<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11996ESA.1000136101.case.xml"><NO.CASE>T-107/96 R</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61996B0107</NO.CELEX><NO.SEQ>0007.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1363</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1376</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>14</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ALITO DE <DATE ISO="19961021">21.10.1996</DATE> — ASUNTO T-107/96 R</LEFT><RIGHT>PANTOCHIM / COMISIÓN</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia</HT></P><P>de <DATE ISO="19961021">21 de octubre de 1996</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto T-107/96 R,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Pantochim SA,</HT> sociedad belga con domicilio social en Feluy (Belgica), representada por M<HT TYPE="SUP">c</HT> Jacques H.J. Bourgeois, Abogado de Bruselas, que designa corno domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Marc Loesch, 11, rue Goethe,</P><PARTY.STATUS>parte demandante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contra</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Comisión de las Comunidades Europeas,</HT> representada por el Sr. Gérard Rozet, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por M<HT TYPE="SUP">e</HT> Hervé Lehman, Abogado de París, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>parte demandada,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>que tiene por objeto una demanda de medidas provisionales destinada a que la Comisión imponga a Francia, en el marco de un procedimiento con arreglo al párrafo primero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, eximir a la demandante, con carácter provisional y para la cantidad de <FT TYPE="NUMBER">20.000</FT> toneladas anuales, del impuesto sobre el biodiesel,</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-1364"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Hechos que originaron el litigio</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>La demandante, Pantochim SA, con domicilio social en Feluy (Bélgica), es una filial de la Società italiana serie acetica sintetica (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Sisas<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), establecida en Milán (Italia). Pantochim dispone en Feluy de una unidad de producción de gasóleo de origen vegetal, denominado Sisoil E. El Sisoil E es un éster metílico de aceites vegetales que puede utilizarse solo o mezclado con los gasóleos clásicos como carburante y para la calefacción doméstica.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre la demanda de exención del impuesto interno sobre el consumo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>La loi de finances francesa para el año 1992 (Ley 91-1322, de <DATE ISO="19911230">30 de diciembre de 1991</DATE>, publicada en el <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel de L République française</HT> de <DATE ISO="19911231">31 de diciembre de 1991</DATE>, p. 17229), en su artículo 32 exime del impuesto interno sobre el consumo, hasta el <DATE ISO="19961231">31 de diciembre de 1996</DATE>, a los esteres de aceite de colza y girasol utilizados en sustitución del fuel-oil doméstico y del gasóleo, así como al alcohol etílico, fabricado a partir de cereales, aguaturma, patata o remolacha e incorporado a los supercarburantes y a las gasolinas y a los derivados de este mismo alcohol. La Orden ministerial de <DATE ISO="19920327">27 de marzo de 1992</DATE>, relativa a la aplicación del artículo 32, establece los requisitos que deben reunirse para beneficiarse de dicha exención. En particular, exige que los productos de que se trata se utilicen en el marco de un proyecto experimental y que se elaboren en unidades consideradas piloto (artículos 3 a 5). Para obtener la calidad de piloto, cada establecimiento o conjunto de establecimientos debe ser objeto de una autorización ministerial (artículo 6).</TXT></NP><?PAGE NO="II-1365"?><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Desde el mes de noviembre de 1992, Sisas manifestó ante la Administración francesa su interés en obtener la autorización para su filial Pantochim y, en particular, para su fábrica de Feluy como unidad piloto. Hasta el presente no se le ha concedido ninguna autorización.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>En particular, mediante escrito de <DATE ISO="19960621">21 de junio de 1996</DATE>, dirigido al Abogado de Pantochim, el Ministro francés de Agricultura, Pesca y Alimentación hizo observar que, según una investigación efectuada en el sitio, la fábrica de Feluy dispone de una capacidad de producción superior al volumen de autorización solicitado. Ahora bien, dado que la Directiva 92/81/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19921019">19 de octubre de 1992</DATE>, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial sobre los hidrocarburos (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="316" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="12">DO L 316, p. 12</REF.DOC.OJ>), sólo autoriza a los Estados miembros a aplicar exenciones o reducciones totales o parciales del impuesto especial en el marco de proyectos piloto definidos por la capacidad de producción de las instalaciones, ninguna autorización podía ser concedida a dicha fábrica como establecimiento piloto. Además, el Ministro afirmó que, habida cuenta de que un procedimiento de control de la compatibilidad de la legislación francesa con el mercado común estaba en curso ante la Comisión, las autoridades francesas se hallaban ante la imposibilidad de conceder cualquier nueva autorización. Añadió que, <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>en la medida en que las propuestas hechas a la Comisión [sean] retenidas y [permitan] la solución de los procedimientos en curso, la sociedad Pantochim [podrá] pretender, como cualquier empresa comunitaria productora de biocarburantes, que se le conceda una autorización expedida en el marco de un procedimiento público, en función de criterios y modalidades, definidos dentro de la estricta observancia de las normas sobre la competencia, que [serían] comunicados a los intervinientcs interesados<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sobre el procedimiento administrativo relativo a la legislación francesa que exime a los biocarburantes del impuesto interno sobre el consumo</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19941207">7 de diciembre de 1994</DATE>, la Comisión inició el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, respecto a la legislación francesa que exime a los biocarburantes del impuesto interno sobre el consumo. Mediante escrito de <DATE ISO="19941212">12 de diciembre de 1994</DATE> informó de ello a las autoridades francesas.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1366"?><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>El <DATE ISO="19950609">9 de junio de 1995</DATE> se publicó en el <HT TYPE="ITALIC">Diario Oficial de las Comunidades Europeas</HT> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="143" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="8">DO C 143, p. 8</REF.DOC.OJ>) una Comunicación efectuada <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>en virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE [...] en relación con ayudas que Francia ha concedido en el sector de los biocarburantes<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>En el marco de dicho procedimiento administrativo, Sisas presentó sus observaciones el <DATE ISO="19950629">29 de junio de 1995</DATE>. Además, solicitó a la Comisión, en primer lugar, que <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>haga constar que, debido a estas modalidades contrarias al artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la ayuda concedida por Francia a la producción de biodiesel no es compatible con el mercado común según el artículo 92 de dicho Tratado<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, en segundo lugar, que <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>decida que Francia debe modificar dicha ayuda permitiendo que el biodiesel producido en otros Estados miembros y entregado en Francia se beneficie de las mismas ventajas<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> y, en tercer lugar, <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>que adopte las medidas provisionales que se imponen solicitando a Francia que proceda en el más breve plazo a conceder la autorización a la fábrica de Sisas en Feluy como <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="201C"/>unidad piloto<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="201D"/>, provisionalmente para una cantidad de <FT TYPE="NUMBER">20.000</FT> toneladas anuales para el año 1995<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Por no recibir respuesta alguna de la Comisión, el <DATE ISO="19960329">29 de marzo de 1996</DATE> Sisas dirigió una carta de requerimiento a la Comisión en la que reiteraba las solicitudes que figuraban en su escrito de <DATE ISO="19950629">29 de junio de 1995</DATE> e instaba a la Comisión, con arreglo al artículo 175 del Tratado CE, a que definiera su posición en el plazo de dos meses. Añadió que se reservaba <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>el derecho de su filial Pantochim SA a demandar al Estado francés, así como a la Comunidad Europea, la reparación del considerable perjuicio económico que Patochim ha sufrido por el hecho de su exclusión legal del mercado francés de biodiesel desgravado desde 1993<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Mediante escrito de <DATE ISO="19960524">24 de mayo de 1996</DATE> dirigido al Abogado de Sisas, la Comisión comunicó que el mencionado escrito de <DATE ISO="19960329">29 de marzo de 1996</DATE> había sido registrado como una denuncia destinada a incoar un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado CE.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1367"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procedimiento</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19960712">12 de julio de 1996</DATE>, Pantochim interpuso un recurso con el fin de que se declare, por una parte, con arreglo al artículo 175 del Tratado, que la Comisión se abstuvo de prohibir, en el marco del procedimiento incoado con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado sobre la desgravación fiscal de los biocarburantes en Francia, la concesión discriminatoria de dicha desgravación, y, por otra que, con arreglo a los artículos 178 y 215 del Tratado CE, se le conceda una indemnización por el perjuicio supuestamente sufrido a causa de la omisión de la Comisión.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19960719">19 de julio de 1996</DATE>, la demandante formuló, al amparo del artículo 186 del Tratado CE, la presente demanda de medidas provisionales, destinada a que <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>la Comisión imponga a Francia, en el marco del procedimiento seguido con arreglo al párrafo primero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, [que se le] [...] asigne, con carácter provisional, [...] la cantidad de biodiesel solicitada que pueda beneficiarse de la exención del impuesto especial aplicable<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>La Comisión presentó sus observaciones mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el <DATE ISO="19960801">1 de agosto de 1996</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Las explicaciones orales de las partes fueron oídas el <DATE ISO="19961007">7 de octubre de 1996</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fundamentos de Derecho</P></TI></TITLE><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>En virtud de lo dispuesto en los artículos 185 y 186 del Tratado, en relación con el artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de <DATE ISO="19881024">24 de octubre de 1988</DATE>, por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="319" DATE.PUB="1988" PAGE.FIRST="1">DO L 319, p. 1</REF.DOC.OJ>), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de <DATE ISO="19930608">8 de junio de 1993</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="144" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="21">DO L 144, p. 21</REF.DOC.OJ>), el Tribunal de Primera Instancia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado u ordenar las medidas provisionales necesarias.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1368"?><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>El apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia precisa que las demandas relativas a las medidas provisionales especificarán las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada. Las medidas solicitadas deberán presentar carácter provisional, en el sentido de que no han de prejuzgar la decisión sobre el fondo (véase el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19961008">8 de octubre de 1996</DATE>, Cipeke/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-84/96 R" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-1313">T-84/96R, Rec. p. II-1313, apartado 23</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Alegaciones de las partes</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Sobre la admisibilidad del recurso principal</P></TI></TITLE><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>La Comisión estima que debe declararse la inadmisibilidad de la presente demanda, puesto que el propio recurso principal es inadmisible porque la demandante no ha respetado el procedimiento del artículo 175 del Tratado ni tiene la posibilidad de iniciar dicho procedimiento.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>En primer lugar, la Comisión recuerda, por una parte, que el legislador comunitario, al establecer que toda persona puede recurrir al Juez comunitario solamente si la Institución de que se trate hubiere sido requerida previamente para que actúe (párrafo segundo del artículo 175 del Tratado), dio a entender que el requerimiento debe ser dirigido por la misma persona que interpone el recurso por omisión y, por otra parte, que la jurisprudencia consideró que dicha obligación de requerimiento previo consiste en una formalidad inicial esencial a efectos de la admisibilidad del recurso (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19590204">4 de febrero de 1959</DATE>, de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="17/57" YEAR="1954" PAGE.ECR="289">17/57, Rec. p. 9</REF.DOC.ECR>, y, recientemente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19920918">18 de septiembre de 1992</DATE>, Asia Motor France/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-28/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="II-2285">T-28/90, Rec. p. II-2285</REF.DOC.ECR>). Habida cuenta de que, en el caso de autos, la carta de requerimiento fue dirigida a la Comisión por Sisas, mientras que el recurso por omisión fue interpuesto por Pantochim, en consecuencia, no procede acordar la admisión del presente recurso.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Además, según la demandada, aunque Pantochim sea una filial de Sisas, la demandante debe ser considerada como una persona jurídica diferente en relación con su sociedad matriz, puesto que, para apreciar la admisibilidad de un recurso, las normas procesales nunca tienen en cuenta los vínculos financieros que puedan existir entre las personas jurídicas.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1369"?><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>En segundo lugar, la demandada considera que Pantochim tampoco puede interponer un recurso por omisión porque no es la destinataria del acto, que se refiere a la compatibilidad de la legislación francesa con el Derecho comunitario y que, según la demandante, la Comisión estaba obligada a adoptar. En efecto, según el párrafo tercero del artículo 175 del Tratado, una persona sólo puede interponer un recurso por omisión en caso de que sea la destinataria potencial del acto jurídico que la Institución demandada esté obligada a adoptar respecto a ella (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19820610">10 de junio de 1982</DATE>, Lord Bethell/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="246/81" YEAR="1982" PAGE.ECR="2277">246/81, Rec. p. 2277, apartado 16</REF.DOC.ECR>, y auto del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19910123">23 de enero de 1991</DATE>, Prodifarma/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-3/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="II-1">T-3/90, Rec. p. II-1, apartados 35 y 37</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>En particular, en un caso como el de autos, que se refiere a un procedimiento en materia de ayudas de Estado, el apartado 2 del artículo 93 del Tratado sólo reconoce a las empresas interesadas en participar en el procedimiento administrativo ante la Comisión el derecho a presentar sus observaciones (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19730112">12 de enero de 1973</DATE>, Comisión/Alemania, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="70/72" YEAR="1973" PAGE.ECR="813">70/72, Rec. p. 813, apartado 19</REF.DOC.ECR>). Ahora bien, dado que, por una parte, las posibilidades de interponer un recurso con arreglo al artículo 175 del Tratado son más restringidas que las previstas por el artículo 173 y teniendo en cuenta, por otra, el carácter particular del procedimiento en materia de ayudas de Estado, una empresa tercera interesada que haya presentado, como en el caso de autos, observaciones con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado no puede interponer de un recurso por omisión para hacer sancionar la abstención de la Comisión de tomar una decisión.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Por último, aun suponiendo que deba apreciarse la admisibilidad de un recurso por omisión de conformidad con los requisitos exigidos por el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado para interponer el recurso de anulación, es necesario reconocer que tampoco puede admitirse el recurso principal interpuesto por Pantochim. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, no puede considerarse a una empresa como individualmente afectada por una decisión que aprueba un régimen general de ayudas como el que aquí se controvierte, puesto que en el marco de dicho régimen general <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>la existencia de un beneficiario efectivo y, por lo tanto, la existencia de una empresa efectivamente competidora de este último presupone una aplicación concreta del régimen de ayudas mediante la concesión de ayudas individuales<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/> (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19960605">5 de junio de 1996</DATE>, Kahn Scheepvaart/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-398/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-477">T-398/94, Rec. p. II-477</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-1370"?><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>La demandante, por su parte, basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19860128">28 de enero de 1986</DATE>, Cofaz y otros/Comisión (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="169/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="391">169/84, Rec. p. 391</REF.DOC.ECR>), apartado 22, estima que la abstención de la Comisión, al no haber adoptado decisión, la afecta debido a ciertas cualidades que le son propias y a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquier otra persona y, por ello, la individualiza de una manera análoga a la del destinatario. Según afirma, es la única empresa que respondió a la invitación de la Comisión a presentar observaciones que figura en la Comunicación publicada en el Diario Oficial de <DATE ISO="19950609">9 de junio de 1995</DATE>. Asimismo, es la única víctima de las modalidades discriminatorias según las cuales se concede en Francia la exención del impuesto sobre los biocarburantes, puesto que, entre los productores de la Comunidad, es la única realmente competidora para suministrar biodiesel en Francia a un precio competitivo. Por lo tanto, no cabe duda de que la omisión de la Comisión cuestiona sus <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>intereses legítimos<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>, en la medida en que las modalidades adoptadas por Francia para eximir a los biocarburantes del impuesto interno sobre el consumo afecta sustancialmente a su posición en el mercado de que se trata.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>La demandante subraya que la obligación controvertida no consiste en la obligación de la Comisión de incoar un procedimiento con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, sino más bien la que incumbe a la misma Institución, de proseguirlo, una vez iniciado, hasta finalizarlo debidamente en un plazo razonable, de conformidad con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado. En el caso de autos, dado que la carta de requerimiento le fue enviada el <DATE ISO="19960329">29 de marzo de 1996</DATE>, la Comisión dispuso de un plazo más que razonable para llevar a su término el mencionado procedimiento (auto del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19790711">11 de julio de 1979</DATE>, Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="59/79" YEAR="1979" PAGE.ECR="2425">59/79, Rec. p. 2425</REF.DOC.ECR>), más aún cuanto que fue informada de que el Gobierno francés fija las cuotas que pueden beneficiarse de la desgravación fiscal en cada campaña, que dura generalmente del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Sobre la legalidad de la medida provisional solicitada</P></TI></TITLE><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>La Comisión impugna igualmente la legalidad de la medida solicitada por ser contraria a los principios definidos por los artículos 92 y 93 del Tratado.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1371"?><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>En primer lugar, según la demandada, la medida solicitada, de ser concedida, se dirigiría a Francia, pese a los términos en que está formulada. Ahora bien, puesto que Francia no es parte en el procedimiento, la orden conminatoria solicitada por Pantochim infringe la norma de procedimiento, según la cual, antes de que se adopte una medida cautelar con arreglo a los artículos 92 y 93 del Tratado, el Estado miembro interesado debe poder presentar sus observaciones sobre la medida proyectada (sentencia del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19900214">14 de febrero de 1990</DATE>, Francia/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-301/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-307">C-301/87, Rec. p. I-307, apartado 19</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>En segundo lugar, la demandada sostiene que la Comisión no puede imponer en absoluto a un Estado miembro, en el marco del procedimiento con arreglo al párrafo primero del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, que modifique, con carácter provisional, la ayuda concedida; únicamente puede imponer la suspensión del pago de la ayuda y solicitar todos los documentos, informaciones y datos precisos para examinar la compatibilidad de dicha ayuda (sentencias del Tribunal de Justicia, Francia/Comisión, antes citada, y de <DATE ISO="19960711">11 de julio de 1996</DATE>, SFEI/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-39/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-3547">C-39/94, Rec. p. I-3547, apartado 45</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>En tercer lugar, y, en todo caso, en el supuesto de que la ayuda fuera incompatible con el mercado común, sería contrario a los principios definidos por los artículos 92 y 93 del Tratado que una empresa que no se beneficiara de la misma tuviera derecho a ésta.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Por último, la Comisión invoca la jurisprudencia (en particular, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19870615">15 de junio de 1987</DATE>, Bélgica/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="142/87 R" YEAR="1987" PAGE.ECR="2589">142/87 R, Rec. p. 2589</REF.DOC.ECR>), según la cual, la existencia de vías de recursos nacionales que permiten evitar el perjuicio justifica que se desestime la demanda de medidas provisionales. Ahora bien, en el caso de autos, según la demandada, la demandante podía impugnar ante el Juez administrativo francés la decisión ministerial por la que se denegó su solicitud de autorización. Según la Comisión, en la medida en que la ayuda controvertida no había sido notificada, la demandante habría podido igualmente solicitar al Juez nacional, sobre la base del apartado 3 del artículo 93 del<?PAGE NO="II-1372"?> Tratado, que ordenara la suspensión de su pago, incluso su devolución (sentencias del Tribunal de Justicia de <DATE ISO="19911121">21 de noviembre de 1991</DATE>, Federation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires y Syndicat national des négociants et transformateurs de saumons, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-354/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-5505">C-354/90, Rec. p. I-5505</REF.DOC.ECR>, y SFEI/Comisión, antes citada).</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Según la demandante, las disposiciones pertinentes en el presente asunto, en contra de lo que afirma la parte adversa, no son las que figuran en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado, sino más bien las contenidas en el apartado 3 de este mismo artículo. De ello se deduce que en el caso de autos no es aplicable la definición de las competencias de la Comisión en materia de medidas provisionales, tal como resulta de la jurisprudencia invocada por la demandada que le reconoce únicamente la facultad de ordenar la suspensión del pago de la ayuda y de solicitar las informaciones necesarias para examinar su compatibilidad.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Por lo tanto, ninguna disposición se opone a que la Comisión tenga competencia para intimar a las autoridades francesas a que modifiquen lás modalidades de concesión de la ayuda de que se trata.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Además y en todo caso, el hecho de que la demandante haya entablado ante el Juez nacional una acción impugnando la decisión denegatoria de las autoridades francesas a su respecto no puede influir en la legalidad de la medida provisional solicitada. Más aún, puesto que la función del Juez nacional consiste únicamente en asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros en caso de no haberse notificado las ayudas y que, según la demandante, en el presente asunto el régimen de ayudas fue notificado a la Comisión, la intervención del Juez nacional no tiene ninguna pertinencia en la apreciación de la admisibilidad y del fundamento de la demanda de medidas provisionales.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1373"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Apreciación del Juez de medidas provisionales</P></TI></TITLE><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>La presente demanda de medidas provisionales tiene por objeto que se ordene a la Comisión intimar a las autoridades francesas a que eximan a la demandante, con carácter provisional y para la cantidad de <FT TYPE="NUMBER">20.000</FT> toneladas de biodiesel anuales, del impuesto interno sobre el consumo, tal como establece el artículo 32 de la loi de finances francesa para el año 1992, antes citada.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Con carácter preliminar, procede examinar la relación existente entre la medida solicitada y las competencias de la Comisión en el marco del procedimiento administrativo en curso.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Del tenor literal de la citada Comunicación relativa a la iniciación de dicho procedimiento administrativo se deduce que éste fue incoado por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado y tiene por objeto el examen de la compatibilidad de la legislación francesa en el sector de los biocarburantes con el mercado común. Según la Comisión, dicha legislación establece <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>una ayuda directa a los biocarburantes de origen agrícola (esteres de aceite de colza y girasol y bioetanol fabricado a partir de cereales, aguaturma, patata y remolacha) y una ayuda indirecta a determinados productos de base<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> (apartado 2 de la Comunicación). Además, de los autos se desprende a primera vista que las autoridades francesas han instituido dicho supuesto régimen de ayudas sin haber notificado previamente el proyecto a la Comisión y que ya han eximido del impuesto internó sobre el consumo a determinadas empresas que siguen beneficiándose de dicha medida.</TXT></NP><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Como recuerda la demandada, según una jurisprudencia consolidada, cuando la Comisión comprueba, en el marco de un procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado, que una ayuda ha sido establecida sin habérsele notificado previamente, como determina el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, no puede adoptar más medida provisional que la que consiste en una orden conminatoria dirigida al Estado miembro interesado para que suspenda inmediatamente el<?PAGE NO="II-1374"?> pago de la ayuda y le facilite, en el plazo que ella determine, todos los documentos, informaciones y datos precisos para examinar la compatibilidad de dicha ayuda con el mercado común (véase, como más reciente, la citada sentencia SFEI/Comisión, apartado 45).</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Pues bien, la medida solicitada por la demandante al Juez de medidas provisionales, es decir, que se ordene a la Comisión que intime a Francia a eximir a la demandante, con carácter provisional y dentro de determinados límites, del impuesto interno sobre el consumo, se halla manifiestamente fuera de las competencias que se reconocen a la Institución demandada en el procedimiento administrativo establecido por el apartado 2 del artículo 93 del Tratado.</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>Además, es necesario señalar que dicha ayuda es contraria a las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado (artículos 92 y 93 del Tratado).</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>En efecto, la limitación del contenido de las medidas provisionales que pueden adoptarse en el marco de dicho procedimiento administrativo resulta de los principios que inspiran el régimen de ayudas de Estado establecido en el Tratado. El apartado 1 del artículo 92 del Tratado establece una prohibición general de <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>. Esta prohibición, como ha ya señalado el Tribunal de Justicia, no es absoluta ni incondicional, puesto que, en particular, el apartado 2 de esta misma disposición confiere a la Comisión una amplia facultad de apreciación para admitir ayudas como excepción a la prohibición general de dicho apartado 1.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>El artículo 93 del Tratado establece un procedimiento especial para que la Comisión pueda examinar permanentemente y controlar las ayudas. En particular, enuncia en su apartado 3 una prohibición de ejecución destinada a garantizar que los efectos de un régimen de ayudas no se produzcan antes de que la Comisión haya tenido un plazo razonable para examinar el proyecto detalladamente y, en su caso, incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 de este mismo artículo y, en caso de iniciación de dicho procedimiento, antes de que la Comisión haya adoptado una decisión definitiva sobre la compatibilidad de la ayuda proyectada con el mercado común.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1375"?><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Ahora bien, la eficacia de dicho sistema, como ha declarado el Tribunal de Justicia, implica que las medidas cautelares puedan ser adoptadas por la Comisión. No obstante, dichas medidas tienen únicamente por finalidad oponerse a cualquier infracción de las normas del apartado 3 del artículo 93 del Tratado y, especialmente, a la violación de la prohibición de pago de las ayudas que se exige, en principio, hasta la decisión definitiva de la Comisión sobre su compatibilidad con el mercado común (sentencias Francia/Comisión, antes citada, apartados 15 a 18, y SFEI/Comisión, antes citada, apartados 35 a 38).</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>De lo anterior se deduce que, en tal procedimiento, cualquier medida adoptada con carácter provisional, que no tenga dicha finalidad, no puede estar justificada dentro de este sistema y debe ser considerada ilegal.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>De lo anterior se deduce que la medida solicitada por la demandante en el marco del presente procedimiento sobre medidas provisionales, destinada a que se ordene a la Comisión a intimar a las autoridades francesas a que eximan a Pantochim, con carácter provisional y dentro de ciertos límites, del impuesto interno sobre el consumo, tal como establece el artículo 32 de la loi de finances para el año 1992, es contraria a las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Para mayor abundamiento, procede señalar que, en el presente asunto, la medida provisional solicitada al Juez de medidas provisionales tiene el mismo contenido y los mismos efectos que la medida que, según la demandante, la Comisión se abstuvo de adoptar. Pues bien, no sería conforme con los principios que rigen el reparto de competencias entre las diferentes Instituciones de la Comunidad, deseado por los autores del Tratado, que el Juez comunitario imponga a la Comisión que acoja la solicitud de medidas provisionales que le ha sido sometida (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19891206">6 de diciembre de 1989</DATE>, Cosimex/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-131/89 R" YEAR="1989" PAGE.ECR="II-1">T-131/89R, Rec. 1990, p. II-1, apartados 11 y 12</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Asimismo, en el presente asunto, la demandante solicita al Juez de medidas provisionales que sustituya a la Comisión en la apreciación de la supuesta ayuda, así como de la eventual necesidad de su extensión a la demandante antes de que dicha Institución adopte cualquier decisión en la materia. Además, de esta forma el Juez de medidas provisionales no se dirigiría a la Institución demandada, sino más bien al Estado miembro interesado.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1376"?><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>En base de cuanto precede y sin que sea necesario analizar la fundamentación de los demás motivos invocados por las partes, procede declarar que no se reúnen los requisitos que permitan jurídicamente acordar la medida provisional solicitada y que, por consiguiente, debe desestimarse la demanda.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Desestimar la demanda de medidas provisionales.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Reservar la decisión sobre las costas.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19961021">21 de octubre de 1996</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente</P><P>A. Saggio</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>