–

en nombre de Abanca Corporación Bancaria, S. A., por los Sres. M. Á. Cepero Aránguez, J. M. Martínez Gimeno y C. Vendrell Cervantes, abogados;

–

en nombre del Gobierno español, por la Sra. P. Pérez Zapico, en calidad de agente;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. I. Galindo Martín y el Sr. P. Kienapfel, en calidad de agentes;

1

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 1, y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13, y en DO 2023, L 17, p. 100).

2

Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre Abanca Corporación Bancaria, S. A., entidad bancaria de Derecho español, y los consumidores WE, en el asunto C‑6/24, y VX, en el asunto C‑231/24, en relación con el carácter supuestamente abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado contenida en contratos de préstamo personal celebrados entre esas partes.

3

A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13:

«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»

4

Con arreglo al artículo 4 de esta Directiva:

«1.   Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.

2.   La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.»

5

El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva tiene la siguiente redacción:

«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»

6

El artículo 693, apartado 2, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.o 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), en su versión modificada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, relativo al vencimiento anticipado de deudas a plazos, dispone lo siguiente:

«Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses en los términos en los que así se hubiese convenido en la escritura de constitución y consten en el asiento respectivo. Siempre que se trate de un préstamo o crédito concluido por una persona física y que esté garantizado mediante hipoteca sobre vivienda o cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial, se estará a lo que prescriben el artículo 24 de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y, en su caso, el artículo 129 bis de la Ley Hipotecaria.»

7

El artículo 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (BOE n.o 65, de 16 de marzo de 2019), tiene la siguiente redacción:

«1.   En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

2.   Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.»

8

Los días 5 de julio y 15 de septiembre de 2022, WE y VX celebraron con Abanca Corporación Bancaria sendos contratos de préstamo personal por un importe de 10600 euros reembolsable en cinco años, por lo que se refiere al primero, y por un importe de 6000 euros reembolsable en ocho años, por lo que se refiere al segundo.

9

Según la cláusula 13.a de las condiciones generales de esos contratos de préstamo (en lo sucesivo, «cláusula controvertida»), en caso de falta de pago, la entidad bancaria puede declarar el vencimiento anticipado del préstamo haciendo inmediatamente exigibles las cantidades adeudadas.

10

En la cláusula controvertida se precisa que la falta de pago se produce cuando concurren conjuntamente tres requisitos. En primer lugar, el prestatario adeuda una parte del capital del préstamo o de los intereses. En segundo lugar, la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivale, al menos, al 3 % de la cuantía del capital prestado, si la falta de pago se produce dentro de la primera mitad de la duración del préstamo, o al 7 % de esa cuantía, si la falta de pago se produce dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. En tercer lugar, la entidad bancaria requiere al prestatario el pago de las cantidades debidas dentro de un plazo de un mes.

11

Tras declarar el vencimiento anticipado con arreglo a la cláusula controvertida, Abanca Corporación Bancaria presentó dos peticiones monitorias ante el Juzgado de Primera Instancia n.o 8 de A Coruña, que es el órgano jurisdiccional remitente, contra WE y VX.

12

Ese órgano jurisdiccional alberga dudas acerca de la conformidad de la cláusula controvertida con la Directiva 93/13 a la luz de las sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 73, y de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), apartados 66 y 67, en las que el Tribunal de Justicia declaró que, entre los elementos que pueden tomarse en consideración para apreciar el carácter abusivo de ese tipo de cláusulas, se encuentra la existencia de medios, previstos por la normativa nacional, que permitan al consumidor evitar el vencimiento anticipado del préstamo o poner remedio a los efectos del mismo, lo cual no sucede en el Derecho español por lo que se refiere a los contratos de préstamo personal, como los de los procedimientos principales. Sin embargo, la cláusula controvertida incluida en estos últimos ofrece esta posibilidad al prestatario, en consonancia con lo previsto por la normativa nacional aplicable a los contratos de préstamo hipotecario. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el plazo de un mes para realizar el pago del saldo deudor del préstamo, fijado por esa cláusula, es suficiente para permitir efectivamente al consumidor evitar el vencimiento anticipado del préstamo o enervarlo tras su declaración.

13

En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.o 8 de A Coruña decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

14

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2024, se acordó la acumulación de los asuntos C‑6/24 y C‑231/24 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

15

Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencia de 7 de noviembre de 2024, ERB New Europe Funding II, C‑178/23, EU:C:2024:943, apartado 26 y jurisprudencia citada).

16

A este respecto, es necesario precisar que, en el marco de los procedimientos principales, el órgano jurisdiccional remitente llevó a cabo de oficio el control del posible carácter abusivo de la cláusula controvertida, cuya ejecución dio origen a las peticiones monitorias que le fueron presentadas. Ese órgano jurisdiccional alberga dudas no acerca de la existencia de medios judiciales para que cese el uso de cláusulas abusivas, a la luz del artículo 7 de la Directiva 93/13, sino sobre la propia calificación de esas cláusulas como abusivas, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13.

17

Así pues, para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil, debe considerarse que, mediante su primera cuestión prejudicial, ese órgano jurisdiccional pregunta, fundamentalmente, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la apreciación del posible carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado incluida en un contrato de préstamo personal, puede tomarse en consideración el hecho de que esta cláusula permite al consumidor evitar el vencimiento anticipado del préstamo o poner remedio a los efectos del mismo, o si es necesario que esta posibilidad esté prevista en una norma de Derecho nacional específicamente aplicable a los contratos de préstamo personal.

18

Para responder a esta cuestión, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que un consumidor se halla en situación de inferioridad respecto a un profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información [sentencia de 18 de enero de 2024, Getin Noble Bank y otros (Control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas), C‑531/22, EU:C:2024:58, apartado 63].

19

En virtud del artículo 3, apartado 1, de esta Directiva, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato, mientras que, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, tales cláusulas abusivas no vincularán al consumidor.

20

En este contexto, con el fin de garantizar el elevado nivel de protección de los consumidores establecido en el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el juez nacional debe apreciar, incluso de oficio, el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, siempre que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. A este respecto, los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 definen conjuntamente los criterios generales que permiten al juez nacional apreciar la naturaleza abusiva de las cláusulas contractuales sujetas a las disposiciones de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, apartados 74 y 75).

21

Al referirse a los conceptos de «buena fe» y de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 delimita tan solo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente (sentencia de 9 de noviembre de 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, apartado 76).

22

En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «contrariamente a las exigencias de la buena fe», el juez nacional debe comprobar, a tal efecto, en atención al decimosexto considerando de la Directiva 93/13, si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual (sentencia de 9 de noviembre de 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, apartado 78).

23

Por otro lado, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la mencionada Directiva, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa (sentencia de 9 de noviembre de 2023, Všeobecná úverová banka, C‑598/21, EU:C:2023:845, apartado 79).

24

En el apartado 66 de la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), que no guardaba relación con un contrato de préstamo personal, sino con un contrato de préstamo hipotecario de larga duración, el Tribunal de Justicia declaró, fundamentalmente, que, para apreciar si una cláusula contractual causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, el órgano jurisdiccional nacional debe examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

25

Asimismo, en el apartado 35 de la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (C‑600/21, EU:C:2022:970), el Tribunal de Justicia precisó que no podía entenderse que esos criterios fueran acumulativos ni alternativos, sino que debía entenderse que forman parte del conjunto de circunstancias que concurren en la celebración del contrato de que se trate, que el juez nacional debe examinar para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13.

26

En el presente caso, como indica el órgano jurisdiccional remitente, la normativa española no regula las causas de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo personal, a diferencia de lo que sucede con los contratos de préstamo hipotecario. No obstante, la cláusula controvertida incluida en los contratos de préstamo sobre los que versan los litigios principales prevé un medio para que el consumidor evite el vencimiento anticipado del préstamo o ponga remedio a los efectos del mismo abonando las cantidades debidas en concepto del préstamo dentro del plazo de un mes a partir del requerimiento notificado por la entidad bancaria, en línea con lo previsto por esa normativa relativa a los contratos de préstamo hipotecario.

27

De conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 24 y 25 de la presente sentencia, corresponde al juez nacional determinar si una cláusula de vencimiento anticipado causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, atendiendo a diferentes criterios, entre los cuales figura la existencia de medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor evitar la aplicación de esta cláusula o poner remedio a los efectos de la misma. Pues bien, el hecho de que los medios que permiten alcanzar tal resultado estén previstos por la propia cláusula contractual de vencimiento anticipado y no por una norma de Derecho nacional específicamente aplicable a los contratos sobre los que versan los litigios principales carece de relevancia y, en cualquier caso, no permite calificar esa cláusula contractual de abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13.

28

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la apreciación del posible carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado incluida en un contrato de préstamo personal, puede tomarse en consideración el hecho de que esta cláusula permite al consumidor evitar el vencimiento anticipado del préstamo o poner remedio a los efectos del mismo, sin que sea necesario que esta posibilidad esté prevista en una norma de Derecho nacional específicamente aplicable a los contratos de préstamo personal.

29

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que la facultad contractual ofrecida al consumidor de abonar las cantidades debidas en concepto del préstamo dentro del plazo de un mes a partir del requerimiento notificado por la entidad bancaria constituye un medio adecuado y eficaz que permita a ese consumidor evitar la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado del contrato de préstamo personal o poner remedio a sus efectos.

30

A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en esta materia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», al que se refiere el artículo 3, apartado 1, de esa Directiva y su anexo, y los criterios que el órgano jurisdiccional nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de dicha Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho órgano jurisdiccional pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual específica en función de las circunstancias propias del caso (sentencia de 8 de diciembre de 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C‑600/21, EU:C:2022:970, apartado 38 y jurisprudencia citada).

31

Por lo que se refiere a la cláusula controvertida relativa al vencimiento anticipado del contrato de préstamo personal en caso de falta de pago, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia y si el Derecho nacional o una cláusula contractual ofrece al consumidor medios adecuados y eficaces que le permitan evitar la aplicación de una cláusula de vencimiento anticipado o poner remedio a los efectos de la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, apartado 66).

32

En los apartados 47 y 48 de la sentencia de 25 de enero de 2024, Caixabank (Prescripción del reembolso de los gastos hipotecarios) (C‑810/21 a C‑813/21, EU:C:2024:81), el Tribunal de Justicia declaró, en relación con un plazo de prescripción, fundamentalmente, que, para ser considerado conforme al principio de efectividad, por una parte, este plazo debía ser materialmente suficiente para permitir al consumidor preparar e interponer un recurso efectivo con el fin de invocar los derechos que le confiere la Directiva 93/13 y, por otra parte, el consumidor debía haber tenido la posibilidad de conocer sus derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o de que expirase.

33

En el presento asunto, de las peticiones de decisión prejudicial resulta que la obligación incumplida por los consumidores de que se trata, esto es, el pago de las cuotas de amortización del préstamo, reviste un carácter esencial en el marco de la relación contractual en cuestión y un carácter suficientemente grave habida cuenta de la duración y del importe del préstamo. Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se circunscriben a la apreciación del carácter adecuado y eficaz del plazo de un mes concedido a esos consumidores para evitar la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado de las cantidades debidas en virtud del préstamo o poner remedio a los efectos de la misma.

34

Según el órgano jurisdiccional remitente, esta cláusula se corresponde con una disposición del Derecho nacional aplicable a los contratos de préstamo garantizados con una hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir tales bienes. De este modo, pretende establecer un equilibrio entre el conjunto de los derechos y obligaciones de las partes de ese tipo de contratos. Esta disposición, esto es, el artículo 24, apartado 1, de la Ley 5/2019, prevé que el vencimiento anticipado solo puede declararse si el prestamista ha concedido al prestatario un plazo de al menos un mes para poner fin a la falta de pago constatada.

35

Por lo tanto, para apreciar si un medio ofrecido al consumidor para evitar el vencimiento anticipado del préstamo o poner remedio a los efectos del mismo tiene carácter eficaz y adecuado, en el marco de su análisis global de la existencia de un desequilibrio importante en detrimento del consumidor que puede causar una cláusula de vencimiento anticipado, el órgano jurisdiccional remitente puede útilmente tomar en consideración, en particular, la circunstancia de que el plazo de regularización sea materialmente suficiente para permitir al consumidor realizar la operación de pago requerida. A este respecto, la existencia en la normativa nacional de disposiciones que prevén, en el marco de relaciones contractuales similares, tal plazo a favor del prestatario es particularmente pertinente.

36

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, cabe considerar que un órgano jurisdiccional nacional pueda llegar a apreciar que un plazo de un mes, a partir del requerimiento de pago hecho por el prestamista, concedido a un consumidor por una cláusula de vencimiento anticipado para realizar el pago del saldo deudor del préstamo, constituye un medio adecuado y eficaz que le permite evitar la aplicación de esta cláusula o poner remedio a los efectos de la misma.

37

En consecuencia, debe responderse a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la apreciación del posible carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado incluida en un contrato de préstamo, incumbe al órgano jurisdiccional nacional comprobar el carácter adecuado y eficaz de los medios que permiten al consumidor evitar el vencimiento anticipado del préstamo o poner remedio a sus efectos, tomando en consideración, en particular, el carácter materialmente suficiente del plazo que se le concede para realizar el pago requerido de las cantidades debidas en concepto del préstamo. A este respecto, la existencia en la normativa nacional de disposiciones que prevén, en el marco de relaciones contractuales similares, tal plazo a favor del prestatario constituye un elemento particularmente pertinente.

38

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: