C-218/97 P61997O02180007.000169461695712CJAUTO DE 5.12.1997 — ASUNTO C-218/97 PCONSEJO / LEITE MATEUS<TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Primera)</P><P>de <DATE ISO="19971205">5 de diciembre de 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI>

Enel asunto C-218/97 P,

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. Amadeu Lopes Sabino y Diego Canga Fano y por la Sra. Thérèse Blanchet, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parte recurrente,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) el 16 de abril de 1997, Leite Mateus/Consejo (T-80/96, RecFP p. II-259), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Ana María Fernandes Leite Mateus, con domicilio en Zavaniem (Bèlgica), representada por M es Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Ariane Tornei y Françoise Parmentier, Abogados de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire My son SARL, 30, rue de Cessange,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por los Sres.: M. Wathelet, Presidente de Sala; D. A. O. Edward y L. Sevón (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. S. Alber;

Secretario: Sr. R. Grass;

oído el Abogado General,

dicta el siguiente

<TI><P>Auto</P></TI>1Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de junio de 1997, el Consejo de la Unión Europea interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra la sentencia de 16 de abril de 1997, Leite Mateus/Consejo (T-80/96, RecFP p. II-259; en lo sucesivo, sentencia impugnada), por la que el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión del tribunal calificador del concurso general Consejo/C/360, de 3 de octubre de 1995, de no admitir a la Sra. Leite Mateus a las pruebas de dicho concurso.2De las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada se desprende que la Sra. Leite Mateus presentó su candidatura al concurso general Consejo/C/360, organizado por el Consejo con vistas a constituir una reserva para la selección de secretarios de expresión francesa, dentro del plazo previsto por la convocatoria de concurso (DO 1994, C 345 A, edición francesa únicamente, p. 3) y utilizando el impreso oficial de candidatura (apartado 1 de la sentencia impugnada).3La Sra. Leite Mateus adjuntó al impreso de candidatura un certificado, redactado en lengua portuguesa, de la sociedad DSM Resinas de Portugal, Ld. a (en lo sucesivo, DSM Resinas), a tenor del cual la demandante trabajó en dicha sociedad del 1 de julio de 1973 al 7 de junio de 1989, y a partir del 1 de noviembre de 1982 estuvo clasificada en la categoría 1 a. escrituraria. Acompañó también a su impreso de candidatura un certificado y dos declaraciones, a tenor de los cuales la demandante trabajó en la Comisión como secretaria auxiliar del 1 de febrero al 15 de septiembre de 1992 y del 16 de septiembre de 1992 al 31 de enero de 1993, y que dicho trabajo implicó conocer un sistema de tratamiento de textos (apartado 2).4Según la convocatoria de concurso, las funciones de las secretarias seleccionadas consistirían en trabajos de secretaría y, en particular, de dactilografía en francés con un sistema de tratamiento de textos. La convocatoria de concurso (apartado III B) enunciaba, en especial, los siguientes requisitos:

[...]

b)Tener, en la fecha de publicación de la convocatoria de concurso, dos años de experiencia profesional como secretario y/o dactilógrafo. Los aspirantes deben acreditar, mediante la presentación de documentos justificativos, que reúnen este requisito de admisión al concurso, aportando por ejemplo, nóminas con las fechas de comienzo y, en su caso, terminación de la actividad profesional, certificados de trabajo con la descripción de las funciones y la duración exacta de la actividad y acompañados de un contrato o de una oferta firme de trabajo, etc.

[...]

d)Tener un profundo conocimiento de la lengua francesa, y acreditarlo cuando ello no resulte evidente por razón de la escolaridad, así como un conocimiento satisfactorio de otra lengua oficial de la Comunidad Europea [...]

5Además, la convocatoria de concurso precisaba que el tribunal calificador excluiría a los aspirantes que no hubieran enviado, en los plazos señalados, los documentos justificativos necesarios para su admisión al concurso (apartado 3).6Mediante escrito de 3 de octubre de 1995, se informó a la Sra. Leite Mateus de la decisión del tribunal de no admitirla al concurso, debido a que la interesada no acreditó, mediante la presentación de documentos justificativos, que, en la fecha de publicación de la convocatoria de concurso, poseía dos años de experiencia profesional como secretaria y/o dactilógrafa (apartado 4).7La Sra. Leite Mateus, por medio de un escrito fechado el 27 de diciembre de 1995, dirigió a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, AFPN) una reclamación con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, Estatuto). En su reclamación destacaba que había desempeñado las funciones de dactilógrafa en DSM Resinas y explicaba que, en Portugal, en el sector de que se trata, se clasifica a las dactilógrafas, en función de su antigüedad, en las categorías de troisième commis, deuxième commis y premier commis, según la traducción francesa que ella misma utilizó para el término portugués escriturária. Al estimar que, por ello, poseía la experiencia requerida, solicitó ser admitida a las pruebas del concurso (apartado 5).8El 21 de febrero de 1996, el Secretario General del Consejo denegó la reclamación. En su opinión, ni el certificado de DSM Resinas ni los certificados de la Comisión podían servir de prueba de que la Sra. Leite Mateus hubiera ejercido efectivamente las funciones de secretaria y/o dactilógrafa. Además, se destacaba que el concurso se había organizado para seleccionar secretarios de expresión francesa y que, [si bien], a este respecto, [su] actividad en la Comisión podría eventualmente considerarse como una experiencia válida para el concurso [...] en cualquier caso, dicha actividad [había] durado apenas algo más de un año (apartado 6).9En estas circunstancias, mediante escrito de 24 de mayo de 1996, la Sra. Leite Mateus formulo ante ei Tribunal de Primera Instancia un recurso por el que solicitaba que se anulase la decisión del tribunal calificador de no admitirla a las pruebas del concurso. La Sra. Leite Mateus invoco un único motivo, basado en el incumplimiento de la convocatoria de concurso y en un error manifiesto de apreciación.<TI><P>La sentencia del Tribunal de Primera Instancia</P></TI>10Tras recordar en el apartado 26 de la sentencia impugnada el contenido del artículo 1 del Anexo III del Estatuto y, en el apartado 27, la jurisprudencia según la cual la función esencial de la convocatoria de concurso, tal y como fue concebida por el Estatuto, consiste en informar a los interesados, de la manera más exacta posible, de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trate, para que puedan apreciar, por un lado, si procede que presenten su candidatura y, por otro, qué documentos acreditativos revisten importancia para los trabajos del tribunal y, por consiguiente, deben adjuntarse a la candidatura (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 21 de mayo de 1992, Almeida Antunes/Parlamento, T-54/91, Rec. p. II-1739, apartado 39, y de 28 de noviembre de 1991, Van Hecken/CES, T-158/89, Rec. p. II-1341, apartado 23), el Tribunal de Primera Instancia destacó, en el mismo apartado, que los términos de la convocatoria de concurso constituyen tanto el marco jurídico como el contexto en el que el tribunal calificador debe efectuar su apreciación.11Por lo que se refiere a la experiencia profesional adquirida por la Sra. Leite Mateus en DSM Resinas, el Tribunal de Primera Instancia indicó, en el apartado 31, que dicha experiencia se había mencionado en el impreso de candidatura, en el que se señalaba que la Sra. Leite Mateus había trabajado entre del 1 de julio de 1973 y el 7 de junio de 1989 para DSM Resinas, que la denominación exacta de sus funciones era la de 1 a. escrituraria y que su trabajo consistía en ser responsable du département d'informatique de l'entreprise. En el apartado 34, el Tribunal de Primera Instancia también señaló que, en su reclamación, la Sra. Leite Mateus había traducido el término portugués escrituraria por commis y que el certificado de DSM Resinas se limitaba a esta misma descripción para referirse a las tareas que ésta había efectuado.12Tras haber examinado en el apartado 35 varios significados posibles del término portugués escrituraria, extraídos por el Consejo de un diccionario portugués-francés de calidad unánimemente reconocida, tales como commis aux écritures, expéditionnaire, copiste y clerc, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión en el apartado 36, de que el trabajo correspondiente al primero de estos significados comprendía necesariamente la dactilografía.13En el apartado 37, el Tribunal de Primera Instancia consideró que cabía razonablemente esperar de un tribunal calificador que, si no conoce suficientemente un término concreto, compruebe su significado, por ejemplo, consultando un diccionario.14En lo que atañe al hecho de que la Sra. Leite Mateus hubiera descrito en su impreso de candidatura la naturaleza de su trabajo de escrituraria como consistente en ser responsable du département d'informatique de l'entreprise, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 38 de la sentencia impugnada, que este hecho no debía haber impedido al tribunal calificador y, posteriormente, a la AFPN considerar que la Sra. Leite Mateus adquirió su experiencia profesional en tanto que secretaria y/o dactilógrafa. En efecto, aunque esta descripción no muestra con claridad que dicho trabajo incluyera labores de secretaría, el Consejo, en vista del certificado de DSM Resinas relativo a dicha experiencia laboral, debió haber entendido que la Sra. Leite Mateus había querido simplemente destacar sus conocimientos de informática.15En tales circunstancias, habida cuenta, por una parte, de la experiencia profesional de la Sra. Leite Mateus al servicio de la Comisión, cuya duración fue de un año, y, por otra parte, de su experiencia en DSM Resinas, experiencia cuya duración fue de casi dieciséis años (del 1 de julio de 1973 al 7 de junio de 1989), y que una parte importante de esta última debía entenderse que implicaba funciones de secretaria y/o dactilógrafa, el Tribunal de Primera Instancia estimó en el apartado 39 que el Consejo había considerado erróneamente que la Sra. Leite Mateus no había aportado la prueba de una experiencia profesional de al menos dos años en las funciones de secretaria y/o dactilógrafa.16Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión, en el apartado 40, de que no existía justificación para considerar que la Sra. Leite Mateus no había satisfecho las exigencias de la convocatoria de concurso en lo relativo a su experiencia profesional y que, por tanto, el tribunal calificador incurrió en error manifiesto de apreciación al no admitir que participara en el concurso por no haber acreditado la experiencia profesional requerida; en consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de no admitirla al concurso.<TI><P>El recurso de casación</P></TI>17El recurso de casación se basa en un único motivo, fundado en que la sentencia impugnada infringe el marco jurídico fijado en la convocatoria de concurso. Este motivo se divide en cuatro partes: infracción de los requisitos especiales de admisión al concurso, error de Derecho sobre el alcance del concepto 1 a. escrituraria, error de Derecho en la interpretación del impreso de candidatura y, en último lugar, inexistencia de error manifiesto de apreciación por parte del Consejo.18La Sra. Leite Mateus solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que se declarara la inadmisibilidad manifiesta del recurso de casación con arreglo al artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento; con carácter subsidiario, que lo declare infundado, y con carácter subsidiario en segundo grado, que requiera al Consejo para que aporte una traducción en la lengua de procedimiento de los Anexos V a VII del recurso de casación y que conceda a la Sra. Leite Mateus un plazo que le permita presentar sus observaciones.<TI><P>Apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI>19Con arreglo al artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado.20Además, a tenor del párrafo primero del artículo 51 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de Derecho y deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia.<TI><P>Sobre la primera parte del motivo</P></TI>21Mediante la primera parte de su motivo, el Consejo sostiene que la sentencia impugnada infringe los requisitos especiales de admisión al concurso al haber considerado el Tribunal de Primera Instancia que, mediante la aportación de un certificado de trabajo expedido por DMS Resinas, la Sra. Leite Mateus había acreditado su experiencia profesional, mientras que la letra b) del apartado III B de la convocatoria de concurso especificaba que todos los documento debían ir acompañados de un contrato o de una oferta firme de trabajo, etc.. Según el Consejo, este argumento, que ya fue expuesto en la fase escrita y reiterado de manera aún más explícita en la fase oral, fue pasado por alto en la sentencia impugnada.22La Sra. Leite Mateus considera, en primer lugar, que el Consejo hace una lectura inexacta de la convocatoria de concurso, en la que expresiones como por ejemplo y etc. demuestran que la aportación de un contrato o de una oferta firme de trabajo no era necesaria para acreditar la experiencia profesional. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia realizó una apreciación referida únicamente a los hechos, que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia, al estimar que la Sra. Leite Mateus había aportado documentos que probaban de modo suficiente con arreglo a Derecho que reunía el requisito relativo a la experiencia profesional. Por último, la Sra. Leite Mateus añade que el Consejo, con este argumento, trata de obtener una mera revisión de los motivos de oposición ya expuestos ante el Tribunal de Primera Instancia.23De una lectura atenta de los escritos de contestación y duplica presentados por el Consejo ante el Tribunal de Primera Instancia los días 18 de julio de 1996 y 23 de octubre de 1996, así como del acta de la vista celebrada el 5 de febrero de 1997, se deduce que el argumento fundado en la interpretación de la convocatoria de concurso relativo a la acreditación obligatoria de la experiencia profesional mediante la aportación de un contrato de trabajo o de una oferta de empleo no fue invocado ante el Tribunal de Primera Instancia.24Por consiguiente, la primera parte del motivo es manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre la segunda parte del motivo</P></TI>25Mediante la segunda parte de su motivo, el Consejo sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho sobre el alcance del concepto de 1 a. escrituraria al tomar en consideración, en el apartado 36, solamente una de las traducciones posibles del término portugués escrituraria, mientras que las demás traducciones indican que el trabajo de escrituraria no equivale siempre y únicamente al de un secretario y/o dactilógrafo y que incumbe al aspirante a un concurso acreditar claramente que reúne los requisitos de admisión al concurso. El Consejo estima también que el Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho portugués y, en particular, la definición de las categorías profesionales establecida en los convenios colectivos.26La Sra. Leite Mateus destaca, en primer lugar, que la interpretación del concepto escriturária dada por el Tribunal de Primera Instancia se ajusta a la esgrimida por el propio Consejo y que fue extraída de un diccionario portugués-francés. Afirma que, hoy en día, los conceptos de commis aux écritures, expéditionnaire, commis chargé de faire des expéditions ou des copies, copiste, plumitif o clerc implican necesariamente labores de secretaría y/o dactilografía. Por otro lado, la interpretación del Tribunal de Primera Instancia se atiene al Estatuto, que prevé, en su Anexo I A, que el grado C 5, grado de selección con arreglo a la convocatoria de concurso, corresponde a un empleo del tipo commis adjoint (oficial adjunto) y el del grado C 4, a un empleo de dactylographe (dactilógrafo). Añade que, en cualquier caso, la traducción del término escrituraria es una apreciación de hecho que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia. Termina afirmando que los argumentos del Consejo basados en el Derecho del Trabajo portugués constituyen un motivo autónomo formulado por primera vez en el marco del recurso de casación y, por tanto, no puede ser admitido.27A este respecto, de la lectura de los escritos procesales presentados por el Consejo ante el Tribunal de Primera Instancia no se deduce que ante dicho órgano jurisdiccional se haya invocado el argumento basado en una obligación, por parte del tribunal calificador, de respetar el Derecho portugués. En cualquier caso, cuando comprobó que las labores ejercidas por una I a. escrituraria correspondían a las labores de secretaría y/o dactilografía, el Tribunal de Primera Instancia realizó una investigación semántica que no puede equipararse a una calificación jurídica, sino que debe considerarse como una apreciación de hecho que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia.28Por consiguiente, la segunda parte del motivo es manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre la tercera parte del motivo</P></TI>29Mediante la tercera parte de su motivo, el Consejo sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho en la interpretación del impreso de candidatura al afirmar, en el apartado 38, que la descripción realizada por la Sra. Leite Mateus de su trabajo como responsable du département d'informatique de l'entreprise debía ser entendida como una mera forma de acreditar sus conocimientos de informática. Según el Consejo, el Tribunal de Primera Instancia debía haberse atenido a una interpretación literal de lo que había escrito la Sra. Leite Mateus en su impreso de candidatura.30La Sra. Leite Mateus señala que el Consejo no invoca ninguna infracción del Derecho comunitario y que la interpretación que el Tribunal de Primera Instancia hace del impreso de candidatura es una apreciación de hecho que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia.31A este respecto, procede declarar que, como afirma la Sra. Leite Mateus, el Tribunal de Primera Instancia realizó una apreciación de hecho, que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia, al interpretar su impreso de candidatura del modo que lo hizo en el apartado 38 de la sentencia impugnada.32Por consiguiente, la tercera parte del motivo es manifiestamente inadmisible.<TI><P>Sobre la cuarta parte del motivo</P></TI>33Mediante la cuarta parte de su motivo, el Consejo sostiene que el Tribunal de Primera Instancia actuó de forma contradictoria y errónea cuando en el apartado 41 estimó que el Consejo había incurrido en error manifiesto de apreciación al no haber tomado en consideración, según el apartado 39, la experiencia profesional de casi dieciséis años adquirida por la Sra. Leite Mateus en DSM Resinas, de la cual al menos una parte importante debía considerarse que comprendía las funciones de secretaria y/o dactilógrafa, mientras que la formulación utilizada por el propio Tribunal de Primera Instancia demuestra que no es en absoluto evidente que una persona clasificada en la categoría 1 a. escriturária sea un secretario y/o dactilógrafo.34La Sra. Leite Mateus rechaza la interpretación dada por el Consejo a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, que, en su opinión, sólo hace referencia a la duración de la experiencia profesional de casi dieciséis años en DSM Resinas adquirida en tanto que 1 a. escriturária. Añade que se trata de una apreciación de hecho que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia.35Cualquiera que sea la interpretación dada por el Consejo a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, procede señalar que se trata de una apreciación de hecho que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia.36Por consiguiente, la cuarta parte del motivo es manifiestamente inadmisible.37En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso de casación con arreglo al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento.<TI><P>Costas</P></TI>38A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento del Procedimiento, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, quien pierda el proceso será condenado en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La parte recurrida ha solicitado la condena en costas de la recurrente. Por haber sido desestimado el motivo formulado por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

resuelve:

1)Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso de casación.2)Condenar en costas al recurrente.

Dictado en Luxemburgo, a 5 de diciembre de 1997.

El Secretario

R. Grass

El Presidente de la Sala Primera

M. Wathelet