Ponente:

Maria NIKOLOPOULOU

Asesores	Agata MEYSNER (por la ponente) Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA (por el Grupo I)
Decisión de la Asamblea	18.1.2024
Base jurídica	Artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno
Sección competente	Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobado en sección	3.9.2024
Aprobado en el pleno	19.9.2024
Pleno n.o	590
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	166/8/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE está firmemente convencido de que es necesario reforzar el Pacto Verde Europeo y ampliar en mayor medida su vertiente social al objeto de fomentar una economía del bienestar al servicio de las personas y del planeta. La economía del bienestar es una orientación estratégica y un enfoque de gobernanza que aspira a situar a las personas y su bienestar en el centro de las políticas y la toma de decisiones.

1.2.

Para que la UE cumpla sus objetivos climáticos y de biodiversidad, es esencial incorporar la legislación pertinente y que todos los Estados miembros aceleren la puesta en práctica y la promoción de las soluciones existentes, y que refuercen las inversiones en investigación, desarrollo e innovación con el fin de encontrar nuevas soluciones complementarias. El CESE considera que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo no deben reducir el nivel de ambición ni interrumpir la consecución de los objetivos actuales. En cambio, es preciso avanzar en la creación de las condiciones de un entorno favorable para las inversiones, garantizar el acceso a una energía limpia y asequible, ofrecer nuevas soluciones tecnológicas que contribuyan a una economía de cero emisiones netas y proporcionar un apoyo técnico y financiero suficiente y redes de seguridad para los Estados miembros, las empresas de los sectores afectados, los particulares y las organizaciones de la sociedad civil que deberán aplicar las normas.

1.3.

La financiación actual de la transición es insuficiente, por lo que el CESE subraya la necesidad de atraer más inversiones públicas y privadas por parte de la UE y los Estados miembros. Asimismo, destaca la importancia de que los presupuestos nacionales respalden la transición y considera necesario redoblar los esfuerzos para aumentarlos mediante una serie de mecanismos, como la lucha contra la evasión fiscal, la mejora de la recaudación de impuestos, el cese inmediato de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente —evitando que surjan otras nocivas—, la reforma de las subvenciones existentes, el aumento de los impuestos sobre los combustibles fósiles, la promoción de una imposición más elevada para el 1 % más rico de la población mundial y el fomento de la actividad económica sostenible que genera recursos.

1.4.

A fin de lograr una economía del bienestar, deberán garantizarse los presupuestos públicos para inversiones en ámbitos de actuación clave relacionados con la transición ecológica y justa, como la educación, la protección social y la asistencia sanitaria, y mantener un enfoque equilibrado que concilie el aumento de la inversión pública y la sostenibilidad presupuestaria, evitando así las medidas de austeridad.

1.5.

La economía es un motor esencial de la sostenibilidad, por lo que debemos ir más allá del enfoque de crecimiento basado en el PIB y abogar por un marco político global que respalde una economía sostenible orientada al bienestar social y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la realización del Acuerdo de París y el Plan de Biodiversidad.

1.6.

El CESE considera que debe existir un acceso universal y asequible a la educación, la asistencia sanitaria, la protección social y la vivienda. Los recursos básicos, como los alimentos producidos de forma sostenible, el agua limpia y la energía, deben facilitarse de manera que todas las personas puedan llevar estilos de vida sostenibles. La sociedad debe entablar un diálogo permanente para definir «acceso» y «esencial», velando por que estos conceptos respondan a las necesidades cambiantes de la población.

1.7.

El CESE insta a la UE, a los Estados miembros y a las empresas a que inviertan en formación, reciclaje y perfeccionamiento profesionales, y pide que se imparta educación en materia de democracia e instituciones públicas a escala local, regional, nacional y de la UE.

1.8.

El CESE considera que, para garantizar el bienestar de las personas, debe reforzarse la participación de la sociedad civil de manera significativa e inclusiva, en particular teniendo en cuenta a los grupos infrarrepresentados, como la juventud, las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad. Esto puede lograrse mediante un mayor acceso a la financiación para las organizaciones de la sociedad civil y el fomento de una participación ciudadana ascendente. El diálogo social también desempeña un papel fundamental en la mejora del bienestar. Además, el CESE pide que se promuevan mecanismos participativos como las iniciativas ciudadanas europeas y considera que unos requisitos menos estrictos y una contribución significativa de la Comisión Europea contribuirán a que aumente su número.

1.9.

El CESE considera oportuno elaborar una declaración interinstitucional, en colaboración con el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, a fin de brindar un marco sólido que garantice la protección y progresión de los intereses y derechos de las generaciones futuras. A tal fin, la Comisión Europea debería nombrar a un comisario para las Generaciones Futuras.

2.   Antecedentes

2.1.

El Pacto Verde Europeo ha puesto en marcha una transición significativa y necesaria en los ámbitos de la acción por el clima y la protección del medio ambiente que ha incidido en diversos sectores, como los de la energía, el transporte, la industria y la agricultura. Sin embargo, el agravamiento de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, la proliferación de pandemias, la escalada de las guerras, la reducción de la competitividad, el aumento del coste de la vida y el recrudecimiento de las desigualdades plantean nuevos retos importantes, agravan las tensiones políticas y parecen poner en peligro la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. Estas dificultades cada vez mayores hacen patente no solo la fragilidad de nuestro sistema, sino también la necesidad de una transformación. No es posible proseguir por la vía actual.

2.2.

La escalada de la triple crisis planetaria representa la mayor amenaza para la reducción de la pobreza, el objetivo de garantizar empleos dignos, la instauración de la justicia social y el establecimiento de un entorno empresarial favorable a largo plazo. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ponen en peligro todas la formas de vida en nuestro planeta y contribuyen al aumento de la conflictividad y la agitación social en toda Europa y en el Sur Global. En este contexto, es cada vez más urgente replantearse nuestra relación con la naturaleza y proteger —y, en caso necesario, restaurar— los ecosistemas naturales de los que dependen los seres humanos y la mayoría de sus actividades económicas (1).

2.3.

La economía del bienestar es una orientación estratégica y un enfoque de gobernanza que aspira a situar a las personas y su bienestar en el centro de las políticas y la toma de decisiones. En la economía del bienestar, el objetivo de una sociedad debe ser el bien común de todos y cada uno de sus integrantes, de acuerdo con los mandatos constitucionales. Para alcanzar dicho objetivo, debe asumirse que el dinero y el capital tienen importancia como instrumentos de intercambio e inversión, pero no constituyen jamás un fin por sí mismos. El modelo económico que persigue el bien común se fundamenta en los valores que todas las personas reconocen como universales: la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la transparencia y la participación democrática (2). La economía es un medio para hacer realidad la visión de bienestar (3). En una economía del bienestar, el progreso se mide no solo mediante indicadores económicos tradicionales como el PIB, sino también con parámetros que reflejan la calidad de vida, como la salud, la educación, la calidad medioambiental y las conexiones sociales. Este enfoque holístico hace hincapié en la importancia de una distribución equitativa de los recursos y las oportunidades, al tiempo que garantiza que los beneficios económicos se reparten ampliamente en todos los sectores de la sociedad.

2.4.

Para que la UE cumpla sus objetivos climáticos y de biodiversidad de aquí a 2030 y más allá durante la próxima legislatura, es esencial que todos los Estados miembros incorporen la legislación pertinente y aceleren la puesta en práctica y la promoción de las soluciones existentes, y que refuercen las inversiones en investigación, desarrollo e innovación con el fin de encontrar nuevas soluciones complementarias. El CESE considera que, en el transcurso del próximo mandato, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo no deben reducir el nivel de ambición ni interrumpir la consecución de los objetivos actuales. Además, es preciso avanzar en la creación de las condiciones de un entorno favorable para las inversiones, garantizar un acceso a la energía a precios asequibles, ofrecer nuevas soluciones tecnológicas que contribuyan a una economía de cero emisiones netas, llevar a cabo evaluaciones de impacto adecuadas y proporcionar apoyo técnico y financiero y redes de seguridad para los Estados miembros, las empresas de todos los sectores afectados, los particulares y las organizaciones de la sociedad civil que deberán aplicar las normas.

2.5.

El Informe sobre prospectiva estratégica de 2023 (4) publicado por la Comisión Europea se centra en integrar la sostenibilidad y el bienestar en la autonomía estratégica abierta de Europa y propone diez actuaciones para alcanzar este objetivo. Se trata de una transición fundamental para que la UE logre una neutralidad climática y una sostenibilidad con garantías de competitividad a largo plazo y de liderazgo mundial en la economía de cero emisiones netas. El informe describe los principales retos y propone respuestas políticas, entre otras una economía que dé prioridad al bienestar, aborde la escasez de capacidades en materia de sostenibilidad y garantice una financiación suficiente de la transición.

2.6.

Según la primera evaluación europea de riesgos climáticos para la economía de la Agencia Europea de Medio Ambiente (5), nuestro continente se está calentando más deprisa que el resto de las regiones del planeta y las políticas actuales no avanzan al ritmo necesario para alcanzar los objetivos de neutralidad climática de la UE. El Banco Mundial ha indicado que la pasividad ante el cambio climático conlleva costes que superan con creces el coste de la acción por el clima en Europa (6). Además, se calcula que más del 50 % del PIB mundial depende de la naturaleza (7) y que alrededor del 40 % de los puestos de trabajo a escala mundial dependen directamente de la presencia de ecosistemas sanos (8). Sin embargo, miles de millones siguen destinándose a subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, a pesar de que se han mantenido debates sobre su reducción durante décadas.

2.7.

Según el informe «Perspectiva de recursos globales 2024» (9), el crecimiento previsto del 60 % en el uso de los recursos para 2060 podría condenar al fracaso los esfuerzos por alcanzar los objetivos mundiales no solo en materia de clima, biodiversidad y contaminación, sino también de prosperidad económica y bienestar humano. La única opción viable es disociar el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de los recursos y la degradación del medio ambiente, al mismo tiempo que se mejora el bienestar y se promueven economías prósperas y empresas sostenibles.

2.8.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, «contar con las políticas, la infraestructura y la tecnología adecuadas para permitir cambios en nuestros estilos de vida y comportamientos puede suponer una reducción del 40-70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050» (10). Sin embargo, las decisiones de consumo, en especial de las personas con rentas más bajas, vienen motivadas sobre todo por los precios bajos y la conveniencia, ya que las alternativas sostenibles a menudo no son accesibles ni asequibles. Tal es el caso de diversos bienes y servicios, como el transporte, la vivienda, los alimentos y los productos. El CESE está convencido de que es preciso reforzar un enfoque sistémico de comportamientos sostenibles, a fin de garantizar que los estilos de vida sostenibles sean la opción más conveniente, accesible y rentable para todos.

3.   Visión del bienestar social

3.1.

El bienestar social debe sustentarse en un triángulo equilibrado de libertad, responsabilidades y derechos para toda la ciudadanía. La sociedad debe aspirar a vivir en armonía con la naturaleza y dentro de los límites del planeta sin sufrir privaciones, con el apoyo y los beneficios de una economía sostenible que gire en torno al bienestar, respete el clima, la naturaleza y el medio ambiente, y preserve y genere oportunidades que permitan a las generaciones futuras satisfacer sus necesidades.

3.2.

La equidad es la piedra angular del bienestar social y hay que prestar a las personas el apoyo adecuado para satisfacer sus necesidades. Es necesario reducir significativamente las barreras estructurales, ya que contribuyen al aumento de las desigualdades sociales. Los grupos vulnerables, como las personas mayores y con discapacidad, las personas que residen en territorios y regiones rurales y aisladas, así como los jóvenes y las mujeres que actualmente se hallan rezagados en términos de derechos e ingresos, necesitan un apoyo personalizado durante la transición.

3.3.

Los gobiernos deben garantizar la seguridad para todas las personas. Sentir seguridad en el entorno propio es un aspecto fundamental del bienestar social y económico, ya que la inestabilidad social genera inestabilidad económica y viceversa. A fin de garantizar la paz y la seguridad frente a las amenazas internas y externas, son necesarias iniciativas e inversiones oportunas en distintos ámbitos.

3.4.

El CESE considera que debe existir un acceso universal y asequible a la educación, la asistencia sanitaria, la protección social y la vivienda. El acceso a recursos básicos, como los alimentos producidos de forma sostenible, el agua limpia y la energía, debe facilitarse de modo que todas las personas puedan llevar estilos de vida sostenibles. La sociedad debe entablar un diálogo permanente para definir «acceso» y «esencial», velando por que estos conceptos respondan a las necesidades cambiantes de la población.

4.   Plan general del Pacto Verde y Social Europeo

Panorama económico

4.1.

Si bien el vigente Pacto Verde Europeo hace hincapié en «no dejar a nadie atrás», es necesario integrar en mayor medida este principio para abordar mejor los aspectos sociales de la transición ecológica y las causas subyacentes de las crisis mundiales. Resulta cada vez más acuciante disponer de un paradigma político, económico y social renovado que dé prioridad al bienestar de las personas y del planeta y aspire a fomentar la actividad económica, la producción y el consumo sostenibles. Necesitamos un cambio fundamental hacia una economía sostenible sólida que posibilite el bienestar y una transición ecológica y equitativa, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París y el Plan de Biodiversidad.

4.2.

Un paso esencial consiste en reformar el modelo económico actual, ir más allá del crecimiento basado en el PIB (11) y abogar por un marco político global que respalde una economía sostenible y orientada hacia el bienestar social, un objetivo que se subraya en el Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (12). Dicho objetivo ha recibido el apoyo de los colegisladores, que hacen hincapié en la meta de que en 2050 a más tardar las personas vivan bien, dentro de los límites del planeta, en una economía del bienestar en la que no se desperdicie nada, el crecimiento sea regenerativo, se haya logrado la neutralidad climática y se hayan reducido significativamente las desigualdades.

4.3.

Según un estudio del Instituto de Economía del Clima (13), el déficit de inversión climática para alcanzar los objetivos de aquí a 2030 es de unos 406 000 millones EUR anuales (2,6 % del PIB de la UE). Asimismo, será difícil lograr el objetivo fijado para el período 2026-2027 de destinar el 10 % del presupuesto a la lucha contra la pérdida de biodiversidad (14). Por lo tanto, resultará esencial movilizar más fondos públicos y privados para inversiones ecológicas y, a corto plazo, reorientar eficazmente algunos de los recursos y subvenciones disponibles.

4.4.

El CESE pide que la UE y los Estados miembros redoblen sus esfuerzos para aumentar los presupuestos mediante una serie de mecanismos, como la lucha contra la evasión fiscal, la mejora de la recaudación de impuestos, el cese inmediato de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente —evitando que surjan otras nocivas—, la reforma de las subvenciones existentes, el aumento de los impuestos sobre los combustibles fósiles y el fomento de la actividad económica sostenible que genera recursos. El CESE propone promover impuestos más elevados para el 1 % de la población que posee casi la mitad de la riqueza del planeta y utilizar la cantidad recaudada para financiar la transición.

4.5.

A fin de lograr una economía del bienestar, deberá garantizarse el presupuesto público para inversiones y reformas en ámbitos de actuación clave relacionados con la transición ecológica y justa, como la educación, la protección social y la asistencia sanitaria. Deben evitarse medidas de austeridad como las que hubo durante la crisis anterior. Por consiguiente, resulta esencial garantizar la aplicación de una estrategia sólida de inversión pública para lograr un enfoque equilibrado que concilie el aumento de la inversión pública y la sostenibilidad presupuestaria.

4.6.

La UE debe mejorar su comunicación sobre la disponibilidad de fondos vigentes y simplificar los procesos para que las empresas puedan acceder a ellos.

4.7.

Hasta ahora, no ha habido pruebas de una disociación absoluta generalizada a escala mundial, por lo que es esencial que se desarrollen y adopten soluciones que ayuden a reducir el consumo de recursos y desmaterializar la economía en todo el mundo. Dichas soluciones deben implantarse de manera equitativa y conceder un margen para el desarrollo justo, especialmente en los países de renta baja. Para llegar una comprensión exhaustiva del nivel de consumo de materiales de una diversidad de países es preciso emplear un enfoque de huella material, tal como han pedido el Parlamento Europeo y varios Estados miembros que ya cuentan con objetivos nacionales de reducción de la huella material. El CESE apoya el llamamiento del Consejo en favor de un objetivo a largo plazo de la UE para el uso sostenible de los recursos y la utilización de la contratación pública ecológica, tal como se recoge en las Conclusiones del Consejo sobre el Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (15).

4.8.

Las empresas, desde las grandes empresas hasta las microempresas y las pymes, las cooperativas y los agentes de la economía social, desempeñan un papel importante en una transición ecológica, ya que soportan la transición en sus propias actividades y, al mismo tiempo, contribuyen a la transición de otros agentes proporcionando soluciones climáticas y medioambientales. También desempeñan un papel central en la economía del bienestar, ya que generan recursos y proporcionan puestos de trabajo, bienes y servicios sostenibles.

4.9.

Para poder desempeñar su papel en la transición hacia la sostenibilidad y la economía del bienestar, las empresas deben contar con unas condiciones de competencia equitativas que permitan evitar la competencia desleal. Por lo tanto, todas las mercancías importadas deben estar sujetas a las mismas normas que las producidas en Europa. Es necesario contar con un entorno empresarial que fomente la innovación, la inversión y el comercio y facilite la transición, y crear, para todas las empresas, condiciones favorables para gestionar la transición, sin perder de vista que la diversidad de condiciones y necesidades varía según el sector y el tamaño de la empresa. Es de vital importancia reducir las cargas burocráticas y acelerar los procedimientos de autorización.

4.10.

Convendría intercambiar buenas prácticas en lo que respecta a las medidas concretas que se adoptan en las ciudades europeas. Por ejemplo, debe restringirse la publicidad sobre combustibles fósiles y productos y servicios con un uso intensivo de carbono y materiales, especialmente en los espacios públicos y en línea, a fin de evitar inducir a un consumo excesivo. Para ello, podrían tomarse como punto de partida las iniciativas de Grenoble y Ámsterdam, donde la publicidad sobre el transporte aéreo, los aeropuertos, los vehículos utilitarios deportivos, los cruceros y las empresas de combustibles fósiles está expresamente prohibida en espacios municipales.

4.11.

Debe fomentarse la creación de empresas y modelos de negocio diversificados que engloben sistemas sociales, circulares y solidarios como la «propiedad responsable», las cooperativas y el emprendimiento femenino y juvenil, a fin de potenciar empleos más inclusivos. La economía social y la economía colaborativa deben ocupar un lugar más destacado, con la oferta de puestos de trabajo dignos y oportunidades de formación y educación de calidad que sean ecológicas y cumplan con las expectativas. Asimismo, con el fin de facilitar tanto el bienestar como la productividad y promover el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, las condiciones de trabajo deben basarse en un equilibrio entre la situación vital de la persona y las necesidades específicas de la empresa, en su caso con medidas como la reducción del tiempo de trabajo.

Educación y empoderamiento

4.12.

La educación debe dotar a las personas de conciencia cívica y fomentar la adopción de estilos de vida saludables y sostenibles. Reducir el consumo individual sin sufrir privaciones es posible gracias a muchos aspectos de la economía circular, como la reutilización, la reconversión, la reparación y la puesta en común de productos. Sin embargo, la economía mundial solo es circular en un 7,2 %, lo que significa que más del 90 % de los materiales se desperdician, se pierden o no están disponibles para su reutilización (16). En gran medida, gracias a las generaciones más jóvenes, estas soluciones se están promoviendo en la sociedad en forma de tendencias, pero necesitamos soluciones intergeneracionales para una transición plenamente circular.

4.13.

Debe reforzarse la educación en materia de democracia e instituciones públicas a escala local, regional, nacional y de la UE y establecerse su obligatoriedad, a fin de garantizar que todos los estudiantes tengan los conocimientos necesarios para comprender qué es un sistema democrático, cómo se toman las decisiones en Europa, las limitaciones y los retos que conlleva y cómo formar parte de la ciudadanía activa. Además, las instituciones europeas deben redoblar sus esfuerzos para comunicar la misión de la UE a la ciudadanía de manera sencilla, concreta y accesible, especialmente a escala local.

4.14.

Existe una creciente demanda de competencias relevantes para lograr un futuro sostenible. Los trabajadores deben contar con las competencias técnicas y las aptitudes interpersonales necesarias para que la UE sea competitiva. El CESE insta a la UE, a los Estados miembros y a las empresas a que inviertan en la formación, el reciclaje y el perfeccionamiento profesionales.

La participación de la sociedad civil

4.15.

Debe alentarse a las personas a que se movilicen y se organicen en torno a objetivos comunes, utilizando mecanismos como la iniciativa ciudadana europea (ICE). El CESE considera que el número de ICE aumentaría si se reformasen sus requisitos para que fuesen menos estrictos y la Comisión Europea respondiese de manera concreta y significativa.

4.16.

Las democracias deben garantizar una mejor representación e inclusión, una mayor participación de la sociedad civil y una gobernanza ascendente. Los mecanismos como las asambleas ciudadanas son un elemento importante de los procesos participativos de toma de decisiones, y los gobiernos deben fomentar una representación más diversa de la ciudadanía en la elaboración de sus políticas, además de una participación más activa y significativa de la sociedad civil organizada. Esta debe suponer una mayor participación e influencia de la totalidad de la ciudadanía, las comunidades locales y los sectores de la sociedad en el proceso democrático. A medida que las desigualdades erosionan la confianza en los representantes políticos y en nuestro sistema político, necesitamos invertir en las personas para salvaguardar nuestras democracias.

4.17.

El diálogo social desempeña un papel crucial en las industrias y sectores que deberán reducir su tamaño, a fin de garantizar que los trabajadores que pierden su empleo puedan optar por alternativas dignas y satisfactorias. Para ello, deberá establecerse un marco político de transición justa, tal como se solicita en el Dictamen del CESE «Medidas necesarias para impulsar el marco político de transición justa de la UE» (17). La UE y los Estados miembros deben supervisar y reforzar la aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores a organizarse, adherirse a los sindicatos sin represalias y negociar de forma colectiva tanto en los sectores ecológicos emergentes de la economía como en otros. A tal fin, el CESE llama la atención sobre las disposiciones de seguimiento relativas a la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social en la UE (18) y recuerda que se recomienda a los Estados miembros que presenten, en un plazo de dieciocho meses a partir de la publicación de la misma, una lista de medidas de ejecución, elaborada en consulta con los interlocutores sociales. Los interlocutores sociales deben desempeñar un papel destacado en el desarrollo de estos indicadores para supervisar la aplicación (19).

4.18.

La UE debe proporcionar recursos, entre ellos financiación básica, para favorecer una participación ciudadana ascendente orientada a una transformación justa. Además, a fin de posibilitar una innovación social, debe ofrecer diversas modalidades de democracia deliberativa en diferentes contextos y niveles, entre otras, las iniciativas dirigidas por comunidades, las ciudades en transición, la presupuestación participativa, las asambleas ciudadanas, los consejos juveniles de energía, el urbanismo inclusivo estratégico, un mayor número de consultas ciudadanas sobre cómo dar prioridad a acciones, los jardines comunitarios, las comunidades de energía y las cooperativas. Debe prestarse especial atención a la diversidad y a la inclusión para implicar a la juventud, a los migrantes y a las personas con discapacidad, y a cómo incorporar la dimensión de género en estas iniciativas.

4.19.

La consulta efectiva e inclusiva de las personas y las partes interesadas debe convertirse en un requisito vinculante. Deben incluirse en la legislación pertinente de la UE incentivos y normas para una participación significativa y temprana a escala local.

Consideraciones sobre las generaciones futuras

4.20.

Para garantizar la justicia intergeneracional, el Pacto Verde y Social Europeo debe integrar los derechos de las generaciones jóvenes y futuras en todas las políticas. El CESE ya ha apoyado la evaluación de la UE desde el punto de vista de los jóvenes y es el primer órgano de la UE en hacer pruebas piloto, aplicándola en sus dictámenes. El CESE también ha colaborado con varias organizaciones juveniles, mediante la creación de mecanismos como las mesas redondas sobre clima y sostenibilidad dirigidas a la juventud (20). Las personas jóvenes han liderado el llamamiento a favor del Pacto Verde Europeo, por lo que también deben desempeñar un papel clave y participar de manera significativa en el Pacto Verde y Social Europeo.

4.21.

Se necesitan servicios asistenciales más asequibles y de calidad para hacer frente a la situación demográfica actual, caracterizada por el envejecimiento de la población de la UE y la no remuneración de las responsabilidades de cuidado, que asumen principalmente las mujeres. Es preciso abordar la falta de financiación y servicios, además de velar por que las políticas garanticen la sostenibilidad sin lastrar a las generaciones futuras con una deuda insostenible.

4.22.

El principio de justicia intergeneracional debe ocupar un lugar central en la formulación de las políticas, a fin de garantizar que la carga de mitigar cualquier amenaza o de adaptarse a toda presión inevitable no se traslade en exclusiva a las generaciones venideras. En este sentido, es necesario incluir una evaluación de impacto para las generaciones futuras en las directrices para la mejora de la legislación. Las políticas transformadoras deben servir a los intereses a largo plazo de la ciudadanía europea, incluidas las generaciones futuras, y evitar las dependencias históricas perjudiciales.

4.23.

Para garantizar una estrecha colaboración entre las instituciones de la UE, debe elaborarse una declaración interinstitucional del CESE, el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, a fin de brindar un marco sólido que garantice la protección y progresión de los intereses y derechos de las generaciones futuras e incluya los compromisos de las instituciones de incorporar salvaguardias para las generaciones futuras en los marcos jurídicos y en las políticas.

4.24.

La próxima Comisión Europea debería nombrar a un comisario para las Generaciones Futuras con una cartera transversal, que pueda hacer aportes a todos los expedientes legislativos a fin de garantizar que las políticas vigentes y las venideras tengan un impacto positivo en las generaciones futuras. Debería basarse en experiencias positivas de cargos similares de todo el mundo, como el comisario de Generaciones del Futuro para Gales.

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(1)   Dictamen - Comité Económico y Social Europeo - Una estrategia global para la biodiversidad en la COP16: unir a todos los sectores para alcanzar un objetivo común (DO C, C/2024/6880, 28.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6880/oj).

(2)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La Economía del Bien Común: un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social» (DO C 13 de 15.1.2016, p. 26).

(3)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía sostenible que necesitamos» (DO C 106 de 31.3.2020, p. 1), Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Medidas necesarias para impulsar el marco político de transición justa de la UE» (DO C, C/2024/1576, 5.3.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/1576/oj).

(4)   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_3623.

(5)   https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment.

(6)   https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/economics-for-disaster-prevention-preparedness-europe.

(7)   Study for a methodological framework and assessment of potential financial risks associated with biodiversity loss and ecosystem degradation , Comisión Europea.

(8)   Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2018, OIT.

(9)   https://www.resourcepanel.org/es/reports/global-resources-outlook-2024.

(10)   https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/.

(11)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Medidas más allá del PIB para una recuperación satisfactoria y una economía de la UE sostenible y resiliente» (DO C 152 de 6.4.2022, p. 7).

(12)  Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030 (DO L 114 de 12.4.2022, p. 22).

(13)   https://www.i4ce.org/en/publication/european-climate-investment-deficit-report-investment-pathway-europe-future/.

(14)   Biodiversity mainstreaming , Comisión Europea.

(15)   https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11326-2024-INIT/es/pdf.

(16)   https://www.circularity-gap.world/2023#:~:text=The%20global%20economy%20is%20now%20only%207.2%25%20circular&text=This%20means%20that%20more%20than,such%20as%20buildings%20and%20machinery.

(17)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Medidas necesarias para impulsar el marco político de transición justa de la UE» (OJ C, C/2024/1576, 5.3.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2024/1576/oj).

(18)  Recomendación del Consejo, de 12 de junio de 2023, sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea ( DO C, C/2023/1389, 6.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1389/oj ).

(19)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea» [COM(2023) 38 final — 2023/0012 (NLE)] y sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Reforzar el diálogo social en la Unión Europea: aprovechar todo su potencial para gestionar unas transiciones justas» [COM(2023) 40 final] (DO C 228 de 29.6.2023, p. 87).

(20)   https://www.eesc.europa.eu/es/initiatives/youth-climate-and-sustainability-round-tables.