Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 16 de julio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículo 9 — Gestión de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas — Principio de neutralidad con respecto a los servicios — Artículo 9 bis — Nueva evaluación de las restricciones a los derechos de uso de las radiofrecuencias existentes — Medida nacional que obliga al titular de derechos de uso de radiofrecuencias a utilizar dichas radiofrecuencias de conformidad con las disposiciones del plan nacional de asignación de frecuencias y que no permite el ejercicio de actividades diferentes — Medida nacional que impone la utilización de dichas radiofrecuencias exclusivamente para servicios de radiodifusión televisiva digital terrestre »
En el asunto C‑401/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), mediante resolución de 16 de junio de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de junio de 2025, en el procedimiento entre
Elettronica Industriale SpA
y
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
con intervención de:
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de Elettronica Industriale SpA, por el Sr. M. Molino, la Sra. C. Previti y el Sr. G. Rossi, avvocati;
– en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por los Sres. G. Aiello y A. De Curtis, avvocati dello Stato;
– en nombre del Gobierno checo, por las Sras. L. Halajová y J. Očková y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Conte y O. Gariazzo, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 9 y 9 bis de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO 2002, L 108, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva marco»), así como de las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre prestación de servicios.
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Elettronica Industriale SpA y el Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ministerio de Empresas y del Made in Italy, Italia) (en lo sucesivo, «Ministerio») en relación con la negativa de este último a estimar la solicitud de dicha sociedad de nueva evaluación de la restricción de sus derechos de uso de radiofrecuencias para los servicios de la televisión digital terrestre (TDT).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva marco
3 Los considerandos 18 y 19 de la Directiva marco presentaban el siguiente tenor:
«(18) La obligación de los Estados miembros de velar por que las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible la conveniencia de que la regulación sea tecnológicamente neutra, es decir, que no imponga el uso de un tipo de tecnología particular ni discrimine en su favor, se entiende sin perjuicio de la adopción de medidas proporcionadas para fomentar determinados servicios específicos cuando esté justificado, por ejemplo, en el caso de la televisión digital como instrumento para mejorar la eficiencia del espectro.
(19) Las radiofrecuencias son un elemento esencial para los servicios de comunicaciones electrónicas basados en las radiocomunicaciones y, por consiguiente y en la medida en que guarden relación con estos servicios, deben ser atribuidas y asignadas por las autoridades nacionales de reglamentación con arreglo al conjunto de objetivos y principios armonizados que regulen su actuación, y en función de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios teniendo en cuenta los intereses democráticos, sociales, lingüísticos y culturales relacionados con el uso de dichas frecuencias. Es importante gestionar la atribución y la asignación de frecuencias del modo más eficiente posible. […]»
4 El artículo 2, letra q), de esta Directiva definía el concepto de «atribución de frecuencias» como «la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen».
5 El artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva establecía lo siguiente:
«Los Estados miembros velarán por que exista a nivel nacional un mecanismo eficaz en virtud del cual cualquier usuario o empresa suministradora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas que esté afectado por una decisión de una autoridad nacional de reglamentación pueda recurrir ante un organismo independiente de las partes implicadas. Este organismo, que podrá ser un tribunal, tendrá la experiencia adecuada para poder desempeñar sus funciones con eficacia. Los Estados miembros velarán por que el fondo del caso se tenga debidamente en cuenta, así como que haya un mecanismo de recurso eficaz.
[…]»
6 Según el artículo 8 de la misma Directiva, los Estados miembros velarán por que, al desempeñar las funciones reguladoras especificadas en la Directiva marco y en las directivas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación adopten todas las medidas razonables, en particular, para fomentar la competencia en el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, contribuir al desarrollo del mercado interior y promover los intereses de los ciudadanos de la Unión.»
7 El artículo 9 de la Directiva marco disponía:
«1. Habida cuenta de que las radiofrecuencias son un bien público que tiene un valor social, cultural y económico importante, los Estados miembros velarán por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio con arreglo a los artículos 8 y 8 bis. Velarán asimismo por que la atribución de frecuencias utilizadas para los servicios de comunicaciones electrónicas y la concesión de autorizaciones generales o derechos individuales de uso de estas radiofrecuencias por las autoridades nacionales competentes se basen en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
En la aplicación de este artículo, los Estados miembros respetarán los acuerdos internacionales correspondientes, incluido el Reglamento de Radiocomunicaciones de la [Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)], y podrán tener en cuenta consideraciones de orden público.
[…]
3. A menos que en el párrafo segundo se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán por que se pueda utilizar todo tipo de tecnología utilizada para los servicios de comunicaciones electrónicas en las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en sus respectivos planes nacionales de atribución de frecuencias, de conformidad con el Derecho comunitario.
Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de tecnología de acceso inalámbrico o red radioeléctrica utilizados para los servicios de comunicaciones electrónicas cuando sea necesario para:
a) evitar interferencias perjudiciales;
b) proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos;
c) asegurar la calidad técnica del servicio;
d) garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias;
e) garantizar un uso eficiente del espectro, o
f) garantizar el logro de un objetivo de interés general de conformidad con el apartado 4.
4. A menos que en el párrafo segundo se disponga otra cosa, los Estados miembros velarán por que se pueda prestar todo tipo de servicios de comunicaciones electrónicas en las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en sus respectivos planes nacionales de atribución de frecuencias, de conformidad con el Derecho comunitario. Los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general definidos por los Estados miembros con arreglo al Derecho comunitario, tales como (aunque no solo):
a) la seguridad de la vida;
b) la promoción de la cohesión social, regional o territorial;
c) la evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias, o
d) la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, por ejemplo mediante la prestación de servicios de radiodifusión y televisión.
Solo podrán imponerse medidas que prohíban la prestación de cualquier otro servicio de comunicaciones electrónicas en una banda específica cuando estén justificadas por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida. Excepcionalmente, los Estados miembros también podrán ampliar la aplicación de dicha medida para cumplir otros objetivos de interés general definidos por los Estados miembros con arreglo al Derecho comunitario.
5. Los Estados miembros deberán revisar periódicamente la necesidad de las restricciones a que se refieren los apartados 3 y 4 y harán públicos los resultados de estas revisiones.
6. Los apartados 3 y 4 serán aplicables a las frecuencias atribuidas para su uso en los servicios de comunicaciones electrónicas, a las autorizaciones generales expedidas y a los derechos individuales de uso de frecuencias concedidas después del 25 de mayo de 2011.
Las atribuciones de frecuencias, las autorizaciones generales y los derechos individuales de uso que ya existían el 25 de mayo de 2011 estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 9 bis.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en las Directivas específicas y en función de las circunstancias nacionales pertinentes, los Estados miembros podrán establecer normas con objeto de evitar el acaparamiento del espectro, en particular mediante la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso por parte de su titular y la aplicación de sanciones, incluidas sanciones económicas o la retirada de los derecho[s] de uso, en caso de no respeto de los plazos. Estas normas se establecerán y aplicarán de manera que sean proporcionadas, no discriminatorias y transparentes.»
8 El artículo 9 bis de esta Directiva establecía:
«1. Durante un período de cinco años que comenzará el 25 de mayo de 2011, los Estados miembros podrán autorizar a los titulares de derechos de uso de radiofrecuencias que fueron otorgados con anterioridad a esa fecha y cuya validez no sea inferior a cinco años después de esa fecha, a que presenten a la autoridad nacional competente una solicitud de nueva evaluación de las restricciones de sus derechos de conformidad con el artículo 9, apartados 3 y 4.
Antes de adoptar su decisión, la autoridad nacional competente notificará al titular de los derechos su nueva evaluación de las restricciones, indicando el alcance de su derecho a raíz de ella y le concederá un plazo razonable para retirar su solicitud.
Si el titular de los derechos retira su solicitud, el derecho permanecerá sin modificar hasta su expiración o hasta concluir el período de cinco años si es que esto ocurre antes.
2. Transcurrido el período de cinco años a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para garantizar que se aplique el artículo 9, apartados 3 y 4, a todas las autorizaciones generales o derechos individuales de uso y atribución de radiofrecuencias restantes usadas para los servicios de comunicaciones electrónicas que existían el 25 de mayo de 2011.
3. Al aplicar este artículo, los Estados miembros tomarán las medidas apropiadas para fomentar la competencia leal.
4. Las medidas adoptadas en la aplicación del presente artículo no constituyen una concesión de nuevos derechos de uso y, por tanto, no están sujetas a las disposiciones pertinentes del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO 2002, L 108, p. 21)].»
Directiva 2009/140
9 Según los considerandos 34 a 36, 38 y 40 de la Directiva 2009/140:
«(34) Hay que reforzar la flexibilidad en la gestión del espectro y en el acceso al mismo, al amparo de autorizaciones neutras con respecto a la tecnología y los servicios, para que sus usuarios puedan elegir las mejores tecnologías y servicios aplicables en bandas de frecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en los planes nacionales pertinentes de atribución de frecuencias, de conformidad con el Derecho comunitario (“principios de neutralidad con respecto a la tecnología y al servicio”). La determinación administrativa de las tecnologías y servicios debe aplicarse cuando estén en juego objetivos de interés general, y ha de estar claramente justificada y ser objeto de revisiones periódicas.
(35) Las restricciones al principio de neutralidad con respecto a la tecnología deben ser apropiadas y justificarse por la necesidad de evitar interferencias perjudiciales, por ejemplo imponiendo máscaras de emisión y niveles de potencia, garantizar la protección de la salud pública, limitando la exposición del público a los campos electromagnéticos, garantizar el correcto funcionamiento de los servicios gracias a una calidad técnica del servicio de nivel adecuado, sin que se excluya necesariamente la posibilidad de utilizar más de un servicio en la misma banda de frecuencia, garantizar un uso compartido adecuado de las frecuencias, en especial cuando su uso esté supeditado solamente a autorizaciones generales, salvaguardar el uso eficiente de las frecuencias, o cumplir un objetivo de interés general de conformidad con el Derecho comunitario.
(36) Los usuarios del espectro deben también poder elegir libremente los servicios que desean ofrecer a través del espectro, sin perjuicio de las medidas transitorias para hacer frente a situaciones heredadas. Por otra parte, debe autorizarse la adopción de determinadas medidas cuando se precise la prestación de un servicio específico para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos, tales como la seguridad de la vida, la necesidad de promover la cohesión social, regional y territorial o evitar el uso ineficiente del espectro, cuando fuera necesario y proporcionado. Estos objetivos incluirían también la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación según definan los Estados miembros de conformidad con el Derecho comunitario. Salvo cuando sea necesario para proteger la seguridad de la vida o, excepcionalmente, para lograr otros objetivos de interés general definidos por los Estados miembros de conformidad con el Derecho comunitario, las excepciones no deben traducirse en un uso exclusivo de determinados servicios, sino más bien en una prioridad, de manera que puedan coexistir en la misma banda, en la medida de lo posible, otros servicios o tecnologías.
[…]
(38) Dado que la atribución de espectro a tecnologías o servicios específicos constituye una excepción a los principios de neutralidad con respecto a la tecnología y al servicio y reduce la libertad de elegir el servicio prestado o la tecnología utilizada, cualquier propuesta de atribución de ese tipo debe ser transparente y someterse a consulta pública.
[…]
(40) La introducción de la neutralidad con respecto a la tecnología y al servicio y del comercio de los derechos de uso del espectro existentes puede exigir normas transitorias, incluidas medidas encaminadas a velar por una competencia leal, pues el nuevo sistema podría permitir a algunos usuarios del espectro empezar a competir con otros que hubieran adquirido sus derechos de uso del espectro con arreglo a unas condiciones más exigentes. A la inversa, cuando se hayan otorgado derechos al amparo de una excepción de las normas generales o según criterios que no sean objetivos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios con miras a alcanzar un objetivo de interés general, la situación de los titulares de tales derechos no debe mejorarse de forma injustificada en detrimento de sus nuevos competidores más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general de que se trate u otro objetivo de interés general relacionado con el mismo.»
Derecho italiano
10 El artículo 14 del Decreto Legislativo n.º 259 — Codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto Legislativo n.º 259, por el que se establece el Código de las Comunicaciones Electrónicas), de 1 de agosto de 2003 (GURI n.º 214, de 15 de septiembre de 2003, suplemento ordinario n.º 150), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de las Comunicaciones Electrónicas»), establece, en sus apartados 4 a 8:
«4. A menos que en el apartado 2 se disponga otra cosa, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia el Ministerio y la [Autoritè per le garanzie nelle comunicazioni (Autoridad de vigilancia de las comunicaciones, Italia) (en lo sucesivo, “Autoridad”) velarán por que se pueda prestar todo tipo de servicios de comunicaciones electrónicas en las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el plan nacional de atribución y asignación de frecuencias, de conformidad con el Derecho de la Unión. No obstante, el Ministerio y la Autoridad podrán prever, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT o de la normativa [de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT)].
5. Las medidas que exijan que un servicio de comunicaciones electrónicas se preste en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas deberán estar justificadas para garantizar el logro de objetivos de interés general con arreglo al Derecho de la Unión, tales como (aunque no solo):
a) la seguridad de la vida humana;
b) la promoción de la cohesión social, regional o territorial;
c) la evitación del uso ineficiente de las radiofrecuencias, o
d) la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, incluso mediante la prestación de servicios de radiodifusión y televisión.
6. El Ministerio y la Autoridad podrán prohibir, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, la prestación de cualquier otro servicio de comunicaciones electrónicas en una banda específica exclusivamente cuando ello esté justificado por la necesidad de proteger servicios relacionados con la seguridad de la vida. Esta prohibición podrá ampliarse con carácter excepcional con el fin de cumplir otros objetivos de interés general con arreglo al Derecho de la Unión.
7. El Ministerio y la Autoridad revisarán periódicamente, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, la necesidad de las restricciones a que se refieren los apartados 3 a 6 y harán públicos los resultados de esas revisiones.
8. Los apartados 3 y 4 serán aplicables a las frecuencias radioeléctricas atribuidas para su uso en los servicios de comunicaciones electrónicas, a las autorizaciones generales expedidas y a los derechos individuales de uso de frecuencias concedidas transcurrido el plazo indicado en el artículo 4, apartado 1, segunda frase, del decreto legge n. 34 [(Decreto-ley n.º 34)], de 31 de marzo de 2011 [(GURI n.º 74, de 31 de marzo de 2011, p. 1)], actualmente, tras haber sido modificado, la legge n. 75 [(Ley n.º 75)], de 26 de mayo de 2011 [(GURI n.º 122, de 27 de mayo de 2011, p. 2)], en su versión modificada. Las atribuciones de frecuencias, las autorizaciones generales y los derechos individuales de uso que ya existían al término del período arriba indicado estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 14 bis.»
11 El artículo 14 bis del Código de las Comunicaciones Electrónicas dispone:
«1. Hasta el 25 de mayo de 2016 y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, el Ministerio y la Autoridad podrán autorizar a los titulares de derechos de uso de radiofrecuencias que hayan sido concedidos antes de la fecha indicada en el artículo 14, apartado 8, y que vayan a seguir siendo válidos hasta esa fecha, a presentar una solicitud de nueva evaluación de las restricciones de sus derechos de conformidad con el artículo 14, apartados 4 a 7. Antes de adoptar una decisión y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, el Ministerio y la Autoridad notificarán al titular de los derechos su nueva evaluación de las restricciones, indicando el alcance de su derecho a raíz de ella y le concederán un plazo para retirar su solicitud. Si el titular de los derechos retira su solicitud, el derecho permanecerá sin modificar hasta su expiración o hasta el 25 de mayo de 2016 si es que esto ocurre antes.
2. A partir del 25 de mayo de 2016 y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, el Ministerio y la Autoridad adoptarán todas las medidas oportunas para garantizar que se aplique el artículo 14, apartados 3 a 7, a todas las autorizaciones generales o derechos de uso individuales restantes y a las atribuciones de radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas.
3. Al aplicar este artículo, el Ministerio y la Autoridad tomarán, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas apropiadas para fomentar la competencia leal.
4. Las medidas adoptadas en la aplicación del presente artículo no constituyen una concesión de nuevos derechos de uso y, por tanto, no están sujetas a las disposiciones pertinentes del artículo 27 del presente Código.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
12 Elettronica Industriale, operador de red de telecomunicaciones italiano, es titular de derechos de uso de radiofrecuencias para la TDT correspondientes a cinco redes nacionales (multiplex), concedidos el 28 de junio de 2012 por el Ministerio.
13 El 24 de mayo de 2016, esa sociedad solicitó al Ministerio una nueva evaluación de la restricción de esos derechos de uso, que se habían concedido únicamente para los servicios de radiodifusión para la TDT. Esta solicitud tenía por objeto, en particular, obtener la supresión de dicha restricción.
14 Después de que el Ministerio desestimara esa solicitud, dicha sociedad interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de esa resolución desestimatoria ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lacio, Italia), alegando, en particular, que la referida desestimación adolecía de una violación del principio de neutralidad con respecto a los servicios, contemplado en el artículo 9 de la Directiva marco.
15 El citado órgano jurisdiccional desestimó el recurso basándose, en particular, en que tanto el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco como el artículo 14, apartado 4, del Código de las Comunicaciones Electrónicas establecen que la aplicación del principio de neutralidad con respecto a los servicios solo puede llevarse a cabo en el marco determinado por los «planes nacionales de atribución de frecuencias». Sobre este particular, en virtud del artículo 14 bis de dicho Código, los titulares de derechos de uso concedidos antes del 30 de junio de 2012 pueden solicitar una nueva evaluación de las restricciones a sus derechos «de conformidad con el artículo 14, apartados 4 a 7 [de ese Código]» y, por consiguiente, respetando lo dispuesto en el plan nacional de atribución y asignación de frecuencias. Según el mencionado órgano jurisdiccional, dado que la recurrente no había cuestionado el plan vigente en la fecha de su solicitud de nueva evaluación de 24 de mayo de 2016, ese plan no podía constituir el objeto del litigio del que conocía.
16 Elettronica Industriale recurrió en apelación esta resolución desestimatoria ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
17 Este último indica que el artículo 14 del Código de las Comunicaciones Electrónicas, que introdujo en el Derecho italiano los principios de neutralidad tecnológica y de neutralidad con respecto a los servicios, dispone que podrán utilizarse todas las tecnologías para los servicios de comunicaciones electrónicas y que podrán prestarse todos los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas, pero únicamente en las bandas de frecuencia declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el plan nacional de atribución y asignación de frecuencias de conformidad con el Derecho de la Unión.
18 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que la situación controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito del plan nacional de atribución y asignación de frecuencias del año 2015, que reservaba la atribución, con carácter primario, de la banda de frecuencias de 470‑790 MHz al servicio de radiodifusión.
19 Pues bien, en su solicitud de nueva evaluación, Elettronica Industriale solicitó que sus derechos de uso pudieran utilizarse para un uso de banda ancha (broadband) relativo a las telecomunicaciones, en lugar de un uso para la difusión de radiotelevisión (broadcasting).
20 En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los artículos 9 y 9 bis de la Directiva marco y las disposiciones del Tratado FUE en materia de libre prestación de servicios deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una medida nacional que obliga al titular de derechos de uso de radiofrecuencias a utilizar las frecuencias de que se trata exclusivamente para los servicios de radiodifusión de la TDT, restricción que deriva del hecho de que ese uso de esas frecuencias viene impuesto por el acto administrativo mediante el cual se adoptó el plan nacional de atribución de frecuencias.
21 Así pues, se plantea la cuestión de si, a efectos de una solicitud de nueva evaluación, en el sentido del artículo 9 bis de la Directiva marco, que tiene por objeto el ejercicio de actividades distintas de las contempladas en el acto por el que se adoptó dicho plan, ese acto ha de considerarse vinculante.
22 El órgano jurisdiccional remitente considera que tal solicitud de nueva evaluación solo parece poder estimarse para los derechos de uso de los que el operador económico de que se trate ya sea titular y que estén previstos en el plan nacional de atribución de frecuencias. Así pues, la desestimación de dicha solicitud, que tiene por objeto el uso de esos derechos para una actividad diferente, podría justificarse por el mero hecho de que ese plan contenga restricciones al uso de tales derechos.
23 A este respecto, dicho órgano jurisdiccional considera necesario obtener una aclaración en cuanto al alcance de los artículos 9 y 9 bis de la Directiva marco para determinar si, con motivo de la nueva evaluación prevista en el citado artículo 9 bis, pueden las autoridades nacionales competentes, para dar efecto al principio de neutralidad con respecto a los servicios, apartarse de lo previsto en el plan nacional de atribución de frecuencias cuando el operador económico de que se trate haya solicitado que se modifique la restricción de sus derechos de uso de frecuencias para permitirle ejercer actividades distintas de las que inicialmente estaba facultado para ejercer.
24 En esas circunstancias, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen los artículos 9 y 9 bis de la [Directiva marco] y las disposiciones del Tratado FUE en materia de libre prestación de servicios a una medida nacional que obliga al titular de derechos de uso de radiofrecuencias a utilizar esas frecuencias en la medida contemplada en el [Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (Plan nacional de atribución de frecuencias) (PNRF)], y no permite al operador que solicita la nueva evaluación desarrollar actividades distintas de aquellas respecto de las cuales es titular? ¿Se opone, por consiguiente, la normativa de la Unión a una medida nacional que obliga al titular de derechos de uso de radiofrecuencias a utilizar esas frecuencias exclusivamente para prestar servicios de televisión digital terrestre, medida que las autoridades nacionales justifican con la mera alegación de que existen restricciones establecidas a tal efecto en los instrumentos de planificación del espectro radioeléctrico?»
Sobre la cuestión prejudicial
Observaciones preliminares
25 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de los artículos 9 y 9 bis de la Directiva marco y de las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre prestación de servicios. Con el fin de dar a dicho órgano jurisdiccional una respuesta útil para la solución del litigio del que conoce, procede realizar las siguientes precisiones.
26 En primer término, por lo que se refiere a tales disposiciones del Tratado FUE, ha de recordarse que no son aplicables, en principio, a una situación en la que todos los elementos están circunscritos al interior de un solo Estado miembro (sentencias de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, apartado 47, y de 17 de octubre de 2024, FA. RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, apartado 38 y jurisprudencia citada).
27 Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que todos los elementos que caracterizan el litigio principal están circunscritos al interior de un único Estado miembro, en este caso la República Italiana, y que dicha resolución no contiene ninguna indicación que sugiera que, a pesar de su carácter meramente interno, el objeto de ese litigio presenta un elemento de conexión con las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre prestación de servicios que haga necesaria la interpretación para resolver el referido litigio (véase, en ese sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2024, FA. RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, apartado 41).
28 De ello se deduce que no procede responder a la cuestión prejudicial planteada en la medida en que se refiere a la interpretación de dichas disposiciones.
29 En segundo término, por lo que atañe a la interpretación de los artículos 9 y 9 bis de la Directiva marco, procede subrayar, por una parte, que de la resolución de remisión se desprende que la recurrente en el litigio principal invoca el principio de neutralidad con respecto a los servicios, que se contempla específicamente en el artículo 9, apartado 4, de esa Directiva.
30 Por otra parte, el artículo 9 bis, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva establece que durante un período de cinco años que comenzará el 25 de mayo de 2011, los Estados miembros podrán autorizar a los titulares de derechos de uso de radiofrecuencias que fueron otorgados con anterioridad a esa fecha y cuya validez no sea inferior a cinco años después de esa fecha, a que presenten a la autoridad nacional competente una solicitud de nueva evaluación de las restricciones de sus derechos de conformidad con el artículo 9, apartados 3 y 4, de la misma Directiva.
31 Por lo tanto, la posibilidad, prevista en dicho artículo 9 bis, de permitir a los titulares de derechos de uso de radiofrecuencias presentar una solicitud de revisión solo afecta a los titulares de derechos de uso de radiofrecuencias concedidos antes del 25 de mayo de 2011.
32 Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que Elettronica Industriale obtuvo derechos de uso de radiofrecuencias para la TDT el 28 de junio de 2012. De ello se deduce que el artículo 9 bis de la Directiva marco no es aplicable al litigio principal.
33 En cambio, procede señalar que, en esa fecha de 28 de junio de 2012, era aplicable el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco. En efecto, el artículo 9, apartado 6, de esta Directiva dispone, en particular, que dicho artículo 9, apartado 4, se aplicará a los derechos individuales de uso de radiofrecuencias concedidos después del 25 de mayo de 2011.
34 De ello se deduce que, a partir del 25 de mayo de 2011, los Estados miembros estaban obligados, en virtud de dicho artículo 9, apartados 4 y 6, a velar por el respeto del principio de neutralidad con respecto a los servicios y por que las restricciones a los derechos individuales de uso de radiofrecuencias se basaran en objetivos de interés general, proporcionados y no discriminatorios.
35 Pues bien, con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco, los Estados miembros velarán por que exista a nivel nacional un mecanismo eficaz en virtud del cual cualquier usuario o empresa suministradora de redes o servicios de comunicaciones electrónicas que esté afectado por una decisión de una autoridad nacional de reglamentación pueda recurrir ante un organismo independiente de las partes implicadas.
36 De ello se deduce que un operador de red de telecomunicaciones, como Elettronica Industriale, debe poder cuestionar una decisión de la autoridad nacional de reglamentación, adoptada sobre la base del artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco, para obtener, como en el caso de autos, el levantamiento de las restricciones a sus derechos individuales de uso de radiofrecuencias.
37 En estas circunstancias, aunque el litigio principal tiene por objeto una solicitud de Elettronica Industriale de nueva evaluación de las restricciones a sus derechos de uso de radiofrecuencias para la TDT, presentada por dicha sociedad con arreglo al artículo 14 bis del Código de las Comunicaciones Electrónicas, que transpuso el artículo 9 bis de la Directiva marco al Derecho italiano, esta circunstancia no impide dar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil para resolver el litigio del que conoce.
38 En efecto, en la medida en que el artículo 9 bis, apartado 1, de esta Directiva remite al artículo 9, apartado 4, de esta, una solicitud que tenga por objeto cuestionar, sobre la base del Derecho nacional que transpone el artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco, una decisión de la autoridad competente que imponga restricciones a los derechos de uso de radiofrecuencias, adoptada con arreglo a dicho artículo 9, apartado 4, tendría, en esencia, el mismo objeto que una solicitud de nueva evaluación presentada con arreglo al Derecho nacional de transposición del artículo 9 bis de la Directiva marco, que tiene por objeto cuestionar tales restricciones.
39 De las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la cuestión prejudicial planteada a la luz del artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco.
Sobre el fondo
40 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida nacional que obliga a un titular de derechos individuales de uso de radiofrecuencias a utilizarlas exclusivamente para la prestación de servicios de radiodifusión para la TDT, basándose únicamente en las limitaciones previstas en el plan nacional de atribución de frecuencias.
41 Para responder a esta cuestión, es preciso determinar si un plan nacional de atribución de frecuencias puede imponer restricciones a los derechos de uso de frecuencias en relación con los servicios de comunicaciones electrónicas que deben prestarse mediante dichas frecuencias y, en su caso, en qué condiciones. En caso afirmativo, habrá de precisarse si, y en qué condiciones, un plan de ese tipo debe tener un alcance obligatorio, en el sentido de que ese plan implicaría necesariamente la denegación de una solicitud de levantamiento de esas restricciones.
42 En primer lugar, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos que persigue la normativa de la que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 20 de noviembre de 2025, Lolach, C‑327/24, EU:C:2025:901, apartado 27).
43 De entrada, según el artículo 9, apartado 4, párrafo primero, primera frase, de la Directiva marco, los Estados miembros velarán por que se pueda prestar todo tipo de servicios de comunicaciones electrónicas «en las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en sus respectivos planes nacionales de atribución de frecuencias» de conformidad con el Derecho de la Unión.
44 Del tenor de esta disposición se desprende que los Estados miembros deciden, en el marco del plan nacional de atribución de frecuencias, qué bandas de frecuencias están disponibles para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. A este respecto, los Estados miembros deben, en principio, permitir que todos los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas puedan prestarse a través de esas bandas de frecuencias, lo que persigue que los Estados miembros respeten el principio de neutralidad en lo que atañe a los servicios.
45 Dicho esto, con arreglo al artículo 9, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva marco, los Estados miembros podrán, no obstante, prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando sea pertinente, el cumplimiento de un requisito del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Esta facultad constituye una limitación del principio de neutralidad con respecto a los servicios, en el sentido de que las bandas de frecuencias atribuidas de conformidad con el plan nacional de atribución de frecuencias solo pueden utilizarse para algunos de estos tipos de servicios.
46 En estas circunstancias, del tenor del artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco se desprende que la referencia a los planes nacionales de atribución de frecuencias, que figura en el párrafo primero de esa disposición, indica que las restricciones que esta permite establecer a los Estados miembros pueden figurar en dichos planes. Por lo tanto, cuando los Estados miembros adoptan esos planes, pueden indicar no solo las bandas de frecuencias disponibles, sino también, en su caso, las restricciones al uso de estas últimas en lo que respecta al tipo de servicios que pueden prestarse en ellas.
47 A continuación, el contexto en el que se inscribe el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco confirma la interpretación literal expuesta en el apartado anterior.
48 En efecto, el artículo 9, apartado 6, de la Directiva marco prevé que los apartados 3 y 4 de ese artículo 9 serán aplicables a las frecuencias atribuidas para su uso en los servicios de comunicaciones electrónicas, a las autorizaciones generales expedidas y a los derechos individuales de uso de frecuencias concedidas después del 25 de mayo de 2011.
49 Pues bien, según la definición de «atribución de frecuencias» que figura en el artículo 2, letra q), de esa Directiva, ese concepto se refiere «a la designación de una banda de frecuencias para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen».
50 En la medida en que el plan nacional de atribución de frecuencias tiene precisamente por objeto atribuir las frecuencias, de ello se deduce que, mediante dicho plan, los Estados miembros pueden decidir que una banda de frecuencias determinada solo pueda utilizarse para un tipo de servicios de radiocomunicaciones, lo que implica una limitación al principio de neutralidad con respecto a los servicios.
51 Por último, el objetivo de la Directiva marco consiste, como se desprende de su artículo 8, en fomentar la competencia en el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, contribuir al desarrollo del mercado interior y apoyar los intereses de los ciudadanos de la Unión (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2025, Cairo Network y otros, C‑764/23 a C‑766/23, EU:C:2025:691, apartado 96).
52 Además, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros deben velar por la gestión eficaz de las radiofrecuencias para los servicios de comunicaciones electrónicas en su territorio, con arreglo, en particular, al citado artículo 8. Asimismo deben velar por que la atribución de frecuencias utilizadas para los servicios de comunicaciones electrónicas y la concesión de autorizaciones generales o derechos individuales de uso de estas radiofrecuencias por las autoridades nacionales competentes se basen en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
53 A este respecto, el considerando 18 de la Directiva marco indica que, cuando esté justificado, pueden adoptarse medidas proporcionadas para promover servicios específicos, en el caso de la televisión digital como instrumento para mejorar la eficiencia en el uso del espectro. El considerando 19 de esta Directiva precisa, además, que la atribución y asignación de frecuencias deben gestionarse del modo más eficiente posible.
54 Pues bien, el objetivo relativo a la necesidad de una gestión eficaz de las radiofrecuencias, como exige el artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco, puede justificar que un Estado miembro decida imponer, al asignar las frecuencias, en el marco del plan nacional de atribución de frecuencias, restricciones a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que pueden prestarse.
55 Así pues, del examen del tenor y del contexto del artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco, así como del objetivo perseguido por esta, se desprende que, cuando los Estados miembros adoptan los planes nacionales de atribución de frecuencias, pueden indicar no solo las bandas de frecuencias disponibles, sino también, en su caso, siempre que se cumplan las condiciones previstas en dicha disposición, las restricciones al uso de esas bandas de frecuencias en lo que respecta al tipo de servicios que pueden prestarse en ellas.
56 Habida cuenta de esta conclusión, procede determinar, en segundo lugar, si, y en qué condiciones, ese plan nacional de atribución de frecuencias debe tener un alcance obligatorio, en el sentido de que una solicitud de levantamiento de las restricciones sobre los derechos individuales de uso de radiofrecuencias atribuidos a un operador de red de telecomunicaciones, como Elettronica Industriale, que limita la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, debe desestimarse por el hecho de que tales restricciones hayan sido impuestas por dicho plan.
57 Debe señalarse, al igual que hicieron los Gobiernos italiano y checo y la Comisión Europea, que, para dar pleno efecto a la posibilidad, prevista en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco, de que los Estados miembros exijan, en el marco del plan nacional de atribución de frecuencias, que se preste un servicio de comunicaciones electrónicas en una banda específica, dicho plan debe tener necesariamente un alcance obligatorio.
58 En efecto, por una parte, ha de recordarse que, como se desprende de dicho artículo 9, apartado 4, párrafo segundo, cuando un plan nacional de atribución de frecuencias exija que se preste un servicio de comunicaciones electrónicas en una banda específica disponible para los servicios de comunicaciones electrónicas, esta exigencia debe estar justificada por la necesidad de garantizar la consecución de un objetivo de interés general.
59 Pues bien, si una decisión de una autoridad nacional de reglamentación por la que se conceden derechos individuales de uso de frecuencias pudiera ser contraria a dicha exigencia, permitiendo, por ejemplo, la prestación de un tipo de servicios en una banda de frecuencias reservada por el plan nacional de atribución de frecuencias de que se trate a otro tipo de servicios, existiría el riesgo de que no pudiera garantizarse la consecución del objetivo de interés general que justifica la medida adoptada prevista en ese plan.
60 Por otra parte, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva marco, al aplicar dicho artículo, los Estados miembros respetarán los acuerdos internacionales correspondientes, incluido el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. A este respecto, el artículo 9, apartado 4, párrafo primero, segunda frase, de la citada Directiva dispone que los Estados miembros podrán prever restricciones proporcionadas y no discriminatorias a los tipos de servicios de comunicaciones electrónicas que se presten, incluido, cuando proceda, el cumplimiento del mencionado Reglamento.
61 Por lo tanto, un plan nacional de atribución de frecuencias que aplique un requisito derivado de los acuerdos internacionales aplicables debería tener necesariamente un alcance obligatorio.
62 Por último, en cuanto a las condiciones en las que un Estado miembro puede imponer, mediante un plan nacional de atribución de frecuencias, restricciones a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en una banda específica disponible, procede recordar que tales restricciones deben respetar las condiciones previstas en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco, a saber, estar justificadas por la necesidad de garantizar la consecución de un objetivo de interés general y ser proporcionadas y no discriminatorias.
63 En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el plan nacional de asignación y atribución de frecuencias del año 2015, aplicable al litigio principal, «reservaba la atribución, con carácter primario, de la banda de 470‑790 MHz al servicio de radiodifusión» y que la desestimación de la solicitud de nueva evaluación presentada por Elettronica Industriale sobre la base del artículo 14 bis del Código de las Comunicaciones Electrónicas fue motivada, en esencia, por una remisión a ese plan y por la constatación de que esa sociedad no impugnó el acto administrativo por el que se adoptó dicho plan, pese a haber tenido la posibilidad de hacerlo.
64 A este respecto, aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si la validez de la restricción a los servicios de radiodifusión, prevista por el mismo plan, puede aún ser cuestionada por Elettronica Industriale en el marco del litigio principal y, en caso afirmativo, si esa restricción cumple los requisitos exigidos por el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco, el Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación judicial establecida en el artículo 267 TFUE, puede proporcionar a dicho órgano jurisdiccional, a partir de los datos obrantes en los autos, los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que pudieran serle útiles para la apreciación de los efectos de una u otra disposición de este Derecho (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2025, Cairo Network y otros, C‑764/23 a C‑766/23, EU:C:2025:691, apartado 102 y jurisprudencia citada).
65 Desde esta perspectiva, en primer término, procede señalar que, si el órgano jurisdiccional remitente apreciase que esa restricción persigue, como sostiene, en esencia, el Gobierno italiano, garantizar un uso eficaz del espectro o evitar interferencias perjudiciales en la prestación de servicios de radiodifusión televisiva de otros operadores, nacionales y dentro de otros Estados miembros, estaría justificado, siempre que dicho órgano jurisdiccional compruebe la proporcionalidad y el carácter no discriminatorio de la misma restricción, que los titulares de derechos de uso de ese espectro, en la banda de 470‑790 MHz, solo pudieran utilizar esas frecuencias para los servicios que en ella se prevén.
66 En segundo término, como se ha recordado en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, del artículo 4, apartado 1, de la Directiva marco se desprende que un operador de red de telecomunicaciones, como la recurrente en el litigio principal, que es titular de derechos individuales de uso de frecuencias y que pretende utilizar esos derechos en una banda de frecuencias para prestar servicios distintos de los previstos para esa banda de frecuencias por el plan nacional de atribución de frecuencias, debe disponer de vías de recurso que le permitan cuestionar el acto administrativo por el que se adoptó dicho plan.
67 No obstante, a este respecto procede recordar que, en principio, el Derecho de la Unión no obliga a los Estados miembros a crear, para garantizar la defensa de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, vías de recurso ante sus tribunales nacionales distintas de las existentes en el Derecho nacional. Esto es así salvo que del sistema del ordenamiento jurídico nacional de que se trate se desprenda que no existe ninguna vía de recurso judicial que permita, siquiera sea por vía incidental, garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, o en el caso de que la única vía de los justiciables para acceder a un juez fuera verse obligados a infringir el Derecho (sentencia de 14 de mayo de 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU y C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, apartado 143 y jurisprudencia citada).
68 En el presente asunto, en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no figura ningún elemento que permita dudar de la existencia de vías de recurso judiciales conformes con esta jurisprudencia, mediante las cuales Elettronica Industriale pudo cuestionar el acto administrativo por el que se adoptó el plan nacional de atribución y asignación de frecuencias. A este respecto, debe precisarse que, en el supuesto de que se apreciara que dicha sociedad disponía del derecho a interponer un recurso contra ese plan y no lo hubiera ejercido en el plazo previsto, o lo hubiera ejercido infructuosamente, el Derecho de la Unión no exige que esa sociedad tenga la posibilidad de invocar la invalidez de las disposiciones pertinentes de ese plan en el marco del litigio principal.
69 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 9, apartado 4, de la Directiva marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una medida nacional que obliga a un titular de derechos individuales de uso de radiofrecuencias a utilizarlas exclusivamente para la prestación de servicios de radiodifusión para la TDT, basándose únicamente en las limitaciones previstas en el plan nacional de atribución de frecuencias.
Costas
70 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 9, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una medida nacional que obliga a un titular de derechos individuales de uso de radiofrecuencias a utilizarlas exclusivamente para la prestación de servicios de radiodifusión para la televisión digital terrestre, basándose únicamente en las limitaciones previstas en el plan nacional de atribución de frecuencias.
Firmas
* Lengua de procedimiento: italiano.