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Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2024/7056

4.12.2024

Resolución del Comité Europeo de las Regiones — relativa al estado de las regiones y las ciudades en la UE y las orientaciones políticas para la Comisión Europea 2024-2029

(C/2024/7056)

VISTOS:

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su Informe anual de la UE de 2024 sobre el estado de las regiones y las ciudades, que ofrece a los responsables políticos a escala europea, nacional, regional y local datos y recomendaciones clave sobre los retos más acuciantes que deben abordarse durante la legislatura 2024-2029 de la UE,

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la Declaración de Mons, adoptada el 19 de marzo de 2024 en la décima Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, titulada «Las regiones y ciudades tienen el poder de forjar un futuro más sólido, más justo y más resiliente para Europa»,

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los resultados de las elecciones europeas que tuvieron lugar entre el 6 y el 9 de junio de 2024,

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la Agenda Estratégica 2024, adoptada por el Consejo Europeo el 27 de junio de 2024,

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las Orientaciones Políticas 2024-2029, presentadas por la presidenta electa de la Comisión Europea el 18 de julio de 2024,

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el Protocolo de cooperación renovado entre la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones, de 4 de abril de 2024, y en particular su punto 3, en el que se establece que el CDR contribuye al programa de trabajo de la Comisión del año siguiente mediante la aprobación de una resolución en la que expone sus posiciones fundamentales al respecto;

CONSIDERANDO que el Informe anual de la UE de 2024 sobre el estado de las regiones y ciudades destaca los siguientes aspectos clave:

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que la confianza de la ciudadanía en los entes regionales y locales alcanzó su máximo nivel en 2024, con un 60 %, el porcentaje más elevado entre todos los niveles de gobierno;

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que las regiones y ciudades son responsables de la aplicación de hasta el 70 % de la legislación de la UE y de la realización del 50 % de la inversión pública y el 30 % del gasto público; que también llevan a cabo hasta el 70 % de las acciones de mitigación del cambio climático y el 90 % de las de adaptación al mismo;

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que el impacto del cambio climático será asimétrico, ya que el coste de la adaptación al cambio climático ascenderá a 120 000 millones EUR si la temperatura aumenta 2°C y a 200 000 millones EUR anuales si aumenta entre 3 y 4 °C; que el 70 % de la población de la UE sufre las consecuencias del estrés hídrico estacional y que el 30 % vive en zonas que padecen este fenómeno permanentemente;

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que la realización del Pacto Verde Europeo requerirá una inversión adicional de 130 000 millones EUR al año para la protección del medio ambiente y de 350 000 millones EUR al año para lograr una reducción del 55 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030; que las regiones con industrias de gran consumo de energía requerirán enormes inversiones para reducir las emisiones de GEI de las industrias pesadas, que representan el 45 % del total, y para reducir el coste de la energía;

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que, tal como se subraya en el Informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea, serán necesarias inversiones innovadoras —en particular, en servicios públicos como la educación, la sanidad, la vivienda y los servicios sociales— y reformas institucionales para que el Pacto Industrial Limpio europeo desemboque en industrias competitivas y empleos de calidad;

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que el cambio demográfico está poniendo a prueba la resiliencia del tejido socioeconómico de la UE, y que las regiones europeas prevén que en 2040 la población en edad laboral se reducirá en diecisiete millones con respecto a 2023; que muchas regiones tienen cada vez más dificultades para atraer y retener talento;

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que las zonas rurales se están viendo gravemente perjudicadas, con una disminución de la población rural de alrededor de un millón de personas cada año y la desaparición de ochocientas explotaciones agrícolas cada día, con el consecuente abandono de tierras e incremento de la posibilidad de incendios;

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que la política de cohesión, la principal política de inversión de la UE, representa el 13 % de la inversión pública total en la UE; que los actuales programas pretenden desembolsar un importe aproximado de 378 000 millones EUR en inversiones en diversos ámbitos, como el apoyo a las empresas, la creación de empleo y la mejora de la eficiencia energética, y crear al mismo tiempo 1,3 millones de puestos de trabajo e impulsar el PIB de la UE en un 0,5 %.

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

Prosperidad y competitividad sostenibles de Europa

1.

conviene en que es esencial legislar mejor para impulsar la competitividad y la prosperidad de nuestra Unión; subraya que la subsidiariedad activa y la plena participación de los entes locales y regionales aportan la representación democrática y la experiencia necesarias para mejorar el marco regulador de la UE;

2.

respalda las propuestas que se recogen en el Informe Draghi sobre el futuro de la competitividad europea para aplicar el principio de subsidiariedad de forma inteligente y activa, lo que conlleva reducir la carga normativa que pesa sobre las empresas de la UE y las autoridades públicas en algunos ámbitos y reforzar la gobernanza a escala de la UE en otros, así como la necesidad de potenciar la capacidad administrativa a escala nacional, regional y local;

3.

considera necesario, en aras de una subsidiariedad activa adecuada y en el marco de las evaluaciones del impacto territorial, evaluar de manera sistemática el impacto en los territorios amparados por el artículo 174 del TFUE al analizar la legislación de la Unión Europea;

4.

pide que el nuevo acuerdo interinstitucional sobre la simplificación y la mejora de la legislación, en ámbitos tan sensibles como la política agrícola común (PAC), tome en consideración la naturaleza multinivel del proceso regulador y la gobernanza de la UE; solicita su participación activa en las negociaciones sobre el nuevo acuerdo y en su aplicación;

5.

aboga por una mejora sustancial de las condiciones para hacer negocios en la UE; afirma que los controles de la competitividad y las pruebas de las pymes podrían contribuir a reducir la carga normativa que pesa sobre estas;

6.

considera que las regiones deben desempeñar un papel más destacado en la ejecución de las políticas europeas de transición digital. Los gobiernos regionales deben tener un mayor acceso a los procesos de toma de decisiones en los proyectos de infraestructuras digitales, lo que les permitiría adaptar las políticas a las necesidades locales y garantizar una transformación digital equitativa en las zonas urbanas y rurales;

7.

apoya firmemente el objetivo de impulsar la inversión para financiar la doble transición ecológica y digital y hacer frente a las consiguientes necesidades de capacidades y del mercado laboral; considera que aprovechar en mayor medida los recursos privados es necesario;

8.

subraya la importancia que reviste mantener la ambición del Pacto Verde Europeo y hace hincapié en que esto debe ir de la mano de la competitividad económica; es partidario de acelerar la transición a una energía limpia, fiable y asequible, también mediante el establecimiento de ventanillas únicas a escala regional y local, que ayuden a los hogares, las explotaciones agroganaderas y las pymes en la fase de transición; además, los entes regionales deben tener una mayor capacidad de toma de decisiones y acceso a financiación directa para proyectos de energías renovables, a fin de garantizar que estos se adapten a las necesidades locales específicas de los territorios. Un marco normativo flexible capacitaría en mayor medida a las regiones para liderar la transición ecológica;

9.

recuerda a los dirigentes de la UE que las regiones y ciudades solo pueden prosperar en un mercado único que funcione correctamente y que permita la innovación en un marco de competencia leal, lo que depende también de una plena libertad de circulación sin fronteras interiores en el espacio Schengen; anima a la nueva Comisión Europea a que proponga medidas, basadas en los recientes informes de Enrico Letta y Mario Draghi, que consoliden el mercado único y refuercen así la competitividad de la UE en el contexto de la doble transición ecológica y digital, lo que garantizará que esta sea equitativa para todas las regiones de la UE;

10.

señala que el apoyo a la circulación, los servicios y los proyectos de infraestructuras transfronterizos en el mercado único constituye una piedra angular del crecimiento y la competitividad, lo que también implica la necesidad de aumentar el presupuesto para la cooperación territorial europea en el futuro. En particular, debe darse prioridad a la finalización de los corredores y proyectos esenciales de la RTE-T, fundamentales para el desarrollo económico de las regiones y para lograr la transformación ecológica;

11.

acoge con satisfacción la anunciada legislación sobre economía circular, cuyo objetivo es crear demanda de materias primas fundamentales secundarias y un mercado único de residuos; hace un llamamiento a favor de la plena participación de las regiones y ciudades, en especial a través de la contratación pública y de su papel en la reducción y gestión de los residuos, la capacitación de las empresas locales y el fomento de cambios de comportamiento;

12.

aboga por una rápida realización de la Unión Europea de la Salud, a fin de fomentar la cooperación transfronteriza en materia de asistencia sanitaria; reitera su petición de que se realicen pruebas de resistencia de los sistemas sanitarios, incluido el plan de preparación y prevención para las regiones transfronterizas;

13.

aboga por la creación de una Unión de la Energía plenamente integrada e interconectada, para mejorar el acceso de la UE a una energía más limpia, más fiable y más asequible, reducir el consumo de energía, responder mejor a las necesidades locales y garantizar precios asequibles para la ciudadanía y las empresas;

14.

destaca la necesidad de facilitar la implantación y el crecimiento de servicios públicos transfronterizos en ámbitos clave como la interoperabilidad y los servicios de documentos electrónicos, así como la cooperación interregional, el aprendizaje comparativo y el intercambio de datos para la administración electrónica;

15.

se congratula de que la Comisión Europea centre la atención en una inteligencia artificial (IA) segura y digna de confianza, que se base en un marco claro de requisitos éticos, y pide que las ciudades y regiones participen plenamente en su aplicación; subraya la necesidad de abordar las consecuencias de una posible «brecha de la IA»;

Defensa y seguridad europeas

16.

apoya la creación de un mercado único europeo de defensa, ya que la industria de defensa desempeña un importante papel en el desarrollo económico de determinadas regiones europeas;

17.

señala que unas infraestructuras de transporte resilientes son esenciales para la seguridad y la defensa; aboga por un firme compromiso político y financiero para crear los enlaces transfronterizos que aún faltan a escala europea, nacional y regional, a fin de permitir también el doble uso de la red transeuropea de transporte (RTE-T) con fines civiles y militares;

18.

apoya la propuesta de una Estrategia de Seguridad Interior de la UE; hace hincapié en que las regiones y ciudades son agentes clave que establecen un vínculo entre la legislación de la Unión y las políticas de seguridad locales y nacionales, incluidas las medidas de lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, la trata de seres humanos y otras amenazas para la seguridad;

Apoyar a las personas y reforzar nuestro modelo socioeconómico

19.

considera que una política de cohesión posterior a 2027, reforzada y mejorada, con la que puedan contar todas las regiones, es un elemento crucial para ayudar a las ciudades y regiones de Europa a hacer frente a las transformaciones ecológica, digital y demográfica, sin dejar a nadie atrás y garantizando la competitividad de la UE;

20.

aboga por una política de cohesión más simple, más focalizada y más visible, y rechaza firmemente cualquier intento de centralizarla; afirma que la participación de los entes locales y regionales en el diseño y la ejecución de las políticas resulta esencial para lograr los objetivos de cohesión social, económica y territorial. Por consiguiente, la política de cohesión posterior a 2027 debe guiarse por los principios establecidos de gestión compartida, gobernanza multinivel, asociación y enfoque de base local y regional;

21.

pide que los objetivos del Fondo de Transición Justa sigan persiguiéndose en la futura política de cohesión en el marco del MFP posterior a 2027; señala que la realización de una transición justa requiere un enfoque territorialmente sensible, que se base en la asociación y tenga debidamente en cuenta los ecosistemas industriales regionales;

22.

destaca la importancia que reviste para la economía de la UE el sector de la automoción, que proporciona empleo a 13,8 millones de europeos y representa el 7 % del PIB de la UE, y reclama una estrategia integral para la transición justa y sostenible de las regiones con industria de automoción, así como de las regiones mineras o las que dependen de otros sectores de gran consumo energético, que seguirán necesitando el apoyo de la UE para lograr su transformación; señala que diversos retos relacionados con la fabricación y el mercado podrían dificultar que los fabricantes europeos de automóviles alcancen los objetivos más estrictos de emisiones de CO2 —que entrarán en vigor en 2026— para sus flotas, e insta a la Comisión Europea a que considere un enfoque más gradual y una revisión anticipada, siempre en 2025, de la legislación pertinente, para que los fabricantes europeos de automóviles dispongan de tiempo suficiente para adaptarse; destaca al mismo tiempo la importancia de unas infraestructuras viarias sostenibles y se compromete con el refuerzo de la movilidad respetuosa con el clima, en general;

23.

subraya que los entes locales y regionales prestan a menudo servicios clave de movilidad y transporte para conectar todos los territorios, a fin de garantizar que las zonas urbanas, periféricas y rurales gocen de igualdad de acceso al mercado único y ofrecer soluciones de movilidad asequibles y sostenibles;

24.

subraya que el sector turístico es una actividad económica de primer orden en la Unión Europea, ya que representa el 10 % de su PIB y tiene un impacto significativo en el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social. El turismo debe efectuar una transición hacia la sostenibilidad, lo que requiere una estrategia de apoyo por parte de la Unión Europea;

25.

toma nota del renovado compromiso político con el pilar europeo de derechos sociales y el fomento de la igualdad, así como de la promesa de abordar la eficiencia energética y la asequibilidad de la vivienda a través del plan de acción para unos precios de la energía asequibles y de la propuesta de plan europeo de inversiones para una vivienda asequible y sostenible;

26.

hace hincapié en la necesidad de afrontar el cambio demográfico, la despoblación, la superpoblación, el envejecimiento y la fuga de cerebros mediante un conjunto de políticas públicas que apoyen el «derecho de permanencia», reteniendo el talento y atrayendo mano de obra cualificada; apoya las iniciativas para mejorar las vías de migración legal, como una de las respuestas a las necesidades de capacidades de las comunidades locales; solicita estrategias pormenorizadas y exhaustivas, y recursos adecuados para la inclusión y la integración de los migrantes en las sociedades europeas;

27.

pide un mayor respaldo para desarrollar las capacidades digitales de la ciudadanía y apoyo financiero destinado a las ciudades y las regiones para la digitalización de los servicios públicos, con el fin de mantener un acceso equitativo de la ciudadanía a las nuevas herramientas en favor del desarrollo económico y la inclusión social;

28.

pide, en favor de una vivienda asequible y sostenible, que se simplifiquen los procedimientos administrativos para acceder a las ayudas de la UE destinadas a la renovación energética;

Mantener nuestra calidad de vida: seguridad alimentaria, agua y naturaleza

29.

señala que las ciudades y regiones son socios clave en la promoción de unos sistemas alimentarios sanos y sostenibles, y reitera su petición de que se publique sin más dilación la legislación marco sobre sistemas alimentarios sostenibles;

30.

acoge favorablemente el compromiso de apoyar las explotaciones familiares y el relevo intergeneracional, recompensar a los agricultores por preservar la biodiversidad y los ecosistemas naturales, fortalecer la competitividad de los agricultores y protegerles frente a las prácticas comerciales desleales; afirma que unos ingresos justos para los agricultores son vitales para ralentizar la despoblación rural y el abandono de tierras y garantizar unas zonas rurales dinámicas y atractivas, así como para lograr los objetivos de la Agenda 2030. Debe prestarse especial atención a las regiones agrícolas que afrontan retos únicos debido a la escasez de agua y al cambio climático, con un apoyo específico a la investigación sobre cultivos resistentes a la sequía y tecnologías de riego eficientes;

31.

considera que se deben incrementar los presupuestos de los fondos agrícolas FEAGA y FEADER en el próximo marco financiero de la futura reforma de la PAC. Asimismo, sería necesaria la eliminación de la condicionalidad social de las ayudas de la PAC, la reducción y simplificación de la condicionalidad reforzada de las ayudas (BCAM) y la eliminación de los ecorregímenes, que suponen el 23 % de los fondos del primer pilar de la PAC, incorporando esta cantidad en las ayudas directas sin requisitos adicionales para su percepción;

32.

pide que las regiones desempeñen un papel más destacado en la gestión de la futura política agrícola común, conforme a las especificidades territoriales y sectoriales, con el fin de establecer unas políticas y ayudas adaptadas a territorios concretos;

33.

aboga por que se utilice el anunciado Pacto de Pesca y Océanos para mejorar la ejecución de la política pesquera común y permitir a las regiones participar en mayor medida en la conservación y gestión de los recursos del mar, la pesca y la acuicultura;

34.

subraya el papel que desempeña la economía azul para afrontar los desafíos que plantean el cambio climático, la descarbonización y la competitividad, y valora positivamente la intención de la Comisión Europea de presentar una estrategia industrial marítima y una estrategia portuaria de la UE;

35.

acoge favorablemente la anunciada estrategia europea de resiliencia hídrica y pide que se apoye en mayor medida a las regiones y ciudades para abordar la escasez y la seguridad del agua, hacer frente a las inundaciones perjudiciales y restablecer los ciclos naturales del agua conforme a la geografía, el clima y los tejidos socioeconómicos locales;

36.

pide que, en la futura política de cohesión, se incluya un cuadro de indicadores de vulnerabilidad, ya que las necesidades de las regiones son asimétricas cuando se trata de adaptarse a los efectos del cambio climático en los activos naturales y construidos, las actividades económicas, la salud de las personas y la vida social, como ocurre con las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes conforme a lo dispuesto en el artículo 174 del TFUE;

Proteger nuestra democracia, defender nuestros valores

37.

expresa su apoyo a los esfuerzos por lograr la igualdad para todos y se ofrece para contribuir a una nueva estrategia de igualdad de género; reitera su compromiso de continuar promoviendo la democracia europea sobre el terreno, también mediante la colaboración con la juventud; aboga por una cooperación más estrecha con la Comisión Europea en la organización de diálogos locales con la ciudadanía, en particular a través de la Red europea de corresponsales regionales y locales y el Programa de Jóvenes Representantes Políticos;

38.

destaca el papel fundamental que desempeñan las regiones y ciudades en la defensa y la supervisión del Estado de Derecho, como pilar fundamental de la democracia local y nacional en el que se basa la Unión Europea y la garantía de estabilidad para los Estados miembros y de igualdad para la ciudadanía de la Unión Europea;

39.

pide que se le permita participar plenamente en la propuesta de «Escudo de la Democracia Europea», dado que las regiones y ciudades pueden ayudar a detectar y a combatir proactivamente la desinformación y la manipulación informativa;

Una Europa global

40.

hace hincapié en su apoyo inquebrantable a Ucrania y a sus entes locales y regionales, en particular a través de la Alianza Europea de Ciudades y Regiones para la Reconstrucción de Ucrania;

41.

subraya que la ampliación es un catalizador de reformas y que la adhesión a la UE debe seguir basándose en el mérito; la UE debe apoyar a los niveles de gobierno regional y local en sus esfuerzos por reforzar la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, la descentralización y la lucha contra la corrupción, también a través de sus comités consultivos mixtos y grupos de trabajo; pide a la UE que asigne recursos suficientes para preparar a los países de la ampliación a llevar a cabo las reformas necesarias con vistas a la adhesión, prestando especial atención al desarrollo de capacidades y al aprendizaje entre iguales para los entes locales y regionales;

42.

destaca la necesidad de reforzar la dimensión territorial de la cooperación euromediterránea, en particular a través de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM);

43.

afirma que seguirá promoviendo el papel global de las regiones y ciudades en las políticas climáticas y de biodiversidad a través de la diplomacia climática a escala subnacional y en los organismos y marcos pertinentes de las Naciones Unidas;

Acción conjunta y preparación de nuestra Unión para el futuro

44.

subraya la necesidad de adaptar las estructuras y los procesos de gobernanza de la UE para que pueda hacer frente a los retos futuros, en particular la perspectiva de una futura ampliación, y aumentar la competitividad de la UE; se muestra convencido de que es inevitable modificar los Tratados de la UE con el fin de que esté preparada para el futuro y pide que se le permita participar plenamente en cualquier modificación futura; se compromete, mientras tanto, a optimizar el marco actual para integrar en mayor medida a las regiones y ciudades en la elaboración de la legislación de la UE;

45.

acoge favorablemente el compromiso con un presupuesto de la UE moderno, basado en el establecimiento de prioridades, la simplicidad, el impacto, el respeto del Estado de Derecho y los recursos adecuados, por lo que pide a la Comisión Europea que tome en consideración las propuestas de las regiones y ciudades para el MFP posterior a 2027; reitera la necesidad de que el presupuesto de la UE apoye las políticas de base local y subraya que los planes nacionales deben respetar la gobernanza multinivel y el principio de asociación;

46.

pide, por lo tanto, a todas las instituciones europeas que colaboren en pro de una Unión Europea más CERCANA a su ciudadanía, más CAPACITADA para gestionar con éxito las transformaciones industriales y aumentar su competitividad, más COHESIVA al no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás, y más AMBICIOSA a la hora de garantizar que su futuro presupuesto esté en consonancia con los objetivos perseguidos.

Bruselas, 9 de octubre de 2024.

El Presidente

del Comité Europeo de las Regiones

Vasco ALVES CORDEIRO


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7056/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)