1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del principio non bis in idem en el Derecho de la Unión.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal incoado contra AB por incendio intencionado.

Marco jurídico

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El artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la Supresión Gradual de los Controles en las Fronteras Comunes (DO 2000, L 239, p. 19), firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995 (en lo sucesivo, «CAAS»), preceptúa lo siguiente:

Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

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El 15 de diciembre de 2018, AB, residente en Viena (Austria), prendió fuego deliberadamente a un barco en el puerto deportivo de Glyfada (Grecia). El incendio destruyó dicho barco y dañó otros dos.

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Por estos hechos se incoaron diligencias penales contra AB tanto en Grecia como en Austria.

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Tras examinar el fondo del asunto, el 18 de febrero de 2020, el Landesgericht Wiener Neustadt (Tribunal Regional de Wiener Neustadt, Austria) dictó una sentencia (en lo sucesivo, «sentencia de 18 de febrero de 2020») en la que determinó que AB había cometido los actos que se le imputaban y que, si la acusada no hubiera sido considerada inimputable, dichos actos habrían sido constitutivos del delito de incendio, previsto en el artículo 169, apartado 1, del Código Penal austriaco y castigado con una pena privativa de libertad superior a un año. Sin embargo, el órgano jurisdiccional consideró que la acusada era inimputable, ya que había actuado bajo los efectos de una psicosis aguda en el contexto de una esquizofrenia.

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Dicho órgano jurisdiccional declaró asimismo que, debido a su estado psíquico, AB podía cometer otras infracciones penales. Por consiguiente, ordenó su internamiento en un establecimiento para personas con trastorno psiquiátrico que hayan cometido una infracción penal.

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Dicho esto, el mismo órgano jurisdiccional acompañó esta medida de internamiento de una suspensión condicional, con un período de prueba de cinco años. Las condiciones de esta suspensión consisten en la obligación de AB, por una parte, de seguir un tratamiento farmacéutico objeto de controles regulares, al menos una vez al mes, así como de un tratamiento psicoterapéutico continuo, y, por otra parte, de someterse a tratamiento psiquiátrico dispensado cada cuatro semanas en un centro de psiquiatría forense. AB cumplió estas condiciones al menos hasta el 6 de diciembre de 2022.

9

Después de que la fiscalía austriaca y AB renunciaran a interponer los recursos de que disponían, la sentencia de 18 de febrero de 2020 adquirió firmeza.

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Ante el Protodikeio Peiraios (Trimeles Plimmeleiodikeio Peiraios) [Tribunal del Pireo (Tribunal de lo Penal del Pireo), Grecia], que es el órgano jurisdiccional remitente, AB solicita, a través de su abogado, que se ponga fin a las diligencias penales incoadas contra ella en Grecia. Con carácter principal, plantea la excepción de cosa juzgada. En ese sentido, considera que la sentencia de 18 de febrero de 2020, relativa a los mismos hechos que los controvertidos en el litigio principal, constituye una sentencia condenatoria a la que son aplicables el artículo 54 del CAAS y el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Con carácter subsidiario, la acusada sostiene que es inimputable por los hechos en cuestión.

11

La fiscal, apoyada por las partes civiles, a saber, los propietarios de los barcos de que se trata, sostiene que dicha sentencia no implica una condena, puesto que el Landesgericht Wiener Neustadt (Tribunal Regional de Wiener Neustadt) declaró que AB carecía de discernimiento en el momento de los hechos y ordenó, en consecuencia, una medida terapéutica.

12

El órgano jurisdiccional remitente señala, por otra parte, que la medida adoptada por dicha sentencia lleva aparejada una suspensión condicional. Habida cuenta de todos estos elementos, ese órgano jurisdiccional se pregunta sobre la interpretación del principio non bis in idem, consagrado en el artículo 50 de la Carta.

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En estas circunstancias, el Protodikeio Peiraios (Trimeles Plimmeleiodikeio Peiraios) [Tribunal del Pireo (Tribunal de lo Penal del Pireo)] decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

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En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.

15

En el presente asunto, procede aplicar esta disposición.

16

Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial. En efecto, el Tribunal de Justicia puede proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto de que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular su cuestión. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Confédération paysanne (Melones y tomates del Sáhara Occidental), C‑399/22, EU:C:2024:839, apartado 40 y jurisprudencia citada].

17

En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que AB fue juzgada en sentencia firme en Austria, Estado miembro al que es aplicable el CAAS. Se han incoado diligencias penales contra esa persona, por los mismos hechos, en otro Estado miembro al que es aplicable el CAAS. En consecuencia, la situación del litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 54 del CAAS, que dispone que «una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena».

18

También es jurisprudencia reiterada que dicho artículo 54 debe interpretarse a la luz del artículo 50 de la Carta (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de octubre de 2023, INTER CONSULTING, C‑726/21, EU:C:2023:764, apartado 39 y jurisprudencia citada).

19

En estas circunstancias, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 54 del CAAS, en relación con el artículo 50 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro incoe diligencias penales contra una persona sospechosa de haber cometido una infracción, cuando un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, mediante sentencia que ha adquirido firmeza, determinó que esa persona había cometido los mismos hechos que los que han dado lugar a esas diligencias, declaró a dicha persona inimputable por padecer trastornos psiquiátricos y ordenó su internamiento en un establecimiento para personas con trastorno mental que hayan cometido una infracción penal, con suspensión condicional del internamiento, con un período de prueba de cinco años, cuyas condiciones, a saber, el seguimiento de un tratamiento médico, se cumplen.

20

En primer lugar, del artículo 54 del CAAS se desprende que este artículo no solo se aplica al supuesto de que una persona haya sido condenada, sino, con carácter más general, a cualquier situación en la que una persona haya sido juzgada en sentencia firme.

21

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 54 del CAAS tiene por objeto garantizar a una persona que ha sido condenada y ha cumplido su pena, o, en su caso, que ha sido absuelta definitivamente en un Estado miembro, que pueda desplazarse dentro del espacio Schengen sin temor a verse perseguida, por los mismos hechos, en otro Estado miembro (sentencia de 14 de septiembre de 2023, Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, apartado 81 y jurisprudencia citada).

22

Asimismo, conforme al artículo 50 de la Carta, nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.

23

Sobre ese particular, procede recordar que la aplicación del principio non bis in idem se supedita a un doble requisito: por una parte, que exista una resolución anterior firme (requisito del «bis») y, por otra parte, que la resolución anterior y los procedimientos o resoluciones posteriores tengan por objeto los mismos hechos (requisito del «idem») (sentencia de 25 de enero de 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, C‑58/22, EU:C:2024:70, apartado 47 y jurisprudencia citada).

24

Por un lado, el requisito del «idem» se cumple en el caso de autos, puesto que el órgano jurisdiccional remitente ha declarado que los hechos objeto de la sentencia de 18 de febrero de 2020 y los que son objeto del procedimiento principal son los mismos.

25

Por otro lado, en lo que respecta al requisito del «bis», para que pueda considerarse que una resolución se ha pronunciado en firme sobre los hechos sometidos a un segundo procedimiento, es necesario que dicha resolución haya adquirido firmeza y que haya sido adoptada tras una apreciación en cuanto al fondo del asunto (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de junio de 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 14 de septiembre de 2023, Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, apartado 58 y jurisprudencia citada).

26

Así sucede en el presente asunto. En efecto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que AB fue objeto, en Austria, de diligencias penales que dieron lugar a la sentencia de 18 de febrero de 2020, que adquirió firmeza. El órgano jurisdiccional remitente indica que dicha sentencia se dictó tras examinar el fondo del asunto y contiene, por un lado, la constatación de que la acusada cometió hechos que, de no haber sido considerada inimputable, habrían sido constitutivos del delito de incendio y, por otro, una apreciación de la responsabilidad penal de dicha acusada.

27

En segundo lugar, en las circunstancias del presente asunto, no procede determinar si una sentencia por la que se ordena el internamiento de un individuo en un establecimiento para personas con trastorno mental que hayan cometido una infracción penal, con suspensión condicional, constituye una «condena» acompañada de una «sanción», en el sentido del artículo 54 del CAAS.

28

En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en ese artículo, el requisito de que se haya ejecutado una «sanción», se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación del Estado contratante de origen (en lo sucesivo, «requisito de ejecución») solo se exige en caso de «condena». Por lo tanto, excepto en el supuesto de condena, la referencia a la «sanción» no puede interpretarse en el sentido de que supedite a un requisito adicional la aplicabilidad de dicho artículo 54 (véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de junio de 2016, Kossowski, C‑486/14, EU:C:2016:483, apartados 40 y 41).

29

Pues bien, en el caso de autos, resulta evidente que, si la sentencia de 18 de febrero de 2020 implica, respecto de AB, una «condena» acompañada de una «sanción», a efectos del artículo 54 del CAAS, se cumple el requisito de ejecución. Así pues, el Tribunal de Justicia ha declarado que una pena cuya ejecución ha sido dejada en suspenso constituye una «sanción» en el sentido de dicho artículo 54. Deberá considerarse que la mencionada sanción «se está ejecutando» a partir del momento en que la condena se haya hecho ejecutiva y durante todo el plazo de suspensión de la pena. Posteriormente, una vez finalizado el período de prueba, deberá considerarse que la sanción «se ha ejecutado» a efectos del citado artículo (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de julio de 2007, Kretzinger, C‑288/05, EU:C:2007:441, apartado 42).

30

A este respecto, procede señalar que, según lo indicado por el órgano jurisdiccional remitente, las condiciones de la suspensión condicional de que se trata en el litigio principal, a saber, el seguimiento de un tratamiento médico, se cumplieron al menos hasta el 6 de diciembre de 2022. Además, de la petición de decisión prejudicial no se desprende que AB haya incumplido posteriormente esas condiciones o que no haya sido internada en un establecimiento para personas con trastorno mental que hayan cometido una infracción penal a raíz de tal incumplimiento.

31

Por consiguiente, aun suponiendo que la sentencia de 18 de febrero de 2020 contuviera una «condena» acompañada de una «sanción», en el sentido del artículo 54 del CAAS, tal «sanción» se habría «ejecutado», a efectos de dicho artículo, en el supuesto de que el período de prueba hubiera finalizado sin que se hubieran incumplido las condiciones de la suspensión condicional, o se «[estuviera] ejecutando», en el sentido de ese artículo, en el supuesto de que AB hubiera sido internada en un establecimiento para personas con trastorno mental que hayan cometido una infracción penal a raíz de tal incumplimiento.

32

Para dar una respuesta completa al órgano jurisdiccional remitente, procede añadir que una limitación del principio non bis in idem, consagrado en el artículo 50 de la Carta, puede justificarse sobre la base del artículo 52, apartado 1, de esta (sentencia de 14 de septiembre de 2023, Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, apartado 87 y jurisprudencia citada).

33

Dicho esto, como se ha indicado en el apartado 17 del presente auto, la situación controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 54 del CAAS. Pues bien, este artículo no establece limitaciones al principio non bis in idem distintas del requisito de ejecución, previsto en caso de condena, que el Tribunal de Justicia ha considerado compatible con el artículo 50 de la Carta (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de mayo de 2014, Spasic, C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, apartados 55 y 74). Por lo tanto, el artículo 52 de la Carta no es pertinente en el presente asunto.

34

Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 54 del CAAS, en relación con el artículo 50 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro incoe diligencias penales contra una persona sospechosa de haber cometido una infracción, cuando un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, mediante sentencia que ha adquirido firmeza, determinó que esa persona había cometido los mismos hechos que los que han dado lugar a esas diligencias, declaró a dicha persona inimputable por padecer trastornos psiquiátricos y ordenó su internamiento en un establecimiento para personas con trastorno mental que hayan cometido una infracción penal, con suspensión condicional del internamiento, con un período de prueba de cinco años, cuyas condiciones, a saber, el seguimiento de un tratamiento médico, se cumplen.

Costas

35

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.