1.

El presente asunto prejudicial se inscribe en el contexto jurídico del Reglamento (CE) n.o 4/2009.  ( 2 ) En el marco jurídico y fáctico del presente asunto, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente invitará al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento. En particular, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre la cuestión de si una solicitud de asistencia jurídica gratuita,  ( 3 ) presentada por el acreedor de alimentos con el fin de demandar al deudor ante los tribunales, puede estar comprendida en este concepto.

I.

Marco jurídico

A.

Derecho internacional público

2.

Según el artículo 3, apartado 1, del Protocolo de La Haya:  ( 4 )

3.

El artículo 4 de ese Protocolo establece normas especiales a favor de determinados acreedores de alimentos, aplicables, en particular, a las obligaciones de alimentos de los padres a favor de sus hijos. El apartado 3 de este artículo dispone lo siguiente:

B.

Derecho de la Unión

Reglamento n.o 4/2009

4.

El considerando 1 del Reglamento n.o 4/2009 indica que este fue adoptado por el legislador de la Unión con el fin de alcanzar su objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del cual estuviera garantizada la libre circulación de personas.

5.

Según su considerando 9, el Reglamento tiene por objeto facilitar la obtención de una resolución en materia de alimentos que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna otra formalidad.

6.

De conformidad con su considerando 36 y su capítulo V, titulado «Acceso a la justicia», el citado Reglamento tiene por objeto establecer un régimen especial de asistencia jurídica gratuita para las obligaciones de alimentos que prevea la asunción total de los costes ligados a los procedimientos iniciados a través de las autoridades centrales relacionados con las obligaciones de alimentos respecto de menores de veintiún años.

7.

El considerando 44 del mismo Reglamento señala que este está llamado a objeto modificar el Reglamento (CE) n.o 44/2001,  ( 5 ) sustituyendo las disposiciones de este aplicables en materia de obligaciones de alimentos.

8.

El artículo 3 del Reglamento n.o 4/2009 dispone:

9.

Según recoge el artículo 9 (titulado «Recurso a un órgano jurisdiccional») de dicho Reglamento en su letra a):

10.

Según el artículo 12 (titulado «Litispendencia») de dicho Reglamento:

11.

A tenor del artículo 15 del mismo Reglamento:

C.

Derecho alemán

1.

FamFG

12.

La Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ley de Procedimiento en Materia de Familia y de Jurisdicción Voluntaria) (en lo sucesivo, «FamFG») enuncia en su artículo 76, apartado 1:

13.

El artículo 77, apartado 1, de la FamFG dispone:

14.

El artículo 113, apartado 1, de la FamFG dispone:

2.

ZPO

15.

La Zivilprozessordnung (Ley de Procedimiento Civil) (en lo sucesivo, «ZPO») enuncia en su artículo 114, apartado 1:

16.

El artículo 117 de la ZPO establece:

17.

Según el artículo 118, apartado 1, de la ZPO:

18.

El artículo 167 (titulado «Efecto retroactivo de la notificación») de la ZPO dispone:

19.

El artículo 261 de la ZPO establece:

3.

Código Civil

20.

El Código Civil establece en su artículo 204 («Suspensión de la prescripción por el ejercicio de acciones judiciales»), apartado 1, punto 14:

II.

Hechos del litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

21.

BC, demandante en el procedimiento principal, es hijo del demandado en el procedimiento principal, LG. BC tiene su residencia habitual en Suecia, mientras que LG vive en Alemania.

22.

El 17 de diciembre de 2021, BC presentó ante el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, una solicitud de asistencia jurídica gratuita con el fin de presentar una solicitud de modificación de la pensión de alimentos de un menor. BC adjuntó a dicha solicitud un borrador de dicha demanda de modificación, precisando que la presentaría formalmente en caso de que se le concediera la asistencia jurídica gratuita.

23.

El 28 de enero de 2022, es decir, antes de que el órgano jurisdiccional remitente se pronunciara sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita, LG presentó una solicitud de modificación de la pensión de alimentos adeudada a BC ante el Eskilstuna tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna, Suecia).

24.

Mediante resolución de 29 de marzo de 2022, el órgano jurisdiccional remitente denegó la concesión de la asistencia jurídica gratuita a BC, al considerar que carecía de competencia internacional. Tras el recurso interpuesto por BC, el Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Schleswig-Holstein, Alemania) anuló, mediante resolución de 27 de mayo de 2022, la resolución dictada por el órgano jurisdiccional remitente y concedió asistencia jurídica gratuita a BC.

25.

Posteriormente, BC presentó la solicitud de modificación de la pensión de alimentos ante el órgano jurisdiccional remitente, que fue notificada a LG el 21 de julio de 2022.

26.

Entretanto, la solicitud de modificación presentada por LG ante el Eskilstuna tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna) había sido desestimada por falta de competencia internacional. El Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia) anuló esa resolución y devolvió el asunto al órgano jurisdiccional de primera instancia. Este último, mediante auto de 6 de mayo de 2024, suspendió el procedimiento, en aplicación del artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.o 4/2009.

27.

El órgano jurisdiccional remitente estima necesario determinar la competencia del tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda, en el sentido del artículo 12 del Reglamento n.o 4/2009. En lo que respecta a la solicitud de asistencia jurídica gratuita, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si puede tener la consideración de documento equivalente a un escrito de interposición de la demanda, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento, a fin de verificar su propia competencia. Dado que esta cuestión aún no ha sido abordada por el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente considera que solo una interpretación uniforme del Reglamento n.o 4/2009 permitiría garantizar una seguridad jurídica suficiente.

28.

En estas circunstancias, el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

29.

La resolución de remisión, de 22 de julio de 2024, fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2024. Las partes demandante y demandada en el procedimiento principal y los Gobiernos alemán y checo, así como la Comisión Europea, presentaron observaciones escritas. El 18 de junio de 2025 se celebró una vista, en la que la Comisión y el Gobierno alemán formularon observaciones orales.

III.

Análisis

A.

Sobre las enseñanzas que han de extraerse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «escrito de interposición de la demanda» o de «documento equivalente» en el marco de otros instrumentos jurídicos

30.

Con carácter preliminar, ha de señalarse que, dado que en el presente asunto se solicita por primera vez al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, que figura en el artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009, procede preguntarse si pueden encontrarse algunas indicaciones para la reflexión, e incluso elementos de respuesta, en instrumentos similares y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. En efecto, los conceptos de «escrito de interposición de la demanda» y, en particular, de «documento equivalente» son conceptos transversales que se encuentran en varios convenios internacionales u otros instrumentos jurídicos relativos a la competencia judicial en materia civil. Así pues, estos conceptos ya han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, lo que permite esbozar sus contornos en el contexto de dichos convenios internacionales e instrumentos jurídicos, recordatorio este que me parece indispensable antes de abordar el examen de la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia en el presente asunto.

31.

A este respecto, cabe señalar que, en sus primeras sentencias relativas a su interpretación en el marco del Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»),  ( 6 ) el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de precisar que el concepto de «escrito de interposición de la demanda» (tras cuya presentación se producirá la entrega de la «cédula de emplazamiento») o «documento equivalente» designa el documento o los documentos cuya notificación al demandado, efectuada de forma regular y con tiempo suficiente, coloca a este en condiciones de invocar sus derechos antes de que se dicte en el Estado de origen una sentencia ejecutoria.  ( 7 )

32.

Sobre la base de esta definición, el Tribunal de Justicia consideró como escrito de interposición de la demanda una orden judicial de pago de Derecho alemán (Zahlungsbefehl), cuya notificación faculta al demandante, en el supuesto de que no se formule oposición, para obtener una resolución ejecutoria,  ( 8 ) así como una orden conminatoria de pago de Derecho italiano (decreto ingiuntivo) notificada conjuntamente con la demanda.  ( 9 )

33.

Por el contrario, el Tribunal de Justicia consideró que no quedaba comprendida en el concepto de «escrito de interposición de la demanda» una resolución de Derecho alemán por la que se decreta la ejecución (Vollstreckungsbefehl), dictada a continuación de la notificación de la orden judicial de pago y por sí misma ejecutoria.  ( 10 )

34.

Sobre la base de las enseñanzas que han de extraerse de la jurisprudencia citada, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el marco de los procedimientos de requerimiento de pago, en lo que respecta al Convenio de Lugano II,  ( 11 ) que, en caso de sucederse dos procedimientos, cada uno de los cuales permite obtener, a su finalización, una resolución ejecutoria sobre la misma obligación, el arranque del primero únicamente puede reconocerse como escrito de interposición de la demanda para el segundo si hay unidad funcional entre ambos.  ( 12 )

35.

A este respecto, es importante señalar que el criterio de unidad funcional antes mencionado se hace eco de otros ejemplos de la jurisprudencia relativa a la interpretación de los conceptos de «escrito de demanda» o «documento equivalente», en particular la sentencia Schlömp,  ( 13 ) que también versa sobre la interpretación del Convenio de Lugano II.  ( 14 )

36.

Con esa sentencia, el Tribunal de Justicia no solo consagró un enfoque funcional para considerar, en esencia, que la fecha en la que se ha iniciado un procedimiento obligatorio de conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la que se considera que un «tribunal» conoce del litigio. También subrayó que, habida cuenta del paralelismo existente entre los mecanismos para resolver los casos de litispendencia establecidos por el Convenio de Lugano II y, en particular, el Reglamento n.o 44/2001  ( 15 ) y a la vista del objetivo de interpretación uniforme de las disposiciones equivalentes de dicho Convenio y del citado Reglamento, una situación de litispendencia reviste un carácter objetivo y automático y se basa en el orden cronológico en que se presentan las demandas ante los tribunales,  ( 16 ) al igual que lo había hecho ya otra importante sentencia en la materia, a saber, la sentencia HanseYachts.  ( 17 )

37.

En esta última, el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre si, en caso de litispendencia, el escrito mediante el que se inicia un procedimiento dirigido a obtener una diligencia de prueba anterior a cualquier proceso es un «escrito de interposición de la demanda» o un «documento equivalente», o si esta calificación solo corresponde al escrito mediante el cual se inicia el procedimiento contencioso,  ( 18 ) es decir, el procedimiento «sobre el fondo».  ( 19 )

38.

Basándose en el contexto del artículo 30 del Reglamento n.o 44/2001, su objetivo,  ( 20 ) el carácter autónomo del primer procedimiento de prueba con respecto al segundo procedimiento «sobre el fondo» y la existencia de una clara distinción entre ambos procedimientos, el Tribunal de Justicia consideró que, en caso de litispendencia, la fecha en la que se ha iniciado un procedimiento dirigido a obtener una diligencia de prueba antes de cualquier proceso no podía constituir la fecha en la que «se considerará que conoce de un litigio», en el sentido del artículo 30, punto 1, del Reglamento n.o 44/2001, un órgano jurisdiccional que ha de pronunciarse sobre una demanda «en cuanto al fondo» en el Estado miembro con posterioridad al resultado de dicha diligencia.  ( 21 )

39.

En otras palabras, según el Tribunal de Justicia, el escrito por el que se solicita a un órgano jurisdiccional una diligencia, antes de cualquier proceso, no puede calificarse de escrito de interposición de la demanda o de documento equivalente, dado que, en esencia, el procedimiento iniciado mediante dicho escrito es autónomo con respecto al procedimiento «sobre el fondo».

40.

A este respecto, pueden extraerse las enseñanzas siguientes de la jurisprudencia citada. Por una parte, el escrito de interposición de la demanda, o documento equivalente, debe notificarse a la parte contraria para darle la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.  ( 22 ) Este requisito implica lógicamente que dicho escrito informe a la parte contraria de la incoación del procedimiento en su contra y de los elementos esenciales del litigio, permitiéndole así comprender si debe preparar su defensa.  ( 23 ) Dado que la incoación del procedimiento conduce a la adopción de una resolución judicial, el respeto del derecho de defensa y, en general, de una fase contradictoria reviste una importancia particular. En efecto, ello se explica a la luz de los instrumentos jurídicos relativos a la competencia internacional, que velan por que los procedimientos que conducen a la adopción de resoluciones judiciales cuyo reconocimiento y ejecución deben garantizarse en todos los Estados partes en dichos instrumentos se desarrollen en el respeto del principio de contradicción. Este respeto justifica el enfoque liberal en materia de reconocimiento y ejecución.  ( 24 )

41.

Por otra parte, un escrito de interposición de la demanda o documento equivalente debe conducir a la adopción de una resolución ejecutoria y, por lo tanto, se refiere, en principio, al procedimiento «sobre el fondo». Cuando menos, debe referirse a un procedimiento previo y obligatorio en el Derecho nacional antes incluso de iniciar dicho procedimiento contencioso «sobre el fondo»  ( 25 ) o a un procedimiento que permita crear una unidad funcional o, en cualquier caso, que no sea autónomo respecto de dicho procedimiento «sobre el fondo».

42.

Dicho esto, cabe señalar que ninguno de estos ejemplos extraídos de la jurisprudencia se refiere directamente a la interpretación del concepto de «escrito de interposición de la demanda» o «documento equivalente» en el sentido del Reglamento n.o 4/2009. Por lo tanto, ha de procederse a la interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, sobre el que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento, examinando, en su caso, si puede establecerse una analogía con las enseñanzas extraídas de la jurisprudencia citada en los puntos 31 a 39 de las presentes conclusiones.

B.

Sobre la interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009

1.

Hacia una precisión de los criterios de interpretación del concepto de «documento equivalente» a la luz de la jurisprudencia existente

43.

Con carácter preliminar, ha de recordarse que es reiterada jurisprudencia que las disposiciones relativas a las reglas de competencia deben interpretarse de manera autónoma atendiendo, por una parte, a los objetivos y al sistema del Reglamento considerado, así como, por otra parte, a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales.  ( 26 )

44.

El capítulo II del Reglamento n.o 4/2009, titulado «Competencia», comprende el artículo 9, que establece las normas que permiten determinar el momento en que se considera que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio. Este momento es crucial para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un litigio transfronterizo. En efecto, en una situación de litispendencia, es decir, cuando se formulan demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera.  ( 27 ) De conformidad con este artículo 9, letra a), en esencia, se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente.

45.

Sin embargo, el Reglamento n.o 4/2009 no define el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda (ni tampoco el del propio escrito de interposición de la demanda), sobre el que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia en el presente asunto. Del tenor del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento se desprende que este documento equivalente inicia el procedimiento. Así pues, tanto el concepto de «escrito de demanda» como el de «documento equivalente» remiten a la idea general de que se trata de un escrito que pone en marcha el procedimiento.  ( 28 )

46.

En lo que respecta al presente asunto, el término de «procedimiento» debe entenderse como referido a los procedimientos «sobre el fondo», cuyo objeto es determinar los derechos y obligaciones de las partes del litigio mediante la adopción de una resolución judicial que ponga fin al procedimiento, susceptible de ser reconocida y ejecutada. Así pues, el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda debe interpretarse en el sentido de que plantea el litigio ante un tribunal en cuanto al fondo y,  ( 29 ) en el caso de autos, en materia de obligaciones de alimentos.

47.

Estimo que el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda se refiere inevitablemente a los efectos equivalentes que produce la incoación del procedimiento, es decir, el inicio de un procedimiento judicial con el objetivo de obtener una resolución ejecutoria que satisfaga las pretensiones del demandante.  ( 30 ) Ahora bien, dado que el procedimiento conduce a la adopción de una resolución judicial, el documento que lo inicia debe inscribirse en el marco de un procedimiento contradictorio, es decir, debe permitir a la parte contraria preparar su defensa antes de que se dicte una resolución ejecutoria en su contra.

48.

Esta interpretación se ve reforzada por el tenor del artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009, según el cual se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio desde el momento en que se le hubiere presentado el documento equivalente al escrito de demanda, a lo cual debe seguir la entrega al demandado de la cédula de emplazamiento.

49.

El contexto en que se inscribe el artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009, que acentúa la importancia atribuida al respeto del principio de contradicción, permite corroborar esta interpretación y, por lo demás, garantizar una interpretación uniforme del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda en el propio Reglamento. En efecto, el artículo 19, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento,  ( 31 ) relativo al «Derecho a solicitar un reexamen» de la resolución ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen por un demandado que no haya comparecido en dicho Estado miembro, pone de relieve la situación de falta de notificación del escrito de interposición de la demanda o de su equivalente con antelación suficiente y de manera tal que la parte contraria pueda defenderse. En tal situación, el demandado tendría derecho a solicitar un reexamen, precisamente porque no se habría respetado su derecho de defensa al adoptarse una resolución judicial en su contra. Otro tanto cabe decir respecto al artículo 24 del mismo Reglamento,  ( 32 ) titulado «Motivos de denegación del reconocimiento», que establece, en su apartado 1, letra b), que se denegará el reconocimiento de una resolución si no se ha notificado al demandado en ausencia el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente con antelación suficiente y de manera tal que pudiera preparar su defensa.

50.

Además, los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 4/2009, que son facilitar en la mayor medida posible el cobro de los créditos alimenticios internacionales,  ( 33 ) preservar los intereses de los acreedores de alimentos y favorecer una buena administración de justicia,  ( 34 ) no pueden alcanzarse menoscabando, de cualquier manera que sea, el derecho de defensa.  ( 35 ) Por esta razón, la conclusión de que, en esencia, al interpretar el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento, han de buscarse efectos equivalentes a los que crea la interposición de la demanda con el fin de obtener una resolución ejecutoria que estime las pretensiones del demandante me parece conforme con los objetivos perseguidos por dicho Reglamento. Además, esta conclusión presenta la ventaja de reforzar la previsibilidad de los criterios de interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, ya que dichos criterios coinciden con los de un escrito presentado con el fin de obtener el resultado esperado en un procedimiento «sobre el fondo».

51.

Es, además, en este sentido en el que pueden extrapolarse al presente asunto las enseñanzas que han de extraerse de la jurisprudencia citada en los puntos 31 a 39 de las presentes conclusiones.

52.

A este respecto, ha de subrayarse que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que su jurisprudencia sobre las disposiciones relativas a la competencia en materia de obligaciones de alimentos que figuran en el Convenio de Bruselas y en el Reglamento n.o 44/2001, que se enmarca en la línea del Convenio de Bruselas, sigue siendo pertinente para analizar las disposiciones correspondientes del Reglamento n.o 4/2009.  ( 36 ) Así, las enseñanzas de la jurisprudencia, resumidas en el punto 40 de las presentes conclusiones, pueden, en mi opinión, extrapolarse de manera directa, a pesar de las diferencias de contexto y de instrumentos jurídicos a los que se refiere dicha jurisprudencia.

53.

Además, la importancia de una interpretación convergente del Convenio de Lugano II y de otros instrumentos jurídicos, en particular del Reglamento n.o 44/2001 —lo cual ha de entenderse como igualmente referido al Reglamento n.o 4/2009,  ( 37 ) que contiene disposiciones equivalentes—, ha sido confirmada en varias ocasiones en la jurisprudencia.  ( 38 ) Pues bien, la (casi total) identidad de la terminología empleada en estos instrumentos jurídicos interpretados en la jurisprudencia citada en los puntos 35 a 39 de las presentes conclusiones aboga por una aproximación entre la interpretación dada por el Tribunal de Justicia a dichos instrumentos y la del Reglamento n.o 4/2009 que el Tribunal de Justicia deberá realizar en el presente asunto. Además, la interpretación convergente de estas disposiciones se justifica a la luz de los objetivos perseguidos por estos mismos instrumentos, que, en general, tienen por objeto garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  ( 39 )

54.

Por otra parte, cabe señalar que, tal y como se desprende de los trabajos preparatorios, el artículo 9 del Reglamento n.o 4/2009 reprodujo íntegramente el texto del antiguo artículo 30 del Reglamento n.o 44/2001. Esta circunstancia refleja, en mi opinión, la voluntad del legislador de armonizar la interpretación de este artículo con la de los instrumentos jurídicos en materia de competencia judicial anteriores al Reglamento n.o 4/2009.  ( 40 )

55.

No obstante, ha de subrayarse que los criterios establecidos para la interpretación del concepto de «escrito de interposición de la demanda» o «documento equivalente» que se han expuesto en los puntos 31 a 39 de las presentes conclusiones se derivan de una interpretación realizada caso por caso. Ciertamente, este enfoque viene justificado por las particularidades de los sistemas nacionales propios de los documentos controvertidos en esos asuntos. Sin embargo, ha dado lugar a la elaboración de criterios que, en mi opinión, presentan un cierto nivel de abstracción, en particular en lo que se refiere a la unidad funcional entre dos procedimientos o al carácter autónomo de uno respecto al otro. Por lo tanto, para extrapolar estos criterios al presente asunto, el Tribunal de Justicia deberá inevitablemente considerar la posibilidad de precisar su alcance. Considero que esta precisión es deseable en lo que respecta a la extrapolación de la jurisprudencia más reciente.

56.

En este sentido, me inclinaría por recomendar un enfoque basado en la naturaleza del procedimiento iniciado mediante el documento examinado, que permitiría determinar si existe unidad funcional o autonomía entre los dos procedimientos. En particular, lo que me parece decisivo es determinar si el procedimiento al que se refiere el documento cuya calificación se solicita es un procedimiento «sobre el fondo» y, por lo tanto, tiene efectos idénticos o equivalentes a los que produce la incoación de un procedimiento con el fin de obtener una sentencia ejecutoria que satisfaga las pretensiones del demandante.

57.

Así, los criterios relacionados, entre otros, con i) la notificación o la entrega a la parte contraria de un escrito de que contenga los elementos esenciales del litigio para informarla de la incoación de un procedimiento en su contra, ii) dejándole también la posibilidad de preparar su defensa, en la medida en que el objetivo del procedimiento es llegar a una resolución que satisfaga las pretensiones del demandante, iii) antes de la adopción de una sentencia ejecutoria que estime o no las pretensiones del demandante, así como iv) la posibilidad concedida a dicha parte contraria de impugnar dicha sentencia, me parece que indican a las claras la existencia de los efectos que produciría un procedimiento «sobre el fondo». A estos criterios podrían añadirse otros que permitieran, en su caso, tener en cuenta situaciones específicas, como el carácter facultativo u obligatorio de un procedimiento, independientemente de su naturaleza precontenciosa o contenciosa.

58.

Con todo, ha de subrayarse que, con el razonamiento anterior, no pretendo delimitar de manera completa todos los criterios pertinentes para calificar un documento de equivalente al escrito de interposición de la demanda o los únicos que lo serían. Mi objetivo es únicamente proporcionar ejemplos no exhaustivos de criterios concretos que, a la luz de la jurisprudencia existente, permitirían aclarar la determinación de los efectos que debería producir un procedimiento iniciado mediante la presentación de un documento que pudiera quedar comprendido en el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda. A este respecto, he de subrayar también que reviste una importancia significativa el examen de la naturaleza del procedimiento de que se trate y del documento en sí, así como de los efectos que pueden producir.

59.

Es a la luz de estas consideraciones como procede determinar si una solicitud de asistencia jurídica gratuita queda comprendida en el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda.

2.

Consecuencias de la aplicación de los criterios de interpretación del concepto de «documento equivalente» a una solicitud de asistencia jurídica gratuita

60.

De la ZPO, interpretada en relación con la FamFG, se desprende que, en el Derecho alemán, se puede conceder asistencia jurídica gratuita a una parte que, a causa de su situación personal y financiera, no pudiera hacer frente a los gastos del proceso, si la acción o defensa jurídica propuesta presenta perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria.  ( 41 ) La solicitud deberá exponer los elementos del litigio e indicar los medios de prueba.  ( 42 ) La parte contraria deberá tener la posibilidad de pronunciarse sobre si considera que se cumplen los requisitos para obtener esta asistencia.  ( 43 ) Ahora bien, esta posibilidad concedida a la parte contraria de tomar conocimiento de la presentación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, exponiendo así los elementos del litigio, es precisamente la particularidad del Derecho alemán que suscita dudas sobre la calificación de esta solicitud a la luz del artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009.

61.

Con carácter preliminar, ha de observarse que parece pacífico que el Derecho alemán no prevé que una solicitud de asistencia jurídica gratuita pueda, por sí sola, dar lugar a la incoación de un procedimiento. Por las razones expuestas en los puntos 44 a 58 de las presentes conclusiones, procede determinar los efectos que pueden producir la solicitud de asistencia jurídica gratuita y el procedimiento que esta pone en marcha. En otras palabras, se trata de preguntarse si el procedimiento iniciado por dicha solicitud puede producir efectos equivalentes a los de la incoación de un procedimiento «sobre el fondo», para considerar así que el procedimiento iniciado mediante dicha solicitud presenta unidad funcional o bien falta de autonomía con respecto al procedimiento «sobre el fondo».

62.

En estas circunstancias, procede, en primer lugar, examinar el contenido de la solicitud de asistencia jurídica gratuita en la que se basan el Gobierno alemán y la parte demandante en el procedimiento principal para considerar que dicha solicitud queda comprendida en el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda. A este respecto, es evidente que dicha solicitud debe contener una exposición de los elementos del litigio y una indicación de los medios de prueba, adjuntos en forma de borrador. Así, como sostiene dicho Gobierno, en esencia, este procedimiento presenta cierta proximidad o relación con la incoación de un procedimiento «sobre el fondo».

63.

Sin embargo, la presentación de estos elementos en un borrador adjunto a la solicitud de asistencia jurídica gratuita persigue un objetivo totalmente distinto al de su presentación en un escrito que inicia un procedimiento sobre el «fondo» en el sentido estricto del término, es decir, una demanda. En efecto, estos elementos deben permitir al juez que conoce de la solicitud de asistencia jurídica gratuita asegurarse del cumplimiento de los requisitos relativos a las perspectivas suficientes de éxito y a la ausencia de carácter temerario de la acción prevista tras la concesión de dicha asistencia. Por el contrario, no se analiza la pertinencia del «fondo» de la acción prevista y no se adopta ninguna resolución judicial en cuanto al «fondo» sobre los derechos y obligaciones de las partes.

64.

Lógicamente, la presentación de estos elementos no obliga en modo alguno al acreedor de alimentos a ajustarse a ellos al pie de la letra si decide iniciar el procedimiento «sobre el fondo» tras la concesión de la asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, el contenido de la demanda en materia de obligaciones de alimentos puede variar, en este procedimiento, con respecto al indicado en la solicitud de asistencia jurídica gratuita.  ( 44 ) Además, el examen principal de esta se centrará, en particular, en el análisis de la situación personal y financiera del solicitante de la asistencia jurídica gratuita, ya que el procedimiento relativo a la concesión de dicha asistencia tiene por objeto garantizar la igualdad en materia de protección jurídica y garantizar a las personas sin recursos económicos la posibilidad de invocar sus derechos ante los tribunales.

65.

Pues bien, en tales circunstancias, los efectos de la posibilidad que tiene la parte contraria, en virtud del Derecho alemán, de definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de obtención de asistencia jurídica gratuita no pueden, en mi opinión, asimilarse a los que produciría el ejercicio del derecho de defensa en el marco de un procedimiento «sobre el fondo», debido a las diferencias en los objetivos que persiguen estos dos tipos de procedimiento.  ( 45 ) Así pues, en sentido estricto y sin perjuicio de la particularidad procesal del Derecho alemán, el procedimiento de asistencia jurídica gratuita afecta unilateralmente solo al solicitante. Por lo tanto, no produce ningún efecto frente a la parte contraria.

66.

En segundo lugar, procede examinar las consecuencias de las modalidades de transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, es decir, la información a la parte contraria sobre la presentación de dicha solicitud, acompañada del borrador de la solicitud de modificación de la prestación de alimentos, modalidades en las que se basan el Gobierno alemán y la parte demandante en el litigio principal para abogar por una respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial. A este respecto, tal y como se aclaró en la vista, no se trata de una notificación o de una entrega a en sentido estricto, sino de una simple información, de carácter informal, a la parte contraria.

67.

Pues bien, tales modalidades de transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita no permiten conferirle efectos equivalentes a los que produce la comunicación oficial mediante notificación o entrega de un escrito de interposición de la demanda. Por el contrario, subrayan aún más la naturaleza diferente de estos efectos, es decir, que la transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita tiene por objeto brindar a la parte contraria la posibilidad de definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de la concesión de asistencia jurídica gratuita a la vista de la solicitud presentada en este sentido. Por el contrario, la notificación de un escrito de interposición de la demanda tiene por objeto garantizar el respeto del derecho de defensa de la otra parte del litigio.

68.

Así pues, la conclusión de que los efectos de la posibilidad prevista en el Derecho alemán, en virtud de la cual la parte contraria puede definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de admisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, no pueden asimilarse a los que produce un escrito que inicia un procedimiento «sobre el fondo» se impone con tanta más firmeza a la luz de las modalidades de transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita.

69.

En tercer y último lugar, en lo que respecta a la presentación ante un juez de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, me parece que, en principio, el juez agota su competencia una vez que dicta una resolución por la que acepta o deniega dicha solicitud. En efecto, para obtener una resolución judicial sobre el «fondo» del asunto, el acreedor de alimentos debe presentar una solicitud distinta de la dirigida a obtener asistencia jurídica gratuita. Es cierto que el acreedor de alimentos en el procedimiento principal ha ejercitado la acción sobre el fondo. Sin embargo, cabe señalar que quien obtiene asistencia jurídica gratuita no tiene ninguna obligación de presentar esta acción sobre el «fondo» una vez obtenida aquella.  ( 46 ) La incoación del procedimiento «sobre el fondo» depende, en cualquier caso, de su voluntad, que sigue siendo, por naturaleza, aleatoria.

70.

En estas circunstancias, la existencia de relación o proximidad entre el procedimiento dirigido a obtener asistencia jurídica gratuita y el «de fondo» no basta por sí sola para considerar que este último se ha incoado desde el momento en que se inició el procedimiento de solicitud de asistencia jurídica gratuita en el Estado en cuestión. En realidad, los efectos que producen estos dos procedimientos son diferentes, tanto desde el punto de vista del acreedor de alimentos como desde el del deudor.

71.

Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno alemán, el objetivo de la protección del acreedor de alimentos que persigue el Reglamento n.o 4/2009, así como la elección del órgano jurisdiccional competente y, por consiguiente, de la ley aplicable que le confiere dicho Reglamento, no pueden desvirtuar la conclusión de que la solicitud de asistencia jurídica gratuita no es un documento equivalente al escrito de interposición de la demanda. Dicho esto, ha de reconocerse que, en este caso, existe efectivamente, en el Derecho alemán, un problema que coloca al acreedor de alimentos sin medios económicos en una situación potencialmente desfavorable frente a la parte contraria in futurum.

72.

Como explica, en esencia, ese Gobierno, la posibilidad que se brinda al deudor de alimentos para definir su postura sobre la pertinencia de la solicitud de asistencia jurídica gratuita del acreedor de alimentos puede privar a este de su elección del órgano jurisdiccional competente y, por consiguiente, de la ley aplicable.  ( 47 ) Tal situación podría darse si dicho deudor entablara una acción sobre el «fondo» del asunto con el fin de aprovechar los conocimientos de que dispone, animado por el propósito de eludir la elección del acreedor, mientras que este se ve obligado, por falta de medios económicos, a esperar al otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita, revelando su intención de demandar eventualmente a dicho deudor ante los tribunales al presentar dicha solicitud.

73.

Sin embargo, este problema parece derivarse de la legislación alemana, que prevé una particularidad procesal relacionada con la posibilidad de que la parte contraria defina su postura en un procedimiento que, en principio, es unilateral y debe concernir exclusivamente al solicitante de la asistencia jurídica gratuita, como único destinatario de la resolución relativa a la concesión o denegación de dicha asistencia.  ( 48 )

74.

A este respecto, me parece que debe encontrarse cierto equilibrio en cuanto a la protección de los intereses respectivos del acreedor y del deudor de alimentos, teniendo en cuenta, en particular, las particularidades del procedimiento relativo a la obtención de asistencia jurídica gratuita. En efecto, la respuesta a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente debe sopesar inevitablemente los intereses de ambas partes del litigio. Es cierto que no se descarta que un deudor opte por una estrategia procesal destinada a eludir la elección por parte del acreedor de alimentos de la ley aplicable, tras haber tenido conocimiento de la intención de este de demandarlo ante los tribunales. No obstante, suponiendo que tal modo de proceder estuviera prohibido por el Reglamento n.o 4/2009, ningún elemento de la petición de decisión prejudicial permite dar por hecho que la actuación del deudor viniera motivada por una intención fraudulenta.

75.

Además, en el Derecho alemán parece existir un mecanismo de protección del acreedor de alimentos, parte considerada débil, contra el riesgo de instrumentalización del procedimiento por la parte contraria con fines estratégicos. En efecto, del artículo 77, apartado 1, de la FamFG se desprende que el juez tiene la facultad de no conceder a la parte contraria la posibilidad de definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de obtención de asistencia jurídica gratuita si ello resulta inadecuado por razones especiales. Pues bien, en mi opinión, esta protección permitiría dar pleno efecto a los objetivos del Reglamento n.o 4/2009.  ( 49 )

76.

En cualquier caso, adoptar una posición contraria tendría como consecuencia práctica primordial una fragmentación del Derecho de la Unión en beneficio de las normas procesales propias de cada ordenamiento jurídico nacional, lo que no me parece justificado ni por el tenor ni por el contexto del artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009, ni tampoco por los objetivos que persigue este, que consisten, entre otras cosas, en garantizar la seguridad jurídica en la materia. Por esta razón, además, el Tribunal de Justicia viene subrayando desde hace mucho tiempo la importancia de una interpretación autónoma de las disposiciones relativas a las normas de competencia.

77.

En mi opinión, la solicitud de asistencia jurídica gratuita no es, por lo tanto, un «documento equivalente» en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009. Esta conclusión no puede quedar desvirtuada por el argumento del Gobierno alemán de que dicha solicitud es asimilable a la interposición de una demanda judicial debido al efecto suspensivo de la prescripción que conlleva. En efecto, la suspensión de la prescripción que se deriva de la presentación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita tiene por único objetivo garantizar que el derecho de las personas sin medios económicos a acudir a los tribunales quede protegido durante el tiempo necesario para realizar los trámites que les permitan obtener dichos recursos. En otras palabras, este efecto suspensivo me parece obligatorio en una situación de este tipo para garantizar la igualdad de trato de las personas en cuanto a su posibilidad de invocar sus derechos ante los tribunales.

78.

Con carácter complementario, ha de subrayarse que, ciertamente, en el Derecho alemán, cuando se presenta una solicitud de asistencia jurídica gratuita, el órgano jurisdiccional puede convocar a las partes a una vista si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, a menos que dicho procedimiento tenga carácter obligatorio,  ( 50 ) lo que no parece ser el caso en el Derecho alemán, no permite equiparar los efectos del procedimiento relativo a la concesión de asistencia jurídica gratuita a los de un procedimiento «sobre el fondo», dado que la aplicación de tal procedimiento está sujeta a la facultad discrecional del juez.

79.

No obstante, debe precisarse que corresponde al juez nacional valorar si procede adoptar tal interpretación de su Derecho nacional, ya que, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Derecho interno de un Estado miembro.  ( 51 )

80.

Por último, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre las consecuencias de la calificación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita en las consideraciones relacionadas con el sometimiento a aquel del litigio y la determinación de su competencia, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que debe adoptarse, valorar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia.  ( 52 ) Por lo tanto, sin prejuzgar la cuestión de la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente, propongo responder a la cuestión prejudicial como indico a continuación.

81.

A mi juicio, procede dar una respuesta negativa a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia en el presente asunto, en el sentido de que una solicitud de asistencia jurídica gratuita a la que acompaña, únicamente como borrador, una solicitud de modificación de la pensión de alimentos, que se presentará formalmente en caso de que se conceda dicha asistencia, no es un «documento equivalente» en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.o 4/2009.

IV.

Conclusión

82.

Habida cuenta del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig, Alemania) de la siguiente manera: