Considerando que debe estimarse que el dictamen previsto por el artículo 169 del Tratado está suficientemente motivado en Derecho cuando contiene, como en el presente caso, una exposición coherente de las razones que han conducido a la Comisión a la convicción de que el Estado interesado ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado;

que el escrito de 21 de diciembre de 1960, antes citado, cumple con esos requisitos, aun cuando no esté redactado en la forma debida.

Considerando que una petición basada en el artículo 226 del Tratado, hace precisa una investigación y una apreciación de los hechos, seguidas por una Decisión, es decir, el desarrollo de determinado procedimiento;

que, por el contrario, el párrafo primero del artículo 169 es aplicable siempre que la Comisión estima, fundada o infundadamente, que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado;

que no puede encontrarse contradicción alguna entre la actitud de la Comisión en la fecha en que emitió el dictamen motivado, y su actitud en la fecha de su respuesta a la petición de aplicación de medidas de salvaguardia.

Considerando que para atenerse al dictamen motivado, el Gobierno italiano debió en su momento emprender las actuaciones necesarias para poner fin a las medidas de suspensión estimadas contrarias al artículo 31; que la presentación de una petición de aplicación de medidas de salvaguardia tiene un alcance completamente diferente.

Considerando que, por las razones que quedan expuestas, las causas de inadmisión invocadas por la parte demandada han de ser rechazadas.

Considerando que la obligación de abstenerse de introducir nuevas restricciones (standstill), prevista por el artículo 31 es absoluta; que no admite excepción alguna, ni siquiera parcial o temporal; que la interpretación defendida por la parte demandada abriría camino a acciones unilaterales de los Estados miembros directamente opuestas a la finalidad perseguida por el Tratado en materia de libre circulación de las mercancías;

que debe desestimarse la alegación de la parte demandada.

Considerando que las medidas de salvaguardia, previstas por el artículo 226, sólo pueden ser autorizadas en el marco del procedimiento especial de este artículo, es decir, a instancia formal e inequívoca del Gobierno interesado, ya que constituyen medidas de excepción a las normas del Tratado, que pueden perturbar el funcionamiento del mercado común;

que en el caso presente, el escrito del Gobierno italiano, de fecha 20 de junio de 1960, sólo se refería a las medidas tomadas por este Gobierno, y ni siquiera aludía a las medidas de salvaguardia supeditadas a la autorización de la Comisión;

que, en consecuencia, la Comisión no tenía la obligación de pronunciarse sobre la petición de medidas de salvaguardia antes del 5 de enero de 1961, fecha en la que fue expresamente instada a tal fin por la parte demandada.

Considerando que el artículo 226 contiene una disposición formal, que prevé un procedimiento de urgencia que permite poner remedio a la mayor brevedad a las situaciones más graves;

que el mismo hecho de que haya sido previsto un procedimiento de urgencia, excluye toda acción unilateral de parte de los Estados miembros, que no pueden por tanto invocar ni la urgencia ni la gravedad de la situación para eludir el procedimiento del artículo 226;

que en el caso presente, ese procedimiento no fue iniciado sino varios meses después del comienzo de la fase administrativa del litigio;

que las alegaciones derivadas de la necesidad y de la urgencia deben ser desestimadas.

Considerando que el artículo 36, a diferencia del artículo 226, contempla supuestos de naturaleza no económica que no puedan vulnerar los principios establecidos por los artículos 30 a 34, como confirma la última frase del citado artículo;

que, en especial, este artículo no establece una cláusula de salvaguardia genérica que se añada a la prevista por el artículo 226 y permita a los Estados miembros, mediante una acción unilateral, establecer excepciones sobre el procedimiento y las garantías previstas por este último artículo;

que, finalmente, nada podía hacer suponer a priori a la Comisión que las restricciones temporales a la importación, bruscamente decididas por el Gobierno italiano, pudieran estar justificadas al amparo del artículo 36, al no haberse hecho mención alguna de este argumento en el curso de las conversaciones que precedieron a la fase judicial;

que debe desestimarse esta alegación.

Considerando que por las razones que han sido expuestas, el recurso debe ser declarado fundado.