COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 17.6.2026
COM(2026) 277 final
ANEXO
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
en el que se evalúa en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
{SWD(2026) 148 final}
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
en el que se evalúa en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
1INTRODUCCIÓN
La Directiva 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (en lo sucesivo, «la Directiva»), entró en vigor el 2 de diciembre de 2018. Los veinticinco Estados miembros de la UE
vinculados por la Directiva (es decir, todos excepto Dinamarca e Irlanda) debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ella a más tardar el 3 de diciembre de 2020.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero, de la Directiva, en este informe se evalúa en qué medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir dicha Directiva. El presente informe se presenta como anexo al informe a que se refiere el artículo 14, párrafo segundo, de la Directiva, en el que se evalúa el valor añadido de esta.
Este análisis se basa en la información facilitada por los Estados miembros a la Comisión Europea hasta el 20 de octubre de 2025, así como en un estudio externo.
La Directiva establece definiciones comunes de los delitos y las sanciones en todos los Estados miembros de la UE destinadas a luchar contra el blanqueo de capitales con el fin de facilitar la cooperación policial y judicial e impedir que los delincuentes se aprovechen de los sistemas nacionales menos estrictos. Dado que el blanqueo del producto de las actividades ilícitas constituye un factor esencial de la delincuencia organizada, la Directiva contribuye a debilitar la base financiera de las redes delictivas y apoya los esfuerzos para desmantelarlas. Exige a los Estados miembros que tipifiquen como delitos, cuando se cometan de manera intencionada, la conversión o la transmisión de bienes a sabiendas de que provienen de una actividad delictiva, la ocultación o el encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, movimiento o propiedad de dichos bienes, y la adquisición, posesión o utilización de dichos bienes. La Directiva también permite a los Estados miembros ampliar el delito de blanqueo de capitales a los casos en que el autor del delito «sospechara o debiera haber sabido» que los bienes provenían de una actividad delictiva. Obliga a los Estados miembros a introducir circunstancias agravantes (por ejemplo, la participación de una organización delictiva o el blanqueo a través de actividades profesionales) y exige que las penas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluida una pena de privación de libertad cuya duración máxima no sea inferior a cuatro años y, en su caso, medidas relativas a la responsabilidad de las entidades jurídicas. Contiene normas sobre las jurisdicciones y la obligación de embargar y decomisar los instrumentos y el producto del delito y obliga a los Estados miembros a garantizar la existencia de herramientas de investigación eficaces para la persecución del blanqueo de capitales.
El informe indica que los Estados miembros han realizado esfuerzos considerables para garantizar la armonización de las legislaciones nacionales con las disposiciones de la Directiva con algunas incoherencias y lagunas aparentes por parte de un número limitado de Estados miembros.
Más allá del análisis proporcionado por el presente informe sobre la base de la información puesta a disposición de la Comisión hasta la fecha, puede haber otras dificultades en la transposición y otras disposiciones no comunicadas a la Comisión o nuevos avances legislativos y no legislativos que afecten a dicha transposición. Por consiguiente, el presente informe no debe impedir a la Comisión seguir evaluando la transposición y la aplicación de la Directiva en los Estados miembros.
2 CUMPLIMIENTO DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DESGLOSADO POR DISPOSICIONES
En este capítulo se examina la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros al Derecho nacional y se evalúa artículo por artículo la exhaustividad y la conformidad de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales con los requisitos de la Directiva.
Artículo 2 — Definiciones (incluidos los delitos subyacentes)
El artículo 2 contiene tres definiciones. El artículo 2, punto 1, define «actividad delictiva» como cualquier delito que lleve aparejada una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a año o, cuando no se prevea una pena máxima, cualquier delito que lleve aparejada una pena privativa de libertad de duración mínima superior a seis meses. Los delitos constitutivos de actividad delictiva se considerarán delitos subyacentes a efectos del blanqueo de capitales, es decir, los Estados miembros tipificarán como delito, como mínimo, el blanqueo de los bienes provenientes de estos delitos.
Además, independientemente de los umbrales de pena, los Estados miembros están obligados, en cualquier caso, a incluir una serie de delitos en cada una de las veintidós categorías enumeradas en el artículo 2, punto 1 (entre ellos, los delitos armonizados a escala de la UE).
La gran mayoría de los Estados miembros vinculados por la Directiva han ido más allá de ella al adoptar el denominado «enfoque que abarca todos los delitos», según el cual cualquier delito puede constituir un delito subyacente a efectos del blanqueo de capitales. Cinco Estados miembros (Austria, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal) designan categorías específicas de delitos que pueden representar delitos subyacentes a efectos del blanqueo de capitales.
Todos los Estados miembros han transpuesto correctamente la definición de actividad delictiva establecida en el artículo 2, apartado 1.
El artículo 2, apartado 2, establece una definición amplia de «bienes» que pueden constituir un objeto adecuado de un delito de blanqueo de capitales. A este respecto se define «bienes» como los activos de cualquier tipo, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos. Aunque los Estados miembros no han transpuesto de manera específica el término «bienes» en su legislación contra el blanqueo de capitales, a menudo prevén definiciones en otros textos jurídicos, que también se utilizan para definir los objetos de este delito, lo que garantiza el cumplimiento de la disposición.
Si bien veintitrés Estados miembros han transpuesto la definición de «bienes» establecida en el artículo 2, punto 2, parece que la legislación de Alemania y Austria no considera los gastos ahorrados (como los impuestos retenidos a través de la comisión de un delito fiscal) como bienes que pueden ser objeto del blanqueo. En concreto, el artículo 165, apartado 6, del Código Penal austriaco excluye del ámbito de aplicación del blanqueo de capitales los meros ahorros, como las pérdidas no realizadas que no se han producido, las condonaciones de deudas o los gastos y cargos evitados. Esto impide que las autoridades austriacas tipifiquen como delito de blanqueo de capitales el dinero ahorrado mediante la evasión fiscal y posteriormente objeto del blanqueo. En la antigua versión del artículo 261, apartado 5, del Código Penal alemán, los gastos ahorrados a través de la evasión fiscal se incluían de manera explícita en el ámbito de aplicación del blanqueo de capitales. Con una reforma en 2021, este apartado se suprimió, por lo que estos gastos ahorrados quedaron excluidos del ámbito de aplicación. Por lo tanto, ambas jurisdicciones parecen considerar que solo los bienes que representan un incremento positivo del patrimonio de una persona —por ejemplo, el dinero obtenido mediante un delito de tráfico de drogas o una deducción fiscal— pueden ser objeto de un delito de blanqueo. No obstante, la amplia definición de «bienes» que figura en la Directiva abarca todo tipo de bienes, incluidos los gastos ahorrados, aunque no se mencionen explícitamente.
El artículo 2, punto 3 define «persona jurídica» como cualquier entidad que tenga personalidad jurídica conforme al Derecho aplicable, con excepción de los Estados u otros organismos públicos en el ejercicio de su potestad pública y de las organizaciones internacionales públicas. De manera similar al término «bienes», muchos Estados miembros definen el término «persona jurídica» en otros actos legislativos, que también se aplican a los delitos de blanqueo de capitales. Esto es conforme con la Directiva.
Artículo 3. Delitos de blanqueo de capitales
El artículo 3, apartado 1, exige a los Estados miembros tipificar como delito a) la conversión o la transmisión de bienes, b) la ocultación o el encubrimiento de diversas características de los bienes, y c) la adquisición, posesión o utilización de bienes, en la medida en que el autor de dichos actos sepa que dichos bienes provienen de una actividad delictiva.
Los Estados miembros han transpuesto esta disposición de diferentes maneras. Siete Estados miembros (Bulgaria, Chequia, Finlandia, Grecia, Hungría, Polonia y Rumanía) han transpuesto el elemento del dolo de manera indirecta, sobre la base de principios generales del Derecho penal que establecen que un delito solo se tipifica si está presente dicho elemento. Los demás Estados miembros han incluido explícitamente este elemento en las disposiciones nacionales que tipifican como delito el blanqueo de capitales.
El artículo 3, apartado 2, ofrece a los Estados miembros la opción de seguir castigando como delito el blanqueo de capitales cuando el autor no supiera, pero sospechara o debiera haber sabido, que los bienes provenían de una actividad delictiva (blanqueo de capitales por negligencia). Quince Estados miembros hicieron uso de esta opción y tipificaron como delito el blanqueo de capitales por negligencia.
Dado que la complejidad de los sistemas de blanqueo de capitales dificulta la demostración del delito subyacente, la Directiva también pretende eliminar los obstáculos prácticos y jurídicos que impiden el enjuiciamiento del blanqueo de capitales como delito autónomo. Para ello, obliga a los Estados miembros a permitir el enjuiciamiento y la condena por blanqueo de capitales sin exigir una condena por el delito subyacente [artículo 3, apartado 3, letra a)], y sin exigir a las autoridades que demuestren todos los elementos de dicho delito (que podrían incluir la identidad del autor de la actividad delictiva de la que provienen los bienes) [artículo 3, apartado 3, letra b)]. Esto se denomina en lo sucesivo «blanqueo de capitales autónomo».
Dieciséis Estados miembros no han transpuesto la disposición de manera explícita, sino mediante una «transposición implícita», es decir, no han mencionado de forma expresa en su legislación nacional contra el blanqueo de capitales que deben cumplirse condiciones como una condena previa o simultánea por el delito subyacente o la determinación de todos los hechos y circunstancias de dicho delito.
La Comisión observa que el umbral para demostrar el origen ilícito de los bienes ante los órganos jurisdiccionales difiere considerablemente entre los Estados miembros.
En catorce Estados miembros no es necesario especificar el tipo del delito subyacente a la hora de demostrar el origen ilícito de los bienes. Por el contrario, basta con demostrar que los bienes objeto del blanqueo provienen de una actividad delictiva que se ha cometido, lo que facilita en buena medida el enjuiciamiento del blanqueo de capitales.
Sin embargo, los órganos jurisdiccionales de varios Estados miembros siguen imponiendo normas estrictas para demostrar la existencia de un delito subyacente. Diez Estados miembros siguen exigiendo a las autoridades que identifiquen la categoría de delito a la que pertenece el delito subyacente (por ejemplo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, fraude, etc.). Entre ellos, dos Estados miembros (Bulgaria y Polonia) exigen un umbral de prueba especialmente elevado en relación con el delito subyacente. Bulgaria sigue exigiendo que se demuestre el tipo de delito, así como el momento y el lugar en el que se ha cometido. En Polonia, la jurisprudencia exige que se establezca que determinados bienes provienen de un delito subyacente concreto de manera suficientemente específica.
Como también se indica en el informe de evaluación, el tenor de la Directiva es muy amplio, lo que permite dicha transposición. La Directiva exige que sea posible una condena por blanqueo de capitales «sin que sea necesario establecer todos los elementos fácticos o todas las circunstancias» del delito subyacente; sin embargo, tal formulación implica que la legislación puede seguir obligando a las autoridades a demostrar todos los elementos del delito subyacente, salvo uno.
Teniendo en cuenta este amplio margen que la Directiva prevé para los Estados miembros, en lo que respecta al artículo 3, apartado 3, letras a) y b), no se ha detectado ningún caso de incumplimiento.
Todos los Estados miembros han transpuesto de manera conforme la disposición según la cual los delitos de blanqueo de capitales se extienden a los bienes provenientes de una conducta que haya tenido lugar en otro Estado miembro o en un tercer país, cuando dicha conducta hubiera constituido un delito subyacente en caso de que se hubiera producido en el territorio nacional [artículo 3, apartado 3, letra c)].
Por razones de proporcionalidad, el artículo 3, apartado 4, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de restringir el ámbito de aplicación de los casos transfronterizos en los que el blanqueo de capitales sea punible, es decir, cuando el delito subyacente se ha cometido en países en los que dicha conducta no está tipificada como delito (requisito de «doble tipificación»). Sin embargo, en el caso de determinadas categorías de delitos graves, no existe esa posibilidad de restringir el ámbito transfronterizo. En los casos de participación en una organización o un grupo criminal, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, tráfico ilícito de estupefacientes y corrupción, cometidos en otro Estado miembro de la UE o en un tercer país, debe seguir siendo posible enjuiciar a una persona por blanqueo de capitales, incluso si la conducta que generó los fondos no constituye un delito en ese otro país.
Ocho Estados miembros hicieron uso de la opción de exigir la «doble tipificación». Sin embargo, Luxemburgo exige la doble tipificación para algunos de los delitos a los que no debe aplicarse dicho principio, a saber, la participación en una organización o un grupo criminal a través del chantaje, la intimidación u otros medios (racketeering). .
Por último, los Estados miembros deben garantizar que las conductas tipificadas como blanqueo de capitales en el artículo 3, apartado 1, letras a) y b), sean punibles en caso de «autoblanqueo» (artículo 3, apartado 5), es decir, un caso en el que la persona que cometió o participó en la comisión del delito subyacente blanquea el producto de su propio delito.
Los Estados miembros traspusieron esta disposición expresamente a su legislación nacional o de manera implícita al no supeditarla a la condición de que el autor del delito subyacente sea distinto del autor del delito de blanqueo de capitales. Algunos Estados miembros incluyeron excepciones en su legislación nacional que no afectan al cumplimiento, por ejemplo, Alemania exige que los activos ilegales se pongan en circulación de alguna manera, e Italia y Estonia excluyen del ámbito de aplicación el uso para el disfrute personal. Por lo tanto, no se ha detectado ningún caso de no conformidad.
Artículo 4. Complicidad, inducción, y tentativa
El artículo 4 establece que los delitos accesorios —es decir, la complicidad, la inducción a cometer un delito de blanqueo de capitales y la tentativa de cometerlo— sean punibles como delito.
Los veinticinco Estados miembros han transpuesto correctamente el artículo 4.
Artículo 5. Sanciones aplicables a las personas físicas
El artículo 5 establece que los delitos de blanqueo de capitales y los delitos accesorios deben llevar aparejadas penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, y especifica que los delitos de blanqueo de capitales deben castigarse con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a cuatro años.
A este respecto, la Comisión observa que Suecia ha establecido en su legislación un máximo de dos años, mientras que Grecia parece no haber seguido el umbral de cuatro años si el delito subyacente es una falta, lo que en la práctica significa que la pena por blanqueo de capitales no es suficientemente elevada para una amplia gama de delitos subyacentes establecidos en la Directiva.
Artículo 6. Circunstancias agravantes
El artículo 6, apartado 1, establece dos circunstancias agravantes obligatorias: cuando el blanqueo de capitales se comete en el seno de una organización delictiva o cuando se comete en el ejercicio de las actividades profesionales de una «entidad obligada», es decir, una entidad sujeta a obligaciones específicas de notificación y verificación de clientes en virtud de la legislación de la UE contra el blanqueo de capitales.
A este respecto, cabe señalar que Lituania, Polonia y Eslovenia no han incorporado a su legislación la circunstancia agravante de que el delito de blanqueo de capitales sea cometido por una entidad obligadaChipre no prevé circunstancias agravantes por complicidad, inducción o tentativa de blanqueo de capitales; Grecia no puede aplicar circunstancias agravantes cuando el delito subyacente sea una falta, lo que, en la práctica, excluye una amplia gama de los delitos subyacentes establecidos en la Directiva.
El artículo 6, apartado 2, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de introducir dos circunstancias agravantes adicionales: a) cuando el valor de los bienes objeto del blanqueo sea considerable, o b) cuando los bienes objeto del blanqueo provengan de un conjunto de delitos específicos
. Catorce Estados miembros han transpuesto la opción a), mientras que cuatro han transpuesto la opción b).
Todos los Estados miembros que utilizaron las opciones las transpusieron de conformidad con la Directiva.
Artículo 7. Responsabilidad de las personas jurídicas
De conformidad con la Directiva, debe ser posible que las personas jurídicas sean consideradas responsables de delitos de blanqueo de capitales, incluido el autoblanqueo. Esto incluye las actuaciones de cualquier persona, ya sea a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de dicha entidad (artículo 7, apartado 1). Los Estados miembros también deben garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de supervisión o control haya hecho posible la comisión del delito (artículo 7, apartado 2). No obstante, la responsabilidad de las personas jurídicas no debe excluir la posibilidad de incoar procedimientos penales contra las personas físicas implicadas como autoras de los delitos (artículo 7, apartado 3).
Por lo que se refiere a la responsabilidad de las personas jurídicas, Francia no ha incorporado en su legislación la posibilidad de considerar responsables a las personas jurídicas cuando los delitos de blanqueo de capitales hayan sido posibles debido a la falta de supervisión o control por parte de una persona que ostente un cargo directivo en el seno de dicha entidad.
Artículo 8. Sanciones aplicables a las personas jurídicas
El artículo 8 exige a los Estados miembros que velen por que las personas jurídicas consideradas responsables en virtud del artículo 7 sean castigadas con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que incluirán, en todo caso, multas de carácter penal o no penal. Todos los Estados miembros han transpuesto esta disposición según lo previsto en la Directiva.
Además, el artículo 8 enumera opciones para nuevas sanciones, desde la inhabilitación de la entidad para obtener beneficios o ayudas públicas hasta la exclusión del acceso a la financiación pública, la inhabilitación para ejercer actividades mercantiles, el sometimiento de la entidad a intervención judicial, la clausura de los establecimientos que se hayan utilizado para cometer el delito e incluso la posibilidad de una orden judicial de disolución de la empresa (es decir, liquidación). Diecinueve Estados miembros han hecho uso de una o varias de estas opciones. Seis Estados miembros no han utilizado ninguna de las opciones.
Todos los Estados miembros que han hecho uso de estas opciones las han transpuesto de conformidad con la Directiva.
Artículo 9. Decomiso
El artículo 9 exige a los Estados miembros que garanticen que, cuando proceda, sus autoridades competentes acuerden el embargo o el decomiso del producto de la comisión o de la contribución a la comisión de los delitos de blanqueo de capitales, así como de los instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados para tal comisión o contribución, de conformidad con esta Directiva y con la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso.
Los veinticinco Estados miembros transpusieron el artículo 9 de conformidad con la Directiva.
Artículo 10. Jurisdicción
El artículo 10, apartado 1, exige a los Estados miembros que establezcan su jurisdicción respecto de los delitos de blanqueo de capitales, cuando el delito se haya cometido en su territorio [artículo 10, apartado 1, letra a)] o cuando el autor del delito sea uno de sus nacionales [artículo 10, apartado 1, letra b)]. Todos los Estados miembros han transpuesto esta disposición según lo previsto en la Directiva.
Por lo que se refiere al artículo 10, apartado 1, letra b), cabe señalar que, específicamente en el caso de que el autor del delito sea un nacional del Estado miembro, la disposición se ha transpuesto de manera divergente, en particular en lo que respecta al requisito de doble tipificación.
A falta de una disposición específica que aborde esta cuestión, diez Estados miembros parecen haber aplicado la Directiva sin establecer explícitamente la doble tipificación como condición previa para la reivindicación de la jurisdicción. Por el contrario, once Estados miembros han incorporado expresamente el requisito antes mencionado como condición para determinar la jurisdicción respecto de sus nacionales. Mientras tanto, tres Estados miembros han excluido de manera explícita el requisito de doble tipificación para los delitos de blanqueo de capitales.
El artículo 10, apartado 2, permite a los Estados miembros ampliar su jurisdicción a los casos en que a) el autor del delito tenga su residencia habitual en su territorio, o b) el delito se haya cometido en beneficio de una persona jurídica establecida en su territorio. Catorce Estados miembros han hecho uso de la opción prevista en el artículo 10, apartado 2, letra a). Diez Estados miembros han hecho un uso correcto de la opción prevista en el artículo 10, apartado 2, letra b).
Artículo 11. Instrumentos de investigación
El artículo 11 exige que las personas, unidades o servicios responsables de la investigación o persecución de los delitos de blanqueo de capitales, incluida su complicidad, inducción y tentativa, dispongan de instrumentos de investigación eficaces, como los utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada u otros delitos graves. Los veinticinco Estados miembros transpusieron el artículo 11 de conformidad con la Directiva.
3CONCLUSIONES
Dada la importancia que reviste el blanqueo de capitales para las redes de delincuencia organizada como herramienta de financiación fundamental, y como medio para asegurar beneficios ilícitos e infiltrarse en la economía legal, la armonización de la respuesta penal al blanqueo de capitales constituye un componente esencial de los esfuerzos generales de la Unión por desarticular y desmantelar las redes delictivas, tal y como se destaca en la Estrategia Europea para la Seguridad Interior «ProtectEU».
La Comisión reconoce que los Estados miembros han tratado de adoptar medidas con las que dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva. Aunque persisten algunas incoherencias y lagunas, en general la transposición de la Directiva se ha llevado a cabo de manera satisfactoria, y los Estados miembros han adoptado medidas exhaustivas para armonizar sus legislaciones nacionales con las normas de la UE. La mayoría de los Estados miembros han adoptado legislación específica para cumplir los requisitos de la Directiva, mientras que unos pocos se han basado total o mayoritariamente en las disposiciones nacionales ya existentes.
Para garantizar la transposición íntegra y correcta de la Directiva, la Comisión seguirá prestando apoyo a los Estados miembros para que subsanen las deficiencias detectadas. Esto incluye supervisar y garantizar que las medidas nacionales se ajusten a lo dispuesto en la Directiva.