COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Sobre la aplicación de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales Lograr un alto nivel de protección de los consumidores Crear confianza en el mercado único /* COM/2013/0138 final */
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Sobre la aplicación de la Directiva
relativa a las prácticas comerciales desleales
Lograr un alto nivel de protección de los consumidores
Crear confianza en el mercado único 1. INTRODUCCIÓN La Directiva 2005/29/CE relativa a las
prácticas comerciales desleales[1]
(«la Directiva») fue adoptada el 11 de mayo de 2005 para contribuir a que los
consumidores pudieran beneficiarse del mercado interior mediante la eliminación
de los obstáculos normativos que se derivan de las normas nacionales
divergentes que obstaculizaban las ventas de las empresas y minaban la
confianza de los consumidores a la hora de comprar en otros países de la UE. La Directiva constituye el principal corpus
legislativo de la UE que regula la publicidad engañosa y las prácticas
desleales en las transacciones entre empresas y consumidores. Tiene un amplio
ámbito de aplicación que abarca a todas las transacciones entre empresas y
consumidores («B2C») y todos los sectores. No sólo se aplica a las etapas de
publicidad o comercialización de una transacción, sino también «…durante y
después de una transacción comercial en relación con un producto»[2]. La Directiva establece un alto nivel de
protección de los consumidores en todos los sectores. Funciona como una red de
seguridad que colma las lagunas que no están reguladas por otras normas
sectoriales de la UE. Garantiza que los consumidores no son inducidos a error o
expuestos a una comercialización agresiva y que toda información dada por los
operadores de la UE es clara, precisa y motivada, de manera que los
consumidores puedan elegir con más información y sentido. Junto con otra legislación relativa al
mercado interior[3]
y el «Reglamento CPC» sobre la cooperación entre las autoridades nacionales
encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los
consumidores[4],
la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales contribuye a la
consecución de la transparencia del mercado y a la represión de la competencia
desleal en toda la UE. Todos los Estados miembros han aplicado sus
disposiciones en su legislación nacional. La presente Comunicación expone las
principales conclusiones que pueden extraerse sobre la base del periodo de
experiencia inicial de aplicación de la Directiva sobre las prácticas
comerciales desleales tal como se prevé en su artículo 18, y establece las
medidas necesarias para maximizar los beneficios de la Directiva para la
integración del mercado único y la protección de los consumidores. Junto con la presente Comunicación, se
publicará un informe[5]
sobre la aplicación de la Directiva en los Estados miembros. Todo ello forma
parte de la Agenda del Consumidor Europeo[6],
que tiene por objeto maximizar la participación de los consumidores y la
confianza en el mercado y, de ese modo, impulsar la confianza y el crecimiento.
El gasto de los consumidores representa
el 56 % del PIB de la UE y es fundamental para cumplir el objetivo de un
crecimiento inteligente, integrador y sostenible. Como se indica en la Agenda
del Consumidor Europeo, estimular esta demanda puede desempeñar un importante
papel a la hora de sacar a la UE de la crisis. Para ello, debe hacerse realidad el
potencial del mercado único. Los datos muestran que los consumidores
que compran en línea en la UE disponen de una variedad de productos entre los
que elegir hasta 16 veces superior, pero el 60 % de los consumidores
todavía no hace uso de esta posibilidad. Como consecuencia de su reticencia, no
se benefician plenamente de la variedad de productos y de la diferencia de
precios que ofrece el mercado único. Las acciones políticas destinadas a
mejorar la confianza de los consumidores en las compras transfronterizas en
línea pueden suponer un fuerte impulso al crecimiento económico en Europa. 2. EvaluaCIÓN DE los
beneficios de la Directiva 2.1. Alcanzar un alto nivel
de protección de los consumidores y lograr una igualdad de condiciones para los
operadores comerciales La primera experiencia de la aplicación de
la Directiva muestra que se ha mejorado considerablemente la protección de los
consumidores en todos los Estados miembros al mismo tiempo que las empresas que
respetan las normas están mejor protegidas frente a aquellos de sus
competidores que las incumplen. Los beneficios de la Directiva se
derivan, sobre todo, de dos de sus características específicas, a saber, su
carácter de «red de seguridad» horizontal y su combinación de normas basadas en
principios con una «lista negra» de prohibiciones específicas para determinadas
prácticas desleales. Las normas basadas en principios
previstas en la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales han
permitido que las autoridades nacionales se adapten a unos productos, servicios
y métodos de venta en rápida evolución. Dichas normas sirven como
«disposiciones de carácter general» facilitando criterios que pueden
utilizarse, con cierta flexibilidad, para evitar comportamientos desleales que
no estén cubiertos por prohibiciones específicas. A su vez, la «lista negra» de las
prácticas prohibidas sin excepciones ha supuesto para las autoridades
nacionales una herramienta eficaz para luchar contra las prácticas desleales,
como la publicidad «señuelo», las ofertas gratuitas falsas, la publicidad
encubierta y la publicidad directamente dirigida a los niños. A continuación se dan algunos ejemplos de
prácticas prohibidas en virtud de la Directiva. Atraer a los consumidores a los locales o al sitio web del
operador ofreciendo productos o servicios que no puede suministrar («publicidad
señuelo») Sabine, originaria de Alemania, descubrió un anuncio en una
revista que ofrecía un oferta especial: «¡Vuele a Barcelona por tan solo 1
EUR!» Sin embargo, cuando trató de reservar el billete por internet los
precios eran mucho más altos. Cuando contactó con el servicio de atención al
cliente de la empresa se enteró de que sólo un pequeño número de asientos se
ofrecían a un precio reducido. La mayoría de los clientes no podían
beneficiarse de esta promoción. La Directiva sobre las prácticas comerciales desleales prohíbe la
práctica de ofrecer un producto a un precio determinado sin revelar claramente
que su disponibilidad puede limitarse en función del alcance de la publicidad y
del precio propuesto. Ofertas gratuitas falsas Marit, de Estonia, recibió el siguiente mensaje electrónico de un
minorista de productos de belleza en línea: «Llama ahora y consigue tu
regalo gratuito: ¡un par de gafas de sol de diseño!». Cuando llamó, se le
informó de que esta oferta se aplicaba solo cuando se hacían pedidos por valor
de 2 000 EUR o más. La Directiva sobre las prácticas comerciales desleales impide a un
operador comercial describir de manera engañosa un producto como gratuito
cuando, de hecho, el consumidor ha de incurrir en un coste al margen del coste
de responder a la práctica comercial o del pago por la entrega del producto. Obstáculos para un cambio en el prestatario de servicios Filip decide modificar el seguro de su casa y de obtener un
contrato más ventajoso con una empresa recientemente creada. Cuando llama a su
compañía de seguros, se le informa de que debe cumplimentar diferentes
formularios para poner fin a su contrato actual. Desgraciadamente, tardan más
de dos semanas en poder (o querer) proporcionarle los formularios necesarios y
la mujer que le atiende al teléfono le dice que son necesarios además tres
meses para tramitar la solicitud. Filip abandona, frustrado a pesar de sus
buenas intenciones. En virtud de la Directiva sobre las prácticas comerciales
desleales, los comerciantes no pueden imponer obstáculos no contractuales
onerosos o desproporcionados cuando un consumidor desee ejercitar derechos
previstos en el contrato, incluidos el derecho de poner fin al contrato o el de
cambiar de producto o de comerciante. Anuncios directamente dirigidos a los niños Alain se sorprendió mucho cuando su hija empezó repentinamente a
insistirle para que comprara una colección de películas con el personaje
principal de su libro favorito. Alain comprendió mejor lo que estaba pasando
cuando vio un anuncio de televisión promocionando las películas en el que se
decía: «Tu libro favorito ya está en DVD. ¡Dile a tu padre que te lo compre!»
En virtud de la Directiva sobre las prácticas comerciales
desleales constituye una práctica desleal que los vendedores exhorten a los
niños a pedir a un adulto que compre los productos sobre los que se hacen
campañas publicitarias. Esta prohibición es válida para todos los medios de
comunicación y tanto para la publicidad en televisión como en internet. Gracias a la Directiva sobre las
prácticas comerciales desleales, los organismos nacionales de protección de los
consumidores han podido frenar y sancionar una amplia gama de prácticas
comerciales desleales, incluidas afirmaciones engañosas relacionadas con el
medio ambiente y prácticas agresivas[7]. Sin embargo: –
Las partes interesadas sugieren que, a pesar
del marco jurídico actual, se siguen empleando afirmaciones (por ejemplo,
«respetuoso con el medio ambiente», «biodegradable», «sostenible» y «natural»)
de manera irresponsable que son, a menudo, muy generales, vagas y no claramente
definidas. Las asociaciones de consumidores advierten que es, además, difícil
comprobar la veracidad de los reclamos, especialmente en los sectores de la
energía, los cosméticos, los automóviles y los detergentes. –
Algunos Estados miembros advierten sobre
prácticas agresivas destinadas a los menores en el sector de los juegos de azar
en línea, así como a las personas mayores. Se necesitan más esfuerzos para
reforzar la aplicación de la Directiva en lo que respecta a estas categorías de
consumidores vulnerables que se encuentran en una situación de debilidad. En
particular, debe garantizarse que, teniendo también en cuenta el envejecimiento
progresivo de la población, los consumidores vulnerables estén protegidos
frente a los riesgos derivados de los efectos de la crisis económica y la
complejidad de los mercados digitales. 2.2. Reforzar la confianza en
el mercado único Al sustituir las normativas divergentes
de los distintos Estados miembros en materia de prácticas comerciales desleales
por un conjunto único de normas, la Directiva ha simplificado el entorno
reglamentario y ha contribuido a eliminar algunos obstáculos al comercio
transfronterizo. La Directiva también ha sido ampliamente
utilizada para abordar los asuntos transfronterizos. Cerca del 50 % de las
solicitudes de asistencia mutua tratadas por la Red CPC[8] durante los últimos cinco años
(solicitudes de información y alertas y solicitudes de medidas de ejecución) se
referían a infracciones de la Directiva. Además, varias acciones de seguimiento
conjuntas («sweeps») han sido llevadas a cabo por la Red CPC en virtud de las
disposiciones de la Directiva (productos y servicios digitales, webs de venta
de billetes de avión, servicios de telefonía móvil en línea, webs de venta de
productos electrónicos de consumo)[9]. Una parte considerable de la Directiva
pretende garantizar que la información relativa a las características más
importantes de un producto o de un servicio, así como su precio y las principales
condiciones sean facilitadas a tiempo, de forma veraz y completa. Con ello se
facilitará el conocimiento y la comparación de las ofertas por parte de los
consumidores y se influirá directamente sobre los métodos de comercialización y
publicitarios elaborados por los comerciantes. La publicidad desempeña un papel
fundamental en el buen funcionamiento del mercado único y representa, para las
empresas, la herramienta principal de venta de sus productos y servicios en el
extranjero. La publicidad les permite diferenciarse de otras empresas y
fomentar la competencia, además de contribuir a la reducción de los precios y
favorecer una mejor calidad. La reciente Comunicación relativa al
comercio electrónico indica que una información veraz y transparente en materia
de ofertas nacionales y transfronterizas constituye uno de los factores clave
para reforzar la confianza de los consumidores y animar a los comerciantes a
vender en internet[10]. La información reciente refleja que, en
comparación con el año 2006, antes, por tanto, de la transposición de la
Directiva en los Estados miembros[11],
se ha incrementado el número de consumidores interesados por las compras
transfronterizas (52 %, + 19 puntos porcentuales y el número de quienes
están dispuestos a gastar más en el extranjero (18 %, + 5 puntos
porcentuales). La Directiva destaca, en el conjunto de los principales
instrumentos legislativos de la Unión Europea destinados a reforzar la
confianza de los consumidores europeos y estimular los intercambios transfronterizos,
por haber contribuido precisamente a esta actitud más abierta. No obstante,
parece que el crecimiento del comercio transfronterizo en línea acusa un
retraso considerable en relación a su crecimiento a nivel nacional, lo que pone
de manifiesto que aún son necesarios más esfuerzos. Habida cuenta de su complejidad y de los
riesgos graves que entrañan, los servicios financieros y los bienes
inmobiliarios son sectores fundamentales. En estos sectores se han señalado
una serie de prácticas desleales, tales como la ausencia de informaciones
esenciales en la fase de publicidad y descripciones engañosas de productos. La
mayoría de los Estados miembros han adoptado una legislación nacional que
proporciona garantías a los consumidores, lo que se añade a las disposiciones
de la Directiva y la complementa. Los resultados de la investigación ponen de
manifiesto que no sería apropiado, por el momento, suprimir la posibilidad
otorgada a los Estados miembros por la Directiva de ir más allá del nivel de
armonización establecido por ésta en esos sectores específicos[12]. 2.3. Aplicación correcta y
eficaz de la Directiva En su conjunto, el marco jurídico de la
Directiva está bien adaptado para evaluar el carácter leal de las nuevas
prácticas en línea que se desarrollan paralelamente a la evolución de las
técnicas publicitarias de comercialización, tales como la comparación de
precios y sitios de reserva colectiva o, por ejemplo, la presencia creciente de
la publicidad en las redes sociales. Los Estados miembros y los interesados
parecen considerar que , en general, la aplicación de la Directiva a nivel
nacional esadecuado y eficaz, pero apuntan que la complejidad o la lentitud de
los procedimientos nacionales y la falta de recursos y de sanciones disuasorias
puede obstaculizar su correcta aplicación. En los casos de prácticas comerciales
desleales transfronterizas, constituye un verdadero reto para las autoridades
encargadas de la aplicación de las normas dar una respuesta rápida y eficaz.
Esta situación influye en la aplicación de la legislación a nivel
transfronterizo, lo que, como muestran los resultados de la consulta, es
perfectamente visible en el ámbito de la cooperación administrativa prevista
por el Reglamento CPC. La aplicación de la Directiva confirma,
en primer lugar, que uno de los principales problemas relacionados con las
herramientas de evaluación por los consumidores, especialmente las páginas
de internet de comparación de precios, es que no revelan claramente la
identidad del comerciante que gestiona la página web y/o si los comerciantes
pagan para mostrar sus productos o servicios (es decir, si el sitio web está
patrocinado o no). Las observaciones de las partes
interesadas indican que la obligación de proporcionar información clara y
exhaustiva sobre los precios suele ser ignorada en las ofertas comerciales,
especialmente en el sector de los viajes y los transportes. En ambos casos, los sectores interesados
no reclaman medidas legislativas, sino medidas de aplicación más estrictas y
coherentes. 3. Principales prioridades
para Medidas futuras Como así se prevé en la Agenda del
Consumidor Europeo y en la Comunicación de la Comisión «Mejorar la gobernanza
del mercado único»[13],
garantizar una mejor aplicación de las normas existentes proporcionará
beneficios inmediatos en términos de crecimiento y empleo. En este contexto, la Directiva tiene un
papel importante que jugar, y la Comisión ha identificado el comercio al por
menor (incluido el electrónico), el sector de los viajes y los transportes, los
servicios financieros, la economía digital, la energía y la sostenibilidad,
como ámbitos prioritarios esenciales para materializar el potencial de
crecimiento del mercado único[14]. Para garantizar que la Directiva mantenga
un nivel elevado de protección de los consumidores y beneficie al mercado
interior, es necesario intensificar su aplicación en el ámbito nacional y
reforzar la cooperación en su aplicación transfronteriza. Esto es
especialmente cierto en los casos en que las prácticas desleales se producen
simultáneamente en diversos Estados miembros. En estas circunstancias, una
coordinación eficaz entre la Comisión, las autoridades nacionales, las
organizaciones de consumidores y las empresas es primordial para combatir las
prácticas que tienen un impacto en el conjunto de la Unión Europea[15]. La necesidad de reforzar los mecanismos
de aplicación a escala transfronteriza y nacional requiere que la Comisión
desempeñe un papel más destacado, uniendo fuerzas con los Estados
miembros y apoyándoles en la aplicación de la Directiva en toda la Unión
Europea. A este respecto, la Comisión determinará cómo puede desempeñar, en el
marco del respeto de los Tratados, un papel más activo para fomentar la
aplicación coherente de la Directiva, en particular en relación con las
prácticas desleales transfronterizas tales como las que se producen en internet
y que plantean cuestiones comunes a las distintas autoridades encargadas de la
aplicación de las normas. Es esencial promover prácticas convergentes en la
aplicación de la Directiva con el fin de garantizar unas condiciones
equitativas para todos los profesionales, en particular cuando su actividad se
ejerza en un contexto transfronterizo, y con el fin de garantizar un elevado
nivel de protección de los consumidores en toda Europa. 3.1. Garantizar la plena
conformidad de las legislaciones nacionales con la Directiva En su papel de guardiana de los Tratados,
la Comisión seguirá supervisando atentamente la correcta transposición y
aplicación de la Directiva en todos los Estados miembros. Se realizarán
controles de conformidad y se llevarán a cabo revisiones exhaustivas para ver
cómo se aplican las normas en la práctica y se definen medidas correctivas en
caso necesario. El análisis refleja que aún persisten, en varios Estados
miembros, discrepancias entre las legislaciones nacionales y la Directiva. Los
servicios de la Comisión están en contacto con los Estados miembros
concernidos. La Comisión tomará las medidas necesarias con arreglo al artículo
258 del TFUE, en caso de que un Estado miembro incumpla sus obligaciones de
transposición y ejecución. 3.2. Garantizar una
aplicación uniforme y adecuada de la Directiva en los Estados miembros Para
garantizar que la Directiva se aplica de manera adecuada y coherente, la
Comisión se propone: ·
seguir desarrollando el Documento de Orientación
en respuesta a las contribuciones de las autoridades nacionales encargadas de
la aplicación y a otras partes interesadas, la aparición de nuevas prácticas,
incluido en internet, y el desarrollo y la jurisprudencia de la UE y nacional[16]. ·
mejorar, ampliar y actualizar la base de
datos de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales[17]. 3.3. Mejorar el cumplimiento
y la cooperación administrativa entre los Estados miembros Teniendo en cuenta la información
recibida de los Estados miembros y las partes interesadas, así como los datos
disponibles, la Comisión ha identificado los sectores clave en los que se ha
constatado una pérdida de oportunidades para los consumidores, y donde el
mercado único tiene un mayor potencial de crecimiento. En estos ámbitos, la Comisión pondrá en
marcha iniciativas específicas destinadas a reforzar la aplicación de la
legislación, en consonancia con los objetivos establecidos en la Agenda del
Consumidor Europeo. La Comisión adoptará las medidas siguientes: Ø organizará talleres temáticos regulares entre los responsables nacionales así como cursos de formación para las autoridades encargadas de la aplicación y el poder judicial Ø reforzará la eficiencia de la Red CPC y seguirá promoviendo acciones coordinadas de aplicación («sweeps») Ø ayudará a los Estados miembros a garantizar una aplicación efectiva de la Directiva desarrollando más el Documento de Orientación y compartiendo las mejores prácticas con los Estados miembros Ø desarrollará indicadores específicos de aplicación en cooperación con los Estados miembros sobre la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, que permitirán detectar deficiencias y fallos que requieran nuevas acciones correctoras o de investigación. Estas medidas se concentrarán en los siguientes sectores o ámbitos clave: Ø Viajes y transportes Ø Mercados digitales/en línea Ø Reclamos medioambientales Ø Servicios financieros Ø Bienes inmuebles En todos estos sectores se estudiarán específicamente las prácticas que afectan a los consumidores vulnerables y más concretamente a las personas de edad avanzada y los menores. 3.4. Supervisar la evolución
del mercado y aumentar la concienciación La Comisión
seguirá de cerca la evolución del mercado para garantizar que el marco
regulador siga ofreciendo un alto nivel de protección de los consumidores en
sus compras nacionales y transfronterizas. Se prestará
una atención particular a la adecuación del marco jurídico para seguir el
rápido desarrollo de las técnicas de comercialización y de venta, los productos
y servicios en el marco de internet. Además de una
aplicación reforzada de las medidas, se deberá prestar la importancia debida a
las iniciativas de sensibilización de los consumidores para que éstos hagan
valer sus derechos. En 2013, como parte del Año Europeo de los Ciudadanos, se
pondrá en marcha, en estrecha cooperación con todas las partes interesadas,
incluidas las empresas y las asociaciones de consumidores, una campaña a
escala de la UE para aumentar el conocimiento de los derechos de los
consumidores, en particular en el marco de la Directiva sobre las prácticas
comerciales desleales. 4. CONCLUSIONES La Directiva
sobre las prácticas comerciales desleales está resultando ser un instrumento
valioso para aumentar el bienestar de los consumidores. Ha simplificado el
marco normativo y ha contribuido a eliminar los obstáculos al comercio
transfronterizo. La experiencia ha mostrado la utilidad y flexibilidad de esta
legislación horizontal basada en principios. El marco normativo simplificado
facilita que las empresas emprendan actividades transfronterizas, al mismo
tiempo que ofrece a los consumidores y a las empresas la posibilidad de
beneficiarse cada vez más del potencial aun por desarrollar del mercado
interior. La Comisión
considera que no sería apropiado modificar la Directiva en esta fase,
especialmente porque hasta ahora la experiencia de aplicación de la legislación
en los Estados miembros es aún demasiado limitada para una herramienta
legislativa tan general. La Comisión centrará ahora su atención en la
coherencia en la aplicación de la Directiva y la adopción de medidas concretas
para lograr una mejor aplicación en los ámbitos fundamentales, todo ello en
beneficio de la confianza de los consumidores y del crecimiento. [1] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales
de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior,
que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE,
98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. [2] Véase el artículo 3, apartado 1, de la Directiva. [3] En particular, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el
comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio
electrónico»); y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores. [4] Reglamento nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades
nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los
consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los
consumidores»). [5] Véase el informe adjunto a la presente Comunicación: Primer
informe sobre la aplicación de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europea y
del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en
sus relaciones con los consumidores en el mercado interior – (Directiva
sobre las prácticas comerciales desleales). [6] Véase «Una Agenda del Consumidor Europeo para impulsar
la confianza y el crecimiento», COM (2012) 225 final de 22.5.2012 -
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/index_en.htm. [7] Véase el apartado 4 relativo a la aplicación del informe
adjunto sobre la aplicación de la Directiva. [8] El Reglamento nº 2006/2004 sobre la cooperación entre
las autoridades nacionales establece un marco que permite a las autoridades
encargadas de la aplicación de las normas colaborar estrechamente para poner
fin a las prácticas comerciales transfronterizas que infrinjan la legislación
en materia de protección de los consumidores. Desde 2007, la Red CPC se hace
cargo de los asuntos transfronterizos que impliquen una infracción de la
Directiva sobre prácticas comerciales desleales. [9] Http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/index_en.htm [10] Véase el documento de trabajo de los
servicios de la Comisión, Bringing e–commerce benefits to consumers,
adjunto a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Un marco
coherente para reforzar la confianza en el mercado único digital del comercio
electrónico y los servicios en línea, COM (2011) 942 final de 11.1.2012 - http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_es.htm. [11] Véase Eurobarómetro 332, Consumer actitudes towards
cross-border sales and consumer protection, de mayo de 2012, p. 8 (http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_332_en.pdf). Una parte
creciente de los consumidores (50 %) está dispuesta a adquirir bienes y a
contratar servicios utilizando otra lengua de la Unión Europea (+ 17 puntos
porcentuales con relación a 2006). El porcentaje de los que afirman no estar en
ningún caso dispuestos a hacer compras en una lengua extranjera disminuyó del
42 % en 2008 al 30 % en 2011. El porcentaje de europeos que declara
saber dónde obtener información y asesoramiento sobre el comercio
transfronterizo también ha aumentado significativamente, pasando del 24 %
en 2006 al 39 % en 2011. [12] Véase el artículo 3, apartado 9, de
la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y el estudio Study on the
application of the Unfair Commercial Practices Directiva to financial services
and inmovible property realizado por Civic Consulting por encargo de la
Comisión Europea, DG Justicia, 2012, disponible en la dirección siguiente: http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/document. [13] Véase la Comunicación de la Comisión Europea, Mejorar
la gobernanza del mercado único, COM (2012) 259/2 http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/governance/20120608-communication-2012-259-2_es.pdf,
[14] Véase la Agenda del Consumidor Europeo. [15] Véase el informe adjunto sobre la aplicación de la
Directiva, apartado 3.3.3, en lo que se refiere, en especial, a la Decisión de
la autoridad italiana de competencia (AGCM) PS7256 - Comet-Apple prodotti in
garanzia, Provvedimento n. 23193 de 27 de diciembre de 2011. [16] Entre otros objetivos, la Comisión
tiene la intención de seguir desarrollando sus orientaciones acerca de los
reclamos ecológicos engañosos sobre la base de los resultados de un estudio que
se llevará a cabo en el curso del año 2013 y los trabajos en curso sobre el
Plan de Acción sobre Producción y Consumo Sostenibles. [17] Véase https://webgate.ec.europa.eu/ucp/.
Esta base de datos se fundamenta en la Decisión nº 1926/2006/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por la que se
establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los
consumidores (2007-2013).