SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 11 de diciembre de 2025 ( *1 )
«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Unión bancaria — Reglamento (UE) n.o 806/2014 — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Artículo 7 — Reparto de funciones dentro del Mecanismo Único de Resolución — Artículo 18 — Procedimiento de resolución — Requisitos — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de no adoptar un dispositivo de resolución — Competencia de la JUR»
En el asunto C‑602/22 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 16 de septiembre de 2022,
ABLV Bank AS, en liquidación, con domicilio social en Riga (Letonia), representada por el Sr. O. Behrends, Rechtsanwalt,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Junta Única de Resolución (JUR), representada inicialmente por la Sra H. Ehlers y los Sres. L. Forestier, J. Rius Riu y K.‑Ph. Wojcik, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Arts, advocaat, y las Sras. N. De Backer y F. Miotto, avocates, y posteriormente por la Sra. H. Ehlers y los Sres. L. Forestier y J. Rius Riu, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Arts, advocaat, y las Sras. N. De Backer y F. Miotto, avocates,
parte demandada en primera instancia,
Banco Central Europeo (BCE), representado por el Sr. A. Lefterov, la Sra. G. Marafioti y el Sr. R. Ugena Torrejón, en calidad de agentes,
parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente, los Sres. C. Lycourgos e I. Jarukaitis, las Sras. M. L. Arastey Sahún, I. Ziemele y O. Spineanu Matei y los Sres. M. Condinanzi y F. Schalin, Presidentes de Sala, y los Sres. N. Piçarra, A. Kumin, D. Gratsias, Z. Csehi, B. Smulders y N. Fenger (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de enero de 2025;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
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1 |
Mediante su recurso de casación, ABLV Bank AS, en liquidación, solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de julio de 2022, ABLV Bank/JUR (T‑280/18, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2022:429), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso por el que solicitaba la anulación de las Decisiones SRB/EES/2018/09 y SRB/EES/2018/10 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 23 de febrero de 2018, de no adoptar un dispositivo de resolución respecto de las entidades de crédito ABLV Bank AS y ABLV Bank Luxembourg SA, respectivamente (en lo sucesivo, «Decisiones controvertidas»). |
Marco jurídico
Directiva 2014/59/UE
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2 |
El artículo 82, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27), establece lo siguiente: «La decisión de emprender o no una medida de resolución en relación con una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), contendrá la información siguiente:
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Reglamento (UE) n.o 806/2014
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3 |
Los considerandos 2, 10 a 12, 24, 26, 31, 33, 58 y 122 del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), tienen el siguiente tenor:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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4 |
El artículo 7 del Reglamento n.o 806/2014, titulado «Reparto de funciones dentro del MUR», preceptúa en sus apartados 1 y 2: «1. La [JUR] será responsable del funcionamiento eficaz y coherente del MUR. 2. A reserva de las disposiciones a que se refiere el artículo 31, apartado 1, la [JUR] será responsable de la elaboración de los planes de resolución y de la adopción de todas las decisiones relacionadas con la resolución para:
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5 |
A tenor del artículo 14, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014: «1. Cuando actúen en el marco del procedimiento de resolución a que se refiere el artículo 18, la [JUR], el Consejo y la Comisión y, cuando corresponda, las autoridades nacionales de resolución, ejerciendo sus respectivas responsabilidades, tendrán en cuenta los objetivos de esta y elegirán los instrumentos y competencias de resolución que, en su opinión, mejor se encaminen a los objetivos de la resolución fijados según las circunstancias del caso. 2. Los objetivos de la resolución a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:
[…]» |
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6 |
El artículo 15, apartado 1, de este Reglamento tiene el siguiente tenor: «Cuando actúen en el marco del procedimiento de resolución a que se refiere el artículo 18, la [JUR], el Consejo, la Comisión y, cuando proceda, las autoridades nacionales de resolución tomarán todas las medidas oportunas para garantizar que la medida de resolución se ajuste a los principios siguientes […]». |
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7 |
El artículo 18 de dicho Reglamento, titulado «Procedimiento de resolución», establece: «1. La [JUR] adoptará un dispositivo de resolución de conformidad con el apartado 6 en relación con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartado 2, y con los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartado 4, letra b), y apartado 5, siempre y cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de dichos apartados, solo cuando considere, en sesión ejecutiva, después de recibir una comunicación con arreglo al párrafo cuarto, o por iniciativa propia, que se cumplen las siguientes condiciones:
El BCE, previa consulta a la [JUR], evaluará si se cumple la condición contemplada en el párrafo primero, letra a). La [JUR], en sesión ejecutiva, podrá realizar esa evaluación únicamente después de informar al BCE de su intención y solo si el BCE no la ha realizado en un plazo de tres días naturales a partir de la recepción de dicha información. El BCE facilitará sin demora a la [JUR] toda la información pertinente que esta solicite con objeto de llevar a cabo su evaluación. Cuando el BCE estime que se cumple la condición a que se refiere la letra a) del párrafo primero en relación con un ente o grupo contemplados en el párrafo primero, lo comunicará sin demora a la Comisión y a la [JUR]. La [JUR], en sesión ejecutiva, o, en su caso, las autoridades nacionales de resolución, en estrecha cooperación con el BCE, llevarán a cabo una evaluación de la condición contemplada en el párrafo primero, letra b). El BCE también podrá informar a la [JUR] o a las autoridades nacionales de resolución interesadas de si considera que se cumple la condición establecida en dicha letra. […] 4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra a), se considerará que un ente tiene graves dificultades o que probablemente va a tenerlas si se produce una o varias de las siguientes circunstancias: […]
[…] 5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), del presente artículo una medida de resolución se considerará de interés público si resulta necesaria para alcanzar, de forma proporcionada, uno o varios de los objetivos de resolución expuestos en el artículo 14, mientras que una liquidación del ente a través de los procedimientos de insolvencia ordinarios no permitiría alcanzar en la misma medida los citados objetivos. 6. Si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, la [JUR] adoptará un dispositivo de resolución. El dispositivo de resolución:
7. Inmediatamente después de la adopción del dispositivo de resolución, la [JUR] lo transmitirá a la Comisión. En un plazo de 24 horas a partir de la transmisión del dispositivo de resolución por la [JUR], la Comisión lo aprobará o lo rechazará teniendo en cuenta los aspectos discrecionales del dispositivo de resolución en los casos que no estén cubiertos por el párrafo tercero del presente apartado. En un plazo de 12 horas a partir de la transmisión del dispositivo de resolución por la [JUR], la Comisión propondrá al Consejo:
A efectos del párrafo tercero, el Consejo se pronunciará por mayoría simple. El dispositivo de resolución solo podrá entrar en vigor si ni el Consejo ni la Comisión presentan objeciones al mismo en el plazo de 24 horas tras su transmisión por la [JUR]. El Consejo o la Comisión, según el caso, justificarán por qué ejercen su competencia de presentar objeciones. Si, en el plazo de 24 horas a partir de la transmisión del dispositivo de resolución por la [JUR], el Consejo aprueba la propuesta de la Comisión para modificar el dispositivo de resolución por la razón mencionada en el párrafo tercero, letra b), o si la Comisión presenta objeciones de conformidad con el párrafo segundo, la [JUR] modificará en un plazo de ocho horas el dispositivo de resolución de conformidad con las razones expresadas. […] 8. Si el Consejo formula objeciones a que se someta a una entidad a un procedimiento de resolución por el motivo de que no se cumple el criterio de interés público a que hace referencia la letra c) del apartado 1, la entidad en cuestión será liquidada de manera ordenada de conformidad con la legislación nacional aplicable. 9. La [JUR] velará por que se emprenda la medida de resolución necesaria para que las autoridades nacionales de resolución competentes lleven a cabo el dispositivo de resolución. El dispositivo de resolución irá dirigido a las autoridades nacionales de resolución competentes e impartirá instrucciones a estas, las cuales tomarán todas las medidas necesarias para aplicarlo de conformidad con el artículo 29, ejerciendo competencias de resolución. Cuando exista una ayuda de Estado o del [FUR], la [JUR] actuará de conformidad con la decisión tomada por la Comisión respecto de dicha ayuda. 10. La Comisión estará facultada para recabar de la [JUR] cualquier información que considere pertinente para el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento. La [JUR] estará facultada, con arreglo al capítulo 5 del presente título, para recabar de cualquier persona toda la información necesaria para decidir sobre una medida de resolución y prepararla, incluidas actualizaciones y complementos de la información proporcionada en los planes de resolución.» |
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8 |
El artículo 22 del mismo Reglamento, titulado «Principios generales de los instrumentos de resolución», dispone en su apartado 2: «Los instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 18, apartado 6, letra b), son los siguientes:
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9 |
El artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, establece: «Las autoridades nacionales de resolución adoptarán las medidas necesarias para aplicar las decisiones a que se refiere el presente Reglamento, en particular ejerciendo el control sobre los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartado 2, y sobre los entes y grupos mencionados en el artículo 7, apartados 4, letra b) y 5, cuando se cumplan las condiciones para la aplicación de estos apartados, adoptando las medidas necesarias de conformidad con los artículos 35 o 72 de la Directiva [2014/59] y garantizando el cumplimiento de las salvaguardias establecidas en dicha Directiva. Las autoridades nacionales de resolución aplicarán todas las decisiones que les dirija la [JUR].» |
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10 |
El artículo 43, apartado 3, de este Reglamento establece: «La Comisión y el BCE designarán cada uno un representante con derecho a participar en las reuniones de las sesiones plenarias y ejecutivas como observador permanente. Los representantes de la Comisión y del BCE tendrán derecho a participar en los debates y tendrán acceso a todos los documentos.» |
Antecedentes del litigio
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11 |
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 20 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento, pueden resumirse del siguiente modo. |
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12 |
ABLV Bank es una entidad de crédito establecida en Letonia y la sociedad matriz del grupo ABLV. ABLV Bank Luxembourg es una entidad de crédito establecida en Luxemburgo, constituye una de las filiales del grupo ABLV y ABLV Bank es su accionista único. |
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13 |
Tanto ABLV Bank como ABLV Bank Luxembourg tenían la consideración de «entidad significativa» y, como tales, eran objeto de la supervisión del BCE en el marco del MUS creado por el Reglamento n.o 1024/2013. |
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14 |
El 13 de febrero de 2018, el United States Department of the Treasury (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América), a través de la Financial Crimes Enforcement Network (Red para la Represión de la Delincuencia Financiera, Estados Unidos; en lo sucesivo, «FinCEN»), comunicó su intención de adoptar medidas especiales encaminadas a la designación de ABLV Bank como entidad que representa un elevado riesgo en materia de blanqueo de dinero (en lo sucesivo, «proyecto de medida de la FinCEN»). A raíz de este anuncio, ABLV Bank ya no pudo efectuar pagos en dólares estadounidenses (USD). |
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15 |
El 18 de febrero de 2018, el BCE dio instrucciones a la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Comisión de Mercados Financieros y de Capitales, Letonia; en lo sucesivo, «CMFC») para que se suspendieran los pagos de las obligaciones financieras de ABLV Bank. El BCE instó asimismo a la Commission de surveillance du secteur financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero, Luxemburgo; en lo sucesivo, «CSSF»), a adoptar medidas similares frente a ABLV Bank Luxembourg. El 19 de febrero de 2018 entró en vigor una moratoria para ABLV Bank, y a ABLV Bank Luxembourg se le concedió un aplazamiento de los pagos. |
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16 |
El 22 de febrero de 2018, el BCE comunicó a la JUR su proyecto de evaluación acerca de si ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg estaban en una situación de graves dificultades o probablemente iban a estarlo, con el fin de consultarle al respecto. |
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17 |
El 23 de febrero de 2018, el BCE consideró que ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg estaban en graves dificultades o probablemente iban a estarlo, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, y transmitió sus valoraciones a la JUR. |
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18 |
El mismo día, la JUR adoptó la Decisión SRB/EES/2018/09, por la que acordaba no adoptar un dispositivo de resolución respecto de ABLV Bank (en lo sucesivo, «Decisión relativa a ABLV Bank»), así como la Decisión SRB/EES/2018/10, por la que acordaba no adoptar un dispositivo de resolución respecto de ABLV Bank Luxembourg (en lo sucesivo, «Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg»). En dichas Decisiones, la JUR hizo suya la evaluación del BCE según la cual ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg estaban en graves dificultades o probablemente iban a estarlo y consideró que no existían perspectivas razonables de que otras medidas pudieran impedir su inviabilidad en un plazo razonable. No obstante, la JUR estimó que, habida cuenta de las particulares características de ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg, no era necesaria para el interés público una medida de resolución respecto de dichas entidades, en el sentido del artículo 18, apartados 1, letra c), y 5, del citado Reglamento. Las Decisiones antes mencionadas fueron notificadas a sus respectivos destinatarios, a saber, la CMFC y la CSSF. |
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19 |
La Decisión relativa a ABLV Bank disponía en su artículo 1 que «[ABLV Bank] no queda sujeta a un procedimiento de resolución». El artículo 2 de esta Decisión precisaba que «se dirige a la [CMFC], en su calidad de autoridad nacional de resolución, en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 3, del Reglamento n.o 806/2014» y que «de conformidad con el artículo 29, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, la [CMFC] dará aplicación a esta Decisión y se asegurará de que todas las medidas adoptadas se ajusten a la misma, según las consideraciones establecidas». |
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20 |
Los artículos 1 y 2 de la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg tenían un tenor similar. |
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21 |
El 24 de febrero de 2018 la JUR publicó un comunicado de prensa relativo a las Decisiones controvertidas. En este comunicado de prensa se indicaba que «tras la decisión del [BCE] de declarar que [ABLV Bank] y su filial [ABLV Bank Luxembourg] estaban en graves dificultades o probablemente iban a estarlo, la [JUR] decidió que no [era] necesario adoptar un dispositivo de resolución habida cuenta de que no era de interés público para los mencionados bancos[;] por consiguiente, los bancos serán liquidados con arreglo al Derecho letón y luxemburgués respectivamente». |
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22 |
El 26 de febrero de 2018, los accionistas de ABLV Bank iniciaron un procedimiento para que esta última pudiera llevar a cabo su propia liquidación y presentaron a la CMFC una solicitud de aprobación de un plan de liquidación voluntaria. |
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23 |
El 9 de marzo de 2018, el tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo) desestimó la demanda de la CSSF dirigida a obtener la disolución y liquidación de ABLV Bank Luxembourg y, al mismo tiempo, admitió que esta última se sometiera al procedimiento de aplazamiento de los pagos por un período de seis meses, que fue prorrogado varias veces. Mediante sentencia de 2 de julio de 2019, dicho órgano jurisdiccional declaró a ABLV Bank Luxembourg en disolución y ordenó que se procediera a su liquidación. |
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
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24 |
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 3 de mayo de 2018, ABLV Bank interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de las Decisiones controvertidas. |
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25 |
En apoyo de su recurso, invocó trece motivos. El primer motivo se basaba en la incompetencia de la JUR para acordar la liquidación de una entidad de crédito. El segundo motivo se basaba, en esencia, en la incompetencia de la JUR para decidir no adoptar un dispositivo de resolución. Los motivos tercero y cuarto se basaban en la infracción del artículo 18, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 806/2014. El quinto motivo se basaba en la vulneración del derecho a ser oído y del derecho a acceder al expediente. El sexto motivo se basaba en el incumplimiento de la obligación de motivación. Los motivos séptimo y decimotercero se basaban en una vulneración del derecho de la demandante a que sus asuntos sean tratados imparcialmente, reconocido en el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Los motivos octavo a undécimo se basaban respectivamente en la violación del principio de proporcionalidad y del principio de igualdad de trato, la infracción de los artículos 16 y 17 de la Carta y la vulneración de la máxima jurídica nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede alegar en su provecho su propia torpeza). El duodécimo motivo se basaba en una desviación de poder. |
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26 |
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por ABLV Bank. |
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27 |
En el marco del examen de la admisibilidad del recurso, tras declarar, en el apartado 36 de la referida sentencia, que las Decisiones controvertidas son actos impugnables, el Tribunal General señaló, en los apartados 40 a 42 de dicha sentencia, por un lado, que ABLV Bank había interpuesto su recurso contra la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg como sociedad matriz y accionista único de esta última y, por otro lado, que esta Decisión no surtía directamente efectos en la situación de los accionistas, ya que el derecho de estos a percibir dividendos y a participar en la gestión de ABLV Bank Luxembourg no había quedado afectado por la citada Decisión. Dedujo de ello, en el apartado 45 de la misma sentencia, que la referida Decisión no afectaba directamente a ABLV Bank. |
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28 |
En consecuencia, el Tribunal General, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, declaró la inadmisibilidad de las pretensiones de ABLV Bank dirigidas a obtener la anulación de la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg. En cambio, declaró la admisibilidad de su recurso en cuanto tenía por objeto la anulación de la Decisión relativa a ABLV Bank. |
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29 |
En cuanto al fondo, el Tribunal General examinó y desestimó todos los motivos invocados por ABLV Bank. |
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30 |
El Tribunal General, en primer lugar, desestimó el primer motivo invocado por ABLV Bank, declarando en el apartado 76 de la sentencia recurrida que la JUR, mediante la Decisión relativa a ABLV Bank, no había acordado la liquidación de esta entidad. |
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31 |
En segundo lugar, desestimó el segundo motivo invocado por ABLV Bank declarando, de entrada, en los apartados 81 y 82 de dicha sentencia, que de la sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE (C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369), se desprende que la JUR estaba obligada a tomar una decisión positiva o negativa después de haber examinado si se satisfacían o no los requisitos previstos en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014. A continuación, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, entendió que el artículo 82, apartado 2, de la Directiva 2014/59, que podía considerarse el equivalente del artículo 18 del referido Reglamento, establecía expresamente la posibilidad de adoptar una decisión de no establecer un dispositivo de resolución. Por último, en el apartado 84 de la sentencia recurrida, declaró que la incompetencia de la JUR para adoptar una decisión de no establecer un dispositivo de resolución podría poner en peligro la estabilidad de la entidad de crédito en cuestión y, potencialmente, de los mercados financieros, al concitar dudas sobre las consecuencias que cabría esperar para dicha entidad a la vista de la evaluación del BCE. |
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32 |
El Tribunal General, en tercer lugar, examinó conjuntamente, en los apartados 87 a 153 de la sentencia recurrida, los motivos tercero y cuarto invocados por ABLV Bank. En particular, comenzó por considerar, en los apartados 91 y 92 de esa sentencia, que, toda vez que la JUR tienen que basar su evaluación acerca de si una entidad de crédito está en graves dificultades o probablemente va a estarlo en apreciaciones económicas complejas, el control ulterior de los órganos jurisdiccionales de la Unión es restringido. A continuación, rechazó las alegaciones de ABLV Bank relativas al carácter ilícito del proyecto de medida de la FinCEN declarando, en el apartado 101 de dicha sentencia, que las causas de la insolvencia no constituyen un factor que deba tenerse en cuenta para realizar el examen previsto en el artículo 18, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014. Por último, rechazó, en los apartados 103 a 146 de la misma sentencia, las alegaciones formuladas por ABLV Bank contra la evaluación acerca de si estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo efectuada por el BCE y que la JUR hizo suya. |
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33 |
En cuarto lugar, en los apartados 154 a 206 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó los motivos quinto a decimotercero presentados por ABLV Bank. |
Pretensiones de las partes
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34 |
En su recurso de casación, ABLV Bank solicita al Tribunal de Justicia que:
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35 |
La JUR solicita al Tribunal de Justicia que:
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36 |
El BCE solicita al Tribunal de Justicia que:
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Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
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37 |
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2023, se acordó suspender el presente procedimiento hasta la resolución que pusiera fin al proceso en el asunto C‑551/22 P, Comisión/JUR. Tras pronunciarse la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), se reanudó el procedimiento. |
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38 |
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2024, se instó a las partes en el presente procedimiento a que se manifestasen sobre las consecuencias que procedía extraer de la citada sentencia en este procedimiento. |
Sobre el recurso de casación
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39 |
ABLV Bank invoca cuatro motivos en apoyo de su recurso de casación. El primer motivo se basa en errores del Tribunal General al examinar los dos primeros motivos presentados en la primera instancia, relativos a la competencia de la JUR, así como en vicios de procedimiento en la adopción de la Decisión relativa a ABLV Bank. El segundo motivo se basa en errores del Tribunal General al examinar los motivos tercero y cuarto presentados en la primera instancia, relativos a la evaluación efectuada por la JUR acerca de si ABLV Bank estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo. El tercer motivo se basa en errores del Tribunal General al examinar las alegaciones de ABLV Bank relativas al proyecto de medida de la FinCEN y a las resoluciones adoptadas por las autoridades letonas. El cuarto motivo se basa en errores del Tribunal General en su examen de la admisibilidad del recurso dirigido contra la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg. |
Sobre la pretensión relativa a que el Tribunal de Justicia inste a la Comisión a tomar posición sobre el presente asunto
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40 |
En su réplica, ABLV Bank solicitó al Tribunal de Justicia que instase a la Comisión a tomar posición sobre el presente asunto. ABLV Bank aduce que, a la vista de las alegaciones presentadas por la Comisión en el asunto que dio lugar a la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), esta institución comparte su valoración sobre el carácter fundado de este recurso de casación. Según ABLV Bank, además, dicha institución tiene la posibilidad de aportar explicaciones sobre los trabajos preparatorios del Reglamento n.o 806/2014. |
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41 |
A este respecto, procede señalar que tal pretensión afecta a una institución de la Unión que no es parte ni en el presente procedimiento ni en el de primera instancia. Por lo demás, el Tribunal de Justicia estima que dispone de información suficiente merced a las alegaciones de las partes y a la documentación que obra en su poder, por lo que esta pretensión debe ser desestimada. |
Sobre la admisibilidad del recurso de casación
Alegaciones de las partes
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42 |
La JUR arguye que el presente recurso de casación es inadmisible por cuanto no cumple los requisitos del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Para la JUR, este recurso de casación no indica con la precisión requerida los pronunciamientos de la sentencia recurrida que se impugnan ni menciona los argumentos jurídicos formulados específicamente en apoyo de los motivos invocados. Para la JUR, dada la vaguedad y la incoherencia del recurso de casación, difícilmente pueden identificarse los errores de Derecho en que incurrió supuestamente el Tribunal General en la sentencia recurrida. |
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43 |
El BCE estima que el recurso de casación no contiene ninguna imputación precisa relativa a errores de Derecho, lo cual, en definitiva, impide, por un lado, al Tribunal de Justicia ejercer su control y, por otro lado, a la JUR y al BCE defenderse. Por consiguiente, considera dudosa la admisibilidad del recurso de casación. |
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44 |
ABLV Bank sostiene que el recurso de casación es admisible. |
Apreciación del Tribunal de Justicia
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45 |
Procede recordar que del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita y los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (véanse el auto de 26 de abril de 1993, Kupka-Floridi/CES, C‑244/92 P, EU:C:1993:152, apartados 8 y 9, y las sentencias de 25 de enero de 2022, Comisión/European Food y otros, C‑638/19 P, EU:C:2022:50, apartado 75, y de 15 de julio de 2025, BCE y Comisión/Corneli, C‑777/22 P y C‑789/22 P, EU:C:2025:580, apartado 58). |
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46 |
No cumple dichos requisitos y debe ser declarado inadmisible un recurso de casación cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales sobre los que se base la argumentación no se desprendan de modo suficientemente coherente y comprensible del texto del propio recurso de casación, que está formulado de modo oscuro y ambiguo al respecto. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la sentencia cuya anulación se interesa que pudieran adolecer de un error de Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, thyssenkrupp/Comisión, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, apartado 58 y jurisprudencia citada). |
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47 |
En el caso de autos, si bien es cierto que una parte de la argumentación de ABLV Bank no cumple los expresados requisitos, también es cierto que el recurso de casación presenta una serie de argumentos jurídicos referidos a elementos claramente identificados de la sentencia recurrida que permiten al Tribunal de Justicia ejercer su control. |
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48 |
A la vista de lo anterior, no ha lugar a declarar la inadmisibilidad del presente recurso de casación en su totalidad. |
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49 |
Dicha conclusión no prejuzga, empero, el examen de la admisibilidad de algunas alegaciones consideradas por separado (véase en este sentido la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, apartado 34 y jurisprudencia citada). |
Sobre el fondo
Primer motivo de casación
– Alegaciones de las partes
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50 |
Según ABLV Bank, el Tribunal General incurrió en diversos errores y en una desnaturalización al examinar los dos primeros motivos que invocó en primera instancia. Además, no señaló de oficio, como debía, ciertos vicios de procedimiento de que adolecía la Decisión relativa a ABLV Bank. |
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51 |
En primer lugar, ABLV Bank sostiene que la interpretación del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 llevada a cabo por el Tribunal General en la sentencia recurrida adolece de varios errores. |
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52 |
Para empezar, esta interpretación no encuentra fundamento alguno en el tenor del citado artículo 18 ni en el mismo Reglamento considerado en su totalidad. |
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53 |
Además, para ABLV Bank, dicha interpretación no tiene en cuenta los límites de las facultades de la JUR definidas en ese artículo 18, tal como resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), y de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520). En particular, del apartado 83 de esta última sentencia se desprende que el mismo artículo 18 no otorga a la JUR la facultad de adoptar un acto que produzca efectos jurídicos autónomos. |
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54 |
El considerando 26 de dicho Reglamento, según ABLV Bank, reconoce expresamente la necesidad de limitar las facultades de la JUR conforme a esa jurisprudencia. Pues bien, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, el artículo 18 del mismo Reglamento otorga a la JUR una facultad muy amplia, no prevista por ese artículo, para determinar la suerte de un banco, sin que necesite para ello obtener el aval de la Comisión o del Consejo. |
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55 |
A continuación, según ABLV Bank, el Tribunal General basa su interpretación del referido artículo 18 en dos argumentos erróneos. |
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56 |
Por un lado, en lo atinente al fundamento jurídico del Tribunal General relativo al artículo 82, apartado 2, de la Directiva 2014/59, ABLV Bank aduce que esta disposición no es aplicable en el presente asunto y que no cabe calificar la inexistencia de una disposición equivalente en el Reglamento n.o 806/2014 de laguna involuntaria. Además, de dicha disposición resulta que las medidas adoptadas a raíz de una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución competen exclusivamente a las autoridades nacionales. |
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57 |
Por otro lado, el fundamento jurídico que figura en el apartado 84 de la sentencia recurrida, relativo a una supuesta necesidad de despejar cualquier duda acerca de las consecuencias, en el ámbito nacional, que debían extraerse de la evaluación del BCE acerca de si una entidad de crédito está en graves dificultades o probablemente va a estarlo, es de orden político. |
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58 |
Por último, la práctica que siguió la JUR con posterioridad a la terminación de la fase oral del procedimiento en primera instancia no es coherente, según ABLV Bank, con la interpretación que hizo del artículo 18 del citado Reglamento en el presente asunto y que fue también la adoptada por el Tribunal General en la sentencia recurrida, en particular en los apartados 83 y 84 de esta sentencia. |
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59 |
En segundo lugar, ABLV Bank sostiene que el Tribunal General no determinó correctamente los efectos jurídicos de las Decisiones controvertidas, pese a tratarse de una fase necesaria para el examen de la legalidad de estas. |
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60 |
En particular, el Tribunal General no precisó de qué manera dichas Decisiones modificaron la situación jurídica de ABLV Bank y de ABLV Bank Luxembourg, y se limitó a examinar la cuestión de si esas Decisiones implican o no una «orden de liquidación». |
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61 |
En tercer lugar, según ABLV Bank, la conclusión del Tribunal General según la cual las Decisiones controvertidas no imponen la liquidación de ABLV Bank y de ABLV Bank Luxembourg desnaturaliza el texto de dichas Decisiones y está basada en errores. |
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62 |
Para empezar, la formulación elegida en el texto de las referidas Decisiones, en la medida en que exige que las autoridades nacionales de resolución las ejecuten de conformidad con las consideraciones que figuran en ellas, no deja lugar a dudas en cuanto a que ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg debían ser liquidadas. |
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63 |
A continuación, para ABLV Bank, el Tribunal General equiparó indebidamente el concepto de acto impugnable con arreglo al artículo 263 TFUE a un documento concreto. Dicho concepto se refiere al propio contenido de las Decisiones impugnadas, pues un documento concreto no constituye más que un elemento probatorio de ese contenido, del mismo modo que los anuncios efectuados en el marco de una conferencia de prensa. Pues bien, como señaló el Tribunal General en el apartado 17 de la sentencia recurrida, la JUR anunció que las Decisiones controvertidas implicaban la liquidación de ABLV Bank y de ABLV Bank Luxembourg. |
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64 |
Por último, ABLV Bank alega que el Tribunal General incurrió en error en la interpretación del concepto de destinatario de un acto, en el sentido de los artículos 263 TFUE, párrafo cuarto, y 297 TFUE, apartado 2, pues debería haber considerado que el destinatario de un acto no es la autoridad encargada de su ejecución, sino la persona cuya situación jurídica resultó alterada. En este caso, ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg son los destinatarios de las Decisiones controvertidas y las personas que pueden invocar los derechos conferidos por el artículo 41 de la Carta. |
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65 |
En cuarto lugar, la Decisión relativa a ABLV Bank adolece de vicios de procedimiento que deberían haber sido señalados de oficio por el Tribunal General y que el Tribunal de Justicia debería igualmente señalarlos, según ABLV Bank. En particular, ABLV Bank sostiene que, en el procedimiento que culminó con la adopción de dicha Decisión, no se respetaron su derecho a ser oído y su derecho a acceder al expediente. Además, dicha Decisión no se le comunicó correctamente y no presentaba ninguna exposición de motivos. |
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66 |
La JUR considera que procede desestimar el primer motivo por ser en parte inadmisible, en parte inoperante y en parte infundado. |
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67 |
El BCE sostiene que el primer motivo debe desestimarse por infundado. |
– Apreciación del Tribunal de Justicia
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68 |
Con carácter preliminar, procede observar que las alegaciones de ABLV Bank relativas a los errores en que supuestamente incurrió el Tribunal General al no determinar correctamente los efectos jurídicos de las Decisiones controvertidas y no señalar los vicios de procedimiento de que adolecía la Decisión relativa a ABLV Bank no son suficientemente claras y precisas para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad. En consecuencia, deben declararse inadmisibles, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia. |
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69 |
Por lo que se refiere a los otros argumentos expuestos por ABLV Bank en apoyo de su primer motivo, procede señalar, en primer lugar, en cuanto al supuesto error de Derecho en la interpretación del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014, que el Tribunal General desestimó, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, el segundo motivo invocado por ABLV Bank en primera instancia, basado en la incompetencia de la JUR para adoptar formalmente una decisión de no acordar un dispositivo de resolución en el sentido de dicha disposición. |
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70 |
A este respecto, en lo atinente, en primer término, a la interpretación del citado artículo, resulta de reiterada jurisprudencia que, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión hay que tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22, EU:C:2025:108, apartado 27). |
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71 |
Para comenzar, el tenor del artículo 18 de este Reglamento indica, en sus apartados 1 y 6, que la JUR adoptará un dispositivo de resolución respecto de las entidades financieras y los grupos que se consideren importantes para la estabilidad financiera en la Unión, así como de otros grupos transfronterizos, solamente si considera que se cumplen las condiciones que figuran en el artículo 18, apartado 1, letras a) a c), de dicho Reglamento. Estas condiciones consisten, primero, en que la entidad esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo; segundo, que no existan medidas alternativas a la resolución, y tercero, que esta sea necesaria para el interés público. |
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72 |
En lo que atañe a la primera de esas condiciones, que figura en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, resulta del párrafo segundo del artículo 18, apartado 1, de este Reglamento que el BCE evaluará si se cumple dicha condición, previa consulta a la JUR, y que esta última solo podrá realizar tal evaluación si, después de informar al BCE de su intención, este no la ha realizado en un plazo de tres días naturales a partir de la recepción de dicha información. El párrafo tercero del mismo artículo 18, apartado 1, indica que, cuando el BCE estime que se cumple la referida condición, lo comunicará sin demora a la Comisión y a la JUR. |
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73 |
La evaluación del BCE acerca de si la entidad de que se trate está en graves dificultades o probablemente va a estarlo en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 806/2014 tiene como consecuencia la incoación del procedimiento previsto en el artículo 18 del citado Reglamento y, por tanto, el examen de las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento, por parte de la JUR (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE, C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartado 67). |
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74 |
El artículo 18 del mismo Reglamento establece, por tanto, la competencia de la JUR para examinar las condiciones que figuran en el apartado 1, letras a) a c), de dicho artículo en todos los casos en los que se incoa el procedimiento de resolución sobre la base de la evaluación transmitida por el BCE, relativa a si la entidad o grupo de que se trate está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo, o realizada por la propia JUR, si esta ha manifestado su intención de realizar tal evaluación, aun cuando dicho artículo no contenga indicaciones explícitas sobre las consecuencias que deben seguirse respecto de ese procedimiento de resolución cuando la JUR considere que no se cumplen las expresadas condiciones. |
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75 |
Además, si bien las disposiciones del artículo 18, apartado 7, del Reglamento n.o 806/2014 supeditan la entrada en vigor del dispositivo de resolución a la aprobación de este por la Comisión, en el supuesto de que ni esta ni el Consejo presenten objeciones (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 80), no está prevista tal participación de la Comisión y el Consejo en el supuesto de que no se adopte un dispositivo de resolución. Así, cuando la JUR considere que no se cumplen las condiciones exigidas para la adopción de un dispositivo de resolución, dicha conclusión de la JUR constituye la fase final del procedimiento de resolución previsto por el artículo 18 del citado Reglamento. |
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76 |
A continuación, por lo que se refiere al contexto en el que se ubica el artículo 18 de dicho Reglamento, procede señalar, por un lado, que el artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento no excluye de por sí la competencia de la JUR para tomar una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución. En efecto, como destacó el Abogado General en el punto 23 de sus conclusiones, existen disparidades entre las versiones lingüísticas de esta disposición. De esta manera, aun suponiendo que pudiera deducirse de algunas de esas versiones que la JUR solo es competente para adoptar decisiones de resolución relativas, en particular, a las entidades financieras y grupos a los que se considere importantes para la estabilidad financiera en la Unión, así como a otros grupos transfronterizos, no es menos cierto que, según otras versiones lingüísticas de dicha disposición, la JUR es competente para adoptar todas las decisiones «relacionadas con la resolución» de tales entidades financieras o tales grupos. |
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77 |
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, una interpretación puramente literal de una o varias versiones lingüísticas de un texto de Derecho de la Unión, prescindiendo de las demás, no puede prevalecer, ya que la aplicación uniforme de las disposiciones del Derecho de la Unión exige que sean interpretadas a la luz de las versiones de todas las lenguas (sentencia de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, apartado 76 y jurisprudencia citada). |
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78 |
Por otro lado, el considerando 33 del Reglamento n.o 806/2014 indica que la JUR debe preparar todas las «decisiones relacionadas con el procedimiento de resolución» y, en la mayor medida posible, adoptar dichas decisiones. |
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79 |
Tal apreciación sugiere que el legislador de la Unión optó por una amplitud de tipos de decisiones cuya adopción es responsabilidad de la JUR en el marco del MUR. |
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80 |
Por último, en cuanto a los objetivos del Reglamento, que deben ser tenidos en cuenta, como se ha recordado en el apartado 70 de la presente sentencia, para interpretar sus disposiciones, resulta de los considerandos 2, 10 a 12, 31, 58 y 122 de dicho Reglamento que este persigue, mediante el establecimiento de un proceso de toma de decisiones uniforme y centralizado en materia de resolución, garantizar un proceso de toma de decisiones más rápido y eficaz para la resolución en la unión bancaria con vistas, en particular, a garantizar una mayor previsibilidad de las posibles repercusiones de la inviabilidad de un banco, mantener la estabilidad del sistema financiero, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos y proteger a los depositantes (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2024, Aeris Invest/Comisión y JUR, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, apartado 164, y de 4 de octubre de 2024, García Fernández y otros/Comisión y JUR, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, apartado 190). |
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81 |
Pues bien, como se ha señalado en el apartado 73 de la presente sentencia, una evaluación del BCE que concluya que la entidad de que se trate está en una situación de graves dificultades o probablemente vaya a estarlo, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, tiene como consecuencia la incoación del procedimiento previsto en el artículo 18 de este y, por tanto, el examen, por parte de la JUR, de las condiciones enumeradas en el mencionado artículo 18, apartado 1. |
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82 |
Así pues, una interpretación de dicho artículo 18 en el sentido de que la JUR no es competente para tomar una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución cuando considere que no se cumplen esas condiciones no haría posible la suficiente transparencia en cuanto al resultado del procedimiento de resolución tramitado por la JUR una vez concluido que una entidad está en situación de graves dificultades o probablemente va a estarlo, de modo que no garantizaría cierta previsibilidad en cuanto a las consecuencias de esa inviabilidad de la entidad, en particular en cuanto a las medidas que se adoptarán a raíz de tal conclusión. |
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83 |
A este respecto, como se ha señalado en el apartado 75 de la presente sentencia, en el supuesto de que la JUR considere que dichas condiciones no se cumplen, esta conclusión de la JUR constituye la fase final del procedimiento de resolución previsto por el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014. Pues bien, por razones de transparencia, las autoridades nacionales competentes deben ser informadas del resultado del procedimiento de resolución tramitado por la JUR. |
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84 |
Por cuanto antecede, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 18 de ese Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la JUR es competente para tomar una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución cuando considere que no se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 de dicho artículo. |
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85 |
Contrariamente a lo que sostiene ABLV Bank, la anterior conclusión no resulta desvirtuada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), y de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520). |
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86 |
A este respecto, procede señalar que el régimen establecido por el referido Reglamento se funda en la consideración, expuesta esencialmente en los considerandos 24 y 26 de este, de que el ejercicio de las competencias de resolución previstas en el mismo Reglamento está incluido en la política de la Unión en materia de resolución, que solo las instituciones de la Unión pueden establecer, y de que existe un margen de discreción para adoptar cada dispositivo de resolución específico, dada la considerable repercusión que las decisiones de resolución tienen sobre la estabilidad financiera de los Estados miembros y de la Unión como tal y sobre la soberanía presupuestaria de los Estados miembros. De dichos considerandos se deduce que, por estos motivos, el legislador de la Unión consideró necesario prever una adecuada intervención del Consejo y de la Comisión, a saber, una intervención que refuerce la necesaria independencia operativa de la JUR, al tiempo que respete los principios relativos a la delegación de facultades en las agencias sentados en la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56,EU:C:1958:7), y recordados en la sentencia de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo (C‑270/12, EU:C:2014:18) (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 69). |
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87 |
En esas dos primeras sentencias, el Tribunal de Justicia declaró, en lo sustancial, que las consecuencias de una delegación de facultades son muy distintas según esta se refiera, por un lado, a facultades de ejecución netamente delimitadas y cuyo uso, por ello, puede ser controlado rigurosamente en relación con criterios objetivos fijados por la autoridad delegante o, por otro lado, a «una facultad discrecional que implique una amplia libertad de apreciación, que pueda traducirse a través del uso que se haga de ella en una verdadera política económica» (sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 70 y jurisprudencia citada). |
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88 |
Una delegación del primer tipo no puede modificar notablemente las consecuencias que provoca el ejercicio de las facultades a las que se refiere, mientras que una delegación del segundo tipo, al sustituir las opciones de la autoridad delegante por las de la autoridad delegada, realiza un «verdadero desplazamiento de responsabilidad» (sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 71 y jurisprudencia citada). |
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89 |
El Tribunal de Justicia ha indicado también que la jurisprudencia derivada de la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), parte de la premisa de que el equilibrio de facultades, característico de la estructura institucional de la Unión, constituye una garantía fundamental establecida por los Tratados y de que la delegación de una amplia facultad discrecional menoscabaría esa garantía, al confiar dicha facultad a autoridades distintas de las que fueron designadas por los Tratados para llevar a cabo y controlar su ejercicio en el marco de sus respectivas competencias (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 72). |
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90 |
De esta jurisprudencia se desprende que la validez de una delegación de facultades en una agencia, a la luz del equilibrio de facultades consagrado en los Tratados, depende de si esa delegación tiene por objeto una amplia facultad discrecional o, por el contrario, facultades de ejecución delimitadas con precisión (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 73). |
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91 |
Por lo que se refiere a las disposiciones del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014, el Tribunal de Justicia declaró que contribuyen a evitar un «desplazamiento de responsabilidad», en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7). |
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92 |
Efectivamente, a la vez que confía a la JUR la facultad de apreciar si se cumplen las condiciones para adoptar un dispositivo de resolución en cada caso y de determinar los instrumentos necesarios para tal dispositivo, dicho artículo confiere a la Comisión o, en su caso, al Consejo la responsabilidad de la apreciación final de los aspectos discrecionales del dispositivo, que forman parte de la política de la Unión en materia de resolución de entidades de crédito y que implican ponderar específicamente objetivos e intereses diversos, como preservar la estabilidad financiera de la Unión y la integridad del mercado interior, tener en cuenta la soberanía presupuestaria de los Estados miembros y proteger los intereses de los accionistas y acreedores (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 81). |
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93 |
Por otra parte, si bien dichas disposiciones confieren a la JUR una amplia facultad para apreciar si la entidad de que se trata debe ser objeto de un procedimiento de resolución y por qué medios, esa facultad está acotada, en virtud del artículo 18, apartados 1 y 4 a 6, del citado Reglamento, por criterios y condiciones objetivos, que delimitan el ámbito de actuación de la JUR y que atañen tanto a las condiciones como a los instrumentos de resolución. Además, el mencionado Reglamento prevé que la Comisión y el Consejo intervengan en el procedimiento que conduce a la adopción de un dispositivo de resolución, el cual, para entrar en vigor, deberá recibir la aprobación de la Comisión y, en su caso, del Consejo (sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 77). |
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94 |
El Tribunal de Justicia ha considerado también que, si bien los artículos 7 y 18 de dicho Reglamento establecen que la JUR será responsable de elaborar y adoptar un dispositivo de resolución, no por ello le otorgan la facultad de adoptar un acto que produzca efectos jurídicos autónomos. Ha precisado que, en el marco del procedimiento de resolución previsto en el artículo 18 del mismo Reglamento, la aprobación de la Comisión constituye un elemento indispensable tanto para la entrada en vigor de un dispositivo de resolución como para la determinación del contenido de este último (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR,C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartados 83 y 84). |
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95 |
Contrariamente a lo que afirma ABLV Bank, no cabe deducir de lo anterior que el Tribunal de Justicia haya considerado que la JUR no está facultada en ningún caso para adoptar un acto que produzca efectos jurídicos autónomos. |
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96 |
En efecto, las consideraciones que figuran en el apartado 83 de la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), vienen a justificar la apreciación que figura en el apartado 82 de esa sentencia, según la cual es contrario tanto a las facultades otorgadas a la JUR por el Reglamento n.o 806/2014 como a la jurisprudencia derivada de la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), considerar que un dispositivo de resolución puede producir efectos jurídicos obligatorios con independencia de la decisión de aprobación de la Comisión. Así, la conclusión que figura en el referido apartado 83, según la cual los artículos 7 y 18 de ese Reglamento no facultan a la JUR para adoptar un acto que produzca efectos jurídicos autónomos, solo se refiere a los dispositivos de resolución. |
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97 |
Además, si bien, como señala ABLV Bank, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), que, en el marco de la adopción de un dispositivo de resolución, era necesaria una intervención adecuada de la Comisión y del Consejo para evitar un «desplazamiento de responsabilidad», el Tribunal de Justicia se basó a estos efectos, en los apartados 75 a 81 de la misma sentencia, en un cúmulo de aspectos que caracterizan la adopción por la JUR de un dispositivo de resolución. Pues bien, todo ese cúmulo de aspectos no concurre si la JUR decide no adoptar un dispositivo de resolución. |
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98 |
Por un lado, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 76 de esa sentencia, el artículo 18, apartado 6, del Reglamento n.o 806/2014 precisa que, si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 de dicho artículo 18, la JUR adoptará un dispositivo de resolución que someterá a la entidad de que se trate a un procedimiento de resolución y determinará la aplicación a esta de los instrumentos de resolución enumerados en el artículo 22, apartado 2, del citado Reglamento, así como la utilización del FUR. El artículo 22, apartado 4, de dicho Reglamento indica que esos instrumentos, con excepción del instrumento de segregación de activos, podrán aplicarse individualmente o en cualquier combinación para alcanzar los objetivos de la resolución enumerados en el artículo 14 del mismo Reglamento, de conformidad con los principios de la resolución definidos en el artículo 15 de este. |
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99 |
En los apartados 77 y 81 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia dedujo que, para adoptar un dispositivo de resolución, la JUR debe valorar discrecionalmente dos aspectos distintos de la situación en cuestión, el primero de los cuales se refiere al cumplimiento o no de las condiciones que justifican la adopción de tal dispositivo, y el segundo, a la determinación de los instrumentos de resolución necesarios a tales efectos y a la utilización, en su caso, del FUR. |
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100 |
Ahora bien, la adopción por la JUR de una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución no requiere más que esta llegue a la conclusión de que no se cumplen las condiciones acumulativas que justifican la adopción de tal dispositivo, lo cual la exime de tener que determinar los instrumentos que se habrían necesitado para la resolución de la entidad en cuestión. Pues bien, la determinación de esos instrumentos requiere, como se ha recordado en el apartado 92 de la presente sentencia, ponderar específicamente objetivos e intereses diversos, como preservar la estabilidad financiera de la Unión y la integridad del mercado interior, tener en cuenta la soberanía presupuestaria de los Estados miembros y proteger los intereses de los accionistas y acreedores. |
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101 |
De ello se sigue que las apreciaciones discrecionales que debe efectuar la JUR para decidir no adoptar un dispositivo de resolución son necesariamente de una extensión más limitada que las apreciaciones que debe efectuar para decidir adoptar un dispositivo de resolución. |
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102 |
En efecto, como precisó el Tribunal de Justicia en el apartado 77 de la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), la facultad de la JUR para apreciar si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 está sujeta, en virtud de los apartados 1, 4 y 5 del mismo artículo, a diversos criterios y condiciones que delimitan el ámbito de actuación de la JUR (véase, por analogía, la sentencia de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo, C‑270/12, EU:C:2014:18, apartado 45). |
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103 |
Por otro lado, contrariamente a un dispositivo de resolución, una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución no puede producir de por sí el efecto de imponer medidas concretas o de utilizar fondos, pues su único efecto es el de poner fin al procedimiento de resolución seguido por la JUR. |
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104 |
A las vista de las consideraciones anteriores, procede rechazar por infundadas las alegaciones de ABLV Bank, según las cuales, la interpretación del artículo 18, apartado 1, de dicho Reglamento realizada por el Tribunal General en la sentencia recurrida no encuentra sustento en el tenor de esta disposición ni en el mismo Reglamento y se salta los límites de las facultades de la JUR definidas en dicha disposición, tal como los entiende la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad (9/56, EU:C:1958:7), y de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520). |
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105 |
En segundo término, por lo que se refiere a las alegaciones de ABLV Bank dirigidas contra los apartados 83 y 84 de la sentencia recurrida, procede señalar que se apoyan en una lectura errónea de esta sentencia, por lo que deben desestimarse por infundadas. |
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106 |
En efecto, la apreciación que figura en el apartado 84 de dicha sentencia, relativa, en esencia, al riesgo de incertidumbre que conllevaría la incompetencia de la JUR para adoptar una decisión de no emprender un dispositivo de resolución, hace referencia a uno de los objetivos perseguidos por el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014, a saber, la necesidad, evocada en el apartado 82 de la presente sentencia, de una suficiente transparencia en cuanto al resultado del procedimiento de resolución seguido por la JUR una vez concluido que una entidad está en situación de graves dificultades o probablemente va a estarlo, y de cierta previsibilidad de las repercusiones de esa inviabilidad de la entidad, en particular en cuanto a las medidas que se adoptarán a raíz de tal conclusión. Por consiguiente, no cabe reprochar válidamente al Tribunal General haberse basado en la existencia de ese riesgo. |
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107 |
De igual forma, contrariamente a lo que sostiene ABLV Bank, el Tribunal General no declaró, en el apartado 83 de la misma sentencia, que el artículo 82, apartado 2, de la Directiva 2014/59 fuera aplicable a la JUR, sino que se refirió a esta disposición por analogía, en el marco de un análisis del contexto del artículo 18 del citado Reglamento. |
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108 |
Por otra parte, aun suponiendo que, mediante su argumentación dirigida contra ese apartado 83, ABLV Bank alegue que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al hacer uso de tal analogía, basta con señalar que, habida cuenta de las consideraciones que figuran en los apartados 71 a 103 de la presente sentencia, el carácter erróneo de tal analogía no demuestra en ningún caso que la JUR sea incompetente para adoptar una decisión de no emprender un dispositivo de resolución y, por tanto, no permite cuestionar que el Tribunal General desestimara el segundo motivo invocado por ABLV Bank en la primera instancia. En consecuencia, debe rechazarse, en cualquier caso, tal argumentación por inoperante |
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109 |
Lo mismo sucede, en tercer término, con la argumentación de ABLV Bank relativa a la práctica seguida por la JUR después de la terminación de la fase oral del procedimiento en primera instancia. En efecto, la circunstancia de que esa práctica sea incongruente con la interpretación del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 realizada por la JUR ante el Tribunal General y aceptada por este, suponiéndola acreditada, no pone en entredicho de ninguna de las maneras la interpretación de dicha disposición llevada a cabo por el Tribunal General en la sentencia recurrida. |
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110 |
En segundo lugar, por lo que se refiere a las alegaciones de ABLV Bank dirigidas contra la conclusión del Tribunal General según la cual las Decisiones controvertidas no imponen la liquidación de ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg, se ha de observar que el Tribunal General, en el apartado 78 de esa sentencia, desestimó el primer motivo invocado por ABLV Bank en la primera instancia, mediante el que sostenía que la JUR se había extralimitado en la competencia que le otorga el referido Reglamento al ordenar la liquidación de ABLV Bank. |
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111 |
En primer término, con respecto a la argumentación de ABLV Bank basada en errores de que supuestamente adolece la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg, basta con señalar que tales errores, suponiéndolos acreditados, no alcanzan a poner en entredicho la decisión del Tribunal General de desestimar el primer motivo invocado por ABLV Bank en primera instancia, toda vez que el examen en cuanto al fondo del recurso de anulación interpuesto por esta solo tenía por objeto la Decisión relativa a ABLV Bank, pues el recurso interpuesto por esta última contra la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg fue declarada inadmisible por el Tribunal General en el apartado 61 de dicha sentencia. Por consiguiente, esta argumentación debe rechazarse por ser, en cualquier caso, inoperante. |
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112 |
En segundo término, en cuanto al argumento de ABLV Bank de que el Tribunal General obvió el texto de la Decisión relativa a ABLV Bank al declarar, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que, mediante dicha Decisión, la JUR no acordó la liquidación de dicha entidad de crédito, procede señalar que del texto de la citada Decisión no se desprende que tal declaración del Tribunal General sea inexacta. |
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113 |
En consecuencia, la argumentación de ABLV Bank basada en una lectura errónea de la Decisión relativa a ABLV Bank debe rechazarse por infundada. |
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114 |
Paralelamente, aun suponiendo que, mediante dicha argumentación, ABLV Bank alegara que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, que la Decisión relativa a ABLV Bank no impone la liquidación de esta, tal argumentación debería ser rechazada en cualquier caso por infundada, pues el Tribunal General consideró acertadamente, en dicho apartado 75, que la liquidación de ABLV Bank no resultaba de esa Decisión, sino de una decisión adoptada en consecuencia por los accionistas (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE, C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartado 49, y de 24 de febrero de 2022, Bernis y otros/JUR, C‑364/20 P, EU:C:2022:115, apartados 50, 51, 77 y 78). |
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115 |
En tercer término, con respecto al pretendido error de Derecho por haber tenido en cuenta solamente el texto de las Decisiones controvertidas, ignorando los anuncios públicos efectuados por el autor de estas, procede señalar que dicho argumento parte de una lectura errónea de la sentencia recurrida, por lo que debe ser rechazado por infundado. |
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116 |
En efecto, al declarar, en el apartado 77 de esa sentencia, que el comunicado de prensa de la JUR de 24 de febrero de 2018 no sustituye a las Decisiones controvertidas y no crea obligaciones que no se deriven de estas, el Tribunal General consideró no que el texto de esas Decisiones fuera el único factor que podía ser tenido en cuenta, y ninguno otro, para determinar el alcance de estas, sino que estimó, en esencia, que un comunicado de prensa solo puede cumplir una función complementaria a estos efectos y, por tanto, no puede poner en entredicho la apreciación que se desprende del propio texto de las referidas Decisiones. |
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117 |
En cuarto término, por lo que se refiere al error de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal General por no interpretar correctamente el concepto de «destinatario», en el sentido de los artículos 263 TFUE, párrafo cuarto, y 297 TFUE, apartado 2, tal error no puede, en cualquier caso, poner en entredicho la conclusión del Tribunal General que figura en el apartado 76 de la sentencia recurrida, según la cual la Decisión relativa a ABLV Bank no impone la liquidación de esta ni, por tanto, la desestimación del primer motivo invocado por ABLV Bank en la primera instancia. En consecuencia, el argumento de ABLV Bank basado en tal error de Derecho debe ser rechazado en cualquier caso por inoperante. |
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118 |
Por lo demás, con respecto a la alegación de que dicho error privó a ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg de los derechos que les reconoce el artículo 41 de la Carta, basta con señalar que no es suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control y, por tanto, debe declararse inadmisible, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia. |
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119 |
De ello se sigue que debe desestimarse el primer motivo por ser en parte inadmisible, en parte inoperante y en parte infundado. |
Segundo motivo
– Alegaciones de las partes
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120 |
ABLV Bank sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos al examinar los motivos tercero y cuarto presentados en la primera instancia, relativos a la evaluación de la JUR acerca de si ABLV Bank estaba en una situación de graves dificultades o probablemente iba a estarlo, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 806/2014. |
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121 |
En primer lugar, según ABLV Bank, en los apartados 90 a 96 de la sentencia recurrida el Tribunal General entendió de una manera excesivamente restrictiva el alcance del control judicial que incumbe a los órganos jurisdiccionales de la Unión sobre la evaluación de si una entidad de crédito está en graves dificultades o probablemente va a estarlo, incumpliendo con ello el artículo 47 de la Carta, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal General señaló erróneamente que ese control debe ser más limitado que el realizado por los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de insolvencia. Además, la intensidad del control judicial de los órganos jurisdiccionales de la Unión debería ser proporcional a las consecuencias de la decisión en cuestión. |
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122 |
En segundo lugar, para ABLV Bank, en los apartados 103 a 109 de dicha sentencia, el Tribunal General desnaturalizó los extremos que constan en autos al considerar que la Decisión relativa a ABLV Bank contenía una evaluación implícita de la JUR acerca de si ABLV Bank estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo, a pesar de que la JUR había indicado, en el apartado 124 de su escrito de contestación, que había sido únicamente el BCE el que había realizado dicha evaluación y que la JUR solo había sido consultada. |
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123 |
En tercer lugar, ABLV Bank alega que el Tribunal General desnaturalizó los hechos por omisión, al no tener en cuenta la sentencia del tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo) de 9 de marzo de 2018 ni otros hechos posteriores que habían puesto en tela de juicio las apreciaciones de la JUR subyacentes a las Decisiones controvertidas. |
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124 |
En cuarto lugar, el Tribunal General no respondió correctamente a ciertas alegaciones formuladas en la primera instancia relativas a la evaluación acerca de si ABLV Bank estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo. Así, el Tribunal General no respondió a la alegación según la cual la moratoria que obtuvo ABLV Bank podría haberse prorrogado con el fin de evitar los problemas de liquidez que se le planteaban, ni a los supuestos errores sobre el mecanismo de protección de los depósitos, ni al supuesto carácter injustificado y arbitrario de la solicitud de conversión de su liquidez Euroclear en liquidez del Latvijas Banka (Banco de Letonia). |
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125 |
En quinto lugar, según ABLV Bank, la sentencia recurrida se basa en una interpretación incorrecta del concepto de liquidez de los bancos, a los efectos del artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 y del marco jurídico de la Unión en materia de supervisión prudencial y de resolución de entidades de crédito. La referida sentencia supone que el régimen de liquidez previsto por el Derecho de la Unión solo es pertinente en tiempos de prosperidad y no en un caso de crisis de liquidez. ABLV Bank añade que el Tribunal General no tuvo en cuenta, en dicha sentencia, que tal régimen de liquidez quedaría desnaturalizado si se impusieran obligaciones de liquidez adicionales a una entidad de crédito en caso de crisis. |
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126 |
La JUR considera que debe declararse la inadmisibilidad del segundo motivo y, en cualquier caso, debe desestimarse por infundado y en parte por manifiestamente inoperante. |
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127 |
Según el BCE, procede desestimar el segundo motivo por ser en parte inadmisible y, en cualquier caso, infundado. |
– Apreciación del Tribunal de Justicia
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128 |
En primer lugar, por lo que se refiere al pretendido error de Derecho relativo a la intensidad del control jurisdiccional de la evaluación que corresponde a la JUR acerca de si una entidad está en graves dificultades o probablemente va a estarlo, el artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 806/2014 otorga indudablemente a la JUR un margen de apreciación para determinar si se cumplen las condiciones previstas en esa disposición, entre ellas, la relativa a que la entidad o grupo de que se trate esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo. |
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129 |
Como el Tribunal General declaró, en esencia, en los apartados 91 y 92 de la sentencia recurrida, habida cuenta de que la JUR dispone de un amplio margen de apreciación a la hora de examinar dicha condición, para lo que se exige tomar decisiones de carácter técnico y efectuar previsiones y apreciaciones económicas complejas, el control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer en cuanto a si está fundado ese examen no debe llevarlo a sustituir la apreciación de la JUR por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que dicha decisión no esté basada en hechos materialmente inexactos ni esté viciada de ningún error manifiesto de apreciación o de desviación de poder (véanse, por analogía, las sentencias de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais,C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 55; de 4 de octubre de 2024, Aeris Invest/Comisión y JUR, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, apartado 266, y de 4 de octubre de 2024, García Fernández y otros/Comisión y JUR, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, apartado 275). |
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130 |
Asimismo, contrariamente a lo que sostiene ABLV Bank, la manera en que el Tribunal General entiende el control jurisdiccional en los apartados 91 y 92 de la sentencia recurrida, que es conforme a una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, no es incompatible con el artículo 47 de la Carta ni con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, o el principio de proporcionalidad. |
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131 |
En efecto, si bien en los ámbitos que exijan apreciaciones económicas complejas, las instituciones y los órganos y organismos de la Unión disponen de un margen de apreciación en materia económica, ello no implica que el juez de la Unión deba abstenerse de controlar la interpretación que hagan dichos órganos, organismos e instituciones de datos de carácter económico. En efecto, el juez de la Unión no sólo debe verificar, en particular, la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos (véanse, por analogía, las sentencias de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 54, y de 13 de julio de 2023, Comisión/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, apartado 125). |
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132 |
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en vista de estas características, el control de legalidad que efectúa el juez de la Unión sobre la base del artículo 263 TFUE cumple los requisitos del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido por el artículo 47 de la Carta, que corresponde al principio que figura en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 57 y jurisprudencia citada). |
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133 |
De ello se desprende que la alegación de ABLV Bank según la cual el Tribunal General entendió de una manera demasiado restrictiva la intensidad del control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer sobre la evaluación llevada a cabo por la JUR acerca de si una entidad está en graves dificultades o probablemente va a estarlo debe ser rechazada por infundada. |
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134 |
Por otra parte, la circunstancia de que esa manera de entender la intensidad del control jurisdiccional difiera de la de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en materia de insolvencia, suponiéndola acreditada, no permite demostrar que el Tribunal General haya incurrido en error de Derecho en la definición de la intensidad de su control. En consecuencia, la alegación basada en tal circunstancia debe ser rechazada en cualquier caso por inoperante. |
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135 |
En segundo lugar, por lo que se refiere a la supuesta desnaturalización de extremos que constan en los autos en poder del Tribunal General, en los apartados 103 a 109 de la sentencia recurrida, no puede afirmarse, a la vista de las circunstancias que constan en dichos autos, invocadas por ABLV Bank, que sea inexacta la conclusión del Tribunal General que figura en el apartado 107 de la misma sentencia, según la cual, la JUR hizo suya, en la Decisión relativa a ABLV Bank, la evaluación del BCE acerca de si ABLV Bank estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo. Por lo tanto, la alegación de ABLV Bank basada en la existencia de tal desnaturalización debe rechazarse por infundada. |
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136 |
Misma suerte debe correr, en tercer lugar, el argumento de ABLV Bank relativo a que el Tribunal General no tuviera en cuenta la sentencia del tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo) de 9 de marzo de 2018. |
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137 |
En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, esta sentencia no se refiere a la situación de ABLV Bank, sino únicamente a la de ABLV Bank Luxembourg. Pues bien, el recurso de anulación interpuesto por ABLV Bank contra la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg fue declarado inadmisible por el Tribunal General en el apartado 61 de la sentencia recurrida, de suerte que no cabe considerar que el Tribunal General haya incurrido en error de Derecho al no tener en cuenta dicha sentencia en su examen en cuanto al fondo del recurso dirigido contra la Decisión relativa a ABLV Bank. |
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138 |
En cuanto al argumento relativo a que el Tribunal General no tuviera en cuenta otros acontecimientos posteriores a las Decisiones controvertidas, no se indica cuáles son los pronunciamientos de la sentencia recurrida que se critican de esa forma, y tampoco es dicha argumentación suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de la legalidad de esta sentencia, por lo que debe ser declarada inadmisible, como sostienen la JUR y el BCE, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia. |
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139 |
Por las mismas razones, en cuarto lugar, procede declarar inadmisible, como sostiene la JUR, la alegación de ABLV Bank según la cual el Tribunal General no respondió correctamente a sus argumentos relacionados con la moratoria que obtuvo, el mecanismo de protección de los depósitos y la solicitud de conversión de su liquidez Euroclear en liquidez del Banco de Letonia. |
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140 |
En quinto lugar, con respecto al supuesto error de Derecho relativo a la interpretación del concepto de liquidez en el marco del procedimiento de resolución previsto en el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014, procede observar que, en el apartado 115 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que, dadas las circunstancias, caracterizadas por retiradas masivas de depósitos a raíz de una ruptura de la confianza entre la entidad de crédito y su clientela, la ratio de cobertura de dicha entidad y su capitalización tenían una importancia menor en comparación con la disponibilidad inmediata de liquidez en dicha entidad de crédito. |
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141 |
El argumento de ABLV Bank de que el Tribunal General consideró, en la referida sentencia, que el régimen de liquidez previsto por el Derecho de la Unión carece de pertinencia para la evaluación acerca de si una entidad está en graves dificultades o probablemente va a estarlo se basa en una lectura errónea de ese apartado 115. En efecto, contrariamente a lo que sostiene ABLV Bank, al declarar que, dadas las circunstancias, la ratio de cobertura de esta tenía una importancia menor en comparación con la disponibilidad inmediata de liquidez en dicha entidad de crédito, el Tribunal General no consideró que, generalmente, la ratio de cobertura carezca de pertinencia, sino únicamente que, dadas las particulares circunstancias, debía concederse mayor importancia a otros factores. |
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142 |
Asimismo, por más que, mediante este argumento, afirme que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que podían imponerse a las entidades de crédito obligaciones de liquidez adicionales a las impuestas por el régimen de liquidez del Derecho de la Unión, ABLV Bank no demuestra que tal solución sea contraria al Derecho de la Unión. |
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143 |
Por lo tanto, la alegación de ABLV Bank relativa a la interpretación del concepto de liquidez en el marco del procedimiento de resolución previsto en el artículo 18 del Reglamento n.o 806/2014 debe rechazarse por infundada. |
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144 |
De ello se deduce que procede desestimar el segundo motivo por ser en parte infundado, en parte inoperante y en parte inadmisible, sin que sea necesario examinar las causas de inadmisión planteadas por la JUR en relación con dicho motivo en su totalidad y por el BCE en relación con una parte de las alegaciones formuladas por ABLV Bank en el mismo motivo. |
Tercer motivo
– Alegaciones de las partes
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145 |
ABLV Bank sostiene que el Tribunal General incurrió en una serie de errores y en diversas desnaturalizaciones cuando examinó sus alegaciones relativas al proyecto de medida de la FinCEN y a las resoluciones adoptadas por las autoridades letonas. |
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146 |
En primer lugar, según ABLV Bank, el Tribunal General desnaturalizó las alegaciones que había presentado en la primera instancia relativas al proyecto de medida de la FinCEN al sugerir, en el apartado 100 de la sentencia recurrida, que solo se reprochaba al BCE no haber aclarado el alcance de dicho proyecto frente a sus socios comerciales. En efecto, ABLV Bank reprochó al BCE y a la JUR haberse referido a dicho proyecto como constitutivo de una resolución firme y haberle atribuido un peso importante en la evaluación de su situación. |
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147 |
El Tribunal General impuso también a ABLV Bank una carga de la prueba demasiado importante y desnaturalizó sus argumentos en la medida en que los rechazó basándose en que no procedía tener en cuenta las causas de que una entidad estuviera en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo. Así, ABLV Bank sostenía que las evaluaciones del BCE y de la JUR relativas a si estaba en una situación de graves dificultades o probablemente iba a estarlo se fundaban no en una apreciación técnica de esa situación, sino en consideraciones vagas y generales y en la conclusión de que el modelo comercial de ABLV Bank ya no era viable debido al proyecto de medida de la FinCEN. |
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148 |
En segundo lugar, ABLV Bank aduce que el Tribunal General no tuvo en cuenta suficientemente ciertas circunstancias y pruebas que presentó en apoyo de sus alegaciones. |
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149 |
En particular, ABLV Bank se apoyó en el Derecho letón y en la competencia de la CMFC en materia de lucha contra el blanqueo de dinero. ABLV Bank hizo constar asimismo las divergencias existentes entre el proyecto de medida de la FinCEN y las resoluciones de la CMFC por las que se constataba que ABLV Bank respetaba la normativa aplicable en la materia. Además, ABLV Bank sostuvo ante el Tribunal General que el proyecto de medida de la FinCEN constituía una tentativa de un país tercero para presionar a la República de Letonia con objeto de que modificara su legislación. |
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150 |
Por otra parte, ABLV Bank sostiene que presentó pruebas sobre las conclusiones formuladas por la Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, Letonia), que demostraban la existencia de una connivencia entre funcionarios del BCE y la FinCEN que era conocida por el BCE y la JUR. |
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151 |
En tercer lugar, ABLV Bank alega que el Tribunal General incurrió en error al desestimar su motivo en el que imputaba a la JUR una desviación de poder, basándose, en el apartado 205 de la sentencia recurrida, en que los hechos que expuso a este respecto no eran imputables a la JUR, a pesar de que esta última se apoyó en gran medida en un trabajo realizado por el BCE de ámbito nacional. |
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152 |
La JUR y el BCE sostienen que el tercer motivo debe declararse inadmisible y, en cualquier caso, desestimarse por infundado. |
– Apreciación del Tribunal de Justicia
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153 |
En primer lugar, la alegación de ABLV Bank basada en supuestas desnaturalizaciones de los autos atribuidas al Tribunal General parte de una lectura errónea de la sentencia recurrida, de suerte que debe rechazarse por infundada. |
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154 |
En efecto, el Tribunal General declaró, en el apartado 100 de dicha sentencia, que ABLV Bank había invocado varias veces el carácter ilícito del proyecto de medida de la FinCEN. Además, el Tribunal General señaló en el apartado 179 de la referida sentencia que ABLV Bank sostenía que el BCE y la JUR habían basado la Decisión relativa a ABLV Bank en el proyecto de medida de la FinCEN. Por lo tanto, contrariamente, a lo que afirma ABLV Bank, al declarar, en el apartado 100 de la misma sentencia, que esta entendía que el BCE estaba obligado a aclarar, frente a sus socios comerciales, el alcance del proyecto de medida de la FinCEN, el Tribunal General no redujo el alcance de sus alegaciones relativas a ese proyecto a este solo argumento, sino que lo consideró parte de su argumentación, extremo que no ha sido rebatido por ABLV Bank. |
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155 |
De igual forma, al considerar, en el apartado 101 de la sentencia recurrida, que, toda vez que las causas de que una entidad esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo no constituyen un elemento que deba tenerse en cuenta para efectuar el examen previsto en el artículo 18, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014, no había lugar a examinar si el proyecto de medida de la FinCEN estaba justificado, el Tribunal General no se limitó, contrariamente a lo que alega ABLV Bank, a exponer el contenido de la argumentación que presentó esta última en la primera instancia, sino que razonó por qué rechazaba dicha argumentación. |
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156 |
Por otra parte, aun suponiendo que, mediante sus argumentos, ABLV Bank alegue que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el citado apartado 101, que las causas de que una entidad esté en una situación de graves dificultades o probablemente vaya a estarlo no constituyen un elemento que deba tenerse en cuenta para efectuar el examen previsto en el artículo 18, apartado 4, de dicho Reglamento, tales argumentos deberían rechazarse, en cualquier caso, por infundados. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un dispositivo de resolución se adopta válidamente cuando se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18 del citado Reglamento, con independencia de las razones que hayan llevado a que la entidad de que se trate esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, García Fernández y otros/Comisión y JUR, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, apartado 191). |
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157 |
En segundo lugar, por lo que se refiere a la alegación de ABLV Bank relativa a la carga de la prueba, basta con señalar que no es suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control y, por tanto, debe declararse inadmisible, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia. |
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158 |
En tercer lugar, en cuanto a la alegación de ABLV Bank relativa a no haber tenido suficientemente en cuenta una serie de circunstancias y de pruebas, es preciso recordar que del artículo 256 TFUE, apartado 1, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho y que el Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y las pruebas. La apreciación de los hechos y de las pruebas no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados. Tal desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 2 de marzo de 2021, Comisión/Italia,C‑425/19 P, EU:C:2021:154, apartado 52 y jurisprudencia citada). |
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159 |
Por consiguiente, la anterior argumentación solo podría prosperar si se demostrara que el Tribunal General desnaturalizó los hechos. Pues bien, ABLV Bank no ha invocado tal desnaturalización, habiéndose contentado, en esencia, con interesar una nueva apreciación de los hechos, para lo que el Tribunal de Justicia no es competente en el recurso de casación. |
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160 |
En consecuencia, la referida alegación debe ser declarada inadmisible, como sostienen la JUR y el BCE. |
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161 |
En cuarto lugar, la alegación de ABLV Bank basada en el error en que supuestamente incurrió el Tribunal General en el apartado 205 de la sentencia recurrida debe rechazarse por infundada. |
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162 |
En efecto, el Tribunal General recordó acertadamente, en el apartado 204 de esa sentencia, que, según reiterada jurisprudencia, un acto sólo incurre en desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado FUE para hacer frente a las circunstancias del caso (sentencia de 5 de mayo de 2015, España/Parlamento y Consejo, C‑146/13, EU:C:2015:298, apartado 56 y jurisprudencia citada). |
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163 |
Así pues, la mera circunstancia de que, en el marco de la adopción de la Decisión relativa a ABLV Bank, la JUR se haya basado en parte en actos adoptados por el BCE y por autoridades nacionales no basta, en cualquier caso, para demostrar que adoptó la citada Decisión con fines distintos de aquellos para los que se le otorgó la facultad en cuestión o con el fin de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado FUE. |
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164 |
De ello se desprende que procede desestimar el tercero motivo por ser en parte infundado y en parte inadmisible, sin que sea necesario examinar las causas de inadmisión planteadas por la JUR y el BCE en relación con dicho motivo en su totalidad. |
Cuarto motivo
– Alegaciones de las partes
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165 |
ABLV Bank alega que el Tribunal General incurrió en varios errores al examinar la admisibilidad de su recurso en cuanto dirigido contra la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg. |
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166 |
En primer lugar, según ABLV Bank, el Tribunal General erró al considerar que solo el texto de las Decisiones controvertidas es pertinente y que dicho texto no debe interpretarse conforme a los anuncios públicos efectuados por su autor. |
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167 |
Así, el Tribunal General asimiló equivocadamente el concepto de acto impugnable, en el sentido del artículo 263 TFUE, a un documento concreto, cuando dicho concepto se refiere al contenido de las decisiones impugnadas y un documento concreto solo constituye un elemento probatorio al respecto, con los mismos efectos que los anuncios verbales. La interpretación que realiza el Tribunal General, según ABLV Bank, tiene consecuencias inaceptables y contraviene el Estado de Derecho. |
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168 |
En segundo lugar, ABLV Bank aduce que el Tribunal General desnaturalizó el texto de las Decisiones controvertidas al considerar que no imponían la liquidación de las entidades afectadas. En efecto, la formulación elegida en el texto de las referidas Decisiones, en la medida en que exige que las autoridades nacionales de resolución las ejecuten de conformidad con las consideraciones que figuran en ellas, expresa con la suficiente claridad que ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg debían ser liquidadas. Además, la cuestión de si se decidió un método de liquidación específico o si la decisión en tal sentido se manifiesta en la apertura de un procedimiento de liquidación carece de pertinencia. |
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169 |
ABLV Bank añade, en tercer lugar, que el Tribunal General no extrajo las consecuencias que se derivan de su conclusión según la cual una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución es un acto impugnable. Sostiene, haciendo referencia a decisiones de resolución adoptas por la JUR respecto de otras entidades, que tales decisiones modifican la situación jurídica de los accionistas de la entidad objeto de tal dispositivo. Deduce de ello que lo mismo puede aplicarse a una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución. |
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170 |
ABLV Bank alega, en cuarto lugar, que el Tribunal General erró al no considerar que una decisión de revocar la autorización de una entidad de crédito tiene consecuencias más específicas, en la medida en que impide a esa entidad realizar sus actividades reguladas de depósito y préstamo. |
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171 |
La JUR y el BCE afirman que el cuarto motivo debe desestimarse por infundado. |
– Apreciación del Tribunal de Justicia
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172 |
Procede señalar que, en el marco del examen de la admisibilidad del recurso de ABLV Bank dirigido contra la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg, tras hacer constar, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, que dicha Decisión establece que no se adoptará ningún dispositivo de resolución respecto de ABLV Bank Luxembourg, el Tribunal General declaró, en el apartado 42 de la misma sentencia, que la referida Decisión no surtía efectos directamente en la situación jurídica de los accionistas de ABLV Bank Luxembourg, entre ellos, ABLV Bank. |
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173 |
A este respecto, a la vista de las consideraciones que figuran en los apartados 112 a 116 de la presente sentencia, procede rechazar por infundadas, por idénticas razones, las alegaciones de ABLV Bank basadas en una desnaturalización de la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg y en errores en la determinación de sus efectos. |
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174 |
La misma suerte desestimatoria debe correr el argumento de ABLV Bank relativo a una analogía con las decisiones de resolución adoptadas por la JUR respecto de otras entidades, toda vez que tales decisiones carecen de pertinencia para determinar los efectos de la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg. |
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175 |
Por lo demás, las alegaciones de ABLV Bank dirigidas contra el examen que realizó el Tribunal General de la admisibilidad de su recurso en cuanto tenía por objeto la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg no son suficientemente claras y precisas para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad de la sentencia recurrida, por lo que deben declararse inadmisibles, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 45 y 46 de la presente sentencia. |
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176 |
De ello se desprende que el cuarto motivo debe desestimarse por ser en parte infundado y en parte inadmisible. |
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177 |
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el recurso de casación debe ser desestimado en su totalidad. |
Costas
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178 |
En virtud del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. |
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179 |
A tenor del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. |
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180 |
Al haber solicitado la JUR y el BCE la condena en costas de ABLV Bank y haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la JUR y las del BCE. |
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide: |
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Firmas |
( *1 ) Lengua de procedimiento: inglés.