Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 16 de julio de 2026 (1)
Asunto C‑273/24 [Naski] (i)
X.Y.
coadyuvantes:
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia)]
« Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Competencia — Admisibilidad — Estado de Derecho — Tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Petición de decisión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia por una formación de la Sala de lo Civil del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) — Cambio en la composición de esa formación con posterioridad a la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial »
I. Introducción
1. Años de deterioro del Estado de Derecho en Polonia han dejado una herida difícil de cicatrizar, a pesar de la voluntad de dicho Estado miembro de remediar tal situación.
2. El presente asunto es un preocupante ejemplo de tales dificultades.
3. En esta ocasión, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie, sin que sea la primera vez, sobre cuestiones relativas a la exigencia del tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley, que el Derecho de la Unión consagra en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Al mismo tiempo, se pide al Tribunal de Justicia que determine la forma de subsanar el incumplimiento de dicha exigencia en una situación en la que tiene carácter sistémico y ha afectado a amplios sectores del poder judicial polaco, sin que todavía se haya abordado y rectificado eficazmente por los propios procesos democráticos de ese Estado miembro.
4. Las dificultades se ven agravadas por las peculiaridades que presenta el caso de autos, que, como expondré detalladamente más adelante, tiene su origen en un recurso interpuesto por una persona que, en aquel momento, era juez y, ahora, es ministro de Justicia de Polonia contra la decisión de trasladarlo de una sección a otra de un tribunal regional de dicho Estado miembro.
5. Si bien no cabe duda de que corresponde al Tribunal de Justicia interpretar, en el marco del procedimiento prejudicial, las exigencias dimanantes del Estado de Derecho que se concretan en el artículo 19 TUE, apartado 1, y en el artículo 47 de la Carta, a fin de orientar a un órgano jurisdiccional remitente a la hora de decidir si determinadas normas o situaciones relativas al poder judicial nacional son contrarias a dichas exigencias, considero que no incumbe al Tribunal de Justicia decidir cómo abordar tales posibles incumplimientos. Antes bien, es responsabilidad de cada Estado miembro adecuar su poder judicial a tales exigencias.
6. Así lo ha declarado esencialmente el Tribunal de Justicia en su reciente sentencia de 24 de marzo de 2026, Rzecznik Praw Obywatelskich (Recusación de un juez ordinario). (2) Remitiéndose a la sentencia piloto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») Wałęsa c. Polonia, (3) el Tribunal de Justicia declaró que los problemas sistémicos que persisten en el sistema judicial polaco requieren que el Estado polaco adopte medidas legislativas y de otro tipo. (4) Entiendo que esta declaración también transmite el mensaje de que no corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar soluciones a tales incumplimientos sistémicos persistentes.
7. Teniendo presentes estas observaciones preliminares, en primer lugar explicaré, de la manera más breve y sencilla posible, las complejas circunstancias del presente asunto. A continuación, expondré mi opinión sobre las razones por las que la presente petición de decisión prejudicial excede de la competencia del Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial. Por último, para el caso de que, con todo, el Tribunal de Justicia considere necesario pronunciarse sobre el presente asunto, analizaré la cuestión prejudicial planteada.
II. Antecedentes
A. Contexto general
8. El contexto general, caracterizado por el deterioro de la independencia judicial en Polonia tras las modificaciones legislativas introducidas por el Gobierno anterior, es bien conocido por los jueces del Tribunal de Justicia. Se ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de diversos elementos de esas modificaciones en una serie de procedimientos por incumplimiento incoados por la Comisión Europea y este ha interpretado el Derecho de la Unión pertinente para apreciar la validez de dichas modificaciones en un número aún mayor de resoluciones prejudiciales. Tales modificaciones han sido apreciadas, asimismo, en varias sentencias del TEDH, han recibido numerosas críticas internacionales e incluso han dado lugar a que la Comisión incoara, por primera vez, el procedimiento previsto en el artículo 7 TUE, apartado 1. (5)
9. Parece ser que, desde las citadas modificaciones legislativas, se han nombrado más de tres mil jueces. (6)
10. Sin embargo, hasta la fecha, y tras el cambio de Gobierno en diciembre de 2023, no parece que Polonia haya adoptado todavía medidas de carácter general que aborden el problema de los nombramientos irregulares de jueces. Por ejemplo, recientemente, Polonia ha propuesto establecer tres categorías de jueces: verde (aproximadamente 1 200 nuevos nombramientos), amarilla (unas 1 100 personas) y roja [aproximadamente 350 personas en los tribunales ordinarios y 80 en el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) y en el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia)] y resolver de manera diferente la ilegalidad de sus nombramientos, regularizando la situación de algunos de ellos ex lege, sometiendo a otros a nuevos procedimientos de nombramiento o destituyendo a otras personas de los puestos para los que fueron nombrados. Este proyecto se presentó a la Comisión de Venecia, que respondió en marzo de 2026 mediante su dictamen n.º 1238/2025, (7) pero hasta la fecha el Estado polaco no ha adoptado ninguna medida legislativa concreta ni de otro tipo.
11. Este es el contexto en el que se inscribe el presente asunto. Como indicó X.Y. en la vista ante el Tribunal de Justicia, en la actualidad existe una parálisis institucional. Los jueces nombrados en procedimientos anteriores a las modificaciones legislativas no quieren formar parte de salas integradas por personas cuyo nombramiento como juez se efectuó en virtud de procedimientos previstos en las citadas modificaciones legislativas, legitimando así tales nombramientos. Además, los ciudadanos y las partes en los procedimientos ante los tribunales polacos no pueden estar seguros de que los asuntos serán dirimidos por un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley, ni de que se resolverán mediante sentencias válidas.
B. Antecedentes del presente asunto
12. Para comprender el caso de autos, es preciso remontarse al verano de 2018.
13. X.Y., anteriormente denominado W.Ż., era juez en un tribunal regional de Polonia. Mediante resolución de 27 de agosto de 2018, el presidente de dicho tribunal lo trasladó, sin su consentimiento, de la sección de dicho tribunal en la que ejercía sus funciones a otra sección del mismo tribunal.
14. De conformidad con la legislación nacional pertinente, X.Y. interpuso recurso contra dicha resolución ante la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, «CNPJ»), que decidió que no procedía pronunciarse sobre dicho recurso (en lo sucesivo, «resolución del CNPJ»).
15. El 14 de noviembre de 2018, X.Y. interpuso recurso de casación ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) contra la resolución del CNPJ. Correspondió a la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos; en lo sucesivo, «Sala de Control Extraordinario») conocer del asunto.
16. En el marco del recurso de casación, X.Y. también recusó a todos los jueces de la Sala de Control Extraordinario por considerar que, habida cuenta de la forma en que habían sido nombrados, no cumplían las exigencias de independencia e imparcialidad requeridas. El examen de esa recusación correspondía al Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) [Tribunal Supremo (Sala de lo Civil); en lo sucesivo, «Sala de lo Civil»], en formación de tres jueces.
17. No obstante, entretanto, mediante auto de 8 de marzo de 2019, la Sala de Control Extraordinario, actuando como órgano judicial unipersonal, integrado por BD, desestimó el recurso de casación interpuesto por X.Y. contra la resolución del CNPJ (en lo sucesivo, «auto de BD»), a pesar de que los autos se encontraban en poder de la formación de tres jueces de la Sala de lo Civil y de que X.Y. no había sido oído.
18. El auto de BD habría puesto fin al procedimiento de casación y, con él, al incidente que la formación de tres jueces de la Sala de lo Civil tenía que resolver. Sin embargo, dicha formación, al considerar que el auto de BD se había dictado ilegalmente, decidió someter determinadas cuestiones a la Sala de lo Civil, en formación ampliada, integrada por siete jueces. Esas cuestiones se referían, en particular, a los efectos jurídicos del auto de BD, habida cuenta del modo en que este había sido nombrado juez.
19. La formación de siete jueces de la Sala de lo Civil decidió, a su vez, plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre esta cuestión.
20. Dicha remisión prejudicial se resolvió mediante la sentencia de 6 de octubre de 2021, W.Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento), (8) en la que el Tribunal de Justicia realizó una interpretación del Derecho de la Unión de la que, en esencia, se desprende que, habida cuenta de las circunstancias de su nombramiento, no puede considerarse que el auto de BD emane de un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. (9) Por tanto, el Tribunal de Justicia consideró que, en su respuesta a la formación de tres jueces, la formación de siete jueces debía concluir que, de conformidad con el principio de primacía del Derecho de la Unión, había de reputar nulo y sin efecto el auto de BD. (10)
C. Caso de autos, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
21. A raíz de la sentencia W.Ż., correspondía a la formación de siete jueces de la Sala de lo Civil responder a la formación de tres jueces que la formación unipersonal de la Sala de Control Extraordinario no cumple las exigencias del juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley, lo que permitiría a la formación de tres jueces reputar nulo y sin efecto el auto de BD.
22. Sin embargo, durante el período comprendido entre la presentación de la resolución de remisión (21 de mayo de 2019) y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto W.Ż. (6 de octubre de 2021), se jubilaron tres jueces de la formación de siete jueces de la Sala de lo Civil.
23. Mediante auto de 26 de enero de 2022, MB, en calidad de presidente del Tribunal Supremo que dirige los trabajos de la Sala de lo Civil (en lo sucesivo, «presidente de la Sala de lo Civil»), designó una nueva formación de siete jueces, en la que los tres jueces jubilados fueron sustituidos por nuevas personas, junto con el juez que anteriormente presidía la formación.
24. Esta nueva formación está constituida por JK, presidente primero del Tribunal Supremo, que funge como presidente de la formación, y KS, CV y RX, todos ellos nombrados nuevos jueces del Tribunal Supremo a raíz de las modificaciones legislativas introducidas en el sistema judicial polaco. Los otros tres jueces ya integraban la formación inicial: KW, que se mantiene como ponente, PW y WZ. Estos tres jueces fueron nombrados jueces del Tribunal Supremo antes de las citadas modificaciones legislativas.
25. Esta situación puede resumirse en el cuadro siguiente:
|
|
Antigua formación |
Nueva formación |
|
(1) |
TN, presidente |
JK, presidente primero del Tribunal Supremo; presidente de la formación; nuevo |
|
(2) |
A — jubilado |
KS — nuevo |
|
(3) |
B — jubilado |
CV — nuevo |
|
(4) |
C — jubilado |
RX — nuevo |
|
(5) |
KW, ponente |
KW, ponente — permanece |
|
(6) |
PW |
PW — permanece |
|
(7) |
WZ |
WZ — permanece |
26. KW, ponente de la formación de siete jueces, decidió plantear la presente petición de decisión prejudicial al albergar dudas en cuanto a si el cambio en la composición de la formación es contrario al Derecho de la Unión.
27. Dicho juez hace hincapié, entre otras cuestiones, en que la modificación de la composición de la formación se llevó a cabo sin razones objetivas y de forma contraria a la práctica anterior de la Sala de lo Civil, conforme a la cual dicha formación debía completarse, en lugar de volver a designarse en su totalidad. Además, la formación está compuesta por una mayoría de nuevas personas que fueron nombradas en las mismas condiciones en las que se nombró a BD juez. Esto da pie a entender que tales medidas tienen por objeto influir en la decisión de la formación. Esta impresión se ve reforzada por el hecho de que el cambio fue realizado por MB, en calidad de presidente de la Sala de lo Civil, que también fue nombrado juez del Tribunal Supremo en las mismas circunstancias que BD, y el objeto de la apreciación que debe realizar la formación consiste precisamente en determinar en qué circunstancias se efectuó el nombramiento de BD. En consecuencia, cualquier resolución de la formación adolecería de los mismos vicios que el auto de BD.
28. Asimismo, de la resolución de remisión también se desprende que X.Y. ha recusado a los cuatro nuevos miembros de la formación, recusación que aún no había sido examinada en el momento en que se planteó la petición de decisión prejudicial. (11)
29. En estas circunstancias, KW, en calidad de ponente de la formación de siete jueces, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«En una situación en la que el órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado miembro [[Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo)]], tras haber obtenido una interpretación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal de Justicia en cuanto a las consecuencias jurídicas de la infracción de las normas fundamentales del Derecho de dicho Estado relativas al nombramiento de los jueces del Sąd Najwyższy, consistente en:
a) la entrega por el presidente de la República de Polonia de las actas de nombramiento para el desempeño del cargo de juez del Sąd Najwyższy, pese a que se había impugnado previamente la resolución [del CNPJ] que incluía la propuesta de nombramiento para desempeñar el cargo ante el órgano jurisdiccional nacional competente [[Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)]], pese a que el Naczelny Sąd Administracyjny había suspendido la ejecución de dicha resolución con arreglo al Derecho nacional y pese a que no había finalizado el procedimiento de recurso, tras cuya tramitación el Naczelny Sąd Administracyjny anuló con carácter firme la resolución impugnada del CNPJ por su ilegalidad, eliminándola de forma definitiva del ordenamiento jurídico, por lo que el nombramiento para el desempeño del cargo de juez del Sąd Najwyższy quedó privado del fundamento exigido por el artículo 179 de la Constitución de la República de Polonia, es decir, la propuesta del CNPJ de nombramiento para el desempeño del cargo de juez,
b) la tramitación de un procedimiento de selección previa sin observar las reglas de transparencia y equidad por una autoridad nacional (CNPJ) que, habida cuenta de las circunstancias que rodean su constitución (en la parte judicial) y de su modo de funcionamiento, no cumple los requisitos de órgano constitucional que vela por la independencia de los tribunales y los jueces, ya que se formó con arreglo al procedimiento establecido en la ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Ley de 8 de diciembre de 2017 por la que se modifican la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y otras Leyes) (Dz. U. de 2018, posición 3),
– aborda una cuestión de Derecho que le ha sido planteada aplicando la interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia, ¿deben interpretarse los artículos 2 TUE, 6 TUE, apartados 1 y 3, y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 267 TFUE, en relación con el artículo 47 de la [Carta], en el sentido de que se oponen a que, en la composición del Sąd Najwyższy que resuelve dicha cuestión de Derecho, participe alguna de las personas designadas como jueces del Sąd Najwyższy infringiendo las normas de Derecho nacional del Estado miembro descritas en el punto 1, letras a) o b) anteriores, y de que se oponen a cambios en la composición de la sala del órgano jurisdiccional del Estado miembro que haya planteado la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, cuando tales cambios se hayan producido después de que el Tribunal de Justicia haya dictado sentencia en respuesta a dicha cuestión y no estén justificados por razones objetivas (por ejemplo, fallecimiento, jubilación del juez que formaba parte de la sala que planteó la cuestión prejudicial);
– y en el sentido de que se oponen a cualquier acto decisorio en el asunto que implique la solución de dicha cuestión de Derecho, incluido dictar resoluciones relativas, en particular, a la composición del Sąd Najwyższy o a la fecha de la vista del asunto, realizado por una persona designada como Presidente del Sąd Najwyższy encargado de los trabajos de la Sala de lo Civil, que también fue designado como juez del Sąd Najwyższy infringiendo las normas de Derecho nacional del Estado miembro descritas en el punto 1, letras a) y b) anterior, o por cualquier otra persona nombrada para el cargo de juez del Sąd Najwyższy infringiendo también las normas del Derecho interno del Estado miembro descritas en el punto 1, letras a) o b) anteriores, de manera que debe considerarse que tales resoluciones o actos decisorios carecen de efectos jurídicos;
– y en el sentido de que un juez del Sąd Najwyższy, para cuyo nombramiento no se haya incurrido en ninguno de los incumplimientos descritos en el punto 1, letras a) o b) anteriores, tiene el derecho y el deber, para evitar que un asunto sea resuelto por un órgano jurisdiccional que no sea un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del Derecho de la Unión, de negarse a formar parte de una sala colegiada del Sąd Najwyższy en la que la mayoría de los jueces sean personas nombradas para el cargo de juez del Sąd Najwyższy incumpliendo las normas de Derecho nacional del Estado miembro descritas en el punto 1, letras a) y b) anterior, y, en caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, también en el sentido de que, si ha sido nombrado para el cargo de juez del Sąd Najwyższy sin que se hayan producido las infracciones mencionadas en el punto 1, letras a) o b), el juez de dicho órgano jurisdiccional que sea juez ponente en un asunto en el que se plantee la cuestión jurídica de que se trate está facultado para designar la composición del Sąd Najwyższy que haya de resolver dicha cuestión, sin tener en cuenta las disposiciones de Derecho interno que atribuyen al Presidente del Sąd Najwyższy que dirige los trabajos de la Sala de lo Civil la facultad de designar las formaciones de enjuiciamiento que han de conocer de los asuntos que se ventilen en la Sala de lo Civil del Sąd Najwyższy, a fin de dar cumplimiento al Derecho de la Unión y a la interpretación de este dada por el Tribunal de Justicia, así como en el sentido de que se oponen a que las personas nombradas para el cargo de juez del Sąd Najwyższy infringiendo las normas de Derecho nacional del Estado miembro descritas en el punto 1, letras a) y b) anteriores, o cualquier otra persona nombrada para el cargo de juez del Sąd Najwyższy infringiendo las normas de Derecho nacional del Estado miembro descritas en el punto 1, letras a) y b) anteriores, desempeñen cualquier función directiva en el Sąd Najwyższy (entre otros, los presidentes de dicho órgano jurisdiccional, incluidas las funciones de su presidente primero o los presidentes de las secciones de las Salas del Sąd Najwyższy) y cualquier función en los órganos del Sąd Najwyższy (por ejemplo, las funciones de miembro o miembro suplente de la Sala de Gobierno del Sąd Najwyższy o las funciones de instructor del procedimiento disciplinario del Sąd Najwyższy), funciones que solo pueden ser ejercidas por jueces del Sąd Najwyższy debidamente designados, o se oponen a que las personas mencionadas realicen cualesquiera actos que sean competencia de los jueces del Sąd Najwyższy que ejercen las funciones mencionadas debido a su posible repercusión fáctica o jurídica en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales del Sąd Najwyższy?»
30. Aproximadamente un mes después de la presentación ante el Tribunal de Justicia de la petición de decisión prejudicial en el presente asunto, X.Y. fue reintegrado a su anterior plaza judicial y, el 24 de julio de 2025, fue nombrado ministro de Justicia, dejando su cargo de juez ese mismo día. (12)
31. El Tribunal de Justicia decidió solicitar aclaraciones adicionales al órgano jurisdiccional remitente, (13) que respondió el 9 de abril de 2025.
32. Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia X.Y., el Prokurator Generalny (Fiscal General, Polonia), la República de Polonia y la Comisión.
33. El 16 de marzo de 2026, se celebró una vista en la que las citadas partes, salvo la República de Polonia, presentaron observaciones orales. Asimismo, participó en ella el Rzecznik Praw Obywatelskich (Defensor del Pueblo, Polonia).
III. Análisis
A. Observaciones preliminares
34. A efectos del presente asunto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado en su jurisprudencia que el proceso de nombramiento de los jueces constituye necesariamente un elemento inherente al concepto de «juez establecido previamente por la ley», en el sentido del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. De este modo, la independencia de un tribunal se mide, en particular, por la manera en que se ha nombrado a sus miembros. (14) El proceso de nombramiento no solo afecta a la independencia de un órgano jurisdiccional como tal, sino también a la composición del órgano enjuiciador en cada asunto. (15)
35. En Polonia, los jueces son nombrados mediante decisión del presidente de la República, a propuesta del CNPJ, institución responsable de garantizar la independencia de los tribunales y jueces. (16) Desde las modificaciones legislativas introducidas por la Ley de 8 de diciembre de 2017, (17) el Tribunal de Justicia ha venido considerando que existen dudas legítimas en cuanto a la independencia del CNPJ en su función de nombramiento de los jueces. (18)
36. No obstante, el Tribunal de Justicia considera, asimismo, que el mero hecho de que un juez haya sido nombrado a propuesta del CNPJ en su nueva composición no basta, por sí solo, para concluir que se han incumplido las exigencias inherentes al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 47 de la Carta. (19)
37. Por el contrario, para determinar si se cumple la exigencia de independencia de un determinado juez, es preciso efectuar una apreciación global de todos los elementos que rodean su nombramiento. (20)
38. Además, no toda irregularidad en el procedimiento de nombramiento da lugar a la invalidación de la composición de un órgano jurisdiccional; únicamente son pertinentes aquellas irregularidades que puedan suscitar, en el ánimo de los justiciables, dudas legítimas y serias en cuanto al hecho de que dicho juez no está protegido frente a influencias externas, en especial de otros poderes del Estado. (21)
39. Cabe destacar que, sobre la base de dicha apreciación global, el Tribunal de Justicia concluyó que las circunstancias en las que se nombraron jueces en los procedimientos basados en las resoluciones n.º 330/2018 (22) y n.º 331/2018 (23) del CNPJ suscitan dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia e imparcialidad de las personas nombradas en virtud de tales resoluciones.
40. Dichas circunstancias consistían, en esencia, en que esas resoluciones del CNPJ, en las que proponía a esas personas para que fueran nombradas jueces por el presidente de la República de Polonia, fueron suspendidas por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) a la espera de que recayera la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto A.B., (24) en que, sin esperar a la resolución definitiva de dicho tribunal, el citado presidente nombró a dichos jueces y en que el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), tras recibir la resolución prejudicial del Tribunal de Justicia en dicho asunto, anuló las resoluciones del CNPJ controvertidas. (25)
41. Llegados a este punto, cabe recordar que, al pronunciarse sobre si una sala compuesta por jueces nombrados en virtud de procedimientos que suscitan dudas en cuanto a la independencia constituye un «órgano jurisdiccional» que puede plantear remisiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Krajowa Rada Sądownictwa, (26) que no podía considerarse que la Sala de Control Extraordinario, cuyos miembros habían sido nombrados sobre la base de la resolución n.º 331/2018 del CNPJ, cumpliera esta exigencia, desvirtuando así la presunción de que un órgano jurisdiccional nacional cumple las exigencias para ser considerado «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE. (27)
42. En la sentencia Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (28) el Tribunal de Justicia declaró que dicha presunción quedaba desvirtuada en relación con una persona nombrada sobre la base de la resolución n.º 330/2018 del CNPJ. El Tribunal de Justicia consideró que si bien, a diferencia de la Sala de Control Extraordinario, la Sala de lo Civil no es una sala de nueva creación, tanto el procedimiento de nombramiento de los jueces de la Sala de Control Extraordinario (sobre la base de la resolución n.º 331/2018 del CNPJ) como el de los jueces de la Sala de lo Civil (sobre la base de la resolución n.º 330/2018 del CNPJ) adolecen de los mismos vicios, que son «suficientes, por sí solos, para suscitar dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia y a la imparcialidad de dicho juez». (29)
43. Me referiré a estos procedimientos como «procedimientos reconocidos como irregulares», ya que cabe concluir que, en opinión del Tribunal de Justicia, los jueces nombrados mediante los procedimientos basados en las resoluciones n.º 330/2018 y n.º 331/2018 del CNPJ no cumplen los requisitos de independencia exigidos por el Derecho de la Unión.
44. Como se desprende de la resolución de remisión, cuatro personas nombradas para integrar la nueva formación de siete jueces —JK, KS, CV y RX—, así como MB, quien las designó para integrar esa formación, fueron nombradas jueces de la Sala de lo Civil sobre la base de la resolución n.º 330/2018 del CNPJ.
45. En estas circunstancias, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente orientaciones en relación con las tres siguientes cuestiones clave: en primer lugar, si el Derecho de la Unión se opone a que las personas nombradas en procedimientos reconocidos como irregulares participen en una formación que debe aplicar el Derecho de la Unión tal y como lo interpreta el Tribunal de Justicia (en la sentencia W.Ż.), en segundo lugar, si debe considerarse que carece de efectos jurídicos una decisión adoptada por una persona que fue nombrada presidente de la Sala de lo Civil en un procedimiento reconocido como irregular y, en tercer lugar, cuáles son las consecuencias de tales irregularidades para otros jueces de la formación, y más concretamente, si estos jueces pueden negarse a integrar la formación y si el juez ponente está facultado para designar a otros jueces a fin de que integren la formación.
46. En mi opinión, en el presente asunto, el Tribunal de Justicia carece de competencia para responder a estas cuestiones (B). No obstante, las analizaré al objeto de asistir al Tribunal de Justicia para el caso de que concluya lo contrario (C).
B. Excepciones
47. En el presente asunto, el Defensor del Pueblo y la Comisión han formulado, en esencia, dos excepciones.
48. La primera de ellas se refiere a la competencia del Tribunal de Justicia. Ambas partes sostienen que no procede que se pronuncie sobre el presente asunto, habida cuenta de la incidencia de los acontecimientos posteriores relativos a la reintegración de X.Y. como juez y su posterior nombramiento como ministro de Justicia.
49. La segunda excepción se refiere a la admisibilidad de la cuestión prejudicial, dadas las dudas de la Comisión acerca de si el órgano jurisdiccional remitente podrá tener en cuenta la resolución que dicte el Tribunal de Justicia.
1. Competencia
50. En virtud del artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia solo es competente para responder a las cuestiones que sean necesarias para la resolución de un litigio pendiente. En otras palabras, debe existir un asunto que deba dirimir el órgano jurisdiccional remitente. El Tribunal de Justicia no tiene encomendada la función de formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, aunque tales cuestiones puedan ser útiles para otros asuntos. (30)
51. Como se ha expuesto en los puntos 12 a 29 de las presentes conclusiones, en el caso de autos la cuestión prejudicial se plantea en el marco de un incidente paralelo al recurso principal. En dicho incidente, la formación de siete jueces debe dar a la formación de tres jueces orientaciones sobre la existencia jurídica del auto de BD, que puso fin al recurso principal y, así, al incidente.
52. El recurso principal tiene por objeto la anulación de la resolución adoptada por el CNPJ. En caso de que dicho recurso fuera estimado, se reintegraría a X.Y. a la correspondiente sección del tribunal regional en que ocupaba plaza. Sin embargo, mientras tanto, X.Y. fue reintegrado a sus funciones anteriores en dicho tribunal y posteriormente dejó su cargo de juez tras ser nombrado ministro de Justicia de la República de Polonia. Por consiguiente, el recurso carece de objeto, como sostienen, en esencia, el Defensor del Pueblo y la Comisión.
53. No obstante, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia (véase el punto 31 de las presentes conclusiones), el órgano jurisdiccional remitente explicó que él no se había pronunciado sobre la cuestión de si X.Y. había sido reintegrado a la sección del tribunal regional de la que había sido trasladado, ya que no tiene competencia para realizar tales apreciaciones. Según dicho órgano jurisdiccional, en la medida en que el recurso interpuesto por X.Y. contra la resolución del CNPJ no ha sido retirado, su cometido —que no es otro que pronunciarse sobre la recusación con el fin de garantizar que el recurso principal sea examinado por una formación debidamente constituida— permanece inalterado, independientemente de cualquier cambio de carácter fáctico relacionado con el recurso principal. En otras palabras, la recusación de los jueces de la Sala de Control Extraordinario formulada por X.Y. sigue siendo válida, de modo que sigue siendo necesario ventilarla y resolver todas las cuestiones jurídicas que plantea. En la vista, X.Y. confirmó que el recurso de anulación de la resolución del CNPJ no se había retirado.
54. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha considerado que la indicación, por el órgano jurisdiccional remitente, de que el litigio principal todavía está pendiente resulta vinculante para el Tribunal de Justicia y no puede ser impugnada, en principio, por las partes del litigio principal. (31)
55. Sin embargo, ello no afecta al hecho de que, en su caso, corresponde al Tribunal de Justicia, con objeto de verificar su propia competencia, apreciar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él. (32)
56. Como ha señalado el Tribunal de Justicia, «si resulta que la cuestión planteada manifiestamente ya no es pertinente para resolver dicho litigio, el Tribunal de Justicia deberá acordar el sobreseimiento». (33)
57. En el presente caso, por una parte, el litigio principal, al que está ligado el incidente relativo a la recusación de los jueces, sigue formalmente pendiente. Podría ser un argumento a favor de la consideración de que el Tribunal de Justicia debe pronunciarse en el presente asunto.
58. Sin embargo, por otra parte, está claro y no se discute que X.Y. ya no puede ser reintegrado a su antigua plaza en el tribunal regional de Polonia. (34) Por consiguiente, el recurso principal ya no tiene interés para X.Y. como juez y recurrente en ese asunto.
59. Lo que X.Y. sostuvo esencialmente en la vista es que sigue habiendo interés en proseguir el recurso principal desde el punto de vista de la protección del interés general de los ciudadanos en virtud del Derecho de la Unión. Recordó el contexto general y explicó que el mantenimiento de la situación en la que los jueces nombrados de forma irregular siguen integrando formaciones jurisdiccionales entraña un riesgo de perjuicio grave e irreparable para los justiciables y supone una vulneración del principio de tutela judicial efectiva.
60. Tal como yo lo entiendo, sobre la base de estas observaciones, parece que X.Y., en su condición de ministro de Justicia, decidió efectivamente no retirar el recurso que interpuso cuando era juez con la finalidad de recibir del Tribunal de Justicia una interpretación del Derecho de la Unión que redunde en el interés general consistente en resolver los problemas que persisten en el sistema judicial polaco.
61. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Derecho de la Unión en el marco de un procedimiento prejudicial mediante la emisión de un dictamen consultivo, aunque la respuesta sea beneficiosa para el interés general. (35)
62. Del mismo modo, un eventual recurso de indemnización que se interpusiera en el futuro tampoco puede constituir un motivo que permita al Tribunal de Justicia pronunciarse con carácter prejudicial. Tal recurso no está pendiente, (36) de modo que el Tribunal de Justicia respondería a una cuestión hipotética (37) que podría no llegar a plantearse nunca ante un órgano jurisdiccional. (38)
63. Para terminar, en las circunstancias del caso de autos, el hecho de que el procedimiento aún esté formalmente pendiente no puede prevalecer sobre la norma según la cual el Tribunal de Justicia no es competente para formular opiniones consultivas o hipotéticas en el marco del procedimiento prejudicial, en particular en una situación en la que el Tribunal de Justicia tiene constancia de que el litigio principal ha quedado sin objeto. (39)
64. En mi opinión, el papel del Tribunal de Justicia a la hora de orientar a los órganos jurisdiccionales nacionales mediante la interpretación del Derecho de la Unión en casos concretos es esencial para preservar la legitimidad del procedimiento prejudicial y la naturaleza jurisdiccional, no consultiva, de la función del Tribunal de Justicia en el marco de dicho procedimiento.
65. Por consiguiente, considero que el Tribunal de Justicia no es competente en el presente asunto, ya que pronunciarse con carácter prejudicial en un asunto que ha quedado sin objeto supondría extralimitarse en su función jurisdiccional.
2. Admisibilidad
66. Con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia considere que aún existe un asunto pendiente, procederá examinar la excepción relativa a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial en el presente asunto.
67. A este respecto, la Comisión, invocando la sentencia G. y otros (Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia), (40) alberga dudas en cuanto a si el órgano jurisdiccional remitente puede, con arreglo a las normas del Derecho nacional, tener en cuenta la resolución del Tribunal de Justicia.
68. En la sentencia G. y otros, (41) el Tribunal de Justicia declaró inadmisible una petición de decisión prejudicial planteada por el juez ponente de una sala de tres jueces de un tribunal regional de Polonia. Mediante sus cuestiones prejudiciales, dicho ponente solicitaba que se dilucidara si una jueza, que formaba parte de la misma sala que él y que había sido nombrada en determinadas circunstancias particulares en dicho tribunal, cumplía la exigencia del juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley, a los efectos del Derecho de la Unión.
69. El Tribunal de Justicia subrayó que la necesidad, con arreglo al artículo 267 TFUE, de la interpretación prejudicial solicitada al Tribunal de Justicia presupone que el juez nacional que decide plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial pueda, por sí solo, deducir las consecuencias de esa interpretación apreciando, a la luz de esta, la legalidad del nombramiento de otro juez de la misma sala, en su caso recusándolo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró que no era evidente que, en virtud de las normas de Derecho nacional, ese juez ponente pudiera actuar de tal modo por sí solo. (42)
70. En mi opinión, el presente asunto se distingue fácilmente de la sentencia G y otros. En dicha sentencia, la independencia de la jueza, cuestionada por el órgano jurisdiccional remitente, aún no era objeto de resolución judicial del órgano jurisdiccional nacional competente que pudiera apreciar la regularidad del procedimiento en virtud del cual se nombró a esa jueza.
71. Por el contrario, el presente asunto se refiere a personas que fueron nombradas para la Sala de lo Civil mediante un procedimiento (basado en la resolución n.º 330/2018 del CNPJ) que el Tribunal de Justicia ya ha considerado irregular, teniendo en cuenta las sentencias del Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) y del TEDH (véase el apartado 42 de las presentes conclusiones), irregularidad que era tan fundamental que contravenía la exigencia de la Unión relativa a la independencia e imparcialidad del tribunal establecido previamente por la ley. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, a diferencia del órgano jurisdiccional remitente en el asunto G. y otros, no tiene que apreciar por sí solo la regularidad de los nombramientos de determinados miembros de la formación de siete jueces, sino que pregunta, en esencia, sobre las consecuencias que se derivan del Derecho de la Unión cuando una persona fue nombrada mediante un procedimiento reconocido como irregular.
72. Por consiguiente, considero que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia entienda que aún existe un asunto pendiente, la petición de decisión prejudicial en el presente asunto es admisible.
C. Fondo
1. Participación de personas designadas para la formación en procedimientos reconocidos como irregulares
73. Mediante la primera parte de su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la exigencia del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, que se recoge en el artículo 19 TUE, apartado 1, a la luz del artículo 47 de la Carta, se opone a la participación de personas nombradas jueces con arreglo a procedimientos considerados irregulares en formaciones jurisdiccionales que puedan tener que resolver asuntos en que se aplique el Derecho de la Unión.
74. En el presente asunto, la formación de siete jueces debe aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto W.Ż. con el fin de dar a la formación de tres jueces orientaciones sobre los efectos jurídicos del auto de BD, mediante el que se desestimó el recurso interpuesto por X.Y. contra la resolución del CNPJ.
75. En mi opinión, la propia sentencia W.Ż. proporciona la respuesta a la primera parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
76. En su respuesta a la cuestión prejudicial planteada en el asunto W.Ż., el Tribunal de Justicia precisó que el auto de BD debía reputarse nulo y sin efecto si el órgano jurisdiccional remitente llegaba a la conclusión de que el juez en cuestión había sido nombrado conforme a un procedimiento que infringiese las normas procesales fundamentales de un Estado miembro relativas al nombramiento de los jueces. El Tribunal de Justicia consideró que una persona nombrada con arreglo a un procedimiento reconocido como irregular no cumple los requisitos establecidos en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, para tener la consideración de juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. El efecto directo del artículo 19 TUE, apartado 1, y el principio de primacía del Derecho de la Unión implican así la obligación de que un órgano jurisdiccional nacional deseche el auto de BD. (43)
77. Aunque el Tribunal de Justicia no utilizase esta formulación, considero que la forma más sencilla de entender su sentencia es que el auto de BD no puede producir efectos jurídicos con arreglo al Derecho de la Unión porque, con arreglo a este Derecho, esa persona no es juez. El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, exige, en particular, que todos aquellos jueces que puedan tener que aplicar el Derecho de la Unión sean independientes. La independencia se garantiza, en particular, por los procedimientos de nombramiento de los jueces, que no deben suscitar dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables en cuanto a que las personas nombradas para puestos de juez estén expuestas a control externo, en particular de otros poderes del Estado. Las personas que sean nombradas jueces de acuerdo con un procedimiento que infrinja las normas fundamentales del procedimiento de nombramiento de los jueces en el Derecho nacional y que, a su vez, generen dudas en cuanto a su control por parte de los poderes legislativo y ejecutivo no son jueces. Dado que las resoluciones judiciales solo pueden ser adoptadas por jueces, las decisiones de las personas nombradas en procedimientos reconocidos como irregulares no pueden tener efectos jurídicos.
78. Mientras que el asunto W.Ż. se refería a una resolución adoptada por un juez que integraba un órgano judicial unipersonal, en el caso de autos la formación está compuesta por siete jueces, cuatro de los cuales fueron nombrados con arreglo a un procedimiento contrario al artículo 19 TUE, apartado 1, interpretado a la luz del artículo 47 de la Carta. En este sentido, en la sentencia AW T, (44) el Tribunal de Justicia dictaminó que «ya ha declarado que la presencia, en una formación jurisdiccional, de un solo juez [nombrado en las mismas circunstancias que las concurrentes en la sentencia Krajowa Rada Sądownictwa] basta para privar a dicha formación de su condición de tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta».
79. De ello se deduce que una formación de enjuiciamiento mixta, compuesta por algunos jueces nombrados de forma regular y por otros nombrados de forma irregular, no es un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley, por lo que no cumple las exigencias del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta.
80. Como ya he explicado (véase el punto 37 de las presentes conclusiones), la decisión según la cual un procedimiento de nombramiento es irregular, con la consecuencia de que la persona nombrada no es juez, depende de todas las circunstancias concurrentes en el nombramiento, que deben ser apreciadas por los órganos jurisdiccionales nacionales. No corresponde al Tribunal de Justicia llevar a cabo tal apreciación, aunque puede proporcionar orientaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre los elementos que deben tenerse en cuenta. (45)
81. Además, aunque no incumba al Tribunal de Justicia apreciar los nombramientos en concreto, sobre todo en el marco del procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia, como ya he explicado (véanse los puntos 41 y 42 de las presentes conclusiones), ha reconocido que determinados procedimientos en los que se nombraron jueces del Tribunal Supremo fueron irregulares porque así lo habían determinado los órganos jurisdiccionales nacionales y el TEDH.
82. Por tanto, en mi opinión, las personas que fueron designadas para integrar la formación de siete jueces en su nueva composición, y que fueron nombradas jueces del Tribunal Supremo en el procedimiento iniciado mediante las resoluciones n.º 330/2018 o n.º 331/2018 del CNPJ, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente, no son jueces y no pueden integrar una formación que tiene que aplicar el Derecho de la Unión tal y como lo interpreta el Tribunal de Justicia y que, con arreglo al Derecho nacional, debe estar compuesta por jueces.
83. Por añadidura, comparto la argumentación de X.Y. según la cual, en el presente asunto, junto con el problema de la independencia, también existe un problema referido a la imparcialidad de los jueces. Estas personas, nombradas con arreglo al mismo procedimiento que BD para el Tribunal Supremo, se pronunciarían, de hecho, sobre un asunto que los afecta. Si concluyen que el procedimiento de nombramiento de BD fue irregular, afectaría a su propia consideración como jueces. En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia, los jueces que tienen que resolver un asunto concreto no solo deben ser independientes, sino también imparciales, en el sentido de que no deben tener ningún interés personal en la resolución del litigio. (46) Si las personas de que se trata hubieran de considerarse jueces y pudieran ser designadas para la formación (quod non), su participación en este procedimiento concreto quedaría vedada por la exigencia de imparcialidad.
84. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera parte de la cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la participación en una formación jurisdiccional de personas que hayan sido nombradas jueces del Tribunal Supremo infringiendo las normas fundamentales del Derecho nacional que regulan el nombramiento de los jueces, lo que suscita dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia de dichas personas.
2. Efectos jurídicos de las resoluciones del presidente de la Sala de lo Civil
85. Mediante la segunda parte de su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que las resoluciones del presidente de la Sala de lo Civil relativas a la composición de una formación de enjuiciamiento del Tribunal Supremo deben considerarse carentes de efectos jurídicos cuando hayan sido adoptadas por una persona nombrada juez mediante un procedimiento reconocido como irregular.
86. Ha de comenzarse por indicar que el presidente de la Sala de lo Civil fue nombrado juez de dicho tribunal mediante un procedimiento basado en la resolución n.º 330/2018 del CNPJ. Como ya he señalado, el Tribunal de Justicia ha declarado que ese procedimiento es lo suficientemente irregular como para poner seriamente en duda la independencia de las personas nombradas.
87. De hecho, esta parte de la cuestión prejudicial tiene dos aspectos: el primero de ellos se refiere a si una decisión adoptada por una persona nombrada juez de forma irregular produce efectos jurídicos y el segundo a si la eventual irregularidad de dicha decisión afecta automáticamente a la validez de la composición de la formación designada por ella y de las resoluciones que dicha formación adopte. La mayoría de las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia se centraron en el segundo aspecto de esta cuestión.
88. En la sentencia Daka, (47) el Tribunal de Justicia distinguió entre las medidas de organización interna de un órgano jurisdiccional y las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso. A continuación, concluyó que el primer tipo de resolución, aun cuando sea adoptada por una persona nombrada juez mediante un procedimiento reconocido como irregular, «no basta, por sí solo, para justificar que también deba considerarse que las formaciones de enjuiciamiento así constituidas y que conocieron de este modo de esos asuntos no constituyen un juez independiente e imparcial establecido previamente por la ley, en el sentido del Derecho de la Unión». (48) Por tanto, en la sentencia Daka, el Tribunal de Justicia proporcionó una interpretación que resulta pertinente para el segundo aspecto de la cuestión.
89. En efecto, esta declaración está en consonancia con otras resoluciones del Tribunal de Justicia en las que ha subrayado que la apreciación de la regularidad de la composición del órgano jurisdiccional, o de la formación de enjuiciamiento, no puede depender de un factor, sino que debe apreciarse sobre la base de todas las circunstancias pertinentes. (49) En este sentido, como sostiene el Defensor del Pueblo, el mero hecho de que una formación de enjuiciamiento se haya integrado por decisión de una persona que fue nombrada juez con arreglo a un procedimiento reconocido como irregular, aun cuando pueda tenerse en cuenta como elemento, no debe, por sí solo, privar a la formación de su condición de tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley. Si todos los jueces de dicha formación fueran jueces y hubieran resuelto de manera autónoma conforme a la ley, la resolución de tal formación, aun cuando hubiera sido designada por una persona nombrada de forma irregular como juez, no sería inválida.
90. Sin embargo, esta cuestión es diferente de la de si una resolución de una persona nombrada juez conforme a un procedimiento reconocido como irregular puede considerarse jurídicamente válida.
91. En mi opinión, la respuesta a esta cuestión depende de si, con arreglo al Derecho nacional, determinadas resoluciones que por sí mismas no resuelven un asunto, sino que organizan la forma en que debe resolverse, se encomiendan a jueces o, por el contrario, pueden ser adoptadas por personas que ejercen funciones administrativas en el seno de un tribunal.
92. Si el Derecho nacional prevé que la composición de las formaciones de enjuiciamiento deba decidirla un juez que ejerce una determinada función en el tribunal, como el presidente del propio tribunal o sala, la resolución por la que se constituya una formación no produce efectos jurídicos en caso de que la persona que la adoptó no sea juez debido a las irregularidades reconocidas en el procedimiento en que fue nombrada juez. No obstante, el Derecho nacional puede prever la constitución automática de las formaciones de enjuiciamiento sobre la base, por ejemplo, de algoritmos u otros sistemas de reparto, que, simplemente, se transforman en resolución por una persona que ejerce una determinada función en un tribunal. En tal caso, es irrelevante que la persona que adopta la decisión sea o no juez.
93. Si el Derecho nacional encomienda determinados tipos de decisiones relativas a la organización interna de un tribunal a una persona que sea juez con el fin de garantizar el respeto de la independencia e imparcialidad de los jueces, tal decisión, de ser adoptada por una persona que no sea juez, carece de validez jurídica.
94. Entiendo en este sentido la argumentación expuesta por X.Y., que en esencia suscribo, según la cual el criterio que debe aplicarse a una decisión del presidente de la Sala de lo Civil en el presente asunto no es el establecido en la sentencia Daka, sino el fijado en la sentencia Comisión/Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión). (50) En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia apreció, entre otras cuestiones, las funciones del presidente del Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional, Polonia). El Tribunal de Justicia recalcó que las decisiones organizativas del presidente de dicho tribunal pueden ejercer una indudable influencia en la actividad de este último, lo que implica que tales decisiones deban ser adoptadas por una persona que haya sido nombrada en virtud de unas normas concebidas de tal manera que no puedan suscitar dudas legítimas acerca de la utilización de las prerrogativas y funciones del presidente como instrumento de influencia sobre la actividad judicial de ese tribunal o incluso de control político de dicha actividad. (51)
95. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda parte de la cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que priva de validez jurídica a las decisiones de organización interna de un tribunal si tales decisiones se confían, en virtud del Derecho nacional, a un juez, en caso de que la persona que adopta tal decisión haya sido nombrada juez mediante un procedimiento que infrinja el artículo 19 TUE, apartado 1. No obstante, la falta de validez jurídica de la decisión que fija la composición de una formación jurisdiccional no puede llevar automáticamente a la conclusión de que tal composición de la formación es inválida o de que una resolución adoptada por dicha formación carece de efectos jurídicos.
3. Consecuencias
96. Mediante la tercera parte de su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que la conclusión de que la formación de siete jueces no constituye un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, permite a los jueces que integran dicha formación negarse a participar en ella y si, en tal supuesto, el propio juez ponente puede designar la composición de tal formación.
97. En la sentencia W.Ż., el Tribunal de Justicia, remitiéndose a su sentencia A.B., declaró que, «en caso de infracción acreditada del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, el principio de primacía del Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que obliga al órgano jurisdiccional remitente a hacer caso omiso de dichas disposiciones, y a aplicar en su lugar las disposiciones nacionales anteriormente vigentes y ejercer él mismo el control previsto en estas últimas». (52)
98. Así pues, si bien el efecto directo del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el principio de primacía del Derecho de la Unión, puede llevar a desechar las normas nacionales contrarias a dicha disposición, la integración de las lagunas que así se originen depende del Derecho nacional.
99. En mi opinión, los tres jueces debidamente nombrados pueden negarse a integrar la formación de siete jueces. Podrían invocar la primacía del Derecho de la Unión para concluir que la formación está constituida de forma irregular y, en su caso, desechar cualquier norma de Derecho nacional que conduzca a una conclusión diferente. No obstante, no parece que exista una norma de Derecho nacional que prohíba a dichos jueces negarse a participar en el procedimiento hasta que se haya constituido la formación. Por tanto, no hay necesidad de excluir ninguna norma de Derecho nacional. Además, la posibilidad de que dichos jueces se nieguen a integrar la formación no es un derecho reconocido por el Derecho de la Unión, sino que se deriva del hecho de que la formación en cuestión no está compuesta por siete jueces y de que los jueces designados solo pueden integrarla una vez se constituya.
100. Aunque la primacía permite a los jueces considerar inexistente la formación, este principio no puede resolver la cuestión de cómo debe constituirse válidamente esa formación. Esta cuestión debe ser resuelta por el Derecho nacional, que a su vez debe ser conforme con el Derecho de la Unión. Por consiguiente, a menos que el Derecho nacional prevea la posibilidad de que el juez ponente constituya una formación jurisdiccional en unas circunstancias en las que no exista un presidente de la Sala de lo Civil que haya sido nombrado juez conforme a Derecho y que deba designar a los jueces de la formación, el Derecho de la Unión no contempla tal derecho.
101. En otras palabras, si bien el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, puede ser lo suficientemente claro como para conferir un efecto directo a dicha disposición que permita concluir que se ha vulnerado el requisito de independencia de los jueces, (53) no puede considerarse que sea lo suficientemente claro como para establecer normas relativas a la organización del poder judicial en un Estado miembro y conferir así al juez ponente el derecho a constituir una formación jurisdiccional.
102. El artículo 19 TUE, apartado 1, puede servir de criterio para apreciar la legalidad y desechar las normas nacionales existentes (decisión negativa), pero no puede sustituir normas nacionales o crear normas nacionales faltantes (decisión positiva).
103. Por tanto, la solución para la constitución de las formaciones debe encontrarse mediante la interpretación del Derecho nacional, (54) que, a su vez, debe ser conforme con el Derecho de la Unión. (55) El hecho de que no pueda encontrarse tal solución en el Derecho nacional puede constituir una indicación para el legislador de que esa laguna, que no puede colmarse mediante interpretación judicial, ha de colmarse mediante medidas legislativas.
104. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera parte de la cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que permite a los jueces negarse a integrar una formación jurisdiccional en la que haya personas que fueron nombradas jueces con arreglo a un procedimiento que infrinja el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, hasta que tal formación esté válidamente constituida. Sin embargo, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, no contempla el derecho de un juez ponente a constituir una formación jurisdiccional en tales circunstancias.
IV. Conclusión
105. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que declare que no es competente para responder a la cuestión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) en el presente asunto.
Con carácter subsidiario, propongo al Tribunal de Justicia que responda a dicha cuestión prejudicial del siguiente modo:
«1) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a la participación en una formación jurisdiccional de personas que hayan sido nombradas jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) infringiendo las normas fundamentales del Derecho nacional que regulan el nombramiento de los jueces, lo que suscita dudas legítimas y serias en el ánimo de los justiciables en cuanto a la independencia de dichas personas.
2) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que
priva de validez jurídica a las decisiones sobre la organización interna de un tribunal si tales decisiones se confían, en virtud del Derecho nacional, a un juez, en caso de que la persona que adopta tal decisión haya sido nombrada juez mediante un procedimiento que infrinja el artículo 19 TUE, apartado 1. No obstante, la falta de validez jurídica de la decisión que fija la composición de una formación jurisdiccional no puede llevar automáticamente a la conclusión de que tal composición de la formación es inválida o de que una resolución adoptada por dicha formación carece de efectos jurídicos.
3) El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que
permite a los jueces negarse a integrar una formación jurisdiccional en la que haya personas que fueron nombradas jueces con arreglo a un procedimiento que infrinja el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, hasta que dicha formación esté válidamente constituida. No obstante, dicha disposición no contempla el derecho de un juez ponente a constituir una formación jurisdiccional en tales circunstancias.»
1 Lengua original: inglés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2 C‑521/21, en lo sucesivo, «sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich», EU:C:2026:242.
3 TEDH, sentencia de 23 de noviembre de 2023 (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921).
4 Véase la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, en particular el apartado 62.
5 Tras el cambio de Gobierno en diciembre de 2023, habida cuenta de las intenciones del nuevo Gobierno de restablecer el Estado de Derecho en Polonia, el 29 de mayo de 2024 la Comisión retiró su propuesta motivada relativa a la incoación del procedimiento previsto en el artículo 7 TUE, apartado 1.
6 Véase, por ejemplo, la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartado 58.
7 Véase el dictamen conjunto urgente de la Comisión de Venecia y de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho (DGI) del Consejo de Europa sobre el proyecto de ley relativo al estatuto de los jueces nombrados o promovidos entre 2018 y 2025 y otros asuntos conexos, de 12 de marzo de 2026 [CDL‑AD(2026)002]. Por su parte, Polonia también presentó un planteamiento alternativo, que ha recibido críticas. Véase el dictamen conjunto n.º 1276/2026 de la Comisión de Venecia y de la DGI del Consejo de Europa sobre el proyecto de ley relativo al restablecimiento del derecho a un juicio justo y a que se celebre la vista sin demoras indebidas, propuesto por el Presidente de la República de Polonia, de 16 de junio de 2026 [CDL-AD(2026)020]. Pueden consultarse más dictámenes sobre otras cuestiones pertinentes relativas a Polonia en el sitio web de la Comisión de Venecia (disponible en: https://www.coe.int/en/web/venice-commission/poland).
8 C‑487/19, en lo sucesivo, «sentencia W.Ż.», EU:C:2021:798.
9 Véase la sentencia W.Ż., en particular los apartados 138 a 154 y 161.
10 Véase la sentencia W.Ż., apartado 155.
11 No obstante, X.Y. indicó que, entretanto, sus recusaciones de estas cuatro personas han sido desestimadas por un juez, que, según afirma, también fue nombrado en flagrante violación de la ley.
12 En la vista, X.Y. confirmó estos hechos.
13 Estas aclaraciones se referían, en esencia, por una parte, a la cuestión de si X.Y. había sido reintegrado como juez y a las implicaciones de esta circunstancia para los diferentes procedimientos iniciados y, por otra parte, a si, con arreglo al Derecho polaco, el órgano jurisdiccional remitente es competente para apreciar la legalidad, a la luz del Derecho de la Unión, del nombramiento de otro juez como miembro de la misma formación y su competencia, de conformidad con el Derecho polaco, para controlar la legalidad de las resoluciones del presidente del Tribunal Supremo por las que se designa la composición de las formaciones, así como las vías de recurso disponibles contra tales resoluciones.
14 Véase, por ejemplo, la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartado 75 y jurisprudencia citada.
15 Véase, por ejemplo, la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartado 73 y jurisprudencia citada.
16 Así lo determina el artículo 186, apartado 1, de la Constitución de la República de Polonia. Además, el artículo 179 de esta establece que «los jueces serán nombrados por el presidente de la República, a propuesta [del CNPJ], por tiempo indefinido».
17 Estas modificaciones incluyen la finalización anticipada del mandato de los jueces de este órgano y la modificación de las normas de nombramiento de los nuevos miembros, la mayoría de los cuales eran nombrados en el pasado por sus homólogos, mientras que las nuevas normas conferían esta prerrogativa al Parlamento. Estas modificaciones, si se sitúan en el contexto pertinente, como las modificaciones paralelas de la Ley del Tribunal Supremo, suscitaban serias dudas en cuanto a si el proceso de nombramiento de los jueces en Polonia era controlado por los poderes legislativo y ejecutivo. Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982), apartado 143. Véase también la sentencia del TEDH de 8 de noviembre de 2021, Dolińska-Ficek y Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), §§ 309 a 312 y 320.
18 Véanse, por ejemplo, las sentencias de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces) (C‑791/19, EU:C:2021:596), apartados 101 a 108, y W.Ż., apartado 150.
19 Véase, por ejemplo, la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartado 83 y jurisprudencia citada. Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ha considerado que la inexistencia, para los participantes en el procedimiento de nombramiento de que se trate, de un derecho a la tutela judicial efectiva tampoco basta, por sí sola, para concluir que un órgano jurisdiccional o una sala compuesta por jueces nombrados en el marco de tal procedimiento no está «establecido previamente por la ley», en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta (véase el apartado 88 de dicha sentencia).
20 Véase, por ejemplo, la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartados 78 y 91 y jurisprudencia citada.
21 Véanse, por ejemplo, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen de las sentencias Simpson/Consejo y HG/Comisión (C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), apartado 75, y Rzecznik Praw Obywatelskich, apartados 76 y 77.
22 La resolución n.º 330/18 del CNPJ, de 28 de agosto de 2018 (en lo sucesivo, «resolución n.º 330/2018 del CNPJ»), recomendó siete candidatos para ocupar el cargo de juez de la Sala de lo Civil, entre ellos las cinco personas de que se trata en el presente asunto (MB, JK, KS, CV y RX).
23 La resolución n.º 331/2018 del CNPJ, de 28 de agosto de 2018 (en lo sucesivo, «resolución n.º 331/2018 del CNPJ»), recomendó veinte candidatos para ocupar el cargo de juez de la Sala de Control Extraordinario, entre ellos BD; en este sentido, debe recordarse que el presente asunto trae causa de los efectos del auto de BD.
24 Sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nombramiento de jueces del Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, en lo sucesivo, «sentencia A.B.», EU:C:2021:153).
25 Véase, por ejemplo, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez) (C‑718/21, en lo sucesivo, «sentencia Krajowa Rada Sądownictwa», EU:C:2023:1015), apartados 50 a 54.
26 Véase la sentencia Krajowa Rada Sądownictwa, apartados 40 a 78. Véanse asimismo, por ejemplo, los autos de 9 de abril de 2024, T. (Programas audiovisuales para niños) (C‑22/22, EU:C:2024:313), y de 21 de junio de 2024, Kancelaria B. (C‑810/23, EU:C:2024:543).
27 Esta presunción fue confirmada en la sentencia de 29 de marzo de 2022, Getin Noble Bank (C‑132/20, EU:C:2022:235), en particular en los apartados 69 y 72, en que el Tribunal de Justicia también explicó que dicha presunción puede desvirtuarse cuando una resolución judicial firme dictada por un órgano jurisdiccional nacional o internacional lleve a considerar que el juez que integra el órgano jurisdiccional remitente no tiene la condición de juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta.
28 Véase la sentencia de 7 de noviembre de 2024 (C‑326/23, EU:C:2024:940), apartados 20 a 37. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta la sentencia del TEDH de 3 de febrero de 2022, Advance Pharma sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2022:0203JUD000146920). Véase también el auto de 3 de marzo de 2025, Rabal y Drałka (C‑586/24 y C‑605/24, EU:C:2025:206).
29 Sentencia de 7 de noviembre de 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C‑326/23, EU:C:2024:940), apartado 35.
30 Véase la sentencia de 16 de julio de 1992, Meilicke (C‑83/91, EU:C:1992:332), apartado 25. Esta consideración se ha reiterado en numerosas ocasiones. Véase, por ejemplo, la sentencia de 22 de marzo de 2022, Prokurator Generalny (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑508/19, EU:C:2022:201), apartados 60 y 62.
31 Véase, por ejemplo, la sentencia de 2 de febrero de 2023, Towarzystwo Ubezpieczeń Ż (Contratos tipo de seguro engañosos) (C‑208/21, EU:C:2023:64), apartado 45 y jurisprudencia citada.
32 Véase la sentencia de 16 de diciembre de 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302), apartados 18 a 21. Véase, asimismo, por ejemplo, la sentencia de 22 de junio de 2023, État belge (Elementos posteriores a la decisión de retorno) (C‑711/21 y C‑712/21, EU:C:2023:503), apartado 31.
33 Sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982), apartado 70 y jurisprudencia citada (el subrayado es mío).
34 El Defensor del Pueblo observó que X.Y. ya no podía ser reintegrado a la anterior sección del tribunal en que había ejercido sus funciones, puesto que ya no es juez.
35 Véanse, en este sentido, por ejemplo, la sentencia de 24 de noviembre de 2022, Banco Cetelem (C‑302/21, EU:C:2022:919), en particular los apartados 30 a 34, y el auto de 29 de enero de 2020, en el asunto Zakład Ubezpieczeń Społecznych (C‑522/18, EU:C:2020:42), en particular los apartados 26 a 35.
36 En la vista, X.Y. confirmó que, al asumir el cargo de ministro, retiró su demanda de indemnización por daños y perjuicios. Por tanto, tal demanda no está pendiente en este momento.
37 Véase, en este sentido, el auto de 10 de junio de 2011, Mohammad Imran (C‑155/11 PPU, EU:C:2011:387), apartados 19 y 20.
38 Además, el Defensor del Pueblo explicó que, con arreglo al Derecho polaco, en una demanda de indemnización por daños y perjuicios, el tribunal competente para resolver el asunto estaría facultado para apreciar la legalidad de la resolución del CNPJ a efectos de dicho asunto. Por tanto, la anulación de la resolución del CNPJ no es necesaria para que un órgano jurisdiccional de lo civil se pronuncie en el futuro sobre una demanda de indemnización por daños y perjuicios que interponga X.Y.
39 En este sentido, el Defensor del Pueblo indicó que, cuando el objeto del asunto deja de ser válido, la práctica del Tribunal Supremo consiste en archivar el procedimiento.
40 Véase la sentencia de 9 de enero de 2024 (C‑181/21 y C‑262/21, en lo sucesivo, «sentencia G. y otros», EU:C:2024:1).
41 Véase la sentencia G. y otros, apartados 66 a 73.
42 Sentencia G. y otros, apartados 69 y 70.
43 Véase la sentencia W.Ż., apartados 152 a 155.
44 Sentencia de 4 de septiembre de 2025, (C‑225/22, EU:C:2025:649), apartado 57. Véase asimismo, por ejemplo, la sentencia de 16 de julio de 2026, Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24), apartado 84.
45 En efecto, el Tribunal de Justicia proporcionó dichas orientaciones al órgano jurisdiccional remitente en los apartados 134 a 155 de la sentencia W.Ż.
46 Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas) (C‑197/23, EU:C:2024:956), apartado 60. Véanse asimismo las sentencias, más recientes, de 16 de julio de 2026, Gekus (C‑748/23), en particular, los apartados 50 a 62, y Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego (C‑96/24, C‑103/24 y C‑112/24), en particular los apartados 67 a 79, en las que el Tribunal de Justicia declaró, en relación con el principio de imparcialidad, que los miembros de una formación jurisdiccional encargada de examinar si la participación de un juez en un determinado procedimiento incumple las exigencias del tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, no pueden encontrarse en una situación idéntica a la del juez objeto de dicha comprobación.
47 Véase la sentencia de 1 de agosto de 2025, Daka y otros (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 y C‑493/23, en lo sucesivo, «sentencia Daka», EU:C:2025:592), apartado 86.
48 Sentencia Daka, apartado 87.
49 Véase, en este sentido, la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartados 78 y 91 y jurisprudencia citada.
50 Sentencia de 18 de diciembre de 2025 (C‑448/23, EU:C:2025:975).
51 Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Comisión/Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión) (C‑448/23, EU:C:2025:975), apartados 278 y 279.
52 Sentencia W.Ż., apartado 144.
53 Como ha declarado recientemente el Tribunal de Justicia en la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartado 51: «el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, impone a los Estados miembros una obligación de resultado clara y precisa, que no está sujeta a ninguna condición en lo que respecta a la independencia que debe caracterizar a los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde interpretar y aplicar el Derecho de la Unión» (el subrayado es mío).
54 Véase, en este sentido, la sentencia Rzecznik Praw Obywatelskich, apartados 63 a 65.
55 El Defensor del Pueblo y la Comisión mencionaron a este respecto el artículo 16, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Supremo, que podría aplicarse por analogía. En respuesta a una pregunta formulada en la vista, X.Y. indicó que existe una norma consuetudinaria según la cual se designa al juez que sigue en la lista, a menos que tenga ya una gran carga de trabajo excesiva. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si tales normas pueden aplicarse al objeto de encontrar una solución en cuanto al modo de constituir una formación de enjuiciamiento cuando la persona que se nombró para tal función fue nombrada de forma irregular.