<TI><P>La cuestión prejudicial</P></TI>10.Mediante la cuestión planteada, el órgano jurisdiccional a quo solicita información sobre si los períodos de seguro cotizados por el demandante en Gran Bretaña sólo deben tenerse en cuenta para determinar el porcentaje de la pensión o si también deben computarse al determinar la cuantía de las prestaciones. Esto es, el órgano jurisdiccional nacional sólo pide que se dilucide si el demandante tiene derecho únicamente a una pensión proporcional basada en los 120 trimestres cotizados en Francia o a una pensión completa basada en el cómputo de los 150 trimestres.11.Evidentemente así ha entendido la cuestión prejudicial el Gobierno federal cuando, en su escrito, parte de la premisa siguiente:En este procedimiento prejudicial se trata de la cuestión primordial de si un Estado miembro, conforme a cuyas disposiciones se ha causado derecho a prestaciones del Seguro de Pensiones, también debe conceder prestaciones basadas en períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro, porque en este Estado aún no se ha causado ningún derecho a prestación (en el presente asunto, debido a que la edad mínima para ello es superior).
En ese escrito, se dice, además, que
el demandante [desearía] ser tratado como si hubiera trabajado toda su vida en Francia, de modo que, al calcular la pensión francesa, se compute un período de empleo de 150 trimestres.
12.Del contexto de la cuestión en la resolución de remisión y de las alegaciones de la partes se deduce que la cuestión del cómputo de los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro al calcular la cuantía de la prestación sólo constituye en parte una cuestión de Derecho comunitario. Desde el punto de vista del Derecho comunitario ya es dudoso que los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro puedan o deban ser tenidos en cuenta al fijar el porcentaje de la pensión. El Tribunal de Justicia debe interpretar las cuestiones prejudiciales dentro de su contexto, con objeto de proporcionar al órgano jurisdiccional a quo una respuesta completa desde el punto de vista del Derecho comunitario y ofrecerle todos los criterios que necesite para dirimir el litigio pendiente ante él. Por consiguiente, deberán examinarse, a continuación, ambos aspectos de la problemática jurídico-comunitaria.<TI><P>Cómputo de los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro a los fines de adquisición del derecho</P></TI>23.Como ya se ha insinuado, la problemática desde el punto de vista del Derecho comunitario no se agota ahí.24.El artículo 49 del Reglamento condene una disposición especial relativa al cálculo de la prestación para los supuestos en que el interesado no cumpla simultàneamente los requisitos de todas las normativas al amparo de las cuales haya cubierto períodos de seguro o de residencia.Desde el Reglamento de modificación (CEE) n° 1248/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO L 136, p. 7), el artículo 49 también se aplica a los casos en que el interesado haya solicitado expresamente que se aplace la liquidación de las prestaciones de vejez; véanse el apañado 2 del artículo 44 y el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 49 del Reglamento n° 1408/71.
Así sucede en el presente asunto. Por ese motivo el órgano jurisdiccional nacional ha solicita expresamente la interpretación del artículo 49.25.El apartado 1 del artículo 49 establece lo siguiente:Cuando, en un momento dado, el interesado no cumpla los requisitos exigidos para beneficiarse de las prestaciones por todas las legislaciones de los Estados miembros a las que haya estado sujeto [...] sino que solamente reúne las condiciones de una o varias de aquéllas, se aplicarán las siguientes disposiciones:
- a)cada una de las instituciones competentes que apliquen una legislación cuyas condiciones se cumplan, calculará el importe de la prestación debida según lo dispuesto en el artículo 46 [...]
26.Hasta aquí, el artículo 49 sólo contiene una somera remisión a las disposiciones de cálculo del artículo 46 del Reglamento que acabo de exponer.27.Pero, a continuación, la letra b) del apartado 1 del artículo 49 dispone lo siguiente:no obstante:
- i)si el interesado cumple los requisitos de al menos dos legislaciones sin que sea necesario recurrir a los períodos de seguro o de residencia cumplidos con arreglo a las legislaciones cuyas condiciones no se satisfacen, no se tomarán en consideración estos períodos para la aplicación del apartado 2 del artículo 46.
28.Este régimen especial no es ciertamente aplicable al presente asunto, puesto que el demandante reunía, hasta cumplir los 65 años, únicamente los requisitos con arreglo a la normativa de un Estado miembro. En estas circunstancias, podría aplicarse el inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 49, el cual dispone quesi el interesado cumple los requisitos de una sola legislación sin que sea necesario recurrir a los períodos de seguro o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones cuyas condiciones no se satisfacen, la cuantía de la prestación debida se calculará únicamente según lo dispuesto en la legislación cuyas condiciones se reúnan, y considerando sólo los períodos cumplidos con arreglo a dicha legislación.
29.Las partes no están de acuerdo sobre si dicha disposición es aplicable al procedimiento principal. Por ejemplo, en el escrito del demandante se dice:étant entendu que l'exposant ne remplit aucune des conditions des deux cas prévus par le point b.Véase el comienzo de la p. 9 del escrito presentado por el demandante.
30.Por el contrario, en el escrito presentado por el Gobierno francés se puede leer lo siguiente:C'est plus précisément le paragraphe 1, sous b), ii) de l'article 49 que doit s'appliquer, le droit à pension étant ouvert au regard de la seule législation française (régime général des travailleurs salariés en l'occurence), et ce sans qu'il soit nécessaire tenir compte des périodes accomplies au Royaume-Uni.Pp. 4 y 5 del escrito presentado por el Gobierno francés.
31.La aplicabilidad del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 49 al procedimiento principal también depende del significado que se le atribuya. En mi opinión, esta disposición parte de que cumplen los requisitos de una pensión autónoma. En este caso, habría que interpretar dicha disposición en el sentido de que, en caso de tener derecho a una prestación autónoma, la liquidación de la prestación se efectúa únicamente conforme a dicho método de cálculo, es decir, no es preciso efectuar el cálculo de la pensión a prorrata y la sucesiva comparación de los resultados de ambos cálculos.32.Para ello se requiere, a mi entender, aclarar previamente que una prestación autónoma no tiene que ser necesariamente una prestación completa. Una prestación autónoma presenta las siguientes características: ha de tratarse de un derecho a prestación únicamente debida con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicada por ella y en función de los períodos de seguro computables en virtud de dicha legislación.Véase la sentencia Spits, loc. át., apartado 12; véase asimismo el apañado 1 del artículo 46.
33.La tesis conforme a la cual una pensión autónoma no tiene por qué ser una pensión completa queda confirmada por el hecho de que pueden coexistir perfectamente varias prestaciones autónomas. Además, una prestación autónoma causada por una carrera completa de seguro puede adquirirse basándose en un período de seguro relativamente cortoPor ejemplo, de 5 a 7 años (Sentencia Spits, loc. at.).
si la legislación aplicable así lo permite. Si una pensión autónoma también fuera siempre una prestación completa, la comparación de la prestación autónoma con la prestación a prorrata que impone el artículo 46 sería superflua, por regla general, puesto que el importe correspondiente a una prestación completa constituye el límite máximo de una prestación proporcional.Letra c) del apartado 2 del artículo 46 de la versión antigua; véase, asimismo, la sentencia de 15 de diciembre de 1993, Fabrizii y otros (asuntos acumulados C-113/92, C-114/92 y C-156/92, Rec. p. I-6707), apartado 28.
34.En su escrito, la Comisión parte evidentemente de que una prestación autónoma deber ser siempre una prestación máxima.Or, M. McLachlan ne remplit pas les conditions prévues par la législation française, en l'occurrence l'accomplissement d'une période d'assurance de 150 trimestres en France, pour avoir une pension autonome (véase la p. 7 de su escrito). M. McLachlan ne réunit pas les conditions prévues par la législation française (150 trimestres) pour faire valoir l'égalité de traitement et bénéficier ainsi d'une prestation autonome (pension au taux plein) (véase la p. 8 de su escrito).
Al hacerlo, la Comisión parte de una falsa premisa. Aunque en dos sentencias recientes,Véanse las sentencias de 18 de febrero de 1992, Di Prinzio (C-5/91, Rec. p. I-897), y de Fabrizii y otros, loc. ät.
que también trataban del cálculo de una prestación autónoma, especialmente desde el punto de vista de la aplicabilidad de las disposiciones que prohiben la acumulación, la prestación autónoma correspondiente equivalía a una pensión completa, esta característica no constituye en absoluto un requisito del nacimiento de una prestación autónoma en el sentido del Derecho comunitario.35.No corresponde al Tribunal de Justicia examinar la normativa francesa para comprobar si el demandante tiene derecho a una pensión autónoma en el sentido de la anterior definición. Corresponde a las autoridades de los Estados miembros o al órgano jurisdiccional nacional aplicar el Derecho nacional a los hechos. Del escrito del Gobierno francés también se puede deducir que opina lo mismo. En la página 5 de dicho escrito se dice queEn effet, aux termes de l'article L. 351-1, premier alinea du code français de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation (comme l'a fait M. MacLachlan) [Obligado a ello (contraint et forcé), con arreglo a sus propias declaraciones.
] à partir d'un âge déterminé (fixé à 60 ans par l'article R. 351-2), et ce quels que puissent être le taux et le montantEl subrayado es mío.
de cette pension.
36.Teniendo en cuenta de la existencia más que probable de una prestación autónoma basada en los períodos de seguro cubiertos únicamente al amparo del régimen francés, la pretensión del demandante debería estimarse de forma que no resultara excluido del Seguro de Desempleo antes de haber adquirido un derecho a obtener una prestación completa en forma de una pensión autónoma o bien acumulando pensiones proporcionales (como de hecho sucedió al cumplir los 65 años).Véase la obligación de proceder a un nuevo cálculo con arreglo al apartado 2 del artículo 49 del Reglamento y tas alegaciones del Gobierno francés respecto a los hechos, p. 6 parte superior.
37.Las anteriores consideraciones se han efectuado partiendo de la aplicabilidad del inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo 49. Para ello he supuesto que esta disposición dispensa del cálculo comparativo del artículo 46. Pero incluso aplicando el artículo 46, las consecuencias jurídicas son idénticas. Lo antedicho puede aplicarse mutatis mutandis al cálculo de la prestación autònoma en el sentido del apartado 1 del artículo 46, esto es, a la primera fase del cálculo.38.El cálculo de una prestación autónoma debe llevarse a cabo forzosamente antes de que la institución competente calcule la prestación a prorrata conforme al apartado 2 del artículo 46. Unicamente procede pagar la pensión proporcional en el supuesto de que, comparando los resultados de ambos cálculos, la cuantía de la prestación de la pensión a prorrata resulte superior a la de la pensión autónoma.39.Si el demandante hubiera tenido derecho a una prestación autónoma y ésta fuera al menos tan elevada como la prestación proporcional, debería haberse conformado con la prestación autónoma.Con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 46 de la nueva versión, la institución competente puede, incluso, renunciar al cálculo que habrá de ser efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el inciso ii) de la letra a) [la prestación a prorrata] si el resultado de éste es idéntico o inferior al del cálculo efectuado con arreglo al lo dispuesto en el inciso i) de la letra a) [la prestación autónoma] [...].
40.El demandante ha afirmado expresa y repetidamente que el hecho de haber cubierto períodos adicionales de seguro en otro Estado miembro le perjudica respecto a un trabajador que haya cubierto el mismo período de seguro al amparo del mismo régimen.41.Al aplicar el Derecho comunitario, procede tenerse en cuenta el objetivo de los preceptos aplicables. A los fines de interpretación del artículo 46 del Reglamento n° 1408/71, el Tribunal de Justicia ha declarado queno se alcanzaría la finalidad de los artículos 48 a 51 [del Tratado] si, como consecuencia de ejercitar su derecho a la libre circulación, los trabajadores hubiesen de perder los beneficios de Seguridad Social que, en todo caso, les garantiza la mera legislación de un Estado miembro.Sentencia de 21 de octubre de 1975, Petroni (24/75, Rec. p. 1149), apartado 13; también respecto a la interpretación de preceptos similares del Reglamento n° 3, véase fa sentencia de 28 de mayo de 1974, Niemann (191/73, Rec. p. 571), apartado 5.
En una sentencia reciente, el Tribunal de Justicia va incluso más lejos cuando, a una declaración en el mismo sentido, añade: [...] o resultasen desfavorecidos en relación con la situación que habría sido la suya si hubiesen desarrollado su vida profesional en un único Estado miembro.Sentencia de 21 de marzo de 1990, Cabras (C-199/88, Rec. p. I-1023), apartado 24.
42.Respecto a la acumulación de los períodos de seguro, el Tribunal de Justicia señala lo siguiente:El artículo 51 del Tratado se refiere fundamentalmente al caso en que la legislación de un Estado miembro no conceda por sí misma al interesado el derecho a una prestación, debido al número insuficiente de períodos de cotización cubiertos con arreglo a dicha legislación, o le conceda sólo, como máximo, una prestación inferior.Véanse las sentencias Petroni, loe cit., apañado 14, y Niemann loc. cit., apartado 6; véase, asimismo, la sentencia Cabras, loe. cit., apartado 6.
43.Respecto a la pensión a prorrata, el Tribunal de Justicia extrae la siguiente consecuencia:la acumulación y el prorrateo no podrán, pues, tener lugar, si su efecto es el de reducir las prestaciones a las que el interesado puede tener derecho en virtud de la legislación de un único Estado miembro basándose únicamente en los períodos de seguro cubiertos con arreglo a dicha legislación, sin que dicho método pueda conducir, no obstante, a una acumulación de prestaciones por un mismo período.Sentencias Petroni, loe cit., apartado 16, y Niemann, loc.at., apartado 6.
44.Puede afirmarse que el hilo conductor de la jurisprudencia citada consiste en que la aplicación del Derecho comunitario en ningún caso puede situar a un trabajador migrante un una situación peor que aquélla en la que se encontraría si sólo se aplicara una de las legislaciones posibles. Opino que este principio no sólo debe emplearse en relación con la comparación de los resultados de las prestaciones obtenidos aplicando los distintos métodos contemplados en el artículo 46 del Reglamento, sino también en los supuestos de discriminación de trabajadores migrantes en el marco del seguro de pensiones. Por consiguiente, el demandante no puede ser peor tratado que si estuviera sometido exclusivamente a la aplicación del Derecho del Estado miembro. Corresponde a la institución competente efectuar la comparación que permita determinar qué método de cálculo es más favorable para el solicitante.45.El Gobierno francés ha alegado que los 150 trimestres debían computarse exclusivamente desde el punto de vista de la aplicación del Derecho francés. A esta observación procede objetar que, al aplicar las disposiciones nacionales, las correspondientes instituciones nacionales deben interpretarlas en consonancia con el Derecho comunitario. Entre las ventajas del Derecho comunitario se encuentra, al calcular una prestación autónoma, que ésta solamente se calculará con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicada por ella y en función de los períodos de seguro computables en virtud de dicha legislación.Véase la sentencia Spits, loc. cit., apartado 12.
Solamente en el supuesto de que estos requisitos no basten para causar el derecho, se acumularán a tal fin —como ya se ha señalado— los períodos cumplidos en distintos Estados miembros.46.Por consiguiente, como resultado provisional puede afirmarse que, para causar derecho a una prestación autónoma basada en los períodos de seguros cubiertos con arreglo al sistema de un Estado miembro, sólo procede tener en cuenta esos períodos. Sólo al calcular la prestación a prorrata se acumulan todos los períodos cubiertos en los distintos Estados miembros con objeto de causar el derecho.