I.

Introducción

1.

En la actualidad, el uso de programas informáticos  ( 2 ) y de Internet tanto por los profesionales como por los particulares es permanente. El servicio de desarrollo de programas informáticos adaptados a necesidades profesionales específicas también es muy frecuente en la práctica. En este ámbito, hay mucho en juego desde el punto de vista económico.

2.

Por tanto, es sorprendente que, hasta la fecha, el Tribunal de Justicia no haya tenido que pronunciarse sobre una cuestión prejudicial relativa a la opción de competencia internacional en materia contractual, prevista en el artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012,  ( 3 ) en el contexto de un litigio internacional que tenga por objeto la prestación de servicios informáticos en línea.

3.

A mi parecer, ello se debe a la existencia de cláusulas atributivas de competencia o de elección de la ley aplicable, según los usos contractuales en este ámbito de actividad.  ( 4 )

4.

Por consiguiente, la inexistencia de pacto en el litigio principal brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar los criterios de conexión con el órgano jurisdiccional competente y de resolver el dilema de cómo interpretar la opción de competencia internacional basada en la localización concreta de la prestación de servicios cuando esta se realiza por Internet. Dicho en otras palabras, ¿cómo debe determinarse el criterio material elegido por el legislador de la Unión en un contexto inmaterial?

5.

Ciertamente, este problema no es nuevo para el Tribunal de Justicia, como se desprende de su jurisprudencia relativa a la opción de competencia en materia delictual. Sin embargo, tal jurisprudencia se basa en criterios que no son extrapolables al ámbito contractual. De este modo, el debate versa sobre la disyuntiva concreta, que el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), órgano jurisdiccional remitente, plantea en estos términos: a falta de estipulaciones contractuales, ¿es preciso tener en cuenta el lugar donde se diseñó el programa informático o el lugar donde se utiliza?

6.

Voy a exponer las razones por las que, en este contexto particular de prestación de servicios informáticos en una red abierta como Internet, considero que el criterio que debe adoptarse es el del lugar en el que el servicio se concreta para el usuario.  ( 5 )

II.

Marco jurídico

7.

Los considerandos 15 y 16 del Reglamento n.o 1215/2012 disponen:

8.

De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento:

9.

El artículo 7, punto 1, del citado Reglamento establece:

–

cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías,

–

cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios;

III.

Hechos del procedimiento principal y cuestión prejudicial

10.

VariusSystems digital solutions GmbH,  ( 6 ) con domicilio social en Viena (Austria), ejerce su actividad en el sector de los servicios informáticos. Desarrolló para GR, propietaria de la empresa B & G, establecida en Alemania, un programa informático que permitía la evaluación de pruebas de COVID‑19 conforme a las exigencias del legislador alemán y estaba destinado a ser utilizado en centros de prueba alemanes.  ( 7 ) El contrato tenía por objeto el desarrollo  ( 8 ) y la explotación  ( 9 ) del programa informático en Alemania. Las partes del litigio principal no celebraron un contrato por escrito, no designaron los tribunales competentes en caso de controversia y no acordaron el lugar de cumplimiento.

11.

VariusSystems reclama a GR el pago de las facturas de todas las pruebas de COVID‑19 realizadas, por un importe total de 101 587,68 euros, más intereses, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 3 de junio de 2022. Basa la competencia de los órganos jurisdiccionales austriacos en el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012, por considerar que, aunque el programa informático había sido especialmente adaptado y desarrollado atendiendo a las necesidades individuales de la empresa de GR para ser utilizado en Alemania, todos esos trabajos se realizaron en Viena.

12.

De los autos remitidos por el órgano jurisdiccional remitente resulta que el litigio entre las partes tiene su origen en ciertas deficiencias del programa informático suministrado, alegadas por GR, en particular en lo que atañe al cumplimiento de las exigencias del legislador alemán y de la Kassenärztliche Bundesvereinigung (Asociación Federal de Médicos Adscritos a las Mutualidades del Seguro Obligatorio de Enfermedad, Alemania) relativas a la facturación de las pruebas de detección y a las modalidades de registro de los certificados de prueba en la aplicación «Corona‑Warn‑App».

13.

GR impugna la competencia internacional del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda. Alega que la prestación característica del contrato en cuestión era la utilización del programa informático conforme a las exigencias impuestas por el legislador alemán, para personas físicas alemanas y en Alemania, y deduce de ello que el lugar de cumplimiento es el de su domicilio social.

14.

El Landesgericht Wien (Tribunal Regional de Viena, Austria) desestimó la demanda por falta de competencia internacional. Calificó el contrato celebrado por las partes de «contrato de compraventa» y señaló que el lugar de cumplimiento es el del domicilio de la empresa de GR en Alemania.

15.

El Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria) confirmó esta resolución, si bien aceptó la calificación de «prestación de servicios», en el sentido del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012, debido, en particular, a que el programa informático tuvo que adaptarse y desarrollarse especialmente atendiendo a las necesidades individuales de la empresa de GR, habida cuenta de las exigencias del legislador alemán. Tras señalar que los servicios que no presentan un vínculo con un lugar determinado se consideran prestados allí donde llegan al destinatario, dicho órgano jurisdiccional declaró que, en el presente asunto, ese lugar se ubica en Alemania, donde está disponible el programa informático que debe adaptarse específicamente a la situación alemana, lo que constituye la prestación característica del contrato.

16.

VariusSystems interpuso recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal), que considera asimismo que procede aplicar el artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012 al desarrollo de programas individualizados.

17.

Según dicho órgano jurisdiccional, es preciso determinar el lugar en el que se ha desarrollado de manera preponderante la prestación de servicios,  ( 10 ) lo que llevaría a considerar el lugar de cumplimiento de los contratos de desarrollo de programas informáticos el lugar de suministro de la prestación intelectual, y no el lugar de acceso y utilización del programa informático.

18.

No obstante, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la pertinencia de tal solución debido a que una parte de la doctrina afirma que, cuando un servicio no presenta un vínculo con un lugar determinado, se considera prestado allí donde llega al destinatario.

19.

Destaca que, en el presente asunto, la prestación intelectual realizada en Austria carece de valor autónomo si no se accede a ella y se usa en Alemania, máxime cuando VariusSystems subraya que debía ser remunerada por cada prueba realizada con éxito. Añade que los órganos jurisdiccionales del lugar de utilización del programa informático, debido a la proximidad material y probatoria, probablemente están en mejores condiciones para resolver cuestiones sustantivas relacionadas con la ejecución del contrato. Así pues, se pregunta si, para determinar el lugar de cumplimiento de los servicios a distancia, como los del presente asunto, lo decisivo es el lugar en el que el prestador de servicios realizó el trabajo o bien el lugar que se tuvo en cuenta para realizar la prestación de servicios y donde esta llegó al cliente.

20.

En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

21.

VariusSystems, GR y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas.

IV.

Análisis

22.

Se plantea al Tribunal de Justicia una cuestión inédita relativa a la interpretación del artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012 en el contexto del suministro de un programa informático desarrollado y explotado por un desarrollador en un Estado miembro para responder a las necesidades específicas de un usuario sito en otro Estado miembro.

23.

Con carácter preliminar, procede examinar la calificación del contrato. Dadas las características de las obligaciones contractuales en cuestión,  ( 11 ) comparto la opinión de las partes y del órgano jurisdiccional remitente de que el contrato en cuestión está comprendido en el concepto de «prestación de servicios».

24.

En efecto, procede remitirse a los principios recordados en la sentencia de 14 de septiembre de 2023, EXTÉRIA,  ( 12 ) y a los criterios establecidos en la sentencia de 25 de febrero de 2010, Car Trim.  ( 13 ) Unos y otros permiten optar por calificar el contrato de «compraventa de mercaderías» o de «prestación de servicios».  ( 14 ) En este sentido, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, es preciso determinar cuál es la obligación característica del contrato de que se trate y cuál es la contrapartida de su ejecución. En el presente asunto, la actividad de VariusSystems consistió en desarrollar un programa informático adaptado a las necesidades de la empresa de GR y garantizar su explotación. Se trata de prestaciones de servicios que fueron efectuadas como contrapartida de una remuneración que GR debía pagar por cada uso.  ( 15 ) Así pues, se cumplen los criterios de la «prestación de servicios», en el sentido del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012.  ( 16 )

25.

Por consiguiente, procede examinar la respuesta que debe darse a la única cuestión prejudicial mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si debe considerarse que el lugar de cumplimiento de un contrato de «prestación de servicios», en el sentido del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012, en caso de suministro en línea  ( 17 ) de un programa informático, es aquel en el que dicho programa informático ha sido desarrollado  ( 18 ) por una sociedad de servicios informáticos o, por el contrario, aquel en el que ha sido utilizado por su cliente.

26.

Cuando las cláusulas contractuales no contienen elementos que permitan determinar el lugar de cumplimiento del contrato, a falta de pacto o de cualquier otro documento,  ( 19 ) la respuesta a esta cuestión debe basarse en las dos consideraciones principales siguientes, recordadas recientemente por el Tribunal de Justicia:  ( 20 )

–

la regla de competencia especial en materia contractual, establecida en el artículo 7, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012, justificada por la existencia de un estrecho vínculo de conexión entre el contrato y el tribunal que debe conocer del mismo, completa la regla general de competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado, y

–

el criterio de conexión respecto a este contrato, definido de forma autónoma como el lugar de un Estado miembro en el que, según el contrato, hubieran sido o debieran ser prestados los servicios, se ha elegido a fin de reforzar los objetivos de unificación y de previsibilidad de las reglas de competencia judicial y, en consecuencia, de seguridad jurídica.

27.

En otras palabras, esta regla de competencia especial, que pretende distinguirse de la regla de competencia general, se basa en un criterio puramente factual que lleva a designar a un órgano jurisdiccional que presenta un vínculo directo con el asunto a fin de cumplir las exigencias de una buena administración de justicia.  ( 21 )

28.

Esta lógica y esta finalidad me llevan a considerar, por lo que respecta a la prestación de servicios en línea por una sociedad de servicios informáticos, y a falta de elección por parte del legislador de la Unión en tal ámbito inmaterial, que el criterio de conexión adecuado es el del lugar de cumplimiento efectivo de dicho contrato,  ( 22 ) a saber, el lugar desde el que el cliente accede concretamente a la prestación en línea o, dicho de otro modo, el «lugar donde la actividad en línea produce el impacto más significativo»,  ( 23 ) o incluso el «lugar de prestación final de los servicios».  ( 24 )

29.

Cuatro tipos de argumentos, de orden literal, jurisprudencial, práctico y relativo a la ley aplicable, abogan en favor de la elección del criterio de la utilización del servicio en detrimento del de su origen.

30.

En primer lugar, cabe invocar un argumento literal basado en la expresión «el lugar […] en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios».  ( 25 ) Así pues, la prestación de un servicio  ( 26 ) debe distinguirse de su concepción.

31.

En segundo lugar, en el supuesto de que no se establezcan criterios en el contrato, que no está previsto en al artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012, el Tribunal de Justicia ha optado, en lo que atañe a la compraventa a distancia de mercaderías, por el criterio del «destino final» de dicha operación.  ( 27 ) En cuanto a la prestación de servicios, en caso de una pluralidad de lugares de cumplimiento de la obligación característica del contrato, cuando no puede identificarse, sobre la base de dicho contrato, el lugar de prestación principal de los servicios,  ( 28 ) se ha determinado, con carácter subsidiario, el lugar en el que se hayan desarrollado, de manera preponderante, las actividades en cumplimiento del contrato.  ( 29 ) El Tribunal de Justicia ha confirmado la elección del criterio de cumplimiento efectivo del contrato  ( 30 ) en la sentencia Saey Home & Garden.  ( 31 ) En este sentido, la elección del criterio de la utilización final del servicio en línea es acorde a esta jurisprudencia,  ( 32 ) que en mi opinión no debe limitarse únicamente a los casos en los que la prestación de servicios se realiza en varios Estados miembros.  ( 33 )

32.

No obstante, debo observar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también respalda opiniones en sentido contrario.

33.

En primer término, como se desprende de la petición de decisión prejudicial y de la información obrante en autos, la discusión versa sobre el criterio establecido en la sentencia Wood Floor para determinar el lugar en el que el prestador desempeña principalmente su trabajo, lo que llevaría a dar preferencia, en el presente asunto, al lugar donde se realizó la prestación intelectual.

34.

En mi opinión, tanto de la sentencia Wood Floor como de la sentencia Saey Home & Garden, basadas en el criterio del cumplimiento efectivo del contrato, resulta que, a falta de cláusulas contractuales, debe determinarse el lugar donde se materializa la prestación de servicios. De este modo, tanto en la relación entre un empresario y un agente comercial como en la existente, en virtud de un contrato de concesión mercantil, entre un proveedor y un distribuidor, el foro elegido es el que corresponde a la parte esencial de la actividad, que consiste, en el primer caso, en la realización, por el agente, de distintas prestaciones para preparar, negociar y, en su caso, concluir las operaciones comerciales por cuenta del empresario  ( 34 ) y, en el segundo caso, en la distribución de los productos del proveedor.  ( 35 )

35.

Además, es preciso señalar que estas resoluciones fueron adoptadas habida cuenta de circunstancias particulares, resultantes de la localización de las actividades en varios Estados miembros, y que, por tanto, están en línea  ( 36 ) con las sentencias Color Drack, relativa a una compraventa de mercaderías entregadas en distintos lugares de un mismo Estado miembro,  ( 37 ) y de 9 de julio de 2009, Rehder,  ( 38 ) que tenía por objeto una prestación de servicios realizada en dos Estados miembros.  ( 39 )

36.

El alcance de esta jurisprudencia sería demasiado amplio si de ella se dedujera que, en todos los casos, el lugar de prestación del servicio es aquel en el que el proveedor la realiza. En efecto, por un lado, el Tribunal de Justicia ha precisado algunos elementos concretos útiles para identificar el lugar de cumplimiento de la prestación que corresponde determinar al juez nacional habida cuenta de las situaciones sometidas a su apreciación.  ( 40 )

37.

Por otro lado, dicha jurisprudencia refleja, en mi opinión, el interés en la búsqueda de la localización de la actividad según un enfoque económico, con el objetivo de satisfacer de la mejor forma posible las exigencias de proximidad y de previsibilidad. Este enfoque me parece especialmente adaptado a las prestaciones de servicios informáticos realizadas en línea, debido a su carácter inmaterial, mientras su destinatario no haya tenido acceso a ellas.

38.

En segundo término, también cabe afirmar, a la vista de este carácter inmaterial,  ( 41 ) que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de examinar una situación análoga, a saber, la concesión de un préstamo por una entidad bancaria.  ( 42 ) Tras declarar que la obligación característica de dicho contrato es la entrega de la cantidad prestada, mientras que la obligación del prestatario consistente en reembolsar esa suma no es más que la consecuencia del cumplimiento de la prestación del prestamista, el Tribunal de Justicia precisó que el lugar en que se prestaron los servicios, a efectos del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 1215/2012 —en caso de concesión de un préstamo por una entidad de crédito— es el lugar en que está situado el domicilio de dicha entidad.  ( 43 )

39.

He de observar, a este respecto, que el Tribunal de Justicia tomó en consideración las características de la prestación de servicios de un banco que no presentaba una conexión con un lugar determinado y que no debía pronunciarse sobre la transferencia bancaria a una cuenta situada en un Estado miembro distinto al del domicilio social de dicha entidad.  ( 44 )

40.

Por estos motivos, la solución adoptada en la sentencia Kareda no me parece extrapolable al caso del suministro de programas informáticos en línea y, menos aún, en un contexto transfronterizo.

41.

En tercer lugar, por lo que respecta a las consideraciones prácticas que sirven también de base a la discusión, considero que debe rechazarse la alegación según la cual, en esencia, la obligación característica de un contrato de prestación de servicios en línea solo puede ser la de la carga («upload» en inglés) por parte del proveedor de contenidos digitales, debido a que la localización de dicho suministro no puede depender de la intervención del cliente.  ( 45 ) En este supuesto, debería elegirse el lugar desde el cual el proveedor desarrolla concretamente su actividad.

42.

Si bien comparto el análisis en el que se basa en parte esta alegación, a saber, que las actividades desarrolladas en línea siempre pueden vincularse a lugares concretos,  ( 46 ) considero que la solución propuesta no toma en consideración la diversidad de estas actividades en función tanto de su naturaleza  ( 47 ) como de su posible localización.  ( 48 )

43.

En efecto, una sociedad de servicios informáticos puede realizar una prestación en distintas fases, total o parcialmente: desarrollo del programa informático (o fase de creación), implantación (o fase de puesta en servicio al cliente) y explotación (o fase de garantía del buen funcionamiento). Estas diferentes actividades no se efectúan necesariamente en el domicilio de la empresa que presta el servicio o los servicios de que se trate.

44.

De ello deduzco, de entrada, al igual que la Comisión, que el diseño y la programación de un programa informático no constituyen la obligación característica del contrato de suministro de dicho programa, dado que, sin la implantación, el servicio no sería efectivo para el cliente.  ( 49 ) A partir de esta fase, el programa informático puede utilizarse, tras haber sido sometido a pruebas, y puede someterse a un control de calidad. Tal operación se lleva a cabo en el lugar en el que el usuario tiene acceso al programa informático. Así pues, considero que esa fase del servicio debe distinguirse de la de explotación. Dado que esta no impone nuevos desarrollos informáticos, solo constituye una obligación accesoria que no puede servir de base a un criterio de conexión.

45.

A continuación, como observa acertadamente la Comisión, la actividad del desarrollador puede llevarse a cabo en una ubicación distinta del domicilio de la empresa.  ( 50 ) Lo mismo ocurre con la actividad de implantación del programa informático. Además, el desarrollador o cualquier otro proveedor de contenidos digitales puede realizarla directamente en línea en los equipos del cliente, ya sea mediante la puesta a disposición en línea, por ejemplo, a través del sitio del prestador de servicios, a través de Internet, o a través de una plataforma informática,  ( 51 ) o incluso en el marco de un contrato de prestación de servicios de computación en la nube («cloud computing» en inglés).  ( 52 )

46.

Por tanto, son múltiples los criterios de localización de la actividad de prestación de servicios que pueden fundamentarse en el artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012, con excepción, no obstante, de toda conexión basada en la localización del servidor.  ( 53 ) A este respecto, me parece que las dificultades concretas de localización a las que puede enfrentarse el cliente de un servicio en línea se derivan claramente de las circunstancias de hecho descritas por el órgano jurisdiccional remitente y de sus propias preguntas. En el presente asunto, se plantean las cuestiones siguientes: ¿es preciso distinguir el servicio de desarrollo inicial (o diseño) del programa informático del servicio de mantenimiento (o seguimiento), pese a que guardan una relación estrecha debido a la actualización regular de dicho programa? Estos servicios, ¿se prestan desde el mismo lugar? ¿Cómo ha implantado (o puesto a disposición) el desarrollador (VariusSystems) el programa informático? A falta de precisiones en la resolución de remisión o de constataciones en las resoluciones anteriores dictadas en el asunto principal transmitidas al Tribunal de Justicia, ¿cabe presuponer, dado el modo de facturación, que un programa informático de tipo «Software as a Service»  ( 54 ) se ha implantado en una plataforma y no se ha instalado en los equipos del cliente que lo ha descargado? En efecto, según me consta, por lo que respecta a las prestaciones informáticas en línea, en la última década, en la mayoría de los casos,  ( 55 ) el cliente accede a los programas informáticos a través de una red (por ejemplo, Internet), desde su ordenador o por cualquier otro medio en el marco de un servicio de computación en la nube («cloud computing»).  ( 56 )

47.

Por último, considero que la diversidad de estos modos de prestación de servicios informáticos y su evolución tecnológica y económica permanente  ( 57 ) pueden, en mi opinión, bastar para justificar que el único lugar de cumplimiento cierto y, por tanto, previsible de un contrato de prestación de servicios en línea sea aquel donde se disfrutan en concreto tales servicios.  ( 58 )

48.

Esta preferencia por el lugar de recepción o de uso del servicio o los servicios prestados presenta la ventaja de no modificar los criterios de conexión en función de las distintas etapas de las prestaciones de servicios y de no someter al usuario a la elección del lugar de realización de estas, cuando, además, la tendencia económica es la externalización a terceros países. A la inversa, considerar que, en todos los casos, los programas informáticos se desarrollan en el domicilio social del desarrollador podría constituir una ficción y establecer un forum actoris, contrario a los objetivos del artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012.  ( 59 )

49.

Por otra parte, tal adaptación de los criterios de conexión a la complejidad de la prestación concreta de los servicios no es nueva. En efecto, ya se ha realizado en materia de transporte aéreo, en la que el Tribunal de Justicia ha dado prioridad al lugar de disfrute del servicio, a saber, la salida del primer vuelo y la llegada del último.  ( 60 )

50.

Ciertamente, adoptar el criterio del destino final del servicio puede presentar dificultades análogas cuando el cliente accede a un servicio en distintos lugares. En el presente asunto, parece ser el caso de Alemania, tal como se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia. Según su jurisprudencia reiterada, basta con determinar que la esencia de la actividad se ha desarrollado en el Estado miembro de que se trate.  ( 61 ) Sucede lo mismo si el servicio en línea se debe utilizar en una pluralidad de Estados miembros.  ( 62 ) Por último, este lugar es, en mi opinión, previsible para el prestador de servicios informáticos. En efecto, las especificaciones a las que debe adecuarse en caso de desarrollo de un programa informático están sujetas a la ley del Estado de implantación.  ( 63 ) En estas circunstancias, en el supuesto de uso equivalente en distintos lugares, no me parece útil aplicar la norma de competencia del artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012, puesto que el objetivo de proximidad no lo justifica.  ( 64 )

51.

En cuarto lugar, queda por examinar una última cuestión accesoria al análisis, relativa a la ley aplicable al contrato. A falta de elección de la ley aplicable, como en el presente asunto, el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)  ( 65 ) dispone que «el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual».  ( 66 ) Así pues, esta disposición respaldaría la elección de ese criterio de conexión con el órgano jurisdiccional competente.  ( 67 ) Esta argumentación no me parece concluyente. En efecto, por un lado, existe una discordancia legislativa entre el objetivo de proximidad que resulta de la elección de un criterio de competencia especial en materia contractual  ( 68 ) y los relativos a la determinación de la ley aplicable al contrato. Por el otro, dado que se establece un criterio de competencia en función del lugar de cumplimiento efectivo del contrato respecto del beneficiario, la solución consistente en aplicar el artículo 4, apartado 3, del Reglamento Roma I  ( 69 ) me parece fundada.  ( 70 )

52.

Por consiguiente, del examen de los motivos que justificarían adoptar como criterio de competencia el del lugar del domicilio de la sociedad que ha desarrollado un programa informático se desprende que no permiten cuestionar los que he expuesto para considerar que, en el ámbito del suministro de programas informáticos, ya sean estandarizados o personalizados, cuando su uso esté supeditado a una prestación de servicios, como el acceso en línea, es especialmente adecuado elegir como criterio de competencia, sobre la base del artículo 7, punto 1, letra b), del Reglamento n.o 1215/2012, el del lugar en el que, concretamente, el destinatario de dicha prestación disfruta efectivamente de ella.

V.

Conclusión

53.

A la luz de todas las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria):