1

Mediante su recurso, basado en el artículo 270 TFUE y en el artículo 50 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el demandante, DO, solicita la anulación de la decisión contenida en su recibo de salarios del mes de julio de 2023, relativa al tipo impositivo aplicado a la retribución percibida y a la liquidación, por el Banco Central Europeo (BCE), del impuesto adeudado correspondiente a ese mes (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).

Antecedentes del litigio

2

El demandante fue contratado por el BCE a partir del 1 de enero de 2001. Desempeña en dicha entidad las funciones de auditor jefe de equipo experimentado.

3

En el mes de julio de 2023, de veintiún días laborables, el demandante disfrutó de un permiso parental de once días, concedido con arreglo al artículo 29 de las Condiciones de contratación del personal del BCE, tal como se precisa en el artículo 5.11 del Reglamento del Personal del BCE, y trabajó diez días. En virtud de estas disposiciones, el permiso parental de los miembros del personal del BCE no está remunerado.

4

El 14 de julio de 2023, el BCE remitió al demandante su recibo de salarios del mes de julio de 2023, del que se desprende que el tipo impositivo aplicado a la retribución percibida por este último correspondiente a ese mes es el mismo que el que se aplica cuando no disfruta de ningún permiso parental.

5

El 25 de agosto de 2023, el demandante interpuso, sobre la base del artículo 41 de las Condiciones de contratación del personal del BCE, un recurso administrativo contra la decisión contenida en su recibo de salarios de julio de 2023 relativa al tipo impositivo aplicado a la retribución percibida y a la liquidación del impuesto adeudado correspondiente a ese mes. En apoyo de su recurso administrativo, el demandante alegaba que, con arreglo a los artículos 3 y 4 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 260/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas (DO 1968, L 56, p. 8; EE 01/01, p. 136), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1750/2002 del Consejo, de 30 de septiembre de 2002 (DO 2002, L 264, p. 15) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 260/68»), el impuesto adeudado debía calcularse sobre la base de la retribución efectivamente percibida. Así, según el demandante, dado que había trabajado diez días durante el mes de julio de 2023, el impuesto adeudado correspondiente a ese mes debía calcularse sobre el importe de la retribución percibida por esos diez días de trabajo, y no aplicando el tipo impositivo que se aplica a su retribución mensual cuando trabaja un mes completo.

6

Mediante decisión de 17 de octubre de 2023 (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria del recurso administrativo»), el BCE desestimó el recurso administrativo del demandante debido a que, con arreglo al artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68, el tipo impositivo que sirve para determinar el importe del impuesto adeudado en el caso de una retribución que corresponda a un período inferior a un mes debe ser el mismo que el aplicable al «pago mensual correspondiente», es decir, según el BCE, al salario ficticio correspondiente a un mes completo de trabajo. Para el BCE, esta práctica está en consonancia con el enfoque que sigue la Comisión Europea.

7

El 14 de diciembre de 2023, el demandante, sobre la base del artículo 41 de las Condiciones de contratación del personal del BCE, presentó una reclamación contra la decisión desestimatoria del recurso administrativo, que fue desestimada mediante decisión de la presidenta del BCE de 5 de febrero de 2024 (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación»).

Pretensiones de las partes

8

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

–

Anule la decisión impugnada.

–

Anule, en la medida en que sea necesario, la decisión desestimatoria del recurso administrativo y la decisión desestimatoria de la reclamación.

–

Condene en costas al BCE.

9

El BCE solicita al Tribunal General que:

–

Desestime el recurso.

–

Condene en costas al demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre el objeto del recurso

10

Según la jurisprudencia, las pretensiones de anulación formalmente dirigidas contra la desestimación de una reclamación dan lugar a que se someta al Tribunal General el acto contra el cual se presentó la reclamación, cuando dichas pretensiones están, como tales, desprovistas de contenido autónomo. Lo mismo sucede con un recurso administrativo interpuesto por un miembro del personal del BCE (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2021, QB/BCE, T‑555/20, no publicada, EU:T:2021:552, apartado 29 y jurisprudencia citada).

11

En el caso de autos, dado que la decisión desestimatoria del recurso administrativo y la decisión desestimatoria de la reclamación no hacen sino confirmar la decisión contenida en el recibo de salarios del demandante de julio de 2023, las pretensiones de anulación dirigidas contra dichas decisiones carecen de contenido autónomo y, por tanto, no ha lugar a pronunciarse específicamente sobre estas, aun cuando, al examinar la legalidad de dicho recibo de salarios, habrá que tomar necesariamente en consideración la motivación que figura en las decisiones desestimatorias del recurso administrativo y de la reclamación antes mencionadas (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2021, QB/BCE, T‑555/20, no publicada, EU:T:2021:552, apartado 30 y jurisprudencia citada).

Sobre el fondo

12

En apoyo de su recurso, el demandante invoca tres motivos, basados, el primero, en la infracción de las normas de cálculo del impuesto establecidas por el Reglamento n.o 260/68 y en un error manifiesto de apreciación, el segundo, en la vulneración del principio de igualdad de trato y, el tercero, en el incumplimiento de la obligación de motivación.

13

Deben examinarse, para comenzar, el tercer motivo y, a continuación, los motivos primero y segundo.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

14

El demandante alega que el BCE incumplió su obligación de motivación al limitarse a indicar, sin fundamentar su alegación ni aportar la menor prueba, que había aplicado el mismo método de cálculo del impuesto que el aplicado por la Comisión. Además, el demandante sostiene que el BCE no ha expuesto la razón por la que aplica el mismo método de cálculo del impuesto a los miembros de su personal que se acogen a un permiso parental y a los que se acogen a una excedencia no retribuida, pese a que estas situaciones no son comparables de hecho ni de Derecho.

15

El BCE rebate estas alegaciones.

16

A este respecto, procede recordar que la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE y reafirmada en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un principio esencial del Derecho de la Unión que tiene por objeto, por un lado, proporcionar al interesado una indicación suficiente para apreciar el fundamento del acto lesivo y la oportunidad de interponer un recurso judicial tendente a cuestionar su legalidad y, por otro lado, permitir al juez de la Unión ejercer su control. Su alcance debe apreciarse en función de las circunstancias concretas, en particular, del contenido del acto y de la índole de los motivos indicados, así como del interés que puede tener el destinatario en recibir explicaciones (véanse las sentencias de 4 de julio de 2024, EUIPO/KD, C‑5/23 P, EU:C:2024:575, apartado 38 y jurisprudencia citada, y de 14 de diciembre de 2022, TM/BCE, T‑440/21, no publicada, EU:T:2022:800, apartado 34 y jurisprudencia citada).

17

Por otra parte, ya se ha declarado que la Administración no está obligada a motivar los recibos de salarios de sus funcionarios y agentes, en la medida en que aplica en dichos recibos actos de alcance general, sin disponer de ninguna facultad de apreciación a este respecto. No obstante, si, como en el caso de autos, los funcionarios o agentes del BCE consideran que uno o varios recibos de salarios les resultan lesivos y deciden interponer un recurso administrativo y, posteriormente, una reclamación, la Administración está obligada a motivar sus decisiones desestimatorias de dicho recurso y de dicha reclamación, debiendo precisarse que la motivación de esas decisiones desestimatorias debe coincidir con el contenido de los recibos de salarios contra los que se dirigían el recurso administrativo y la reclamación (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 18 de septiembre de 2003, Lebedef y otros/Comisión, T‑221/02, EU:T:2003:239, apartado 62).

18

En el caso de autos, tanto de la decisión desestimatoria del recurso administrativo como de la decisión desestimatoria de la reclamación se desprende que el BCE explicó al demandante que había interpretado el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 en el sentido de que la referencia al concepto de «pago mensual correspondiente», que figura en dicha disposición, suponía aplicar los tipos impositivos previstos para cada tramo de ingresos, tal como se determinan en el artículo 4 del mismo Reglamento, al salario «ficticio» correspondiente a un mes completo de trabajo. El BCE indicó, asimismo, que había calculado el impuesto adeudado por el demandante por el mes de julio de 2023 en proporción al número de días trabajados, aplicando a la retribución abonada a este último el mismo tipo impositivo que el que se aplica a su retribución habitual y que corresponde a un mes completo de trabajo.

19

Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que la motivación aportada por las decisiones desestimatorias del recurso administrativo y de la reclamación muestra de manera clara e inequívoca el método de cálculo del impuesto aplicado por el BCE y el razonamiento seguido por esta institución. Por lo tanto, se dio al demandante la posibilidad de comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él y el juez de la Unión puede ejercer su control sobre la legalidad de esas decisiones.

20

Procede añadir que una motivación puede no ser exhaustiva y debe considerarse suficiente cuando expone los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en la lógica de la decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2017, CJ/ECDC, T‑692/16, no publicada, EU:T:2017:894, apartado 116 y jurisprudencia citada). Así pues, la Administración no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones formuladas ante ella (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión, C‑404/04 P, no publicada, EU:C:2007:6, apartado 30).

21

En consecuencia, las alegaciones del demandante mediante las que reprocha al BCE no haber fundamentado suficientemente la razón por la que aplicó el mismo método de cálculo del impuesto que el aplicado por la Comisión, o no haber explicado la razón por la que aplica el mismo método de cálculo del impuesto a los miembros de su personal que se acogen a un permiso parental y a los que se acogen a una excedencia no retribuida (véase el apartado 14 anterior) no pueden desvirtuar la constatación realizada en el anterior apartado 19, puesto que el BCE no tenía ninguna obligación de responder a todas las alegaciones formuladas por el demandante.

22

De ello se deduce que debe desestimarse el tercer motivo, basado en la motivación insuficiente de la decisión impugnada.

Primer motivo, basado en la infracción de las normas de cálculo del impuesto establecidas por el Reglamento n.o 260/68 y en un error manifiesto de apreciación

23

El demandante sostiene, para comenzar, que, con arreglo a los artículos 3 y 4 del Reglamento n.o 260/68, el impuesto exigible a los funcionarios y agentes de la Unión Europea debe calcularse sobre la base de la retribución percibida. En apoyo de sus alegaciones, el demandante invoca, en particular, la jurisprudencia derivada de la sentencia de 21 de octubre de 2009, Ramaekers-Jørgensen/Comisión (F‑74/08, EU:F:2009:142). Precisa que el juez de la Unión nunca se ha pronunciado explícitamente sobre esta cuestión. Añade que el concepto de «pago mensual correspondiente», que figura en el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 no está definido con precisión y que no queda clara, en la decisión impugnada, la interpretación que hace el BCE de esos términos. A este respecto, alega que, en caso de duda sobre la interpretación de una norma fiscal, debería adoptarse la interpretación más favorable para el contribuyente.

24

A continuación, el demandante expone que, contrariamente a lo que sostuvo el BCE en las decisiones desestimatorias del recurso administrativo y de la reclamación, el método que aplicó no es el mismo que el que aplica la Comisión, a pesar de que el artículo 10 del Reglamento n.o 260/68 obliga a las administraciones de la Unión a concertarse para asegurar una aplicación uniforme de las disposiciones de dicho Reglamento. El demandante ilustra esta alegación mediante un cálculo, realizado con ayuda de una calculadora financiera puesta a disposición del personal de la Comisión, que, en su opinión, demuestra que dicha institución, en una situación comparable a la suya, calcula el impuesto adeudado sobre la base de la retribución efectivamente percibida por el funcionario o agente de que se trate. Sostiene asimismo que el BCE reconoció, en una comunicación al personal publicada en la intranet de la institución el 19 de enero de 2024, que el método de cálculo del impuesto a prorrata para los meses no trabajados en su totalidad es imperfecto.

25

Por último, el demandante alega que el BCE aplica erróneamente el mismo método para calcular el impuesto adeudado por un funcionario o agente en caso de permiso parental y en caso de excedencia no retribuida, siendo así que estas dos formas de licencia no pueden asimilarse. A este respecto, según el demandante, un miembro del personal que disfruta de una excedencia no retribuida está autorizado a ejercer actividades remuneradas complementarias durante dicha excedencia, mientras que no sucede así en el caso de un miembro del personal que disfruta de un período de permiso parental.

26

El BCE rebate estas alegaciones.

27

Con carácter preliminar, procede observar que, mediante el primer motivo, aunque formalmente se base en la infracción de las normas de cálculo del impuesto establecidas por el Reglamento n.o 260/68 y en un error manifiesto de apreciación, el demandante imputa al BCE, en realidad, haber incurrido en error de Derecho. En efecto, mediante este primer motivo, el demandante alega que la interpretación del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 adoptada por el BCE es errónea. Pues bien, de ser así, debería concluirse que el BCE incurrió en error de Derecho en la interpretación de dicha disposición, lo cual fue afirmado además por el demandante en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal General.

28

Asimismo, procede observar que la alegación del demandante según la cual el BCE aplica erróneamente el mismo método para calcular el impuesto adeudado por un funcionario o agente cuando se encuentra en situación de permiso parental o en situación de excedencia no retribuida, dado que estas dos formas de licencia no son asimilables (véase el anterior apartado 25), se solapa con la expuesta en el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato, que se examinará a continuación, tras el examen del primer motivo.

29

Por lo que respecta a la sentencia de 21 de octubre de 2009, Ramaekers-Jørgensen/Comisión (F‑74/08, EU:F:2009:142), invocada por el demandante en apoyo de la afirmación de que el impuesto adeudado por los funcionarios y agentes de la Unión debe calcularse siempre sobre la base de la retribución percibida (véase el anterior apartado 23), procede señalar, como hace el BCE, que la situación controvertida en dicha sentencia es diferente de la del presente asunto. En efecto, la cuestión planteada en el asunto que dio lugar a esa sentencia anterior era la de determinar la base imponible, a efectos del cálculo del impuesto adeudado, en el caso particular de una parte demandante que, a raíz del fallecimiento de su cónyuge, acumulaba su retribución con una pensión de supervivencia, la cual, debido a dicha acumulación, tributaba con mayor rigor que si hubiera tributado de forma separada. En ese asunto, el Tribunal de la Función Pública declaró que, en tales circunstancias, la base imponible estaba compuesta por el importe que representaba la suma del sueldo del funcionario o agente y de la pensión de supervivencia abonadas cada mes (sentencia de 21 de octubre de 2009, Ramaekers-Jørgensen/Comisión, F‑74/08, EU:F:2009:142, apartados 48 a 54). Pues bien, la cuestión planteada en el presente asunto es la de la determinación del tipo impositivo aplicable a las cantidades abonadas por la Unión a uno de sus funcionarios o agentes cuando dichas cantidades se refieren a un período de trabajo inferior a un mes. No se refiere a la determinación de la base imponible.

30

Por lo que respecta a las conclusiones que el demandante extrae de la utilización de una calculadora financiera puesta a disposición del personal de la Comisión (véase el anterior apartado 24), procede observar, sin perjuicio de la cuestión del valor probatorio de tal herramienta, que el cálculo efectuado por el demandante se basa en la premisa errónea según la cual la retribución de un período de trabajo inferior a un mes es asimilable a la retribución mensual completa de un funcionario o agente que ejerza sus funciones a tiempo parcial. En efecto, para realizar su demostración en cuanto a cantidades, el demandante comparó la situación de un funcionario de grado AD 10, escalón 4, que percibía una retribución mensual completa con la de un funcionario del mismo grado y escalón, que ejercía su actividad habitual a tiempo parcial, hasta el 50 % de una jornada completa, durante el mismo período mensual. Pues bien, en estas dos situaciones, la retribución percibida por el funcionario de grado AD 10, escalón 4, es una retribución mensual completa, aunque abonada, en uno de los dos casos, por una actividad ejercida a tiempo parcial y no una retribución abonada por un período de trabajo inferior a un mes, como contempla el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68.

31

Formuladas estas observaciones preliminares, procede señalar que el examen de la cuestión planteada mediante el primer motivo, relativa a la determinación del tipo impositivo aplicable a las cantidades abonadas por la Unión a uno de sus funcionarios o agentes cuando tales cantidades se refieren a un período de trabajo inferior a un mes, requiere la interpretación del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68, que resulta controvertida entre las partes.

32

A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, para la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, G. K. y otros (Fiscalía Europea), C‑281/22, EU:C:2023:1018, apartado 46 y jurisprudencia citada].

33

Por lo que respecta al tenor del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68, procede recordar que este dispone:

34

De este modo, el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 hace depender el tipo impositivo aplicable a un «ingreso imponible» correspondiente a un período de trabajo inferior a un mes del tipo impositivo aplicable al «pago mensual correspondiente».

35

A este respecto, procede señalar que el sentido y el alcance del concepto de «ingreso imponible» pueden determinarse teniendo en cuenta el artículo 3 del Reglamento n.o 260/68. De esta última disposición resulta que son imponibles y, por tanto, pueden calificarse de «ingreso imponible» en el sentido del artículo 7, párrafo primero, de dicho Reglamento los sueldos, salarios y emolumentos de cualquier naturaleza pagados por la Unión a sus funcionarios y agentes que constituyen una base imponible de la cual, por un lado, se excluyen diferentes sumas e indemnizaciones que representen la compensación de las cargas soportadas en razón de las funciones ejercidas por estos y, por otro lado, se deducen diferentes prestaciones y asignaciones de carácter familiar o social, y a la que se aplican, según la situación del funcionario o agente de que se trate, una o varias deducciones.

36

En cambio, el concepto de «pago mensual correspondiente» no se define en el Reglamento n.o 260/68.

37

Pues bien, este concepto, en la medida en que se refiere a un ingreso calificado a la vez de «mensual» y de «correspondiente», no puede interpretarse en el sentido de que se refiere a un ingreso imponible que no tiene carácter mensual. Por lo tanto, según su tenor, el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un miembro del personal percibe una retribución correspondiente a un período inferior a un mes, el tipo impositivo aplicable a dicha retribución parcial se calcula sobre la base de la retribución mensual correspondiente a un mes completo de trabajo.

38

Procede examinar si esta interpretación del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68, que resulta del tenor de la disposición, se ve confirmada por una interpretación tanto contextual como teleológica de la misma disposición.

39

En primer lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68, procede señalar, en particular, que los artículos 3 a 7 y el artículo 13 del Reglamento n.o 260/68 establecen las normas que regulan la base imponible y la liquidación del impuesto. El artículo 3 de ese Reglamento establece, en su apartado 1, el carácter mensual del impuesto y, por otra parte, junto con el artículo 13 de dicho Reglamento, define los componentes principales de la base imponible. Los artículos 4 a 6 del mismo Reglamento determinan el método de cálculo del impuesto. El artículo 4 fija, en particular, el tipo impositivo progresivo del 8 al 45 % por tramos de ingresos. Además, el artículo 5 precisa el método de cálculo de algunos de estos rendimientos a efectos de la determinación de la base imponible, mientras que el artículo 6 prevé determinadas excepciones a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 a efectos de la fijación, para determinados ingresos, del tipo impositivo.

40

A continuación, el artículo 7 del Reglamento n.o 260/68 precisa determinadas formas de fijación del tipo impositivo cuando el pago efectuado a favor del sujeto pasivo corresponde a un período de trabajo distinto de un mes. El párrafo primero del artículo 7 del Reglamento n.o 260/68 regula el supuesto de un ingreso correspondiente a un período de trabajo inferior a un mes. El párrafo segundo de dicho artículo regula el pago correspondiente a un período de trabajo superior a un mes. El párrafo tercero del referido artículo trata del caso de los pagos de regularización que no se refieran al mes en el que se abonan.

41

De este modo, el artículo 7 del Reglamento n.o 260/68 se refiere a un período de un mes, en particular, con el fin de distinguir los períodos que son inferiores o superiores a ese período. Por lo tanto, habida cuenta de que, con arreglo al artículo 3 de ese Reglamento, el impuesto se devenga mensualmente por la retribución abonada por la Unión a cada sujeto pasivo, por un período de trabajo de un mes, las normas de fijación del tipo impositivo previstas en el artículo 7 de dicho Reglamento constituyen una excepción a las que resultan de los artículos 3 y 4 del mismo Reglamento y que se aplican cuando se efectúa un pago a favor de un sujeto pasivo como contrapartida por un período de trabajo de esa duración.

42

Por otra parte, es preciso señalar que, a tenor del párrafo segundo del artículo 7 del Reglamento n.o 260/68, «cuando el pago imponible corresponda a un período superior a un mes, el impuesto se calculara como si el pago se hubiera repartido regularmente entre los meses a que corresponda».

43

De esta disposición se desprende que, en el supuesto de que el pago imponible se refiera a un período superior a un mes, debe considerarse, a efectos de la determinación del impuesto adeudado, que dicho pago se ha repartido normalmente en los meses a que corresponda. De este modo, una retribución que se paga excepcionalmente por tal período debe tributar al mismo tipo que el aplicado a la retribución percibida por un sujeto pasivo por un mes completo de trabajo.

44

Lo mismo sucede con el tipo aplicado a la retribución satisfecha por un período inferior a un mes.

45

El contexto en el que se inscribe el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 corrobora así la interpretación de esta disposición que resulta de su tenor, expuesta en el anterior apartado 37.

46

En segundo lugar, por lo que respecta a los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte la referida disposición, procede recordar que del preámbulo del Reglamento n.o 260/68 se desprende que este tiene por objeto, en particular, fijar las condiciones en las que los funcionarios y agentes de la Unión están sujetos al impuesto sobre los sueldos, salarios y emolumentos establecido por el artículo 13 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades.

47

Además, si bien los objetivos del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 no pueden identificarse claramente mediante la lectura de esta disposición o de ese Reglamento, es preciso subrayar que una interpretación de esta en el sentido, propuesto por el demandante, de aplicar a una retribución correspondiente a un período inferior a un mes las normas de cálculo del impuesto previstas en los artículos 3 y 4 del mismo Reglamento privaría a dicha disposición de todo efecto útil, ya que equivaldría a aplicar a una retribución correspondiente a un período inferior a un mes, pese a ser un requisito del que depende la aplicación del tipo impositivo fijado por el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68, las mismas normas de cálculo del impuesto, incluido el tipo impositivo, que las previstas en los artículos 3 y 4 del Reglamento n.o 260/68.

48

Así pues, procede considerar que la interpretación teleológica del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 corrobora también la conclusión expuesta en el anterior apartado 37.

49

De todo lo anterior se desprende que el artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de ingreso de una retribución correspondiente a un período de trabajo inferior a un mes, debe aplicarse a la cantidad en cuestión el tipo impositivo al que están sujetos los ingresos percibidos por el funcionario o agente de que se trate cuando este haya trabajado un mes completo. Así, cuando un funcionario o agente percibe una retribución correspondiente a un período de trabajo inferior a un mes, el impuesto se calcula, por un lado, aplicando el mismo tipo impositivo que se aplicaría si el funcionario o agente de que se trate hubiera trabajado un mes entero y, por otro lado, en proporción a los días efectivamente trabajados.

50

Por lo tanto, al adoptar la decisión impugnada sobre la base del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68, tal como debe interpretarse de conformidad con los fundamentos jurídicos que figuran en los anteriores apartados 33 a 48, el BCE no incurrió en error de Derecho, de modo que procede desestimar el primer motivo.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato

51

El demandante reprocha al BCE no distinguir, desde el punto de vista del cálculo del impuesto, entre dos situaciones que considera diferentes, vulnerando el principio de igualdad de trato. A este respecto, indica que el BCE utiliza erróneamente el mismo método para calcular el impuesto cuando un funcionario o agente disfruta de un permiso parental y cuando se acoge a otro tipo de excedencia no retribuida, siendo así que, en su opinión, estas dos formas de licencia no son asimilables. Para respaldar su alegación, el demandante aduce, en esencia, que un miembro del personal que disfruta de una excedencia no retribuida distinta de un permiso parental está autorizado a ejercer actividades remuneradas complementarias durante dicha licencia, mientras que no sucede así en el caso de un miembro del personal que disfruta de un período de permiso parental, y que tal diferencia desde el punto de vista económico debería influir en el cálculo del impuesto adeudado.

52

El BCE refuta estas alegaciones.

53

Con carácter preliminar, procede recordar que el principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales, constituye un principio general del Derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que ese trato esté objetivamente justificado. Una diferencia de trato estará justificada cuando se base en un criterio objetivo y razonable, es decir, cuando guarde relación con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación de que se trate y sea proporcionada a la finalidad perseguida con dicho trato (véase la sentencia de 30 de noviembre de 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, apartado 45 y jurisprudencia citada).

54

Según reiterada jurisprudencia, la vulneración del principio de igualdad de trato a causa de un trato diferente implica que las situaciones en cuestión sean comparables, habida cuenta del conjunto de elementos que las caracterizan. Los elementos que caracterizan situaciones diferentes y, por tanto, la comparabilidad de las mismas, deben determinarse y apreciarse, en particular, a la luz del objeto de las disposiciones de que se trate y de la finalidad que estas persigan, entendiéndose que a tal efecto deben tenerse en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca el acto de que se trate (véase la sentencia de 30 de noviembre de 2023, MG/BEI, C‑173/22 P, EU:C:2023:932, apartado 46 y jurisprudencia citada).

55

En el caso de autos, procede señalar que la situación de un miembro del personal que disfruta de un permiso parental en virtud del artículo 29 de las Condiciones de contratación del personal del BCE, tal como se precisa en el artículo 5.11 del Reglamento del Personal del BCE, es, desde el punto de vista de la retribución percibida, asimilable a la de un miembro del personal que disfruta de otra forma de excedencia sin sueldo, tal como se prevé en el artículo 30 de dichas Condiciones de contratación y se precisa en el artículo 5.12 del referido Reglamento del Personal. En efecto, cualquiera que sea el fundamento jurídico de la licencia correspondiente, ya se trate del artículo 29 o del artículo 30 de las Condiciones de contratación del personal del BCE, dicha licencia se dice «no retribuida», es decir, que implica que el miembro del personal de que se trata no percibe, en ambos casos y durante ese período de licencia, ninguna retribución por parte del BCE vinculada al ejercicio de su actividad profesional. Además, nada se opone a que tanto el permiso parental como las demás licencias no retribuidas se concedan en el BCE por un período inferior a un mes o comiencen en el transcurso de un mes, de modo que los miembros del personal afectados por tal licencia puedan, en ambos casos, percibir una retribución correspondiente a un período inferior a un mes.

56

En consecuencia, el demandante no puede alegar fundadamente que el permiso parental y las demás formas de licencia no retribuida previstas en las Condiciones de contratación del personal del BCE no sean asimilables, de modo que no puede invocar válidamente una vulneración del principio de igualdad de trato vinculada a una aplicación idéntica, por parte del BCE, del artículo 7, párrafo primero, del Reglamento n.o 260/68 en caso de permiso parental o excedencia no retribuida concedidos por un período inferior a un mes o que comienza durante un mes y da lugar al pago de una retribución correspondiente a un período inferior a un mes.

57

Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación del demandante según la cual un miembro del personal del BCE que disfruta de una licencia no retribuida distinta de un permiso parental está autorizado a ejercer actividades remuneradas complementarias durante dicha licencia, mientras que no sucede así con un miembro del personal del BCE que disfruta de un permiso parental, por lo que sus situaciones no son, a su entender, asimilables. En efecto, la posibilidad de que determinados miembros del personal que disfrutan de una licencia no retribuida distinta de un permiso parental ejerzan una actividad profesional complementaria no influye en su situación económica con respecto al BCE, pues el pago de su retribución está suspendido, al igual que el de los miembros del personal que disfrutan de un permiso parental.

58

Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato, y, en consecuencia, desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

59

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por el BCE.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a DO.