AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 17 de noviembre de 2020 (*)

«Recurso de anulación — Política económica y monetaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Decisión por la que se deniega una compensación económica a los accionistas y acreedores afectados — Incumplimiento de los requisitos de forma — Artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento — Inadmisibilidad manifiesta»

En el asunto T‑257/20,

Ramón González Calvet, con domicilio en Barcelona,

Joan González Calvet, con domicilio en Barcelona,

representados por el Sr. P. Molina Bosch, abogado,

partes demandantes,

contra

Junta Única de Resolución (JUR), representada por las Sras. S. Branca y J. King y por los Sres. L. Forestier y E. Muratori, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. H.‑G. Kamann y F. Louis y las Sras. V. Del Pozo Espinosa de los Monteros y L. Hesse, abogados,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión SRB/EES/2020/52 de la JUR, de 17 de marzo de 2020, por la que se determina la potencial concesión de una compensación a los accionistas y acreedores de Banco Popular Español, S. A., sobre los que se adoptaron las medidas de resolución,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. M. Collins, Presidente, y los Sres. Z. Csehi y G. De Baere (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

dicta el siguiente

Auto

 Procedimiento y pretensiones de las partes

1        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 7 de mayo de 2020, los demandantes, Sres. Ramón y Joan González Calvet, interpusieron el presente recurso.

2        El 18 de septiembre de 2020, la Junta Única de Resolución (JUR) presentó en la Secretaría del Tribunal su escrito de contestación.

3        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de julio de 2020, el Reino de España solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la JUR.

4        Los demandantes solicitan al Tribunal que:

–        Anule la Decisión SRB/EES/2020/52 de la JUR, de 17 de marzo de 2020, por la que se determina la potencial concesión de una compensación a los accionistas y acreedores de Banco Popular Español, S. A., sobre los que se adoptaron las medidas de resolución (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).

–        Se indemnice al Sr. Ramón González Calvet en el importe de 317 072 euros por la expropiación de sus 45 296 acciones y al Sr. Joan González Calvet en el importe de 11 977 euros por la expropiación de sus 1 711 acciones.

–        Condene en costas a la JUR.

5        La JUR solicita al Tribunal que:

–        Declare la inadmisibilidad de la demanda.

–        Con carácter subsidiario, desestime los motivos presentados en apoyo de la demanda por inadmisibles y/o por infundados, según proceda.

–        Condene en costas a los demandantes.

 Fundamentos de Derecho

6        A tenor del artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado sin continuar el procedimiento.

7        En el presente asunto, al considerar que consta en los autos información suficiente, el Tribunal decide resolver sin continuar el procedimiento.

8        En su escrito de contestación, la JUR opone la inadmisibilidad de la demanda sobre la base del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.

9        Según reiterada jurisprudencia, conforme al artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, toda demanda deberá indicar el objeto del litigio, los motivos y alegaciones invocados y una exposición concisa de dichos motivos. Estos elementos deben ser suficientemente claros y precisos para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal resolver el recurso, en su caso sin ulteriores datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten de una forma coherente y comprensible del texto de la propia demanda (véase el auto de 18 de septiembre de 2018, eSlovensko/Comisión, T‑664/17, no publicado, EU:T:2018:559, apartado 29 y jurisprudencia citada).

10      Cuando la parte demandante no aduce ningún motivo en apoyo de una pretensión, el requisito establecido en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, según el cual los motivos invocados deben ser objeto de una exposición concisa, no se cumple, y esa pretensión debe declararse inadmisible (véase el auto de 7 de junio de 2019, Hebberecht/SEAE, T‑171/19, no publicado, EU:T:2019:396, apartado 22 y jurisprudencia citada).

11      En el caso de autos, procede señalar que la demanda no contiene ninguna exposición, ni siquiera concisa, de los motivos invocados. En efecto, a ninguna de las seis partes en que se divide la demanda se la denomina «motivo».

12      De esta forma, la primera parte, titulada «Sobre Deloitte como empresa auditora», contiene una presentación de Deloitte que tiene por objeto demostrar, en esencia, que dicha firma de auditoria está «desprestigiada».

13      La segunda parte, titulada «Sobre la valoración de activos», tiene por objeto impugnar la valoración de los activos efectuada por la firma Deloitte. Esta parte contiene elementos meramente fácticos. Como señala la JUR, los demandantes no hacen referencia a errores específicos supuestamente cometidos en la Decisión impugnada y no precisan qué parte o qué aspecto de la referida Decisión incumple los requisitos legales. El contenido de esta segunda parte se reproduce y resume en la sexta parte, titulada «Reclamación económica».

14      Las partes tercera, cuarta y quinta, tituladas, respectivamente, «Sobre la operación de rescate de Banco Santander[, S. A.]», «La JUR como inductora del colapso de Banco Popular» y «El papel de las administraciones públicas en el colapso de Banco Popular», tratan de las circunstancias que originaron la Decisión SRB/EES/2017/08 de la JUR, de 7 de junio de 2017, relativa a un dispositivo de resolución respecto al Banco Popular y del contenido del dispositivo de resolución.

15      Además, como se ha recordado en el apartado 9 del presente auto, a tenor del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener, en particular, una exposición concisa de los motivos invocados y, por lo tanto, mencionar al menos sucintamente, pero con suficiente claridad, los principios jurídicos que, según el demandante, han sido vulnerados y los principales elementos fácticos en los que se basan sus imputaciones (véase la sentencia de 20 de noviembre de 2017, Voigt/Parlamento, T‑618/15, EU:T:2017:821, apartado 39 y jurisprudencia citada).

16      Pues bien, de la demanda, en su conjunto, se desprende que los demandantes no hacen referencia a ninguna norma jurídica que, a su entender, haya sido infringida en la Decisión impugnada. A falta de cualquier alegación de infracción de una norma jurídica supuestamente cometida por la JUR, no corresponde al Tribunal identificar los argumentos jurídicos que sirven de base a la demanda.

17      Procede señalar igualmente que, según la jurisprudencia, la parte demandante está obligada a exponer de manera suficientemente sistemática las consideraciones relativas a cada motivo que formule, sin que el Tribunal pueda verse obligado, por la falta de estructura de la demanda o de rigor de esta parte, a recomponer, recabando diversos elementos dispersos de la demanda, la articulación jurídica que se supone sirve de apoyo a un motivo, con riesgo de reconstruir este confiriéndole un alcance que la referida parte no pretendía atribuirle. No entenderlo así sería contrario tanto a una buena administración de la justicia como al principio dispositivo, así como al derecho de defensa de la parte demandada (véase el auto de 9 de julio de 2019, Scaloni y Figini/Comisión, T‑158/18, no publicado, EU:T:2019:491, apartado 30 y jurisprudencia citada).

18      Ello resulta particularmente claro en el caso de autos, dada la falta de formulación expresa en la demanda tanto de motivos como de argumentación jurídica.

19      En la medida en que la demanda no contiene los elementos esenciales de Derecho en los que se basa, debe considerarse que no cumple los requisitos del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.

20      Por consiguiente, el recurso debe ser declarado manifiestamente inadmisible.

 Sobre la demanda de intervención

21      Conforme al artículo 142, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la intervención es accesoria con respecto al litigio principal y quedará sin objeto, en particular, cuando se declare la inadmisibilidad de la demanda.

22      En consecuencia, no ha lugar a pronunciarse sobre la demanda de intervención del Reino de España.

 Costas

23      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de los demandantes, procede condenarlos en costas, conforme a lo solicitado por la JUR.

24      Por otra parte, según el artículo 144, apartado 10, del Reglamento de Procedimiento, si se pone fin al proceso en el asunto principal antes de que se haya decidido sobre una demanda de intervención, la persona que solicitaba intervenir y las partes principales cargarán con las costas relativas a dicha demanda, soportando cada una sus propias costas. En el presente asunto, los demandantes, la JUR y el Reino de España cargarán, cada uno de ellos, con sus propias costas correspondientes a la demanda de intervención.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

resuelve:

1)      Declarar el recurso manifiestamente inadmisible.

2)      Sobreseer la demanda de intervención del Reino de España.

3)      Los Sres. Ramón González Calvet y Joan González Calvet cargarán con sus propias costas y con las de la Junta Única de Resolución (JUR), a excepción de las correspondientes a la demanda de intervención del Reino de España.

4)      Los Sres. González Calvet, la JUR y el Reino de España cargarán, cada uno de ellos, con sus propias costas correspondientes a la demanda de intervención del Reino de España.

Dictado en Luxemburgo, a 17 de noviembre de 2020.

*      Lengua de procedimiento: español.