un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento principal constituye una excepción, siempre que el deudor posea un establecimiento (71) en ese otro Estado miembro. (72)

87.      A mi juicio, la posibilidad de oponer la inmunidad de jurisdicción no puede depender en ningún caso de la existencia o no de la posibilidad de abrir un procedimiento secundario. Además, aunque en el asunto principal existiera la posibilidad de abrir dicho procedimiento, su apertura con el único fin de ejercer una acción rescisoria sería contraria a su objetivo, que consiste, en esencia, en contribuir a una eficaz administración de la masa concursal o a la liquidación efectiva de la masa activa. (73) A falta de un establecimiento, el administrador concursal se vería, por tanto, privado de todo derecho a la tutela judicial efectiva. Pues bien, tal consecuencia no puede encontrar justificación en la naturaleza del acto de poder público en el que se basan los pagos cuya rescisión persigue dicho administrador.

88.      A este respecto, algunos Gobiernos de los Estados miembros sostienen ante el Tribunal de Justicia que la posibilidad de invocar la inmunidad de jurisdicción no está supeditada a la cuestión de si es posible iniciar un procedimiento secundario u otra vía de recurso contra los actos de la autoridad tributaria de un Estado miembro distinto del Estado de apertura. Los demás alegan que, en el presente asunto, no se produce una privación del derecho de acceso a los tribunales, ya que se designaría un juez competente, pero este declararía la inadmisibilidad de la acción.

89.      Estas alegaciones de los Gobiernos de los Estados miembros, formuladas, en particular, durante la vista, no me convencen.

90.      En efecto, en los asuntos en los que se ha invocado la inmunidad de jurisdicción, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el órgano jurisdiccional remitente debe asegurarse de que, si acoge la excepción basada en dicha inmunidad, los justiciables no se vean privados de su derecho de acceso a los tribunales, que constituye uno de los elementos del derecho a la tutela judicial efectiva que figura en el artículo 47 de la Carta. (74) Considerar que el acceso a los tribunales estaría garantizado, a pesar de que la invocación de la inmunidad de jurisdicción se opondría al ejercicio de la competencia jurisdiccional internacional, me lleva a plantearme, en particular, el alcance de este derecho a la tutela judicial efectiva y, sobre todo, si no quedaría así reducido a la nada por tal consideración. A mi juicio, si se siguiera la posición defendida por los Gobiernos de los Estados miembros, se correría el riesgo de crear una auténtica situación de falta de derechos del administrador concursal en lo que respecta al acceso a los tribunales, sin que disponga de una alternativa previsible que le permita ejercitar la acción rescisoria contra la autoridad tributaria polaca.

91.      El conjunto de consideraciones basadas en el Reglamento 2015/848 me lleva a concluir que este contiene, de manera implícita, una renuncia a la inmunidad de jurisdicción. Esta conclusión relativa a la renuncia implícita a la inmunidad de jurisdicción en el marco del instrumento de Derecho derivado que es el Reglamento 2015/848 se ajusta asimismo al Derecho primario, y pone de manifiesto la voluntad clara e inequívoca de los Estados miembros de que prevalezcan los principios que rigen los conflictos de competencia que puedan surgir, habida cuenta de los distintos ordenamientos jurídicos y de sus propias normas de competencia en materia de procedimientos de insolvencia en lo que respecta a la inmunidad de jurisdicción.

b)      Sobre las razones basadas en el Derecho primario de la Unión

92.      A mi juicio, la existencia de una renuncia implícita, en el marco de la aplicación del Reglamento 2015/848, a la inmunidad de jurisdicción no solo es conforme al Derecho primario, en cuanto que resulta de la voluntad de los Estados miembros de la Unión, sino que también puede corroborarse mediante sus normas.

93.      Con carácter preliminar, ha de recordarse que ya existen modulaciones de la inmunidad de jurisdicción en el seno de la Unión. En efecto, todos los Estados miembros han aceptado la competencia obligatoria del Tribunal de Justicia, incluso para los litigios que puedan ser sometidos a su conocimiento, en ámbitos delimitados. (75) Así pues, se admite que, en determinados casos, se introduzcan tales modulaciones de la inmunidad de jurisdicción estatal para ajustarse a las especificidades del ordenamiento jurídico de la Unión.

94.      Dicho esto, en primer lugar, debe recordarse que el artículo 3 TUE, apartado 2, relativo a los objetivos de la Unión, establece que esta ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia. La creación de este espacio se prevé en el título V del TFUE. En particular, de conformidad con el artículo 81 TFUE, apartado 1, que constituye la base jurídica del Reglamento 2015/848, «la Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros». Esta materia está comprendida en el ámbito de aplicación de las competencias compartidas entre la Unión y sus Estados miembros, de modo que los Estados miembros limitan sus derechos de soberanía en el sentido descrito en los puntos 62 a 66 de las presentes conclusiones, en la medida en que la Unión ejerza su competencia.

95.      Así, al aceptar, en el momento de la ratificación de los Tratados, participar en el espacio de libertad, seguridad y justicia, respetar el Derecho de la Unión en este ámbito y atribuir competencias compartidas a la Unión, los Estados miembros aceptaron asimismo que los actos de Derecho derivado adoptados con vistas al desarrollo de dicho espacio, en particular de conformidad con el artículo 81 TFUE, apartado 2, determinen los principios que rigen los conflictos de competencia que puedan surgir habida cuenta de los distintos ordenamientos jurídicos y de sus propias normas de competencia.

96.      De lo anterior cabe deducir que dicha aceptación se extiende, por lo tanto, de conformidad con los principios sobre conflictos de competencia establecidos en los instrumentos jurídicos pertinentes, a la aceptación de que los litigios, derivados en particular de los procedimientos de insolvencia, sean resueltos por los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros, incluidos los litigios que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia y guarden una estrecha relación con él.

97.      A este respecto, cabe señalar, por un lado, que, de conformidad con el Protocolo (n.º 21) anejo a los Tratados de la Unión, que se refiere, en particular, a Irlanda, (76) este país goza de un estatuto de excepción en lo que respecta al espacio de libertad, seguridad y justicia, en el sentido de que las medidas adoptadas en el marco de dicho espacio no le son vinculantes de forma automática y dependen de su participación voluntaria. (77) Por otro lado, en virtud del Protocolo (n.º 22) relativo al Reino de Dinamarca, este país no participa en las medidas adoptadas en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia. (78) Por lo tanto, no puede imponerse ninguna obligación a estos Estados miembros en la materia. No ocurre lo mismo con los Estados miembros que participan sin reservas en dicho espacio. Pues bien, admitir que, al aplicar el reglamento que regula los conflictos de competencia internacional en materia de procedimientos de insolvencia, pueda invocarse el principio de Derecho internacional consuetudinario de inmunidad de jurisdicción puede resultar manifiestamente incompatible con las obligaciones que incumben a todos los Estados que se han adherido a los Tratados en las mismas condiciones, y sin más reservas que las expresadas en los protocolos adicionales. (79)

98.      Esta conclusión relativa a la existencia de una excepción implícita a la inmunidad de jurisdicción en materia de procedimientos de insolvencia, que se ve respaldada por el Derecho primario, se impone aún más si se tiene en cuenta, en segundo lugar, el principio de igualdad entre los Estados miembros de la Unión ante los Tratados, cuyo respeto garantiza esta última. (80)

99.      Este principio tiene su origen, incluso antes de su inclusión en los Tratados, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (81) En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la pertenencia a la Unión (anteriormente a las Comunidades) permite a sus miembros que se beneficien de las ventajas de la misma, pero también les impone obligaciones. En particular, se ha precisado que no puede admitirse que un Estado miembro aplique de manera incompleta o selectiva las disposiciones de un reglamento, de tal forma que «convierta en letra muerta ciertos elementos de la legislación [de la Unión] […] que estime contrarios a determinados intereses nacionales […], al tiempo que […] obtiene una ventaja indebida en detrimento de sus socios». (82)

100. Así pues, en el presente asunto, permitir a la autoridad tributaria polaca invocar su inmunidad de jurisdicción y, de este modo, frustrar el ejercicio de la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente debido al fundamento en el que se basan los pagos que el administrador concursal pretende rescindir, a saber, un acto de poder público, supondría, en la práctica, anteponer los intereses nacionales al Derecho de la Unión y pondría en peligro la igualdad de los Estados miembros en lo que respecta a las obligaciones derivadas de dicho Derecho.

101. A este respecto, frustrar el ejercicio de la competencia internacional, en el sentido del Reglamento 2015/848, mediante la posibilidad de invocar la inmunidad de jurisdicción podría percibirse como una forma encubierta de dar prioridad a ley nacional frente al Derecho de la Unión. Ahora bien, tal primacía no puede justificarse a la luz de los principios que rigen el ordenamiento jurídico de la Unión, tal y como se explica en el punto 62 de las presentes conclusiones.

102. Ciertamente, de conformidad con el artículo 4 TUE, apartado 2, la Unión debe respetar, en particular, las funciones esenciales del Estado. Ahora bien, no cabe duda de que la imposición del IVA queda comprendida en dichas funciones esenciales, e incluso en las prerrogativas de poder público. No obstante, si bien los Estados miembros siguen siendo dueños de sus funciones soberanas, deben ejercerlas respetando el Derecho de la Unión. (83)

103. En efecto, en virtud de su pertenencia a la Unión, los Estados miembros se comprometen a cooperar leal y solidariamente, incluso en los ámbitos que entran dentro de sus funciones esenciales, tal y como establece el artículo 4 TUE, apartado 3. Este principio se aplica a todas las instituciones nacionales. Si bien en la jurisprudencia este principio se utiliza a menudo para respaldar las obligaciones de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión en materia de cooperación, (84) la idea principal que subyace a este principio es garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión mediante el respeto y la asistencia mutuos en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. Lógicamente, este principio implica no solo acciones positivas (adoptar medidas para garantizar la eficacia del Derecho de la Unión), sino también acciones negativas (abstenerse de adoptar medidas que sean contrarias a dicha eficacia, o incluso a los objetivos de la Unión). Ahora bien, es evidente que la excepción de inmunidad de jurisdicción constituye una acción negativa que impide el ejercicio de la competencia del órgano jurisdiccional alemán en virtud de las normas de la Unión y, por lo tanto, compromete la eficacia de dichas normas mediante el ejercicio de las prerrogativas del poder público. (85)

104. Por último, ha de observarse que tal excepción podría obstaculizar el mercado de capitales, una de las políticas clave que la Unión pretende realizar para favorecer su desarrollo económico y, por tanto, también el de sus Estados miembros. En efecto, la incertidumbre en torno al destino de los créditos en caso de insolvencia transfronteriza, generada por la posibilidad de invocar la inmunidad de jurisdicción, puede debilitar las inversiones y, por tanto, reducir también la eficacia del mercado único en su conjunto. Así pues, si en el asunto principal se admitiera la inmunidad de jurisdicción de un Estado miembro, se daría prioridad al interés de un Estado miembro de la Unión en detrimento de los intereses colectivos del conjunto de los Estados miembros, intereses que, por lo demás, son inherentes al propio concepto de la Unión.

105. Por todas las razones que acaban de exponerse, considero que el Derecho primario de la Unión, resultante de la voluntad de sus Estados miembros, permite modular el principio del Derecho internacional consuetudinario de inmunidad de jurisdicción de manera puntual e implícita, en el sentido de que procede concluir que existe una renuncia tácita a la inmunidad de jurisdicción en el marco del Reglamento 2015/848. (86)

4.      Consideraciones finales

106. Sentado cuanto antecede, supongamos que procede aceptar la posición defendida por los Gobiernos de los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia según la cual, en esencia, la inmunidad de jurisdicción, invocada por la autoridad tributaria polaca frente a una acción rescisoria ejercitada ante los tribunales alemanes con el fin de recuperar los pagos efectuados a dicha autoridad en concepto de IVA, se opone al ejercicio, por parte del órgano jurisdiccional remitente, de la competencia jurisdiccional establecida en el Reglamento 2015/848, ya que este no prevé supuestamente ninguna posibilidad de renuncia implícita.

107. A este respecto, además de no ser conforme con los argumentos basados en el Derecho primario relacionados con los objetivos y las normas de conducta que los Estados miembros se han impuesto a sí mismos en el ordenamiento jurídico de la Unión, tal postura conduciría, en realidad, de ser seguida, a un resultado paradójico. En efecto, la soberanía de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia quedaría protegida en detrimento de la soberanía de este último, dado que la aplicación de su Derecho sustantivo en materia de insolvencia, de conformidad con las normas de conflicto de leyes previstas para los procedimientos de insolvencia en el Reglamento 2015/848, quedaría frustrada por la inmunidad de jurisdicción de otro Estado miembro.

108. Además, ha de observarse que, más allá de su dimensión financiera o contable, el Derecho en materia de insolvencia tiene también una dimensión social, más humana y fundamental, ya que no solo tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado, a la estabilidad económica y a la confianza en el crédito, sino también garantizar la protección de los intereses que los Estados miembros, en el ejercicio de su soberanía y mediante la adopción de las normas sustantivas en materia de insolvencia, consideran esenciales. Así, estas normas ponen de manifiesto consideraciones sociales, en particular las de los trabajadores y las de carácter fiscal, medioambiental y de otro tipo. En concreto, todas estas dimensiones se reflejan en el sistema de prelación de acreedores, tal y como se desprende de las normas del Derecho sustantivo en materia de insolvencia de los Estados miembros de la Unión.

109. Ahora bien, no hace falta mucha imaginación para comprender que aceptar la inmunidad de jurisdicción frente a una acción rescisoria tendría como consecuencia lanzar una «llamada a la acción» siguiendo el ejemplo de la autoridad tributaria polaca. Si se permitiera a dicha autoridad recuperar la deuda tributaria sin respetar el orden de prelación de los acreedores previsto en el Derecho alemán, sin ningún riesgo de exponerse al control jurisdiccional en virtud del Derecho del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia, ¿por qué entonces las autoridades fiscales de los demás Estados miembros no iban a actuar de la misma manera en todos los demás procedimientos de insolvencia transfronterizos? Por consiguiente, los Estados miembros podrían verse muy sorprendidos al verse abocados no solo a un cambio radical del sistema de gestión de los procedimientos de insolvencia transfronterizos creado por el Reglamento 2015/848, sino también a que se vean reducidos a letra muerta sus criterios en materia de prelación, establecidos en su legislación nacional en materia de insolvencia, ya que la masa podría verse depauperada por el ejercicio de las prerrogativas fiscales de otro Estado miembro en detrimento de los demás acreedores y sin posibilidad de control jurisdiccional por parte de los tribunales del Estado de apertura.

110. A mi juicio, la tesis propugnada por los Gobiernos de los Estados miembros ante el Tribunal de la Justicia neutraliza todas las posibilidades de la legislación en materia de insolvencia en beneficio de la inmunidad de jurisdicción como elemento de su soberanía. Ahora bien, por muy importante que sea este elemento, plantea un problema en cuanto atañe al respeto de la soberanía de otro Estado miembro, cuyo Derecho sustantivo debería aplicarse legalmente y respecto al cual los ciudadanos de dicho Estado pueden tener expectativas legítimas.

5.      Respuesta propuesta

111. Por lo tanto, propongo responder a la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia en el presente asunto que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848, en relación con los artículos 2, punto 12, y 3, apartado 1, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que permite deducir la existencia de una renuncia implícita a la inmunidad de jurisdicción cuando, de conformidad con dicho Reglamento, se determina la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales del Estado de apertura para conocer de acciones que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia, y que guarden una estrecha vinculación con él, ejercitadas contra las autoridades públicas de los Estados miembros de la Unión.

112. Por lo demás, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia no aceptara mi propuesta de respuesta a la cuestión prejudicial, considero importante subrayar que, a fin de no obstaculizar el acceso del administrador concursal a los tribunales, convendría reconsiderar el carácter exclusivo de la competencia internacional prevista en las normas establecidas en el Reglamento 2015/848.

V.      Conclusión

113. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) del modo siguiente:

«El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, en relación con los artículo 2, punto 12, y 3, apartado 1, de dicho Reglamento,

debe interpretarse en el sentido de que

contiene una renuncia implícita a la inmunidad de jurisdicción cuando, de conformidad con dicho Reglamento, se determina la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de apertura del procedimiento de insolvencia para conocer de las acciones que se deriven directamente del procedimiento de insolvencia, y que guarden una estrecha vinculación con él, ejercitadas contra las autoridades públicas de los Estados miembros de la Unión.»


1      Lengua original: francés.


2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre los procedimientos de insolvencia (DO 2015, L 141, p. 19; corrección de errores en DO L, 2026/90283).


3      Consejo de Europa, Serie de Tratados Europeos, n.º 74. Esta Convención fue elaborada en el seno del Consejo de Europa y se abrió a la firma de los Estados en Basilea (Suiza) el 16 de mayo de 1972. No ha sido ratificada por Polonia.


4      Esta Convención, adoptada el 2 de diciembre de 2004 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y abierta a la firma de los Estados el 17 de enero de 2005, no ha entrado aún en vigor.


5      Las disposiciones de esta Convención son consideradas en ocasiones como la expresión de principios del Derecho internacional consuetudinario [véase Crawford, J.: Brownlie’s Principles of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 2019 (9.ª ed.), p. 473 y jurisprudencia citada].


6      Procede subrayar, a todos los efectos, que la ley aplicable al procedimiento de insolvencia de que se trata en el asunto principal es la ley del Estado miembro de apertura (artículo 7, apartado 1, en relación con el considerando 66, del Reglamento 2015/848), es decir, la ley alemana. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, el artículo 129, apartado 1, y el artículo 130, apartado 1, primera frase, punto 2, de la Ley Concursal alemana establecen que un acto jurídico realizado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia y en perjuicio de los acreedores, en virtud del cual un acreedor haya obtenido un pago, puede ser revocado siempre que dicho acto se haya realizado después de la fecha de la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia y que dicho acreedor tuviera conocimiento, en la fecha del acto, de dicha solicitud de apertura. Consta que la autoridad tributaria polaca fue informada de dicha solicitud y que los pagos efectuados a dicha autoridad se realizaron durante el período transcurrido entre la presentación de la solicitud de apertura y la apertura del procedimiento de insolvencia.


7      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).


8      Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos convenios relativos a la adhesión de nuevos Estados miembros a este convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).


9      Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).


10      Reglamento del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a los procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1).


11      Informe explicativo redactado por Virgós, M., y por Schmit, E., de 8 de julio de 1996, sobre el Convenio relativo a los procedimientos de insolvencia de 3 de mayo de 1996, documento del Consejo de la Unión Europea, 6500/96, DRS 8 (CFC) (en lo sucesivo, «informe Virgós/Schmit»).


12      El Reglamento n.º 1346/2000, sustituido y derogado por el Reglamento 2015/848, sucedió al Convenio Europeo sobre Procedimientos de Insolvencia (documento del Consejo CONV/INSOL/X1), que a su vez es el resultado de más de 25 años de debates y negociaciones. El Convenio no entró en vigor porque el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no lo firmó antes del plazo acordado, fijado para el 23 de mayo de 1996. No obstante, el texto del primero de estos Reglamentos, recogido, en lo esencial, en el segundo de ellos, es, en lo fundamental, idéntico al del Convenio. En estas circunstancias, el informe Virgós/Schmit puede proporcionar indicaciones útiles sobre la interpretación de este último Reglamento.


13      Cabe añadir, con carácter complementario, que de la jurisprudencia se desprende que, a diferencia del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1215/2012, el del Reglamento 2015/848 no debe ser objeto de una interpretación amplia (sentencia de 6 de febrero de 2019, NK, C‑535/17, EU:C:2019:96, apartados 24 a 26).


14      Sentencias de 4 de septiembre de 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), apartado 21 y jurisprudencia citada, y de 11 de junio de 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks y otros (C‑649/13, EU:C:2015:384), apartado 26 y jurisprudencia citada. A este respecto, debe recordarse que las enseñanzas que se derivan de esta jurisprudencia deben situarse en su contexto. Así, sin perjuicio de las dificultades prácticas que, no obstante, puedan surgir en el caso, en particular, de los procedimientos híbridos o previos a los de insolvencia (véase The Implementation of the New Insolvency Regulation, Recommendations and Guidelines JUST/2013/JCIV/AG/4679, Max Planck Institute, pp. 36 a 40 y 63 a 65), este enfoque de interpretación de los Reglamentos 2015/848 y n.º 1215/2012 solo es aplicable si se está ante una situación expresamente excluida del último de dichos Reglamentos y expresamente incluida en el primero de ellos.


15      El artículo 1 del Reglamento n.º 1215/2012 define su ámbito de aplicación de manera autónoma.


16      Considerando 7 del Reglamento 2015/848.


17      Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2017, Tünkers France y Tünkers Maschinenbau (C‑641/16, EU:C:2017:847), apartados 22 y 28 y jurisprudencia citada. En efecto, procede identificar el ámbito al que corresponde una acción en función de la fuente que sirve de base a dicha acción (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de diciembre de 2014, H, C‑295/13, EU:C:2014:2410, apartado 21 y jurisprudencia citada).


18      Con carácter complementario, ha de observarse que, ciertamente, estas circunstancias pueden ser pertinentes para determinar si una materia entra o no dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.ºo1215/2012, en tanto que rasgos que caracterizan la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del litigio o el objeto de este (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 2020, Rina, C‑641/18, EU:C:2020:349, en lo sucesivo, «sentencia Rina», apartado 32). No obstante, habida cuenta del tenor del artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848 y, como se verá más adelante, del contexto y los objetivos de este último, tales rasgos no son pertinentes a efectos de determinar el ámbito de aplicación del Reglamento 2015/848.


19      Cuando menos, imponer tal criterio conduciría inevitablemente a complicar la aplicación de la norma de competencia establecida en el artículo 6, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848, o incluso a privar a dicha norma de su efecto útil.


20      Considerando 1 del Reglamento 2015/848.


21      Considerandos 41 y 48 del Reglamento 2015/848.


22      Considerando 63 del Reglamento 2015/848.


23      Sentencia de 16 de enero de 2014, Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6), apartado 33.


24      A este respecto, ha de precisarse que las conclusiones de mi análisis se refieren únicamente al Derecho internacional consuetudinario.


25      Delile, J.F.: «Les effets de la coutume internationale dans l’ordre juridique de l’Union européenne», Cahiers de Droit Européen, 2017, pp. 159 a 192.


26      La doctrina subraya que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha experimentado una evolución en su postura respecto a la incorporación de las normas del Derecho internacional en el ordenamiento jurídico de la Unión, distinguiendo tres «etapas». La primera era favorable al Derecho internacional, en el sentido, en esencia, de que la Comunidad Europea estaba vinculada por cualquier norma de Derecho internacional general respecto a la cual sus Estados miembros no hubieran establecido excepciones, de modo que, cuando se enfrentaba a una laguna en el Derecho comunitario, la aplicación de las normas consuetudinarias del Derecho internacional se imponía al Tribunal de Justicia de manera implícita. La segunda se distinguía de la primera por una reticencia a la hora de aplicar las normas de Derecho internacional, lo que llevó a reivindicar la autonomía del Derecho comunitario y su clara separación respecto al Derecho internacional, debido, ciertamente, a la falta de una disposición expresa en los tratados fundacionales de la época que impusiera el respeto del Derecho internacional, pero también para alentar a los tribunales nacionales a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, dando prioridad un enfoque en el que las fuentes del Derecho comunitario se buscan más en los Derechos nacionales que en el Derecho internacional. Por último, la tercera etapa, que se inició a partir de la década de 1990, se caracteriza por la apertura del Derecho de la Unión al Derecho internacional, ahora codificada en el artículo 3 TUE, apartado 5 (Malenovský, J.: «Le juge et la coutume internationale: perspective de l’Union européenne et de la Cour de justice», The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 12, 2013, p. 218).


27      Sentencia de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros (C‑366/10, EU:C:2011:864), apartado 101 y jurisprudencia citada.


28      Véase, por ejemplo: Dubouis L.: «La nature de l’Union européenne», Cohen-Jonathan G., Dutheil de la Rochère J. (dir.): Constitution européenne, démocratie et droits de l’homme, Bruylant, 2003, p. 84.


29      Anteriormente de las Comunidades.


30      Dictamen 1/91 (Acuerdo EEE — I), de 14 de diciembre de 1991 (EU:C:1991:490), apartado 35.


31      Sentencia de 10 de diciembre de 2018, Wightman y otros (C‑621/18, EU:C:2018:999), apartado 45 y jurisprudencia citada.


32      Opinión de la Abogada General Kokott relativa al dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH) (EU:C:2014:2475), punto 159.


33      Conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Rina (C‑641/18, EU:C:2020:3), punto 141.


34      Salmon, J. (ed.): Dictionnaire de droit international public, Bruselas, 2001, pp. 283 y 284.


35      Soussan, A.: «Droit international non conventionnel et ordre juridique de l’Union européenne», Union européenne et droit international, en l’honneur de P. Daillier, Editions Pedone, París, 2012.


36      Leray, E., y Potteau, A.: «L’intégration du droit international coutumier dans l’ordre juridique communautaire», La Semaine Juridique, Édition Général n.º 5, 3 de febrero de 1999, II 10022, p. 5.


37      Véanse, en particular, las sentencias de 19 de julio de 2012, Mahamdia (C‑154/11, EU:C:2012:491), apartado 55; Rina, apartado 56 y jurisprudencia citada, y de 3 de septiembre de 2020, Supreme Site Services y otros (C‑186/19, EU:C:2020:638), apartado 59 y jurisprudencia citada.


38      Véase la sentencia de 15 de febrero de 2007, Lechouritou y otros (C‑292/05, EU:C:2007:102), apartado 41. Del mismo modo, en la sentencia Rina, el Tribunal de Justicia consideró, sin perjuicio de las comprobaciones que incumbían al órgano jurisdiccional remitente, no sobre la base de la acción de indemnización ejercitada ante el órgano jurisdiccional nacional, sino sobre la base de las operaciones de clasificación y certificación realizadas por las sociedades de que se trataba, que dichas operaciones no se habían llevado a cabo en el ejercicio de prerrogativas de poder público (apartado 49).


39      A este respecto, ha de señalarse que la naturaleza de los actos objeto de la acción rescisoria no varía en función de la condición de la persona, física o jurídica, que cumple con su obligación, ni del hecho de que las deudas tributarias no sean recaudadas por la propia Administración tributaria. En efecto, el pago de la deuda tributaria implica también la aceptación de tal pago por parte de dicha Administración. Además, el impago puede aparejar consecuencias previstas en la legislación fiscal que son ajenas a las relaciones de Derecho privado, de modo que el pago de los impuestos está indisolublemente ligado al ejercicio del poder público.


40      Es preciso recordar que la distinción entre actos iure gestionnis e iure imperii se basa en si el Estado actúa como particular, en el sentido de que la realización del acto no implica ningún ejercicio de poder público o, dicho de otro modo, de que dicho acto tiene tal naturaleza que cualquier particular podría haberlo realizado, o bien si el acto entra dentro del ámbito del ejercicio del poder público.


41      En efecto, como se desprende de la jurisprudencia citada en el punto 47 de las presentes conclusiones, el criterio determinante para caracterizar la aplicación de la inmunidad de jurisdicción reside en la naturaleza del acto contra el que se ha ejercitado una acción. En mi opinión, no existe razón objetiva alguna que permita establecer, en el marco de los procedimientos de insolvencia, a efectos de la calificación del acto de que se trate, un nuevo criterio vinculado a la naturaleza del derecho ejercido o de la acción ejercitada contra dicho acto.


42      Artículo 1 TUE.


43      Véanse, en este sentido, la sentencia de 5 de febrero de 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1) y el dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014 (EU:C:2014:2454), apartado 157.


44      Mouton, J.‑D.: «Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux États dans le système communautaire?», Les dynamiques du droit européen en début de siècle. Mélanges en l’honneur de J.‑C. Gautron, París, Pedone, 2004, p. 473.


45      Artículo 48 TUE.


46      Artículo 50 TUE.


47      Artículo 4 TUE, apartado 2. Cursiva añadida. Sin embargo, como es sabido, la distinción entre estos distintos ámbitos de la política de la Unión y de los Estados miembros no siempre es tan clara en la práctica.


48      Es decir, la autoridad exclusiva de un Estado sobre su territorio y su población, lo que se traduce en su independencia, el principio de no injerencia y su libertad de organización interna.


49      Es decir, que los Estados, como sujetos internacionales, son todos iguales, sin que ninguno esté sometido a la autoridad de otro.


50      Gaudin, H., «L’identité de l’Union européenne au prisme de la souveraineté de ses États membres», Revue générale du droit, Chronique de droit de l’Union, 2021.


51      En el sentido de que el Consejo vela por los intereses de los Estados miembros, la Comisión vela por los de la Unión y el Parlamento por los de los ciudadanos.


52      Malenovsky, J.: «A la recherche d’une solution intersystémique aux rapports du droit international et du droit de l’Union européenne», Annuaire français de droit international, volumen 65, 2019, pp. 201 a 234.


53      Blin, O. (2013): «La personnalité juridique de l’Union européenne après Lisbonne: véritable acquisition ou simple reconnaissance?», Bioy, X. (ed.) La personnalité juridique. Traditions et évolutions, serie «Les Travaux de l’IFR Mutation des normes juridiques n.º 14», Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ — Lextenso Editions, Toulouse, pp. 131 a 142.


54      Gaudin, H., op. cit.


55      Ha de subrayarse que se trata de los objetivos que los propios Estados miembros se han fijado.


56      Véase el punto 43 de las presentes conclusiones.


57      Artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/848.


58      Artículo 6, apartado 1, del Reglamento 2015/848.


59      Artículo 7, apartado 1, del Reglamento 2015/848.


60      Artículo 7, apartado 2, letra g), del Reglamento 2015/848.


61      Artículo 45, apartado 1, del Reglamento 2015/848.


62      Artículo 2, punto 12, del Reglamento 2015/848.


63      Considerando 63 del Reglamento 2015/848.


64      Huelga decir que la inmunidad de jurisdicción solo puede invocarse ante los tribunales de otro Estado.


65      A este respecto, cabe señalar que el único Estado miembro que, con carácter general, no está obligado por la aplicación de este Reglamento es el Reino de Dinamarca, tal y como se desprende del considerando 88 del Reglamento 2015/848.


66      Considerando 3 del Reglamento 2015/848.


67      Considerando 8 del Reglamento 2015/848.


68      Entre estas excepciones, cabe citar las que se desprenden de una interpretación conjunta de los artículos 20 y 33 del Reglamento 2015/848, relativos a los efectos del ejercicio de la competencia internacional en virtud de dicho Reglamento. Ahora bien, en el presente asunto, si bien la invocación de la inmunidad de jurisdicción obstaculiza el ejercicio de la competencia válidamente establecida sobre la base de las normas previstas en dicho Reglamento, no se trata de una excepción prevista en el mismo.


69      Artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 y artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO 2014, L 189, p. 59). Es evidente que la cuestión del ámbito de aplicación de un instrumento jurídico del Derecho de la Unión debe distinguirse de la del ejercicio de la competencia derivada de dicho instrumento. Así pues, en el presente asunto, este ejemplo se refiere únicamente a la falta de efecto de los actos iure imperii en el ejercicio de la competencia internacional en virtud del Reglamento 2015/848.


70      Sentencia de 14 de noviembre de 2018, Wiemer & Trachte (C‑296/17, EU:C:2018:902), apartado 36. Es cierto que, en dicha sentencia, se trataba de interpretar el alcance de la competencia internacional en el marco de los procedimientos de insolvencia, regulada por el Reglamento n.º 1346/2000, al que sucedió, en términos prácticamente idénticos, el Reglamento 2015/848, en su artículo 3, apartado 1. Si bien el artículo 6, apartado 1, de este último Reglamento introdujo una norma adicional, considero que esta jurisprudencia relativa al alcance de la competencia internacional en el marco del antiguo Reglamento es aplicable, debido a que estas acciones quedan comprendidas, en el sentido del Reglamento 2015/848, en el ámbito de la misma competencia internacional que los propios procedimientos de insolvencia.


71      Artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2015/848.


72      A todos los efectos, cabe subrayar que, al ser interrogado al respecto durante la vista, el administrador concursal en el asunto principal precisó que no se había podido comprobar la existencia de tal establecimiento.


73      Considerando 48 del Reglamento 2015/848.


74      Sentencia Rina, apartado 55.


      A todos los efectos, cabe señalar, por un lado, que la sentencia del TEDH, de 27 de noviembre de 2025, Renouard c. Francia (CE:ECHR:2025:1127JUD004691121, §§ 53 y 54), invocada por el Gobierno francés en la vista, tampoco permite llegar a una conclusión contraria. En efecto, de dicha sentencia se desprende, en esencia, que la admisión de la excepción de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales franceses no se consideró una restricción desproporcionada del derecho del demandante a acceder a los tribunales, ya que dicho demandante disponía de vías de recurso ante los tribunales de los Emiratos Árabes Unidos. A diferencia del presente asunto, si la inmunidad de jurisdicción impidiera el ejercicio de la competencia jurisdiccional, no cabría ninguna otra vía de recurso. Es cierto que, en un asunto relativo a la independencia de la invocación de la inmunidad de jurisdicción respecto a la existencia de otras vías de recurso que permitan obtener una indemnización, el Tribunal Internacional de Justicia declaró que la cuestión de si un Estado puede gozar de inmunidad ante los tribunales de otro Estado es totalmente distinta de la de si dicho Estado ha incurrido en responsabilidad internacional y si le incumbe una obligación de indemnización. No obstante, ha de subrayarse que este último asunto se inscribía en un contexto muy particular,relativo a las indemnizaciones a las víctimas de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad, vinculado también a las circunstancias particulares de las negociaciones llevadas a cabo al respecto entre los Estados implicados [Inmunidades jurisdiccionales del Estado (Alemania c. Italia); Grecia (interviniente), sentencia, I.C.J. Reports 2012, pp. 99 a 102].


75      Véanse los artículos 258 TFUE a 260 TFUE.


76      Aunque este Protocolo vinculaba inicialmente al Reino Unido e Irlanda, ya no es así desde el Brexit. Por lo tanto, este Protocolo se aplica ahora únicamente a Irlanda.


77      No obstante, de conformidad con el considerando 87 del Reglamento 2015/848, Irlanda ha manifestado su deseo de tomar parte en la adopción y aplicación de dicho Reglamento.


78      De conformidad con el considerando 88 del Reglamento 2015/848, el Reino de Dinamarca no participa en la adopción de dicho Reglamento y no está vinculado por él ni obligado a aplicarlo.


79      Véase, en este sentido, el auto de 22 de junio de 1965, Acciaierie San Michele/Alta Autoridad (9/65, EU:C:1965:63).


80      Artículo 4 TUE, apartado 2.


81      Sentencia de 7 de febrero de 1973, Comisión/Italia (39/72, en lo sucesivo, «sentencia Comisión/Italia», EU:C:1973:13).


82      Véanse, en particular, los apartados 20, 24 y 25 de la sentencia Comisión/Italia. El Tribunal de Justicia concluyó finalmente que el Estado miembro en cuestión había incumplido las obligaciones que había asumido en virtud de su pertenencia a la Unión.


83      Véase, en particular, por analogía, la sentencia de 13 de abril de 2010, Bressol y otros (C‑73/08, EU:C:2010:181), apartado 28 y jurisprudencia citada.


84      Véanse, por ejemplo, la sentencia de 27 de junio de 2000, Comisión/Portugal (C‑404/97, EU:C:2000:345), apartado 40, y el auto de 6 de diciembre de 1990, Zwartveld y otros (C‑2/88-IMM, EU:C:1990:440), apartados 17 a 21. Por otra parte, este último auto resulta interesante desde el punto de vista de la interpretación por analogía. En dicho auto, el Tribunal de Justicia consideró que el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas no podía, en ningún caso, interpretarse en el sentido de que permitiera a las instituciones comunitarias incumplir la obligación de cooperación leal. Si tal es el caso para la Unión, ¿por qué podrían entonces los Estados miembros beneficiarse de la inmunidad de jurisdicción para eludir esta obligación, como ocurre, por ejemplo, en la aplicación de las normas en materia de competencia judicial?


85      Evidentemente, esta conclusión se impone precisamente porque existen disposiciones específicas del Derecho de la Unión relativas a la competencia internacional en materia de procedimientos de insolvencia. Es cierto que, a falta de disposiciones del Derecho de la Unión sobre este aspecto, cabría remitirse al Derecho nacional y a los principios del Derecho internacional (véase, por analogía, la sentencia de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, apartado 24).


86      Evidentemente, esta conclusión solo es válida respecto a los Estados miembros. Si bien los órganos jurisdiccionales del Estado de apertura también son competentes para conocer de las acciones dirigidas contra nacionales de terceros Estados (véase la sentencia de 16 de enero de 2014, Schmid, C‑328/12, EU:C:2014:6, apartado 33 y fallo), estos no participan en el proyecto europeo y no puede considerarse que hayan renunciado a la inmunidad de jurisdicción. Cierto es que esta posición rompe la igualdad de trato entre las autoridades tributarias de un Estado miembro y las de un tercer Estado. Sin embargo, se trata de una consecuencia inherente al sistema creado por el Reglamento. Por lo demás, dado que los terceros Estados no están sujetos a las normas de competencia previstas en el Reglamento 2015/848, podría ejercitarse una acción rescisoria en dichos Estados, lo que permitiría subsanar la desigualdad de trato contemplada.