–

en nombre de P. S.A., por los Sres. J. Janczewski y A. Paniczek;

–

en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

–

en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, J. Heitz y M. Hellmann, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. G. Gattinara y la Sra. M. Owsiany‑Hornung, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowo — Usługowe A. (en lo sucesivo, «A.») y P. S.A. en relación con la legalidad de una cláusula contractual mediante la que esta última fijó unilateralmente un plazo de pago de 120 días naturales aplicable a las facturas correspondientes a los contratos celebrados con A.

3

Los considerandos 12, 13 y 28 de la Directiva 2011/7 enuncian:

[…]

4

El artículo 1 de la referida Directiva, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», establece lo siguiente en su apartado 1:

«El objeto de la presente Directiva es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las [pequeñas y medianas empresas].»

5

A tenor del artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Definiciones»:

«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

[…]».

6

El artículo 3 de la Directiva 2011/7, titulado «Operaciones entre empresas», establece en sus apartados 1, 3 y 5:

«1.   Los Estados miembros velarán por que, en las operaciones comerciales entre empresas, el acreedor tenga derecho a intereses de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, en los casos en que se den las condiciones siguientes:

[…]

3.   En los casos en que se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1, los Estados miembros velarán por que:

[…]

5.   Los Estados miembros velarán por que el plazo de pago fijado en el contrato no exceda de 60 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7.»

7

El artículo 7 de la Directiva 2011/7, titulado «Cláusulas contractuales y prácticas abusivas», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros dispondrán que una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago […] si resulta manifiestamente abusiva para el acreedor no sea aplicable o pueda dar lugar a una reclamación por daños.

Para determinar si una cláusula contractual o una práctica es manifiestamente abusiva para el acreedor en el sentido del párrafo primero, se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:

[…]

[…]».

8

A tenor del artículo 3, apartados 1 y 4, de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO 2014, L 94, p. 243):

«1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “poderes adjudicadores”: el Estado, las autoridades regionales o locales, los organismos de Derecho público, o las asociaciones formadas por uno o varios de dichos poderes o uno o varios de dichos organismos de Derecho público.

[…]

4.   “Organismo de Derecho público”: cualquier organismo que reúna todas las características siguientes:

9

Conforme al tenor del artículo 7 de la ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Ley de Lucha contra los Retrasos Excesivos en las Operaciones Comerciales), de 8 de marzo de 2013 (Dz. U. de 2013, posición 403), en su redacción vigente antes del 1 de enero de 2020 (en lo sucesivo, «Ley de 8 de marzo de 2013»):

«1.   En las operaciones comerciales, a excepción de aquellas en las que el deudor sea un organismo público, el acreedor tendrá derecho a obtener, sin necesidad de requerimiento, los intereses legales de demora en las operaciones comerciales, a menos que las partes hayan acordado intereses más elevados, para el período comprendido entre el día en que sea exigible el pago y el día del pago, si se cumplen de modo acumulativo los siguientes requisitos:

2.   El plazo de pago fijado en el contrato no podrá ser superior a 60 días a contar desde la fecha de entrega al deudor de la factura o de un documento que confirme la entrega de un bien o la prestación de un servicio, salvo acuerdo expreso en contrario de las partes recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor.

3.   Cuando el plazo de pago fijado en el contrato sea superior a 60 días a contar desde la fecha de entrega al deudor de la factura o de un documento que confirme la entrega de un bien o la prestación de un servicio y no concurra el requisito previsto en el apartado 2, el acreedor que haya ejecutado su prestación tendrá derecho a reclamar los intereses a que hace referencia el apartado 1 una vez transcurridos 60 días.»

10

P., una sociedad polaca que opera en el ámbito de la extracción y venta de carbón, celebró con A., una sociedad polaca que opera en el ámbito de la producción de equipos mineros, varios contratos de suministro de piezas de maquinaria destinada a la extracción minera (en lo sucesivo, «contratos controvertidos»).

11

Algunos de esos contratos se celebraron tras una subasta organizada en un sitio de Internet gestionado por P., en el que se publicaban las condiciones del contrato. Se celebraron otros contratos tras un procedimiento de licitación (público o no). En ambos casos, los términos del contrato entre las partes, incluido el plazo de pago de 120 días, que comenzaron a correr en la fecha de entrega de la factura a P., fueron determinados unilateralmente por esta última.

12

En cumplimiento de los contratos controvertidos, P. abonó 354 facturas, en un plazo de 120 a 122 días a partir de la fecha de su recepción. Posteriormente, A. le remitió una nota contable recapitulativa relativa a las cantidades que consideraba adeudadas en concepto de intereses de demora y de compensación a tanto alzado por los costes de cobro.

13

El 31 de diciembre de 2021, A. presentó ante el Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Tribunal de Distrito de Katowice-Este en Katowice, Polonia), órgano jurisdiccional remitente, una demanda que tiene por objeto el pago por P. de 13702,99 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 3100 euros), más los intereses legales de demora entre la fecha de presentación de la demanda y la del pago, así como de una cantidad a tanto alzado de 4473,04 PLN (aproximadamente 975 euros), en concepto de compensación por los costes de cobro. Para el período comprendido entre el día 61 a partir de la fecha de entrega de las facturas de que se trata y la fecha de pago efectivo de dichas facturas, A. calculó los intereses de demora de conformidad con el artículo 7, apartado 2, de la Ley de 8 de marzo de 2013, que transpone el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 al ordenamiento jurídico polaco.

14

A. alega, en apoyo de su pretensión de cobro de intereses basada en el referido artículo 7, que P. fijó unilateralmente el plazo de pago de 120 días en el modelo de contrato adjunto al pliego de condiciones publicado en su sitio de Internet. Añade que ese plazo no fue negociado en ningún momento entre las partes, sino que resulta de la posición dominante de P. en la relación contractual. Señala, asimismo, que la participación en un procedimiento de licitación estaba supeditada a las condiciones fijadas unilateralmente por P., incluida la relativa al plazo de pago de 120 días. A. señala que, debido a su situación económica, se vio obligada a celebrar los contratos controvertidos, sin llegar nunca a alcanzar un acuerdo con P. que permitiese reducir ese plazo a 60 días naturales. En estas circunstancias, afirma que no puede considerarse que esa cláusula contractual haya sido expresamente acordada por las partes del contrato, en el sentido del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7.

15

El 26 de enero de 2022, el secretario judicial del Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Tribunal de Distrito de Katowice-Este en Katowice) emitió un requerimiento de pago contra P., estimando la demanda de A. en su totalidad.

16

P. formuló oposición contra dicho requerimiento, impugnando la parte de los intereses calculada de conformidad con el artículo 7 de la Ley de 8 de marzo de 2013, en la medida en que las facturas se habían abonado dentro del plazo de pago de 120 días a partir de la fecha de su entrega, tal como resulta de los contratos controvertidos. Según P., ese plazo fue aceptado por A., la cual, tras haber tenido conocimiento del pliego de condiciones y haber sido seleccionada, celebró varios contratos en los que confirmó ese plazo. A su juicio, dicho plazo no puede ser perjudicial para el acreedor, ya que este tiene la certeza de vender sus servicios, de percibir ingresos y de conservar liquidez.

17

Para resolver el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario determinar si el plazo de pago superior a 60 días naturales a partir de la fecha de entrega de la factura al deudor, previsto en los contratos controvertidos, se fijó respetando el primer requisito establecido en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7, según el cual todo plazo de pago superior a 60 días naturales debe resultar de un «acuerdo expreso […] recogido en el contrato».

18

Dicho órgano jurisdiccional señala, por una parte, que las cláusulas contractuales en cuestión, incluida la relativa al plazo de pago de 120 días, fueron determinadas unilateralmente por P. Indica, por otra parte, que el único medio de impugnar esas cláusulas, limitado a los contratos controvertidos que se celebraron a raíz de una licitación pública, sería un recurso ante el presidente de la Krajowa Izba Odwolawcza (Sala Nacional de Recurso, Polonia), recurso que A. no interpuso.

19

El referido órgano jurisdiccional tiende a considerar que el primer requisito establecido en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 no se cumple cuando una cláusula que fija un plazo de pago superior a 60 días naturales figura en un contrato cuyas cláusulas son determinadas exclusivamente por una de las partes contratantes. Según ese mismo órgano jurisdiccional, si bien las cláusulas de un contrato pueden, por regla general, ser determinadas por una de las partes, que las redacta de antemano o utiliza un modelo contractual, limitándose la otra parte a aceptarlas, al igual que un contrato de adhesión, dicho artículo 3, apartado 5, excluye, no obstante, que pueda fijarse de este modo un plazo de pago de 120 días. Dado que tal plazo tiene carácter excepcional, el acreedor debe conocer al menos las razones por las que el deudor desea fijarlo y tener la posibilidad de presentar sus propios argumentos para que dicho plazo no exceda de 60 días naturales.

20

El órgano jurisdiccional remitente considera, por otra parte, que el hecho de que sea posible impugnar, ante una autoridad nacional, una cláusula que establece un plazo de pago superior a 60 días naturales en un contrato celebrado a raíz de una licitación pública no basta para considerar que se cumple el primer requisito previsto en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7, en la medida en que tal impugnación conduciría a «una decisión soberana de una entidad ajena al propio contrato», relativa al plazo de pago aplicable.

21

Por último, dicho órgano jurisdiccional considera que esa interpretación de este primer requisito se ve respaldada por el segundo requisito establecido en el citado artículo 3, apartado 5, en virtud del cual el acuerdo expreso recogido en el contrato respecto a un plazo de pago superior a 60 días naturales, como excepción a la regla general según la cual el plazo máximo de pago es de 60 días naturales, no debe resultar «manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7 [de dicha Directiva]». Según el mencionado órgano jurisdiccional, para poder realizar tal apreciación en relación con los contratos controvertidos, la situación económica que debe tenerse en cuenta es la del acreedor en el momento de su celebración.

22

En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach (Tribunal de Distrito de Katowice-Este en Katowice) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 5, de la Directiva [2011/7] en el sentido de que un acuerdo expreso alcanzado por empresas que prevea un plazo de pago que exceda de 60 días [naturales] únicamente puede incluirse en contratos cuyas cláusulas contractuales no hayan sido redactadas exclusivamente por una de las partes del contrato?»

23

A la vista de las observaciones escritas presentadas por las partes e interesados a los que se refiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en lo que respecta, en particular, a la posible calificación de P. como «poder público», en el sentido del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2011/7, el Tribunal de Justicia remitió una solicitud de información al órgano jurisdiccional remitente, instándolo a confirmar que dicha sociedad constituye una «empresa», en el sentido del artículo 2, punto 3, de la citada Directiva, y a precisar los criterios que lo hayan llevado a tal calificación, a efectos de determinar si el litigio principal está comprendido efectivamente en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 5, de dicha Directiva, que se refiere a las operaciones entre empresas, y no en el del artículo 4, apartado 4, de la referida Directiva, que se refiere a las operaciones entre empresas y poderes públicos.

24

En su respuesta, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 2023, el órgano jurisdiccional remitente confirmó que P. constituye una «empresa» en el sentido del citado artículo 2, punto 3.

25

El Gobierno alemán sostiene que la petición de decisión prejudicial es inadmisible, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente no ha demostrado de modo suficiente en Derecho que la resolución que debe dictar en el litigio principal dependa de la respuesta a la cuestión prejudicial. Según dicho Gobierno, el órgano jurisdiccional remitente supedita su resolución no solo a si se ha acordado expresamente, en el sentido del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7, el plazo de pago de 120 días fijado en los contratos controvertidos, sino también a si tal plazo resulta manifiestamente abusivo para el acreedor, en el sentido de dicha disposición, sin pronunciarse, no obstante, al respecto y sin referirse a esta cuestión jurídica al formular su pregunta.

26

En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de la cuestión que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando la cuestión planteada se refiera a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, disfruta de una presunción de pertinencia y el Tribunal de Justicia está obligado, en principio, a pronunciarse. Así pues, el Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre tal cuestión cuando resulte evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión — Cannabis medicinal) (C‑69/21, EU:C:2022:913), apartado 41, y de 11 de enero de 2024, Inditex (C‑361/22, EU:C:2024:17), apartados 28 y 29].

27

En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7, con el fin de determinar si una cláusula que figura en contratos que califica de asimilables a contratos de adhesión, mediante la cual el deudor ha fijado unilateralmente en 120 días el plazo de pago de las facturas adeudadas en virtud de esos contratos, en lugar de los 60 días previstos en la disposición citada, puede calificarse de «acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato», en el sentido de dicha disposición, y de pronunciarse sobre la pretensión de A. de que se le abonen intereses de demora por las cantidades adeudadas en virtud de dichos contratos.

28

Por tanto, la presente petición de decisión prejudicial es admisible.

29

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que la expresión «acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato», que figura en dicha disposición, se opone a una cláusula contractual que establece un plazo de pago superior a 60 días naturales determinado unilateralmente por el deudor.

30

A tenor del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7, los Estados miembros deben velar por que el plazo de pago fijado en el contrato no exceda de 60 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que no sea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7 de esa Directiva.

31

Así pues, el mencionado artículo 3, apartado 5, permite establecer una excepción al plazo máximo de pago de 60 días naturales que establece, siempre que se cumplan dos requisitos acumulativos. Por una parte, tal plazo debe resultar de un «acuerdo expreso […] recogido en el contrato». Por otra parte, el plazo así estipulado no puede ser «manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7» de la referida Directiva.

32

En la medida en que dicho artículo 3, apartado 5, permite establecer excepciones al plazo máximo de pago de 60 días naturales fijado en el contrato, debe ser interpretado de forma estricta [véase, por analogía, la sentencia de 13 de junio de 2024, D. (Vicio de diseño del motor),C‑411/23, EU:C:2024:498, apartado 26 y jurisprudencia citada].

33

Por lo que respecta al primer requisito acumulativo, que es objeto de la cuestión prejudicial planteada, dado que el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 no incluye una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance de la expresión «acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato», de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que ese sentido y ese alcance normalmente deben ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta no solo el tenor de dicha expresión, sino también el contexto de la disposición en la que figura, así como las finalidades de dicha disposición y del acto del Derecho de la Unión del que forma parte [véanse, en ese sentido, las sentencias de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad),C‑199/19, EU:C:2020:548, apartado 27, y de 1 de diciembre de 2022, X (Suministros de material médico),C‑419/21, EU:C:2022:948, apartado 21].

34

Si bien el tenor del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 no permite, por sí solo, determinar si una cláusula que establece un plazo de pago superior a 60 días naturales que figura en un contrato cuyo contenido ha sido determinado unilateral e íntegramente por el deudor puede calificarse de «acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato», en el sentido de dicha disposición, la exigencia de un acuerdo expreso implica, no obstante, que, habida cuenta del conjunto de documentos contractuales y de cláusulas contenidas en ese contrato, pueda acreditarse que las partes del contrato han expresado su voluntad concordante de quedar vinculadas precisamente por la cláusula que fija un plazo máximo de pago que difiere del de los 60 días naturales previsto en la disposición mencionada.

35

Así pues, el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 exige la expresión de una voluntad concordante de esas partes en el momento de la celebración del contrato que vaya más allá de la mera mención expresa de tal plazo en una cláusula contractual, con independencia de si el contrato en el que figura esa cláusula constituye, total o parcialmente, un contrato de adhesión o de similar naturaleza.

36

Esa exigencia puede cumplirse no solo cuando tal cláusula haya sido negociada individualmente por las partes, sino también, en particular en el marco de un contrato de adhesión, cuando la cláusula de que se trate haya sido destacada por una de las partes en los documentos contractuales de manera que se distinga claramente de las demás cláusulas del contrato, poniendo con ello de manifiesto su carácter excepcional y permitiendo así a la otra parte adherirse a ella con pleno conocimiento de causa.

37

Esta interpretación del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 es conforme tanto con los objetivos generales de esta Directiva como con el que subyace, en particular, a esa disposición.

38

Como se desprende del artículo 1, apartado 1, de la citada Directiva, interpretado a la luz de su considerando 12, esta tiene por objeto luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales e instaurar una cultura de pago sin demora a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad, en particular, de las pequeñas y medianas empresas [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad),C‑199/19, EU:C:2020:548, apartado 35].

39

Además, del considerando 13 de la citada Directiva se desprende que el artículo 3, apartado 5, de esta constituye una expresión de esos objetivos en la medida en que esta disposición tiene por objeto proteger de manera efectiva al acreedor frente a la morosidad del deudor estableciendo un plazo de pago no superior a 60 días naturales, que solo admite excepciones bajo los dos requisitos acumulativos que en él se enuncian, recordados en el apartado 31 de la presente sentencia.

40

Por último, procede recordar que, con arreglo al artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7, la fijación de un plazo de pago superior a 60 días naturales como resultado de un acuerdo expreso entre el acreedor y el deudor debe cumplir también el segundo requisito previsto en dicha disposición. Así pues, este acuerdo no debe ser «manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido del artículo 7» de dicha Directiva. En efecto, del considerando 28 de esa misma Directiva se desprende que esta prohíbe el abuso de la libertad de contratación en perjuicio del acreedor. Así pues, los Estados miembros están obligados, con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la referida Directiva, a disponer que una cláusula manifiestamente abusiva o bien no sea aplicable, o bien dé lugar a una reclamación por los daños sufridos por el acreedor como consecuencia de su aplicación.

41

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, letras a) a c), de la Directiva 2011/7, para determinar si una cláusula contractual es manifiestamente abusiva para el acreedor, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y a la actuación leal, la naturaleza del bien o del servicio y, en particular, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago estipulado en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7.

42

Concretamente, de esta última exigencia se desprende que, con independencia de una eventual posición económica dominante del deudor en su relación con el acreedor, la protección efectiva de este último frente a la utilización injustificada, por parte del deudor, de una cláusula contractual que establezca un plazo de pago superior a 60 días naturales sigue estando plenamente garantizada, aun cuando dicha cláusula resulte de un acuerdo expreso que cumpla los requisitos que figuran en los apartados 34 y 35 de la presente sentencia.

43

En el caso de autos, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente, A. alega, por un lado, que nunca pudo negociar la cláusula relativa a los plazos de pago de 120 días que figuraba en el modelo de contrato adjunto al pliego de condiciones elaborado por P. y, por otro lado, que los contratos controvertidos solo pudieron celebrarse tras la aceptación por A. de las condiciones fijadas unilateralmente por P.

44

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, por una parte, comprobar si, habida cuenta de todos los documentos contractuales y de las cláusulas contenidas en ese contrato, puede demostrarse que A. y P. expresaron su voluntad concordante de quedar vinculadas precisamente por las cláusulas contractuales que prevén una excepción al plazo de pago de 60 días naturales, previsto en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7. Por otra parte, incumbe a dicho órgano jurisdiccional comprobar si, habida cuenta de los elementos que figuran en el artículo 7 de dicha Directiva, la utilización de estas últimas cláusulas puede ser manifiestamente abusivo para A. y, en su caso, extraer las consecuencias previstas a tal efecto por el Derecho nacional.

45

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que la expresión «acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato» se opone a que una cláusula contractual que establece un plazo de pago superior a 60 días naturales sea determinada unilateralmente por el deudor, salvo que pueda acreditarse, habida cuenta de todos los documentos contractuales y de las cláusulas contenidas en dicho contrato, que las partes del referido contrato han manifestado su voluntad concordante de quedar vinculadas precisamente por la cláusula de que se trate.

46

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,

debe interpretarse en el sentido de que

la expresión «acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato» se opone a que una cláusula contractual que establece un plazo de pago superior a 60 días naturales sea determinada unilateralmente por el deudor, salvo que pueda acreditarse, habida cuenta de todos los documentos contractuales y de las cláusulas contenidas en dicho contrato, que las partes del referido contrato han manifestado su voluntad concordante de quedar vinculadas precisamente por la cláusula de que se trate.