14.6.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 168/55

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Afganistán, en particular, su Resolución, de 8 de julio de 2008, sobre la estabilización de Afganistán: retos para la UE y para la comunidad internacional (1), de 15 de enero de 2009, sobre el control presupuestario de los fondos de la UE en Afganistán (2), de 24 de abril de 2009, sobre los derechos de las mujeres en Afganistán (3), y de 16 de diciembre de 2010, sobre una nueva estrategia en Afganistán (4),

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Vistas su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007 (5), así como su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008 (6),

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Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro del apoyo presupuestario de la UE a países en desarrollo (7),

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Vistas la Conferencia de Kabul de 20 de julio de 2010, en la que los donantes decidieron ajustar mejor sus programas y se comprometieron con los principios de eficacia de la ayuda, así como la Conferencia de Londres de 28 de enero de 2010, en la que los donantes acordaron la creación de una Alta Oficina de Supervisión independiente y canalizar la ayuda al desarrollo en mayor medida a través del Gobierno de la República Islámica de Afganistán, sobre la base de reformas en las estructuras y los presupuestos,

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Vistas las respuestas de la Comisión a las preguntas presentadas por la Comisión de Control Presupuestario del 7 de septiembre de 2010 y del 22 de junio de 2011,

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Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas no 3/2011 sobre la eficiencia y la eficacia de las contribuciones de la UE canalizadas a través de las organizaciones de las Naciones Unidas en países afectados por conflictos,

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Vistos los informes de auditoría del Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán (SIGAR),

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Vistos los informes de auditoría de la Oficina General de Contabilidad (GAO) del Gobierno de los Estados Unidos en Afganistán,

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Vistos los informes de auditoría del Inspector General de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) en Afganistán,

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Visto el informe final destinado al Congreso de los Estados Unidos titulado «Transforming Wartime Contracting» (Transformar la contratación en tiempos de guerra) de la Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra en Iraq y Afganistán,

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Visto el proyecto de Ley afgana sobre la oficina fiscalizadora superior,

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Vista la Declaración de México de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores, adoptada en 2007,

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Vistos el Plan de Acción de la UE para Afganistán y Pakistán, adoptado por el Consejo el 27 de octubre de 2009, así como sus informes de aplicación de carácter bianual,

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Vista la Decisión 2011/23 del Consejo Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), adoptada en sus sesiones anuales de 2011 (6 a 17 de junio de 2011),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A7-0388/2011),

A.

Considerando que en su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre una nueva estrategia en Afganistán el Parlamento mencionaba varias cuestiones que suscitaban preocupación en relación con el control presupuestario de la ayuda financiera de la UE a Afganistán;

B.

Considerando que la organización Integrity Watch informa de que en 2009 se pagaron en Afganistán más de mil millones de dólares en sobornos;

C.

Considerando que la Comisión de Control Presupuestario es la responsable de controlar la rentabilidad de la ejecución del presupuesto general de la UE;

D.

Considerando que los principios de responsabilidad y transparencia en la utilización del dinero público son fundamentales para la democracia;

E.

Considerando que Afganistán es uno de los países que recibe más ayuda civil del presupuesto general de la UE;

F.

Considerando que la Comisión Europea ha comprometido más de 2 000 millones de euros y ha desembolsado más de 1 800 millones de euros en ayuda al desarrollo y humanitaria para Afganistán desde 2002;

1.

Reitera que la Comisión puede tomar en consideración el recurso a diferentes canales de financiación para la utilización de fondos de la UE en Afganistán; recuerda que el Gobierno de la República Islámica de Afganistán no recibe apoyo presupuestario (sectorial) directo del presupuesto general de la UE;

2.

Observa que cada canal de financiación tiene pros y contras propios y específicos en lo que se refiere a los objetivos de gasto específicos, tal y como se expone en el cuadro que figura en la exposición de motivos;

3.

Opina que no se debe excluir ningún canal de financiación, ya que todos ellos tienen sus pros y sus contras específicos; considera que es necesario diversificar la ayuda para abordar las necesidades individuales a través de los canales de financiación adecuados;

4.

Pide a la Comisión que examine la introducción de apoyo presupuestario directo en Afganistán en unas condiciones estrictas y bien definidas, en cuanto que se haya demostrado la existencia de la necesaria estabilidad macroeconómica y de una gestión financiera suficientemente fiable, ya que se trata del mejor instrumento para el fomento de la capacitación en la administración afgana; opina que ello podría tener unos resultados sostenibles y con una orientación a largo plazo;

5.

Opina que la Comisión debería evaluar la capacidad de los ministerios del Gobierno de la República Islámica de Afganistán, y considera que el apoyo presupuestario podría comenzar con unas sumas limitadas ejecutadas en unas condiciones estrictas y bien definidas; toma nota del ejemplo dado por otros países donantes con la introducción de apoyo presupuestario sectorial para los ministerios afganos en los que se cumplen los parámetros sobre responsabilidad y transparencia; pide a la Comisión que examine la introducción de apoyo presupuestario en unas condiciones estrictas y bien definidas no solo a nivel central, sino también a nivel provincial y local, en cuanto que se hayan cumplido las condiciones y los criterios necesarios, ya que ello aumentaría la creación de capacidad en todos los niveles de gobierno; estima que una diversificación coordinada del apoyo presupuestario para los diferentes niveles administrativos también reforzaría la posición de la Comisión con respecto a dichas entidades y reduciría su dependencia de una entidad única; observa que esta diversificación no debe ir en detrimento de la función y responsabilidad del Gobierno central, y que, por lo tanto, requiere la aprobación de este último;

6.

Pide, al mismo tiempo, a la Comisión que supedite la posible ayuda presupuestaria futura a unas condiciones estrictas y bien definidas que sean claras y mensurables; considera que el fin de estos objetivos debe ser conseguir resultados que puedan evaluarse mediante indicadores y parámetros predefinidos sobre responsabilidad y transparencia; destaca que se han de definir desde el principio líneas de referencia para evaluar los progresos que se realicen en el futuro; opina que, en este contexto, los mecanismos para luchar contra la corrupción y el fraude revisten la máxima importancia; afirma que la eficacia de las medidas de la política de desarrollo en los países socios también debe comprobarse en función de criterios locales; insiste en este sentido en la máxima importancia que reviste la formación de la administración pública y esencialmente de las fuerzas de seguridad y policía;

7.

Reitera la función de supervisión del Parlamento y pide, por consiguiente, a la Comisión que introduzca las siguientes medidas y que las haga públicas:

8.

Toma nota del reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre los fondos de la UE canalizados a través de organizaciones de las Naciones Unidas en países en conflicto, que incluye también a Afganistán; lamenta las deficiencias que ha constatado el TCE en la gestión del proyecto administrado en Afganistán, a saber:

9.

Está preocupado por los informes de otras entidades de auditoría, como el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán de los Estados Unidos (SIGAR), la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos (GAO), la Comisión de Contratación en Tiempos de Guerra y el Inspector General de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), que han constatado las siguientes deficiencias:

10.

Opina que la Comisión debería tener asimismo en cuenta las deficiencias constatadas por los Estados Unidos y otras entidades fiscalizadoras no europeas que indican también factores de riesgo para los proyectos financiados por la UE, ya que muchos son iguales o al menos de naturaleza similar;

11.

Reconoce las difíciles condiciones en que la Comisión tiene que suministrar ayuda a un país que ha sido víctima de guerras durante décadas; señala que los controles sobre el terreno también se tienen que efectuar en unas condiciones de seguridad difíciles; pide a la Comisión que aplique ejercicios de control y auditoría alternativos que se puedan seguir efectuando sobre el terreno en las actuales condiciones de seguridad; pide, además, a la Comisión que aborde las deficiencias constatadas y financie proyectos, siempre y cuando cumplan los siguientes criterios:

12.

Pide a la Comisión que identifique los factores de riesgo relacionados con la corrupción, el fraude, la sostenibilidad de los proyectos, la subcontratación en cascada y otras fuentes de despilfarro y malversación de fondos; pide asimismo a la Comisión que siga teniendo en cuenta estos factores de manera adecuada en los convenios de subvención y en los contratos comerciales y que controle atentamente la aplicación de estas normas;

13.

Destaca la importancia crucial que reviste para la democracia el hecho de contar con una institución de auditoría superior que sea totalmente independiente del poder ejecutivo desde el punto de vista financiero y operativo y que disponga de capacidad y fondos suficientes para llevar a cabo auditorias financieras, de conformidad y resultados con arreglo a las normas internacionales de auditoría;

14.

Está preocupado por informaciones procedentes de varias fuentes fiables e independientes según las cuales autoridades afganas situadas al más alto nivel obstaculizan las investigaciones anticorrupción efectuadas por fiscales afganos a autoridades tales como los gobernadores;

15.

Lamenta que el nuevo proyecto de Ley sobre la Oficina de Auditoría y Control no consagre todavía la plena independencia, ya que, por ejemplo, el auditor general y su adjunto serán designados por el poder ejecutivo en vez de por el poder legislativo; señala que ello está en desacuerdo con la Declaración de México sobre la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores; pide, por consiguiente, a la Comisión que insista en que en la legislación se consagre la plena independencia financiera y operativa de la Oficina de Auditoría y Control de Afganistán y se refuerce la capacidad; recuerda a la Comisión que la plena independencia y un nivel suficiente de capacidad y de financiación de esta entidad deben considerarse condiciones esenciales para la concesión de apoyo presupuestario directo;

16.

Pide a la Comisión que considere la idea de llevar a cabo visitas de control y vigilancia conjuntamente con la Oficina de Auditoría y Control de Afganistán; sugiere, en este sentido, que se intensifique el intercambio mutuo de conocimiento y de competencias de aprendizaje en materia de auditoría entre los organismos responsables; considera que esta constituye una oportunidad de mejorar la comprensión mutua y fomentar la capacitación;

17.

Recuerda que algunos de los proyectos más importantes que financia el presupuesto general de la UE son gestionados y ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

18.

Recuerda que, de conformidad con el artículo 287, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribual de Cuentas tiene derecho, en caso de necesidad, a efectuar su auditoría en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión;

19.

Recuerda, además, que el Parlamento ha pedido reiteradamente a la Comisión que mejore la transparencia y responsabilidad de los proyectos administrados por las Naciones Unidas, en especial los fondos fiduciarios de múltiples donantes, por ejemplo mediante la introducción de una declaración de fiabilidad;

20.

Toma nota de la decisión reciente del Consejo Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (FNUAP) y la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), adoptada en sus sesiones anuales de 2011 (del 6 al 17 de junio de 2011), de otorgar a las organizaciones de donantes intergubernamentales tales como las instituciones de la Unión Europea los mismos derechos de acceso a los informes de auditoría interna que los concedidos a los países miembros de las Naciones Unidas; opina, no obstante, que se han de realizar más progresos para evitar la carga burocrática derivada del acceso a los informes de auditoría interna y mejorar la información sobre la utilización de los fondos de la UE proporcionando información sobre los resultados más que sobre las acciones; insta asimismo a la Comisión a que pida a las otras agencias de las Naciones Unidas que adopten la misma política que el PNUD, el FNUAP y la UNOPS;

21.

Opina, además, que en el futuro se necesita un enfoque de mayor alcance para cumplir plenamente las reiteradas peticiones del Parlamento en favor de un refuerzo de la transparencia y la responsabilidad que vaya acompañado de eficacia y eficiencia; pide al TCE que intente llegar a un acuerdo con las agencias de las Naciones Unidas en cuanto a unas normas comunes de auditoría que respeten totalmente las normas internacionales de auditoría y que conduzcan a una declaración de fiabilidad;

22.

Hace hincapié en los esfuerzos que está realizando en la actualidad el Grupo de Trabajo sobre responsabilidad y auditoría de la ayuda vinculada a las catástrofes, creado en el marco de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y dirigido por un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (8); apoya sus dos objetivos principales:

23.

Se felicita de los esfuerzos realizados por el Grupo de Trabajo de la INTOSAI, y le pide que cumpla su mandato dentro del calendario fijado; opina que los resultados se pueden aplicar también en un contexto más general, ya que muchos de los retos a los que se enfrenta la ayuda vinculada a las catástrofes son los mismos que los de la ayuda para el desarrollo en zonas afectadas por conflictos;

24.

Considera que se trata de una manera apropiada de hacer frente a retos en materia de responsabilidad como aquellos a los que se enfrentan las agencias de las Naciones Unidas;

25.

Pide por lo tanto al TCE y a las correspondientes oficinas de las Naciones Unidas que entablen un diálogo que les permita encontrar una solución para las cuestiones pendientes; destaca los beneficios de un sistema de auditoría único en este contexto, puesto que aumentaría la eficiencia de las labores de auditoría; opina que el trabajo llevado a cabo por el Grupo de Trabajo de INTOSAI es sumamente importante en este contexto, y pide al TCE que llegue a un acuerdo con las oficinas de las Naciones Unidas sobre esta base;

26.

Recuerda en este sentido que el Parlamento viene pidiendo desde hace mucho tiempo la creación de un fondo fiduciario de múltiples donantes, y hace hincapié en la propuesta de la Comisión según la cual el Reglamento financiero revisado (COM(2010)0815) debería prever un fundamento jurídico que sirva de base para la creación de sus propios fondos fiduciarios de múltiples donantes; opina que esta es una manera de garantizar la mayor responsabilidad posible, teniendo en cuenta que no todas las agencias de las Naciones Unidas que gestionan fondos fiduciarios de múltiples donantes cumplen los estándares de la UE en materia de transparencia y responsabilidad;

27.

Observa que el hecho de que numerosos donantes tengan tendencia a buscar resultados a corto plazo sin tener debidamente en cuenta las necesidades del Gobierno de la República Islámica de Afganistán y de la población del país va en detrimento de la eficacia de la ayuda y de la coordinación de las acciones de los donantes; toma nota de que la preferencia estrictamente geográfica relacionada con la presencia de tropas y la segmentación regional por parte de los países donantes no favorece la coordinación de los donantes y aumenta el riesgo de que se produzcan duplicaciones y se haga un uso ineficiente de la ayuda financiera;

28.

Toma nota de las Conclusiones del Consejo sobre el «Plan de refuerzo de la acción de la Unión Europea en Afganistán y Pakistán», la correspondiente información bianual, el Libro Azul 2009 de la Comisión, que incluye toda la ayuda procedente del presupuesto general de la UE y de los presupuestos nacionales de los Estados miembros, así como del reciente nombramiento del Jefe de la Delegación de la UE/Representante Especial de la UE con un doble mandato; considera que se trata de medidas positivas para mejorar la coordinación de las acciones llevadas a cabo por la UE y sus Estados miembros;

29.

Espera que la creación del SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior) dé lugar a una mejora de la coordinación y la interacción, aumente la transparencia en la ejecución de los proyectos de la UE y permita hacer un uso más sostenible y eficiente de la financiación de la UE en Afganistán; espera asimismo que se definan claramente las responsabilidades de la delegación de la UE;

30.

Pide a la Comisión que siga esforzándose por coordinar la ayuda no solo con los Estados miembros, sino también con otros donantes internacionales, por ejemplo mediante la adopción de enfoques comunes para todo el sector que complementen el enfoque geográfico; destaca la importante función que desempeñan en este contexto la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) y el Ministerio de Finanzas afgano;

31.

Destaca que las inversiones de la comunidad internacional en Afganistán se deben ajustar a las necesidades del Gobierno de la República Islámica de Afganistán y de la población afgana;

32.

Recuerda a la Comisión que el Parlamento le ha pedido (9) que le presente un informe anual sobre Afganistán que contenga una evaluación pormenorizada de la eficacia y el impacto de la ayuda, así como una declaración de fiabilidad en la que se mencione claramente el porcentaje de la ayuda controlada, las deficiencias detectadas y las medidas adoptadas; reitera su llamamiento y pide a la Comisión que aplique en su totalidad la recomendación del Parlamento de que le presente un informe anual sobre la ejecución de la ayuda y su control en Afganistán;

33.

Considera necesario aumentar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los fondos de la UE y de ayudar a los Estados miembros de la UE y a otros donantes a evitar peligros comunes; pide, por consiguiente, a la Comisión que haga públicos los resultados de sus misiones de control orientadas a los resultados, las misiones de verificación efectuadas con fondos de la UE canalizados a través de agencias de las Naciones Unidas y otros informes de auditoría y evaluación;

34.

Toma nota de que el Presidente de los Estados Unidos de América ha anunciado recientemente la retirada de cerca de una tercera parte de las tropas estadounidenses para el verano de 2012 y el traspaso de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad afganas a más tardar en 2014; destaca la importancia de una situación de seguridad estable para un control adecuado de los fondos de la UE, ya que el deterioro de la situación de seguridad en Afganistán ha hecho que cada vez sea más difícil que la Comisión y otras organizaciones realicen visitas de control sobre el terreno en el país;

35.

Señala que la retirada de las tropas podría repercutir negativamente en la economía de Afganistán; recuerda que la mayor parte del presupuesto afgano y del producto interior bruto de Afganistán procede de la ayuda exterior; observa que la recuperación económica es esencial para el desarrollo global de Afganistán; considera que la ayuda civil a Afganistán ganará en importancia gracias a la disminución de la ayuda militar;

36.

Opina que ello podría asimismo brindar una oportunidad para asignar los escasos recursos disponibles a aquellos proyectos que tienen las mayores probabilidades de dar resultados a largo plazo; reitera la necesidad de una mayor sostenibilidad económica de los proyectos, y opina que ello evitaría las presiones sobre los donantes para que desembolsen los fondos disponibles en el momento actual y sobre los receptores para que lleven a cabo proyectos que no tienen perspectivas a largo plazo;

37.

Opina que la sociedad civil y los diputados deben participar en todas las fases de aplicación, control y evaluación de los resultados, y que este requisito debe ser un criterio de selección decisivo para el apoyo presupuestario;

38.

Considera que para el futuro de Afganistán es esencial un esfuerzo continuo y cada vez mayor de la comunidad internacional que permita mejorar la capacidad y la independencia del poder judicial; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten sus esfuerzos en este sentido y entablen un dialogo constructivo y firme con el Gobierno de la República Islámica de Afganistán con vistas a garantizar que todos los actores que participan en el desarrollo de este país comparten el objetivo de conseguir un poder judicial eficiente e independiente;

39.

Insiste en que la lucha contra la corrupción debe tener una carácter central en el proceso de establecimiento de la paz en Afganistán, pues la corrupción provoca una mala asignación de recursos, opone obstáculos al acceso a servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación y representa un enorme impedimento para el desarrollo socioeconómico del país; insiste igualmente en que la corrupción mina la confianza en el sector público y en el Gobierno, por lo que constituye una gravísima amenaza para la estabilidad nacional; insta, por consiguiente, a la UE a que dedique una atención especial a la lucha contra la corrupción al prestar asistencia al país;

40.

Lamenta el hecho de que se pierda una proporción importante de la ayuda europea e internacional a lo largo de la cadena de distribución (Banco de Kabul) y señala las cuatro maneras en que esto ocurre: derroche, costes intermedios de seguridad demasiado elevados, sobrefacturación y corrupción; pide en consecuencia a la UE que establezca una base de datos centralizada sobre los costes y el impacto de todas las ayudas de la UE a Afganistán para mejorar la eficacia de la ayuda;

41.

Considera que la mejora de la situación de seguridad en Afganistán es uno de los principales retos para la reconstrucción del país, y pide a la Comisión que desarrolle, en colaboración con la comunidad internacional, una estrategia sobre la manera de garantizar la seguridad para Afganistán y fomentar una economía autosostenible, en particular con objeto de poder ejercer un control adecuado de la ayuda;

42.

Insiste en recordar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres se consideran cuestiones cruciales tanto en la estrategia nacional de desarrollo del Gobierno afgano como en el documento nacional de estrategia para 2007-2013, según el cual la dimensión de género será parte integrante de la programación;

43.

Reitera el compromiso de la UE con el mantenimiento del apoyo a Afganistán; hace hincapié en que el objetivo global de la ayuda al desarrollo prestada por la UE a Afganistán debe centrarse en la ayuda al desarrollo sostenible a largo plazo del país, en particular, en la mejora de las normas socioeconómicas, facilitando la creación de empleo y un aumento del número de PYME, reforzando el sector educativo y garantizando la igualdad de género; subraya que la ayuda debe facilitar aún más el desarrollo de capacidades en la administración pública, fortalecer el Estado de Derecho y reducir la corrupción, lo que facilitaría las transferencias en materia de seguridad al Gobierno de la República Islámica de Afganistán; recomienda que parte de la ayuda financiera a Afganistán se asigne al plan quinquenal destinado a eliminar gradualmente el cultivo de opio y sustituirlo por producciones alternativas; destaca la necesidad de facilitar la cooperación subregional mediante la prestación de asistencia en asuntos de carácter transfronterizo;

44.

Reitera la urgente necesidad de aumentar la eficacia de la ayuda, dado que numerosos indicadores de desarrollo siguen sin presentar mejoras significativas, y que la corrupción y la larga cadena de distribución de la ayuda internacional siguen siendo obstáculos importantes para la provisión de servicios esenciales a la población; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que empleen las medidas financieras disponibles, incluidos los futuros fondos fiduciarios de la UE cuando se constituyan, de manera eficaz de modo que se garantice la provisión de servicios esenciales a la población;

45.

Observa que la mayoría de los recursos para el desarrollo socioeconómico de Afganistán se canalizan a través de mecanismos internacionales, pero una proporción notable de la ayuda no llega a sus beneficiarios previstos, el pueblo de Afganistán; subraya que la UE y en particular la Comisión y el SEAE deben asumir el liderazgo para mejorar la coordinación entre donantes, en estrecha cooperación con otros donantes clave como los EE.UU. y Japón, y pide evaluaciones exhaustivas sobre la eficacia de la ayuda, con el fin de mejorar la transparencia y la asunción de responsabilidades por los donantes en materia de ayuda;

46.

Considera que la Unión Europea, al ser uno de los mayores donantes de ayuda oficial al desarrollo y de asistencia humanitaria a Afganistán (más de 2 000 millones de euros entre 2002 y finales de 2010), tiene una responsabilidad particular a la hora de evaluar si estos fondos llegan a los destinatarios previstos y mejoran sus condiciones de vida;

47.

Hace hincapié en que, cuando se recurra a organizaciones internacionales para la entrega de la ayuda, el SEAE y la Comisión presten particular atención a combatir el derroche, los costes excesivos de intermediarios, la ineficiencia, la sobrefacturación y la corrupción, e insistan en la necesidad de presentar información oportuna y adecuada sobre los resultados y el uso de los fondos;

48.

Reitera su petición a la UE para que establezca una base de datos centralizada sobre toda la ayuda prestada por la UE a Afganistán y analice los costes y el impacto de dicha ayuda, ya que la falta de datos actualizados y fiables menoscaba la eficacia y la transparencia de la ayuda;

49.

Opina que la Comisión debe analizar la posibilidad de introducir ayuda presupuestaria sectorial; subraya, no obstante, que una ayuda de este tipo debe estar sujeta a condiciones estrictas, con indicadores de impacto mensurables, y solo se podrá utilizar junto con medidas de desarrollo de capacidades y en administraciones cuyas estructuras organizativas y capacidades de gestión financiera hayan sido evaluadas adecuadamente y consideradas apropiadas y transparentes;

50.

Hace hincapié en que dirigir ayudas hacia países afectados por conflictos supone aceptar un nivel muy considerable de riesgo inherente en relación con los resultados; subraya que la cooperación con las Naciones Unidas ha hecho posible obtener resultados de desarrollo en un entorno operativo extremadamente difícil; destaca, sin embargo, que se requieren mayores progresos en forma de niveles más elevados de responsabilidad y transparencia frente a la UE, uno de los principales donantes para el sistema de las Naciones Unidas;

51.

Subraya que la eficacia de la ayuda a Afganistán únicamente mejorará si se cambia radicalmente de enfoque con respecto al problema de la corrupción que ha gangrenado al país desde el año 2001, desde la cúspide del Estado hasta el nivel más bajo de la administración; insiste en que la corrupción en la cúspide, aceptada implícitamente durante los primeros años después de 2001, socava a los ojos de los ciudadanos afganos de manera ya casi irreversible la legitimidad de las instituciones creadas por la Constitución afgana; hace hincapié, por lo tanto, en que reviste carácter urgente la ruptura con la aceptación implícita de la corrupción y en que debe asegurarse que la justicia afgana y el Tribunal de Cuentas del país puedan abordar con firmeza este importante problema y encuentren en la Unión Europea un aliado fuerte, creíble y constante que asuma el liderazgo en este reto fundamental para el futuro del país;

52.

Pide al SEAE y a la Comisión que definan una estrategia clara para la prestación de ayuda en un contexto tan frágil y que encierra niveles tan elevados de riesgo; señala que el principio rector de la política de desarrollo de la UE es la eficacia de la ayuda; hace hincapié en que es esencial una gestión adecuada de los riesgos y que esto significa garantizar que se dispone de recursos financieros y humanos suficientes para asegurar un seguimiento exhaustivo de los flujos de ayuda y una evaluación detallada de los resultados;

53.

Toma nota del compromiso de los donantes de canalizar a través del presupuesto central del Gobierno afgano, en un plazo de dos años, el 50 %, por lo menos, de la ayuda para el desarrollo; hace hincapié, no obstante, en que la ayuda presupuestaria debe acompañarse de mejoras tangibles de la situación de gobernanza en el país, de un mayor grado de confianza de los donantes en la gestión financiera pública (GFP) y en que se requieren medidas urgentes de reforma y de creación de capacidades para fortalecer los sistemas de GFP, reducir la corrupción y mejorar la ejecución de los presupuestos; pide a la Comisión que examine –tomando en consideración la capacidad financiera de las instituciones afganas y el paso al que progresen las reformas clave de la GFP– si determinados ministerios u otras instituciones afganas, incluso en niveles descentralizados, podrían acreditarse en el futuro como receptores de ayudas presupuestarias sectoriales y, en tal caso, bajo qué condiciones;

54.

Pone de relieve la responsabilidad de las autoridades afganas en lo relativo al desarrollo estructural a largo plazo; insta al Gobierno a que participe más activamente en los esfuerzos de reconstrucción, democratización y mitigación de la pobreza y en la lucha contra la corrupción; insta a los donantes de la UE a prestar especial atención a la sostenibilidad a largo plazo de sus intervenciones, fomentando la responsabilización de la parte afgana, invirtiendo de manera sistemática en la creación de capacidades y evitando la puesta en marcha de proyectos no coordinados con otros y orientados exclusivamente hacia los resultados a corto plazo; hace hincapié, en este contexto, en la función fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil a la hora de garantizar la responsabilización en el proceso de reconstrucción y estar alerta frente al riesgo de corrupción;

55.

Pide al Gobierno afgano, en particular, que centre su acción en el desarrollo de capacidades institucionales en el sector público y que desarrolle un programa nacional único de reforma de la administración pública (RAP); pide a la Comisión y a los Estados miembros que aboguen colectivamente por la RAP en su diálogo político con el Gobierno y que apoyen de manera coordinada los objetivos de este en relación con la RAP;

56.

Insta a la UE a que se mantenga fiel a su compromiso en favor de un desarrollo sostenible a largo plazo de Afganistán y a que siga poniendo a disposición recursos adecuados después de 2014, cuando las autoridades afganas sean plenamente responsables de la seguridad y otros donantes podrían empezar a recortar fondos; aboga, en este contexto, por una oferta decidida de la UE que haga hincapié en su compromiso con el desarrollo de una asociación a largo plazo con Afganistán en vista de la conferencia internacional sobre este país de 5 de diciembre de 2011 en Bonn; pide a la UE que busque nuevos socios de la sociedad civil y donantes extranjeros;

57.

Pone de manifiesto el ligero descenso de las muertes de civiles desde 2010; considera que, sin una mayor seguridad interior, regional y civil, se seguirá frenando el desarrollo y se seguirán perdiendo vidas humanas; pide a los Estados miembros que reconozcan una mayor seguridad como requisito previo para el desarrollo y que formulen sus políticas de ayuda a partir de esta premisa;

58.

Hace hincapié en que la ayuda al desarrollo prestada por la Unión Europea ha contribuido a la emancipación de las mujeres en Afganistán; señala que una mayor participación política y económica de las mujeres mejorará sus vidas y contribuirá a reducir el riesgo de que Afganistán siga viéndose inmerso en un conflicto;

59.

Señala que la actual fragmentación de la asistencia de los donantes tiene un impacto negativo en la eficacia de la ayuda y se refleja en un solapamiento de estrategias; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la comunidad internacional que coordinen mejor sus esfuerzos en materia de ayuda;

60.

Considera que uno de los problemas más importantes con que se enfrenta Afganistán es la reforma de su ejército y de su policía nacionales; subraya que la evaluación de las prestaciones tanto del ejército como de la policía no satisface los objetivos acordados; pide a los Estados miembros que mejoren su asistencia en este ámbito proporcionando responsables de formación e intercambiando mejores prácticas;

61.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo y al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Afganistán.