El órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el artículo 9, apartado 2, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que autoriza a la autoridad nacional competente a aplicar con carácter Se explicará este concepto en el punto 44 de las presentes conclusiones. Aquí se utiliza en un sentido común, aunque jurídicamente impropio. Se trata de ayudas comunitarias cuyo importe es proporcional a la superficie cultivada. Su pago está subordinado al cumplimiento de determinadas exigencias, en particular la de declarar la superficie de parcelas agrícolas que son objeto de cultivo. Al presentar el marco jurídico de este asunto, volveré sobre este aspecto.
El artículo 7 determina las disposiciones aplicables a la tierra sin cultivar.
En lo sucesivo,
las parcelas agrícolas, incluidas las superficies forrajeras, las parcelas retiradas de la producción y las que se hayan dejado en barbecho, en su caso, cualquier otra información necesaria, bien prevista en los reglamentos relativos a los regímenes comunitarios, bien prevista por el Estado miembro de que se trate. [...] [...]
Podrá tenerse en cuenta la superficie total de una parcela agrícola a condición de que sea utilizada en su totalidad de acuerdo con las normas usuales del Estado miembro o de la región de que se trate. En los demás casos, se tendrá en cuenta la superficie realmente utilizada.
el doble del excedente comprobado si éste fuera superior a un 2 % o a dos hectáreas y no supere el 10 % de la superficie determinada; un 30 % cuando el excedente comprobado sea superior al 10 % y no supere el 20 % de la superficie determinada. En caso de que el excedente comprobado supere el 20 % de la superficie determinada, no se concederá ninguna ayuda ligada a la superficie. Sin embargo, si se trata de una falsa declaración hecha deliberadamente o por negligencia grave: el productor afectado es excluido del régimen de ayudas de que se trate para el año civil considerado, y en caso de falsa declaración hecha deliberamente, del beneficio de todo régimen de ayuda al que se refiere el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 3508/92 para el año civil siguiente al considerado para una superficie igual a la que figuraba en la solicitud que le ha sido rechazada. Las citadas reducciones no se aplicarán si, para la determinación de la superficie, el agricultor demostrara que se ha basado de forma correcta en datos reconocidos por la autoridad competente. [...] A efectos del presente artículo, se entiende por
Reglamento de la Comisión, de
Véase el artículo 1, número 5, del Reglamento n° 1648/95.
Reglamento del Consejo, de
Basándose en esta disposición, en la sentencia de
Sobre las causas, los objetivos perseguidos por esta reforma y los mecanismos establecidos para lograrlos, véanse los puntos 3 a 6 de mis conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia National Farmers' Union y otros, antes chada.
En lo sucesivo,
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en lo sucesivo,
¿está obligada dicha autoridad a reducir la superficie efectivamente determinada a raíz del control, con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CEE) n° 3887/92, con el fin de calcular la ayuda debida por los años anteriores?
Desde la sentencia de
Véanse, en particular, las sentencias de
Véase, en particular, la sentencia de
Véase, en particular, la sentencia de
En este sentido, véase la sentencia de
puedan recibir una calificación jurídica en el marco de los textos comunitarios cuya interpretación se pide al Tribunal de Justicia; se expongan en los fundamentos de la resolución de remisión; hayan sido omitidos por el juez puedan permitirle resolver el litigio que se le ha sometido respetando las disposiciones comunitarias pertinentes.
Según los criterios que expuse en el punto 31 de las presentes conclusiones.
Punto 4.
Que. recordémoslo, es la autoridad competente en el Reino Unido para la gestión del sistema integrado y para efectuar los pagos de los regímenes de ayudas
En el caso de autos, la cuestión prejudicial se refiere exclusivamente a la reducción de la superficie determinada para las ayudas concedidas para los años civiles 1993 a 1996, o sea antes de las medidas de control y de inspección llevadas a cabo en 1997, con arreglo al artículo 9, apartado 2, párrafos primero y segundo, del Reglamento. Al Tribunal de Justicia no se le ha sometido la cuestión de si las reducciones establecidas en dicha disposición se aplican a ayudas concedidas para el año civil 1997 y no le corresponde responder a ella. A este respecto, recordemos que, en el marco de una petición prejudicial, no incumbe al Tribunal de Justicia intervenir en la solución de problemas nacionales que son de competencia jurisdiccional interna (véase, por ejemplo, la sentencia de
Véanse las circunstancias fácticas descritas en el punto 4 de la resolución de remisión. Es preciso observar que el Gobierno francés y la Comisión comprendieron también en este sentido los términos de dicha resolución, puesto que sugieren al Tribunal de Justicia interpretar el artículo 9, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento.
Véanse, especialmente, las sentencias citadas en la nota 17 supra.
Que, en todo caso, debe ser resuelto por el juez que examina el fondo.
Véase, en particular, la sentencia de
Véase, en particular, la sentencia de
Véase la sentencia National Farmers' Union y otros, antes citada, apartado 55.
Es cierto que el Reglamento n° 2988/95 entró en vigor después de haberse cometido las primeras infracciones. Sin embargo, las disposiciones controvertidas de dicho Reglamento enuncian normas de procedimiento. Introducen un elemento de seguridad jurídica que no existía hasta entonces, puesto que permiten que los infractores conozcan a partir de qué momento las infracciones ya no son punibles. En efecto, mediante este Reglamento, el legislador comunitario pretendía definir las normas generales aplicables a las sanciones administrativas comunitarias, tales como las relativas a la prescripción y a la irretroactividad de las normas que establecen el régimen de sanciones [véase el séptimo considerando de la Propuesta de Reglamento {CE, Euratom) del Consejo relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades (COM 94/214 final;
Artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n° 2988/95.
Ibidem, párrafo segundo.
un solicitante de ayudas dicho solicitante puede probar que se basó de forma correcta en datos reconocidos por la autoridad competente para determinar las superficies subvencionables;