Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 16 de julio de 2026 (*)

« Recurso de casación — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania — Listas de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Criterio de inclusión en estas listas vinculado al beneficio obtenido del régimen de Lukashenko o al apoyo a este — Mantenimiento del nombre de la recurrente en esas listas — Sociedad bielorrusa que opera en el sector de la promoción inmobiliaria y de la construcción — Motivación del mantenimiento de la inclusión — Artículo 263 TFUE, párrafo sexto — Plazo para recurrir — Inicio del cómputo — Comunicación de las medidas restrictivas en cuestión a los abogados de la recurrente — Inadmisibilidad del recurso por extemporaneidad — Examen sobre el fondo del recurso por razones de buena administración de la justicia — Motivo basado en errores de apreciación que afectan a la motivación del mantenimiento de la inclusión »

En el asunto C‑363/25 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 28 de mayo de 2025,

Dana Astra IOOO, con domicilio social en Minsk (Bielorrusia), representada por el Sr. M. Birdling, BL, la Sra. M. Lester, BL, y el Sr. K. Van Maldegem, advocaat,

parte recurrente,

en el que la otra parte en el procedimiento es:

Consejo de la Unión Europea, representado por las Sras. L. Berger y S. Van Overmeire, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders (Ponente), Jueces;

Abogada General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1        Mediante su recurso de casación, Dana Astra IOOO solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2025, Dana Astra/Consejo (T‑281/23, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2025:315), mediante la que desestimó su recurso de anulación de, en primer lugar, la Decisión (PESC) 2023/421 del Consejo, de 24 de febrero de 2023, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y la participación de Bielorrusia en la agresión rusa contra Ucrania (DO 2023, L 61, p. 41), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/419 del Consejo, de 24 de febrero de 2023, por el que se aplica el artículo 8 bis del Reglamento (CE) n.º 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania (DO 2023, L 61, p. 20) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos de mantenimiento de 2023»), y, en segundo lugar, la Decisión (PESC) 2024/769 del Consejo, de 26 de febrero de 2024, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania (DO L, 2024/769), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/768 del Consejo, de 26 de febrero de 2024, por el que se aplica el artículo 8 bis del Reglamento (CE) n.º 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania (DO L, 2024/768) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos de mantenimiento de 2024»), en la medida en que esos cuatro actos (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos») le afectan.

 Marco jurídico y antecedentes del litigio

2        A efectos del presente recurso de casación, el contexto fáctico y jurídico del presente asunto, tal como se expone en los apartados 2 a 20 de la sentencia recurrida, puede resumirse del siguiente modo.

3        El presente asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea desde 2004 habida cuenta de la situación en Bielorrusia en lo que atañe a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos e, igualmente, desde el año 2022, habida cuenta de la participación de Bielorrusia en la agresión rusa contra Ucrania.

4        El Consejo de la Unión Europea adoptó, el 18 de mayo de 2006, el Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de [Bielorrusia] (DO 2006, L 134, p. 1), cuyo título fue sustituido, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 588/2011 del Consejo, de 20 de junio de 2011 (DO 2011, L 161, p. 1), por el de «Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a [Bielorrusia]».

5        El 15 de octubre de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/642/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra [Bielorrusia] (DO 2012, L 285, p. 1).

6        El artículo 4, apartado 1, de la citada Decisión presenta el siguiente tenor:

«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control, o tenencia correspondan a:

a)      personas, entidades u organismos responsables de violaciones graves de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o cuyas actividades atenten gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho en [Bielorrusia], o a cualesquiera personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, así como a cualesquiera personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de propiedad de los mismos o controlados por ellos;

b)      personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se benefician del régimen de Lukashenko o lo apoyan, así como a personas jurídicas, entidades u organismos de propiedad de los mismos o controlados por ellos,

según se enumeran en el anexo.»

7        El artículo 2, apartados 4 y 5, del Reglamento n.º 765/2006, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 1014/2012 del Consejo, de 6 de noviembre de 2012 (DO 2012, L 307, p. 1), se remite al artículo 4, apartado 1, letras a) y b), de la Decisión 2012/642 y establece los mismos criterios de inclusión en las listas de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos que los preceptuados en esta última disposición, entre ellos, el relativo al hecho de «apoyar el régimen de Lukashenko» o de «beneficiarse» de él [en lo sucesivo, «criterio b)»].

8        Como resulta de los considerandos de la Decisión de Ejecución (PESC) 2020/2130 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por la que se aplica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra [Bielorrusia] (DO 2020, L 426 I, p. 14), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2129 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a [Bielorrusia] (DO 2020, L 426 I, p. 1), así como de los considerandos de los actos controvertidos, el presente asunto está relacionado específicamente con la intensificación de la violación persistente de los derechos humanos y de la represión brutal ejercida contra los opositores al régimen del presidente Lukashenko tras las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, que fueron consideradas incompatibles con las normas internacionales por parte de la Unión, así como con la participación de Bielorrusia en la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, que se consideró una violación flagrante de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de este Estado.

9        Mediante la Decisión de Ejecución 2020/2130 y el Reglamento de Ejecución 2020/2129, la entidad identificada como «Dana Holdings/Dana Astra» fue incluida en las listas de personas, entidades y organismos sujetos a las medidas restrictivas que figuran en el anexo de la Decisión 2012/642 y en el anexo I del Reglamento n.º 765/2006 (en lo sucesivo, conjuntamente, «listas en cuestión») por los siguientes motivos:

«Dana Holdings/Dana Astra es una de las principales promotoras inmobiliarias y de construcción de Bielorrusia. La sociedad recibió parcelas para el desarrollo de varios complejos residenciales y centros de negocios.

Los propietarios de Dana Holdings/Dana Astra mantienen relaciones estrechas con [el presidente Lukashenko]. Liliya [Lukashenka], nuera del presidente, tiene un puesto de alto nivel en la sociedad.

Así pues, Dana Holdings/Dana Astra se beneficia del régimen del [presidente Lukashenko] y le brinda su apoyo.»

10      El 25 de febrero de 2021, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2021/353, por la que se modifica la Decisión 2012/642 (DO 2021, L 68, p. 189), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/339, por el que se aplica el artículo 8 bis del Reglamento n.º 765/2006 (DO 2021, L 68, p. 29) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de 2021»), mediante los cuales se mantuvo la inclusión de la entidad identificada como «Dana Holdings/Dana Astra» en las listas en cuestión hasta el 28 de febrero de 2022, siendo los motivos que justificaban tal mantenimiento análogos a los que habían justificado dicha inclusión, tal como se han recordado en el apartado 9 de la presente sentencia.

11      El 24 de febrero de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/307, por la que se modifica la Decisión 2012/642 (DO 2022, L 46, p. 97), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/300, por el que se aplica el artículo 8 bis del Reglamento n.º 765/2006 (DO 2022, L 46, p. 3) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de 2022»), mediante los cuales se mantuvieron las medidas restrictivas contra la recurrente hasta el 28 de febrero de 2023 sobre la base de los siguientes motivos:

«Dana Astra, anteriormente filial de Dana Holdings, es una de las principales promotoras inmobiliarias y constructoras de Bielorrusia. La sociedad recibió licencias urbanísticas para terrenos y está construyendo el centro multifuncional “Minsk World”, que la sociedad anuncia como la mayor inversión de su tipo en Europa.

Personas que supuestamente representan a Dana Astra mantienen relaciones estrechas con el presidente [Lukashenko]. Liliya Lukashenka, nuera del presidente, ha tenido un puesto de alto nivel en la sociedad.

Por lo tanto, Dana Astra se beneficia del régimen de [Lukashenko] y le brinda su apoyo.»

12      La recurrente interpuso un recurso contra los actos de mantenimiento de 2021 y de 2022, en la medida en que estos le afectaban. Dicho recurso fue desestimado mediante la sentencia del Tribunal General de 28 de junio de 2023, Dana Astra/Consejo (T‑239/21, EU:T:2023:364), que no fue objeto de recurso de casación. En el apartado 79 de dicha sentencia, el Tribunal General concluyó, tras examinar las pruebas aportadas por el Consejo, que el primer motivo del mantenimiento del nombre de la recurrente en las listas en cuestión, según el cual la recurrente es una de las principales promotoras inmobiliarias y constructoras en Bielorrusia que está construyendo el centro Minsk World, que anuncia como la mayor inversión de su tipo en Europa, en terrenos para los que obtuvo licencias urbanísticas y, por ello, se beneficia del régimen del presidente Lukashenko y lo apoya, está fundamentado de modo suficiente en Derecho.

13      El 24 de febrero de 2023, el Consejo adoptó los actos controvertidos de mantenimiento de 2023, mediante los cuales se mantuvo la inclusión del nombre de la recurrente en las listas en cuestión hasta el 28 de febrero de 2024 por los mismos motivos que justificaron la adopción de los actos de mantenimiento de 2022, mencionados en el apartado 11 de la presente sentencia.

14      El 26 de febrero de 2024, el Consejo adoptó los actos controvertidos de mantenimiento de 2024, mediante los cuales se prorrogaron las medidas restrictivas adoptadas contra la recurrente hasta el 28 de febrero de 2025. En estos actos, el Consejo justificó la prórroga de dichas medidas por los mismos motivos que los expuestos en el apartado 11 de la presente sentencia.

 Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

15      Mediante escrito de 23 de mayo de 2023, en su versión posteriormente adaptada, la recurrente solicitó al Tribunal General que anulara los actos controvertidos, en la medida en que le afectan, basándose en un motivo único, mediante el cual sostuvo, en esencia, que la motivación contenida en dichos actos, en cuanto le afectan, adolece de errores de apreciación y, por tanto, no puede justificar el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas.

16      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de la recurrente. A efectos del presente recurso de casación, dicha sentencia puede resumirse del siguiente modo.

17      En primer lugar, el Tribunal General examinó, en los apartados 29 a 62 de la sentencia recurrida, la cuestión de si, como sostenía el Consejo, sin proponer formalmente, no obstante, una excepción de inadmisibilidad, el recurso dirigido contra los actos controvertidos de mantenimiento de 2023 era inadmisible en la medida en que no se había interpuesto en el plazo de dos meses establecido en el artículo 263 TFUE, ampliado, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días, lo que también habría comportado la inadmisibilidad del recurso en la medida en que este tenía por objeto, tras la adaptación de sus pretensiones por parte de la recurrente, la anulación de los actos controvertidos de mantenimiento de 2024.

18      En el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, según su jurisprudencia, en principio, el Consejo no puede cumplir la obligación de comunicación a los interesados de actos que les imponen medidas restrictivas dirigiendo la notificación de dicho acto a los abogados que los representan. La notificación al representante de una parte demandante solo equivale a la notificación al destinatario cuando esa forma de notificación está expresamente prevista por una normativa, cuando existe acuerdo en tal sentido entre las partes o cuando el abogado está debidamente apoderado para recibir tal notificación por cuenta de su cliente (sentencia de 21 de abril de 2021, El-Qaddafi/Consejo, T‑322/19, EU:T:2021:206, apartado 64 y jurisprudencia citada).

19      En los apartados 46 a 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó si, en el caso de autos, podía considerarse que los abogados de la recurrente estaban debidamente apoderados para recibir la notificación de los actos controvertidos de mantenimiento de 2023 por cuenta de esta última y concluyó que así era.

20      Para llegar a esta conclusión, el Tribunal General se basó en la interpretación de un poder de 1 de noviembre de 2021 mediante el que se facultaba a los representantes de la recurrente para actuar en su nombre respecto a las medidas restrictivas adoptadas contra ella.

21      En los apartados 50 a 52 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, si bien ese poder se había otorgado en el marco del asunto T‑239/21, que se refería a los actos de mantenimiento de 2021 y de 2022, de sus términos se derivaba que, en la medida en que facultaba a los abogados de la recurrente para llevar a cabo «cualquier otra acción que pudiera ser necesaria o útil en el marco de la continuación de dicho procedimiento», el poder mencionado no se limitaba a la representación de aquella ante los órganos jurisdiccionales de la Unión en el contexto de su pretensión de anulación de los actos de mantenimiento de 2021.

22      En los apartados 56 a 59 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió que esta interpretación de los términos del poder de 1 de noviembre de 2021 se veía corroborada por el contexto en el que se inscribe la adopción de los actos controvertidos y por la forma en que las partes actuaron con posterioridad a la comunicación de dicho poder.

23      A este respecto, el Tribunal General señala, por una parte, que, tras la presentación del poder de 1 de noviembre de 2021, todo el intercambio de correspondencia entre la recurrente y el Consejo acerca de la inclusión de su nombre en las listas en cuestión tuvo lugar, por lo que respecta a la recurrente, por medio de sus abogados y, por otra parte, que los actos controvertidos de mantenimiento de 2024 le fueron notificados del mismo modo que los de 2023, a saber, en particular, mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a sus abogados, sin que la recurrente se opusiera a este modo de proceder.

24      Con base en ello, el Tribunal General concluyó, en los apartados 60 a 62 de la sentencia recurrida, por una parte, que el recurso, en la medida en que se dirigía inicialmente contra los actos controvertidos de mantenimiento de 2023, debía declararse inadmisible por extemporáneo, y, por otra parte, que el recurso también debía declararse inadmisible en la medida en que se dirigía contra los actos controvertidos de mantenimiento de 2024, dado que un recurrente solo puede adaptar sus pretensiones y motivos, de forma que tengan por objeto nuevos actos sobrevenidos durante el procedimiento, siempre que su pretensión de anulación del acto impugnado previamente fuera admisible en la fecha de interposición del recurso.

25      No obstante, en segundo lugar, en los apartados 63 a 110 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró oportuno, por razones de buena administración de la justicia, pronunciarse sobre el fondo del asunto, al considerar que el desarrollo del procedimiento había permitido la instrucción del asunto en cuanto al fondo y que las partes habían sido oídas al respecto en la vista oral.

26      Así pues, el Tribunal General examinó el motivo único alegado por la recurrente en apoyo de su recurso, mediante el que sostenía, en esencia, que la motivación de los actos controvertidos que le afectaban adolecía de errores de apreciación y, por tanto, no podía justificar el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas.

27      Al término de ese examen, el Tribunal General concluyó, en el apartado 110 de la sentencia recurrida, por una parte, que el primer motivo del mantenimiento del nombre de la recurrente en las listas en cuestión que figura en los actos controvertidos, según el cual es una de las principales promotoras inmobiliarias y constructoras en Bielorrusia que está construyendo el centro Minsk World, que anuncia como la mayor inversión de su tipo en Europa, en terrenos para los cuales obtuvo licencias urbanísticas y, por ello, se beneficia del régimen del presidente Lukashenko y lo apoya, está fundamentado de modo suficiente en Derecho y, por otra parte, que la constatación de que este motivo está fundamentado de modo suficiente en Derecho y constituye en sí mismo una base suficiente para justificar el mantenimiento del nombre de la recurrente en tales listas basta para desestimar el motivo único invocado por esta sin que sea necesario examinar las demás alegaciones que formuló y que se dirigen contra los motivos segundo y tercero que figuran en los actos controvertidos.

28      Por consiguiente, el Tribunal General desestimó el recurso.

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

29      Dana Astra solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Anule la sentencia recurrida.

–        Anule los actos controvertidos, en la medida en que le afectan.

–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

30      El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:

–        Desestime el recurso de casación.

–        Condene a la recurrente a cargar con las costas tanto del procedimiento en primera instancia como del presente procedimiento de casación.

 Sobre el recurso de casación

31      La recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación, basados, el primero, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar el recurso inadmisible y, el segundo, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando concluyó que los actos controvertidos no adolecían de errores de apreciación.

 Primer motivo de casación

 Alegaciones de las partes

32      Mediante su primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al declarar inadmisible el recurso de anulación por ser extemporáneo, ya que consideró erróneamente que el Consejo podía notificarle válidamente los actos controvertidos de mantenimiento de 2023 mediante un escrito dirigido a sus abogados, de modo que el plazo de dos meses establecido en el artículo 263 TFUE había comenzado a correr desde la fecha de dicha notificación y había expirado antes de la interposición del recurso.

33      Según la recurrente, esta apreciación del Tribunal General sobre la notificación de los referidos actos adolece de dos errores de Derecho. El primero se debe a que una notificación postal a los abogados de que se trata no puede, en ningún caso, constituir una notificación válida de dichos actos a la recurrente. El segundo error radica en el hecho de que el Tribunal General concluyó, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, que el poder de representación de 1 de noviembre de 2021, cuyo alcance, sin embargo, estaba circunscrito de manera expresa, clara e indiscutible a otro procedimiento sustanciado ante el Tribunal General, a saber, el relativo al asunto T‑239/21, autorizaba al Consejo a notificar los actos controvertidos de mantenimiento de 2023, que no se referían a dicho procedimiento, mediante un escrito dirigido a los abogados de la recurrente.

34      El Consejo sostiene que este primer motivo resulta infundado y que debe confirmarse la constatación de que el recurso de anulación fue extemporáneo.

35      En particular, el Consejo señala que había informado a la recurrente de los actos de que se trata a través de cuatro canales distintos, a saber, un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 27 de febrero de 2023 y, el 28 de febrero de 2023, una notificación por correo electrónico tanto a la recurrente como a sus representantes y una notificación por correo certificado a los representantes de la recurrente. Según afirma, la notificación mediante correo certificado a la propia recurrente era imposible, ya que, en el momento de la adopción de los actos controvertidos, Bielorrusia era un «destino cerrado», lo que significa que el servicio postal belga no podía llevar a cabo ninguna entrega de correspondencia. Por lo tanto, el Consejo utilizó y combinó todos los canales de comunicación a su disposición y no trató de eludir su obligación de comunicación individual.

36      En su escrito de réplica, la recurrente subraya que el Consejo alega por primera vez en la fase de casación y, por tanto, de manera extemporánea, que no era posible efectuar la notificación de los actos de la forma exigida, es decir, por correo postal en la dirección de su domicilio social, e invoca documentos que son, a su juicio, inadmisibles por no haber sido presentados ante el Tribunal General.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

37      A tenor del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, los recursos previstos en este artículo deben interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que este haya tenido conocimiento del mismo.

38      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que del tenor de esta disposición, en particular, de las expresiones «según los casos» y «a falta de ello», se desprende con claridad que el inicio del plazo de interposición del recurso se determina en función de la situación de que se trate y que los criterios primero y segundo que pueden dar lugar al inicio de ese plazo tienen preferencia respecto del tercero. Así, el plazo para interponer el recurso de anulación empieza, con carácter principal, a partir de la publicación del acto o de su notificación al recurrente. Estos dos criterios principales se sitúan, en el sistema de dicha disposición, en un mismo plano, en el sentido de que ninguno de estos dos criterios es subsidiario con respecto al otro. En cambio, el criterio de la fecha en que se haya tenido conocimiento del acto impugnado como inicio del plazo de interposición del recurso tiene carácter subsidiario respecto de los de publicación o de notificación de ese acto (sentencia de 10 de febrero de 2026, WhatsApp Ireland/Comité Europeo de Protección de Datos, C‑97/23 P, EU:C:2026:81, apartado 45 y jurisprudencia citada).

39      En el presente asunto, los actos controvertidos de mantenimiento de 2023 fueron publicados, el 27 de febrero de 2023, en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie L, pero también debían ser comunicados por el Consejo, con arreglo al artículo 8 bis, apartado 2, del Reglamento n.º 765/2006, «incluyendo los motivos de su inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo [cuyo nombre decida incluir en el anexo I de dicho Reglamento], bien directamente, si conoce la dirección, bien mediante la publicación de un aviso».

40      Este régimen, que exige tanto la publicación como la comunicación de los actos en cuestión, es consecuencia de la naturaleza particular de los actos que imponen medidas restrictivas contra una persona o una entidad, que se asemejan tanto a los actos de alcance general, en la medida en que prohíben a una categoría de destinatarios determinados de forma general y abstracta, entre otros comportamientos, poner fondos y recursos económicos a disposición de las personas y entidades cuyos nombres figuran en las listas establecidas en sus anexos, como a un conjunto de decisiones individuales respecto de tales personas y entidades (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, apartado 56 y jurisprudencia citada).

41      Es preciso, por otra parte, recordar que, por lo que se refiere a los actos adoptados sobre la base de las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común, como los actos controvertidos de mantenimiento de 2023, es la naturaleza individual de esos actos la que da, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 275 TFUE, párrafo segundo, y 263 TFUE, párrafo cuarto, acceso al juez de la Unión (sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, apartado 57).

42      De lo anterior se desprende que, si bien no cabe duda de que la entrada en vigor de tales actos tiene lugar mediante su publicación, el plazo para presentar un recurso de anulación contra esos actos en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, comienza a correr, respecto de cada una de dichas personas y entidades, a partir de la fecha de la comunicación que se les debe realizar (sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, apartado 59).

43      A este respecto, debe precisarse que, si bien el artículo 8 bis, apartado 2, del Reglamento n.º 765/2006 prevé la posibilidad de comunicar los actos referidos mediante la publicación de un aviso, como declaró, fundadamente, el Tribunal General en el apartado 33 de la sentencia recurrida, el recurso a esta vía de comunicación solo puede contemplarse, no obstante, en caso de que sea imposible efectuar una comunicación directa a la persona o entidad de que se trate, cuando, por ejemplo, no se conozca su dirección (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, apartado 61).

44      En el caso de autos, el Tribunal General, basándose en un poder de representación de 1 de noviembre de 2021, estimó, en los apartados 60 y 61 de la sentencia recurrida, que la notificación de los actos controvertidos de mantenimiento de 2023 por correo certificado con acuse de recibo efectuada por el Consejo, el 28 de febrero de 2023, a los abogados de la recurrente equivalía a la notificación a la propia recurrente y que, por tanto, la fecha de recepción de dicho correo determinaba el inicio del cómputo del plazo de recurso de dos meses establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

45      A este respecto, procede señalar que, como declaró fundadamente el Tribunal General en el apartado 34 de la sentencia recurrida, de la jurisprudencia recordada en los apartados 42 y 43 de la presente sentencia se deriva que, en principio, el Consejo no puede cumplir la obligación de comunicar al interesado un acto que le impone medidas restrictivas dirigiendo la notificación de dicho acto a los abogados que lo representan. En efecto, la comunicación a los representantes de una persona, como su abogado, de un acto que le impone medidas restrictivas no puede calificarse de «comunicación directa» a esa persona, en el sentido del artículo 8 bis, apartado 2, del Reglamento n.º 765/2006, a efectos de determinar el inicio del cómputo del plazo de recurso de dos meses establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, ya que dicha comunicación tiene, por su propia naturaleza, carácter indirecto.

46      No obstante, como también señaló fundadamente el Tribunal General en los apartados 34 y 44 de la sentencia recurrida, debe admitirse una excepción a este principio cuando el abogado está debidamente apoderado para recibir tal comunicación. En efecto, en tal caso, el abogado, como mandatario del interesado, recibe esa comunicación en nombre y por cuenta de este, de modo que dicha comunicación equivale a una comunicación al propio interesado.

47      Dicho esto, habida cuenta de su naturaleza de excepción a dicho principio, la comunicación de tal acto al abogado de la persona o entidad a la que aquel se refiere solo puede constituir una «comunicación directa», en el sentido del artículo 8 bis, apartado 2, del Reglamento n.º 765/2006, que pueda hacer correr el plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, si los términos del poder de representación en cuestión ponen de manifiesto de manera clara e inequívoca, sin permitir ninguna otra interpretación, que dicho abogado está autorizado a recibir una comunicación de ese tipo.

48      Por consiguiente, es preciso comprobar si el poder de 1 de noviembre de 2021, tal como se describe en la sentencia recurrida, confería de manera clara e inequívoca, sin permitir ninguna otra interpretación, una autorización a los abogados de la recurrente para recibir la comunicación de los actos controvertidos de mantenimiento de 2023.

49      En el caso de autos, conforme a los propios términos del poder de 1 de noviembre de 2021, los abogados de la recurrente estaban autorizados, «en el marco del asunto T‑239/21», a representarla ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, al objeto de que se anularan de los actos de mantenimiento de 2021. A partir de la lectura de este poder, debe señalarse que tal autorización incluye la «firma y presentación de todos los documentos procesales», así como «cualquier otra acción que pudiera ser necesaria o útil en el marco de la continuación de dicho procedimiento».

50      Pues bien, es preciso constatar que estos términos del poder de 1 de noviembre de 2021, en particular los que confieren a los abogados de la recurrente la autorización para llevar a cabo «cualquier otra acción que pudiera ser necesaria o útil en el marco de la continuación de dicho procedimiento», no eran suficientemente claros y precisos para permitir concluir que ese poder autorizaba a estos abogados a recibir la comunicación de los actos controvertidos de mantenimiento de 2023 en nombre y por cuenta de su poderdante.

51      En efecto, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 55 de la sentencia recurrida, la combinación de la referencia explícita al asunto T‑239/21 y del empleo de la expresión «en el marco de la continuación de dicho procedimiento» conduce a una interpretación del referido poder según la cual este solo autoriza a los abogados de la recurrente a representarla en el marco del citado asunto T‑239/21, en el que no se discutían los actos controvertidos de mantenimiento de 2023 que, por su parte, eran objeto del procedimiento en el asunto T‑281/23 que dio lugar a la sentencia recurrida.

52      Por lo tanto, a partir de la lectura de los términos del poder de representación de que se trata, debe considerarse que este no confiere de manera clara e inequívoca una autorización a los abogados de la recurrente para recibir la comunicación de los actos controvertidos de mantenimiento de 2023.

53      De ello se deriva que esos actos no fueron debidamente comunicados a la recurrente a través de sus abogados y que, por lo tanto, el plazo de dos meses establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, no comenzó a correr en la fecha en la que dichos actos fueron notificados por correo certificado a estos abogados.

54      Esta conclusión no queda desvirtuada por el contexto que describe el Tribunal General en los apartados 56 a 59 de la sentencia recurrida.

55      En efecto, la cuestión de si un abogado está debidamente apoderado para recibir, en nombre y por cuenta de su cliente, la comunicación de los actos que imponen medidas restrictivas a este último, de modo que dicha comunicación pueda iniciar el plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, debe examinarse únicamente sobre la base de los términos del mandato de que se trate y no en función de la manera en que el Consejo y la persona afectada se hayan comunicado por correo acerca de los actos que imponen medidas restrictivas.

56      Habida cuenta de lo anterior, procede constatar que el primer motivo de casación resulta fundado.

57      No obstante, en la medida en que el Tribunal General examinó el motivo único alegado por la recurrente en cuanto al fondo, lo desestimó y se basó en los fundamentos de Derecho por los que desestimó dicho motivo también para desestimar el recurso interpuesto en primera instancia, es preciso, antes de pronunciarse sobre el presente recurso de casación, examinar el segundo motivo de este último, que se refiere a esos fundamentos de Derecho.

 Segundo motivo de casación

 Alegaciones de las partes

58      Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en nueve errores de Derecho al concluir que los actos controvertidos no adolecían de errores de apreciación.

59      El Consejo rebate las alegaciones presentadas por la recurrente.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

60      Antes de examinar las nueve imputaciones formuladas por la recurrente en el marco de su segundo motivo de casación, es preciso recordar, en primer lugar, que, en virtud del artículo 256 TFUE y del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y el Tribunal General es el único competente, por un lado, para determinar los hechos, excepto en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otro lado, para apreciar estos hechos. Salvo en caso de desnaturalización de las pruebas aportadas ante el Tribunal de General, dicha apreciación no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. Una vez que el Tribunal General ha determinado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de esos hechos y las consecuencias jurídicas que el Tribunal General haya deducido de los mismos (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 158 y jurisprudencia citada).

61      En segundo lugar, cuando un recurrente alega que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos o las pruebas, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia lo obligan a indicar con precisión los hechos o las pruebas que, en su opinión, desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. Por otra parte, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que la desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de que se efectúe una nueva valoración de los hechos y de las pruebas (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 378 y jurisprudencia citada).

62      En tercer lugar, ha de recordarse, por una parte, que, por lo que respecta a las medidas restrictivas, los tribunales de la Unión deben, con arreglo a las competencias que les confieren los Tratados, garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de los actos de la Unión en cuestión (véase, en ese sentido, la sentencia de 3 de julio de 2025, Grodno Azot y Khimvolokno Plant/Consejo, C‑326/24 P, EU:C:2025:522, apartado 34 y jurisprudencia citada).

63      Por otra parte, al controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir o mantener el nombre de una persona en la lista de personas sujetas a medidas restrictivas, la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige que el juez de la Unión compruebe, además de si los motivos invocados son suficientemente precisos y concretos, si tales motivos, o al menos uno de ellos, constituyen por sí mismos una base suficiente para fundamentar la decisión. Por otro lado, el juez de la Unión está obligado a asegurarse de que esta, que constituye un acto de alcance individual para la persona afectada, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (sentencia de 1 de agosto de 2025, Timchenko/Consejo, C‑703/23 P, EU:C:2025:608, apartado 36 y jurisprudencia citada).

64      Las nueve imputaciones formuladas por la recurrente como fundamento de su segundo motivo deben examinarse a la luz de estas consideraciones.

65      Mediante su primera imputación, que se dirige contra el apartado 85 de la sentencia recurrida, la recurrente reprocha al Tribunal General haber cometido un error en la calificación jurídica de los hechos constatados. A su entender, puesto que, en el apartado 84 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, en el momento de la adopción de los actos controvertidos de mantenimiento de 2023, la recurrente era objeto de una serie de medidas desfavorables adoptadas por el régimen del presidente Lukashenko, aquel concluyó erróneamente, en el apartado 85 de dicha sentencia, que los hechos así constatados no «podían» poner en cuestión, desde un punto de vista jurídico, la aplicabilidad a la recurrente del criterio b) que justificaba el mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas en cuestión.

66      Esta imputación debe desestimarse, ya que se basa en una interpretación manifiestamente errónea del apartado 85 de la sentencia recurrida.

67      En efecto, en este apartado, el Tribunal General consideró que la recurrente no había logrado demostrar de qué modo esas medidas equivalían a un trato desfavorable contra ella, ni de qué modo, aun suponiendo que se acreditara tal trato desfavorable, este podría desvirtuar la apreciación según la cual, en el momento de la adopción de los actos controvertidos, la recurrente continuaba beneficiándose del régimen del presidente Lukashenko y apoyándolo con la construcción del proyecto Minsk World, considerado la mayor inversión de su tipo en Europa y que reviste especial importancia para dicho régimen.

68      La recurrente también alega, pero no lo demuestra, que el apartado 85 de la sentencia recurrida adolece de un error de calificación de los hechos por parte del Tribunal General. Asimismo, dado que el citado apartado 85 contiene una apreciación de índole esencialmente fáctica efectuada por el Tribunal General, este solo puede ser criticado en la fase de casación si se alega y se demuestra una desnaturalización de los hechos. Ahora bien, la recurrente no ha alegado tal desnaturalización.

69      Mediante su segunda imputación, la recurrente sostiene que, al declarar, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, que ella «no [afirmaba] que las medidas adoptadas por el régimen del presidente Lukashenko contra ella [hubieran] afectado a las propias condiciones en las que [había] obtenido y [continuaba] la construcción del centro Minsk World», el Tribunal General presentó de manera incorrecta o desnaturalizó las pruebas aportadas por ella. Según la recurrente, de los apartados 23 y 24 de la demanda y de los dictámenes jurídicos adjuntos al escrito de réplica y al escrito de adaptación se deriva que sí explicó las razones por las que las medidas desfavorables adoptadas contra ella por dicho régimen habían tenido efectivamente una incidencia negativa en las propias condiciones en las que continuaba ejecutando el proyecto Minsk World.

70      Esta imputación debe desestimarse.

71      En efecto, por una parte, el apartado 86 de la sentencia recurrida debe interpretarse en relación con otros apartados de dicha sentencia. En su apartado 67, el Tribunal General comenzó haciendo referencia a la alegación de la recurrente según la cual las medidas adoptadas contra ella por el régimen del presidente Lukashenko tuvieron una incidencia negativa en la ejecución del centro Minsk World, que se retrasó, estuvo en riesgo y, finalmente, se consideró no rentable. A continuación, en los apartados 87 y 88 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró que, habida cuenta de las pruebas aportadas por el Consejo, no se había demostrado que esas medidas hubieran tenido tal incidencia y que, por el contrario, estas pruebas revelaban la continuación de la ejecución del centro Minsk World por parte de la recurrente, única promotora inmobiliaria al frente del proyecto, en unas condiciones todavía ventajosas para ella, proyecto este que constituía una operación de gran magnitud que revestía especial importancia para ese régimen. Por último, en los apartados 94 a 105 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó las pruebas aportadas por la recurrente y refutó los distintos argumentos de esta relativos a la incidencia específica que habrían tenido las medidas adoptadas contra ella por el régimen del presidente Lukashenko en la construcción de Minsk World.

72      Por otra parte, si bien la recurrente sostiene que el apartado 86 de la sentencia recurrida implica una desnaturalización de determinadas pruebas que aportó, ha de señalarse que no demuestra que el Tribunal General las desnaturalizara en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 61 de la presente sentencia. La recurrente no indica las pruebas concretas en relación con las cuales el Tribunal General se basó, a su entender, en el citado apartado 86, en una interpretación manifiestamente errónea de los documentos obrantes en autos a los que esta se refiere. Así pues, los documentos que obran en autos no revelan de modo manifiesto ninguna desnaturalización. Resulta, por el contrario, que la recurrente solicita que el Tribunal de Justicia efectúe una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas en la fase de casación, lo que, según esta jurisprudencia, queda excluido.

73      Mediante su tercera imputación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar en el apartado 86 de la sentencia recurrida que ya había examinado la incidencia de las medidas desfavorables adoptadas contra ella por el régimen del presidente Lukashenko en su sentencia de 28 de junio de 2023, Dana Astra/Consejo (T‑239/21, EU:T:2023:364). Esa sentencia se refiere a los actos de mantenimiento de 2021 y de 2022 adoptados antes de la entrada en vigor de dichas medidas el 1 de enero de 2022, de modo que el Tribunal General no las tuvo en cuenta en la referida sentencia.

74      Esta alegación debe desestimarse, ya que deriva de una interpretación errónea del citado apartado 86.

75      En efecto, la referencia contenida en el apartado 86 de la sentencia recurrida a la sentencia de 28 de junio de 2023, Dana Astra/Consejo (T‑239/21, EU:T:2023:364), relativa, como afirma la recurrente, a los actos de mantenimiento de 2021 y de 2022, adoptados antes de la entrada en vigor de las medidas acordadas por el régimen del presidente Lukashenko contra ella, tiene como función exclusivamente recordar que en esta última sentencia ya se había declarado que las condiciones de ejecución del proyecto Minsk World por la recurrente eran reveladoras del beneficio que obtiene de dicho régimen y del apoyo prestado a este.

76      Mediante su cuarta imputación, la recurrente sostiene que, en los apartados 87 a 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal General presentó de manera incorrecta o desnaturalizó pruebas o incumplió su obligación de motivación. Según afirma, el Tribunal General menciona determinadas pruebas que, a juicio de este, demuestran que la recurrente continuó ejecutando el proyecto Minsk World en condiciones ventajosas, sin tener en cuenta, sin embargo, ni las respuestas ni las pruebas en contrario aportadas por la recurrente.

77      A este respecto, debe señalarse que, en los apartados 87 a 92 de la sentencia recurrida, el Tribunal General llevó a cabo una apreciación fáctica de las pruebas aportadas por el Consejo, a saber, artículos publicados en la página web de la agencia oficial de prensa bielorrusa, para concluir, en el apartado 93 de esa sentencia, que tales pruebas demostraban de manera creíble que, en el momento de la adopción de los actos controvertidos, la recurrente seguía ejecutando con éxito el centro Minsk World en las mismas condiciones que aquellas que ese órgano jurisdiccional había considerado reveladoras del beneficio obtenido del régimen del presidente Lukashenko y del apoyo prestado a este, a pesar de las medidas acordadas contra ella por dicho régimen.

78      Si bien la recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado las pruebas, no demuestra, como exige la jurisprudencia recordada en el apartado 61 de la presente sentencia, que ese órgano jurisdiccional, al realizar tales apreciaciones fácticas, desnaturalizara manifiestamente documentos que obran en autos, sin que sea necesario llevar a cabo una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas.

79      En cuanto a la alegación de la recurrente de que el Tribunal General no examinó determinadas pruebas que había aportado y que contradecían la conclusión contenida en el apartado 93 de la sentencia recurrida, procede señalar que, en los apartados 94 a 104 de dicha sentencia, el Tribunal General examinó detalladamente, y posteriormente desestimó, pruebas aportadas por la recurrente que, según ella, demostraban que las medidas acordadas por el régimen del presidente Lukashenko contra ella tuvieron efectivamente un impacto negativo en la ejecución del proyecto Minsk World.

80      Si, mediante su alegación, la recurrente pretende reprochar al Tribunal General no haber motivado su sentencia de modo suficiente en Derecho, procede recordar que la motivación de una sentencia o de un auto del Tribunal General debe mostrar de manera clara e inequívoca su razonamiento, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. Sin embargo, la obligación de motivación que se impone al Tribunal General no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes en el litigio y, por tanto, dicha motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 101 y jurisprudencia citada).

81      Habida cuenta del examen detallado de las pruebas aportadas tanto por el Consejo como por la recurrente que el Tribunal General efectuó en los apartados 87 a 105 de la sentencia recurrida, debe considerarse que ese órgano jurisdiccional motivó de modo suficiente en Derecho dicha sentencia, permitiendo a la recurrente comprender, incluso de manera implícita, las razones por las que no estimó sus alegaciones dirigidas a demostrar que las medidas adoptadas por el régimen del presidente Lukashenko contra ella habían tenido un impacto negativo en la ejecución del proyecto Minsk World y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control.

82      Mediante su quinta imputación, la recurrente alega que, en el apartado 89 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó o presentó de manera incorrecta las pruebas que ella había aportado al afirmar que las medidas acordadas por el régimen del presidente Lukashenko de las que la recurrente era objeto se adoptaron contra ciento noventa empresas bielorrusas de capital extranjero, de modo que de su mera adopción no cabe deducir un «trato específico desfavorable reservado a la recurrente por parte del régimen del presidente Lukashenko».

83      Esta imputación no puede prosperar, ya que es inoperante.

84      En efecto, la constatación del Tribunal General según la cual la recurrente no sufrió un «trato específico desfavorable» a causa de la mera adopción de las medidas que le impuso el régimen del presidente Lukashenko se hizo a mayor abundamiento. En particular, esta constatación no tuvo incidencia alguna en el razonamiento seguido a continuación por la sentencia recurrida acerca de las consecuencias que, según la recurrente, esas medidas habrían tenido en la realización del proyecto Minsk World, razonamiento que culmina con la conclusión, recogida en el apartado 105 de dicha sentencia, de que, en la fecha de adopción de los actos controvertidos de mantenimiento, continuaba desarrollando ese proyecto en condiciones reveladoras del beneficio que obtiene de dicho régimen y del apoyo prestado a este. Así, esta conclusión no presenta ninguna referencia a dicha constatación ni vínculo causal con ella. De este modo, el Tribunal General consideró implícita pero necesariamente, sin incurrir en error de Derecho, que el hecho de que las referidas medidas no dispensaran a la recurrente un «trato específico desfavorable» carecía jurídicamente de pertinencia por lo que respecta a la cuestión de si la recurrente cumplía el criterio b) que justificaba su mantenimiento en las listas controvertidas.

85      Pues bien, según reiterada jurisprudencia, las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos reiterativos de una resolución del Tribunal General son inoperantes, ya que no pueden dar lugar a la anulación de dicha resolución (sentencias de 3 de julio de 2025, Grodno Azot y Khimvolokno Plant/Consejo, C‑326/24 P, EU:C:2025:522, apartado 59, y de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 240 y jurisprudencia citada).

86      Mediante su sexta imputación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error, en el apartado 89 de la sentencia recurrida, al considerar jurídicamente relevante el hecho de que otras entidades también pudieron ser tratadas desfavorablemente por el régimen del presidente Lukashenko en razón de las medidas o sanciones impuestas a las sociedades bielorrusas con capital extranjero. En su opinión, este elemento carece de incidencia respecto a la cuestión de si la recurrente cumplía el criterio b) que justifica su mantenimiento en las listas en cuestión.

87      Del apartado 84 de la presente sentencia se deriva que esta imputación es infundada y, por consiguiente, debe desestimarse.

88      Mediante su séptima imputación, dirigida contra los apartados 94 a 97 de la sentencia recurrida, la recurrente reprocha al Tribunal General haber presentado de manera incorrecta o desnaturalizado pruebas o haber incumplido su obligación de motivación. Señala que aportó pruebas que acreditaban que socios comerciales importantes habían puesto fin a sus relaciones con ella debido a las medidas que le había impuesto el régimen bielorruso, incluso congelando sus cuentas bancarias y anulando contratos. La recurrente afirma que esta situación queda acreditada por cinco ejemplos precisos y concluyentes, expuestos en los anexos A.22 a A.26 de la demanda, que no fueron examinados por el Tribunal General.

89      Esta imputación no puede acogerse.

90      En efecto, en la medida en que, mediante esta argumentación, la recurrente sostiene que el Tribunal General no ejerció debidamente su control jurisdiccional, por cuanto ignoró las pruebas que ella había aportado, es preciso señalar, como sostiene el Consejo sin que la recurrente refute su alegación sobre este punto, que estas pruebas corresponden a los cinco ejemplos presentados en la demanda, reproducidos en el recurso de casación interpuesto por la recurrente, que el Tribunal General examinó en los apartados 94 a 97 de la sentencia recurrida.

91      Por lo tanto, la recurrente pretende en realidad impugnar apreciaciones de hechos efectuadas por el Tribunal General e intenta lograr que se lleve a cabo una nueva apreciación de los mismos, sometiendo de nuevo al Tribunal de Justicia esos mismos cinco ejemplos. Ahora bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 60 y 61 de la presente sentencia, tal argumentación es inadmisible en la fase de casación.

92      Mediante su octava imputación, relativa a los apartados 95 a 102 y 105 y 106 de la sentencia recurrida, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al basarse en el principio según el cual le incumbía a ella probar la amplitud de las consecuencias de las medidas y sanciones que le había impuesto el régimen del presidente Lukashenko, mientras que recaía sobre el Consejo la prueba de que ella se beneficiaba de dicho régimen. Por lo tanto, según la recurrente, el Tribunal General erró al considerar que bastaba con que el Consejo afirmara que «no [podía] excluirse» que otros factores «hubieran podido» entrar en juego por lo que respecta a esas consecuencias.

93      Esta alegación, contrariamente a lo que arguye el Consejo, es admisible, ya que equivale a solicitar al Tribunal de Justicia que ejerza un control sobre una posible violación de las normas sobre carga y aportación de la prueba por parte del Tribunal General, lo cual es competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 26 de marzo de 2026, Pumpyanskiy y otros/Consejo, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P y C‑111/24 P, EU:C:2026:245, apartado 226 y jurisprudencia citada).

94      No obstante, esta alegación no puede estimarse.

95      En efecto, es cierto que, en virtud del principio actori incumbit probatio, es el Consejo quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados respecto de la persona afectada en virtud del criterio b) son fundados, aunque no se exija que presente ante el juez de la Unión todas las pruebas inherentes a tales motivos (véase, en ese sentido, la sentencia de UC/Consejo, C‑455/24 P, EU:C:2026:253, apartado 115 y jurisprudencia citada).

96      No obstante, dado que, ante el Tribunal General, el Consejo aportó un conjunto de datos y pruebas pertinentes que acreditaban que se cumplía efectivamente ese criterio, incumbía a la recurrente, en virtud de ese mismo principio, al cuestionar esos datos o pruebas alegando el trato desfavorable que le había dispensado el régimen del presidente Lukashenko debido a las medidas o sanciones de las que ella era objeto, demostrar que dicho trato afectó negativamente a la ejecución del proyecto Minsk World y, por tanto, al beneficio que obtuvo de ese régimen para llevar a cabo esta operación.

97      En cuanto a la novena imputación, mediante la cual la recurrente alega que la apreciación realizada por el Tribunal General en los apartados 107 a 110 de la sentencia recurrida adolece de errores de Derecho ya puestos de manifiesto, basta constatar que los errores de Derecho alegados en esta imputación son idénticos a los que son objeto de las imputaciones primera a octava, de modo que esta imputación debe desestimarse por las mismas razones por las que se rechazaron esas ocho primeras imputaciones.

98      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, de las que se infiere que el Tribunal General desestimó fundadamente el recurso en cuanto al fondo, procede desestimar el segundo motivo.

99      Dado que los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida a los que se refiere este motivo son suficientes para justificar el fallo de dicha sentencia, de forma que los errores de Derecho constatados al examinar el primer motivo de casación no influyen en el fallo de dicha sentencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, apartado 64 y jurisprudencia citada), procede desestimar el recurso de casación.

 Costas

100    En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de ese Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

101    Al haber solicitado el Consejo la condena en costas de la recurrente y haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1)      Desestimar el recurso de casación.

2)      Dana Astra IOOO cargará, además de con sus propias costas, con las del Consejo de la Unión Europea.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: inglés.