–

en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. M. Ilkova y M. Salyková, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 15 y 19 bis del Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad (DO 2014, L 181, p. 48), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2016/1393 de la Comisión, de 4 de mayo de 2016 (DO 2016, L 225, p. 41; corrección de errores en DO 2016, L 227, p. 5) (en lo sucesivo, «Reglamento Delegado n.o 640/2014»), y del artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Kanevi Komers DS EOOD, sociedad búlgara, y el Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (director ejecutivo adjunto del Fondo Nacional de Agricultura, Bulgaria; en lo sucesivo, «DFZ») en relación con la decisión de este último de reducir el importe de la ayuda financiera solicitada por Kanevi Komers DS para el ejercicio 2019, en virtud de varios regímenes de ayuda y medidas de pagos directos por superficie, y de imponerle sanciones por sobredeclaraciones de superficies.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento (UE) n.o 1306/2013

3

El Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023 por el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común (DO 2021, L 435, p. 187). No obstante, en virtud del artículo 104 del Reglamento 2021/2116, los artículos 59, 63, 64, 67, 68, 74 y 77 del Reglamento n.o 1306/2013 seguirán siendo aplicables en lo que respecta a los gastos efectuados y los pagos realizados para los regímenes de ayuda en virtud del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608), con respecto al año natural 2022 y anteriores. Dado que la solicitud de ayuda controvertida en el litigio principal se refiere al ejercicio 2019, el Reglamento n.o 1306/2013 es aplicable en el caso de autos.

4

El artículo 59 del Reglamento n.o 1306/2013, titulado «Principios generales de los controles», dispone en sus apartados 1 y 3:

5

El artículo 63 de este Reglamento, titulado «Pagos indebidos y sanciones administrativas», establece en sus apartados 1 y 2:

6

A tenor del artículo 64, apartado 4, del Reglamento n.o 1306/2013, titulado «Aplicación de sanciones administrativas»:

7

El capítulo 2, titulado «Sistema integrado de gestión y control», del título V del referido Reglamento, incluye su artículo 67, que tiene la siguiente redacción:

8

El artículo 68, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013 establece:

9

El artículo 74, apartado 1, de este Reglamento dispone:

10

A tenor del artículo 77 del referido Reglamento, titulado «Aplicación de sanciones administrativas»:

Reglamento n.o 1307/2013

11

El Reglamento n.o 1307/2013 fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023 por el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y n.o 1307/2013 (DO 2021, L 435, p. 1). No obstante, en virtud del artículo 154, apartado 2, del Reglamento 2021/2115, el Reglamento n.o 1307/2013 seguirá siendo aplicable a las solicitudes de ayuda relativas a los años de solicitud que comiencen antes del 1 de enero de 2023. Dado que la solicitud de ayuda controvertida en el litigio principal se refiere al ejercicio 2019, el Reglamento n.o 1307/2013 es aplicable en el caso de autos.

12

El considerando 4 del Reglamento n.o 1307/2013 señala:

13

El artículo 1 del Reglamento n.o 1307/2013 prevé:

Reglamento Delegado n.o 640/2014

14

El Reglamento Delegado n.o 640/2014 fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023 por el Reglamento Delegado (UE) 2022/1172 de la Comisión, de 4 de mayo de 2022, por el que se completa el Reglamento 2021/2116 en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control de la política agrícola común y la aplicación y el cálculo de las sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad (DO 2022, L 183, p. 12). No obstante, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Delegado 2022/1172, el Reglamento Delegado n.o 640/2014 seguirá siendo aplicable a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023. Así pues, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, el Reglamento Delegado n.o 640/2014 es aplicable en el caso de autos.

15

Los considerandos 2, 8 y 17 del Reglamento Delegado n.o 640/2014 tienen la siguiente redacción:

16

El artículo 2 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, titulado «Definiciones», dispone en su apartado 1:

17

El artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, titulado «Supuestos de inaplicación de las sanciones administrativas», establece:

18

El artículo 19 bis del referido Reglamento Delegado, titulado «Sanciones administrativas en caso de sobredeclaración de superficies en el régimen de pago básico, el régimen de pago único por superficie, el pago redistributivo, el régimen para jóvenes agricultores, el pago para zonas con limitaciones naturales, el régimen para pequeños agricultores, los pagos Natura 2000 y en virtud de la Directiva Marco sobre el agua y los pagos destinados a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas», dispone en sus apartados 1 a 3:

Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014

19

El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1306/2013 en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad (DO 2014, L 227, p. 69), fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023 por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1173 de la Comisión, de 31 de mayo de 2022, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 2021/2116 en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control de la política agrícola común (DO 2022, L 183, p. 23). No obstante, a tenor del artículo 14 del Reglamento de Ejecución 2022/1173, el Reglamento de Ejecución n.o 809/2014 seguirá siendo aplicable a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023. Habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, el Reglamento de Ejecución n.o 809/2014 es aplicable en el caso de autos.

20

El artículo 25 del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014 dispone:

21

El artículo 41 de este Reglamento de Ejecución, titulado «Informe de control», tiene el siguiente tenor:

Derecho búlgaro

ZPZP

22

El artículo 41 de la Zakon za podpomagane na zemedelskite proizvoditeli (Ley de Apoyo a los Agricultores) (DV n.o 58, de 22 de mayo de 1998), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZPZP»), dispone:

23

El artículo 43 de la ZPZP establece:

Reglamento n.o 5

24

El artículo 2 de la naredba n.o 5 za usloviyata i reda za podavane na zayavlenia po shemi i merki za direktni plashtania (Reglamento n.o 5, sobre los requisitos y el procedimiento de presentación de solicitudes en el marco de los regímenes y medidas de pagos directos), de 27 de febrero de 2009 (DV n.o 22 de 2009), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 5»), establece:

25

El artículo 11 del referido Reglamento dispone:

26

El artículo 14 del Reglamento n.o 5 establece:

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

27

Kanevi Komers DS presentó una solicitud de ayuda financiera en el marco de distintos regímenes y medidas de pagos directos por superficie para el ejercicio 2019 financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el presupuesto nacional de la República de Bulgaria.

28

Dicha solicitud fue objeto de inspecciones administrativas y de controles sobre el terreno, el primero de los cuales se llevó a cabo entre el 8 y el 28 de agosto de 2019 y el segundo entre el 22 y el 25 de octubre de 2019.

29

Mediante escrito de 4 de noviembre de 2019 dirigido a la Dirección Regional del DFZ de la ciudad de Targóvishte (Bulgaria), Kanevi Komers DS retiró, en virtud del artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 5, su solicitud de ayuda para determinadas parcelas agrícolas. El 5 de noviembre de 2019, se presentó el mismo escrito en la sede central del DFZ.

30

Mediante escrito de 18 de diciembre de 2019, el DFZ informó a Kanevi Komers DS, por una parte, de que la retirada de la solicitud de ayuda no era válida, ya que no se había efectuado mediante el sistema integrado de gestión y control (en lo sucesivo, «SIGC»), y, por otra parte, de que la denegación de dicha retirada estaba justificada por el hecho de que ya se había planificado y decidido la realización de un control. Sin embargo, el DFZ no aportó ningún documento que acreditara la decisión de llevar a cabo dicho control.

31

Mediante escrito de 5 de diciembre de 2022, el DFZ informó a Kanevi Komers DS de la autorización de una ayuda y de su pago sobre la base de la superficie declarada para el ejercicio 2019. En dicho escrito se indicaba que el importe total de la ayuda autorizada se había calculado mediante el SIGC, tras la realización de controles administrativos y de controles sobre el terreno obligatorios relativos a los datos que figuraban en la solicitud de ayuda presentada por esa sociedad, que los importes solicitados por Kanevi Komers DS habían sido objeto de reducciones y que los importes de las sanciones aplicables a esta debido al solapamiento de superficies se habían calculado de conformidad con el artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014.

32

Kanevi Komers DS presentó un recurso contra el referido escrito ante el Administrativen sad — Varna (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente.

33

Ante dicho órgano jurisdiccional, Kanevi Komers DS alega, en esencia, que podía retirar de su solicitud de ayuda parcelas para las que había solicitado una ayuda, no a través del SIGC, sino cumpliendo los requisitos de fondo y de procedimiento establecidos en el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014 y en el artículo 14 del Reglamento n.o 5, a saber, mediante notificación escrita dirigida a la Dirección Regional del DFZ en el supuesto de que el beneficiario no hubiese sido avisado de que la autoridad competente tenía la intención de efectuar un control sobre el terreno y no hubiese sido informado ya por dicha autoridad de los incumplimientos detectados en su solicitud de ayuda o de pago.

34

Kanevi Komers DS precisa, a este respecto, que notificó al DFZ la solicitud de retirada de determinadas superficies de su solicitud de ayuda dentro de los plazos establecidos por el Derecho nacional y que respetó la forma escrita prevista en el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014. Alega, asimismo, que la decisión por la que se ordenó el control sobre el terreno llevado a cabo entre el 8 y el 28 de agosto de 2019 no mencionaba ninguna parcela y que, por consiguiente, la autoridad administrativa no disponía de ninguna prueba de que las superficies a las que se refería la solicitud de retirada fueran precisamente las que se había determinado que debían ser controladas. Por tanto, Kanevi Komers DS considera que el DFZ infringió el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, por una parte, al incluir en el cálculo de la ayuda las superficies a las que se refería la solicitud de retirada y, por otra parte, al imponer sanciones sin tener en cuenta la corrección efectuada en la solicitud de ayuda.

35

El DFZ sostiene que, para que una retirada de parcelas de la solicitud de ayuda sea válida, debe efectuarse a través del SIGC con arreglo a modalidades que permitan una tramitación pertinente de dicha solicitud. Indica que se ha desarrollado una función en el SIGC que permite realizar, cuando se presenta una solicitud de retirada total o parcial de superficies, un control de admisibilidad de dicha solicitud con vistas a aprobar o no tal retirada. El DFZ precisa que cualquier otra forma de proceder a dicha retirada, que no ofrezca la posibilidad objetiva de comprobar la admisibilidad de la solicitud de retirada, no puede ser tratada como tal solicitud.

36

Según el órgano jurisdiccional remitente, se plantea la cuestión de si, a la luz del artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, basta con que la notificación de la solicitud de retirada se haga por escrito y haya sido recibida por la autoridad competente, o si es necesario que dicha notificación se haga en un formato específico y a través de una plataforma informática determinada. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que el Reglamento Delegado n.o 640/2014 no prevé ni que la solicitud de retirada de superficies deba efectuarse a través de una plataforma de ese tipo ni la competencia de los Estados miembros para establecer normas complementarias sobre la aplicación de dicho Reglamento Delegado.

37

Además, señala que, habida cuenta de la formulación del artículo 15 de dicho Reglamento Delegado, se plantea la cuestión de si este artículo debe interpretarse en el sentido de que, cuando el beneficiario no haya sido informado de la intención de la autoridad competente de efectuar un control ni de la existencia de incumplimientos en la solicitud de ayuda, este podrá comunicar por escrito a la autoridad competente que su solicitud de ayuda o de pago es incorrecta o ha adquirido semejante carácter después de su presentación, hasta el día en que se le informe de la existencia de las circunstancias que impiden llevar a cabo esa comunicación.

38

Por último, por lo que respecta al artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014, sobre cuya base el DFZ impuso sanciones a Kanevi Komers DS, el órgano jurisdiccional remitente observa que dicho Reglamento Delegado, incluso derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023, sigue siendo aplicable a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes de esa fecha, como ocurre en el litigio principal. Sin embargo, constata que la versión consolidada del referido Reglamento Delegado ya no contiene el citado artículo 19 bis. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si debe considerarse que ese artículo estaba en vigor en la fecha en que se impusieron las sanciones a Kanevi Komers DS, a saber, el 5 de diciembre de 2022.

39

En estas circunstancias, el Administrativen sad — Varna (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Sobre las cuestiones prejudiciales

Cuestiones prejudiciales primera y segunda

40

Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone al solicitante de ayuda que informe a la autoridad nacional competente de cualquier error o modificación de la solicitud de ayuda o de pago únicamente por medio de una determinada plataforma informática.

41

A este respecto, debe recordarse, para empezar, que, si bien, en razón de su propia índole y de su función en el sistema de las fuentes del Derecho de la Unión, las disposiciones de los reglamentos tienen, por regla general, un efecto inmediato en los ordenamientos jurídicos nacionales, sin necesidad de que las autoridades nacionales adopten medidas de aplicación, no obstante, algunas de sus disposiciones pueden requerir, para su ejecución, la adopción de medidas de aplicación por parte de los Estados miembros (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, apartado 35 y jurisprudencia citada).

42

De una jurisprudencia consolidada resulta que los Estados miembros pueden adoptar medidas de aplicación de un reglamento siempre que no obstaculicen su aplicabilidad directa, no oculten su naturaleza de Derecho de la Unión y regulen el ejercicio del margen de apreciación que ese reglamento les confiere manteniéndose en todo caso dentro de los límites de sus disposiciones (sentencia de 25 de octubre de 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, apartado 36 y jurisprudencia citada).

43

Hay que remitirse a las disposiciones pertinentes del reglamento en cuestión para comprobar si dichas disposiciones, interpretadas de conformidad con los objetivos del mismo, prohíben, exigen o permiten que los Estados miembros adopten determinadas medidas de aplicación y, en particular en este último supuesto, si la medida de que se trate se inserta en el margen de apreciación reconocido a todos los Estados miembros (sentencia de 25 de octubre de 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, apartado 37 y jurisprudencia citada).

44

Además, para interpretar disposiciones del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que formen parte (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2024, Agramarkt Austria, C‑350/23, EU:C:2024:771, apartado 57 y jurisprudencia citada).

45

A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 dispone que las sanciones administrativas no se aplicarán a aquellas partes de las solicitudes de ayuda o de pago respecto de las cuales el beneficiario comunique por escrito a la autoridad competente que son incorrectas o han adquirido semejante carácter después de su presentación, siempre que el beneficiario no haya sido informado de la intención de la autoridad competente de efectuar un control sobre el terreno, y que esta autoridad no le haya informado ya de la existencia de incumplimientos en la solicitud de ayuda o de pago.

46

Por consiguiente, del tenor de la referida disposición se desprende que esta no permite ni prohíbe expresamente a los Estados miembros establecer normas adicionales relativas a la obligación del beneficiario de informar por escrito a la autoridad competente de las partes de la solicitud de ayuda o de pago que se consideren incorrectas o que hayan adquirido ese carácter después de su presentación.

47

Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe esa disposición, ha de observarse que está comprendida en el capítulo 4 del título II del Reglamento Delegado n.o 640/2014, dedicado a las modalidades de cálculo de las ayudas y a las sanciones administrativas en caso de incumplimiento relativas a los regímenes de pagos directos y a las medidas de desarrollo rural en el marco del SIGC.

48

Pues bien, la propia expresión «incumplimiento» se define en el artículo 2, apartado 1, punto 2, letra a), de dicho Reglamento Delegado como «en lo que atañe a los criterios de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones relativos a las condiciones de concesión de la ayuda […], el incumplimiento de dichos criterios de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones».

49

Dado que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 se inscribe en el contexto del cálculo de las ayudas y de las sanciones administrativas en caso de incumplimiento y que prevé que la posibilidad de rectificación de la solicitud de ayuda o de pago presupone que la autoridad competente no haya comunicado aún al beneficiario su intención de proceder a un control sobre el terreno ni le haya informado de los incumplimientos detectados en su solicitud de ayuda o de pago, procede considerar que esta disposición tiene por objeto garantizar que la rectificación efectuada a posteriori por el beneficiario se realice por motivos autónomos y voluntarios, caracterizados por la buena fe de este último.

50

En tercer lugar, por lo que respecta a los objetivos perseguidos de manera más general por el Reglamento Delegado n.o 640/2014, estos deben determinarse a la luz de las tareas de la gestión compartida de los fondos de la Unión Europea con los Estados miembros, en el marco de la política agrícola común (PAC), tal como se regula en el Reglamento n.o 1306/2013, que se completa con dicho Reglamento Delegado en lo que atañe a elementos no esenciales.

51

A este respecto, se desprende claramente de la normativa de la Unión relativa a la protección de los intereses financieros de la Unión, a la financiación de la PAC y al SIGC que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas idóneas para garantizar la correcta ejecución del SIGC y deben, en particular, tomar las medidas necesarias para cerciorarse de que las operaciones financiadas por la Unión se ejecutan realmente y de manera correcta, así como para prevenir y hacer frente a las irregularidades (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 75). Estas obligaciones fueron establecidas por el legislador de la Unión en el artículo 59 del Reglamento 2021/2116, correspondiente al artículo 58 del Reglamento n.o 1306/2013, que fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023.

52

A tal fin, por una parte, con arreglo a los artículos 63, 64 y 77 del Reglamento n.o 1306/2013, los Estados miembros impondrán sanciones administrativas, que serán proporcionadas y graduadas según la gravedad, amplitud, duración y reiteración del incumplimiento observado, y que podrán adoptar la forma de una reducción de la cuantía de la ayuda o del apoyo, un pago de un importe calculado en función de la cantidad o la duración del incumplimiento, la suspensión o retirada de una aprobación, reconocimiento o autorización, o la exclusión del derecho a participar en el régimen de ayudas o en la medida de apoyo u otra medida en cuestión o a beneficiarse de ellos.

53

Por otra parte, en virtud de los artículos 67 a 73 del mencionado Reglamento, cada Estado miembro creará y administrará un SIGC, en particular para verificar la autenticidad y la conformidad de las operaciones financiadas por el presupuesto de la Unión en el marco de la PAC y para mejorar la eficacia y el seguimiento del apoyo prestado por la Unión, facilitando la prevención de irregularidades y fraudes y la aplicación de las sanciones necesarias.

54

Por tanto, ningún elemento del Reglamento Delegado n.o 640/2014 permite considerar que los Estados miembros no pueden adoptar medidas de aplicación que establezcan que la comunicación escrita prevista en el referido artículo 15 deba efectuarse a través de una plataforma informática específica.

55

A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación en la aplicación de los regímenes de ayuda y en la elección de las medidas nacionales que estiman necesarias para prevenir y sancionar eficazmente las irregularidades y los fraudes (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 76).

56

No obstante, el ejercicio por parte de los Estados miembros de su margen de apreciación respecto de las pruebas que han de proporcionarse en apoyo de una solicitud de ayudas y la normativa nacional que aplique este margen de apreciación deben respetar los objetivos perseguidos por la normativa de la Unión de que se trate y los principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, apartado 57, y de 7 de abril de 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, apartado 63).

57

Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, en cada caso concreto, si se han respetado estos principios (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 89), conforme a reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes al Derecho de la Unión que le permitan apreciar tal conformidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido (sentencia de 11 de junio de 2020, Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, C‑448/19, EU:C:2020:467, apartado 17 y jurisprudencia citada).

58

Por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, que el Tribunal de Justicia tiene en cuenta en el ámbito de las ayudas a los agricultores, en particular por lo que respecta a las disposiciones relativas a las sanciones administrativas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2024, Kaszamás, C‑79/23, EU:C:2024:329, apartado 59 y jurisprudencia citada), procede recordar que no solo exige que la normativa de la Unión permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone, sino también que estos puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Teglgaard y Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, apartado 52 y jurisprudencia citada).

59

De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en virtud del artículo 14 del Reglamento n.o 5, la retirada de las solicitudes de ayuda se efectúa mediante comunicación escrita dirigida a la dirección regional del DFZ competente. Sin embargo, por una parte, de los autos no se desprende que, en la fecha de los hechos del litigio principal, alguna disposición del Derecho búlgaro impusiera la obligación de presentar la notificación de esa retirada por medio de una plataforma informática especializada. Por otra parte, según las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, la exigencia de que dicha retirada se efectuase a través de ese medio se desprendía únicamente de la práctica de las autoridades nacionales.

60

Si bien corresponde, en definitiva, al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el Derecho nacional respeta el principio de seguridad jurídica, debe precisarse que, en el supuesto de que la obligación de presentar la retirada de una solicitud de ayuda por medio de una plataforma informática específica no se fundamente en una base jurídica, sino en una mera práctica de las autoridades nacionales, tal práctica no sería compatible con la exigencia de previsibilidad en la aplicación de las normas jurídicas requerida por dicho principio, en la medida en que puede tener incidencia en las obligaciones del beneficiario de la ayuda.

61

Por lo que respecta al principio de proporcionalidad, que, según el Tribunal de Justicia, exige que los medios que aplica una disposición sean adecuados para conseguir el objetivo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo, procede recordar que debe ser respetado tanto por el legislador de la Unión como por los legisladores y órganos jurisdiccionales nacionales que aplican el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 87). Por consiguiente, este principio debe ser respetado por las autoridades nacionales competentes en el marco de la aplicación de las disposiciones del Reglamento Delegado n.o 640/2014.

62

Así pues, los Estados miembros deben velar por que los beneficiarios de la ayuda, independientemente de su nivel de dominio de la herramienta informática, dispongan de un acceso rápido y fácil a infraestructuras que les permitan, sin ninguna dificultad y en un plazo razonable, remitir a la administración competente las notificaciones a que se refiere el artículo 15 de dicho Reglamento Delegado. Si esta posibilidad no está garantizada en el Estado miembro de que se trate, la obligación impuesta por dicho Estado miembro de efectuar tal notificación por medio de una plataforma informática especializada debería considerarse desproporcionada en la medida en que el incumplimiento de dicha obligación puede dar lugar, conforme al Derecho administrativo nacional, a la nulidad de una notificación realizada con arreglo al artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014.

63

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que impone al solicitante de ayuda que informe a la autoridad nacional competente de cualquier error o modificación de la solicitud de ayuda o de pago únicamente por medio de una determinada plataforma informática, siempre que se respeten los objetivos perseguidos por la normativa de la Unión en cuestión y los principios generales del Derecho de la Unión, en particular los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica.

Tercera cuestión prejudicial

64

Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, la aplicación de sanciones administrativas en caso de solicitud de ayuda o de pago incorrecta exige que la autoridad nacional competente demuestre que no se cumplen los dos requisitos en él establecidos y, por otra parte, la mencionada disposición permite a un beneficiario modificar o retirar su solicitud de ayuda o de pago mientras no haya sido informado de que la autoridad competente ha efectuado un control o constatado un incumplimiento en su solicitud.

65

Por lo que respecta, para empezar, a la primera parte de la tercera cuestión prejudicial, relativa a la prueba de los requisitos establecidos en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014, a saber, que no se haya informado al beneficiario de la intención de la autoridad competente de efectuar un control sobre el terreno y que esta no le haya informado ya de la existencia de incumplimientos en la solicitud de ayuda o de pago, procede señalar que la práctica de la prueba no está regulada ni por esta disposición ni por otras disposiciones más específicas del referido Reglamento Delegado.

66

Pues bien, según reiterada jurisprudencia, en la medida en que un reglamento no contiene disposiciones más específicas relativas, en particular, a la práctica de la prueba, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal y sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad, establecer las modalidades de práctica de la prueba, los medios de prueba admisibles o los principios que rigen la apreciación de la fuerza probatoria de los elementos de prueba, así como el nivel de prueba exigido (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Vinařství U Kapličky, C‑86/20, EU:C:2022:320, apartado 75 y jurisprudencia citada).

67

Por consiguiente, en el caso de autos, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar los elementos de prueba, su fuerza probatoria y el nivel de prueba exigido, sobre la base del Derecho nacional aplicable y de conformidad con los principios de equivalencia y de efectividad.

68

A este respecto, es preciso señalar que, con arreglo a los principios de buena administración y de contradicción, el artículo 59, apartado 3, del Reglamento n.o 1306/2013 y el artículo 41 del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014 establecen la obligación de la autoridad competente de elaborar informes relativos a los controles sobre el terreno. En particular, del tenor de dicho artículo 41 se desprende que el informe de control deberá revisar los pormenores de los controles efectuados, que se brindará al beneficiario la posibilidad de firmar el informe durante el control para certificar su presencia en el mismo y añadir las observaciones que considere oportunas y que si se detectan irregularidades se le entregará una copia del informe. Así pues, la autoridad administrativa competente dispone de los elementos de prueba necesarios para apreciar el cumplimiento de los dos requisitos negativos previstos en el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014.

69

A continuación, por lo que respecta a la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial, procede recordar que, a tenor del artículo 15 del mencionado Reglamento Delegado, el beneficiario de la ayuda tiene la posibilidad de retirar o modificar su solicitud de ayuda o de pago sin que se le impongan sanciones administrativas, siempre que no haya sido informado de la intención de la autoridad competente de efectuar un control sobre el terreno, y que esta autoridad no le haya informado ya de la existencia de incumplimientos en la solicitud de ayuda o de pago. Así, este artículo supedita la aplicación de la excepción a la imposición de sanciones administrativas a dos requisitos, formulados en términos negativos, que deben cumplirse en el momento en que el beneficiario solicita la modificación o la retirada de su solicitud.

70

En efecto, a la luz de los apartados 45 a 54 de la presente sentencia y, en particular, de sus apartados 47 a 49, relativos a la lógica en la que se basa el citado artículo 15, si no se cumple el primero de los dos requisitos negativos, es decir, cuando el beneficiario ha sido informado de la intención de la autoridad competente de efectuar un control, dicho beneficiario no puede acogerse a la excepción a la aplicación de las sanciones administrativas.

71

De ello se desprende que, mientras el beneficiario no haya sido informado de la intención de la autoridad competente de efectuar un control sobre el terreno ni, a raíz de un control sobre el terreno, haya recibido información de dicha autoridad sobre la existencia de incumplimientos detectados en su solicitud de ayuda o de pago, nada le impide notificar por escrito a la referida autoridad las modificaciones que deben introducirse en su solicitud de ayuda o de pago, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, sin incurrir en sanciones administrativas.

72

Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, la aplicación de sanciones administrativas en caso de solicitud de ayuda o de pago incorrecta exige que la autoridad nacional competente demuestre que no se cumplen los dos requisitos en él establecidos, y que lo haga respetando, sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad, las modalidades de práctica de la prueba, los requisitos de admisibilidad de los medios de prueba o los principios que rigen la apreciación de la fuerza probatoria de los elementos de prueba, así como el nivel de prueba exigido, establecidos por el Derecho nacional y, por otra parte, la mencionada disposición permite a un beneficiario modificar o retirar su solicitud de ayuda o de pago mientras no haya sido informado de que la autoridad competente ha efectuado un control o constatado un incumplimiento en su solicitud.

Cuarta cuestión prejudicial

73

Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 debe interpretarse en el sentido de que se opone, por una parte, a una disposición nacional en virtud de la cual el solicitante de ayuda no podrá retirar su solicitud si ha sido informado de solapamientos entre las parcelas a que se refiere la solicitud o si ha sido informado de que se le ha seleccionado para un control sobre el terreno o si fue objeto de un control sobre el terreno y se le informó de incumplimientos detectados en relación con las superficies o los animales a los que se refiere la solicitud y, por otra parte, a una práctica de la autoridad nacional competente en virtud de la cual el beneficiario de la ayuda no es informado del control sobre el terreno ni del resultado de dicho control.

74

Por lo que respecta a la primera parte de la cuarta cuestión prejudicial, que se refiere a la conformidad con el Derecho de la Unión de los supuestos en los que, con arreglo al Derecho nacional, se autoriza la retirada de la solicitud de ayuda o de pago, de la resolución de remisión se desprende que el artículo 14, apartado 6, del Reglamento n.o 5 dispone que el solicitante de ayuda no podrá retirar la solicitud presentada, o retirarla respecto de alguno de los regímenes contemplados en ella, si ha sido informado de que las parcelas a las que se refiere la solicitud de ayuda se solapan o de que se le ha seleccionado para un control sobre el terreno, o si fue objeto de un control sobre el terreno y se le informó de incumplimientos detectados en relación con las superficies o los animales.

75

Habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 69 a 72 de la presente sentencia, la conformidad con el Derecho de la Unión de la referida disposición nacional exige que las tres situaciones a las que se refiere esta, que no permiten al solicitante de ayuda retirar su solicitud, se ajusten a lo establecido en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014.

76

Por lo que respecta a la primera situación a la que remite el Derecho búlgaro, a saber, que el solicitante de ayuda puede retirar su solicitud si no se le ha informado de solapamientos detectados en la solicitud de ayuda en lo que respecta a las parcelas a que se refiere dicha solicitud, procede señalar, habida cuenta del objetivo perseguido por el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, mencionado en el apartado 49 de la presente sentencia, que esta situación se refiere a incumplimientos comprendidos en el segundo requisito enunciado en el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, a saber, que el solicitante de ayuda no haya sido ya informado por la autoridad competente de la existencia incumplimientos en su solicitud de ayuda, requisito que atañe a cualquier incumplimiento, sin distinción.

77

En cuanto a la segunda situación contemplada en el artículo 14, apartado 6, del Reglamento n.o 5, a saber, aquella en la que el solicitante de ayuda no ha sido informado de que se le ha seleccionado para un control sobre el terreno, se ajusta al primer requisito establecido en el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, a saber, que el solicitante de ayuda no haya sido informado de la intención de la autoridad competente de efectuar un control sobre el terreno.

78

Si bien las dos primeras situaciones previstas en el artículo 14, apartado 6, del Reglamento n.o 5 parecen ajustarse al texto y al objetivo del artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, no sucede lo mismo con la tercera situación contemplada por esta disposición nacional, que parece apartarse del segundo requisito previsto en dicho artículo 15.

79

Ello es así en la medida en que la tercera situación prevista en el artículo 14, apartado 6, del Reglamento n.o 5 parece poder interpretarse, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, en el sentido de que se autorizarían correcciones de la solicitud de ayuda en caso de que la Administración constatara incumplimientos, en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 2, letra a), del Reglamento Delegado n.o 640/2014, cuando esa constatación no resulte de un control sobre el terreno, o, a raíz de controles sobre el terreno, el solicitante de ayuda sea informado de incumplimientos en su solicitud que no estén relacionados con las superficies o los animales.

80

Pues bien, es preciso recordar que la legislación nacional no es suficientemente clara y precisa para garantizar una aplicación compatible con el Derecho de la Unión cuando esa legislación puede ser objeto de interpretaciones divergentes, de las cuales algunas conducen a una aplicación de dicha legislación compatible con el Derecho de la Unión, mientras que otras dan lugar a una aplicación incompatible con este [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Polonia (Régimen disciplinario de los jueces), C‑791/19, EU:C:2021:596, apartado 153 y jurisprudencia citada].

81

Por lo que respecta a la segunda parte de la cuarta cuestión prejudicial, que se refiere a la conformidad con el Derecho de la Unión de la práctica de la autoridad nacional competente en virtud de la cual no se informa al beneficiario de la ayuda del control sobre el terreno ni del resultado de dicho control, procede señalar, en primer lugar, que, aun cuando, a tenor del artículo 25, apartado 1, del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014, las autoridades administrativas competentes no tienen ninguna obligación de anunciar los controles sobre el terreno, deben, en cambio, en virtud del artículo 41 del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014, proporcionar al beneficiario una copia del informe de control en caso de que se detecten incumplimientos.

82

Por consiguiente, una práctica de la autoridad nacional competente en virtud de la cual no se informa al beneficiario del resultado del control sobre el terreno en los casos en que se ha detectado un incumplimiento es contraria al citado artículo 41, apartado 2, y al principio de buena administración.

83

En segundo lugar, tal práctica puede comprometer el objetivo perseguido por el artículo 15 del Reglamento Delegado n.o 640/2014, consistente en fomentar la notificación a la autoridad competente de solicitudes de ayuda o de pago incorrectas con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión. En efecto, como observa la Comisión, una práctica generalizada consistente en no anunciar el resultado del control sobre el terreno en caso de que se detecte la existencia de un incumplimiento aumentaría la posibilidad de que los beneficiarios efectuaran modificaciones a posteriori, sin que se les aplicaran sanciones administrativas.

84

Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014 debe interpretarse en el sentido de que se opone, por una parte, a una disposición nacional en virtud de la cual el solicitante de ayuda no podrá retirar su solicitud si ha sido objeto de un control sobre el terreno y ha sido informado de la existencia de incumplimientos, limitados únicamente a las superficies o los animales a los que se refiere la solicitud, y, por otra parte, a una práctica de la autoridad nacional competente en virtud de la cual el beneficiario de la ayuda no es informado del control sobre el terreno ni del resultado de dicho control.

Quinta cuestión prejudicial

85

Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta es aplicable a una sanción como la impuesta a un agricultor en virtud del artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014, en una situación en la que esta última disposición estaba en vigor en la fecha en la que se presentó la solicitud de ayuda y en la fecha en la que se impuso dicha sanción, pero que, en la fecha del examen del recurso interpuesto contra la misma sanción, había sido suprimida de la versión consolidada del referido Reglamento Delegado, el cual, aunque derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023, sigue siendo aplicable a las solicitudes presentadas antes de esa fecha de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Delegado 2022/1172.

86

A este respecto, en el contexto de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 17 de octubre de 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, apartado 33).

87

De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada de una norma de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 17 de octubre de 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, apartado 34).

88

Para empezar, es preciso recordar que, en el caso de autos, el Reglamento Delegado 2022/1172 derogó el Reglamento Delegado n.o 640/2014 y que del artículo 13 de ese primer Reglamento Delegado se desprende que este segundo Reglamento Delegado sigue aplicándose a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023. De ello se deduce que, dado que la solicitud de ayuda controvertida en el litigio principal se presentó en 2019, el artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014 sigue aplicándose ratione temporis al litigio principal, aunque este último Reglamento haya sido derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023. El hecho de que la sanción se impusiera tras la derogación del Reglamento Delegado n.o 640/2014 carece de pertinencia a este respecto.

89

A continuación, procede señalar que, contrariamente a lo que afirma el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 19 bis seguía formando parte tanto de la versión del Reglamento Delegado n.o 640/2014 aplicable ratione temporis al litigio principal como de la última versión consolidada de dicho Reglamento antes de su derogación.

90

En estas circunstancias, en la medida en que se basa en una premisa errónea, la quinta cuestión prejudicial plantea un problema de naturaleza hipotética, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 87 de la presente sentencia, y debe, por tanto, declararse inadmisible (véase, por analogía, la sentencia de 16 de enero de 2025, Stangalov, C‑644/23, EU:C:2025:16, apartado 60 y jurisprudencia citada).

Costas

91

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad, en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2016/1393 de la Comisión, de 4 de mayo de 2016,

2)

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014, en su versión modificada por el Reglamento Delegado 2016/1393,

3)

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 640/2014, en su versión modificada por el Reglamento Delegado 2016/1393,