La Alta Autoridad, parte demandada, no planteó ninguna objeción durante la fase escrita contra la forma o la admisibilidad del recurso, pero solicita que se desestime por infundado.

El Abogado de la Alta Autoridad, a decir verdad, planteó durante la fase oral la cuestión de saber si se puede admitir que se impugne un único artículo de una Decisión que regula una situación de hecho indivisible; estimó que si el Tribunal de Justicia pronunciara en el caso de autos la anulación, sustituiría en la práctica a la Alta Autoridad para conceder la autorización solicitada. Expuso que el objeto del recurso podría interpretarse diferentemente y extenderse al conjunto de la Decisión.

Sin embargo, semejante interpretación no trataría como se merece al objeto del recurso. El Tribunal de Justicia sólo debe pronunciarse sobre si la negativa a autorizar la cláusula controvertida vicia sustancialmente la forma o infringe las disposiciones del Tratado. Nada de la tesis de las demandantes indica que también quieran impugnar otros artículos de la Decisión. La demandada tampoco demostró que la negativa de aprobar la cláusula fuera una condición para todas las demás autorizaciones dadas con dicha Decisión. Por consiguiente, para apreciar el litigio, hay que partir del hecho de que los demás elementos de la Decisión fueron aceptados por las demandantes. Esta limitación del objeto del recurso es lícita. A pesar de la redacción del artículo 4 de la Decisión no 5/56, la anulación de su artículo 8 no implicaría necesariamente la concesión de la autorización. Por el contrario, de conformidad con el artículo 34 del Tratado, la Alta Autoridad también podría verse obligada, según la redacción de los motivos de la sentencia, a proceder a un nuevo examen, a subsanar las omisiones de forma o incluso a modificar el artículo anulado.

Las demandantes son, por una parte, las 19 sociedades mineras firmantes del acuerdo, que son por consiguiente empresas del carbón, contempladas individualmente por la Decisión y que en consecuencia tienen derecho a interponer un recurso y, por otra parte, la asociación de venta Geitling creada por el acuerdo de las 19 empresas. En varias ocasiones, la Decisión impone a esta asociación limitaciones, condiciones y obligaciones; después de su creación, que hay que considerar como definitiva a falta de indicios en contrario, debe llevar a cabo por cuenta de las empresas participantes todas las tareas que resultan de la venta en común para estas 19 empresas. Se trata de una empresa de distribución que, según el artículo 80 del Tratado, también tiene derecho a interponer un recurso basado en el artículo 65 del Tratado.

La anulación eventual del artículo 8 podría tener como efecto que la Alta Autoridad se viera obligada a autorizar la cláusula controvertida. A este respecto, se puede considerar que el recurso invoca también la obligación que tiene la Alta Autoridad de adoptar una Decisión (caso del párrafo primero del artículo 35) que conceda la autorización solicitada.

Se trata en cualquier caso de una Decisión individual que afecta a las demandantes; por consiguiente, estas últimas pueden invocar todos los motivos del párrafo primero del artículo 33.

Se basa en los motivos de vicios sustanciales de forma, violación del Tratado e incumplimiento patente de sus disposiciones.

La Alta Autoridad responde que, para apreciar si su Decisión está suficientemente motivada, hay que partir de su propia concepción jurídica; indicó dicha concepción en los motivos y, sobre dicha base, motivó suficientemente su Decisión incluso de hecho.

Por una parte, sólo se trata de uno de los 14 artículos de la Decisión de autorización; no fue posible motivar separadamente y de manera independiente este artículo; por el contrario, hay que tener en cuenta todos los elementos de los motivos de la Decisión que forman un todo coherente y que afectan también al artículo controvertido. Teniendo en cuenta la extensión del texto del acuerdo, incluido el régimen comercial, sería exagerar de manera abusiva la obligación que tiene la Alta Autoridad de motivar sus Decisiones si se exigiera de ella que renovara de manera exhaustiva la exposición de su punto de vista general para cada limitación o negativa de autorización.

Por otra parte, el control del cumplimiento de los requisitos de forma no debe extenderse al examen de la cuestión de fondo. El Tribunal de Justicia tuvo ocasión de considerar que no es necesario refutar en la motivación de una Decisión las opiniones contrarias expresadas, pero que los motivos deben contener los elementos esenciales de las comprobaciones de hecho, de las que depende la justificación legal de la Decisión (en este sentido, las sentencias 4/54 y 6/54). No basta, por consiguiente, con que los motivos reproduzcan el texto del Tratado; debe delimitarse por el contrario de manera suficiente los hechos concretos a los que la Alta Autoridad aplicó las correspondientes disposiciones del Tratado.

Estas exigencias son necesarias, pero también suficientes para que se alcance el objeto de la obligación de motivar: los interesados deben saber a qué circunstancias concretas aplicó la Alta Autoridad las disposiciones del Tratado en las que basa su Decisión; en caso de litigio, el Tribunal de Justicia controla si estos hechos se comprobaron de manera exacta y si justifican la aplicación de las disposiciones referidas.

Al fijar las condiciones necesarias para el abastecimiento directo, el acuerdo niega a todos los comerciantes que no reúnen estas condiciones la posibilidad de abastecerse en la asociación de venta (página 33, parte superior de la columna izquierda; DO 1956, 6). Al sacar esta conclusión evidente, que las demandantes tampoco discuten, y teniendo en cuenta el reparto en zonas de venta, tal como resulta del régimen comercial, y la fijación de tonelajes límite, la Alta Autoridad definió claramente los elementos de hecho en los que ve un reparto de clientes y de mercados en el sentido de la letra d) del artículo 4 y del apartado 1 del artículo 65 (véanse en este sentido los motivos; DO 1956, 6, p. 33, parte inferior de la columna izquierda). Cuando las demandantes reclaman además que se indiquen todas las repercusiones que tendría dicho régimen en materia de restricción de la competencia, van, en mi opinión, demasiado lejos, considerando la evidencia de los hechos. Pero sobre todo, y todavía menos que para el contenido del mismo régimen comercial, no se trataría en absoluto de comprobaciones de hecho, sino de la previsión de las consecuencias de una normativa general de carácter económico, previsiones estrechamente vinculadas a la apreciación de derecho. Por todas estas razones, habrá que esperar al examen sobre el fondo para determinar si las comprobaciones de hecho señaladas justificaban la consecuencia que se sacó en derecho, si eran incompletas o si podían haberse precisado en el curso del proceso.

Se llega así al resultado de que la restricción de la competencia resultante de las condiciones de admisión al abastecimiento directo, entre las que figura la cláusula controvertida, motiva suficientemente la aplicación del apartado 1 del artículo 65 del Tratado.

La segunda deducción de hecho que la Alta Autoridad saca del contenido del régimen comercial sólo afecta a la cláusula controvertida y no al resto de los criterios relativos a las compras directas. Después de haber comprobado que los demás criterios responden a las condiciones del apartado 2 del artículo 65, la Alta Autoridad continúa diciendo (DO 1956, 6, p. 34, parte inferior de la columna izquierda y parte superior de la columna derecha):

[…] Considerando que la cláusula controvertida […] tiene como consecuencia que el comerciante -para asegurarse la ventaja de la compra directa- comprará preferentemente, hasta el total de este volumen de 25.000 t/año, combustibles de las otras dos asociaciones de venta del carbón del Ruhr y, por ello, aplazará la compra de combustibles a los productores de otras cuencas.

La Alta Autoridad ve la particularidad del criterio controvertido, con relación a las demás condiciones autorizadas, en el hecho de que conduce a dar preferencia a las otras asociaciones de venta del carbón del Ruhr sobre el resto de los productores de la Comunidad. Este motivo pone claramente de manifiesto que el punto de vista determinante fue que la cláusula controvertida permitía que se tuvieran en cuenta las compras efectuadas a otras asociaciones: las demás cláusulas sólo hablan de un volumen determinado de compras en el conjunto de cuencas de la Comunidad o en las demandantes, pero no en otras asociaciones determinadas. No puedo pues comprender a las demandantes cuando mantienen que los motivos indicados también habrían podido utilizarse para prohibir cualquier otra cláusula. Esperaré al examen de la cuestión de fondo para examinar si la Alta Autoridad apreció correctamente en derecho esta situación de hecho y, especialmente, si tuvo razón al recurrir a la prohibición de discriminaciones de la letra b) del artículo 4 a la que se remite.

Añadiré que un estudio atento del conjunto de los motivos únicamente permite comprobar que se redactaron con especial detalle y cuidado.

Por consiguiente, hay que examinar en primer lugar esta cuestión, ya que lo exige el caso de autos.

La demandada parece compartir este punto de vista en el sentido de que también ella admite que una discriminación no es esencial para un acuerdo que implique una restricción de la competencia, que, en sí misma considerada, sea lícita, y que esta discriminación atribuye a dicho acuerdo un carácter más restrictivo de lo que exige su objeto. Deduce de ello que, cuando se procede al examen previsto en el apartado 2 del articulo 65, hay que examinar siempre, directa o indirectamente, si el acuerdo implica una discriminación. Poco importa, por consiguiente, que la Alta Autoridad sólo se apoye en el apartado 2 o que además se remita expresamente a la letra b) del artículo 4. Como ha hecho lo uno y lo otro en la Decisión impugnada, la cuestión planteada por las demandantes no tiene importancia.

Deseo mencionar únicamente el informe de 1955 de la Comisión británica de monopolios, que trata especialmente de las discriminaciones colectivas.

Me extralimitaría en el objeto de la misión que se me ha encomendado en el presente litigio si quisiera adoptar aquí una posición de principio sobre estas cuestiones. Incluso si nos limitamos al Derecho de la Comunidad, en el que hay que considerar los conceptos de discriminación y de restricción de la competencia a la luz del Tratado y en el que hay que estudiar y tomar en consideración las condiciones propias a las industrias de base puestas así en común, es imposible tratar a fondo este problema en el marco de unas conclusiones expuestas en el curso de un litigio. Sólo puede tratarse, sin pretender ser completo, de destacar algunos puntos de vista generales y de plantear después el problema en unos términos que permitan zanjar el caso de autos.

La venta en común efectuada por cuenta de varias empresas de producción nos proporciona un ejemplo: es verdad que restringe la competencia y que, por consiguiente, debe autorizarse previamente según el apartado 2 del artículo 65; pero es perfectamente posible organizar esta venta en común de tal manera que no presente ningún carácter de discriminación.

De esta propuesta se puede sacar la conclusión siguiente para el problema que nos interesa:

Aunque el examen de un acuerdo que establezca una práctica colusoria ponga de manifiesto que no es contrario a la prohibición de la letra b) del artículo 4, hay que examinar además si se reúnen las condiciones del apartado 2 del artículo 65.

No toda discriminación que, considerada en sí misma, esté prohibida por la letra b) del artículo 4 constituye por ello al mismo tiempo una restricción de la competencia, ilegal según el artículo 65.

Hay que distinguir aquí. Pueden existir en efecto prácticas discriminatorias que no tengan influencia apreciable en la competencia. Tal será el caso, como norma general, si dichas discriminaciones proceden de empresas que no tienen en sí mismas ninguna influencia importante en la competencia. En cambio, las prácticas colusorias y empresas que tengan una posición dominante en el mercado también podrán restringir la competencia mediante discriminaciones.

De cualquier forma, se impone la conclusión de que no basta con que un examen independiente, efectuado según lo dispuesto en la letra b) del artículo 4, ponga de manifiesto una discriminación para poder afirmar que hay una restricción de la competencia incompatible con el apañado 2 del artículo 65.

El Tribunal de Justicia consideró ya (cito la sentencia 1/54) que:

Los artículos 2, 3 y 4 del Tratado […] constituyen disposiciones fundamentales que establecen el mercado común y los objetivos […] de la Comunidad. Su importancia se deduce claramente del artículo 95. Al autorizar a la Alta Autoridad a definir las prácticas prohibidas, el Tratado la obliga a tener en cuenta todos los objetivos prescritos por los artículos 2, 3 y 4.

Rec. 1954-1955, pp. 7 y ss., especialmente p. 23, II, 1o a).

El Tribunal de Justicia se remitió a esta jurisprudencia en la sentencia 7/54 y 9/54 y reconoció además que:

cuando las disposiciones del artículo 4 se contemplan, se recogen o se regulan en otras partes del Tratado, los textos […] deberán considerarse en su conjunto y aplicarse simultáneamente.

En mis conclusiones en este asunto indiqué que la prohibición de discriminaciones rige de conformidad con las disposiciones de este Tratado. Es posible, según expliqué, que las prohibiciones de discriminación y de práctica colusoria coincidan parcialmente, por consiguiente ambas disposiciones pueden encontrarse en competencia ideal. Me inclino pues a pensar que, en el procedimiento de autorización previsto en el artículo 65, hay que partir de las disposiciones de este articulo teniendo en cuenta al mismo tiempo la letra b) del artículo 4 y remitiéndose a ésta misma para interpretar el apartado 2 del artículo 65, pero, por otra parte, considerada en sí misma, la prohibición de discriminaciones no constituye un motivo particular de denegación en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65.

La Alta Autoridad reconoció que el régimen comercial contiene un reparto de clientes y de mercados y que, por consiguiente, va en contra no únicamente del apartado 1 del artículo 65, sino también de la letra d) del artículo 4, que es otra disposición fundamental; pero, a pesar de este ataque a la prohibición de principio prevista en el artículo 4, autorizó lo esencial del régimen comercial.

En segundo lugar, la Alta Autoridad reconoció que la autorización de venta en común otorga a las sociedades mineras participantes una influencia considerable en el mercado, lo que permite, a su vez, aplicar prácticas contrarias a las prescripciones de las letras b) y d) del artículo 4, especialmente en lo que se refiere a la prohibición de discriminaciones y al reparto del mercado (DO 1956, 6, p. 32, columna de la derecha). Esta posibilidad de practicar discriminaciones, que no se derivan del contenido mismo del régimen presentado para su aprobación, no ha implicado la prohibición de la venta en común, sino simplemente una prevención contra algunas modalidades prácticas de aplicación de dicho régimen que la Alta Autoridad consideraría discriminatorias.

A decir verdad, las demandantes no alegaron hasta la réplica que la cláusula no autorizada no establece absolutamente ninguna restricción de la competencia y que, por consiguiente, no tiene necesidad de ser autorizada. Si se ve en ello un nuevo motivo independiente invocado en apoyo del recurso, no se puede declarar su admisibilidad según la disposición expresa del artículo 22 del Estatuto del Tribunal de Justicia. Sin embargo, esta causa de inadmisión sólo tiene en el caso de autos un significado puramente formal. En efecto, la comprobación de que la cláusula establece una restricción de la competencia en el sentido del apartado 1 es una condición necesaria para que se pueda examinar si la restricción de la competencia en el sentido del apartado 1 es una condición necesaria para que se pueda examinar si la restricción, una vez comprobada, debía autorizarse de conformidad con el apartado 2. Se puede estimar además que, teniendo en cuenta la estrecha relación material, no hay en ello un nuevo motivo, sino únicamente el desarrollo y la ampliación de un motivo ya planteado en la demanda. En ésta, las demandantes alegaron que la cláusula no tiene carácter más restrictivo de lo que exige el objeto del régimen comercial. Después de que la demandada precisara los elementos que constituyen, en su opinión, la restricción de la competencia, las demandantes ampliaron su tesis al afirmar que estas supuestas restricciones de la competencia no hacían al caso en absoluto.

Por consiguiente, es de todas formas necesario proceder a un examen de fondo.

Considerando que dichos acuerdos implican, en el sentido de la letra d) del artículo 4 y del artículo 65 del Tratado, un reparto de los compradores y del mercado.

La Alta Autoridad expuso en su escrito de contestación que la cláusula controvertida constituía un elemento de un acuerdo que tenía por efecto repartir el mercado y los clientes. Además, la cláusula restringe la competencia a la admisión entre las tres asociaciones de venta; dado que en efecto estas tres asociaciones aplican el mismo régimen, constituyen por ello una unidad económica (véase la p. 38 del escrito de contestación). Cuando el comerciante alcanza la cifra de 12.500 toneladas de compras en la asociación en la que quiere ser admitido como primer mayorista, el efecto de la cláusula es suprimir el interés que este comerciante tendría en comprar a dicha asociación 12.500 toneladas suplementarias, es decir, en alcanzar un total de 25.000 toneladas. Por último, la cláusula implica una diferenciación injustificada en la situación competitiva de los comerciantes, puesto que sólo podrían cumplir los requisitos de la cláusula en mayor o menor medida según la zona de venta; concretamente, en la práctica la cláusula no tiene importancia alguna para los comerciantes alemanes, mientras que tiene importancia decisiva para los comerciantes de los demás países de la Comunidad.

Las demandantes responden mediante dos alegaciones:

a)No hay reparto de los clientes que pueda restringir la competencia, puesto que se admiten unos 400 mayoristas y además la cláusula de revisión del número 4 del artículo 9 de la Decisión no 5/56 impide que se establezcan restricciones a la competencia.b)De hecho, sin la cláusula, no habría competencia entre las tres asociaciones de venta porque, con o sin ella, para tener la calificación de mayorista, poco importa a cual de las tres asociaciones de venta del carbón del Ruhr se compra la cantidad que excede de 12.500 toneladas. La cláusula ni quiere ni puede influir el mercado, quiere garantizar únicamente una cualificación suficiente para ser admitido como mayorista.

Se pueden reconocer, por decirlo así, varios grados de restricciones de la competencia en el conjunto de los acuerdos de los que trata la Decisión no 5/56. En primer lugar, el acuerdo de 19 empresas relativo a la venta en común entra ya en la prohibición de principio muy general del apartado 1, teniendo en cuenta que restringe especialmente la competencia mutua existente entre las diferentes empresas agrupadas. No es necesario que un acuerdo relativo a la venta en común establezca también una delimitación de los primeros mayoristas; existe pues una restricción suplementaria, que se deduce de la admisión de determinados comerciantes y de la exclusión de otros y que puede limitar la competencia entre comerciantes. Con respecto al apartado 1, poco importa pues el número de mayoristas admitidos. Tampoco la cláusula de revisión del número 4 del artículo 9 de la Decisión no 5/56 afecta a la prohibición de principio del apartado 1 del artículo 65 del Tratado, únicamente debe permitir que la restricción existente no supere la medida admitida por el apartado 2 (véanse los motivos de la Decisión; DO 1956, 6, p. 34, columna izquierda en el medio, donde también se tiene en cuenta, en el ámbito del apartado 2, el número de mayoristas cuya actividad es posible prever en las diferentes zonas de venta y el efecto de la cláusula de revisión).

Teniendo en cuenta que la cláusula controvertida es un elemento del régimen comercial que se refiere a la delimitación de la categoría de mayoristas admitidos a abastecerse directamente, las anteriores consideraciones bastan para demostrar que también esta cláusula entra en la prohibición de principio del apartado 1 y que, por consiguiente, está sujeta a autorización.

Esto prepara el examen previsto en el apartado 2, que deberá tratar sobre todo de saber si la restricción de competencia particular suplementaria, cuya existencia se ha comprobado, supera la medida permitida. Se podrá ver también en esta alegación de las demandantes la afirmación de que la cláusula controvertida no tiene como efecto establecer restricciones de competencia particulares que superen las que se han autorizado, tal es también el sentido de la concepción de las demandantes, según la cual no se ve por qué razón no se ha aprobado la cláusula controvertida, a diferencia de las demás.

El Agente de las demandantes reconoció durante la vista que el régimen comercial, considerado en su conjunto, estaba sujeto a autorización; únicamente impugnó que la cláusula contribuyera a restringir la competencia o incluso a agravarla.

Durante la vista y al tratar el alcance de las facultades de control asignadas al Tribunal de Justicia, las mismas demandantes subrayaron que el hecho de decidir si existe una discriminación o una restricción de la competencia no tiene nada que ver con los hechos económicos, sino que depende de la interpretación del Tratado, por consiguiente, el Tribunal de Justicia es plenamente competente para examinar esta cuestión. Pero, en estas circunstancias, también debe ser posible que el Tribunal de Justicia aprecie con toda independencia los efectos de la cláusula, sin estar vinculado por las alegaciones de la Alta Autoridad, contenidas en su Decisión o que sólo se expusieron por primera vez en el proceso; sólo después podrá decidir el Tribunal con exactitud si la cláusula tiene como efecto agravar el carácter restrictivo del régimen comercial. Por otra parte, debe tratarse de alegaciones en el sentido estricto de la palabra o, más exactamente, de deducciones de hecho o de Derecho que se puedan sacar directamente del texto del régimen comercial, sin que haga falta proceder a un nuevo análisis de los hechos.

a)Primeramente, la cláusula no se prohibió debido al volumen exigido de 25.000 toneladas. Las demandantes subrayan con razón que la Decisión no tiene en cuenta tales consideraciones. A tal efecto, en el ámbito del examen previsto en el apartado 2, habría sido necesario establecer cuál era de hecho el número de comerciantes admitidos; aquí también tendría sentido la alegación de las demandantes, según la cual la cláusula de revisión habría impedido una reducción excesiva del número de comerciantes admitidos. Pero si bien el volumen de las compras no jugó un papel determinante en la prohibición, tampoco podría tenerse en cuenta la restricción suplementaria como consecuencia de que el volumen exigido se ampliara de 12.500 a 25.000 toneladas.b)En segundo lugar, la cláusula no obliga a abastecerse en las otras dos asociaciones de venta del carbón del Ruhr. Por el contrario, el comerciante cumple con las exigencias de la cláusula incluso en el caso de que compre la totalidad de estas 25.000 toneladas a Geitling.

Posteriormente volveré sobre estos dos extremos por otro motivo. En cuanto a la restricción de la competencia, que examinaré en este momento, basta con señalar lo siguiente:

No se puede pretender que, al exigir un volumen de 25.000 toneladas en lugar de 12.500, la cláusula implique una restricción suplementaria de la competencia, puesto que la prohibición no se basa en este aspecto. Tampoco se puede pretender que la restricción se deriva de la supuesta obligación de abastecerse en otras asociaciones determinadas puesto que esta obligación no existe según el contenido de la cláusula.

En la cláusula sólo queda un elemento que pueda provocar una restricción particular de la competencia, a saber la posibilidad que deja al comerciante de tener en cuenta sus compras en las otras asociaciones hasta determinado tonelaje.

Estos efectos podrían producirse, por lo que respecta a los comerciantes, en las relaciones entre los productores del Ruhr y los demás productores de la Comunidad, por último en las relaciones mutuas entre las tres asociaciones.

a)La cláusula proporciona una restricción suplementaria a la competencia entre los comerciantes que desean ser aceptados como mayoristas por Geitling, pero únicamente debido al volumen exigido. Mientras que según las demás condiciones, bastaban 12.500 toneladas, ahora hacen falta 25.000 toneladas. Esta agravación de las condiciones impuestas a los comerciantes se suaviza, a la inversa, por el hecho de que no es necesario que las 25.000 toneladas procedan de Geitling y que la mitad puede comprarse a los otras dos asociaciones.

La posibilidad de tener en cuenta dicho volumen -único elemento particular de la cláusula que puedo considerar aquí- no constituye, por consiguiente, para los comerciantes una nueva restricción, tiene por el contrario como efecto atenuar una restricción que es la consecuencia misma del aumento anterior del tonelaje límite.

Examinaré a continuación si, a la luz de la letra b) del apartado 2 del artículo 65, este efecto particular es esencial para la venta en común y para el régimen comercial y si no tiene carácter más restrictivo de lo que exige su objeto.

En su escrito de interposición del recurso, las demandantes alegaron que la Alta Autoridad no procedió al examen previsto en el apartado 2, visiblemente porque estimó que a priori no podía dar su autorización debido a la existencia de discriminación. Esta alegación se contradice con el texto de los motivos, que declaran expresamente una infracción del apartado 2.

Las demandantes exponen después con todo detalle que la cláusula era necesaria para el objeto bien entendido del régimen comercial. Alegan que la venta de 12.500 toneladas de su carbón es una cifra demasiado baja en sí y que sólo bastaría para atribuir la calificación de comerciante al por mayor a condición de añadir a la misma 12.500 toneladas de carbón del Ruhr. Las demandantes, propiamente hablando, debían haber exigido la venta de 25.000 toneladas de su carbón; sin embargo, para no establecer limitaciones más importantes de lo que era necesario, se contentaron con exigir que únicamente la mitad de dicho volumen procediera de su propia producción. Estiman que la imputación a este volumen de los pedidos hechos a las otras dos asociaciones de venta se justifica porque se trata de carbón de la misma calidad, procedente de la misma cuenca, cuya venta se hace en las mismas condiciones, especialmente en lo que se refiere al. flete, al seguro y al almacena miento. Este régimen facilitaría al mismo tiempo el abastecimiento en caso de escasez pasajera en una de las asociaciones de venta; asimismo, facilitaría a los comerciantes su admisión como primeros comerciantes simultáneamente en varias asociaciones de venta del carbón del Ruhr.

Pero la autorización concedida a las demandantes sólo tiene por objeto la venta en común de sus propios productos. El objetivo que persigue el conjunto de la reorganización de la venta del carbón del Ruhr es precisamente la creación de tres asociaciones de venta independientes, que tengan su propia política de producción y de venta (DO 1956, 6, p. 32, parte superior de la columna izquierda). La Alta Autoridad no ignoró en este nuevo régimen los datos naturales que las demandantes invocan para la asimilación del carbón del Ruhr. Muy por el contrario, se autorizaron determinadas organizaciones y medidas comunes a las tres asociaciones de venta constituidas. En el caso de la Ruhrkohlen-Exportgesellschaft, de la Ruhrkohlen-Beratungsgesellschaft y de la Ruhrkohle-Treuhand-Gesellschaft, la Alta Autoridad consideró que no era necesaria una autorización para estas organizaciones, que no asumen ningún cometido que pueda restringir la competencia en el mercado común (DO 1956, 6, p. 31, parte superior de la columna derecha).

En la Decisión no 8/56, la Alta Autoridad autorizó una oficina común, una comisión de normas y algunos mecanismos financieros de las tres asociaciones de venta por la razón de que el objetivo de las mismas sólo puede conseguirse si todas las sociedades mineras interesadas y las tres asociaciones de venta de carbón del Ruhr cooperan dentro de determinados límites, ya que dichas medidas y mecanismos comunes deben limitarse sin embargo a lo que sea necesario para alcanzar dicho objetivo (DO 1956, 6, p. 71, columna izquierda, en el medio).

Las mismas demandantes dicen que la cláusula introduce un elemento de competencia para el carbón del Ruhr. La Alta Autoridad responde con razón que la propaganda del carbón del Ruhr es competencia de la Ruhrkolen-Beratungsgesellschaft (DO 1956, 6, p. 31, columna derecha).

Cuando las demandantes dicen que la cláusula facilita el abastecimiento en caso de escasez temporal en una asociación de venta, hay que señalar que ello se tuvo en cuenta en las atribuciones de la Oficina común (DO 1956, 6, p. 71). Por último, la Decisión no 8/56 enumera las normas cuya uniformidad se reconoció que era necesaria para las tres asociaciones de venta (DO 1956, 6, p. 71, parte inferior de la columna derecha, y p. 72, parte superior de la columna izquierda); entre dichas normas, no se encuentra ningún criterio para la admisión de los comerciantes al por mayor en las diferentes asociaciones de venta.

La cláusula controvertida restringe la competencia entre las asociaciones. Las alegaciones de las demandantes en favor de la asimilación del carbón de las tres asociaciones no consiguen demostrar que esta limitación sea necesaria para mejorar la distribución de sus propios productos y para proceder a una elección juiciosa de sus propios comerciantes al por mayor. Las demandantes no negaron que las compras en otras asociaciones de venta de la misma cuenca, pero independientes de Geitling, no sean un elemento esencial para la calificación de sus propios comerciantes al por mayor.

Desde el punto de vista del control jurisdiccional, destacaré además que cuando la Alta Autoridad señala que determinados acuerdos son esenciales para alcanzar un objetivo y que no tienen carácter más restrictivo de lo que exige dicho objetivo, procede a una apreciación económica de conjunto en el sentido de la segunda frase del párrafo primero del artículo 33 del Tratado. Por consiguiente, las demandantes debían haber demostrado que esta apreciación se hizo con desconocimiento patente de las disposiciones del Tratado. En mi opinión, la alegación de las demandantes sobre este extremo es insuficiente.

Las demandantes afirman que la compra de 12.500 toneladas de su carbón es insuficiente para tener la calificación de primer comerciante y que en realidad debían haber exigido 25.000 toneladas. Si se admite que el régimen comercial se redactó en este sentido y que, además de los dos primeros criterios, sólo exigió la compra de 25.000 toneladas a las demandantes, no se produce la restricción de competencia comprobada entre las tres asociaciones. La Alta Autoridad consideró que la cláusula controvertida implicaba una restricción excesiva debido a este efecto especial y no debido al volumen exigido.

En estas circunstancias, hay que preguntarse si la Alta Autoridad tenía derecho a excluir pura y simplemente la cláusula controvertida o si debía haber sacado otras consecuencias de los motivos que invocó.

Para responder a estas cuestiones, hay que partir del hecho de que la Alta Autoridad únicamente está obligada a aprobar un acuerdo que se le somete para autorización o a denegar esta autorización. Según el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 65 del Tratado, las autorizaciones podrán otorgarse en condiciones determinadas y por un período limitado. El párrafo cuarto siguiente sólo prevé modificación posterior de los términos de la autorización concedida si ha habido un cambio en las circunstancias. Según estas disposiciones, la Alta Autoridad tiene pues derecho a imponer condiciones, pero no tiene derecho, o por lo menos no está obligada, a modificar los términos de un convenio que se le somete de tal manera que pueda ser autorizado.

En el caso de autos, debido a su naturaleza y su contenido, la cláusula 25.000 toneladas de las asociaciones de venta del carbón del Ruhr debe considerarse diferente de la cláusula 25.000 toneladas de Geitling. Esto se deduce del hecho mismo de que sólo por el efecto de la primera de estas cláusulas se produce la restricción de competencia comprobada. Por consiguiente, la Alta Autoridad sólo podía atenerse al volumen de compras exigidas en Geitling, ya se enuncie expresamente la cifra o pueda determinarse fácilmente y con certeza. Si la Alta Autoridad no impugnaba esta cifra por representar una exigencia excesiva, tampoco tenía razón alguna para tener en cuenta el volumen exigido.

Tampoco puede tenerse en cuenta en el caso de autos. El Tribunal de Justicia es competente únicamente para examinar si es legal una Decisión adoptada oficialmente por la Alta Autoridad como órgano colegiado, en virtud del apartado 2 del artículo 65 y en la forma prescrita, y ello de conformidad con las disposiciones del Tratado: pienso en la segunda frase del párrafo primero del artículo 33. El Tribunal no puede resolver por sí mismo directamente sobre una petición de autorización que se le dirija a dicho órgano colegiado y que, por otra parte, no le presentaron las demandantes, porque su alegación se dirige únicamente a justificar el régimen comercial presentado. El Agente de la demandada, durante el procedimiento, ya no puede hacer declaraciones que vinculen a la Alta Autoridad sobre el sentido en el que se pronunciaría sobre una petición que le fuera presentada.

Por consiguiente, llamo la atención de las demandantes sobre la posibilidad que tienen de modificar su régimen comercial y presentarlo a la Alta Autoridad, caso que, además, está previsto en la Decisión no 5/56 [letra a) del número 10 del artículo 3, artículos 11 y 12].

Con el único fin de ser completo y para precisar mis consideraciones generales sobre las relaciones entre la prohibición de discriminaciones y la prohibición de prácticas colusorias, añadiré algunas breves explicaciones sobre la cuestión de la discriminación que las partes han puesto en primer término.

Las demandantes consideran jurídicamente imposible que los productores hagan una discriminación con respecto a otros productores. Consideran que ésta es una práctica de competencia legítima para el carbón del Ruhr y afirman que por el contrario sería discriminatorio establecer una diferencia artificial entre los carbones ofrecidos por las tres asociaciones.

La Alta Autoridad ve la diferencia con una práctica lícita en el hecho de que las demandantes quieren establecer una diferencia de trato, objetivamente injustificada, no entre los demás productores y ellas mismas, sino entre varios de éstos.

Si se consideran ahora las alegaciones de las partes, parece que se han tenido ampliamente en cuenta en el examen previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 65. También aquí las demandantes invocan la asimilación del carbón de las tres asociaciones y, por consiguiente, el concepto de carbón del Ruhr, mientras que la Alta Autoridad pone el acento en el hecho de que las otras dos asociaciones son autónomas e independientes de las demandantes.

El objetivo de Geitling debe permitir decir si la asimilación del carbón del Ruhr está justificada objetivamente. Geitling no tiene por objetivo vender en común el carbón del Ruhr, sino simplemente vender en común los productos de las 19 empresas que agrupa. El régimen comercial debe determinar la calificación de los mayoristas de Geitling, no debe exigir de los comerciantes que sean especialistas del Ruhr, lo que es el objetivo confesado de la cláusula, incluso según las demandantes. Su alegación de que es artificial e injustificado hacer una distinción entre los productos de las tres asociaciones cuestiona en realidad el principio de la creación de tres asociaciones independientes que tienen su propia política de ventas y que sólo pueden cooperar en un ámbito limitado. Por consiguiente, la discriminación consiste en que las demandantes abonan en cuenta a sus mayoristas los tonelajes comprados a asociaciones determinadas, mientras que estas últimas deben tener, con respecto a las demandantes, tanta independencia en materia de política de compras y de ventas como el resto de los productores de la Comunidad, cuyas ventas las demandantes no abonan en cuenta a los mayoristas.

Se llega así al resultado de que el criterio controvertido establece también una discriminación entre el resto de los productores de la Comunidad y los productores del Ruhr.

Las demandantes dudan en primer lugar que el Tratado conceda a los comerciantes considerados aisladamente una protección independiente contra las discriminaciones. Estiman que la diferenciación establecida por la cláusula está justificada objetivamente, puesto que debían haber exigido un volumen de actividad suficiente en cuanto al carbón de igual origen y reservar la calidad de mayorista a los especialistas del carbón del Ruhr.

el primer grupo, que compra exclusivamente a Geitling las 25.000 toneladas exigidas;

Para apreciar esta situación hay que partir del hecho de que la admisión como primer comerciante y la concesión de la rebaja vinculada a esta admisión constituyen la remuneración al comerciante por sus esfuerzos; las mismas demandantes lo indicaron.

Se deduce de ello que se concede la misma rebaja a dos comerciantes, aunque el primero comercialice 25.000 toneladas de Geitling, y el segundo sólo 12.500. Para la misma rebaja, del comerciante que comercializa además carbón de las otras dos asociaciones, se exige una prestación en favor de las demandantes menor que la que se exige a un comerciante que se dedica exclusivamente a comercializar los productos de las demandantes. Dos comerciantes que lleguen al mismo resultado para Geitling, es decir que quieran colocar 12.500 toneladas de sus productos, reciben trato diferente según que compren además a Prasident y Mausegatt o por el contrario a otros productores de la Comunidad. Resulta así manifiesto que la cláusula controvertida permite la diferencia de trato de los comerciantes.

Al responder a las objeciones de principio de las demandantes, que se preguntan si el comerciante debe gozar de una protección independiente contra las discriminaciones, la Alta Autoridad se remite con razón al texto de la letra b) del artículo 4 que menciona expresamente a los compradores además de las condiciones de precios y de entrega.

Las partes están de acuerdo en reconocer que hay que entender por compradores a los comerciantes; hay que darles la razón. La alegación que las demandantes pretenden sacar del artículo 3 no es convincente. El acceso de los usuarios a las fuentes de producción sólo es posible en gran medida por mediación del negocio y está influido por él. También los productores han demostrado siempre un gran interés en la organización de los mercados; basta con recordar el ejemplo de las asociaciones de venta pertenecientes a las minas. Las mismas demandantes admiten que los comerciantes tienen derecho a protección cuando la posición del productor en el mercado se vea afectada: he comprobado que tal es el caso porque la cláusula conduce a una discriminación de los productores y a una restricción de la competencia entre los productores del Ruhr.

Por consiguiente, también hay discriminación entre comerciantes.