1.

Esta petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,  ( 2 ) así como de los artículos 34, apartado 1, letras b) y g), y 70, apartados 1 y 4, de la Directiva 2014/59/UE,  ( 3 ) que establecieron un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (en lo sucesivo, «entidades»).

2.

La petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre OF, EI y RI (en lo sucesivo, «demandantes»), por un lado, y M. K., administrador concursal de Getin Noble Bank S.A., por otro lado. Los demandantes, que tienen la condición de consumidores, celebraron con el banco demandado un contrato de préstamo hipotecario indexado a francos suizos (CHF), del que a día de hoy no han pagado todas las cuotas estipuladas. Interpusieron un recurso de anulación de dicho contrato ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que contenía cláusulas abusivas. Mientras estaba en curso dicho procedimiento, Getin Noble Bank fue objeto de resolución.

3.

Los demandantes presentaron entonces una solicitud de medidas cautelares dirigida a suspender sus obligaciones mientras dure el procedimiento sobre el fondo. El Derecho nacional califica estas medidas de medidas conservativas, mediante las cuales los demandantes solicitan que se suspenda su obligación de pagar las cuotas mensuales del préstamo mientras se sustancia el procedimiento principal.  ( 4 )

4.

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si es posible limitar la protección que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores cuando el banco en cuestión es objeto de un procedimiento de resolución regulado por la Directiva 2014/59. Por consiguiente, el presente asunto insta al Tribunal de Justicia a buscar un equilibrio entre los efectos de estas dos Directivas.

I.

Marco jurídico

A.

Derecho de la Unión

1.

Directiva 93/13

5.

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, tiene la siguiente redacción:

6.

A tenor del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva:

2.

Directiva 2014/59

7.

Los considerandos 3, 5, 10, 31, 48, 50, 51, 60 y 69 son pertinentes a efectos de las presentes conclusiones.

8.

El artículo 34 de esta Directiva, titulado «Principios generales que rigen la resolución», establece en su apartado 1, letras b) y g), lo siguiente:

9.

El artículo 37 de la Directiva 2014/59, titulado «Principios generales de los instrumentos de resolución», establece, en sus apartados 1 y 3, letra b), que las autoridades de resolución dispondrán de las competencias necesarias para aplicar los instrumentos de resolución, incluido el instrumento de la entidad puente. El artículo 37, apartado 6, de dicha Directiva exige que las entidades desde donde se transmitan los activos deben someterse a liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

10.

El artículo 70 de la Directiva 2014/59, titulado «Competencia para restringir la ejecución de garantías», dispone en su apartado 1:

11.

El artículo 73 de la Directiva 2014/59 establece las normas relativas al trato de accionistas y acreedores en caso de transmisiones parciales y aplicación del instrumento de recapitalización interna. A efectos de valorar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor trato si a la entidad objeto de resolución se le hubieran aplicado procedimientos de insolvencia ordinarios, el artículo 74 de dicha Directiva exige a los Estados miembros que velen por que la valoración la realice una persona independiente. En virtud del artículo 75 de la Directiva 2014/59, los Estados miembros velarán por que, si la valoración efectuada de acuerdo con el artículo 74 de dicha Directiva determina que cualquier accionista o acreedor ha incurrido en pérdidas más importantes que las que habría sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, el accionista o el acreedor tendrá derecho al pago de la diferencia con cargo a los mecanismos de financiación en el procedimiento de resolución.

B.

Derecho polaco

1.

Código Civil

12.

En virtud del artículo 3851, apartado 1, de la Ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil) de 23 de abril de 1964,  ( 5 ) en su versión consolidada  ( 6 ) (en lo sucesivo, «Código Civil»), las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas individualmente no serán vinculantes para el consumidor cuando establezcan los derechos y obligaciones de este de forma contraria a las buenas costumbres y atenten manifiestamente contra sus intereses (cláusulas ilícitas).

2.

Código de Procedimiento Civil

13.

En virtud del artículo 7301 de la Ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil) de 17 de noviembre de1964,  ( 7 ) en su versión consolidada  ( 8 ) (en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Civil»):

14.

Según el órgano jurisdiccional remitente, los artículos 731, 755 y 7552, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil también son pertinentes para el litigio principal.

3.

Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria

15.

El artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji  ( 9 ) (Ley de 10 de junio de 2016 sobre el Fondo de Garantía Bancaria, el Sistema de Garantía de Depósitos y la Resolución; en lo sucesivo, «Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria») dispone:

16.

En virtud del artículo 142, apartado 1, de dicha Ley, el Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Fondo de Garantía Bancaria, Polonia) puede suspender el derecho a ejecutar las garantías sobre los activos de una entidad objeto de resolución durante un período no superior al final del día hábil siguiente a la publicación del anuncio emitido respecto de la suspensión de ese derecho.

4.

Ley Concursal

17.

El artículo 146, apartado 1, de la Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Ley Concursal, de 28 de febrero de 2003  ( 10 ); en lo sucesivo, «Ley Concursal»), establece que el procedimiento de ejecución de los bienes de la masa concursal quedará automáticamente suspendido por la declaración de insolvencia y se sobreseerá una vez que la sentencia declarativa de la insolvencia haya adquirido firmeza. En virtud del apartado 2 de dicho artículo, las cantidades no distribuidas resultantes de un procedimiento suspendido pasarán a engrosar la masa concursal. En virtud del apartado 3, queda prohibida la ejecución posterior a la declaración, con excepción de las obligaciones específicas de alimentos o de pensión.

II.

Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial

18.

OF y sus padres, RI y EI, celebraron en 2007 con Getin Noble Bank un contrato de préstamo hipotecario con un plazo de devolución de 360 meses por importe de 185 375,71 eslotis (PLN) (aproximadamente 40 000 euros) (en lo sucesivo, «contrato de préstamo controvertido en el litigio principal»). Este contrato de préstamo establecía una cláusula de conversión de ese importe en CHF, al tipo de compra fijado por el banco en una tabla. Las cuotas mensuales, calculadas en CHF, podían abonarse en PLN al tipo de cambio de venta del CHF, igualmente fijado por dicho banco de manera unilateral, tal como figuraba en la tabla de cambios del banco en la fecha del pago de la cuota.

19.

El préstamo se destinó a satisfacer una parte del precio de adquisición de un inmueble y a sufragar los gastos relacionados con la suscripción del préstamo. Los demandantes en el litigio principal fueron informados sobre la repercusión de las variaciones de los tipos de interés y de la fluctuación de la divisa en dicho contrato de préstamo mediante una tabla comparativa.

20.

El 29 de septiembre de 2022, el Fondo de Garantía Bancaria, actuando sobre la base de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, adoptó una decisión de incoación del procedimiento de resolución de Getin Noble Bank, utilizando el instrumento de la entidad puente. En virtud de dicha decisión, se creó una nueva entidad, denominada VELO Bank SA, a la cual se transmitieron prácticamente todos los derechos y obligaciones de la demandada, Getin Noble Bank, si bien excluyendo los derechos patrimoniales resultantes de actuaciones de hecho, de Derecho o ilícitas relativas a los contratos de préstamos hipotecarios y préstamos denominados en CHF o indexados al tipo de cambio del CHF, así como los créditos resultantes de tales derechos patrimoniales, especialmente los afectados por procedimientos civiles o contencioso-administrativos, con independencia de la fecha en que estos se hubieran iniciado. Según el órgano jurisdiccional remitente, ello implica que el patrimonio de Getin Noble Bank está constituido principalmente por los créditos resultantes de los contratos de préstamo, los cuales, al igual que el de los demandantes, contienen cláusulas contractuales supuestamente abusivas que pueden ser impugnados retroactivamente.

21.

De las declaraciones del Fondo de Garantía Bancaria a los medios de comunicación se desprendía que, en el plazo de un año, se presentaría la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia y de liquidación de Getin Noble Bank.

22.

Los demandantes presentaron una demanda ante el órgano jurisdiccional remitente con objeto de que se declarara la nulidad del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal y de que les fueran abonados los importes de 48 352,97 PLN y 27 171,82 CHF (lo que corresponde aproximadamente al 95 % del principal desembolsado), más el correspondiente a los intereses legales de demora y a las costas procesales. Los demandantes alegaron que el contrato de préstamo contenía cláusulas abusivas relativas a la indexación del importe del préstamo a una divisa extranjera. El importe reclamado corresponde a la suma de los reembolsos efectuados por los demandantes. Con carácter subsidiario, los demandantes solicitaron el mantenimiento del contrato una vez suprimidas las cláusulas abusivas.

23.

Getin Noble Bank solicitó que se desestimara la demanda y negó que las cláusulas del contrato tuvieran carácter abusivo.

24.

Tras adoptarse la decisión de resolución, los demandantes presentaron una solicitud de medidas cautelares con vistas al aseguramiento de la pretensión de declaración de nulidad del contrato mediante la fijación de los derechos y obligaciones de las partes mientras durara el procedimiento sobre el fondo. En particular, solicitaron la suspensión de la obligación de pagar las cuotas mensuales del préstamo correspondientes al período comprendido entre la presentación de la demanda y el final del procedimiento. Además, los demandantes solicitaron que se prohibiera a la demandada darles preaviso de resolución del contrato y publicar en la Biuro Informacji Gospodarczej (Oficina de Información Económica, Polonia) información relativa al impago del préstamo por los demandantes durante el período comprendido entre la concesión de la medida conservativa y la conclusión del procedimiento.

25.

El órgano jurisdiccional remitente señala que, en los procedimientos sobre medidas cautelares, el tribunal decide sobre la procedencia de medidas conservativas basándose en una demostración prima facie de las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta al mismo tiempo todas las pruebas reunidas en el asunto en cuanto al fondo. Según el órgano jurisdiccional remitente, (i) los demandantes son consumidores; (ii) las cláusulas del contrato de préstamo controvertido son abusivas en la medida en que imponen a los consumidores el riesgo del tipo de cambio y permiten al banco determinar arbitrariamente el diferencial cambiario,  ( 11 ) y (iii) las modificaciones introducidas en el contrato celebrado por las partes no tuvieron por efecto conferir validez a dichas cláusulas.

26.

El órgano jurisdiccional remitente precisa que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe ser posible conceder medidas cautelares que permitan suspender la obligación de los demandantes de pagar las cuotas mensuales de devolución del préstamo en el litigio principal. No obstante, de conformidad con el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, tal como lo interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales, cuando un banco se encuentre en proceso de resolución, dichos órganos jurisdiccionales deben dictar una resolución de sobreseimiento de las solicitudes de medidas cautelares. Según el órgano jurisdiccional remitente, tal interpretación ignora las disposiciones de la Directiva 93/13 y priva al consumidor de los derechos que le confiere dicha Directiva.

27.

Además, el órgano jurisdiccional remitente indica que, dado que la concesión de una medida cautelar como la del procedimiento principal resultaría admisible en un procedimiento de insolvencia ordinario, una interpretación del artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria que no permita conceder tal medida cautelar pondría en una situación de desventaja a los consumidores que tienen la condición de acreedores en comparación con tales consumidores respecto de los bancos liquidados en un procedimiento de insolvencia. Por consiguiente, la adopción de esa interpretación sería incompatible con el artículo 34, apartado 1, letra g), de la Directiva 2014/59.

28.

En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

III.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

29.

Han presentado observaciones escritas los demandantes en el litigio principal, el Gobierno polaco y la Comisión Europea. Todas estas partes formularon observaciones orales en la vista celebrada el 17 de octubre de 2024, como también lo hizo la demandada en el procedimiento principal.

IV.

Apreciación

A.

Reformulación de la cuestión

30.

El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria constituye una transposición incorrecta del artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59.

31.

A este respecto, como alegan el Gobierno polaco y la Comisión, parece que el artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59 fue en realidad transpuesto al Derecho polaco mediante el artículo 142, apartado 1, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, que tiene un ámbito de aplicación temporal diferente al del artículo 135, apartados 1 y 4, de esa Ley. En particular, el artículo 135, apartado 1, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria regula los procedimientos de concesión de medidas conservativas iniciados antes de la apertura de un procedimiento de resolución, mientras que el artículo 135, apartado 4, de dicha Ley se refiere a las solicitudes formuladas frente a la entidad objeto de resolución mientras está en curso el procedimiento de resolución. Sin embargo, el artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59 abarca un período de tiempo muy breve, que va desde la publicación del anuncio de restricción  ( 12 ) hasta la medianoche del día siguiente al de su publicación que sea hábil en el Estado miembro en el que esté establecida la autoridad de resolución de dicha entidad.

32.

En cualquier caso, ha de recordarse que, en el asunto C‑34/23  ( 13 ) —un asunto reciente que presenta circunstancias fácticas similares al presente— se preguntó al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59 en relación con el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria. El Tribunal de Justicia declaró en su auto dictado en dicho asunto que el litigio principal se refería a una solicitud de medidas cautelares que claramente no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59.

33.

El Tribunal de Justicia declaró expresamente que la acción ejercitada en el litigio principal, mediante la cual los demandantes habían solicitado la adopción de medidas conservativas en relación con un contrato de préstamo, no hacía referencia a ninguna garantía. Añadió que «un consumidor que ha ejercitado una acción de nulidad de un contrato de préstamo hipotecario celebrado con Getin Noble Bank no tiene la condición de “acreedor garantizado” de dicho banco, en el sentido del artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59».  ( 14 ) El Tribunal de Justicia dictaminó que era manifiesto que el litigio principal no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de dicha disposición, de modo que la cuestión prejudicial, referida exclusivamente a la interpretación de la referida disposición, no guardaba relación alguna con el objeto de dicho litigio.  ( 15 )

34.

En efecto, es cierto que los deudores, en virtud de un contrato de préstamo (que pueden convertirse en acreedores si el préstamo es declarado nulo por un órgano jurisdiccional), pueden considerarse acreedores potenciales o incluso, en definitiva, acreedores. Sin embargo, en lo que respecta a los contratos de crédito al consumo, un acreedor garantizado, como explicó la Comisión en la vista, es un prestamista o un acreedor que ostenta un derecho sobre la propiedad o los activos del deudor. Por consiguiente, resulta que los demandantes que no ostentan un derecho sobre los bienes en cuestión no se consideran «acreedores garantizados» en el sentido de dicha disposición.

35.

En el presente asunto, los demandantes, que son consumidores, solicitan también medidas conservativas en relación con un contrato de préstamo celebrado con una entidad objeto de resolución. Por consiguiente, al igual que en el asunto que dio lugar al auto antes citado, los demandantes en el litigio principal no pueden ser considerados «acreedores garantizados». De ello se deduce, mutatis mutandis, que el artículo 70, apartado 1, de la Directiva 2014/59 no tiene relación alguna con el objeto del presente litigio. Por consiguiente, de conformidad con este reciente auto del Tribunal de Justicia, la presente petición de decisión prejudicial es manifiestamente inadmisible en la medida en que se refiere a dicha disposición. Dado que el artículo 70, apartado 4, de dicha Directiva hace referencia al ejercicio de una competencia en virtud de ese mismo artículo, esta disposición tampoco es pertinente a efectos del presente litigio.

36.

En consecuencia, procede reformular la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente de modo que pregunte, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, y en relación con el artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa o a una práctica nacional que no permite la concesión de medidas cautelares para suspender, mientras dure un procedimiento judicial, la obligación de pagar las cuotas mensuales futuras de un préstamo por el único motivo de que el banco demandado esté sujeto a un procedimiento de resolución regulado por la Directiva 2014/59.  ( 16 )

37.

En la medida en que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende dilucidar cómo interactúan las disposiciones de la Directiva 2014/59 y la Directiva 93/13, interpretadas a la luz del principio de efectividad, comenzaré examinando estas disposiciones para pasar después a analizar su interacción.

B.

Interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13

38.

El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. La obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.  ( 17 ) Podría afirmarse que, cuando los bancos operan en condiciones normales, el Tribunal de Justicia ha defendido reiteradamente la protección de los consumidores cuando entra en conflicto con los intereses de las entidades financieras, en particular en el contexto de las cláusulas abusivas en los contratos.  ( 18 )

39.

En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente considera que, si apreciara el carácter abusivo de determinadas cláusulas del contrato de préstamo hipotecario controvertido, el resto de dicho contrato no podría mantenerse una vez suprimidas esas cláusulas y procedería anular el contrato en su totalidad. Por consiguiente, las presentes conclusiones se basan en la premisa de que el órgano jurisdiccional remitente tiene la certeza suficiente de que es necesario declarar la nulidad del contrato de préstamo hipotecario controvertido, de modo que un consumidor tendría derecho a reclamar al banco el reembolso de las cantidades ya abonadas en virtud de dicho contrato.

40.

Por lo que se refiere a la cuestión de la concesión de medidas cautelares, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual. Por consiguiente, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales procedimientos  ( 19 ) en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, a condición, no obstante, de que respeten los principios de equivalencia y efectividad.  ( 20 )

41.

En particular, por lo que respecta al principio de efectividad, debe subrayarse que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que es aplicable, en particular, a la definición de la regulación procesal relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos.  ( 21 ) Según reiterada jurisprudencia, el juez nacional que conoce de un litigio regido por el Derecho de la Unión debe estar facultado para adoptar medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Unión.  ( 22 ) El Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de tutela judicial efectiva de los derechos conferidos a los justiciables por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea exige que, con arreglo al Derecho de un Estado miembro, se puedan acordar medidas cautelares hasta que el órgano jurisdiccional competente se pronuncie sobre la conformidad de las disposiciones nacionales de que se trate con el Derecho de la Unión, cuando la concesión de dichas medidas sea necesaria para garantizar la plena eficacia de la resolución judicial que resuelva sobre la existencia de tales derechos.  ( 23 ) En resumen, el juez nacional que conoce de un litigio regido por el Derecho de la Unión debe estar facultado para adoptar medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que debe recaer acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Unión.

42.

Por otra parte, la cuestión de la concesión de medidas cautelares en un procedimiento relativo a los derechos que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores ha sido objeto de varias sentencias del Tribunal de Justicia, entre ellas, recientemente, la sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito),  ( 24 ) dictada con posterioridad a la presente petición de decisión prejudicial, pero que se refiere a circunstancias fácticas relativamente similares a esta.  ( 25 )

43.

En dicho asunto, el Tribunal de Justicia señaló que la Directiva 93/13 se opone a una normativa nacional que no permite que el juez que conoce del fondo, competente para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual, adopte medidas cautelares, como la suspensión de un procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, pues tal normativa puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva.  ( 26 ) El Tribunal también señaló que puede ser necesario adoptar tales medidas, en particular, cuando existe un riesgo de que el consumidor abone a lo largo del proceso judicial, cuya duración puede ser considerable, cuotas mensuales de un importe superior al que efectivamente debería abonar si se excluyera la aplicación de esa cláusula.  ( 27 )

44.

El Tribunal de Justicia ha declarado que, por lo tanto, la protección garantizada a los consumidores por la Directiva 93/13, en particular por los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de esta, requiere que el órgano jurisdiccional nacional pueda adoptar una medida cautelar apropiada si ello es necesario para garantizar la plena eficacia de la resolución que se dicte en cuanto al carácter abusivo de las cláusulas contractuales.  ( 28 ) En particular, el Tribunal de Justicia subrayó que la adopción de tal medida cautelar resulta aún más necesaria cuando, incluso antes de iniciar un procedimiento, el consumidor ha abonado al banco en cuestión un importe superior al de la cantidad tomada en préstamo.  ( 29 ) El Tribunal de Justicia concluyó, en esencia, que una jurisprudencia nacional según la cual se deniega la adopción de medidas cautelares dirigidas a la suspensión del pago de las cuotas mensuales debidas en virtud de un contrato de préstamo, cuando tales medidas sean necesarias para garantizar la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, no resulta conforme con el principio de efectividad, y, por tanto, no es compatible con los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.  ( 30 )

45.

De ello se deduce que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, consagrada también en el artículo 47 de la Carta, de modo que, cuando un consumidor haya entablado un procedimiento contra un banco solicitando la nulidad de un contrato por contener cláusulas abusivas, el juez nacional debe poder conceder, durante ese procedimiento, medidas cautelares que suspendan la ejecución de tal contrato de préstamo.

46.

Dicho esto, el artículo 47 de la Carta tiene efecto directo en un caso como el presente.  ( 31 ) Dado que el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por dicha disposición no constituye una prerrogativa absoluta,  ( 32 ) corresponde al órgano jurisdiccional nacional, al aplicar el Derecho de la Unión, ponderar los intereses en juego y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo que respecta a los intereses en juego en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente pone de relieve, por una parte, el objetivo de la efectividad de la resolución y, en particular, de la estabilidad financiera del sistema bancario y, por otra parte, la tutela judicial efectiva de los consumidores. Procede, pues, examinar los efectos que se derivan de la aplicación de la Directiva 2014/59.

C.

Interpretación de las disposiciones de la Directiva 2014/59

47.

El órgano jurisdiccional remitente señala que, como consecuencia de la incoación de un procedimiento de resolución respecto de Getin Noble Bank, no le está permitido, en virtud del artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, conceder medidas cautelares a los consumidores. Por consiguiente, la cuestión esencial en el presente asunto es si, al aplicar la Directiva 2014/59, pueden limitarse los derechos de los consumidores. En este contexto, dicho órgano jurisdiccional se refiere, en particular, al artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59. Antes de analizar los principios enunciados en esta disposición, procede analizar su ámbito de aplicación.

1.

Ámbito de aplicación del artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59

a)

Conceptos de «medida de resolución», «instrumentos de resolución» y «competencias de resolución» en el sentido del artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2014/59

48.

Con carácter preliminar, procede señalar que el artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2014/59 se refiere a tres conceptos: «instrumentos de resolución», «competencias de resolución» y «medida de resolución». En mi opinión, estos tres conceptos no tienen el mismo alcance, de modo que, cuando se recurre al instrumento de la entidad puente, esta disposición puede aplicarse a las competencias y medidas de resolución y, por lo tanto, a los actos que afectan a la entidad residual de que se trate.

49.

En primer lugar, ha de señalarse que la expresión «medida de resolución» designa, según el artículo 2, apartado 1, punto 40, de dicha Directiva, la decisión de proceder a la resolución de una entidad o de una sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), objeto de resolución de conformidad con los artículos 32 o 33, la aplicación de un instrumento de resolución o el ejercicio de una o más competencias de resolución. A este respecto, es evidente que la expresión «medida de resolución» engloba, por lo tanto, no solo esos instrumentos y competencias, sino también la decisión de proceder a la resolución de una entidad o de una sociedad, confiriéndole un carácter general que remite a distintos actos relativos al procedimiento de resolución.

50.

En segundo lugar, la expresión «instrumento de resolución» que figura en dicha disposición designa, en virtud del artículo 2, apartado 1, punto 19, de dicha Directiva, un instrumento de resolución mencionado en el artículo 37, apartado 3, de esta, a saber, el instrumento de venta del negocio, el instrumento de la entidad puente, el instrumento de segregación de activos y el instrumento de recapitalización interna.

51.

En el presente asunto, parece que el instrumento de resolución que se aplicó era el instrumento de la entidad puente en el sentido del artículo 37, apartado 3, letra b), de la Directiva 2014/59 y de conformidad con su artículo 40. La solicitud de medidas cautelares en el litigio principal se refiere a un activo (un préstamo denominado en moneda extranjera) que permaneció en Getin Noble Bank, a saber, la entidad inicial (o entidad residual). En cambio, no se refiere a activos transferidos a la entidad puente, Velo Bank, creada en virtud del procedimiento de resolución.

52.

De conformidad con el artículo 37, apartado 6, de la Directiva 2014/59, interpretado a la luz de sus considerandos 50, 60 y 69, cuando se apliquen y utilicen los instrumentos de resolución mencionados en las letras a) o b) del apartado 3 de dicho artículo para transmitir únicamente una parte de los activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución, la entidad residual o sociedad desde donde se transmitieron los activos, derechos o pasivos se someterá a liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Por lo tanto, en el presente asunto, dado que se aplicó el instrumento de la entidad puente, los activos que permanecen en Getin Noble Bank están sujetos a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

53.

El período posterior a la decisión de aplicar el instrumento de la entidad puente y previo a la liquidación de la entidad o sociedad incursa en un procedimiento de insolvencia también debe quedar comprendido en el concepto de «instrumentos de resolución», ya que la aplicación de dicho instrumento determina la condición de la entidad residual durante ese período. Los principios establecidos en el artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59 ya no son pertinentes con respecto de los activos que permanecen en la entidad o sociedad residual después del inicio de la liquidación de la entidad o sociedad con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

54.

En tercer lugar, el artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2014/59 también hace referencia a las «competencias de resolución», concepto que se define en el artículo 2, apartado 1, punto 20, de dicha Directiva como una competencia contemplada en sus artículos 63 a 72.

55.

A este respecto, ha de señalarse que estos últimos artículos engloban un amplio abanico de competencias.

56.

En particular, dado que el artículo 63, apartado 1, letra d), se refiere a la competencia de «transmitir a otra entidad, con su consentimiento, derechos, activos o pasivos de la entidad objeto de resolución», parece que en el concepto de «competencias de resolución» está comprendida la decisión de iniciar el procedimiento de resolución del banco demandado utilizando el instrumento de la entidad puente, así como los actos relativos a la entidad objeto de resolución y a la entidad o sociedad residual antes de ser objeto de un procedimiento de insolvencia ordinario.

57.

Así, en la medida en que el artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2014/59 se refiere a las «medidas de resolución», los «instrumentos de resolución» y las «competencias de resolución», esta disposición parece aplicarse a la decisión inicial por la que las autoridades nacionales deciden someter a la entidad a un procedimiento de resolución. También se aplica a la situación de la sociedad o entidad residual antes de su liquidación en el contexto de un procedimiento de insolvencia ordinario, a saber, en el presente asunto, Getin Noble Bank, y, por lo tanto, al examen de una solicitud de medidas conservativas presentada ante el juez contra dicha sociedad o entidad residual.

58.

Por consiguiente, considero que los principios generales que rigen la resolución establecidos en el artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59 se aplican a una situación en la que los demandantes solicitan medidas conservativas (medidas cautelares) en el contexto de un procedimiento incoado contra una entidad residual antes de su liquidación con arreglo a un procedimiento de insolvencia ordinario, dado que dicha entidad residual ha sido objeto de las medidas de resolución, los instrumentos y las competencias de las autoridades nacionales.

b)

Concepto de «acreedor» en el sentido del artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59

59.

Es preciso determinar si consumidores como los demandantes, que han iniciado un procedimiento para que se declare la nulidad del contrato de préstamo controvertido debido a la inclusión en él de cláusulas contractuales abusivas, son también «acreedores» en el sentido del artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59.

60.

Normalmente, el concepto de «acreedor» se refiere a cualquier entidad o persona que ostente un derecho de crédito frente al deudor. En la medida en que, en el presente asunto, los consumidores de que se trata solicitan que se suspenda su obligación de pagar las cuotas mensuales futuras de un préstamo, parece que, a primera vista, se trata de deudores. No obstante, de la petición de decisión prejudicial se desprende que los demandantes son acreedores potenciales, ya que es muy probable que el procedimiento que han iniciado conduzca a la declaración de nulidad del contrato de préstamo controvertido en su conjunto.

61.

La Directiva 2014/59 no define expresamente el tipo de obligaciones que dan lugar a la condición de acreedor y, por lo tanto, no impone ninguna limitación a este respecto. Por consiguiente, el término «acreedor» debe interpretarse en el sentido de que incluye también a los potenciales acreedores cuando son consumidores y existe una alta probabilidad de que el órgano jurisdiccional nacional estime su demanda de nulidad.  ( 33 ) Esta interpretación concuerda con los objetivos más amplios de garantizar la protección y el trato justo de todas las partes interesadas involucradas en el proceso de resolución establecidos por la Directiva 2014/59.  ( 34 )

62.

En el presente asunto, aunque el órgano jurisdiccional nacional aún no se haya pronunciado sobre la nulidad del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, la demanda de nulidad de los demandantes es una acción judicial formal que puede implicar que se modifique su condición y pasen de deudores a acreedores.

63.

Por consiguiente, los demandantes pueden ser considerados acreedores en el sentido del artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59, aun cuando el órgano jurisdiccional aún no se haya pronunciado sobre la nulidad del contrato de préstamo. A este respecto, procede señalar que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio apreciar, a la luz de las circunstancias particulares del caso concreto, si, en el presente asunto, hay suficientes probabilidades de que el deudor se acabe convirtiendo en acreedor. Las presentes conclusiones se basan en la premisa de que los consumidores de que se trata son efectivamente acreedores en el sentido de dicha disposición.

2.

Contenido de los principios establecidos en el artículo 34, apartado 1, letras b) y g), de la Directiva 2014/59

64.

El artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2014/59 establece los principios generales que rigen la resolución, entre los que se encuentra, por una parte, el principio de que los accionistas deben asumir las primeras pérdidas [letra a)] y el de que los acreedores asumirán pérdidas después de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios, salvo que se establezca expresamente otra cosa [letra b)]. En segundo lugar, el artículo 34, apartado 1, letra g), de la Directiva 2014/59 establece el principio «no creditor worse off» (principio de evitación de perjuicios superiores a los acreedores), que exige que los procedimientos de reestructuración previstos en dicha Directiva sean tramitados por las autoridades nacionales de modo que ningún acreedor incurra en pérdidas mayores de las que habría sufrido en un procedimiento de insolvencia ordinario. Este principio se considera una piedra angular de los regímenes de resolución.  ( 35 )

a)

Comparación del trato que recibe un acreedor en el procedimiento de resolución con el que hubiera recibido en un procedimiento de insolvencia ordinario

65.

Por una parte, los principios establecidos en virtud del artículo 34, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/59 se refieren al orden en el que deben asumirse las pérdidas, a saber, primero las asumen los accionistas y después los acreedores. Este principio debe interpretarse a la luz del principio fundamental que subyace a la Directiva 2014/59, consagrado en sus considerandos 5 y 50, según el cual los costes de resolución de un banco deben ser asumidos en primer lugar por los accionistas del banco y no por sus acreedores.

66.

Por otra parte, el principio «no creditor worse off», en virtud del artículo 34, apartado 1, letra g), de la Directiva 2014/59, garantiza que las medidas de resolución se conciban de modo que los acreedores reciban un trato al menos tan favorable como el que recibirían en el marco de los procedimientos nacionales de insolvencia. Su aplicación implica comparar el trato que un acreedor habría recibido en el contexto de una resolución y el que habría recibido en caso de que se tratara de un procedimiento de insolvencia ordinario. El principio «no creditor worse off» garantiza que el proceso de resolución sea justo y previsible, manteniendo un nivel de equivalencia con los procedimientos nacionales de insolvencia mediante la protección de los derechos de los acreedores. Por consiguiente, este principio se considera una garantía esencial que garantiza que las medidas de resolución no perjudiquen en mayor medida a los acreedores que los procedimientos de insolvencia ordinarios.

67.

No obstante, es importante subrayar que los procedimientos de insolvencia constituyen un ámbito de actuación en el que los Estados miembros pueden ejercer sus propias competencias, ya que las legislaciones en materia de insolvencia no están armonizadas a nivel de la Unión.  ( 36 ) Por lo tanto, el artículo 34, apartado 1, letra g), de la Directiva 2014/59 solo es pertinente para apreciar la igualdad de trato de los acreedores en situaciones de procedimientos de resolución y de insolvencia con arreglo a la legislación nacional examinada por el órgano jurisdiccional remitente.

68.

A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente estima que la concesión de una medida conservativa consistente en suspender la obligación de pago de las cuotas del préstamo resultantes del contrato controvertido en el litigio principal puede ser admisible en un procedimiento de insolvencia.  ( 37 ) Por lo tanto, una medida nacional que no permitiera conceder tal medida pondría en una situación de desventaja al acreedor que tenga la condición de consumidor en comparación con los consumidores de los bancos liquidados en un procedimiento de insolvencia. Por consiguiente, la adopción de esa interpretación sería incompatible con el artículo 34, apartado 1, letra g), de la Directiva 2014/59.  ( 38 )

69.

Con arreglo a la Directiva 2014/59, el importe de las obligaciones del banco frente a los acreedores se limita a la fecha de la publicación del anuncio, que determina el momento en que se valoran los derechos y las obligaciones de los acreedores a efectos de la resolución.  ( 39 ) No obstante, el consumidor que, después del anuncio de la resolución, satisfaga prestaciones a favor del banco con arreglo a un contrato que incluya cláusulas abusivas, incrementará sus pérdidas. Como indica el órgano jurisdiccional remitente, en el caso de un procedimiento de insolvencia ordinario, el consumidor podría invocar una medida conservativa para suspender la ejecución del contrato.

70.

De la normativa nacional controvertida se desprende que, en caso de resolución, no puede adoptarse ninguna medida de ejecución o conservativa contra una entidad objeto de resolución.  ( 40 )

71.

Por consiguiente, un consumidor que no pueda solicitar tal medida puede encontrarse en una situación menos favorable que la de los acreedores de una entidad incursa en un procedimiento de insolvencia ordinario, ya que se verá obligado a cumplir el contrato de préstamo sin posibilidad de obtener una medida conservativa, lo que supondrá un aumento continuo del crédito del consumidor frente al banco, a pesar de la adopción de una decisión de resolución.

b)

Mecanismo de compensación a posteriori

72.

El mecanismo de compensación previsto en los artículos 73 a 75 de la Directiva 2014/59 constituye el núcleo de la aplicación del principio «no creditor worse off». Requiere comparar el trato recibido por los acreedores en el curso de la medida de resolución con el trato que habrían recibido en un procedimiento de insolvencia ordinario. A tal efecto, debe tenerse en cuenta la normativa nacional en materia de insolvencia que habría sido aplicable si dichas entidades hubieran sido sometidas a un procedimiento de insolvencia ordinario.

73.

En esencia, la compensación equivale a la pérdida que han sufrido los acreedores, es decir, la diferencia entre la cantidad que efectivamente recuperaron en el procedimiento de resolución y la cantidad que habrían recuperado si la entidad hubiera sido objeto de un procedimiento de insolvencia ordinario.  ( 41 ) Por consiguiente, los accionistas y acreedores que sufran tales pérdidas mayores tienen derecho a una compensación a posteriori.  ( 42 ) Este mecanismo persigue equilibrar la equidad y la estabilidad financiera, garantizando que, mientras la entidad es liquidada de forma eficaz, los acreedores están protegidos.

74.

En particular, por un lado, el procedimiento de resolución establecido por la Directiva 2014/59 es un instrumento excepcional destinado principalmente a garantizar la estabilidad de los mercados financieros cuando esta pueda verse comprometida por la inviabilidad de una entidad transfronteriza.  ( 43 ) El objetivo del procedimiento de resolución es proporcionar a las autoridades públicas una serie de instrumentos que les permitan intervenir con suficiente antelación y rapidez, garantizar las funciones financieras y económicas esenciales de la entidad de que se trate y limitar los efectos negativos de la inviabilidad.  ( 44 ) De este modo, dicha Directiva persigue objetivos más amplios en materia de estabilidad financiera, como el mantenimiento de la confianza en el sistema financiero y la prevención del riesgo sistémico. Por otro lado, el mecanismo de compensación previsto en los artículos 73 a 75 de la Directiva 2014/59 ofrece protecciones clave a los acreedores al garantizar que no sean tratados injustamente durante la resolución de una entidad inviable. De ello se deduce que el objetivo del mecanismo de compensación antes mencionado es encontrar un equilibrio entre permitir a las autoridades resolver entidades inviables en aras del interés público y salvaguardar los legítimos intereses financieros de los acreedores.

3.

Aplicación al presente asunto

75.

Si, como consecuencia de un procedimiento de resolución, los activos de los demandantes que permanecen en la entidad residual sufren pérdidas mayores que las que habrían sufrido en un procedimiento de insolvencia ordinario, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional nacional, los demandantes, sobre la base del principio «no creditor worse off», tendrán derecho a una compensación a posteriori. Sin embargo, este mecanismo de compensación no conlleva necesariamente una protección procesal. En efecto, procede señalar que la Directiva 2014/59 no establece disposiciones específicas relativas a medidas cautelares solicitadas por los acreedores contra un banco objeto de resolución. De ello se deduce que unas medidas legislativas como las previstas en el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria, que se refieren a la cuestión de las medidas cautelares solicitadas por los acreedores en un litigio relativo a obligaciones contractuales con la entidad residual, quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva.

D.

Búsqueda de un equilibrio entre los objetivos de protección de los consumidores y los del procedimiento de resolución

76.

Como se ha expuesto anteriormente,  ( 45 ) en virtud de la Directiva 2014/59, un acreedor puede recibir una compensación a posteriori cuando haya incurrido en pérdidas mayores de las que habría sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Por consiguiente, la cuestión esencial es si el mecanismo de compensación a posteriori previsto por dicha Directiva garantiza una protección suficiente al consumidor que debe efectuar pagos a la entidad residual mientras dura el procedimiento en el que solicita la anulación del contrato por contener cláusulas abusivas.

77.

A este respecto, la sentencia de 5 de mayo de 2022, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular),  ( 46 ) si bien demuestra que el mecanismo de compensación a posteriori puede ser un instrumento útil, no aborda la suficiencia de este mecanismo cuando el Derecho nacional se opone a medidas cautelares para suspender una obligación de pago derivada de un contrato de préstamo. Dado que la adopción de tal medida que permita la suspensión de la ejecución de un contrato de préstamo es una cuestión diferente de la compensación a posteriori, que afecta a los aspectos materiales de la restitución, esta sentencia no es pertinente a efectos del presente asunto.  ( 47 )

78.

De las observaciones orales de las partes en la vista ante el Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 135, apartados 1 y 4, de la Ley sobre el Fondo de Garantía Bancaria no transpone ninguna de las disposiciones de la Directiva 2014/59, sino que constituye una norma que completa las previstas en dicha Directiva. Dado que la Directiva 2014/59 no armoniza los procedimientos aplicables a las medidas cautelares adoptadas en los procedimientos en los que interviene un banco objeto de un procedimiento de resolución, dichas medidas forman parte del ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros.

79.

En este contexto, cada Estado miembro deberá configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, la regulación de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a asegurar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. La regulación procesal de estos recursos, sin embargo, no debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad).  ( 48 )

80.

En cuanto al principio de efectividad, como ya he observado, la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, reafirmada en el artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva,  ( 49 ) que es aplicable, en particular, a la definición de una regulación procesal pormenorizada relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos.  ( 50 ) En concreto, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales dotar de plena eficacia a los derechos derivados de la Directiva 93/13, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, y abstenerse de aplicar una normativa nacional o una práctica nacional que prohíba la concesión de medidas cautelares con el fin de suspender los pagos debidos en virtud de un contrato de crédito supuestamente ilegal por contener cláusulas abusivas.  ( 51 )

81.

Ciertamente, en la sentencia de 5 de mayo de 2022, Banco Santander (Resolución bancaria del Banco Popular),  ( 52 ) el Tribunal de Justicia declaró que los objetivos consistentes en garantizar la estabilidad del sistema bancario y financiero y en evitar un riesgo sistémico constituyen objetivos de interés general perseguidos por la Unión.

82.

Dicho esto, es preciso señalar que el asunto que dio lugar a dicha sentencia se refería a una entidad creada después de la resolución, mientras que la acción en el presente procedimiento se refiere a la entidad residual, que va a ser liquidada. Por consiguiente, como alegó la Comisión en la vista, la concesión de medidas cautelares respecto a los activos de esa entidad no amenaza la estabilidad financiera del sistema bancario.  ( 53 ) A este respecto, es importante destacar la cronología de los hechos del litigio principal, según la cual la entidad bancaria puente fue creada inmediatamente después de adoptarse la decisión de resolución, de modo que, en caso de concederse medidas cautelares a determinadas categorías de deudores que permitieran la suspensión de los pagos a esta entidad residual, la salud financiera de la entidad recién creada no se vería afectada. Además, resulta primordial la consideración de que la medida cautelar controvertida no tiene por objeto constituir una garantía sobre los activos existentes del banco insolvente, sino únicamente obtener la suspensión de los pagos futuros del consumidor.  ( 54 )

83.

La misma distinción se aplica a los asuntos de Novo Banco, en los que las acciones relativas a los contratos se dirigían contra la entidad bancaria puente creada por la autoridad nacional.  ( 55 ) En efecto, en esos asuntos, las acciones de los consumidores no podían ser efectivas porque habrían socavado la estabilidad del sistema financiero,  ( 56 ) mientras que, en el presente asunto, la pretensión de que se trata se refiere a pagos a una entidad en virtud de cláusulas contractuales potencialmente abusivas cuando la entidad está, en cualquier caso, abocada a la liquidación. Por lo tanto, las consideraciones pertinentes en esos asuntos con respecto al objetivo de estabilidad del sistema financiero no son aplicables al presente procedimiento.

84.

De ello se deduce que, como indicó la Comisión en la vista, en el presente asunto los derechos de los consumidores no deben ponderarse con la estabilidad financiera, ya que las medidas cautelares controvertidas solo afectan a la suspensión de un aumento del crédito de un consumidor respecto de la entidad residual y, por lo tanto, la estabilidad financiera del sistema bancario no está amenazada. Una normativa o una práctica de un Estado miembro que complete las disposiciones de la Directiva 2014/59 no puede menoscabar el efecto útil de la protección establecida en los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, interpretados a la luz de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 47 de la Carta, cuando las acciones se refieran a tales medidas cautelares y no constituyan una amenaza para la estabilidad financiera del sistema bancario en el sentido de la Directiva 2014/59.

85.

No obstante, en el asunto C‑287/22  ( 57 ) antes citado, el Tribunal de Justicia declaró que la apreciación de la necesidad de conceder tal medida cautelar debe efectuarse in concreto, a la luz del objetivo de garantizar la plena eficacia de la resolución que ha de adoptarse. De este modo, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar si la suspensión de las obligaciones de los consumidores es necesaria para garantizar el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho, en particular habida cuenta del riesgo de tener que devolver un importe superior a la cantidad que se tomó prestada.  ( 58 ) De ello se deduce que, en virtud de la Directiva 93/13, el juez nacional debe adoptar medidas cautelares consistentes en suspender la obligación del consumidor de efectuar pagos cuando, por un lado, disponga de indicios suficientes sobre el carácter abusivo de una o varias cláusulas contractuales, de modo que sea probable que el contrato de préstamo de que se trate sea nulo o, al menos, que se concederá al consumidor correspondiente el reembolso de las cuotas mensuales derivadas de dicho contrato.  ( 59 )

86.

En el presente asunto, por un lado, como ya he señalado anteriormente, el órgano jurisdiccional remitente parece considerar que, debido a una futura resolución sobre las cláusulas abusivas del contrato de préstamo controvertido, la entidad residual deberá efectivamente devolver las cantidades abonadas por los consumidores en virtud de dicho contrato. Por lo tanto, parece que se cumple este requisito.

87.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia declaró, en ese asunto, que compete a dicho órgano jurisdiccional determinar, a la vista de todas las circunstancias del caso de autos, si la suspensión de la obligación de ese consumidor de pagar las cuotas mensuales mientras dure el procedimiento en cuestión es necesaria para garantizar el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en que se encontraría el consumidor si no hubieran existido esa o esas cláusulas. De este modo, el mismo órgano jurisdiccional podrá tener en cuenta, en particular, la situación económica del consumidor y el riesgo de que este se vea obligado a devolver al banco correspondiente un importe superior a la cantidad que tomó prestada.  ( 60 )

88.

En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente ha explicado que los consumidores reembolsarán próximamente (o ya han reembolsado) a la entidad residual un importe superior al capital desembolsado. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente manifiesta su preocupación por el hecho de que, debido al procedimiento de insolvencia del que está siendo objeto Getin Noble Bank con posterioridad a la decisión de resolución, los consumidores no puedan recuperar las sumas abonadas a dicho banco, que pueden llegar a ser superiores a los activos que quedarán por repartir entre los acreedores. Si esto llega a ocurrir, y sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, no puede garantizarse la plena eficacia de una resolución que declare abusivas determinadas cláusulas del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal. Por lo tanto, parece que también se cumple el segundo requisito. Por consiguiente, el artículo 3851 del Código Civil, que transpone la Directiva 93/13 al Derecho polaco, debe interpretarse de forma que se garantice con la mayor eficacia posible la consecución de los objetivos de esta Directiva. Así, en principio, en virtud de la Directiva 93/13, el órgano jurisdiccional remitente, sin perjuicio de una comprobación definitiva, debería ordenar medidas cautelares en el presente asunto.

89.

A este respecto, en la vista, la Comisión alegó que, dado que la entidad de que se trata estaba sujeta a un procedimiento de resolución en virtud de la Directiva 2014/59, las medidas cautelares autorizadas deberían limitarse únicamente a garantizar las pretensiones relativas a las cuotas mensuales correspondientes a los intereses del préstamo, pero no a las obligaciones contractuales del consumidor de pagar las cuotas sobre el importe del capital prestado.

90.

En este contexto, es importante tener en cuenta el riesgo que corren los consumidores de tener que reembolsar al banco de que se trata un importe superior al que pidieron prestado al banco objeto de resolución, que ha sido objeto de una valoración por parte de las autoridades de resolución. Por consiguiente, a efectos de la eficacia de la resolución efectuada con arreglo a la Directiva 2014/59, es concebible que el capital prestado se reembolse en cuotas mensuales mientras el procedimiento siga en curso. Dicho esto, el pago de intereses por parte del consumidor debe suspenderse en cualquier caso para evitar que este acabe pagando más de lo debido a la entidad residual que va a ser liquidada. En resumen, las medidas cautelares deben limitarse al importe que exceda del capital del préstamo.

V.

Conclusión

91.

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia):