1.

Mediante la presente petición de decisión prejudicial del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) (en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente») se pretende aclarar el alcance de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Tomaszewska.  ( 2 ) El órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si, en las circunstancias que concurren en el asunto principal, deben, con arreglo al Derecho de la Unión, tenerse en cuenta los períodos de cotización cubiertos por la persona asegurada  ( 3 ) en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente  ( 4 ) (en lo sucesivo, «períodos de cotización del Estado miembro de acogida»), en el cálculo del importe de la prestación de jubilación que debe abonar el Estado miembro competente, en este caso, Polonia, a dicha persona asegurada. La sentencia pronunciada en el asunto Tomaszewska respondió a esta cuestión únicamente en lo que respecta a la adquisición del derecho a la prestación. ¿En qué medida resultan aplicables los principios establecidos en aquel asunto al cálculo de la prestación devengada?

2.

Las circunstancias del asunto principal son las siguientes. Con arreglo a la legislación polaca, la duración de los períodos de cotización no contributivos cubiertos en Polonia que pueden tenerse en cuenta en el cálculo del importe de la prestación se limita a un tercio de los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia.  ( 5 ) La cuestión que se plantea es si deben añadirse los períodos de cotización contributivos del Estado miembro de acogida cubiertos en los Países Bajos por una persona asegurada, con arreglo al Derecho de la Unión, a los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia, alargando así la duración de los períodos de cotización no contributivos en Polonia que deben tomarse en consideración en el cálculo de una pensión polaca.

3.

La conclusión a la que he llegado es que, con arreglo al Derecho de la Unión, deben tomarse en consideración los períodos de cotización contributivos del Estado miembro de acogida en el cálculo del importe teórico de la prestación devengada con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b, inciso i), del Reglamento n.o 883/2004.  ( 6 ) En concreto, la norma de la legislación polaca que dispone que los períodos de cotización no contributivos cubiertos en Polonia únicamente pueden tenerse en cuenta para el cálculo del importe de la pensión con el límite de un tercio de los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia («límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos») debe interpretarse en el sentido de que se incluyen los períodos de cotización contributivos del Estado miembro de acogida cubiertos por la persona asegurada de que se trata en los Países Bajos. Cualquier otra interpretación sería incompatible con los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 883/2004 y con los principios en los que se basa,  ( 7 ) y sería contraria al principio de totalización, del que es expresión específica el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004. La interpretación que se propone en las presentes conclusiones se ajusta asimismo a la finalidad del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004, que es reparar el perjuicio causado a las personas aseguradas que han ejercido su derecho a trabajar en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente  ( 8 ) a través del método de cálculo del importe teórico de la pensión devengada.

4.

Sin embargo, los períodos de cotización contributivos del Estado miembro de acogida no se tienen en cuenta en el cálculo del límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos en relación con la pensión devengada en cuanto a su importe real, prorrateado, previsto en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004. La finalidad del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004 es distinta de la de su inciso i). Con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), se calcula la prestación prorrateada devengada, lo que se denomina prorrateo.  ( 9 ) Esta disposición refleja el carácter del Reglamento n.o 883/2004 como medida de coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros, y no de armonización, así como su intención de garantizar la adecuada distribución entre los Estados miembros del importe de la pensión devengada calculándola en función de la relación entre la duración del servicio prestado en cada Estado miembro antes de tener lugar el hecho causante,  ( 10 ) en este caso, alcanzar la edad de jubilación.

I.

Marco jurídico

A.

Derecho de la Unión

5.

El artículo 48 TFUE, letra a), establece:

6.

El considerando 14 del Reglamento n.o 883/2004 enuncia:

7.

El artículo 1, letra t), del Reglamento n.o 883/2004 establece que se entiende por:

8.

El artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Totalización de los períodos», dispone:

–

la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las prestaciones,

–

la admisión a una legislación, o

–

el acceso o la exención del seguro obligatorio, voluntario o facultativo continuado,

9.

El artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004  ( 12 ) establece:

10.

Según el considerando 2 de la Decisión n.o H6, de 16 de diciembre de 2010, relativa a la aplicación de determinados principios relacionados con la totalización de los períodos en virtud del artículo 6 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2011, C 45, p. 5) (en lo sucesivo, «Decisión n.o H6»):

11.

Los apartados 1 y 2 de la Decisión n.o H6 establecen lo siguiente:

B.

Derecho nacional

12.

En la resolución de remisión se menciona la Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [Ley de pensiones de jubilación y otras pensiones pagadas por la Tesorería de la Seguridad Social, de 17 de diciembre de 1998 (Dz. U. de 2018, posición 1270, en su versión modificada) (en lo sucesivo, «Ley de pensiones de jubilación»)]. En la resolución de remisión se indica que, con arreglo a la legislación polaca, la extensión máxima de los períodos de cotización no contributivos que pueden tenerse en cuenta para calcular el importe de la prestación es un tercio de los períodos de cotización cubiertos en Polonia.  ( 13 )

II.

Hechos y cuestión prejudicial

13.

La cuestión prejudicial planteada se refiere únicamente al cálculo de la prestación de jubilación en el caso de una persona asegurada que ha cubierto la mayor parte de sus períodos de seguro en un Estado miembro (los Países Bajos) distinto del Estado miembro competente (Polonia). No se plantea ninguna cuestión respecto a la adquisición de dichas prestaciones.

14.

Mediante resolución de 24 de febrero de 2014, el Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Warszawie (Instituto de la Seguridad Social, Delegación n.o 1, Varsovia; en lo sucesivo, «organismo de pensiones»  ( 14 )) reconoció a SC (la persona asegurada) una pensión de jubilación desde el 5 de noviembre de 2013, conforme a lo dispuesto en la Ley de pensiones de jubilación y en el Reglamento n.o 883/2004.

15.

El organismo de pensiones aplicó el siguiente método para determinar el derecho de la persona asegurada a la pensión de jubilación. En primer lugar, calculó la duración de los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia (104 meses). En segundo lugar, incluyó en los años cotizados los períodos de cotización no contributivos cubiertos en Polonia por una duración correspondiente a un tercio de los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia (34 meses); la fórmula prevista en la legislación polaca por el artículo 5, apartado 2, de la Ley de pensiones de jubilación. En tercer lugar, debido a que la persona asegurada no alcanzaba, en virtud de los períodos polacos, el período mínimo de cotización, a fin de reconocer el derecho a la jubilación, el organismo de pensiones incluyó en el período de cotización nacional de SC los períodos de cotización contributivos cubiertos en los Países Bajos (269 meses).

16.

El período de seguro así calculado (períodos de cotización contributivos nacionales + períodos de cotización no contributivos nacionales + períodos de cotización contributivos extranjeros) fue tomado en consideración a continuación para calcular el importe teórico de la prestación con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004. Sin embargo, el importe real de la prestación con arreglo a la mencionada disposición del Reglamento n.o 883/2004 se calculó en proporción a los 138 meses de los períodos de seguro cubiertos en Polonia (contributivos y no contributivos con el límite de un tercio de los períodos nacionales cotizados) respecto de los 407 meses de los períodos de seguro cubiertos en Polonia y en los Países Bajos en total. Sobre esa base se calculó que del importe teórico de la prestación en la cuantía de 974,78 eslotis polacos (PLN) debía pagarse a la persona asegurada una prestación del 33,9 % de esa cuantía, es decir, 335,81 PLN.

17.

La persona asegurada impugnó la resolución. En su recurso solicitaba, entre otras cuestiones, la inclusión en el cálculo de más períodos de cotización no contributivos cubiertos en Polonia, y alegó que el organismo de pensiones incurrió en error al no tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Tomaszewska.  ( 15 ) El Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) desestimó este recurso mediante sentencia de 19 de noviembre de 2015.

18.

La persona asegurada recurrió en apelación la sentencia pronunciada en primera instancia por el Sąd Okręgowy w Warszawie ante el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia). Se alegó que no se había interpretado correctamente el artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71, y que, con fundamento en la sentencia Tomaszewska, el límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos debía calcularse sobre la base de los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia y en los Países Bajos. Mediante sentencia de 9 de agosto de 2017, el Sąd Apelacyjny w Warszawie, que invocó la sentencia Tomaszewska, admitió las mencionadas alegaciones y modificó la sentencia recurrida.

19.

El organismo de pensiones interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente contra la sentencia del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia) en la medida en que ese órgano jurisdiccional obligó al referido organismo a incluir más períodos de cotización no contributivos de la persona asegurada cubiertos en Polonia para calcular la prestación con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004. El organismo de pensiones impugnó que se hubiese establecido que el límite del «tercio» no debía determinarse por referencia únicamente a los períodos de cotización contributivos polacos sino añadiendo también los períodos de cotización contributivos cubiertos en los Países Bajos. Es decir, el recurso se refiere únicamente al cálculo de la cuantía de la pensión.

20.

Conforme a la resolución de remisión, las alegaciones del organismo de pensiones y de la persona asegurada son fundamentalmente las siguientes.

21.

La persona asegurada está de acuerdo con la sentencia del Sąd Apelacyjny w Warszawie. Alegó que, para determinar la cuantía de la prestación que le corresponde percibir, el organismo de pensiones debía aplicar el artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71 como se interpreta en la sentencia Tomaszewska, y que el organismo de pensiones incurrió en error al tener en cuenta únicamente los períodos de cotización no contributivos que corresponden a un tercio de los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia. Con arreglo a la sentencia Tomaszewska, debería haber tenido en cuenta los períodos de cotización no contributivos que correspondían a un tercio de la suma de los períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia y en los Países Bajos.

22.

El organismo de pensiones alega, en primer lugar, que la interpretación del artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71 no resulta aplicable en el litigio principal, puesto que a fin de que la persona asegurada adquiera el derecho a la pensión basta con añadir a los períodos de seguro cubiertos en Polonia (tanto los períodos contributivos como los no contributivos que corresponden a un tercio de los períodos de cotización contributivos nacionales) los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro, en este caso, los Países Bajos. Según el organismo de pensiones, la sentencia Tomaszewska solamente resultará aplicable cuando, tras emplear ese método de cómputo de los períodos de cotización adoptado en el presente litigio, se desprenda que la persona asegurada no ha alcanzado los períodos de cotización mínimos para adquirir el derecho a una pensión. Sin embargo, en el litigio principal, la persona asegurada ya había alcanzado este umbral aplicando esta fórmula (véase el punto 15 de las presentes conclusiones). Solo si no se alcanza este umbral se podrán incluir en los períodos de cotización nacionales los períodos de cotización extranjeros y, de la suma de los períodos de seguro (nacionales y extranjeros), se podrá calcular la contribución máxima de los períodos de cotización nacionales no contributivos (un tercio de los períodos contributivos).

23.

En segundo lugar, la sentencia Tomaszewska se refiere a la interpretación del artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71 (que se corresponde con el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004) y no a la del artículo 52 del Reglamento n.o 883/2004. El organismo de pensiones entiende que la disposición por la que se rige el litigio principal es el artículo 52 del Reglamento n.o 883/2004.

24.

En tercer lugar, la aplicación de la interpretación del artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71 adoptada en la sentencia Tomaszewska llevaría a que los períodos de cotización no contributivos cubiertos en Polonia se tomarían en consideración por un importe superior al previsto en el Derecho polaco, lo que a su vez daría lugar, por un lado, a incrementar la contribución del sistema de seguridad social polaco a la prestación debida a la persona asegurada y, por otro, a reducir la contribución en la financiación de esta prestación del sistema de seguridad social de otro Estado miembro, en este caso, los Países Bajos, al que se abonaron las cotizaciones sociales durante un período mucho mayor que en favor del sistema polaco.

25.

En cuarto lugar, del apartado 2 de la Decisión n.o H6  ( 16 ) resulta que los períodos declarados por las instituciones de seguridad social de otros Estados miembros se computan sin cuestionar su valor, de modo que la institución de seguridad social polaca no puede ser obligada a tomar en consideración los períodos de cotización nacionales por un importe superior (a resultas de añadir los períodos extranjeros) de lo que resulta de la legislación nacional.

26.

Habida cuenta de tal discrepancia, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) planteó la siguiente cuestión prejudicial.

27.

Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia el organismo de pensiones, la República Checa, los Gobiernos húngaro y polaco y la Comisión Europea. No se ha celebrado vista oral.

III.

Respuesta a la cuestión prejudicial

A.

Observaciones preliminares

28.

En primer lugar, es importante señalar que el organismo de pensiones está en lo cierto al afirmar que el procedimiento principal se rige por el Reglamento n.o 883/2004 y no por el Reglamento n.o 1408/71, ya que el primero es la disposición aplicable ratione temporis.  ( 17 ) No obstante, esto no significa que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el marco del Reglamento n.o 1408/71 carezca de pertinencia en la resolución del procedimiento principal, ya que en el Reglamento n.o 883/2004 se incluyen las disposiciones que suceden al primero.  ( 18 )

29.

En segundo lugar, el procedimiento principal se rige por el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, puesto que dicha disposición se refiere al cálculo de la prestación de jubilación, en contraposición al artículo 6 del mismo Reglamento, que se refiere a su adquisición.

30.

En tercer lugar, carece de fundamento el argumento del organismo de pensiones en el que alega que la sentencia Tomaszewska  ( 19 ) no resulta aplicable al litigio principal debido a que no se plantea ninguna cuestión relativa a la adquisición por parte de la persona asegurada del derecho a pensión (véase el punto 22 de las presentes conclusiones). Como se expone más adelante (véanse los puntos 39 a 49), no cabe interpretar la sentencia Tomaszewska en el sentido de que limita el principio de totalización a la adquisición del derecho a pensión en virtud del Reglamento n.o 883/2004.  ( 20 )

31.

En cuarto lugar, los períodos no contributivos previstos en la legislación polaca y controvertidos en el litigio principal, equivalen a un «período de seguro», en el sentido de la definición prevista en el artículo 1, letra t), del Reglamento n.o 883/2004. Es pacífico que, en virtud del artículo 1, letra t), del Reglamento n.o 883/2004, los períodos no contributivos son equivalentes a un «período de seguro».  ( 21 ) Ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los Estados miembros siguen siendo competentes para definir los requisitos necesarios para la concesión de las prestaciones de seguridad social, aunque los hagan más rigurosos, siempre que los requisitos establecidos no impliquen ninguna discriminación manifiesta o encubierta entre los trabajadores de la Unión.  ( 22 )

32.

Es conveniente, en quinto lugar, recordar los siguientes principios generales que rigen el procedimiento principal, reiterados recientemente por el Tribunal de Justicia en su sentencia en el asunto Crespo Rey.  ( 23 )

33.

En sexto lugar, por lo que respecta a las alegaciones del organismo de pensiones que invocan la Decisión n.o H6 —que se mencionan en el punto 25 de las presentes conclusiones—, debe señalarse que esta Decisión interpreta el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004 y no su artículo 52. Por tal motivo, se hará referencia en las presentes conclusiones a la Decisión n.o H6 en la medida en que sea tangencial a las cuestiones planteadas en el litigio principal.  ( 25 )

34.

Al margen de los seis puntos expuestos, he llegado a la conclusión de que de entre las tres que plantea el órgano jurisdiccional remitente la opción b) es la que se ajusta al Derecho de la Unión, como sostiene en sus observaciones escritas el Gobierno húngaro. Lo hago teniendo como telón de fondo el siguiente principio general que ha sido desarrollado —entre otros ejemplos— por el Abogado General Mazák en las conclusiones presentadas en el asunto Bergström.  ( 26 )

35.

Como se ha observado en un comentario de la doctrina, el «principio de la totalización de los períodos de seguro es uno de los logros más antiguos del Derecho Internacional en materia de seguridad social», y aparecía en el Convenio n.o 48 de la Organización Internacional del Trabajo de 1935.  ( 28 ) Sin embargo, la opción c) de la resolución de remisión es contraria a este principio, por lo que no es posible aceptarla.

36.

La razón para ello es que la consecuencia lógica de la opción c) es excluir por completo el principio de totalización del cálculo del límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos, con lo que se excluiría también este elemento de la prestación de la persona asegurada, ya que, con arreglo a esta opción c), los períodos de cotización del Estado miembro de acogida, cubiertos, en este caso, en los Países Bajos, no se tendrían en cuenta en ningún momento en dicho cálculo; tampoco en la fase del cálculo del importe teórico de la pensión de la persona asegurada con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004, ni en el cálculo de su importe real con arreglo al inciso ii) de esa misma disposición. Esto sería incompatible con el carácter fundamental que el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004 otorga al principio de totalización en el funcionamiento de dicho Reglamento.

37.

Además, con arreglo a la opción c), la normativa polaca que impone el límite de un tercio de los períodos de cotización no contributivos infringe el principio de igualdad de trato por razón de la nacionalidad previsto en el artículo 4 del Reglamento n.o 883/2004, ya que, en la práctica, afectaría negativamente a la gran mayoría de las personas aseguradas que ejercen su derecho a la libre circulación. Debe rechazarse la alegación del organismo de pensiones según la cual la aplicabilidad de las normas polacas sobre el cálculo de los períodos de cotización no contributivos a trabajadores migrantes y no migrantes por igual hace que dichas normas sean conformes con el Derecho de la Unión. El motivo es que, de excluirse por completo la regla de totalización, el límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos se cumpliría más fácilmente en el caso de los trabajadores nacionales polacos que en el de los trabajadores migrantes que ejercen derechos de libre circulación, pudiendo por ello perjudicar de manera particular a estos últimos.  ( 29 ) Tal situación requeriría una justificación en la medida en que persiga un objetivo de interés general, y siempre que la exclusión polaca de los períodos de cotización cubiertos en otros Estados miembros, a efectos de determinar el importe del límite de un tercio de los períodos no cotizados, resultase adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no fuese más allá de lo necesario para alcanzarlo.  ( 30 )

38.

Por lo tanto, lo que debe examinarse a este respecto es si el Derecho de la Unión exige al organismo de pensiones tomar en consideración los 269 meses de períodos de cotización del Estado miembro de acogida cubiertos en los Países Bajos, además de los 104 meses de períodos de cotización contributivos cubiertos en Polonia, al calcular el límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos que impone el Derecho polaco. ¿Debe, con arreglo al Derecho de la Unión y, en concreto, al artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, determinarse la cuantía de dicho límite por referencia a los períodos de cotización cubiertos en Polonia únicamente, como sostienen el organismo de pensiones y el Gobierno polaco, o debe referenciarse a los períodos de cotización completados tanto en Polonia como en los Países Bajos sumados, como alegan la Comisión Europea, la República Checa y, hasta cierto punto, el Gobierno húngaro?

B.

Alcance de la sentencia Tomaszewska

39.

Una de las principales discrepancias entre las partes estriba en el alcance de la sentencia Tomaszewska de 3 de marzo de 2011.  ( 31 ) ¿Se limitaba la aplicación del principio de totalización en dicho asunto a las decisiones relativas a la adquisición de la pensión, como alegan el organismo de pensiones, el Gobierno polaco y el Gobierno húngaro, o alcanza el principio de totalización al cálculo de dichas prestaciones, como sostienen la Comisión y la República Checa?

40.

Aunque la sentencia Tomaszewska no ofrece una respuesta clara a esta cuestión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no respalda la limitación del principio de totalización a la adquisición del derecho a pensión, ni tampoco lo hacen el tenor del Reglamento n.o 883/2004, su finalidad o el Derecho primario de la Unión.

41.

En la sentencia Tomaszewska, la recurrente no había acreditado que hubiera cubierto en Polonia el período de cotización mínimo obligatorio de 30 años previsto en la legislación del Estado miembro, motivo por el que el litigio entre la recurrente y el organismo de pensiones se refería a la adquisición del derecho a la pensión de jubilación, comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71 (cuya disposición equivalente es el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004), y no al cálculo del importe de las prestaciones que se establece en el artículo 46 del Reglamento n.o 1408/71, la disposición precursora del artículo 52 del Reglamento n.o 883/2004.  ( 32 )

42.

El Tribunal de Justicia recordó en la sentencia Tomaszewska que los Estados miembros siguen siendo competentes para definir los requisitos necesarios para la concesión de las prestaciones de seguridad social, aunque los hagan más rigurosos, siempre que los requisitos establecidos no impliquen ninguna discriminación manifiesta o encubierta entre los trabajadores de la Unión.  ( 33 ) El Tribunal declaró que el sistema establecido por el Reglamento n.o 1408/71 constituía únicamente un sistema de coordinación y no de armonización, que determinaba cuál o cuáles serán las legislaciones aplicables en materia de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia que ejercitan su derecho a la libre circulación.  ( 34 )

43.

El Tribunal de Justicia señaló que era inherente a ese sistema que los requisitos a los que se sujeta la constitución de los períodos de empleo o de seguro difieran según el Estado miembro en el que el trabajador afectado ejerció su actividad. Estos requisitos, de conformidad con el artículo 1, letra r), del Reglamento n.o 1408/71 [actual artículo 1, letra t), del Reglamento n.o 883/2004] se definen exclusivamente por la legislación del Estado miembro con arreglo a la cual hayan sido cubiertos los períodos de que se trate.  ( 35 ) Señaló además que, sin embargo, al fijar esos requisitos, «los Estados miembros están obligados a respetar el derecho de la Unión y, en particular, el objetivo perseguido por el Reglamento n.o 1408/71 y los principios sobre los que este se basa».  ( 36 ) La finalidad del Reglamento n.o 1408/71 es, como se afirma en sus considerandos segundo y cuarto, garantizar la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia dentro de la Unión, respetando las características propias de las legislaciones nacionales de seguridad social.  ( 37 )

44.

El Tribunal de Justicia declaró a continuación en la sentencia Tomaszewska que el Reglamento n.o 1408/71, en particular, sus considerandos quinto, sexto y décimo «establece el principio de la igualdad de trato bajo las distintas legislaciones nacionales y pretende garantizar lo mejor posible la igualdad de trato de todos los trabajadores que desarrollan sus actividades en el territorio de un Estado miembro, así como no penalizar a aquellos que ejerciten su derecho a la libre circulación».  ( 38 )

45.

Al reiterar, en varias ocasiones, que el procedimiento principal se refería únicamente a la adquisición del derecho a la pensión de jubilación,  ( 39 ) el Tribunal de Justicia formuló la siguiente conclusión más general respecto al principio de totalización.

46.

El Tribunal de Justicia señaló que el artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71, la disposición controvertida en el asunto Tomaszewska, constituía un ejemplo de norma en la que se desarrolla el principio de la totalización de los períodos de seguro, de residencia o de empleo, establecido en el artículo 42 CE, letra a).  ( 41 )

47.

Aunque pueda considerarse que la sentencia Tomaszewska no resulta decisiva en cuanto a la cuestión de la aplicación del principio de totalización al cálculo de las prestaciones de la seguridad social, la jurisprudencia más general del Tribunal de Justicia es más clara. La sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Dumont de Chassart,  ( 42 ) no deja lugar a dudas en cuanto a la pertinencia del principio de totalización para el cálculo de las prestaciones. El Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:

48.

Además, el papel fundamental del principio de totalización en el cálculo de las prestaciones de seguridad social se refleja en el artículo 48 TFUE, letra a) (punto 5 de las presentes conclusiones). En efecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que «el artículo 48 TFUE […] establece que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptarán en materia de seguridad social, “las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores”, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes la “acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales”. Dicho sistema de totalización de períodos fue instaurado primero por el Reglamento n.o 1408/71 y con posterioridad por el Reglamento n.o 883/2004».  ( 43 ) La importancia de la totalización se refleja también en el considerando 14 del Reglamento n.o 883/2004 (punto 6 de las presentes conclusiones), que se refiere específicamente a la importancia de la totalización en «la adquisición y la conservación del derecho a prestaciones y del cálculo de estas». A ello puede añadirse el considerando 2 de la Decisión n.o H6. Como ya se ha indicado en el punto 10 de las presentes conclusiones, en él se afirma que la totalización se tiene en cuenta «para aumentar su cuantía».

49.

En consecuencia, deben rechazarse las alegaciones formuladas en sus observaciones escritas por el Gobierno polaco, el organismo de pensiones y el Gobierno húngaro en el sentido de que la sentencia Tomaszewska carece de pertinencia para la interpretación del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en la medida en que en esa sentencia se recoge una formulación amplia del principio de totalización. En efecto, las observaciones escritas de la Comisión están más acertadas cuando reconocen la pertinencia indirecta de la sentencia Tomaszewska para el procedimiento principal.  ( 44 )

C.

Justificación de la elección de la opción b) planteada por el órgano jurisdiccional remitente

50.

Siendo así ¿por qué se ha llegado aquí a la conclusión, tal y como argumenta el Gobierno húngaro, de que es la segunda opción (b) y no la primera (a) sugerida por el órgano jurisdiccional remitente la clave para resolver el litigio en el procedimiento principal, habida cuenta de la importancia primordial del principio que establece que las personas aseguradas que han ejercido el derecho a la libre circulación no deben verse privadas de las ventajas de seguridad social a las que habrían tenido derecho si hubieran permanecido toda su vida laboral en un solo Estado miembro?  ( 45 )

51.

Es importante destacar que el Reglamento n.o 883/2004, al igual que su antecesor, el Reglamento n.o 1408/71, no establece un sistema común de seguridad social, sino que permite la existencia de los distintos sistemas nacionales de seguridad social. Su objetivo es garantizar la coordinación de tales sistemas.  ( 46 ) Como señaló el Abogado General Jääskinen, «el hecho de que el ejercicio de la libertad de circulación pueda no conllevar un efecto neutro en este ámbito, a saber, que sea más o menos ventajoso o incluso perjudicial según los casos, resulta directamente de que se haya mantenido la diferencia existente entre las legislaciones de los Estados miembros».  ( 47 )

52.

Más concretamente, se escoge la opción b) planteada por el órgano jurisdiccional remitente sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos en el marco de la disposición predecesora del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, es decir, el artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71; del tenor de los incisos i) y ii) del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004, de las finalidades y objetivos respectivos de estas dos últimas disposiciones, y de su contexto.  ( 48 )

53.

Como expuso el Abogado General Jacobs en las conclusiones presentadas en el asunto Koschitzki,  ( 49 ) el cálculo del importe teórico a efectos del artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1408/71, actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004, es, en realidad, un supuesto de totalización. El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71 y, por tanto, el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 «deben interpretarse a la luz del objetivo fijado por el artículo 48 TFUE, que implica concretamente que los trabajadores migrantes no deben sufrir una reducción de la cuantía de las prestaciones de seguridad social por el hecho de haber ejercitado su derecho a la libre circulación».  ( 50 ) Es decir, la cuantía teórica «debe calcularse como si el asegurado hubiera ejercido toda su actividad profesional exclusivamente en el Estado miembro de que se trata».  ( 51 ) Esto significa, por lo que respecta al litigio principal, que deben tenerse en cuenta los períodos de cotización contributivos cubiertos en los Países Bajos, junto con los cubiertos en Polonia, al calcular el límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos a efectos de determinar la cuantía teórica con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004.

54.

El artículo 52, apartado 1, letra b), refleja una opción legislativa que entra en juego cuando, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, para que una persona asegurada tenga derecho a las prestaciones, es preciso tener en cuenta los períodos de seguro cumplidos en otro Estado miembro,  ( 52 ) lo cual ocurre en el litigio principal (véase el punto 15 de las presentes conclusiones). Como ya se ha señalado, la primera fase del proceso, es decir, el cálculo del importe teórico de la prestación con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004, es la totalización. La segunda fase, prevista en el inciso ii) de la misma disposición, es el cálculo de la prestación prorrateada, que se denomina prorrateo.  ( 53 ) El objetivo del ejercicio de totalización y prorrateo es garantizar que la prestación devengada refleje la duración del período de tiempo que la persona asegurada haya estado trabajando en el Estado miembro que paga esa parte de la pensión.  ( 54 ) Como señala el organismo de pensiones en sus observaciones escritas, cada Estado miembro paga a prorrata el importe de la pensión de jubilación que se haya cubierto con arreglo a su legislación (el subrayado es mío). Por tanto, los Estados miembros sufragan únicamente los períodos de seguro cubiertos en su territorio, y no los cubiertos en otros Estados miembros. Tal como se alega en las observaciones escritas del Gobierno polaco, la cuantía de la prestación abonada debe reflejar, de forma realista, el importe de las aportaciones satisfechas a efectos de la pensión, y los períodos de seguro cubiertos en su propio Estado miembro.

55.

Como señaló el Abogado General Fennelly, el importe efectivo de la prestación es la proporción de la cuantía teórica correspondiente a la proporción del período de seguro o de residencia total del jubilado efectivamente cubierto en el Estado miembro en cuestión.  ( 55 ) Con arreglo a la regla prevista actualmente en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004, el importe real de la pensión se establece sobre la base del importe teórico en proporción entre la duración de los períodos de seguro cumplidos en el Estado miembro en cuestión y la duración total de los períodos de seguro cumplidos en todos los Estados miembros.

56.

La jurisprudencia, en general, maximiza los componentes que deben tenerse en cuenta en el cálculo del importe teórico,  ( 56 ) y que define como un medio para garantizar que los trabajadores no pierdan ventajas de seguridad social como consecuencia del ejercicio de los derechos de libre circulación. Es jurisprudencia consolidada que «por lo que respecta a la cuantía teórica, de las disposiciones de la letra a) del apartado 2 del artículo 46 [del Reglamento n.o 1408/71] se deduce expresamente que la misma debe calcularse como si la persona asegurada hubiera ejercido toda su actividad profesional exclusivamente en el Estado miembro de que se trata».  ( 57 )

57.

Sin embargo, la finalidad del artículo 46, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1408/71 y, por tanto, del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004 es diferente. El Tribunal de Justicia ha declarado, en cuanto a la finalidad:

58.

La finalidad del cálculo del prorrateo es preservar el equilibrio de la carga de las prestaciones entre los Estados miembros.  ( 59 ) Tal y como se señala en una de las principales obras doctrinales en esta materia «lo contrario del principio de totalización es el principio de prorrateo. Según este principio, cada institución competente está obligada a pagar solo una parte de la prestación en relación con los períodos pertinentes cumplidos con arreglo a su legislación nacional en materia de seguridad social (véase, a modo de ejemplo, el artículo 52 del Reglamento n.o 883/2004)».  ( 60 )

59.

Por lo tanto, no pueden aceptarse las alegaciones de la Comisión según las cuales la aplicación de este método penaliza a las personas aseguradas que han ejercido sus derechos a la libre circulación, tal y como reconoce la jurisprudencia. Dichas alegaciones prescinden de esta distinción clave entre los incisos i) y ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 52 del Reglamento n.o 883/2004.

60.

Por ejemplo, la Comisión se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Zaniewicz-Dybeck  ( 61 ) para sustentar su planteamiento, aunque esta sentencia solo es pertinente para el litigio principal en la medida en que aclara que el principio de totalización se aplica al cálculo de la cuantía teórica; sin embargo, el Tribunal de Justicia no lo hace extensivo al importe real.

61.

La Comisión, en sus observaciones escritas, también invoca la sentencia pronunciada en el asunto Barreira Pérez,  ( 63 ) para la inclusión de los períodos de cotización no contributivos calculados por referencia a los períodos de cotización contributivos de los Países Bajos y de Polonia sumados, a efectos del cálculo tanto del importe teórico previsto en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004 como del importe real previsto en el inciso ii) de la misma disposición. En aquel asunto, la persona asegurada, de nacionalidad española, que había trabajado en España y en Alemania, solicitó una pensión a las autoridades españolas mediante la totalización de los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación alemana y a la española, dado que no tenía derecho a una pensión sobre la base únicamente de esta última.

62.

Con arreglo al artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1408/71, la autoridad competente española calculó la cuantía teórica de la prestación añadiendo el número de días de cotización real cumplidos tanto en España como en Alemania y, a continuación, los días de «cotización ficticia» atribuidos al interesado conforme a la legislación española en razón de su edad en virtud de una disposición transitoria de una orden ministerial.  ( 64 ) En cambio, la cotización ficticia no se tuvo en cuenta en el cálculo de la prestación prorrateada, o importe real, según lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1408/71.

63.

El Tribunal de Justicia, tras señalar en el apartado 25 de su sentencia que las cotizaciones ficticias «se añaden a los períodos de seguro real para el cálculo del importe de la pensión», de modo que correspondiesen a «períodos de seguro en el sentido del artículo 1, letra r), del Reglamento n.o 1408/71»,  ( 65 ) examinó si la cotización ficticia debía tenerse en cuenta en el cálculo del importe prorrateado de la pensión.

64.

Pese a que el Gobierno español alegó que dar una respuesta afirmativa a esa cuestión podía «suponer un grave desequilibrio económico y transformar el régimen de seguridad social español en un polo de atracción para quienes busquen obtener un notable aumento de su pensión»,  ( 66 ) el Tribunal de Justicia declaró que las cotizaciones ficticias se habían cumplido antes —y no después— de la fecha del hecho causante (la edad de jubilación) conforme al artículo 46, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1408/71.  ( 67 ) Por tal motivo, todos los períodos de cotización ficticia debían incluirse en el cálculo del importe real prorrateado de la prestación,  ( 68 ) además de que una interpretación en sentido contrario perjudicaría al trabajador que hubiera ejercido sus derechos de libre circulación.  ( 69 )

65.

A este respecto, cabe hacer las siguientes observaciones.

66.

En primer lugar, la sentencia Barreira Pérez parece anómala en el sentido de que la distinción entre la totalización, que aparece recogida actualmente en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004, y el prorrateo, previsto en el inciso ii) de esa misma disposición, no fue un elemento esencial de la motivación del Tribunal de Justicia. Como ya se ha explicado, esta distinción se estableció en la jurisprudencia fundacional del Tribunal de Justicia sobre el cálculo de las prestaciones de seguridad social en virtud del Reglamento n.o 1408/71, la norma que antecede al Reglamento n.o 883/2004.  ( 70 ) En cambio, en la sentencia Barreira Pérez se centró en el hecho de que las cotizaciones correspondientes se completaron antes, y no después, de la fecha del hecho causante. Por consiguiente, la sentencia Barreira Pérez debe interpretarse de forma restrictiva y teniendo en cuenta que el Reglamento n.o 883/2004 es una medida de coordinación y no de armonización. Como se señala en las observaciones escritas del organismo de pensiones, en virtud del Derecho de la Unión, en su estado actual, no existe un principio de solidaridad supranacional unificado en materia de seguridad social.

67.

En segundo lugar, y quizá lo más importante, el asunto Barreira Pérez se refería a una situación sencilla en la que la legislación española, siendo España el Estado miembro en cuestión en ese asunto, añadía cotizaciones ficticias por referencia a la edad de la persona que solicitaba una pensión española. Por tanto, la orden ministerial que establecía las cotizaciones ficticias estaba comprendida en el ámbito de aplicación de la expresión «de acuerdo con la legislación que esta aplica» del artículo 46, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1408/71 [actualmente, «de acuerdo con la legislación que la institución aplique», que recoge el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004]. El asunto Barreira Pérez no se refería a una persona asegurada que solicitase interpretar la legislación española para incluir los períodos de seguro realizados fuera de España a efectos del cálculo previsto en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii).

68.

Sin embargo, los períodos de cotización no contributivos controvertidos en el litigio principal no están comprendidos en la expresión «de acuerdo con la legislación que la institución aplique» del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), puesto que la legislación polaca permite únicamente los períodos de cotización no contributivos hasta el límite de los períodos de cotización contributivos cumplidos en Polonia. Es importante reiterar que, como expuso el Abogado General Jacobs en las conclusiones presentadas en el asunto Stinco Panfilo,  ( 71 ) la fase de prorrateo está concebida para distribuir, de manera equitativa, la responsabilidad entre los Estados miembros en función de la duración de las cotizaciones, de modo que el pago refleje el período que la persona asegurada estuvo trabajando en el Estado miembro competente. En efecto, este equilibrio se vería alterado, en los hechos que se plantean en el litigio principal, si la ampliación, un tanto artificial, de los períodos de cotización no contributivos polacos, que era necesaria para el cálculo del importe teórico a fin de compensar las desventajas ocasionadas a la persona asegurada que ejerce derechos de libre circulación en los Países Bajos, se extendiera a la fase de prorrateo y de cálculo del importe real a prorrata en virtud del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004. Debe recordarse que la mayor parte de los períodos de cotización contributivos se completaron en los Países Bajos (véase el punto 13 de las presentes conclusiones), por lo que, en el litigio principal, tal distorsión sería considerable si se incluyesen en la fase de prorrateo a fin de determinar el importe de los períodos de cotización no contributivos que deben computarse.

69.

En tercer lugar, sustituir los períodos de cotización cubiertos en Polonia por los períodos de cotización completados en Polonia y en los Países Bajos al referenciar el límite máximo de los períodos de cotización no contributivos de para el cálculo previsto en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004, pero no respecto al previsto en su artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), es del todo coherente si se tiene presente que la finalidad de uno y otro precepto son en gran medida divergentes. La expresión «de acuerdo con la legislación que dicha institución aplique» del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i) debe interpretarse a la luz del objetivo del cálculo del importe teórico; esto es, que las personas aseguradas no deben sufrir una reducción de la cuantía de sus prestaciones de seguridad social por haber hecho uso de su derecho a la libre circulación.  ( 72 )

70.

Sin embargo, como ya se ha explicado, la finalidad del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004 es garantizar un reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, basado en la duración de las cotizaciones en cada uno de ellos. Habida cuenta de tal objetivo, la expresión «de acuerdo con la legislación que la institución aplique» exige una interpretación literal. En otras palabras, la expresión «de acuerdo con la legislación que la institución aplique» tiene un contexto diferente en una y otra disposición.  ( 73 ) La interpretación literal de la expresión excluye los períodos de cotización del Estado miembro de acogida del cálculo que establece el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004 en lo que respecta al límite del tercio de los períodos de cotización no contributivos que establece la legislación polaca, si se tiene en cuenta su contexto y su finalidad.

71.

No puede aceptarse la alegación del Gobierno checo en el sentido de que el Derecho de la Unión se opone a que se tenga en cuenta una duración diferente de los períodos de seguro para el cálculo del importe teórico de una pensión con respecto al importe real. Disiento asimismo del argumento de la Comisión en el sentido de que la ficción jurídica que se refleja en el cálculo del importe teórico existe igualmente en el cálculo a prorrata del número total de períodos de seguro pertinentes en todos los Estados miembros de que se trate. Al contrario de lo que sostiene la Comisión, la sentencia Menzies  ( 74 ) no se limita a las circunstancias específicas de aquel asunto.  ( 75 )

72.

Por último, y en aras de la exhaustividad, aun cuando el cálculo que se indica en las presentes conclusiones restringiese los derechos de libre circulación de la persona asegurada que consagra el artículo 45 TFUE,  ( 76 ) estaría justificado en virtud del principio de solidaridad social, que implica el objetivo de conexión con la sociedad polaca, y no parecería ir más allá de lo necesario para lograr ese fin, como alega el organismo de pensiones en sus observaciones escritas.  ( 77 )

73.

Así pues, el cálculo indicado en los puntos 15 y 16 de las presentes conclusiones y que llevó a cabo el organismo de pensiones no refleja los requisitos de los incisos i) y ii) del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004 en cuanto a lo siguiente.

74.

El importe teórico no debe calcularse por referencia a los períodos de cotización contributivos nacionales (104) + los períodos de cotización no contributivos nacionales (34) + los períodos de cotización contributivos extranjeros (269), sino por referencia al cálculo que maximiza el importe teórico (de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia), a saber, los períodos de cotización contributivos nacionales (104) + los períodos de cotización contributivos extranjeros (269) + los períodos de cotización no contributivos nacionales (124, que representa un tercio de ambas cifras sumadas). Esta formulación asciende a 497 meses de cotizaciones nacionales y es, en efecto, la que se recoge en la opción b) del órgano jurisdiccional remitente.

75.

No obstante, el organismo de pensiones calculó correctamente el importe real (véase el punto 16 de las presentes conclusiones). El importe real de la prestación se calculó a prorrata de 138 meses de períodos de seguro polacos (104 meses de períodos de cotización contributivos polacos más 34 meses de períodos de cotización no contributivos limitados a un tercio de los períodos de cotización contributivos nacionales sobre un total de 407 meses de seguro en Polonia y los Países Bajos).

IV.

Conclusión

76.

En consecuencia, propongo la siguiente respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia):