Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 4 de junio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Procedimientos comunes para la concesión y la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46 — Derecho a un recurso efectivo — Examen completo y ex nunc — Alcance de las competencias del órgano jurisdiccional de primera instancia — Examen de los hechos por el órgano jurisdiccional de primera instancia — Examen por el órgano jurisdiccional de primera instancia de las necesidades de protección internacional »
En el asunto C‑198/25 [Quotal], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Zwolle, Países Bajos), mediante resolución de 11 de marzo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de marzo de 2025, en el procedimiento entre
S
y
Minister van Asiel en Migratie,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin, M. Gavalec (Ponente) y Z. Csehi, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de octubre de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de S, por la Sra. S. Rafi, experta, y el Sr. G. P. G. Willemse-Schoenmakers, advocate;
– en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. A. Hanje y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc, M. Debieuvre y F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), solo o en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre S, un nacional paquistaní, y el Minister van Asiel en Migratie (Ministro de Asilo y Migración, Países Bajos; en lo sucesivo, «Ministro») relativo a la denegación por este último de la solicitud de protección internacional presentada por S.
Marco jurídico
Directiva 2011/95/UE
3 El artículo 4 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9), titulado «Valoración de hechos y circunstancias», dispone que:
«1. Los Estados miembros podrán considerar que es obligación del solicitante presentar lo antes posible todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional. Los Estados miembros tendrán el deber de valorar, con la cooperación del solicitante, los elementos pertinentes de la solicitud.
2. Los elementos mencionados en el apartado 1 consistirán en las declaraciones del solicitante y en toda la documentación de la que disponga sobre su edad, pasado, incluido el de parientes relacionados, identidad, nacionalidad(es) y lugares de anterior residencia, solicitudes de asilo previas, itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita protección internacional.
3. La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera individual e implicará que se tengan en cuenta:
a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país de origen y el modo en que se aplican;
b) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, incluida la información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves;
c) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves;
d) si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que volviera a dicho país;
e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país del que pudiese reclamar la ciudadanía.
4. El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves o recibido amenazas directas de sufrir tal persecución o tales daños constituirá un indicio serio de los fundados temores del solicitante a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves, salvo que existan razones fundadas para considerar que tal persecución o tales daños graves no se repetirán.
5. Cuando los Estados miembros apliquen el principio según el cual el solicitante ha de fundamentar la solicitud de protección internacional y si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones:
a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición;
b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes;
c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso;
d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así, y
e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante.»
Directiva 2013/32
4 Los considerandos 16, 18, 22 y 34 de la Directiva 2013/32 tienen el siguiente tenor:
«(16) Es esencial que las decisiones relativas a todas las solicitudes de protección internacional se tomen sobre la base de los hechos y, en primera instancia, por las autoridades cuyo personal tenga el conocimiento adecuado o reciba la formación necesaria en el ámbito de la protección internacional.
[…]
(18) En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo.
[…]
(22) Redunda igualmente en interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes garantizar un correcto reconocimiento de las necesidades en materia de protección internacional desde la primera instancia. A tal fin, se debe poner a disposición de los solicitantes, desde la primera instancia y de forma gratuita, información jurídica y procedimental, teniendo en cuenta sus circunstancias particulares. La puesta a disposición de dicha información debe, entre otras cosas, permitir a los solicitantes comprender mejor el procedimiento, ayudándoles así a cumplir las obligaciones que les incumben. Sería desproporcionado exigir a los Estados miembros que faciliten dicha información únicamente a través de los servicios de juristas cualificados. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar los medios más adecuados para facilitar dicha información, por ejemplo a través de organizaciones no gubernamentales, de profesionales de la Administración Pública o de servicios especializados del Estado.
[…]
(34) Los procedimientos de examen de las necesidades de protección internacional deben organizarse de modo que las autoridades competentes puedan llevar a cabo un examen riguroso de las solicitudes de protección internacional.»
5 El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Definiciones», establece en su letra f):
«“autoridad decisoria”, cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos».
6 El artículo 46 de dicha Directiva, titulado «Derecho a un recurso efectivo», dispone en sus apartados 1 y 3:
«1. Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:
a) una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional, incluida:
i) la decisión de considerar infundada una solicitud en relación con el estatuto de refugiado y/o el estatuto de protección subsidiaria,
[…]
3. Para cumplir el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que un recurso efectivo suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95], al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
7 S, un nacional paquistaní, presentó una solicitud de protección internacional en los Países Bajos. En apoyo de esta solicitud, alegó, en particular, que, a finales de 2003 o principios de 2004, había sido torturado en Pakistán durante diez o doce días, bajo vigilancia policial, a raíz de la pérdida de su documento de identidad. También afirmó haber sido objeto de malos tratos graves un año antes de abandonar Pakistán, en 2004, por parte de discípulos del religioso M y de los habitantes de su barrio, debido a sus convicciones religiosas.
8 Mediante resolución de 20 de diciembre de 2023, el Ministro denegó dicha solicitud. Entendió que el relato de hechos presentado en apoyo de la misma solicitud era en gran parte verosímil, pero consideró que no se había calificado a S de apóstata. Además, aunque este último ya había sufrido daños graves en el pasado, el Ministro indicó que existían razones para pensar que no debía temer ser perseguido o que no corría un riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen. Por otra parte, el Ministro consideró que las declaraciones de S sobre su salida de Pakistán y su fuga, básicamente, no eran creíbles.
9 S interpuso recurso contra esta resolución ante el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Zwolle, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente. Dicho órgano jurisdiccional, mediante resolución interlocutoria de 13 de agosto de 2024, declaró que la resolución recurrida no estaba suficientemente motivada y concedió al Ministro la posibilidad de subsanar esta insuficiencia.
10 En particular, dicho órgano jurisdiccional consideró que el Ministro no había expuesto suficientemente las razones por las que había considerado que el origen de S, los problemas invocados por este con las autoridades, a raíz del extravío de su documento de identidad, y los problemas que alegaba haber encontrado debido a sus convicciones religiosas no podían reputarse creíbles. Por último, el mismo órgano jurisdiccional reprochó al Ministro no haber demostrado suficientemente las razones por las que los problemas, considerados creíbles, encontrados por S en su barrio debido a su comportamiento y a su posición no permitían calificarlo de apóstata.
11 El 8 de octubre de 2024, el Ministro adoptó una resolución complementaria. El órgano jurisdiccional remitente considera que la motivación de esta resolución también es insuficiente. Entiende además que las declaraciones de S son creíbles y que, sobre la base de estas declaraciones, debería obtener la protección internacional.
12 No obstante, dicho órgano jurisdiccional indica que, según la jurisprudencia nacional, no es competente para pronunciarse sobre la credibilidad del relato de hechos de asilo de S ni sobre la apreciación de los requisitos a los que se subordina la concesión de la protección internacional.
13 Así, el órgano jurisdiccional remitente indica que, según reiterada jurisprudencia de la Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sección de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado, Países Bajos), cuando considera que una resolución del Ministro por la que se deniega una solicitud de protección internacional no está suficientemente motivada con respecto a la credibilidad del relato presentado en apoyo de dicha solicitud, no puede pronunciarse ni sobre la credibilidad de ese relato ni sobre la expresada solicitud, de suerte que debe limitarse a anular esa resolución y devolver el asunto al Ministro para un nuevo examen.
14 Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente indica que alberga dudas sobre la conformidad de esta jurisprudencia nacional con la Directiva 2013/32.
15 Según este órgano jurisdiccional, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia puede deducirse que es competente para apreciar la credibilidad del relato de S y para evaluar su solicitud de protección internacional.
16 En tales circunstancias, el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Zwolle), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Puede el rechtbank (Tribunal de Primera Instancia) inferir del artículo 46, apartado 3, de la Directiva [2013/32], en relación o no con el artículo 47 de la [Carta], o bien de cualquier otra disposición o principio del Derecho de la Unión, la facultad de realizar su propia apreciación de la credibilidad de los hechos narrados en una solicitud de asilo que sustituya a la apreciación realizada por el Ministro?
2) ¿Puede el rechtbank inferir de alguna de las disposiciones mencionadas la facultad de formular una apreciación sustantiva y definitiva sobre la solicitud de protección internacional basándose en las partes de los hechos narrados en la solicitud de asilo que el Ministro considere creíbles y, en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en las partes de los hechos narrados en la solicitud de asilo que el citado rechtbank también considere creíbles? En tal contexto, ¿puede el rechtbank sustituir la apreciación del ministro por la suya propia sobre la verosimilitud del temor a sufrir persecución o del riesgo real de sufrir daños graves, en particular si, teniendo en cuenta la información de libre acceso sobre el país, el rechtbank se considera suficientemente informado para formular tal apreciación?
3) ¿Puede la jurisprudencia nacional, por ejemplo, por razones de autonomía procesal, limitar las facultades mencionadas en las cuestiones primera y segunda en el sentido de que dichas facultades sigan estando atribuidas con carácter exclusivo al ministro?
4) ¿Puede el rechtbank tener en cuenta información aportada en la instancia de recurso contencioso-administrativo, pero que aún no estaba disponible en la fase administrativa, a la hora de pronunciarse sobre si dispone de información suficiente para formular una apreciación sobre el fondo? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que las partes hayan podido pronunciarse plenamente por escrito, o bien en la vista, sobre los hechos?»
Sobre los Reglamentos (UE) 2024/1347 y (UE) 2024/1348
17 Sin haberlos mencionado formalmente en las cuestiones prejudiciales planteadas, el órgano jurisdiccional remitente solicitó al Tribunal de Justicia que incluyera en las respuestas dadas a estas cuestiones el Reglamento (UE) 2024/1347 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas que pueden acogerse a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y se deroga la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L, 2024/1347; corrección de errores en DO L, 2025/90926), y el Reglamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE (DO L, 2024/1348), habida cuenta de que podría verse obligado a aplicarlos en el marco del examen del litigio principal.
18 Cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde esta perspectiva, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, apartado 9, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 44).
19 No obstante, en primer término, procede señalar que, en virtud del artículo 42 del Reglamento 2024/1347, este será aplicable a partir del 12 de junio de 2026.
20 Así pues, no se ha acreditado que la interpretación de dicho Reglamento sea necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda resolver el litigio principal.
21 En segundo término, del artículo 79, apartados 2 y 3, del Reglamento 2024/1348 resulta, por un lado, que este Reglamento será aplicable a partir del 12 de junio de 2026 y, por otro lado, que dicho Reglamento será aplicable al procedimiento de concesión de las solicitudes de protección internacional presentadas a partir del 12 de junio de 2026.
22 De ello se sigue que las solicitudes de protección internacional, como la de S, presentadas antes de esa fecha, se rigen por la Directiva 2013/32.
23 A la vista de lo anterior, no ha lugar a interpretar los Reglamentos 2024/1347 y 2024/1348.
Sobre las cuestiones prejudiciales
24 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a cuarta, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, atribuye a un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional la competencia para pronunciarse de manera vinculante sobre la credibilidad del relato de hechos presentado en apoyo de dicha solicitud, sobre la verosimilitud de los temores de persecución del solicitante o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen, así como sobre el fundamento de dicha solicitud, tomando en consideración los elementos presentados en el procedimiento de recurso, y, por otra parte, si, en su caso, los Estados miembros pueden limitar esta competencia de modo que solo la autoridad decisoria, en el sentido del artículo 2, letra f), de dicha Directiva (en lo sucesivo, «autoridad decisoria»), sea competente para apreciar las solicitudes de protección internacional y pronunciarse sobre su fundamento.
25 En primer lugar, procede observar que la Directiva 2013/32 distingue entre la «autoridad decisoria», que define en su artículo 2, letra f), como «cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de protección internacional y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos», por un lado, y el «órgano jurisdiccional», al que se hace referencia en su artículo 46, por otro lado. El procedimiento ante la autoridad decisoria está regulado por las disposiciones del capítulo III de esta Directiva, titulado «Procedimientos en primera instancia», mientras que el procedimiento ante el órgano jurisdiccional obedece a las normas establecidas en el capítulo V de dicha Directiva, titulado «Procedimientos de recurso» y que contiene el mencionado artículo 46 (véanse las sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 103 y de 16 de julio de 2020, Addis, C‑517/17, EU:C:2020:579, apartado 61).
26 Como resulta del considerando 34 de la Directiva 2013/32, los procedimientos de examen de las necesidades de protección internacional deben organizarse de modo que las autoridades competentes puedan llevar a cabo un examen riguroso de las solicitudes de protección internacional.
27 Es preciso destacar igualmente que de los considerandos 16 y 22, del artículo 4, así como de la sistemática general de la citada Directiva, se desprende que el examen de una solicitud de protección internacional por un órgano administrativo o cuasijudicial provisto de medios específicos y de personal especializado en la materia es una fase esencial de los procedimientos comunes establecidos por dicha Directiva (véanse las sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 116, y de 16 de julio de 2020, Addis, C‑517/17, EU:C:2020:579, apartado 61).
28 Procede recordar también que la valoración regulada por el artículo 4 de la Directiva 2011/95, tras la cual la autoridad decisoria debe adoptar una decisión sobre una solicitud de protección internacional, se desarrolla en dos fases distintas. En la primera fase, la autoridad decisoria debe establecer las circunstancias fácticas que puedan constituir elementos de prueba en apoyo de la referida solicitud. En la segunda fase, la autoridad decisoria debe efectuar la valoración jurídica de estos elementos y decidir si, a la vista de los hechos que caracterizan un caso concreto, se cumplen los requisitos de fondo para la concesión de la protección internacional (véase, por analogía, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, apartado 64).
29 Es verdad que la valoración de la credibilidad de un relato de hechos presentado en apoyo de una solicitud de protección internacional y la valoración de la verosimilitud de los temores a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves forman parte de esa primera fase y de la apreciación de los hechos. Pero, esta apreciación fáctica no excede de la competencia de un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional.
30 El artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32 reconoce a los solicitantes de protección internacional el derecho a un recurso efectivo ante un órgano judicial contra las resoluciones relativas a tales solicitudes. El artículo 46, apartado 3, de dicha Directiva define el alcance del citado derecho, precisando que los Estados miembros sujetos a esta garantizarán que el juzgado o tribunal de primera instancia ante el que se presenta el recurso contra la decisión relativa a la solicitud de protección internacional lleve a cabo un «examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95]» (véanse las sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 106, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 76).
31 Por lo que respecta al alcance del expresado derecho, el Tribunal de Justicia ha declarado que la expresión «garantizarán que un recurso efectivo suponga el tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho» debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros, en virtud de esta última disposición, están obligados a establecer en sus Derechos nacionales una tramitación de los recursos que comprenda un examen, por el juez, del conjunto de elementos de hecho y de Derecho que le permitan elaborar una apreciación actualizada del asunto de que se trate (sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 110, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 81).
32 A este respecto, por una parte, el Tribunal de Justicia ha precisado que la expresión «ex nunc» destaca la obligación del juez de llevar a cabo una apreciación que tenga en cuenta, en su caso, los nuevos elementos surgidos después de la adopción de la decisión objeto de recurso (sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 111, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 82).
33 Esta apreciación permite, efectivamente, tramitar la solicitud de protección internacional de manera exhaustiva sin que sea necesario devolver el asunto a la autoridad decisoria (sentencia de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 112).
34 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha indicado que el adjetivo «completo» que figura en el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 confirma que el juez está obligado a examinar tanto los elementos que la autoridad decisoria tuvo o debería haber tenido en cuenta como los que se produjeron después de que dicha autoridad adoptara la resolución (sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 113, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 83).
35 De ello se deduce, primeramente, que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en los apartados 31 a 33 de la presente sentencia, un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional es competente para proceder a su propia apreciación exhaustiva y actualizada de los hechos discutidos en la instancia.
36 En efecto, solo el examen de los hechos permite valorar la credibilidad de un relato presentado en apoyo de una solicitud de protección internacional y la verosimilitud de los temores a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves que son componentes esenciales del examen de la necesidad de esa protección.
37 De igual forma, un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional está obligado, como se desprende de los apartados 32 y 34 de la presente sentencia, a examinar tanto los elementos que la autoridad decisoria tuvo o debería haber tenido en cuenta como los surgidos después de que dicha autoridad adoptara esa resolución.
38 Ello implica que tal órgano jurisdiccional pueda tener en cuenta elementos que se presentaron en el procedimiento de recurso, pero que aún no estaban disponibles durante la fase administrativa.
39 Además, la tramitación de una solicitud de protección internacional se demoraría considerablemente si un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de tal solicitud tuviera que devolver el expediente a la autoridad decisoria para que esta tuviera en cuenta tales elementos para pronunciarse sobre la necesidad de protección internacional del solicitante.
40 Así, la facultad que tiene ese juez de tomar en consideración los nuevos elementos sobre los que la autoridad decisoria no se pronunció se inscribe en la finalidad de la Directiva 2013/32, que pretende, en particular, como se desprende de su considerando 18, que se tome «cuanto antes» una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, «sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo» (sentencias de 25 de julio de 2018, Aheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartados 111 y 112, y de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartados 78 y 88).
41 Por lo que respecta a la cuestión de si el solicitante de protección internacional y la autoridad decisoria deben tener la posibilidad de argumentar sobre esos nuevos elementos, el Tribunal de Justicia ha indicado que el órgano jurisdiccional está obligado, como resulta del artículo 47 de la Carta, a ofrecer a dicho solicitante la posibilidad de expresar su parecer cuando esos elementos puedan afectarle desfavorablemente (sentencia de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 114).
42 Dicho órgano jurisdiccional también debe, conforme al principio de contradicción, proporcionar a la autoridad decisoria la oportunidad de presentar sus observaciones sobre tales elementos nuevos.
43 Tal interpretación se impone tanto más cuanto que dicho órgano jurisdiccional debe tener en cuenta esos elementos nuevos para poder pronunciarse sobre la solicitud de protección internacional de manera exhaustiva.
44 De lo anterior se infiere que, para cumplir la obligación de realizar el examen completo y ex nunc que prescribe el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad decisoria por la que se deniega una solicitud de protección internacional debe, por un lado, ser competente para llevar a cabo su propia apreciación de los hechos y, por otro lado, tener en cuenta los nuevos elementos surgidos después de la adopción de la resolución objeto de recurso, garantizando al mismo tiempo que las partes tengan la oportunidad de presentar sus observaciones sobre esos elementos.
45 En segundo lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al prever que el órgano judicial competente para resolver un recurso contra una resolución administrativa que deniega una solicitud de protección internacional estará obligado a examinar, en su caso, la «necesidad de protección internacional» del solicitante, el legislador de la Unión, mediante la adopción del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, tuvo el propósito de atribuir al citado órgano judicial, cuando este último considera que dispone de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, la facultad de pronunciarse con carácter vinculante, al término de un examen completo y ex nunc —es decir, exhaustivo y actualizado— de tales elementos, sobre la cuestión de si el mencionado solicitante cumple los requisitos previstos en la Directiva 2011/95 para que se le reconozca el derecho a protección internacional (sentencia de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, apartado 65).
46 En primer término, de esta jurisprudencia y de los apartados 31 a 34 de la presente sentencia se desprende que el legislador definió, en el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, el alcance y la intensidad del examen de las necesidades de protección internacional de los solicitantes por un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad decisoria por la que se deniega una solicitud de protección internacional. De ahí que la definición del alcance y de la intensidad de este examen no forme parte de la autonomía procesal de los Estados miembros. Por lo tanto, estos últimos no pueden limitar la competencia de tal órgano jurisdiccional para pronunciarse sobre esas necesidades de protección internacional.
47 El hecho de que la autoridad decisoria esté mejor situada y equipada para examinar las solicitudes de protección internacional en cuanto al fondo no altera en nada la anterior conclusión. Es cierto que el examen de tal solicitud efectuado por esta autoridad es, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 27 de la presente sentencia, una fase esencial de los procedimientos comunes establecidos por la Directiva 2013/32. No obstante, en el marco del sistema instaurado por la citada Directiva, dicha autoridad no es la única competente para apreciar las solicitudes de protección internacional y pronunciarse sobre su fundamento, como se desprende, en particular, de la jurisprudencia citada en el apartado 45 de la presente sentencia.
48 De igual forma, de las consideraciones anteriores se infiere que, contrariamente a lo que alega el Gobierno neerlandés en sus observaciones, un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad decisoria por la que se deniega una solicitud de protección internacional tiene competencias que van más allá de un «control moderado» de la resolución de la autoridad decisoria. Por consiguiente, tal órgano jurisdiccional no puede estar obligado a ejercer esa competencia «con moderación», sino que debe llevar a cabo un examen completo y ex nunc, es decir, exhaustivo y actualizado, de los elementos de hecho y de Derecho y de las necesidades de protección internacional del solicitante.
49 En segundo término, es cierto que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 trata exclusivamente el examen del recurso y no se refiere, por tanto, al resultado de una eventual anulación de la resolución objeto de recurso (sentencia de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, apartado 54).
50 No obstante, de la jurisprudencia también se desprende que el reconocimiento a tal órgano jurisdiccional de la facultad de pronunciarse con carácter vinculante sobre la cuestión de si un solicitante cumple los requisitos previstos en la Directiva 2011/95 para que se le reconozca una protección internacional significa que, si ese órgano jurisdiccional anula una resolución de una autoridad administrativa tras realizar un examen exhaustivo y actualizado de las necesidades de protección internacional de un solicitante y, a la vista de todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, concluye que debe concederse a dicho solicitante una protección internacional, y después devuelve el asunto a la referida autoridad administrativa para que adopte una nueva resolución, esta última está obligada a conceder la protección internacional solicitada, sin perjuicio de que surjan elementos de hecho o de Derecho que requieran objetivamente una nueva apreciación actualizada. Del mismo modo, si la misma autoridad administrativa adopta posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que a tales efectos haya hecho constar la aparición de nuevos elementos que justifiquen una nueva apreciación de la necesidad de protección internacional del solicitante, el órgano judicial deberá modificar la referida resolución administrativa, que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente, y sustituirla por su propia decisión sobre la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada, si es preciso, la normativa nacional que le prohíba proceder de esa manera (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, apartados 66, 73, 75, 77 y 78).
51 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente considera, a la vista de sus explicaciones, que dispone de información suficiente para llevar a cabo por sí mismo una apreciación de la credibilidad de determinados elementos del relato de hechos del solicitante de protección internacional y de determinados motivos invocados en apoyo de su solicitud de protección internacional. No obstante, el citado órgano jurisdiccional precisa que, según la jurisprudencia de la Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sección de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado), no está facultado para realizar tales apreciaciones y debe limitarse a anular la resolución controvertida en el litigio principal y, posteriormente, devolver el asunto al Ministro para que proceda a un nuevo examen de la solicitud de protección internacional.
52 A este respecto, importa resaltar que, según reiterada jurisprudencia, al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Bauer y Willmeroth, C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871, apartado 66 y jurisprudencia citada).
53 El principio de interpretación conforme exige que los órganos jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Bauer y Willmeroth, C‑569/16 y C‑570/16, EU:C:2018:871, apartado 67 y jurisprudencia citada).
54 Como ha declarado el Tribunal de Justicia, la exigencia de tal interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva. Por lo tanto, el tribunal nacional no puede considerar válidamente que se encuentra imposibilitado para interpretar una disposición nacional de conformidad con el Derecho de la Unión por el mero hecho de que, de forma reiterada, haya interpretado esta disposición en un sentido que no es compatible con ese Derecho (sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, apartados 72 y 73 y jurisprudencia citada).
55 No obstante, si tal interpretación conforme resultara imposible, el Tribunal de Justicia ya ha subrayado el imperativo de que el juez competente, al aplicar el Derecho de la Unión, excluya las disposiciones legislativas nacionales que pudieran constituir un obstáculo para la plena eficacia de las normas de la Unión dotadas de efecto directo, tales como el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta (sentencia de 3 de abril de 2025, Barouk, C‑283/24, EU:C:2025:236, apartado 41 y jurisprudencia citada).
56 Por último, la posibilidad de apelar contra la resolución de un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución de la autoridad decisoria por la que se deniega una solicitud de protección internacional no desvirtúa las consideraciones anteriores.
57 Según el tenor del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, el recurso efectivo que los Estados miembros deben establecer se enmarcará «al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia». Esta disposición obliga así a los Estados miembros a establecer tal recurso, dejándoles al mismo tiempo la posibilidad de instaurar un procedimiento de apelación o de casación, sin que las características del examen previsto por dicha disposición difieran en función de si los Estados miembros utilizan o no esta posibilidad.
58 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, atribuye a un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional la competencia para pronunciarse de manera vinculante sobre la credibilidad del relato de hechos presentado en apoyo de dicha solicitud, sobre la verosimilitud de los temores de persecución del solicitante o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen, así como sobre el fundamento de dicha solicitud, tomando en consideración los elementos presentados en el procedimiento de recurso, y que, por otro lado, los Estados miembros no pueden limitar tal competencia.
Costas
59 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que,
por un lado, atribuye a un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional la competencia para pronunciarse de manera vinculante sobre la credibilidad del relato de hechos presentado en apoyo de dicha solicitud, sobre la verosimilitud de los temores de persecución del solicitante o del riesgo real de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen, así como sobre el fundamento de dicha solicitud, tomando en consideración los elementos presentados en el procedimiento de recurso, y que, por otro lado, los Estados miembros no pueden limitar tal competencia.
Firmas
* Lengua de procedimiento: neerlandés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.