Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. RIMVYDAS NORKUS
presentadas el 22 de octubre de 2026 (1)
Asunto C‑552/25
Balmung Medical Handel GmbH
contra
Region Nordjylland,
Region Midtjylland,
Region Syddanmark,
Region Sjælland,
con la intervención de:
Becton Dickinson Denmark A/S
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Klagenævnet for Udbud (Comisión de Recursos en Materia de Contratación Pública, Dinamarca)]
« Procedimiento prejudicial — Contratación pública — Directiva 2014/24/UE — Artículo 67 — Criterios de adjudicación de un contrato de suministro de productos — Criterio que evalúa la sostenibilidad de los productos en función de la participación del fabricante en un sistema de gestión ambiental correspondiente a la norma ISO 14001, al sistema de gestión medioambiental y de auditoría de la Unión Europea (EMAS) o a un sistema equivalente — Criterio que evalúa la sostenibilidad de los productos en función de la búsqueda de un objetivo climático aprobado por la Science Based Target initiative (SBTi) — Existencia de un “vínculo con el objeto del contrato público” — “Política general de responsabilidad corporativa” »
1. ¿Es conforme con la Directiva 2014/24/UE (2) la adjudicación de un contrato público que se basa, entre otras cosas, en la aplicación de una valoración positiva en razón de la certificación del fabricante de los productos adquiridos con arreglo a la norma ISO 14001 (3) o al sistema de gestión medioambiental y de auditoría de la Unión Europea (4) o en razón de perseguirse un objetivo climático aprobado por la Science Based Target initiative? (5) En particular, ¿debe interpretarse el artículo 67, apartados 2 y 3, de la mencionada Directiva en el sentido de que se opone a la aplicación, a efectos de dicha adjudicación, de criterios de sostenibilidad basados en la certificación, con arreglo a dichos referentes de gestión medioambiental, en lo que atañe a la condición relativa a la existencia de un vínculo entre esos criterios y el objeto del contrato? Esta es la cuestión que es objeto de las presentes conclusiones, que se han enfocado con arreglo a lo solicitado por el Tribunal de Justicia.
I. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
2. A efectos de las presentes conclusiones, son pertinentes, el artículo 3 TUE, apartado 3, párrafo primero, los artículos 11 TFUE y 191 TFUE, apartado 2, los considerandos 1, 2, 37, 40, 41, 90 a 92 y 97, así como los artículos 1, 2, apartado 1, puntos 5, 11 y 20, 56, apartado 1, letras a) y b), 58, apartados 1 y 4, 62, apartado 2, y 67, apartados 1, 2 y 3, de la Directiva 2014/24.
B. Derecho danés
3. El artículo 2, apartado 1, de la Udbudsloven (Ley de Contratación Pública) establece lo siguiente:
«[…] [E]l poder adjudicador respetará los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad.»
4. El artículo 158 de dicha Ley establece:
«Los poderes adjudicadores podrán exigir a los candidatos o licitadores que presenten certificados de organismos independientes que acrediten que se adecuan a sistemas o normas de gestión medioambiental específicos. Cuando el poder adjudicador exija la adecuación a sistemas o normas de gestión medioambiental específicos, deberá hacer referencia al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) —véase Reglamento [EMAS]—, a otros sistemas de gestión medioambiental reconocidos en virtud del artículo 45 del Reglamento [EMAS] o a otras normas de gestión medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes emitidas por organismos autorizados.»
5. A tenor del artículo 161 de la citada Ley:
«Los poderes adjudicadores adjudicarán el contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.»
6. A tenor del artículo 162 de la misma Ley:
«1. Los poderes adjudicadores determinarán la oferta económicamente más ventajosa sobre la base de uno de los siguientes criterios de adjudicación:
1) precio;
2) coste, o
3) mejor relación calidad precio.
[…]
2. Al utilizar el criterio de adjudicación de la mejor relación calidad-precio a que se refiere el punto 3 del apartado 1, la oferta se evaluará sobre la base de subcriterios relativos, por ejemplo, a aspectos cualitativos, medioambientales y sociales. Estos subcriterios podrán incluir:
1) la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y sus condiciones;
[…]».
7. El artículo 163 de la Ley de Contratación Pública dispone:
«1. Si un poder adjudicador utiliza subcriterios, estos deberán estar vinculados al objeto del contrato.
2. Los subcriterios estarán vinculados al objeto del contrato cuando se refieran a las obras, suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, incluidos los factores que intervienen:
1) en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios, o
2) en un proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida.
3. El apartado 2 se aplicará incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de la compra.»
8. El artículo 176, apartado 1, de dicha Ley, establece lo siguiente:
«Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la ejecución del contrato. Las condiciones estarán vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 163, y se especificarán en el anuncio de licitación o en los pliegos de la contratación. Dichas condiciones podrán incluir consideraciones financieras, de innovación, medioambientales, sociales o de empleo.»
II. Hechos que originan el litigio principal, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
9. El 7 de agosto de 2024, las Regiones danesas que comparecen como parte demandada en el litigio principal convocaron una licitación pública para la adjudicación de un contrato marco relativo al suministro de jeringuillas y agujas de uso hospitalario. La contratación contemplaba el suministro de estos productos en cuarenta y un lotes, a lo largo de cuatro años.
10. El criterio de adjudicación, a efectos del artículo 162 de la Ley de Contratación Pública, era el de la mejor relación calidad-precio, combinado con los siguientes subcriterios, entendidos en el sentido del artículo 163 de la referida Ley: «Aspectos económicos», «Calidad» y «Sostenibilidad». Los mencionados subcriterios se ponderaban en un 40 %, un 50 % y un 10 %, respectivamente.
11. Al presentar sus ofertas, y en relación con cada lote y cada producto ofrecido, los licitadores debían responder «sí» o «no» a la pregunta de si la empresa fabricante del producto estaba certificada conforme a la ISO 14001, al EMAS o a un sistema equivalente y si dicha empresa tenía un objetivo climático aprobado por la SBTi o equivalente. En el pliego de condiciones, se indicaba que esas respuestas se tendrían en cuenta en la evaluación de la sostenibilidad.
12. Por otra parte, el pliego de condiciones especificaba asimismo que el licitador elegido tendría que respetar el Derecho nacional e internacional en materia de protección del medio ambiente y también incluía unas cláusulas contractuales con la siguiente redacción:
«Las consideraciones medioambientales y los esfuerzos por garantizar la mejora continua de la actuación medioambiental de los clientes (es decir, de las Regiones) se valorarán muy positivamente. Durante la ejecución el contrato, el proveedor deberá mantener de forma activa un sistema de gestión ambiental eficaz, por ejemplo, ISO 14001 o una norma equivalente, y ampliar de forma continua las medidas medioambientales de la empresa.
El proveedor debe contribuir, de forma activa y continuada, a las mejoras medioambientales, tecnológicas y económicas en relación con el contrato, en particular, reduciendo en la mayor medida posible el consumo de energía y materiales.
El proveedor debe garantizar que se solucionarán, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, los problemas medioambientales y relativos al entorno laboral, por ejemplo, mediante el diseño, los materiales y el peso del producto y su embalaje».
13. Estas condiciones de ejecución del contrato se incardinaban en la «estrategia regional conjunta de Hospitales Verdes», que pone el foco en la reducción del dióxido de carbono y en la inclusión de consideraciones climáticas y medioambientales en los procesos de contratación pública de las Regiones.
14. Entre las demás cláusulas contractuales establecidas, figuraba una con la siguiente redacción:
«La responsabilidad de la correcta ejecución del contrato recae en el proveedor, de modo que este responderá de los productos de los subcontratistas exactamente igual que de los suyos. El proveedor puede contratar a subcontratistas para la ejecución del contrato y deberá facilitar la información correspondiente al formalizar el contrato. No obstante, la responsabilidad de la buena ejecución del contrato recae enteramente en el proveedor. Si el proveedor desea, durante la vigencia del contrato, recurrir a subcontratistas o sustituirlos, será necesario, a tal efecto, el consentimiento del cliente por escrito. El cliente no podrá denegar el consentimiento sin causa justificada».
15. Balmung Medical Handel GmbH, la parte demandante en el procedimiento principal, presentó ofertas para once de los lotes de la licitación y obtuvo, en la evaluación de dichas ofertas, la puntuación más alta posible para el criterio de «Sostenibilidad».
16. El 7 de febrero de 2025, las Regiones informaron motivadamente a Balmung Medical Handel GmbH de que no se le habían adjudicado siete de los once lotes.
17. El 24 de febrero de 2025, Balmung Medical Handel GmbH presentó ante el Klagenævnet for Udbud (Comisión de Recursos en Materia de Contratación Pública, Dinamarca), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso solicitando la anulación de las decisiones de adjudicación de siete de los once lotes.
18. El órgano jurisdiccional remitente llama la atención sobre el considerando 97 de la Directiva 2014/24. Afirma que el hecho de que el fabricante participe en un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001, en el sistema EMAS o en un sistema equivalente y que, por otra parte, persiga un objetivo climático aprobado por la SBTi o equivalente podría obedecer a la política general de responsabilidad corporativa de dicha empresa y no presentar, por lo tanto, un vínculo suficiente con el objeto del contrato.
19. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente no excluye que el artículo 67 de la Directiva 2014/24 deba interpretarse teniendo en cuenta la evolución de la legislación de la Unión posterior a la adopción de la referida Directiva. Según él, procede, en particular, tener en cuenta el artículo 31 de la Directiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifican la Directiva (UE) 2019/1937 y el Reglamento (UE) 2023/2859 (DO 2024, L 1760, p. 1), que tiene, a su entender, el efecto de matizar el contenido del considerando 97 de la Directiva 2014/24.
20. En estas circunstancias, el Klagenævnet for Udbud (Comisión de Recursos en Materia de Contratación Pública) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) a) ¿Debe interpretarse el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24 en el sentido de que se opone a la aplicación de un criterio de sostenibilidad para la adjudicación de contratos en virtud del cual se valora positivamente que el fabricante de los productos ofrecidos esté certificado conforme a la ISO 14001, el EMAS o un sistema equivalente?
1) b) ¿Debe interpretarse el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24 en el sentido de que se opone a la aplicación de un criterio de sostenibilidad para la adjudicación de contratos en virtud del cual se valora positivamente que el fabricante de los productos ofrecidos tenga un objetivo climático oficial aprobado por la SBTi o equivalente?
2) a) ¿Debe interpretarse el artículo 70 de la Directiva 2014/24 en el sentido de que se opone a que se exija contractualmente que, durante la ejecución del contrato, el proveedor mantenga de forma activa un sistema de gestión ambiental eficaz, por ejemplo, acreditado por la ISO 14001 o una norma equivalente?
2) b) ¿Debe interpretarse el artículo 70 de la Directiva 2014/24 en el sentido de que se opone a que se exija contractualmente que el proveedor amplíe de forma continua las medidas medioambientales de la empresa?
2) c) ¿Debe interpretarse el artículo 70 de la Directiva 2014/24 en el sentido de que se opone a que se exija contractualmente que el proveedor contribuya de forma activa y continuada a las mejoras medioambientales, tecnológicas y económicas en relación con el contrato, en particular, reduciendo en la mayor medida posible el consumo de energía y materiales?
2) d) ¿Debe interpretarse el artículo 70 de la Directiva 2014/24 en el sentido de que se opone a que se exija contractualmente que el proveedor garantice solucionar, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, los problemas medioambientales y relativos al entorno laboral, por ejemplo, mediante el diseño, los materiales y el peso del producto y su embalaje?»
21. Han presentado observaciones escritas la Comisión Europea y las Regiones danesas. La Comisión, el Gobierno alemán y las Regiones danesas presentaron sus observaciones orales durante la vista, celebrada el 9 de julio de 2026.
III. Análisis
22. Mediante su primera cuestión prejudicial, letras a) y b), objeto específico de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente se interroga, en esencia, acerca de la interpretación del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, con el fin de averiguar si dicho artículo se opone a la aplicación, a efectos de la adjudicación de un contrato público, de criterios de sostenibilidad en virtud de los cuales se valora positivamente que el fabricante de los productos esté certificado conforme a la ISO 14001, al EMAS o equivalente o persiga un objetivo climático oficial aprobado por la SBTi o equivalente.
23. Las Regiones danesas, la Comisión y el Gobierno alemán discrepan respecto a la respuesta que debe darse en el presente asunto.
A. Observaciones preliminares
24. Deseo recordar, de entrada, que los «contratos públicos» son los contratos onerosos celebrados por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios poderes adjudicadores, cuyo objeto es la ejecución de obras, el suministro de productos o la prestación de servicios. (6) En el sistema de contratación pública establecido por Directiva 2014/24, los poderes adjudicadores aplicarán, a efectos de la adjudicación, el criterio de la oferta económicamente más ventajosa. (7) Tal oferta se determinará sobre la base del precio o coste y podrá incluir la mejor relación calidad-precio, relación que se evaluará en función de criterios que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato público de que se trate. (8) Así es como los criterios de adjudicación de los contratos públicos entran en juego en la determinación de cuál es la oferta económicamente más ventajosa. En efecto, su función radica precisamente en que pueda determinarse tal oferta, lo cual los sitúa en el centro de los procedimientos de contratación pública. (9) Sobre la base de estos criterios, los licitadores compiten para ser seleccionados en una contratación pública.
25. Se reconoce ya de manera indiscutible que los criterios de adjudicación no deben ser necesariamente de naturaleza económica. (10) El Tribunal de Justicia ha considerado que los poderes adjudicadores pueden elegir criterios de adjudicación basados en consideraciones medioambientales (11) y de carácter social, (12) a condición, no obstante, de que estén directamente relacionados con el objeto del contrato. Concretamente, en la medida en que una oferta se refiere necesariamente al objeto del contrato, se infiere que los criterios de adjudicación que cabe aplicar deben estar también relacionados con el objeto del contrato. (13) Para apreciar la existencia del vínculo entre el criterio de adjudicación de que se trate y el objeto del contrato, procede tener en cuenta las especificidades del producto o del servicio objeto del contrato. (14)
26. Por otra parte, los poderes adjudicadores disponen de una facultad discrecional para decidir y definir lo que desean adquirir por medio del procedimiento de contratación pública. (15) En efecto, los poderes públicos tienen necesidades de compra específicas que solo ellos pueden determinar. Más allá de sus necesidades concretas, los poderes adjudicadores, como poderes públicos, también buscan garantizar la satisfacción de las necesidades de interés general. De este modo, se disponen a aprovechar los contratos públicos que a estos efectos celebran para producir un efecto palanca en las políticas, entre otras, las medioambientales. (16)
27. Aparte de cumplir el requisito relativo a la existencia de un vínculo con el objeto del contrato público, los criterios de adjudicación no deben conferir una libertad de elección ilimitada al poder adjudicador. Deben haberse mencionado expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y respetar los principios fundamentales de igualdad de trato, no discriminación y transparencia. (17) En otros términos, debe tratarse de criterios objetivos que garanticen la apreciación de las ofertas en condiciones de competencia efectiva. (18)
28. Por lo tanto, la exigencia de un vínculo entre los criterios de adjudicación y el objeto del contrato expresa el objetivo de que el poder adjudicador pueda fijar los criterios que garanticen la satisfacción de sus necesidades concretas, delimitando, al mismo tiempo, el amplio margen de apreciación de que dispone ese poder adjudicador para que, de ese modo, se respeten los principios aplicables en materia de contratación pública que se han recordado en el punto 27 de las presentes conclusiones. Esta exigencia supone que exista una forma de conexidad entre el contenido de los criterios de adjudicación y el contenido del contrato. (19)
29. Hecha la anterior precisión, aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si existe una relación entre los criterios de adjudicación basados en los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi y el objeto del contrato, abordaré a continuación, a la luz de los referentes mencionados, la interpretación del requisito de existencia de un vínculo con el objeto del contrato público, tal y como se establece en el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24.
B. Sobre la interpretación del requisito de existencia de un vínculo con el objeto del contrato público en el sentido del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, a la luz de los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi
1. Interpretación textual del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con su considerando 97
30. Al interpretar el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con el considerando 97 de esta, procede detenerse en los dos conceptos sobre los que se interroga implícitamente el órgano jurisdiccional remitente en la cuestión prejudicial que se analiza en las presentes conclusiones, a saber, el concepto de «vínculo con el objeto del contrato público» y el de «política general de responsabilidad corporativa». Recuérdese que los criterios de adjudicación deben estar vinculados con el objeto del contrato, a efectos del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con el considerando 97 de dicha Directiva. Ahora bien, se considera que los criterios de adjudicación que se refieren a una política general de responsabilidad corporativa no pueden caracterizar la existencia de tal vínculo. En otros términos, solo se consideran válidos en el sentido del mencionado artículo, aquellos criterios que presenten un vínculo con el objeto del contrato público.
31. El concepto de «vínculo con el objeto del contrato público» no aparece definido en el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con su considerando 97. (20) No obstante, este artículo aporta elementos que permiten determinar la conexidad entre los criterios de adjudicación y el objeto del contrato a efectos de respetar la exigencia de un vínculo que los una. Según la redacción de dicho artículo, cuando la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador se determine sobre la base de criterios que incluyan aspectos medioambientales, se considerará que estos criterios están vinculados al objeto del contrato si se refieren a las obras, suministros o servicios que deban facilitarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, (21) incluidos los factores que intervienen en el proceso específico de producción, prestación o comercialización de las obras, suministros o servicios o en un proceso específico de otra etapa de su ciclo de vida, y el artículo precisa que así ocurre incluso cuando dichos factores no formen parte de su sustancia material.
32. De la redacción del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con el considerando 97 de esta se infiere que el concepto de «vínculo con el objeto del contrato público» es amplio en el sentido de que se considera que un criterio de adjudicación está vinculado a dicho objeto cuando tiene una relación con la propia naturaleza del bien o del servicio y todos los momentos de su existencia o de los procesos relacionados con esa existencia. Por lo tanto, no es necesario que el criterio se refiera a una característica intrínseca del producto. (22)
33. Por otra parte, se recordará que el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con su apartado 1, establece que la finalidad del requisito de que los criterios de adjudicación estén vinculados al objeto del contrato público es permitir que pueda determinarse la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador. Por lo tanto, en el sentido del mencionado artículo, este requisito permite recurrir a esos criterios como medios para evaluar el valor de las ofertas en términos de precio, de coste o de relación calidad-precio en el contexto de la adjudicación del contrato. Por esta razón, debe haber una proximidad, incluso una relación lógica, entre el contenido de los criterios de adjudicación elegidos y la necesidad de compra expresada por el poder adjudicador.
34. En consecuencia, para examinar la existencia de un vínculo entre el objeto del contrato y los criterios de adjudicación, considero que es posible empezar interesándose por la cuestión de la medida en que los criterios de adjudicación vinculados, en este caso, a la sostenibilidad —en tanto en cuanto, en virtud de ellos, se valora positivamente al fabricante de las jeringuillas y de las agujas que está certificado con arreglo a la norma ISO 14001, al EMAS (o equivalente) o que persigue un objetivo climático aprobado oficialmente por la SBTi (o equivalente)— permiten informar al poder adjudicador acerca del valor o la calidad de esos productos, incluido su ciclo de vida, e, in fine, comparar las ofertas que le son presentadas.
35. Aquí es donde cobra toda su importancia el considerando 97 de la Directiva 2014/24, en relación con el artículo 67, apartados 2 y 3, de esta, que establece que la condición de que exista un vínculo con el objeto del contrato excluye los criterios relativos a la política general de responsabilidad corporativa, ya que estos no pueden caracterizar el proceso específico de producción o prestación de las obras, suministros o servicios adquiridos. El órgano jurisdiccional remitente desea averiguar, en particular, si la «política general de responsabilidad corporativa» abarca los sistemas de gestión medioambiental y también el hecho de que una empresa tenga un objetivo climático oficialmente aprobado.
36. La política general de responsabilidad corporativa, que no está definida en el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con el considerando 97 de esta, (23) puede entenderse, por lo general, como el conjunto de principios rectores y normas de actuación que sirven de marco de referencia para el ejercicio de las actividades de la empresa y la realización de su objeto comercial. Naturalmente, esa política puede abarcar un planteamiento por el cual una empresa integra voluntariamente, en el ejercicio de sus actividades, preocupaciones de diversa índole, entre ellas las preocupaciones medioambientales.
37. Hecha esa precisión, he de decir que, si bien el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con el considerando 97 de esta, no define los conceptos de «vínculo con el objeto del contrato público» ni el de «política general de responsabilidad corporativa», considero que cabe deducir de dichos preceptos que un elemento diferencial importante entre un criterio de adjudicación que se refiere al objeto del contrato y un criterio de adjudicación relativo a la política general de responsabilidad corporativa reside en a qué objetivo apunta ese criterio. En otras palabras, para determinar si el criterio de adjudicación presenta un vínculo con el objeto del contrato público o, por el contrario, tiene que ver con la política general de responsabilidad corporativa de una empresa, puede resultar pertinente examinar si la aplicación de ese criterio puede producir efectos en los productos o servicios o también en cualquier etapa de su ciclo de vida o si, al contrario, puede producir efectos en la propia empresa, en sus actividades o incluso en su funcionamiento, sin afectar al objeto del contrato. (24)
38. Dicho esto, la redacción del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con su considerando 97, no es concluyente a los efectos de dar respuesta a la cuestión analizada en el marco de las presentes conclusiones. En consecuencia, voy a continuar mi análisis, examinando las disposiciones de los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi.
2. Interpretación de los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi
a) Sobre la ISO 14001
39. De la ISO 14001 se desprende que una empresa certificada con arreglo a dicha norma debe establecer una política ambiental (25) y definir responsabilidades, (26) especialmente en lo relativo a la garantía de que el sistema de gestión medioambiental cumple los requisitos de la norma ISO 14001. (27) Sus normas también prevén que dicha empresa tiene que planificar acciones medioambientales para lograr los objetivos medioambientales que se haya fijado. (28) En particular, la empresa certificada con arreglo a la ISO 14001 debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, así como sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva del ciclo de vida. (29) También ha de planificar las acciones dirigidas a abordar los aspectos medioambientales significativos, así como los riesgos y oportunidades. (30) Debe asimismo planificar las reglas de evaluación de la eficiencia de dichas acciones y, en este contexto, tener en cuenta sus opciones tecnológicas, y sus posibilidades financieras, operativas y comerciales. (31)
40. En otros términos, la ISO 14001 obliga a la empresa certificada, en primer lugar, a identificar los efectos medioambientales de sus actividades, desde una perspectiva del ciclo de vida, extendiendo, por lo tanto, esta identificación a los procesos de fabricación, a los proveedores, al uso y al fin de vida útil. En segundo lugar, dicha empresa debe determinar los medios para comprobar que las acciones que emprende, especialmente para abordar esos efectos medioambientales, producen los resultados esperados, teniendo en cuenta sus posibilidades tecnológicas, financieras, operativas y comerciales.
41. Por lo tanto, el objetivo de la ISO 14001 es proporcionar un marco a las empresas para proteger el medio ambiente y dar respuesta a la evolución de las condiciones ambientales teniendo en cuenta las necesidades socio-económicas. De esta forma, especifica los requisitos que permiten que la empresa obtenga los resultados que se ha fijado para su sistema de gestión medioambiental, y con los que cuenta. En efecto, un enfoque sistemático puede, según esta norma, proporcionar a la dirección informaciones que hagan posible el éxito a largo plazo y crear opciones para contribuir al desarrollo sostenible, en particular, protegiendo el medio ambiente mediante la supresión o la mitigación de los impactos ambientales negativos. (32)
b) Sobre el EMAS
42. En cuanto al Reglamento EMAS, ha de señalarse que este integra los requisitos establecidos por la ISO 14001 sumando, al mismo tiempo, requisitos adicionales, lo cual convierte, de alguna manera, a la norma ISO 14001 en un componente obligatorio. (33) Este Reglamento establece un sistema de gestión medioambiental dirigido a optimizar los procesos de producción de sus participantes, reduciendo su impacto ambiental y mejorando la eficiencia del uso de los recursos. (34) En particular, este instrumento, que constituye un plan de acción sobre consumo y producción sostenibles y sobre política industrial sostenible, consiste en promover mejoras continuas del comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la aplicación, por parte de estas, de sistemas de gestión medioambiental, la evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento de tales sistemas y la difusión de información sobre comportamiento medioambiental. (35) La búsqueda de mejoras continuas, por parte de una organización, en su comportamiento medioambiental es controlada por los verificadores medioambientales. (36)
43. Por otra parte, una empresa que desee obtener la certificación con arreglo al EMAS debe realizar un análisis medioambiental de sus actividades, (37) identificando todos los aspectos medioambientales directos e indirectos que tengan un impacto significativo sobre el medio ambiente, cualificados y cuantificados según convenga, y compilando, además, un registro de los aspectos catalogados como significativos. (38) Al identificar los aspectos ambientales directos e indirectos de sus actividades, productos y servicios, la organización debe adoptar una perspectiva del ciclo de vida, teniendo en cuenta las etapas del ciclo de vida que pueda controlar o sobre las que pueda influir. De este modo, los impactos medioambientales del ciclo de vida forman parte de los aspectos medioambientales que deben tratarse en el sistema de gestión EMAS, apreciando si son significativos desde el punto de vista medioambiental a escala del ciclo de vida completo del producto. Por otra parte, la empresa certificada con arreglo al EMAS debe demostrar que el sistema de gestión de las responsabilidades ambientales es eficaz y adecuado. (39)
c) Sobre la SBTi
44. La SBTi incluye herramientas y orientaciones que permiten a las empresas y a las instituciones financieras establecer objetivos basados en la ciencia, según lo requerido para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050. (40) En particular, la SBTi se apoya estrechamente en el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero («Greenhouse Gas Protocol»), (41) el cual constituye un marco normalizado para contabilizar las emisiones, sostiene el enfoque de la SBTi en materia de fijación y de validación de objetivos basados en la ciencia y garantiza que las empresas utilicen un método uniforme para medir e informar de sus emisiones de gases de efecto invernadero. (42) El Protocolo contiene normas y orientaciones para la medición y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas normas contables y orientaciones necesarias para que las organizaciones puedan cuantificar y gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los objetivos climáticos de las empresas reciben la validación de la SBTi, como tercero independiente. Esta validación es un requisito previo para que una empresa pueda comunicar públicamente sus objetivos aprobados por la SBTi. (43)
45. La SBTi contempla objetivos climáticos relativos a las emisiones directas de gases de efecto invernadero («alcance 1»), (44) las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía comprada y consumida por la empresa («alcance 2») (45) y las demás emisiones indirectas de gases de efecto invernadero («alcance 3»). (46) En particular, la SBTi autoriza que se fijen dos tipos de objetivos: near-term (5‑10 años) y long-term o net-zero (hasta 2050). (47) Por ejemplo, si las emisiones del «alcance 3» de una empresa representan al menos el 40 % de sus emisiones totales (alcances 1, 2 y 3), debe integrar el «alcance 3» en sus objetivos climáticos y fijar objetivos que abarquen, como mínimo, el 67 % de sus emisiones totales de ese mismo «alcance 3». (48) De esta manera, el «alcance 3» lleva a la empresa a mirar más allá de su centro de producción y tener en cuenta los impactos ambientales relacionados con las emisiones indirectas de dióxido de carbono, según resultan de la compra de las materias primas, del transporte, del uso de un producto y del final de vida de ese producto.
46. Por último, si bien cabe establecer una cierta analogía entre el enfoque preconizado por la SBTi, por un lado, y el de la ISO 14001 y el EMAS, por otro, dichos enfoques parecen diferir en cuanto a los efectos medioambientales contemplados, a saber, los impactos de las emisiones de dióxido de carbono, en el caso de la primera, y el conjunto de impactos medioambientales (energía, agua, residuos, polución, biodiversidad, recursos, clima, etc.), en el caso de los otros dos.
3. Conclusión intermedia sobre el alcance de los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi y su utilización como criterios de adjudicación en el sentido del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, en relación con el considerando 97 de esta
47. De los elementos anteriormente descritos resulta que la ISO 14001, el EMAS y la SBTi se presentan como referentes de gestión medioambiental de participación voluntaria que permiten a las empresas evaluar, declarar y mejorar sus comportamientos medioambientales, estableciendo un marco global para la conducta interna de la empresa certificada con arreglo a dichos sistemas. De esta forma, dichos referentes de gestión medioambiental son de carácter general, afectan al conjunto de los sectores de actividad de las empresas que pueden tener un impacto medioambiental y no afectan a productos o servicios específicos o a etapas específicas del ciclo de vida de estos.
48. Sin embargo, ni las características que obedecen a la participación voluntaria en los referentes de gestión medioambiental mencionados ni la naturaleza general de estos me parecen concluyentes respecto a la inexistencia de vinculación entre los criterios de adjudicación basados en la ISO 14001, el EMAS y la SBTi y el objeto del contrato de suministro de jeringuillas y de agujas de que se trata. En efecto, limitarse de un modo (cuasi) automático a estas características al apreciar la existencia de tal vínculo no solo podría resultar superficial, sino también inexacto. (49) Me parece que el enfoque que más se atiene al espíritu de la contratación pública y al método preconizado por el Tribunal de Justicia en la materia —que he recordado al realizar las observaciones preliminares— sería comprobar si, atendiendo al sector específico, en particular, el de producción (50) de jeringuillas y agujas, (51) y a la vista de los documentos incluidos en el expediente de contratación pública, los criterios de adjudicación que hacen referencia a los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi pueden relacionarse con el objeto del contrato y tener un impacto en las características de esos productos o en su ciclo de vida. A la luz de lo que he descrito en el punto 37 de las presentes conclusiones, procedería determinar si esos criterios permiten apreciar el precio, el coste o la relación calidad-precio de la oferta y comparar el conjunto de ofertas presentadas con vistas a la adjudicación del contrato, con el fin de identificar aquella que constituya la oferta económicamente más ventajosa o si, al contrario, se limitan únicamente a evaluar el comportamiento general de la empresa, extremo cuyo examen corresponde al órgano jurisdiccional remitente. (52)
49. Con carácter complementario, debo añadir que me parece difícil excluir que dichos referentes de gestión medioambiental puedan tener una incidencia positiva en la huella climática y medioambiental, especialmente de una fase del ciclo de vida de los productos o servicios adquiridos por un poder adjudicador. (53) Así, no cabe excluir, en principio, que los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi puedan servir para fundamentar los criterios de adjudicación, pero siempre que dichos criterios presenten un vínculo con el objeto del contrato público y permitan determinar la oferta económicamente más ventajosa. La apreciación de la existencia de un vínculo entre tales criterios de adjudicación y el objeto del contrato en cuestión habrá de basarse en el análisis concreto del sector específico al que va dirigida la licitación, en este caso, el de las jeringuillas y agujas, en el análisis de las especificidades de dicho sector y del suministro de los productos o de su ciclo de vida, conjuntamente con los documentos del expediente de contratación pública que expresen la necesidad de compra del poder adjudicador y la voluntad de este. (54)
50. El contexto en el que se ubica el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24 avala la anterior conclusión.
C. Interpretación contextual del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24
51. Es preciso recordar, con carácter general, que la Unión está comprometida en reforzar su acción en favor de la protección del medio ambiente, lo cual abarca un amplio elenco de temáticas, que van desde la calidad del aire hasta el cambio climático. En particular, la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado. (55) Se han implantado varios programas de acción en materia de medio ambiente. El último, que se basa en el Pacto Verde Europeo, (56) data de 2022 e incluye prioridades tales como la reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y la neutralidad climática de aquí a 2050, la evolución hacia un modelo de crecimiento económico centrado en la regeneración y la sostenibilidad y también en la reducción de los efectos deletéreos de la producción y del consumo en el medio ambiente y el clima. (57)
52. Al trascender la protección del medio ambiente a todos los ámbitos de competencia de la política de la Unión, resulta del todo natural que se dé cada vez mayor cabida a las consideraciones ambientales en el marco de las políticas relativas a la contratación pública. A título de ejemplo, el Reglamento (UE) 2024/1735 (58) prevé que se confieran a la Comisión competencias de ejecución para establecer principios rectores a fin de que los poderes adjudicadores detallen especificaciones técnicas, requisitos y condiciones de ejecución del contrato en relación con la sostenibilidad medioambiental de los contratos públicos. (59)
53. Además, otro Reglamento reciente, el Reglamento (UE) 2024/1781, (60) anima decididamente a los poderes adjudicadores a adaptar su contratación pública a requisitos específicos de contratación pública ecológica, no solo para contribuir al objetivo de alcanzar la neutralidad climática, mejorar la eficiencia energética y la eficiencia en la utilización de los recursos y lograr la transición hacia una economía circular que proteja la salud pública y la biodiversidad, sino también para promover la existencia de una demanda (61) suficiente de productos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. También prevé que la Comisión pueda fijar criterios mínimos de adjudicación obligatorios con el fin de garantizar que puedan influir significativamente en la elección de los productos en favor de los más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, con el objetivo de dar preferencia a los criterios de adjudicación sobre las especificaciones técnicas cuando haya inseguridad sobre la disponibilidad o el coste de los productos más eficientes en el mercado de la Unión. (62)
54. Dicho esto, la propia Directiva 2014/24 prevé que la contratación pública, que desempeña un papel clave en una estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, debería modernizarse, en particular, para permitir que los contratantes utilicen mejor el instrumento de la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes. (63) En particular, esta Directiva reconoce la necesidad de una integración adecuada, en los procedimientos de licitación pública, de los requisitos especialmente medioambientales, aplicables en el lugar en el que se realicen las obras o se presten los servicios, y derivadas de leyes, reglamentos, decretos y decisiones, tanto nacionales como de la Unión. (64)
55. Además, la Directiva 2014/24 enuncia que ninguna de sus disposiciones debe impedir la imposición o ejecución de medidas medioambientales, en particular teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, siempre que dichas medidas sean conformes con el TFUE. (65) La Directiva mencionada dispone que el control del cumplimiento de dichas disposiciones de Derecho medioambiental debe realizarse en las respectivas fases del procedimiento de licitación, a saber, cuando se apliquen los principios generales aplicables a la elección de participantes y la adjudicación de contratos, y la necesaria verificación a tal efecto ha de efectuarse con arreglo a las disposiciones pertinentes de dicha Directiva. (66)
56. Sentado lo anterior, al evaluar los efectos, concretamente, de la Directiva 2014/24, la Comisión ha reconocido que, si bien esta Directiva concede expresamente a los poderes adjudicadores la posibilidad de incluir consideraciones medioambientales en las diferentes fases de la contratación pública, no prevé ninguna definición legal o armonización a este respecto. (67)
57. Asimismo, el propio documento de la Comisión concluye que es necesario, hoy todavía más que en 2014, simplificar la contratación pública y que es urgente, hoy más que en 2014, desarrollar trabajos, productos y servicios sostenibles, debido a la aceleración del cambio climático y al incremento de los crecientes desafíos medioambientales. (68)
58. Así pues, no parece que el contexto que rodea el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, muy favorable a la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, a conceder una mayor flexibilidad a los poderes adjudicadores para que puedan dar preferencia a los objetivos de interés común, contribuya a que se invaliden automáticamente los criterios de adjudicación basados en los referentes de gestión medioambiental, como ISO 14001, EMAS y SBTi, en razón de las características de estos que se han descrito en el punto 47 de las presentes conclusiones, ni a que se califiquen automáticamente dichos criterios como criterios relacionados con la «política general de responsabilidad corporativa», sin un análisis concreto de la posibilidad de relacionarlos con el objeto del contrato. En cambio, si los poderes adjudicadores quieren simplemente evaluar la conducta general de los licitadores y averiguar si todos los productos que distribuyen o fabrican, con independencia de su vínculo con el objeto del contrato público de que se trata, se ajustan a una política medioambiental autoimpuesta por los licitadores mediante su adhesión a los referentes de gestión medioambiental mencionados, se trataría entonces de consideraciones relativas a la elección de los participantes más que de consideraciones relativas a la adjudicación de los contratos.
59. Por lo que respecta a las consideraciones sobre la elección de los participantes, el órgano jurisdiccional remitente se interroga sobre la conclusión que debe extraerse, desde el punto de vista contextual, de la posibilidad que, con arreglo a los criterios de selección contemplados en el artículo 58, apartado 1, de la Directiva 2014/24, se ofrece a los poderes adjudicadores de exigir a los operadores que se adecuen a referentes de gestión medioambiental y que presenten certificados en este sentido, con arreglo al artículo 62, apartado 2, de dicha Directiva. Al tiempo que subraya que, según esta exigencia, las condiciones de selección deben estar vinculadas con el objeto del contrato y guardar proporción con este, el órgano jurisdiccional remitente expresa dudas en cuanto a la interpretación analógica de este último requisito en el marco de los criterios de selección, por un lado, y de los criterios de adjudicación, por otro. La Comisión, las Regiones danesas y el Gobierno alemán también debatieron sobre este extremo durante la vista.
60. A este respecto ha de señalarse que, en el sistema de contratación pública de la Unión, los criterios de selección y los criterios de adjudicación afectan a etapas diferenciadas del procedimiento de contratación pública y se rigen por normas también distintas. (69) Su diferenciación puede explicarse, en esencia, por referirse a dos aspectos diferentes del procedimiento, a saber, por un lado, la evaluación de las candidaturas (y, por lo tanto, la identificación de los licitadores aptos para responder a la licitación), y, por otro lado, la adjudicación del contrato (y, por lo tanto, la comparación de las ofertas presentadas para identificar cuál es la oferta económicamente más ventajosa).
61. En efecto, si el objeto de los criterios de selección es, en particular, brindar a la entidad adjudicadora la garantía de que, durante el período a que se refiere el contrato, el licitador podrá efectivamente utilizar los medios de todo tipo invocados, (70) los criterios de adjudicación deben permitir al poder adjudicador identificar la oferta económicamente más ventajosa, dado que el cumplimiento de esos criterios permite justamente a dicho poder adjudicador elegir la oferta más ventajosa a la luz de sus necesidades específicas. (71)
62. A la vista de las diferentes finalidades de los criterios de selección y de los criterios de adjudicación, no cabe extraer ninguna conclusión automática de la aplicación de la exigencia de un vínculo con el objeto del contrato público, tanto en la hipótesis de la apreciación de la validez de los criterios de selección, como en la de la apreciación de los criterios de adjudicación. De igual forma, tampoco puede extraerse ninguna conclusión automática en cuanto a la validez de los criterios de adjudicación basados en los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi del hecho de que la Directiva 2014/24 autorice, en su artículo 62, apartado 2, a los poderes adjudicadores a exigir a los operadores económicos, en la fase de selección, que se adecuen a referentes de gestión medioambiental y que presenten certificados en este sentido, en la medida en que, para hacerlo, los criterios de selección que los poderes adjudicadores establezcan deben además respetar la exigencia de un vínculo entre esos criterios y el objeto del contrato, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional cuando se impugnen tales criterios.
63. Por lo demás, no me parece satisfactorio concluir que la mencionada autorización concedida a los poderes adjudicadores y las diferentes finalidades de los criterios de selección y de los criterios de adjudicación puedan tener algún tipo de influencia en la posibilidad de que algunos requisitos, como los referidos al medio ambiente, correspondan tanto a criterios de selección como a criterios de adjudicación, siempre que se respeten las condiciones de validez que se establecen en los artículos que los regulan. En cambio, considero importante dejar a los poderes adjudicadores la libertad de decidir en qué fase de la licitación deben incorporarse las consideraciones medioambientales, con el fin de dar una mejor respuesta a sus necesidades específicas (72) y a la defensa del interés general.
64. Además, existirían ventajas prácticas (ventajas que podrían dotar de plenos efectos a esos referentes de gestión medioambiental) si se concluyera que la validez de los criterios de adjudicación relativos a las certificaciones con arreglo a la ISO 14001, al EMAS y a la aprobación con arreglo al SBTi no debería ser excluida, en principio, a condición de que esos criterios presenten un vínculo con el objeto del contrato público, conforme a la apreciación in concreto que he preconizado en los puntos 48 y 49 de las presentes conclusiones. En efecto, huelga decir que los operadores económicos que deciden certificarse no se contentan con la mera protección del medio ambiente, sino que también buscan sacar una ventaja concreta de su certificación, que les permita compensar los compromisos e incluso las cargas reglamentarias que resultan de esta. Ciertamente, la excelencia en materia de comportamiento medioambiental de las actividades de una organización certificada ya supone para ella obtener una clara ventaja de su participación voluntaria en los referentes de certificación y de aprobación en cuestión, (73) al igual que se beneficia de una consolidación de su imagen de marca y de la transparencia en relación con los consumidores preocupados por la protección del medio ambiente. (74) Sin embargo, en el contexto comercial, esos referentes se perciben como una palanca estratégica que permite conseguir contratos de los clientes. (75) Tal percepción es aún más acertada en el caso de los contratos públicos, los cuales ofrecen a los licitadores contratos seguros y una facturación garantizada. (76) Existen numerosos ejemplos de ello, tanto en el ámbito de la Unión como en el ámbito nacional. (77)
65. Por otra parte, el propio Reglamento EMAS enuncia que, para aumentar el atractivo del sistema para las organizaciones, los Estados miembros y la Comisión deben tener en cuenta el EMAS en sus políticas de contratación pública y, cuando proceda, remitirse al EMAS o a sistemas de gestión medioambiental. (78) También anima a los Estados miembros a estudiar de qué forma el registro en el EMAS puede tenerse en cuenta en la contratación y las compras públicas. (79)
66. En este contexto, puede parecer cuando menos contradictorio animar, en esencia, a los Estados miembros a incorporar en mayor medida los referentes de certificación medioambiental, entre otros momentos, en la fase de adjudicación del contrato, y rechazar, al mismo tiempo, el uso de esos referentes en el litigio principal, basándose en las características de los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi, tal y como se describen en el punto 47 de las presentes conclusiones, sin querer indagar concretamente si existe un vínculo con el objeto del contrato público.
67. En particular, teniendo en cuenta el contexto que se ha descrito más arriba, que demuestra una verdadera mutación funcional de los contratos públicos desde hace casi dos décadas, consistente en utilizar la contratación pública para alcanzar objetivos, en particular, medioambientales, (80) esta negativa solo podría resultar conforme con el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24 si, tras su examen por el órgano jurisdiccional remitente, no pudiera establecerse ningún vínculo entre los criterios de adjudicación basados en los referentes de gestión medioambiental y el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificidades de los productos y del contrato de que se trata.
68. Por último, todas las consideraciones que anteceden también me parecen conformes a los objetivos de la Directiva 2014/24.
D. Interpretación teleológica del artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24
69. Los objetivos de la Directiva 2014/24 tampoco permiten invalidar la conclusión de que los criterios de adjudicación relativos a la sostenibilidad, en virtud de los cuales se valora positivamente que el fabricante de las jeringuillas y de las agujas esté certificado conforme a la ISO 14001 y al EMAS o aprobado por la SBTi, pueden considerarse conformes al artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24, a condición de que presenten un vínculo con el objeto del contrato público.
70. Ciertamente, la finalidad de esta Directiva está fuertemente marcada por el objetivo de la realización del mercado interior a través de la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios (81) y pretende así garantizar las condiciones de una competencia efectiva en el momento de la comparación objetiva del valor relativo de los licitadores a fin de determinar qué oferta es la más ventajosa económicamente, (82) sin conferir por ello al poder adjudicador una libertad de decisión ilimitada. (83)
71. No es menos cierto que la Directiva 2014/24 también incluye un importante aspecto estratégico, en la medida en que reconoce que la contratación pública constituye «uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos […] para permitir [de este modo] que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes». (84)
72. Da la impresión de que, al adoptar la Directiva 2014/24, el legislador de la Unión ya pretendía conciliar, en cierta medida, la finalidad marcadamente económica de esta Directiva con sus crecientes preocupaciones en materia de protección del medio ambiente (85) de un modo global. (86) En efecto, este planteamiento puede ser beneficioso tanto para el medio ambiente como para la economía en su conjunto, ya que la utilización más sostenible de los recursos podría impulsar la competitividad de la industria europea al promover la innovación en ecotecnologías. (87)
IV. Respuesta propuesta
73. En consecuencia, opino que procede responder a la primera cuestión prejudicial, letras a) y b), de forma negativa, en el sentido de que el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24 no se opone a la aplicación, para la adjudicación de contratos, de criterios de sostenibilidad en virtud de los cuales se valora positivamente que los productos ofrecidos estén fabricados por fabricantes certificados o aprobados con arreglo a los referentes de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS y SBTi o equivalentes, a condición de que se demuestre un vínculo entre el objeto del contrato y dichos criterios, extremo cuya apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente. La apreciación de la existencia de este vínculo debe basarse en un análisis concreto, como el que he descrito en los puntos 48 y 49 de las presentes conclusiones.
V. Conclusión
74. A la vista de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Klagenævnet for Udbud (Comisión de Recursos en Materia de Contratación Pública, Dinamarca) del siguiente modo:
«El artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a la aplicación, para la adjudicación de contratos, de criterios de sostenibilidad en virtud de los cuales se valora positivamente que el fabricante de los productos ofrecidos esté certificado con arreglo a la norma ISO 14001, al sistema de gestión medioambiental y de auditoría de la Unión Europea o a un sistema equivalente y que persiga un objetivo climático aprobado por la Science Based Target initiative o un objetivo equivalente, a condición de que se demuestre un vínculo entre el objeto del contrato y dichos criterios, extremo cuya apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente. La apreciación de la existencia de este vínculo debe basarse en un análisis concreto del sector al que va dirigida la licitación, de las especificidades de dicho sector y del producto o del servicio objeto del contrato o de su ciclo de vida, conjuntamente con los documentos del expediente de contratación pública que expresen la necesidad de compra del poder adjudicador.»
1 Lengua original: francés.
2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65).
3 Organización Internacional del Normalización (ISO). ISO 14001:2015: Sistemas de Gestión Ambiental — Requisitos con orientación para su uso (3.ª ed.). Ginebra, 2015 (en lo sucesivo, «ISO 14001»).
4 Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones de la Comisión 2001/681/CE y 2006/193/CE (DO 2009, L 342, p. 1, en lo sucesivo, «EMAS»).
5 Science Based Targets initiative (SBTi), SBTi Corporate Near-Term Criteria, versión 5.2, marzo 2024 y Science Based Targets initiative (SBTi), SBTi Corporate Net-Zero Standard, versión 1.2, marzo2024 (en lo sucesivo, «SBTi»).
6 Artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/24.
7 Artículo 67, apartado 1, de la Directiva 2014/24.
8 Artículo 67, apartado 2, de la Directiva 2014/24. Dicho esto, es evidente que la oferta económicamente más ventajosa no es necesariamente la menos cara.
9 A tenor del considerando 89 de la Directiva 2014/24, los criterios de adjudicación constituyen una noción clave de esta Directiva.
10 En particular, el Tribunal de Justicia ya ha considerado, en esencia, que cada uno de los criterios de adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa no debe ser necesariamente de naturaleza meramente económica, pues no cabe excluir que factores que no son puramente económicos puedan afectar al valor de una oferta para dicha entidad adjudicadora [sentencia de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland (C‑513/99, en lo sucesivo, «sentencia Concordia Bus Finland», EU:C:2002:495), apartado 55].
11 Sentencia Concordia Bus Finland, apartado 57.
12 Sentencias de 10 de mayo de 2012, Comisión/Países Bajos (C‑368/10, EU:C:2012:284), apartado 85, y de 5 de marzo de 2026, AESTE (C‑210/24, EU:C:2026:145), apartados 39 a 41.
13 Sentencia Concordia Bus Finland, apartado 59 y actualmente, en esencia, el artículo 67, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/24.
14 Sentencia de 5 de marzo de 2026, AESTE (C‑210/24, EU:C:2026:145), apartado 46.
15 Weller C., Meissner Pritchard J., Evolving CJUE Jurisprudence: Balancing Sustainability Considerations with the Requirements of the Internal Market, EPPL, vol. 1, 2013, p. 56.
16 De la Rosa S., Droit européen de la commande publique, 3.ª ed., colección «Droit de l’Union européenne», Bruselas, Bruylant, 2025, p. 517.
A este respecto, adviértase que el ámbito de la contratación pública, que siempre ha sido percibido, desde la perspectiva económica, en el contexto de realización del mercado interior, ha experimentado una innegable evolución en estos últimos años. En efecto, se ha ido adaptando progresivamente para hacer frente a realidades en aumento dentro de la Unión que requieren que los poderes adjudicadores tengan en cuenta criterios de adjudicación idóneos para reflejar las necesidades de interés general, como demuestra la jurisprudencia anteriormente citada relativa a la ponderación de las consideraciones sociales y medioambientales.
17 Sentencias de 24 de noviembre de 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio y otros (C‑331/04, EU:C:2005:718), apartado 21, de 24 de mayo de 2016, MT Højgaard y Züblin (C‑396/14, EU:C:2016:347), apartado 37, y de 20 de septiembre de 2018, Montte (C‑546/16, EU:C:2018:752), apartado 31.
18 Considerando 90 de la Directiva 2014/24.
19 De la Rosa S., Droit européen de la commande publique, 3.ª ed., colección «Droit de l’Union européenne», Bruselas, Bruylant, 2025, p. 507.
20 Este concepto tampoco aparece definido en la Directiva 2014/24 con carácter general.
21 El ciclo de vida aparece definido en el artículo 2, apartado 1, punto 20, de la Directiva 2014/24 como «todas las fases consecutivas o interrelacionadas, incluidos la investigación y el desarrollo que hayan de llevarse a cabo, la producción, la comercialización y sus condiciones, el transporte, la utilización y el mantenimiento, a lo largo de la existencia de un producto, una obra o la prestación de un servicio, desde la adquisición de materias primas o la generación de recursos hasta la eliminación, el desmantelamiento y el fin de un servicio o de una utilización».
22 La innecesariedad de establecer un vínculo con una característica intrínseca del producto o servicio adquirido fue ilustrada por la sentencia de 10 de mayo de 2012 (Comisión/Países Bajos, C‑368/10, EU:C:2012:284). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que no era necesario que un criterio de adjudicación se refiera a una característica intrínseca de un producto, es decir, a un elemento incorporado materialmente en este. Concluyó que, por tanto, nada se opone, en principio, a que dicho criterio se refiera al hecho de que un producto proceda del comercio justo (apartado 91 de esa sentencia).
23 La Directiva 2014/24 tampoco definide este concepto en términos generales.
24 A este respecto ha de señalarse que, ciertamente, el hecho de que una empresa aplique, en su interior, una política general de responsabilidad corporativa en materia medioambiental o social no necesariamente informa al poder adjudicador del valor o la calidad de los productos o de los servicios que quiere adquirir. No obstante, ¿no podría esta conclusión ser diferente si un determinado comportamiento de la empresa pudiera repercutir en las características de los productos o servicios adquiridos o también en su ciclo de vida? Por esta razón, considero importante analizar si esta repercusión es posible, y ello, habida cuenta de las especificades de los productos o servicios que son objeto del contrato público (véase el punto 25 de las presentes conclusiones).
25 ISO 14001, capítulo 5.2 «Política ambiental».
26 ISO 14001, capítulo 5.3 «Funciones, responsabilidades y autoridad en la organización»
27 ISO 14001, capítulo 5.3, letra a).
28 ISO 14001, capítulo 6.2 «Objetivos ambientales y planificación para lograrlos».
29 ISO 14001, capítulo 6.1.2, párrafo primero.
30 ISO 14001, capítulo 6.1.4, letra a), puntos 1 y 3.
31 ISO 14001, capítulo 6.1.4, letra b).
32 ISO 14001, capítulo 0.2 «Objetivo de un sistema de gestión».
33 Véanse los dos apartados y el cuadro del anexo II del Reglamento EMAS.
34 Considerandos 2 y 4 del Reglamento EMAS.
35 Artículo 1 del Reglamento EMAS.
36 Artículo 18, apartado 2, letra c), del Reglamento EMAS, en relación con el artículo 1 de dicho Reglamento.
37 Artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento EMAS.
38 Anexo I, punto 2, del Reglamento EMAS.
39 Anexo III, letra B, del Reglamento EMAS.
40 https://sciencebasedtargets.org/standards-and-guidance.
41 Véase, en particular, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf.
42 Véase, por ejemplo, https://sciencebasedtargets.org/faqs#3351919.
43 Véase, por ejemplo, https://sciencebasedtargets.org/blog/whats-in-a-commitment.
44 El «alcance 1» del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero trata de las emisiones directas, es decir aquellas que proceden de fuetes propias o controladas por la empresa, por ejemplo, la combustión en calderas, hornos o vehículos de la empresa, los procesos industriales y las fugas de fluidos refrigerantes.
45 El «alcance 2» del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero se refiere a las emisiones indirectas asociadas a la energía adquirida, por ejemplo, emisiones resultantes de la producción de electricidad, del calor o del vapor adquiridos por la empresa.
46 El «alcance 3» del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero abarca el conjunto de emisiones indirectas de gas de efecto invernadero que se producen en la cadena de valor de la empresa, antes y después de sus actividades, pero que no proceden ni de sus propias instalaciones (alcance 1) ni de la energía que adquiere (alcance 2).
47 Véase SBTi Corporate Near-Term Criteria V5.2, marzo 2024, Criterios C13 a C18 sobre la duración y los compromisos de descarbonización exigidos para no superar un aumento global de 1,5º C para los alcances 1 y 2 y de 2º C para el alcance 3.
48 Véase SBTi Corporate Near-Term Criteria V5.2, marzo 2024, criterios C4 y C6.
49 Como se ha recordado en el punto 25 de las presentes conclusiones, procede realizar, en cada caso concreto, una apreciación a la vista de las especificades de los productos y servicios de que se trate.
50 En este sentido, deseo señalar que el expediente comunicado al Tribunal de Justicia no contiene datos relativos a las características específicas del sector del que se trata ni otros datos necesarios para realizar una apreciación concreta. Los datos que siguen a continuación se basan en mis propias averiguaciones y se presentan con carácter complementario.
Generalmente, la jeringuilla suele fabricarse con polipropileno y bromobutilo (plástico del cilindro y del émbolo), acero inoxidable (aguja) y, a veces, con silicona o elastómeros para las juntas. El envase que permite conservar la jeringuilla estéril suele realizarse a partir de un laminado de dos plásticos, a saber, poliamida 6 (PA 6) y polietileno de baja densidad (LDPE), difíciles de separar a la hora de desecharse (para su reciclado) [véase Honkoop, M., Albayrak, A., Balkenende, R., Hunfeld, N., y Diehl, J. C., «Reducing the Environmental Impact of Syringes at the Intensive Care Unit». Springer Series in Design and Innovation, 30, 2024, p. 225 a 234, https://doi.org/10.1007/978-3-031-32198-6_21].
La doctrina señala que un factor que distingue un tipo de jeringuilla de otro es la cantidad de plástico utilizada [Cheetham, B., y Johnson, A. Syringes and Sustainability: Planet, People, Profit. Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust, Purchasing and Supply Department, 24 de septiembre de 2013].
51 Ya no ofrece duda que el mercado de que se trata tiene un fuerte impacto medioambiental. En particular, la fabricación de jeringuillas, entre otras fases de su ciclo de vida, tiene impactos medioambientales que tienen que ver, en particular, con las emisiones de gases de efecto invernadero y con el fuerte consumo de electricidad y de energía, en general, debido a la utilización de maquinaria industrial que demandan mucha energía (especialmente para tratar el plástico y el acero, componentes principales de esos productos) [Véase, en este sentido, Cheetham, B., y Johnson, A. Syringes and Sustainability: Planet, People, Profit. Royal Liverpool and Broadgreen University Hospitals NHS Trust, Purchasing and Supply Department, 24 de septiembre de 2013 y Honkoop, M., Albayrak, A., Balkenende, R., Hunfeld, N., y Diehl, J. C., «Reducing the Environmental Impact of Syringes at the Intensive Care Unit». Springer Series in Design and Innovation, 30, 2024, p. 225 a 234, https://doi.org/10.1007/978-3-031-32198-6_21].
52 La Comisión consideró, durante la vista, que cabía la posibilidad de considerar que un criterio de adjudicación que hiciera referencia a un proceso específico de una etapa específica del ciclo de vida de un producto (la adquisición, la fabricación, el transporte, la distribución), certificado mediante certificaciones ISO 14001, EMAS o aprobado por la SBTi respetaba la condición relativa a la existencia de un vínculo entre el objeto del contrato y los criterios de adjudicación. Con carácter complementario, me pregunto si no podría considerarse que esta condición se cumple con el hecho de que un producto o su ciclo de vida respete una cierta metodología que subyace en esos referentes de gestión medioambiental. Dicho esto, es verdad que puede resultar igual de importante fijarse en la formulación de los criterios de adjudicación basados en los referentes de certificación o de aprobación medioambiental y, especialmente, en si son suficientemente específicos para poder remitir a las características o bien a una (de las) etapa(s) del ciclo de vida de los productos o servicios adquiridos.
53 En particular, ¿no sería posible imaginar una situación en la que la empresa certificada o aprobada con arreglo a los referentes de que se trata se ha impuesto a sí misma, por ejemplo, un objetivo de optimización de los consumos de energía, controlando sus consumos de gases de efecto invernadero, de electricidad y de agua, pasando también por una mejora del rendimiento de las máquinas de tratamiento de los componentes principales de los productos de que se trata? En efecto, las empresas que desean adherirse a las certificaciones deben establecer su política y sus objetivos medioambientales, incluso un control operacional y una planificación de las acciones para lograr esos objetivos en relación con sus actividades, siempre con la finalidad de mejorar su situación inicial o, en otras palabras, la gestión positiva de los riesgos para el medio ambiente inherentes a su actividad industrial, incluso la consecución de los resultados precisos en relación con las emisiones de gases de efecto invernadero.
54 A este respecto, la circunstancia de que el poder adjudicador haya querido dar importancia no a la totalidad de la actividad de producción de un licitador (o del fabricante, que es una persona física o jurídica diferente del licitador), sino simplemente a la de producción de las jeringuillas y agujas podría constituir un importante elemento de apreciación.
Con carácter complementario, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente se interroga acerca de la incidencia que tendría la circunstancia de que el criterio de adjudicación ataña a condiciones impuestas al fabricante de los productos ofrecidos y no necesariamente al propio proveedor/licitador, procede afirmar que la validez de un criterio de adjudicación no puede apreciarse en relación de la persona física o jurídica a la que se refiere (licitador/proveedor o fabricante), sino en relación con el único vínculo que ese criterio presenta con la necesidad de compra expresada por el poder adjudicador. En efecto, el licitador, a tenor del artículo 2, apartado 1, punto 11), de la Directiva 2014/24, en relación con el punto 10) de esta disposición, es un operador económico que ha presentado una oferta, mediante la cual ofrece en el mercado la ejecución de obras o una obra, el suministro de productos o la prestación de servicios. Lógicamente, recae en él la responsabilidad de ejecutar la oferta, incluso, en su caso, la responsabilidad por los efectos medioambientales de su cadena de valor, dado que el poder adjudicador firma el contrato con ese operador económico y no con su fabricante (véase el artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/24).
55 Artículo 191 TFUE, apartado 2.
56 Pacto Verde Europeo — Comisión Europea
57 Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (DO 2022, L 114, p. 22).
58 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 (DO L, 2024/1735).
59 Con carácter complementario, añadiré que varios textos de soft law en el ámbito de la Unión evidencian la necesidad de una mayor integración de la protección del medio ambiente en el marco de la contratación pública. Ya en 2008, la Comisión subrayó en una comunicación, el papel de una demanda significativa de bienes «ecológicos» por las autoridades públicas, que hará evolucionar los mercados de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, reconociendo las tendencias de producción y consumo que la contratación pública puede configurar, incitando así a las empresas para desarrollar tecnologías ambientales [Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la contratación pública para un medio ambiente mejor, Bruselas, 16 de julio de 2008 COM(2008) 400 final, punto 1.1].
De igual forma, el Parlamento Europeo ha subrayado la importancia de que los contratos públicos nacionales estén abiertos a la competencia dentro de toda la Unión, lo cual permite a las autoridades públicas obtener la mejor relación calidad-precio, apoya la competitividad de las empresas de la UE y promueve procedimientos de adjudicación transparentes y eficientes (véase la ficha temática sobre contratación pública https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/34/marches-publics).
60 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles, se modifican la Directiva (UE) 2020/1828 y el Reglamento (UE) 2023/1542 y se deroga la Directiva 2009/125/CE (DO L, 2024/1781).
61 En lo tocante a la demanda, me parece que esta está directamente vinculada al objeto del contrato y, por lo tanto, a los criterios en que se basa la adjudicación, en la medida en que encarna las necesidades de los poderes adjudicadores, expresadas por estos en el anuncio de licitación.
62 Considerando 100 del Reglamento 2024/1781.
63 Considerando 2 de la Directiva 2014/24.
64 Considerando 37 de la Directiva 2014/24.
65 Considerando 41 de la Directiva 2014/24.
66 Considerando 40 de la Directiva 2014/24.
67 Para facilitar la incorporación de estas consideraciones en los procedimientos de contratación pública, la Comisión ha desarrollado una serie de instrumentos jurídicos y de actividades adicionales de promoción de la contratación pública ecológica/contratación pública verde [Servicio de Asistencia para la Contratación Pública Ecológica, Criterios voluntarios de compra pública ecológica y manuales de etiqueta ecológica de la [Unión], Agenda urbana para los contratos públicos de la UE y Proyecto de Comunidad de Compradores Públicos — Grandes compradores que trabajan juntos (Commission Staff Working Document Evaluation of Directive 2014/23/EU on Concessions, Directive 2014/24/EU on Public Procurement and Directive 2014/25/EU on Utilities, p. 40)].
68 Commission Staff Working Document Evaluation of Directive 2014/23/EU on Concessions, Directive 2014/24/EU on Public Procurement and Directive 2014/25/EU on Utilities, pp. 64 y 65.
69 Véase, en este sentido, sentencia de 20 de septiembre de 1988, Beentjes (31/87, EU:C:1988:422), apartados 15 y 16.
70 Véase, en este sentido, sentencia de 2 de diciembre de 1999, Holst Italia (C‑176/98, EU:C:1999:593), apartado 28.
71 Véanse las conclusiones presentadas por la Abogada General Wathelet en el asunto Ambisig (C‑601/13, EU:C:2014:2474), punto 81.
72 Durante la vista, las Regiones danesas expusieron que, en el mercado de que se trata en el asunto principal, la elección de basarse en los referentes de certificación medioambiental en la fase de adjudicación del contrato, en lugar de hacerlo en el momento de la selección de los licitadores permitía asimismo garantizar una competencia mejor entre los licitadores.
Sobre esta cuestión, es preciso añadir que es bien sabido que la adhesión a los referentes de certificación medioambiental puede resultar relativamente costosa. Por lo tanto, es evidente que puede ser más fácil acceder a ellos para determinadas empresas que para otras. En este contexto, la fase en la que se integran las consideraciones relacionadas con una certificación medioambiental puede resultar especialmente relevante en aras de la participación de un mayor número de empresa en la licitación.
73 https://green-forum.ec.europa.eu/system/files/2023-11/Brochure_EMAS_3x3_Francais.pdf, p 4.
74 En total, el 77 % de la población de la UE objeto de la encuesta del Eurobarómetro indicó que está dispuesta a pagar un precio más elevado por los productos respetuosos con el medio ambiente si consideran que se pueden fiar de que lo son (véase el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Resumen del control de adecuación que acompaña al documento Informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la revisión de la aplicación del Reglamento EMAS, p. 6).
75 https://www.iso.org/fr/2015/11/Ref2013.html, véase la parte «Tirer avantage d’ISO 14001».
76 Dicho esto, me parece que esta palanca estratégica que se ofrece a los licitadores (es decir, una palanca puramente comercial) también beneficia a los poderes adjudicadores (y, por ende, al interés general): si los licitadores quieren conseguir la ventaja de una valoración más favorable en los procedimientos de contratación pública en los que la certificación correspondiente a los referentes de gestión medioambiental lo permite, los poderes adjudicadores también se benefician de una ventaja que les permite «ecologizar» aún más las compras públicas poniendo en relación los referentes de certificación con criterios de adjudicación sostenibles.
77 Desde enero de 2010, la Comisión publica las Buenas Prácticas de Contratación Pública Ecológica (GPP) para ilustrar la forma en que las autoridades públicas en Europa han conseguido «ecologizar» una licitación o un proceso de compra. De este modo, ha divulgado buenas prácticas con ejemplos de algunas «lecciones aprendidas», dirigidas a aquellos que desean reproducir esas experiencias. Entre esas buenas prácticas, debo citar el proyecto llamado «Oxígeno», relativo a la plantación de seis millones de árboles. En la contratación pública para dicho proyecto, uno de los criterios de adjudicación se formulaba en estos términos: «estar en posesión de certificaciones de sistemas de gestión medioambiental (ISO 14001, EMAS)» [‘Oxygen’ project: planting 6 million trees, one tree for each inhabitant — Green Forum].
En su Comunicación «Ecologización de la Comisión», la propia Comisión declaró que «incluirá […] requisitos adicionales en sus procedimientos de contratación pública, como los de […] registro de los proveedores en el marco de un sistema de gestión medioambiental reconocido, como el EMAS o ISO 14001» [Comunicación a la Comisión — Ecologización de la Comisión, Estrasburgo, 5 de abril de 2022 C(2022) 2230 final].
78 Considerando 5 del Reglamento EMAS.
79 Artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento EMAS.
80 Véase, en este sentido, De La Rosa, S., Droit européen de la commande publique, op.cit., p. 517.
81 Considerando 1 de la Directiva 2014/24.
82 Considerando 90 de la Directiva 2014/24.
83 Considerando 92, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24.
84 Considerando 2 de la Directiva 2014/24.
85 Por ejemplo, el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2014/24 prevé que los Estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar que, en la ejecución de contratos públicos, los operadores económicos cumplen las obligaciones aplicables, especialmente en materia medioambiental, establecidas en el Derecho de la Unión, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental. Además, el artículo 57, apartado 4, letra a), de esta Directiva prevé la posibilidad, o incluso la obligación, si así lo prevé el Derecho nacional, de que los poderes adjudicadores excluyan a un operador económico de la participación en un procedimiento de contratación si este ha incumplido las obligaciones aplicables en materia de medio ambiente, en el sentido del artículo 18, apartado 2, de la citada Directiva.
86 Es del todo lógico que la protección del medio ambiente no pueda surtir plenamente sus efectos si las políticas que la afectan se abordan de forma aislada. Como ya he dicho y subrayado en las presentes conclusiones, la importancia dada a las consideraciones medioambientales se extiende a todos los ámbitos del Derecho de la Unión, lo cual permite la realización de los objetivos que se pretenden alcanzar.
87 Véase la Comunicación de la Comisión, COM(2008) 400 final, punto 1.1., citada en la nota 59 de las presentes conclusiones.