Bruselas, 17.6.2026

COM(2026) 277 final

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

sobre la evaluación de la Directiva (UE) 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

{SWD(2026) 148 final}


1.INTRODUCCIÓN

La Directiva (UE) 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (en lo sucesivo, «la Directiva») fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 23 de octubre de 2018 y entró en vigor el 2 de diciembre de 2018. La Directiva refuerza las respuestas policiales y judiciales al blanqueo de capitales, fomenta la cooperación transfronteriza tanto dentro de la UE como a escala internacional y complementa el marco legislativo general sobre la prevención del blanqueo de capitales.

La Directiva se aplica a veinticinco Estados miembros; Irlanda y Dinamarca no están sujetas a ella. La fecha límite de transposición era el 3 de diciembre de 2020.

La Directiva establece normas mínimas sobre las actividades que deben considerarse delitos de blanqueo de capitales en todos los Estados miembros (es decir, la transferencia o conversión de bienes provenientes de la actividad delictiva, la ocultación o el encubrimiento de su origen ilícito, o la adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas de su origen delictivo) y las sanciones correspondientes para tales actos. La Directiva especifica las actividades delictivas que constituyen delitos subyacentes a efectos del blanqueo de capitales, es decir, las actividades delictivas de las que proceden los capitales objeto del blanqueo. Entre las novedades introducidas, la Directiva permite el enjuiciamiento del blanqueo de capitales sin exigir una condena por el delito subyacente y sin exigir a las autoridades que demuestren todos los elementos de dicho delito («blanqueo de capitales autónomo»). Además, permite el enjuiciamiento y la condena por los delitos de blanqueo de capitales cometidos por el autor de la actividad delictiva que haya generado los bienes («autoblanqueo»). La Directiva contiene normas para aclarar qué Estado miembro es competente para el enjuiciamiento en casos transfronterizos. Además, establece normas mínimas sobre las penas y sanciones adicionales aplicables tanto a las personas físicas como a las jurídicas, incluidas las «circunstancias agravantes».

El presente informe responde a la obligación establecida en el artículo 14, párrafo segundo, de la Directiva, que exige a la Comisión Europea que presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evalúe el valor añadido de la Directiva en la lucha contra el blanqueo de capitales, así como su impacto en los derechos y libertades fundamentales.

El presente informe de evaluación se basa en el informe de transposición de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo —exigido en virtud del artículo 14, párrafo primero,— en el que se evalúa en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva. El informe de transposición puso de manifiesto que, si bien la transposición de la Directiva ha sido, en general, conforme, persisten algunas lagunas e incoherencias, como la transposición incorrecta por parte de algunos Estados miembros de las disposiciones relativas a las circunstancias agravantes. El informe de transposición se presenta en el anexo.

Las constataciones detalladas de la evaluación, así como la metodología utilizada, se presentan en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña este informe.

La presente Directiva forma parte de un conjunto de herramientas más amplio de lucha contra las operaciones financieras delictivas que, tal y como se destaca en la Estrategia Europea para la Seguridad Interior «ProtectEU», constituye un elemento central de la lucha contra la delincuencia organizada. El decomiso de los beneficios derivados de la delincuencia sigue siendo esencial para desmantelar las organizaciones y grupos criminales, y la aplicación efectiva de la legislación de la UE en materia de lucha contra la delincuencia financiera y fomento de la recuperación de activos es un paso clave a este respecto.

2.ANTECEDENTES

El objetivo general de la Directiva es reforzar las respuestas judiciales y policiales al blanqueo de capitales en todos los Estados miembros. Aunque todos los Estados miembros tipificaron como delito el blanqueo de capitales, hubo diferencias significativas en cuanto a la forma en que se definió el delito, el alcance de los delitos subyacentes y las sanciones respectivas. El marco anterior carecía de coherencia y exhaustividad, lo que lo hacía menos eficaz y permitía a los delincuentes y terroristas aprovecharse de los sistemas nacionales más débiles. A fin de superar estas deficiencias, la Directiva introdujo un marco común de la UE para tipificar como delito el blanqueo de capitales y reforzar las respuestas judiciales y policiales. Su objetivo general es reforzar el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE mediante el Derecho penal.

Esto se traduce en los siguientes objetivos concretos:

·garantizar la tipificación efectiva del blanqueo de capitales en toda la UE;

·introducir definiciones claras y uniformes de los delitos subyacentes;

·establecer penas y sanciones coherentes y proporcionadas;

·mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros.

Las repercusiones previstas de la Directiva son las siguientes:

·una investigación y un enjuiciamiento más eficaces de los autores del delito de blanqueo de capitales, mediante la adopción de delitos, penas y sanciones armonizados;

·una mayor protección de los ciudadanos de la UE y del mercado interior frente a las amenazas de la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo, mediante la disponibilidad de instrumentos eficaces para que las autoridades investiguen el blanqueo de capitales y lleven a los autores ante la justicia, también a las entidades jurídicas;

·una acción transfronteriza más eficaz y coordinada contra el blanqueo de capitales, mediante el refuerzo de la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros;

·unos instrumentos de investigación más eficaces a disposición de las autoridades en las investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales;

·medidas para reforzar el decomiso mediante la mejora del seguimiento, el embargo y el decomiso de los productos de los delitos de blanqueo de capitales.

El presente informe de evaluación abarca la aplicación legislativa y práctica de la Directiva, analizada en términos de eficacia, eficiencia, coherencia, valor añadido de la UE y pertinencia, en consonancia con los principios para la mejora de la legislación, así como su impacto en los derechos y libertades fundamentales, tal como se exige en el artículo 14, párrafo segundo, de la Directiva. El informe de evaluación también contiene conclusiones y recomendaciones concretas para futuras acciones.

La evaluación se llevó a cabo con el apoyo de un estudio externo 1 , que incluyó trabajo de documentación, entrevistas, consultas específicas, encuestas, etc. Se consultó a una amplia gama de partes interesadas, entre las que se incluyen agencias y organismos de la UE, autoridades judiciales, autoridades policiales, organismos de recuperación de activos, unidades de información financiera, expertos jurídicos, organizaciones no gubernamentales, grupos de reflexión e instituciones académicas. La evaluación atañe al período comprendido entre 2018 y 2025.

3.PRINCIPALES CONSTATACIONES

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación en lo que respecta a la eficacia, la eficiencia, la coherencia, el valor añadido de la UE y la pertinencia de la Directiva. Además, se presentan los resultados de la evaluación en relación con el impacto de la Directiva en los derechos y libertades fundamentales, tal como se exige específicamente en el artículo 14, párrafo segundo 2, de la Directiva.

3.1. Eficacia

En cuanto a la eficacia, la evaluación concluye que la Directiva ha contribuido significativamente a la armonización de los delitos de blanqueo de capitales y las penas aplicables en todos los Estados miembros y ha proporcionado nuevas herramientas para que los profesionales luchen contra este tipo de delito. Al garantizar la tipificación de todos los métodos pertinentes de blanqueo de capitales procedentes de un amplio abanico de delitos que generan beneficios, la Directiva permite a las autoridades investigar y enjuiciar de manera más eficaz todas las actividades pertinentes llevadas a cabo para blanquear capitales ilícitos. La introducción de novedades como el blanqueo de capitales autónomo y el autoblanqueo ha sido especialmente pertinente en este sentido: ahora se pueden perseguir judicialmente esas conductas en todos los Estados miembros.

A este respecto, las autoridades judiciales y policiales destacaron claros beneficios, en particular la eliminación de la necesidad de demostrar el delito subyacente al enjuiciar el blanqueo de capitales, lo que facilitó los procesos judiciales. Las autoridades judiciales también destacaron el mayor alcance de la acción penal gracias a la introducción del delito de autoblanqueo de capitales. Estos cambios también dieron lugar a un mayor efecto disuasorio de la legislación sobre el blanqueo de capitales según las autoridades judiciales y policiales.

Las posibilidades de enjuiciar a las entidades jurídicas y de aplicar penas más duras en los casos en que una entidad obligada 2 cometa blanqueo de capitales ofrece a las autoridades la oportunidad de hacer frente de manera más eficaz a los complejos sistemas establecidos por los delincuentes para ocultar sus beneficios ilícitos, lo que aumenta la protección del mercado interior frente a las amenazas de la delincuencia organizada y la financiación del terrorismo, y los profesionales subrayan el efecto disuasorio del enjuiciamiento penal independiente para las entidades jurídicas distintas de las personas físicas, así como de las circunstancias agravantes en general.

Otro aspecto que ha aumentado la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales es la ampliación de los instrumentos de investigación disponibles para investigar los delitos de blanqueo de capitales. Las partes interesadas informaron de que la obligación de la Directiva de poner a disposición de las investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales las técnicas de investigación utilizadas en los casos de delincuencia organizada, así como el endurecimiento de las penas máximas, ha facilitado el acceso a herramientas especializadas, como la interceptación de las comunicaciones. Esto permite seguir el rastro financiero y facilita a las autoridades la recopilación de nuevas pruebas, lo que refuerza su capacidad para descubrir y desmantelar las redes delictivas y sus estructuras financieras, lo que a su vez aumenta la protección de los ciudadanos de la UE frente a la amenaza que supone la delincuencia organizada.

Además, gracias a una mayor armonización de los delitos de blanqueo de capitales en toda la UE y a unas normas más claras que definen el país competente para dirigir la investigación y el enjuiciamiento de un determinado caso, según las autoridades judiciales y algunas de las autoridades policiales, la Directiva ha contribuido en general a una acción transfronteriza más eficiente y coordinada contra el blanqueo de capitales. En general, al armonizar los marcos jurídicos, la Directiva ha permitido a las autoridades de los distintos Estados miembros «hablar un mismo idioma»: cuanto más se asemejen los delitos y las penas entre las distintas jurisdicciones, más fácil les resultará cooperar a nivel transfronterizo y reconocer las resoluciones judiciales de otro Estado miembro.

No obstante, la eficacia de la Directiva se ve afectada en cierta medida por una serie de retos. 

Un reto se refiere a la interpretación y aplicación incoherentes del blanqueo de capitales autónomo en los distintos Estados miembros, lo que provoca inseguridad jurídica y problemas durante las investigaciones y los enjuiciamientos. El grado en que debe demostrarse el delito subyacente varía considerablemente entre los Estados miembros: en algunos países, las autoridades solo tienen que demostrar la existencia de alguna actividad delictiva previa de la que procedan los bienes objeto del blanqueo, mientras que en otros se les exige definir de manera clara el delito subyacente y, en algunos casos, incluso determinar el lugar y la fecha en que se cometió (véanse también las páginas 3 y 4 del informe de transposición). Por lo tanto, la eficacia de la Directiva a la hora de facilitar el enjuiciamiento de los casos de blanqueo de capitales autónomo varía en toda la UE: esto se debe a la redacción imprecisa de la Directiva, que permite una gran variedad de medidas de transposición.

También existe una interpretación divergente entre las jurisdicciones de los Estados miembros de los bienes que pueden ser objeto de blanqueo de capitales. Aunque la Directiva contiene una definición global de bienes con el fin de abarcar todo tipo de actividades de blanqueo de capitales, las legislaciones de algunos Estados miembros no consideran los gastos ahorrados (como los impuestos retenidos a través de la comisión de un delito fiscal) como bienes que pueden ser objeto de blanqueo. Consideran que solo los bienes que representan un incremento positivo del patrimonio de una persona —por ejemplo, el dinero obtenido mediante un delito de tráfico de drogas o una deducción fiscal— pueden ser objeto de un delito de blanqueo. Estos países excluyen del ámbito de los bienes el dinero ahorrado por el impago ilegal del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Esto representa una brecha considerable teniendo en cuenta las repercusiones del fraude en materia de IVA en los presupuestos públicos, que cuesta a las autoridades tributarias varias decenas de miles de millones de euros al año, según Europol 3 y la Fiscalía Europea 4 .

Además, cabe señalar que la disposición relativa a la determinación de la jurisdicción respecto del blanqueo de capitales, en particular en el caso de que el autor del delito sea nacional del Estado miembro, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra b), se transpuso de manera divergente, en particular en lo que respecta al requisito de doble tipificación 5 .

Un ámbito concreto en el que la evaluación no llegó a una conclusión sobre la eficacia es el impacto previsto en el refuerzo de las medidas de decomiso, debido en particular a la duración de los procesos penales, que dio lugar a unos datos insuficientes. Además, cabe señalar que la Directiva, en su artículo 9, solo hace referencia a la aplicación de la Directiva 2014/42/UE sobre el decomiso, que en 2024 fue sustituida por la nueva Directiva sobre recuperación y decomiso de activos. Por lo tanto, estos aspectos solo pueden analizarse en la evaluación de este último instrumento, que la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 24 de noviembre de 2031.

3.2. Eficiencia

En términos de eficiencia, la evaluación de los costes y beneficios solo puede ser preliminar, dada la duración de los procesos penales en los casos de blanqueo de capitales. Por lo tanto, el impacto total de la Directiva en términos cuantitativos (número de enjuiciamientos y condenas, volumen de activos embargados y decomisados en estos casos de blanqueo de capitales) solo se apreciará en los próximos años.

Aunque las opiniones de las partes interesadas fueron dispares (algunas se mostraron neutrales; otras estaban divididas sobre si los beneficios de la Directiva compensaban los costes asociados), debido a la falta de datos disponibles no ha sido posible realizar una evaluación completa de los costes, tanto económicos como en términos de carga administrativa, en relación con resultados tales como el número de enjuiciamientos y condenas, y el volumen correspondiente de activos embargados y decomisados en estos casos de blanqueo de capitales. En cualquier caso, la mayoría de los Estados miembros que participaron en las actividades de consulta notificaron unos costes de aplicación y una carga administrativa nulos o mínimos. Esto refleja la naturaleza de la Directiva, que esencialmente requiere cambios en el código penal o el código de procedimiento penal de los Estados miembros, y tales modificaciones de la legislación nacional solo implican costes adicionales limitados. Algunos costes adicionales que conlleva la Directiva son la formación de las autoridades judiciales y policiales, especialmente con vistas a la investigación y el enjuiciamiento de nuevas formas de blanqueo de capitales introducidas por la Directiva. En términos generales, las partes interesadas indican que la Directiva ha proporcionado nuevas herramientas para que las autoridades investiguen y enjuicien de manera más eficaz los delitos de blanqueo de capitales, mientras que los costes de aplicación notificados son limitados, lo que indica un efecto positivo general en términos de eficiencia.

3.3.Coherencia interna y externa

En cuanto a la coherencia interna, la evaluación muestra que los diferentes componentes de la Directiva funcionan bien en conjunto para alcanzar sus objetivos, y que no existe ninguna contradicción entre las diversas disposiciones de la Directiva.

La coherencia externa abarca tanto el nivel internacional como el de la UE.

A escala internacional, la evaluación señala que la Directiva no se ajusta plenamente al Convenio de Varsovia del Consejo de Europa 6 , que contiene normas sobre la tipificación del blanqueo de capitales que regulan en gran medida los asuntos cubiertos por la presente Directiva. La UE firmó el Convenio en 2009, pero aún no lo ha ratificado. En concreto, el artículo 2, punto 1, de la Directiva restringe el ámbito de aplicación de los delitos subyacentes en comparación con el Convenio de Varsovia, que es una opción permitida en virtud del Convenio. La Comisión tiene previsto adoptar una propuesta de Decisión del Consejo que permita a la UE ratificar dicho Convenio y podría abordar esta cuestión en ese contexto.

A escala de la UE, la Directiva es coherente con otros instrumentos legislativos en este ámbito. Como se reconoce en la Estrategia Europea para la Seguridad Interior («ProtectEU») 7 , la UE ha intensificado su actividad mediante las nuevas normas contra el blanqueo de capitales, como la creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE, y mediante la nueva Directiva sobre recuperación y decomiso de activos, que es crucial para hacer frente a los móviles económicos que subyacen a la delincuencia organizada, embargar rápidamente los activos ilícitos y decomisar las ganancias de origen delictivo. Estos avances están en consonancia con el refuerzo de las medidas penales contra el blanqueo de capitales que introduce la Directiva.

No obstante, la Directiva presenta algunas lagunas en comparación con las Directivas en materia de Derecho penal más recientes, por ejemplo, sobre delitos contra el medio ambiente o sobre la vulneración de las medidas restrictivas, en lo que respecta a la aplicación de sanciones adicionales contra las personas físicas y las sanciones contra las personas jurídicas.

Por lo que se refiere a la aplicación de penas adicionales contra las personas físicas, la Directiva exige a los Estados miembros que introduzcan, además de penas de prisión, sanciones o medidas adicionales contra los autores del blanqueo de capitales, sin especificar qué tipo de medidas, lo que da lugar a diferencias en las transposiciones nacionales. En cambio, algunos instrumentos de Derecho penal de la UE más recientes enumeran de manera explícita posibles medidas que los Estados miembros pueden aplicar contra las personas físicas, como multas, exclusión de la financiación y de las licitaciones públicas, retirada de permisos o prohibiciones temporales de presentarse a cargos públicos.

Una cuestión similar se plantea en relación con las sanciones a las personas jurídicas. La Directiva exige a los Estados miembros que prevean multas de carácter penal o no penal e incluye una lista de posibles sanciones adicionales, que solo son opcionales y no se definen con suficiente detalle. Si bien esto ofrece la flexibilidad necesaria a los Estados miembros, contrasta con la legislación penal más reciente, que prevé un nivel mínimo de las multas máximas para todos los delitos, que debe calcularse sobre la base de un porcentaje del volumen de negocios mundial de la persona jurídica o sobre la base de un importe fijo 8 .

3.4. Valor añadido de la UE

En términos de valor añadido de la UE, la aplicación de la Directiva aporta un beneficio positivo derivado de la acción legislativa a escala de la UE, que probablemente los Estados miembros no habrían logrado por separado. La Directiva ha creado unas condiciones de competencia más homogéneas para luchar contra el blanqueo de capitales en toda la UE, lo que las partes interesadas judiciales y policiales consideran positivo, ya que contribuye a una mayor coherencia jurídica y facilita la cooperación transfronteriza. Sin embargo, las discrepancias mencionadas anteriormente en la definición y el enjuiciamiento de los delitos de blanqueo de capitales, en especial en lo que se refiere al blanqueo de capitales autónomo, y la aplicación divergente de las disposiciones facultativas («cláusulas opcionales») relativas a las sanciones aplicables a las personas físicas y jurídicas indican que aún existe potencial para una mayor armonización a escala de la UE.

3.5. Pertinencia

Los objetivos y medidas de la Directiva siguen siendo pertinentes, habida cuenta de los retos que plantean el blanqueo de capitales y la delincuencia organizada: según la Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de 2025 elaborada por Europol, el blanqueo de capitales sigue desempeñando un papel crucial a la hora de permitir que los delincuentes se beneficien de actividades ilegales y constituye la columna vertebral de la delincuencia organizada 9 . Además, los modus operandi utilizados para el blanqueo de capitales suelen implicar múltiples transacciones en diversas jurisdicciones fuera de la UE, lo que permite aprovechar las disparidades normativas y crear un rastro complejo que dificulta las investigaciones financieras: por lo tanto, una respuesta penal armonizada en todos los Estados miembros es más importante que nunca. Al mismo tiempo, según Europol, el blanqueo de capitales se ve cada vez más facilitado por las plataformas digitales y reforzado por las tecnologías emergentes 10 : el carácter tecnológicamente neutro de la Directiva permite adaptar la respuesta del Derecho penal a tales avances, lo que garantiza que la Directiva mantenga su pertinencia con independencia de los avances tecnológicos. 

3.6. Repercusión en los derechos y libertades fundamentales

Por último, las autoridades de los Estados miembros, la UE y los organismos internacionales consideran, en general, que la Directiva se ajusta a las normas en materia de derechos fundamentales, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o no han comunicado ningún dato disponible. Otras partes interesadas, en particular ONG, grupos de reflexión y el mundo académico, expresaron su preocupación por el posible impacto en la protección de la presunción de inocencia a la hora de aplicar el delito de blanqueo de capitales autónomo, el principio non bis in idem en los casos de autoblanqueo 11 , así como por la claridad de la definición de los delitos y las penas o la proporcionalidad de estas últimas, especialmente cuando el delito subyacente es un delito menor.

En general, las observaciones formuladas por la mayoría de las partes interesadas permiten concluir que los delitos de blanqueo de capitales se formulan de manera clara, precisa y previsible, y que las sanciones son adecuadas y proporcionadas a la gravedad de los delitos. Los derechos fundamentales están garantizados por las normas establecidas en seis Directivas de la UE sobre derechos procesales, la Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como por los principios generales del Derecho penal. Además, la aplicación de las normas nacionales de transposición de la Directiva está sujeta a control por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales, que deben garantizar su conformidad con los derechos y libertades fundamentales.

4.CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS

Se considera que la Directiva cumple en gran medida sus objetivos, al haber mejorado la capacidad de las autoridades competentes para investigar y enjuiciar el blanqueo de capitales mediante el refuerzo de los delitos y las penas y haber facilitado las investigaciones transfronterizas, sin crear costes adicionales significativos ni afectar negativamente a los derechos fundamentales. No obstante, persisten algunos retos, en particular aumentar la eficacia y la coherencia de algunas de sus disposiciones con otros instrumentos de la UE.

Además, dada la duración de los procedimientos penales, el pleno impacto de la Directiva solo se apreciará en los próximos años. Por lo tanto, es importante que la Comisión siga supervisando las repercusiones de la Directiva, incluidas las relativas a los derechos y libertades fundamentales.

La evaluación ha puesto de manifiesto una serie de lecciones aprendidas que los Estados miembros pueden valorar tener en cuenta a la hora de transponer y aplicar la Directiva.

·Mayor claridad sobre el blanqueo de capitales autónomo

Para garantizar que las autoridades no estén obligadas a demostrar esencialmente todos los elementos del delito principal, deben aclararse los requisitos necesarios para establecer un delito subyacente o el origen ilícito de los bienes blanqueados, promoviendo así una aplicación uniforme del delito independiente de blanqueo de capitales y facilitando la investigación y el enjuiciamiento del blanqueo de capitales en todos los Estados miembros de la UE.

·Evaluación de los niveles mínimos y máximos de las sanciones y penas aplicables a las personas físicas y jurídicas, así como establecimiento de penas y medidas adicionales

Sería conveniente a los efectos de una mayor coherencia adaptar las disposiciones sobre sanciones y penas aplicables a las personas físicas y jurídicas a la legislación penal de la UE recientemente adoptada, como la Directiva (UE) 2024/1203 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal y la Directiva (UE) 2024/1226 relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión. Esto debe incluir el establecimiento del tipo de penas o medidas adicionales que los Estados miembros pueden imponer a los autores del blanqueo de capitales además de la pena de prisión, y establecer sanciones específicas para las entidades jurídicas, en particular un mínimo del nivel máximo de las multas, que debe calcularse sobre la base del volumen de negocios mundial de la persona jurídica o sobre la base de importes fijos. Esto garantizaría unas condiciones de competencia equitativas en los Estados miembros y reforzaría el efecto disuasorio de las sanciones por delitos de blanqueo de capitales.

·Precisión de la definición de bienes 

La definición de «bienes» debería adaptarse para abarcar más expresamente todas las posibles formas de beneficios ilícitos, incluidos el producto directo, los ahorros de costes derivados de delitos fiscales y el producto indirecto derivado de actividades delictivas.

·Armonización con los instrumentos internacionales  

Garantizar la armonización entre la Directiva y el Convenio de Varsovia permitiría aumentar la coherencia entre ambos instrumentos.

·Seguimiento de las repercusiones de la Directiva

Con el fin de supervisar las repercusiones de la Directiva, la Comisión seguirá colaborando con las partes interesadas pertinentes a través de foros como el Grupo de Expertos de la Comisión sobre Política Penal de la UE, la Red Operativa de Prevención del Blanqueo de Capitales (AMON), la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT), la nueva red de cooperación en materia de recuperación y decomiso de activos, la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (CARIN), el Grupo temático judicial sobre blanqueo de capitales y recuperación de activos de Eurojust y la Red Judicial Europea contra la Delincuencia Organizada.

La Comisión proseguirá su diálogo con los Estados miembros y todas las partes interesadas para garantizar que la respuesta del Derecho penal al blanqueo de capitales sea eficaz, esté en consonancia con las políticas de la UE en este ámbito y esté actualizada, teniendo en cuenta la evolución de las tendencias y los modus operandi de los grupos delictivos en el ámbito financiero.

Estas recomendaciones constituyen una importante contribución a las iniciativas emprendidas a escala de la UE para promover el enfoque de «seguir el rastro del dinero» como elemento clave en la lucha contra la delincuencia organizada, un ámbito que se destaca en la Estrategia ProtectEU como esencial para garantizar una respuesta judicial firme frente a las redes delictivas más peligrosas.

(1) Enlace al estudio (pendiente de publicación; se añadirá una vez finalice la consulta interservicios).
(2) Véase en particular el artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, DO L 141 de 5.6.2015, p. 73, última versión consolidada disponible en: EUR-Lex - 02015L0849-20241230 - ES - EUR-Lex .
(3) https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf.
(4) En su informe anual de 2024, la Fiscalía Europea destacó que el fraude en materia de IVA representó más del 53 % del perjuicio total estimado objeto de investigación, con un perjuicio estimado de 13 150 millones EUR. https://www.eppo.europa.eu/assets/annual-report-2024/pdfs/EPPO_Annual_Report_2024_en.pdf.
(5) Este es el principio según el cual solo se puede establecer la jurisdicción cuando la conducta en cuestión esté tipificada como delito tanto en el Estado que ejerce la acción penal como en el Estado en el que se cometió.
(6) Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo (CETS n.º 198).    
(7)   EUR-Lex - 52025DC0148 - ES - EUR-Lex .
(8) Por ejemplo, la Directiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, obliga a los Estados miembros a prever multas para las personas jurídicas en caso de delitos específicos. Además, la Directiva especifica que el nivel máximo de dichas multas es de al menos el 5 % o una cantidad a tanto alzado de 40 000 000 EUR para determinados delitos relacionados con la contaminación del medio ambiente y del 3 % o 24 000 000 EUR para otros delitos, como el tráfico de especies silvestres.
(9)   https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf .
(10)  Ibid.
(11) Al igual que en el caso del autoblanqueo, la distinción entre delito subyacente y delito de blanqueo de capitales a menudo no está clara, por lo que existe el riesgo de que se imponga una doble pena por el mismo acto si se dicta una sentencia condenatoria tanto por el delito subyacente como por el delito de blanqueo de capitales.