COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 3.12.2025
COM(2025) 737 final
REVISIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN
relativa a los informes anuales de actividad de los Estados miembros sobre los créditos a la exportación a tenor del Reglamento (UE) n.º 1233/2011
COMISIÓN EUROPEA
Bruselas, 3.12.2025
COM(2025) 737 final
REVISIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN
relativa a los informes anuales de actividad de los Estados miembros sobre los créditos a la exportación a tenor del Reglamento (UE) n.º 1233/2011
1. Introducción
La presente revisión anual del año 2024 sobre las actividades de créditos a la exportación con apoyo oficial se realiza de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial. Esta revisión abarca las actividades de créditos a la exportación con apoyo oficial que llevan a cabo las Agencias de Crédito a la Exportación (ACE) de los Estados miembros y se basa en la información facilitada por los Estados miembros en los informes anuales de actividades que presentan a la Comisión, también de conformidad con el Reglamento. Los informes siguen una plantilla normalizada (también denominada «plantilla de la lista de verificación»), acordada con los Estados miembros, que se ha revisado y ampliado con el tiempo. La plantilla actual se utiliza desde 2023 e incluye detalles adicionales, en particular una revisión sectorial orientada al clima de las actividades de créditos a la exportación con apoyo oficial, así como una información financiera más armonizada.
2. Informes anuales de actividad recibidos respecto al año civil 2024:
Veintiún Estados miembros pudieron conceder en 2024 créditos a la exportación con apoyo oficial en el ámbito de aplicación del Acuerdo en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial («el Acuerdo»): Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Todos presentaron un informe anual de actividad correspondiente al año 2024.
Los demás Estados miembros (Bulgaria, Chipre, Irlanda, Letonia, Lituania y Malta) confirmaron que no disponen de una agencia capaz de proporcionar créditos a la exportación con apoyo oficial.
3. Análisis de los informes anuales de actividades
a)Información general
En 2024, todos los Estados miembros que cuentan con al menos una ACE, excepto Grecia (cuya ACE no proporciona ningún apoyo financiero en el ámbito de aplicación del Acuerdo), proporcionaron una garantía pura, es decir, créditos a la exportación en forma de garantías o seguros. Doce de esos Estados miembros (Alemania, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Polonia y Suecia) proporcionaron además un apoyo financiero oficial, es decir, financiación directa, refinanciación de préstamos comerciales para operaciones de crédito de exportación o subvención de intereses. Un pequeño número de Estados miembros (Austria, Dinamarca, España, Francia, Hungría y Polonia) declararon haber facilitado asimismo ayuda ligada, esto es, una modalidad de créditos a la exportación, con un componente liberal, que está regulada en el marco del Acuerdo de la OCDE.
El Acuerdo y las tres Recomendaciones de la OCDE sobre disciplinas de buena gobernanza 1 garantizan la armonización de las prácticas en todos los miembros de la OCDE y dentro de la UE. No obstante, dentro de este marco, los Gobiernos diseñan sus propias políticas. La mayoría de las ACE tienen normas que se añaden a las de las directrices de la OCDE, como las relativas al contenido nacional y local, y normas más rigurosas, especialmente para reflejar sus propias políticas nacionales y compromisos internacionales como los Principios del Ecuador (un marco de gestión de riesgos para que las entidades financieras identifiquen, evalúen y gestionen los riesgos medioambientales y sociales al financiar proyectos vinculados a la Corporación Financiera Internacional en el marco del Grupo del Banco Mundial). Algunas ACE optan por ofrecer programas adaptados a sectores u objetivos determinados, lo cual puede reflejar las especificidades de los diversos acuerdos sectoriales dentro del Acuerdo, unas estructuras de coaseguro o unas orientaciones estratégicas.
La estructura organizativa de las ACE y la gobernanza relativa a la prestación de apoyo difieren entre los Estados miembros. Existen veintisiete organismos en los Estados miembros, ya sean organismos públicos o empresas privadas que operan bajo un mandato público y supervisión gubernamental, que gestionan los créditos a la exportación con apoyo oficial. Estos organismos se enumeran en el anexo 1. Los Estados miembros que proporcionan garantías y financiación suelen contar con una institución concreta separada que se ocupa de la financiación, a veces denominada «banco EXIM» (abreviatura de «exportación e importación»).
b)Volumen del apoyo oficial
Los informes anuales de actividades aportan información financiera pertinente sobre el apoyo oficial que han proporcionado las ACE, de acuerdo con las estructuras organizativas y los marcos legislativos nacionales de cada Estado miembro. La Comisión no tiene observaciones que hacer sobre los aspectos financieros de los informes anuales de actividad de 2024.
En cuanto al apoyo oficial en forma de garantía pura, establecida en el artículo 5, punto 1, del Acuerdo, el cuadro que figura a continuación enumera la exposición al riesgo nominal global notificada correspondiente a los mayores proveedores de la Unión Europea a 31 de diciembre de 2024:
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Cuadro 1. Total de carteras de apoyo oficial de la UE y de los Estados miembros, en forma de garantía pura en 2024 (millones EUR) Mayores contribuyentes de la UE, ordenados según la exposición al riesgo nominal global |
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Exposición total en la UE en forma de garantía pura |
370 060 |
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Italia |
93 606 |
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Alemania |
73 800 |
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Francia |
66 872 |
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Suecia |
42 900 |
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Países Bajos |
25 292 |
En cuanto al apoyo financiero oficial, establecido en el artículo 5, punto 2, del Acuerdo, el cuadro que figura a continuación enumera el valor nominal notificado de la cartera de préstamos con apoyo oficial correspondiente a los mayores proveedores de la Unión Europea a 31 de diciembre de 2024:
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Cuadro 2. Total de carteras de apoyo oficial de la UE y de los Estados miembros, en forma de apoyo financiero oficial en 2024 (millones EUR) Mayores contribuyentes de la UE, ordenados según el valor nominal de la cartera de préstamos con apoyo oficial |
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Cartera total de préstamos en la UE |
103 618 |
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Italia |
43 528 |
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Francia |
17 192 |
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Alemania |
15 991 |
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Suecia |
8 853 |
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Finlandia |
6 583 |
Conviene señalar que la suma de las cifras de los cuadros 1 y 2 no parece ofrecer una imagen precisa del valor total del apoyo prestado a las operaciones de exportación, ya que un Estado miembro puede prestar apoyo a la misma operación de exportación tanto con financiación directa como con una garantía pura. Además, estos cuadros solo tienen en cuenta los productos financieros que entran en el ámbito de aplicación del Acuerdo, excluyendo otros posibles productos financieros ofrecidos por las ACE, por ejemplo, los créditos a la exportación a corto plazo o el apoyo oficial a las exportaciones de material militar y productos agrarios.
Para representar el flujo del apoyo oficial, el cuadro que figura a continuación se refiere al valor de las operaciones apoyadas, durante el año civil 2024, por nuevos compromisos de crédito a la exportación, que recibieron apoyo con arreglo al Acuerdo con respecto a los mayores proveedores de la UE:
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Cuadro 3. Nuevos compromisos de los Estados miembros de la UE notificados a la OCDE durante 2024 (millones EUR) Mayores contribuyentes de la UE al crédito a la exportación de la OCDE |
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Número total de operaciones de crédito a la exportación |
Valor de crédito total agregado de los proyectos que reciben apoyo con crédito a la exportación |
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Total de nuevos compromisos notificados en la UE |
1 568 |
53 007 |
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Francia |
168 |
18 756 |
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Italia |
371 |
11 368 |
|
Suecia |
344 |
8 075 |
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Alemania |
254 |
6 800 |
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Finlandia |
14 |
2 092 |
c)Consideración de los objetivos climáticos:
El 15 de marzo de 2022, en las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre créditos a la exportación 2 , se esbozó el «Pacto Europeo por el Clima en la financiación de las exportaciones», que incluía diversos compromisos. Entre ellos, los Estados miembros manifestaron su «voluntad [...] de complementar los informes anuales» en el contexto de la presente revisión anual «con una evaluación orientada al clima de sus respectivas actividades de crédito a la exportación con apoyo oficial, sector por sector», en uso desde 2023. Otro elemento era el compromiso, expresado en esas mismas conclusiones, de que los Estados miembros fijasen en sus políticas nacionales, a más tardar a finales de 2023, sus propios plazos con base científica para poner fin a los créditos a la exportación con apoyo oficial en el caso de proyectos del sector de la energía procedente de combustibles fósiles, salvo en circunstancias limitadas y claramente definidas que fueran coherentes con un límite de calentamiento de 1,5º C y los objetivos del Acuerdo de París.
En sus informes anuales de actividades, dieciséis Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía y Suecia) informaron de que habían publicado una política de ese tipo. Los demás Estados miembros han declarado que no tienen intereses en el sector de la energía procedente de combustibles fósiles o que no proporcionan créditos a la exportación con apoyo oficial.
Por lo que respecta al sector del carbón, desde 2021 está prohibido cualquier apoyo a proyectos relacionados con las centrales de carbón sin reducción de emisiones, con excepción de los proyectos que reducen la contaminación o instalan sistemas de reducción de las emisiones de CO2, lo que no da lugar a una prolongación de la vida útil de las centrales ni a un aumento de la capacidad. En sus políticas relacionadas con el clima, la mayoría de los Estados miembros han puesto en marcha una política de eliminación progresiva del carbón más estricta que la prohibición del Acuerdo, incluida la de no permitir financiación en ningún eslabón de la cadena de valor. En 2024, las ACE no notificaron operaciones para proyectos relacionados con el sector de la energía del carbón (que incluye la exploración, la producción, el transporte, el almacenamiento relacionado con la infraestructura de distribución, el refinado, la distribución y la producción de energía).
Por lo que se refiere al sector del petróleo, los dieciséis Estados miembros fijaron varios plazos para poner fin al apoyo. Once de ellos se comprometieron a dejar de apoyar esos proyectos (Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia). Los demás Estados miembros mantuvieron la posibilidad de financiar tales operaciones, con una fecha de finalización fijada a más tardar en 2030, aunque ninguno notificó operaciones relacionadas con el petróleo en estos sectores en 2024.
En el sector del gas, los mismos once Estados miembros se comprometieron claramente a dejar de financiar proyectos relativos a centrales eléctricas y a la cadena de valor. Sin embargo, algunas ACE (Alemania, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Países Bajos) mantienen la posibilidad de conceder apoyo en circunstancias limitadas, por ejemplo para la reducción de la producción de energía, el desarrollo de los países más pobres o cuando el gas natural forme parte de una solución transitoria que sea coherente con el objetivo de 1,5 °C: algunos de ellos especifican que la contribución determinada a nivel nacional del país receptor no debe ser un criterio, ya que la ACE evalúa la coherencia con el objetivo de los 1,5 °C. Por otro lado, España aplicó restricciones más estrictas para las actividades del sector de la exploración y el sector intermedio del ciclo de producción. Los demás Estados miembros, al igual que en el caso del petróleo, mantuvieron la posibilidad de financiar tales operaciones, con una fecha de finalización fijada a más tardar en 2030, aunque ninguno notificó operaciones relacionadas con el gas en estos sectores en 2024.
En la práctica, cinco ACE notificaron catorce operaciones apoyadas por créditos a la exportación en los sectores del petróleo y el gas en 2024, con un valor de crédito total de 1 176,2 millones EUR:
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Estado miembro proveedor |
Valor de las operaciones |
Tipo de proyecto |
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Bélgica y Alemania |
138,7 millones EUR (Bélgica) y 265,2 millones EUR (Alemania) |
Generadores de vapor y turbina para central eléctrica de gas de ciclo combinado |
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Finlandia (dos proyectos) |
73,8 millones EUR |
Modernización y renovación de la central eléctrica de gas existente (sin cambios en la producción de la central) |
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Alemania (dos proyectos) |
21,3 millones EUR |
Dos proyectos del sector de la exploración y producción de gas |
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Alemania |
21,4 millones EUR |
Instalación de un gasoducto móvil |
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Italia |
605,8 millones EUR |
Instalación de gasoductos submarinos para la extracción de gas |
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Países Bajos (cuatro proyectos) |
20,9 millones EUR |
Cuatro proyectos del sector de la exploración y producción de petróleo |
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Países Bajos (tres proyectos) |
29,1 millones EUR |
Tres proyectos del sector intermedio de la industria del petróleo |
Finlandia (para su primer proyecto) y Alemania pudieron prestar apoyo a estos proyectos, ya que habían contraído compromisos antes de la introducción de sus estrategias climáticas, de forma que los requisitos aún no eran aplicables. Bélgica e Italia justificaron su apoyo alegando que, en el momento de la aprobación, no existía ninguna prohibición de la actividad específica, de modo que sus políticas climáticas permitían dicho apoyo hasta finales de 2025. El segundo proyecto finlandés y la mayoría de los proyectos neerlandeses (todos excepto uno) se consideraron aceptables con carácter excepcional, en la medida en que se referían al suministro de bienes para infraestructuras existentes, siempre que dicho suministro diera lugar a mejoras en el rendimiento medioambiental o en el ámbito de la seguridad o la salud, sin prolongar la vida económica de la infraestructura. El proyecto neerlandés restante se aprobó en virtud de una excepción aplicable a buques específicos que prestan servicios de apoyo a infraestructuras fósiles existentes.
En el caso de todas las operaciones, los Estados miembros notificantes señalaron que llevaban a cabo un proceso de diligencia debida en el ámbito del clima similar al que utilizaban para otros impactos sociales y medioambientales.
Además de estas restricciones para el sector de la energía procedente de combustibles fósiles, las ACE han adoptado programas de incentivos para operaciones respetuosas con el clima, además de los períodos máximos de reembolso más largos permitidos en virtud del Acuerdo Sectorial sobre Cambio Climático del Acuerdo. Por ejemplo, algunas ACE ofrecen normas de contenido nacional más flexibles, como un importe máximo del préstamo más elevado, una ratio de cobertura mayor, un tipo mínimo de prima aplicado por defecto o un reembolso de los gastos de estudio por operaciones respetuosas con el clima.
Concretamente, en 2024 seis países financiaron cincuenta y tres proyectos en los sectores de mitigación y adaptación al cambio climático, tal como se definen en el Acuerdo Sectorial sobre Cambio Climático, por un importe total de 4 247 millones EUR (casi cuatro veces más del valor del crédito concedido para proyectos relacionados con combustibles fósiles). Entre estos proyectos, la mayoría estaban relacionados con las energías renovables (cuarenta y dos operaciones por un valor de crédito de 2 928 millones EUR).
d)Tratamiento de otros riesgos medioambientales:
La Recomendación de la OCDE sobre los enfoques comunes en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial y el deber de diligencia medioambiental y social establece principios comunes para aplicar dicha diligencia. Todos los Estados miembros se han adherido a la Recomendación, en virtud de la cual determinan y abordan los posibles efectos y riesgos vinculados a las solicitudes de apoyo oficial. La Recomendación se basa principalmente en normas bien consolidadas, como las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación Financiera Internacional, las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad del Grupo del Banco Mundial, las políticas de salvaguardia del Banco Mundial y los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial. La Recomendación abarca cuestiones medioambientales clave, como las emisiones a la atmósfera, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia de los recursos, la gestión de residuos, el ruido y las vibraciones, la gestión de materiales peligrosos, los impactos en los ecosistemas, la protección de la biodiversidad y el uso significativo de los recursos naturales. Asimismo, incluye requisitos sobre la preparación y la respuesta ante emergencias, de modo que los responsables de los proyectos puedan responder a accidentes y a situaciones de emergencia de forma apropiada, a fin de evitar o paliar las repercusiones medioambientales y sociales.
Las políticas de diligencia debida y los procedimientos de evaluación de riesgos de las ACE se basan, fundamentalmente, en la Recomendación, aun cuando esta no desempeñe un papel exclusivo y las políticas también se fundamenten en otras normas internacionales y en el acervo de la UE. Todos los Estados miembros que han proporcionado créditos a la exportación con apoyo oficial han notificado que cumplen con la vertiente medioambiental de la Recomendación, y que este aspecto forma parte de sus sistemas de diligencia debida y de gestión de riesgos, así como de sus procesos de toma de decisiones. Los procedimientos de evaluación ex ante dependen del tipo, el tamaño y la categoría de una solicitud determinada de créditos a la exportación con apoyo oficial. Los riesgos se detectan, se clasifican y se evalúan, lo cual puede repercutir en la admisibilidad de los solicitantes para beneficiarse del apoyo. Todas las ACE de la UE confirmaron que habían analizado todas las solicitudes de créditos a la exportación con apoyo oficial a efectos de determinar si era necesario realizar una revisión medioambiental.
En virtud de la Recomendación, las ACE deben clasificar estas solicitudes en tres categorías de riesgos en función del posible impacto medioambiental negativo: riesgo alto (categoría A), riesgo medio (categoría B) o riesgo bajo (categoría C). Muchos Estados miembros han declarado que aplican la Recomendación más allá de su ámbito de aplicación. En este sentido, clasifican todas las operaciones, incluidas aquellas en las que se garantiza una cuota de operación por un valor inferior a 10 millones de derechos especiales de giro (DEG), operaciones que, en principio, no es obligatorio analizar. Los Estados miembros comunicaron haber realizado una evaluación del impacto medioambiental y social (ESIA, por sus siglas en inglés) de conformidad con el artículo 18 de la Recomendación en el caso de todas las solicitudes de categoría A respecto a las cuales una ACE hubiera asumido un compromiso definitivo. En el caso de las solicitudes de categoría B, informaron de que los solicitantes siempre habían facilitado información suficiente sobre los impactos medioambientales pertinentes de sus proyectos, de conformidad con el artículo 19 de la Recomendación. Antes de tomar la decisión de prestar apoyo a proyectos de categoría A o B, todas las ACE que financiaron tales proyectos informaron de que siempre evaluaban la información resultante del análisis y la revisión de las operaciones, a través de un informe de diligencia debida llevado a cabo por un organismo interno independiente o por un consultor externo, cuyo dictamen favorable es un requisito para su emisión. La información pertinente se recabó mediante los informes de ESIA, pero también gracias a los cuestionarios y los formularios de solicitud de las ACE, la investigación documental, las visitas sobre el terreno, la investigación de consultores externos y el contacto directo con los solicitantes.
Solo Suecia informó de que había denegado una solicitud para un proyecto minero debido a una gestión inadecuada de los riesgos relacionados con las zonas naturales protegidas y los derechos humanos. También informó de que se habían denegado otros proyectos por no ser compatibles con las políticas en materia de combustibles fósiles. Además, pueden producirse incumplimientos leves, como el incumplimiento de los plazos para presentar información o informes. Las situaciones de incumplimiento se resuelven en coordinación con los promotores de los proyectos y, en ocasiones, con el apoyo de la embajada del Estado miembro, diseñando acciones correctoras y medidas de mitigación que se supervisan a lo largo del tiempo, o suspendiendo el apoyo o denegando la indemnización, aunque estas últimas herramientas no se utilizaron durante el período de referencia.
e)Diligencia debida en materia social y de derechos humanos
La Recomendación de la OCDE sobre los enfoques comunes, además de su vertiente medioambiental, establece desde 2012 principios para aplicar la diligencia debida en materia social. La Recomendación abarca posibles impactos sociales importantes de los proyectos, especialmente por lo que se refiere a las condiciones laborales (por ejemplo, trato justo, discriminación, libertad de asociación, negociación colectiva o alojamiento de los trabajadores), la salud, la seguridad y la protección comunitarias (por ejemplo, exposición de la comunidad a enfermedades o uso de personal de seguridad), la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario (por ejemplo, desplazamiento físico o económico), la intervención adecuada en las comunidades afectadas (por ejemplo, procesos de participación y de consulta informadas o mecanismos de reclamación), los pueblos indígenas (por ejemplo, procesos de consentimiento libre, previo e informado) y el patrimonio cultural. Asimismo, aborda efectos clave de los proyectos en los derechos humanos, tales como el trabajo forzado, el trabajo infantil, las cuestiones de género y las situaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo que puedan ser mortales. También se presta especial atención a los grupos vulnerables.
Las prácticas de diligencia debida que han comunicado las ACE son similares a las prácticas relativas a los riesgos medioambientales. Los veinte Estados miembros notificantes que conceden apoyo oficial afirman cumplir la vertiente social y de derechos humanos de la Recomendación de la OCDE sobre los enfoques comunes, que forma parte de sus sistemas de toma de decisiones, diligencia debida y gestión de riesgos. Todos ellos han confirmado además que habían analizado todas las solicitudes para determinar si debía revisarse más a fondo el aspecto social y de derechos humanos. También han informado de que se había llevado a cabo una ESIA en todas las solicitudes de categoría A. En el caso de las solicitudes de categoría B, han señalado que los solicitantes siempre proporcionaban información suficiente para abordar los impactos pertinentes del proyecto. Los Estados miembros han indicado asimismo que, antes de tomar una decisión respecto a la concesión de apoyo oficial a proyectos de categoría A o B con un posible impacto negativo en el ámbito social y de los derechos humanos, sus ACE evaluaron siempre la información derivada del análisis y la revisión de las operaciones, al igual que se hace con los riesgos medioambientales.
Los Estados miembros no notificaron situaciones de incumplimiento permanente en 2024 en sus procesos de diligencia debida en materia social y de derechos humanos, excepto en el caso del proyecto minero sueco mencionado anteriormente (lo que dio lugar a la denegación del proyecto). Algunas ACE informaron de que se habían enfrentado a situaciones de desviación con respecto a las acciones acordadas y las normas internacionales durante la fase de seguimiento de determinadas operaciones, y habían puesto en marcha medidas específicas para cada caso (como una mayor atención a los problemas concretos y un aplazamiento de los plazos de obtención de los resultados).
Todas las ACE, excepto dos, tienen un proceso de consulta participativa o un mecanismo de reclamación para las comunidades afectadas. En todos los casos, se pide a los promotores de proyectos que establezcan mecanismos, independientemente de la participación de la ACE. Los Estados miembros no notificaron a la Comisión ninguna denuncia en sus informes anuales de actividades de 2024.
f)Medidas de lucha contra el soborno
Todos los Estados miembros que conceden créditos a la exportación con apoyo oficial afirman cumplir la Recomendación de la OCDE sobre soborno y créditos a la exportación con apoyo oficial. La Recomendación recoge medidas de análisis, realización de procesos de diligencia debida, evaluación y toma de decisiones sobre la admisibilidad de las solicitudes de apoyo con vistas a impedir los sobornos respecto a los créditos a la exportación con apoyo oficial. Estas medidas implican, en particular, verificar que las partes implicadas en las operaciones no figuren en las listas de exclusión de las instituciones financieras multilaterales.
g)Prácticas de préstamos sostenibles
Todos los Estados miembros que conceden créditos a la exportación con apoyo oficial afirman cumplir la Recomendación de la OCDE sobre prácticas de préstamos sostenibles y créditos a la exportación con apoyo oficial. La Recomendación pretende garantizar que, cuando se financien las necesidades de desarrollo de los países de renta más baja, estos países no acumulen una deuda excesiva en el futuro. La adhesión a la Recomendación está estrechamente relacionada con el firme respeto de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia de condiciones de límites de deuda para préstamos no bonificados y en lo que se refiere a préstamos sostenibles. En el marco de la Recomendación, sus adherentes también han aceptado adoptar medidas importantes de transparencia que incluyen facilitar la información pertinente al Banco Mundial y al FMI. En la mayoría de los casos, las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda forman parte de las evaluaciones globales de riesgos del país, que repercuten en las políticas de cobertura por país de las ACE.
h)Otras informaciones incluidas en los informes anuales de actividades
Los Estados miembros declaran velar por que las ACE actúen con la mayor transparencia posible, respetando al mismo tiempo la confidencialidad de la información sensible de las empresas. De acuerdo con la Recomendación de la OCDE sobre los enfoques comunes, el procedimiento armonizado en toda la UE consiste en la divulgación pública de información detallada sobre los proyectos que podrían tener repercusiones medioambientales o sociales negativas. Las ACE siempre han dado a conocer toda la información requerida con arreglo a los artículos 39 y 41 de la Recomendación, es decir información pertinente ex ante en relación con los proyectos de categoría A, en particular las ESIA, e información ex post en el caso de todos los proyectos de las categorías A y B que han recibido apoyo, a través de las páginas específicas en sus sitios web, que se mencionan en el anexo 2.
Muchas de las ACE de la UE tienen una política de responsabilidad social de las empresas que normalmente implica no solo esfuerzos internos, sino también un diálogo estrecho con sus clientes. En este contexto, las ACE evalúan cada vez más sus propias prácticas y desarrollan planes para disminuir su propio impacto medioambiental, lo cual incluye estimaciones sobre la huella de carbono.
4. Observancia de los objetivos y las obligaciones de la Unión por parte de las ACE
En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), se enumeran los objetivos generales de la Unión, y en su artículo 21, los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión. De conformidad con el artículo 3, apartado 5, del TUE, en sus relaciones con el resto del mundo la Unión Europea debe contribuir al «desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas». Por lo que respecta a la política comercial común de la UE, el artículo 206 y el artículo 207, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hacen referencia a los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión.
El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que declare si los Estados miembros cumplen los objetivos y las obligaciones de la UE cuando conceden créditos a la exportación con apoyo oficial. La Comisión ha llevado a cabo su revisión anual de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1233/2011. La revisión de la Comisión, como tal, se basa en los informes anuales de actividades que han presentado los Estados miembros y no puede considerarse definitiva.
En opinión de la Comisión, la información demuestra claramente que las actividades de créditos a la exportación con apoyo oficial en la UE cumplen los artículos 3 y 21 del TUE. Las recomendaciones de la OCDE proporcionan un marco para la gestión de los programas de crédito a la exportación de los Estados miembros. Además, los Estados miembros establecen sus propias políticas sobre la base de dichas recomendaciones y en consonancia con los objetivos de la UE. Los Estados miembros también están poniendo en marcha diversas políticas para apoyar la transición climática y reducir el apoyo a proyectos de combustibles fósiles, aumentando al mismo tiempo el apoyo a los proyectos que respaldan la transición. La Comisión apoya cualquier avance en este ámbito, incluido el refuerzo de los compromisos de los Estados miembros en relación con la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. En lo que concierne al cumplimiento de las obligaciones internacionales y las obligaciones derivadas del Derecho de la UE en materia de competencia, no han surgido diferencias en la Organización Mundial del Comercio a propósito de las actividades de crédito a la exportación de las ACE de la UE de 2024, y la Comisión no ha recibido ninguna queja relativa a posibles incumplimientos del Reglamento de la UE que implicaran a ACE.