Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 13 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2011/83/UE — Artículo 5, apartado 1, letras a) y c) — Requisitos de información de los contratos distintos de los contratos a distancia o los celebrados fuera del establecimiento — Obligación del comerciante de informar al consumidor de las características principales del servicio — Derechos de aduana — Obligación del comerciante de informar al consumidor sobre el precio total del servicio — Gastos adicionales — Contenido de la información que debe facilitarse al consumidor — Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR) — Artículos 6 y 11 »
En el asunto C‑488/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania), mediante resolución de 11 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el procedimiento entre
D.V.
y
MB Kigas,
con intervención de:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen, la Sra. R. Frendo (Ponente) y el Sr. A. Kornezov, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Gobierno lituano, por los Sres. K. Dieninis y S. Grigonis, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. Šindelková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. I. Rubene y A. Steiblytė, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 11 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019 (DO 2019, L 328, p. 7) (en lo sucesivo, «Directiva 2011/83»).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre D.V., un consumidor, y MB Kigas, una empresa de transporte, en relación con el pago de una factura relativa a un servicio de transporte internacional de mercancías por carretera que incluye una cantidad correspondiente a derechos de aduana pagados por Kigas.
Marco jurídico
Derecho internacional
3 El Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, hecho en Ginebra el 19 de mayo de 1956, en su versión modificada por el Protocolo firmado en Ginebra el 5 de julio de 1978 (en lo sucesivo, «CMR»), fue negociado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas. Más de cincuenta Estados, entre ellos todos los Estados miembros de la Unión Europea, se adhirieron al CMR.
4 A tenor del artículo 1 del CMR:
«1. El presente Convenio se aplicará a todo contrato de transporte de mercancías por carretera realizado a título oneroso por medio de vehículos, siempre que el lugar de la toma de carga de la mercancía y el lugar [previsto para la entrega, indicados en el contrato], estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales al menos sea un país contratante, independientemente del domicilio y nacionalidad de las partes del contrato.
[…]
4. Este Convenio no se aplicará:
[…]
c) a los transportes de mudanzas.
[…]».
5 El artículo 4 del CMR prevé:
«La carta de porte es documento fehaciente de la existencia de un contrato de transporte. La ausencia, irregularidad o pérdida de dicho documento no afectará ni a la existencia ni a la validez del contrato de transporte, que seguirá estando sometido a las disposiciones de este Convenio.»
6 El artículo 6, apartado 1, del CMR dispone lo siguiente:
«La carta de porte debe contener los términos siguientes:
[…]
i) Gastos de transporte (precio del mismo, gastos accesorios, derechos de aduana y otros gastos que sobrevengan desde la conclusión del contrato hasta el momento de entrega).
[…]»
7 El artículo 11, apartados 1 y 2, del CMR establece:
«1. Con miras al cumplimiento de las formalidades de aduana y de las necesarias antes del momento de la entrega de [la] mercancía, el remitente deberá adjuntar a la carta de porte, o poner a disposición del transportista, los documentos necesarios y suministrarle todas las informaciones necesarias.
2. El transportista no está obligado a examinar si estos documentos [e] informaciones son exactos o suficientes. El remitente es responsable ante el transportista de todos los [daños] que pudieran resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de estos documentos e informaciones, salvo en el caso de culpa por parte del transportista.»
Derecho de la Unión
8 A tenor de los considerandos 4, 5 y 7 de la Directiva 2011/83:
«(4) […] La armonización de determinados aspectos de los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento con los consumidores es necesaria para promover un auténtico mercado interior para los consumidores, estableciendo el equilibrio adecuado entre un elevado nivel de protección de estos y la competitividad de las empresas […]
(5) […] La plena armonización de determinada información facilitada al consumidor y del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento contribuirá a un elevado nivel de protección de los consumidores y a un mejor funcionamiento del mercado interior entre empresas y consumidores.
[…]
(7) Una armonización plena de determinados aspectos reglamentarios fundamentales debe reforzar considerablemente la seguridad jurídica, tanto para los consumidores como para los comerciantes. Los consumidores y los comerciantes deben poder contar con un único marco normativo basado en conceptos jurídicos claramente definidos que regularán determinados aspectos de los contratos celebrados entre empresas y consumidores en la Unión. Como consecuencia de dicha armonización, deben desaparecer los obstáculos derivados de la fragmentación de las normas y será posible la consecución del mercado interior en este ámbito. Esos obstáculos solo podrán eliminarse estableciendo normas uniformes a escala de la Unión. Además, los consumidores deben disfrutar de un elevado nivel común de protección en toda la Unión.»
9 El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto», preceptúa:
«La presente Directiva tiene por objeto, a través del logro de un nivel elevado de protección de los consumidores, contribuir al buen funcionamiento del mercado interior mediante la aproximación de determinados aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre contratos celebrados entre consumidores y comerciantes.»
10 El artículo 2 de dicha Directiva contiene las siguientes definiciones:
«1) “consumidor”: toda persona física que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión;
2) “comerciante”: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión en relación con contratos regulados por la presente Directiva;
[…]
6) “contrato de prestación de servicios”: todo contrato, con excepción de un contrato de compraventa, en virtud del cual el comerciante presta o se compromete a prestar un servicio, incluido un servicio digital, al consumidor;
7) “contrato a distancia”: todo contrato celebrado entre un comerciante y un consumidor en el marco de un sistema organizado de venta o prestación de servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del comerciante y del consumidor, y en el que se han utilizado exclusivamente una o más técnicas de comunicación a distancia hasta el momento en que se celebra el contrato y en la propia celebración del mismo;
[…]».
11 El artículo 3 de esa Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», estipula lo siguiente en su apartado 1:
«La presente Directiva se aplicará, en las condiciones y en la medida fijadas en sus disposiciones, a los contratos celebrados entre un comerciante y un consumidor […]».
12 El artículo 5 de la Directiva 2011/83, titulado «Requisitos de información de los contratos distintos de los contratos a distancia o los celebrados fuera del establecimiento», establece en su apartado 1:
«Antes de que el consumidor quede vinculado por un contrato distinto de un contrato a distancia o uno celebrado fuera del establecimiento, u oferta correspondiente, el comerciante deberá facilitar de forma clara y comprensible al consumidor, salvo que dicha información resulte evidente por el contexto:
a) las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios;
[…]
c) el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o servicios, la forma en que se determina el precio así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales;
[…]».
Derecho lituano
13 El artículo 6.2286 de la Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas Nr. VIII‑1864 (Ley n.º VIII‑1864, de aprobación, entrada en vigor y aplicación del Código Civil de la República de Lituania), de 18 de julio de 2000 (Žin., 2000, n.º 74‑2262), en su versión aplicable al litigio principal, que lleva por título «Requisitos generales del derecho a la información del consumidor», establece, en su apartado 1:
«Antes de que el consumidor celebre un contrato distinto de un contrato a distancia o uno celebrado fuera del establecimiento, el comerciante facilitará al consumidor de forma clara y comprensible la información necesaria, correcta, completa y no engañosa. La información se facilitará al consumidor en el idioma oficial. El comerciante deberá, al marcar la mercancía o en cualquier otro momento, proporcionar al consumidor la siguiente información, salvo que dicha información resulte evidente por el contexto:
1) las características principales de los bienes o servicios, en función del soporte utilizado y de los bienes o servicios;
[…]
3) el precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o servicios, la forma en que se determina el precio y, en su caso, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales;
[…]».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
14 D.V., un consumidor, celebró por teléfono con Kigas, una empresa de transporte, un contrato de transporte de bienes que le pertenecían, a saber, dos motocicletas, un cuatriciclo, dos lavadoras y dos secadoras, desde Noruega hasta Lituania por un importe de 450 euros. Por tanto, las partes del litigio principal no celebraron un contrato de transporte por escrito ni expidieron carta de porte.
15 El 16 de junio de 2020, D.V. entregó sus bienes a Kigas en Noruega e indicó, en respuesta a una pregunta al respecto por parte de dicha empresa, que los bienes transportados estaban destinados a su uso personal, por lo que no era necesario presentar una declaración en aduana.
16 El 17 de junio de 2020, con ocasión de un control en la frontera entre Noruega y Suecia, las autoridades aduaneras suecas consideraron que esos bienes debían declararse en aduana en el momento de su entrada en el territorio de la Unión. Por consiguiente, se elaboró una declaración en aduana que fijó el importe de los derechos de aduana en 40 899 coronas suecas (SEK) (aproximadamente 3 890,59 euros), que Kigas pagó.
17 El 18 de junio de 2020, Kigas remitió a D.V. una factura que incluía tanto el importe de 450 euros inicialmente acordado para el servicio de transporte de mercancías como el importe correspondiente a los derechos de aduana impuestos por las autoridades aduaneras suecas.
18 El 20 de junio de 2020, Kigas entregó, en el lugar convenido en Lituania, todos los bienes que D.V. le había confiado, con excepción de una motocicleta que retuvo a la espera del pago de la factura.
19 D.V. interpuso una demanda contra Kigas ante el Kauno apylinkės teismas (Tribunal Comarcal de Kaunas, Lituania), solicitando, en esencia, a dicho órgano jurisdiccional, por una parte, que reconociera que no estaba obligado a pagar la cantidad consignada en esa factura en concepto de reembolso de los derechos de aduana. Por otra parte, D.V. solicitó a ese órgano jurisdiccional que condenara a Kigas a restituirle sin demora la motocicleta que retenía.
20 Kigas presentó una demanda reconvencional en la que solicitaba que se condenara a D.V. a abonarle 450 euros por el transporte de las mercancías y 3 876,76 euros en concepto de gastos.
21 Mediante resolución de 17 de mayo de 2023, el Kauno apylinkės teismas (Tribunal Comarcal de Kaunas) estimó la demanda reconvencional al tiempo que ordenó a Kigas que restituyera a D.V. la motocicleta que no había entregado.
22 Mediante auto de 16 de noviembre de 2023, el Kauno apygardos teismas (Tribunal Regional de Kaunas, Lituania), pronunciándose en apelación, confirmó la mencionada resolución.
23 Ambos órganos jurisdiccionales declararon, en esencia, por una parte, que el litigio principal estaba comprendido en el ámbito de aplicación no solo de las disposiciones de la Ley n.º VIII‑1864, de aprobación, entrada en vigor y aplicación del Código Civil de la República de Lituania, en su versión aplicable al litigio principal, que regulan los contratos de transporte, sino también de las del CMR, y que estas últimas debían prevalecer en caso de conflicto.
24 Por otra parte, dichos órganos jurisdiccionales estimaron que D.V., en su condición de remitente de los bienes, había incumplido su obligación de facilitar al transportista los documentos y la información completa necesarios para el cumplimiento de las formalidades aduaneras, extremo que justificaba que se le condenara a reembolsar a Kigas la cantidad correspondiente a los derechos de aduana que esta había pagado. En su opinión, no podía considerarse que esos derechos de aduana formaran parte de la remuneración por el transporte de tales bienes.
25 En este contexto, D.V. interpuso un recurso contra la resolución del Kauno apygardos teismas (Tribunal Regional de Kaunas) ante el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania), que es el órgano jurisdiccional remitente.
26 D.V. alega que, en el marco del contrato celebrado con Kigas, la obligación de información al consumidor que incumbe al comerciante en virtud del artículo 5 de la Directiva 2011/83 incluye la de suministrarle información detallada sobre los derechos de aduana, su tipo y los documentos necesarios para el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Considera que la obligación del remitente, establecida en el artículo 11 del CMR, de suministrar al transportista los documentos y la información necesarios para el cumplimiento de las formalidades en aduana y de otro tipo solo se aplica cuando el consumidor ha recibido de antemano la información detallada que se le debe facilitar con arreglo a dicho artículo 5.
27 Kigas sostiene que, en virtud del artículo 5 de la Directiva 2011/83, el comerciante que presta un servicio de transporte de mercancías a un consumidor no está obligado a facilitarle información sobre los procedimientos aduaneros, los derechos de aduana y los documentos necesarios para la realización de los procedimientos aduaneros. Según dicha empresa, con arreglo al artículo 11 del CMR, el consumidor, en su condición de remitente, debe facilitar esta información al comerciante.
28 El órgano jurisdiccional remitente recuerda, por una parte, que el litigio principal se refiere a un transporte internacional de bienes por carretera destinados al uso personal del remitente. Por consiguiente, las relaciones contractuales controvertidas afectan a un consumidor y a un comerciante y están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83.
29 Por otra parte, este órgano jurisdiccional señala que el servicio de transporte objeto del litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación del CMR, precisándose que ese servicio no constituye un transporte de mudanzas en el sentido del artículo 1, apartado 4, del citado Convenio. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional recuerda que, según el artículo 11, apartado 1, del CMR, con miras al cumplimiento de las formalidades de aduana y de las necesarias antes del momento de la entrega de la mercancía, el remitente deberá adjuntar a la carta de porte, o poner a disposición del transportista, los documentos necesarios y suministrarle toda la información necesaria. El artículo 11, apartado 2, del CMR establece que el transportista no está obligado a examinar si esos documentos e información son exactos o suficientes y que el remitente es responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran resultar de la ausencia, insuficiencia o irregularidad de esos documentos e información, salvo en el caso de culpa por parte del transportista.
30 En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/83, que establece la obligación del comerciante de facilitar al consumidor la información relativa a las características principales del servicio, debe interpretarse de manera estricta, en el sentido de que se refiere únicamente a la información relativa al lugar de entrega de los bienes, al itinerario y al precio, o de manera amplia, en el sentido de que impone al comerciante, que presta un servicio de transporte internacional de mercancías a un consumidor, la obligación de informar a este también de los procedimientos aduaneros aplicables al transporte. En este segundo supuesto, ese órgano jurisdiccional pretende que se dilucide si basta con que el comerciante indique al remitente-consumidor que debe encargarse de los documentos necesarios para el cumplimiento de los procedimientos aduaneros y pagar los derechos de aduana, o si el comerciante debe facilitar información detallada sobre los documentos concretos que deben presentarse a los servicios de aduanas y los tipos e importes de los derechos de aduana. Dicho órgano jurisdiccional aboga por considerar que la imposición de tal carga al comerciante podría resultar desproporcionada.
31 En ese sentido, el órgano jurisdiccional remitente opina que es el remitente quien conoce mejor, en principio, las propiedades y las características de la mercancía confiada al transportista, así como la finalidad del transporte. Considera que, aunque la obligación del comerciante de informar al consumidor de las características principales del servicio incluye el hecho de que los bienes que deben transportarse pueden estar sujetos a procedimientos aduaneros, esta información solo debe ser de carácter general. Añade que no puede exigirse al comerciante que indique al consumidor los documentos precisos que deben presentarse en la aduana ni que calcule y comunique al consumidor el importe exacto de los derechos de aduana aplicables.
32 En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la obligación, establecida en el artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83, de facilitar información al consumidor relativa al precio de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si esos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales, implica la obligación del comerciante que presta un servicio de transporte internacional de mercancías a un consumidor de informar a este sobre los tipos y el importe de los derechos de aduana aplicables a ese transporte.
33 Dicho órgano jurisdiccional considera asimismo que esta disposición puede interpretarse bien de manera estricta, bien de manera amplia, llegando así a la conclusión de que el comerciante, respectivamente, está dispensado de facilitar al consumidor información sobre los tipos e importes de los derechos de aduana, o está obligado a facilitar esa información.
34 En tales circunstancias, el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/83, que obliga al comerciante a facilitar al consumidor información sobre las características de los servicios, en el sentido de que el comerciante que presta al consumidor un servicio de transporte internacional está obligado a informarle sobre el procedimiento aduanero aplicable al transporte? Si el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que impone al comerciante la obligación de informar al consumidor sobre el procedimiento aduanero aplicable al transporte internacional, ¿es suficiente que el comerciante indique que el remitente, es decir, el consumidor, debe hacerse cargo de los documentos necesarios para el procedimiento aduanero y pagar los derechos de aduana, o debe facilitar información detallada —un listado— de los documentos concretos que deben presentarse ante las autoridades aduaneras y los tipos e importe de los derechos de aduana aplicables?
2) ¿La obligación del comerciante, establecida en el artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83, de facilitar al consumidor información sobre el precio de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o servicios, la forma en que se determina el precio así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales, conlleva la obligación del comerciante que presta un servicio de transporte internacional de informar al consumidor sobre los tipos y el importe de los derechos de aduana aplicables al transporte de que se trate?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
35 Debe recordarse que, en el marco del reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, incumbe al Tribunal de Justicia tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión. Por consiguiente, dado que el órgano jurisdiccional remitente ha definido el marco fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea, no corresponde al Tribunal de Justicia verificar la exactitud de estas (sentencia de 19 de marzo de 2026, Almirall, C‑589/24, EU:C:2026:217, apartado 25 y jurisprudencia citada).
36 A este respecto, en respuesta a una solicitud de información dirigida por el Tribunal de Justicia para que se precise si el contrato de transporte controvertido en el litigio principal, celebrado por teléfono, debe considerarse un contrato distinto de un contrato a distancia o un contrato celebrado fuera del establecimiento, de modo que la información que el comerciante debe facilitar a los consumidores ha de ser conforme con lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2011/83, o si, por el contrario, ese contrato debe considerarse un contrato a distancia en el sentido del artículo 2, punto 7, de esa Directiva, el órgano jurisdiccional remitente confirmó que, como tribunal de casación, está vinculado por las constataciones de los órganos jurisdiccionales de primera instancia y de apelación, de modo que no aprecia por sí mismo los hechos y se pronuncia exclusivamente sobre las cuestiones de Derecho. Indicó que, sobre la base de los elementos fácticos así constatados, el contrato controvertido en el litigio principal no podía considerarse un contrato a distancia o un contrato celebrado fuera del establecimiento en el sentido del artículo 2, punto 7, de la citada Directiva y que, por lo tanto, la información que el comerciante debía facilitar al consumidor se regía por el artículo 5 de esta.
37 A la vista de estos elementos, para responder a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, procede interpretar el artículo 5 de la Directiva 2011/83.
Sobre las cuestiones prejudiciales
38 Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera con origen en un tercer país y con destino a un Estado miembro de la Unión, la obligación de información que incumbe al comerciante en virtud de dicha disposición implica informar al remitente‑consumidor de que la importación de las mercancías en el territorio de la Unión puede requerir el cumplimiento de formalidades aduaneras y de que pueden exigirse derechos de aduana. En caso de respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el comerciante ha de facilitar información detallada sobre los documentos que deben presentarse en aduana, así como sobre los tipos y los importes de los derechos de aduana aplicables.
39 Con carácter preliminar, por una parte, procede señalar que el litigio entre D.V. y Kigas está comprendido, según el órgano jurisdiccional remitente, en el ámbito de aplicación del CMR.
40 En efecto, con arreglo al artículo 1 del CMR, este Convenio se aplicará a todo contrato de transporte de mercancías por carretera realizado a título oneroso por medio de vehículos, siempre que el lugar de la toma de carga de la mercancía y el lugar previsto para la entrega, indicados en el contrato, estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales al menos sea un país contratante.
41 En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el litigio principal versa sobre un contrato de transporte de mercancías por carretera realizado a título oneroso, con salida de Noruega y con destino a Lituania, que son ambos países contratantes del CMR y que este servicio no constituye un transporte de mudanzas en el sentido del artículo 1, apartado 4, del CMR.
42 Por otra parte, como establece el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2011/83, está comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva todo contrato celebrado entre un comerciante y un consumidor. Pues bien, de las constataciones del órgano jurisdiccional remitente, recordadas en el apartado 28 de la presente sentencia, se desprende que D.V., que celebró el contrato de transporte controvertido en el litigio principal con Kigas, comerciante del sector del transporte, tenía la condición de consumidor, en el sentido del artículo 2, punto 1, de dicha Directiva, puesto que actuó con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión. Por consiguiente, ese contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83.
43 En primer lugar, como resulta del artículo 1 de esa Directiva, en relación con sus considerandos 4, 5 y 7, la citada Directiva pretende lograr un nivel elevado de protección a los consumidores garantizando su información y su seguridad en las transacciones con los comerciantes. Además, la protección de los consumidores en las políticas de la Unión está consagrada en el artículo 169 TFUE y en el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (sentencia de 23 de enero de 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, apartado 34).
44 Por consiguiente, la Directiva 2011/83 pretende permitir que los consumidores disfruten de una protección amplia, confiriéndoles ciertos derechos. A este respecto, la información facilitada antes de la celebración del contrato sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración tiene una importancia fundamental para el consumidor. El consumidor decide sobre la base de esta información si desea vincularse contractualmente con un comerciante (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de enero de 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, apartados 35 y 36).
45 A tal efecto, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2011/83 establece que, antes de que el consumidor quede vinculado por un contrato distinto de un contrato a distancia o uno celebrado fuera del establecimiento, o cualquier oferta correspondiente, el comerciante deberá facilitar de manera clara y comprensible al consumidor diversa información, salvo que la información resulte evidente por el contexto. Esta disposición pretende garantizar que se comunique al consumidor, antes de la celebración del contrato, tanto la información relativa a las condiciones contractuales y a las consecuencias de dicha celebración, lo que le permitirá decidir si desea vincularse contractualmente con un comerciante, como la información necesaria para la correcta ejecución del contrato y, en particular, para el ejercicio de sus derechos (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de mayo de 2022, Victorinox, C‑179/21, EU:C:2022:353, apartado 26).
46 Por lo que respecta, más concretamente, a la obligación de información precontractual que figura en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/83, este establece que el comerciante debe informar al consumidor de las características principales de los bienes o servicios, en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios.
47 De ello se deduce que el alcance de la información que un comerciante debe comunicar previamente en el marco de un contrato de transporte internacional de mercancías ha de apreciarse en función, en particular, de la naturaleza del servicio.
48 Pues bien, cabe que el hecho de que la importación de las mercancías transportadas pueda requerir formalidades aduaneras repercuta significativamente en la ejecución del servicio de transporte prestado, retrasando o incluso impidiendo la entrega de las mercancías o generando sobrecostes. Por lo tanto, como señaló la Abogada General, en esencia, en el punto 62 de sus conclusiones, habida cuenta del carácter transfronterizo de los contratos de transporte internacional de mercancías y del hecho de que la importación de estas desde un tercer país puede, en su caso, estar sujeta a derechos de aduana, resulta razonable concluir que las formalidades aduaneras constituyen una de las principales características de este tipo de contrato, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2011/83, de las que un consumidor debe ser informado por el comerciante antes de la celebración del contrato.
49 En consecuencia, en el marco de un contrato de transporte como el controvertido en el litigio principal, el transportista comerciante está obligado a informar al consumidor de que la importación de las mercancías transportadas puede exigir el cumplimiento de formalidades aduaneras.
50 En cambio, cuando se encarga exclusivamente del transporte de las mercancías sin prestar, por otra parte, un servicio de corretaje en aduana, dicho comerciante no está obligado a facilitar información detallada sobre los documentos que deben presentarse en aduana. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que del artículo 11, apartados 1 y 2, del CMR se desprende que incumbe al remitente poner a disposición del transportista los documentos necesarios para el cumplimiento de las formalidades aduaneras y que el transportista no está obligado a examinar si tales documentos son exactos o suficientes.
51 En segundo lugar, en lo que respecta al artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83, procede recordar que, según esa disposición, el comerciante debe informar al consumidor del precio total de los bienes o servicios, incluidos los impuestos, o, si el precio no puede calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza de los bienes o servicios, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales.
52 Del tenor de ese artículo se desprende, de entrada, que debe distinguirse la indicación del precio final de la del modo en que se determina ese precio, a continuación, que es la naturaleza del servicio la que determina la situación en la que el comerciante no puede razonablemente calcular de antemano el referido precio y, por último, que, si el comerciante no puede indicar ese precio, debe señalar las modalidades sobre cuya base se determina o, dicho de otro modo, la forma en que se determina el precio final (véase, por analogía, la sentencia de 23 de enero de 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser, C‑518/23, EU:C:2025:35, apartado 30). Además, con independencia de la mención del precio total o del modo de cálculo de dicho precio, deben tenerse en cuenta los gastos adicionales que pueden añadirse al precio total del servicio y que, si no pueden calcularse de antemano, deben indicarse al consumidor como exigibles.
53 Por otra parte, del artículo 6, apartado 1, letra i), del CMR resulta que los derechos de aduana figuran entre los «gastos de transporte» que deben mencionarse en la carta de porte de un transporte internacional de mercancías por carretera.
54 En la medida en que no son exigibles por la ejecución del servicio de transporte como tal, sino por la introducción en el territorio aduanero de la Unión de las mercancías transportadas, los derechos de aduana deben considerarse gastos adicionales, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83, que se añaden al precio total del servicio de transporte.
55 En efecto, debido al hecho de que los derechos de aduana se calculan en función de las mercancías que deben transportarse, el comerciante puede no estar en condiciones de disponer, de antemano y de manera precisa, de todos los componentes del precio total, de suerte que puede no estar en condiciones de comunicar al consumidor la forma en que se determina ese precio de modo tal que el interesado pueda efectuar por sí mismo el cálculo (véase, por analogía, la sentencia de 23 de enero de 2025, NEW Niederrhein Energie und Wasser, C‑518/23, EU:C:2025:35, apartado 38).
56 En este contexto, en el marco de los contratos de transporte internacional de mercancías, el comerciante no siempre está en condiciones de calcular el precio total del servicio «incluidos los impuestos» antes de la celebración del contrato de transporte, en particular dado que es posible que el importe exacto de los derechos de aduana dependa de determinados elementos que pueden no conocerse de antemano, como, por ejemplo, el valor de las mercancías, su clasificación arancelaria y su origen.
57 Así, en el marco de la obligación de información establecida en el artículo 5, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83, el comerciante está obligado a informar al consumidor únicamente de que pueden ser exigibles derechos de aduana, que constituyen gastos adicionales a cargo de este que no pueden calcularse razonablemente de antemano e integrarse en el precio del servicio de transporte.
58 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 5, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera con origen en un tercer país y con destino a un Estado miembro de la Unión, la obligación de información que incumbe al comerciante en virtud de dicha disposición implica informar al remitente‑consumidor de que la importación de las mercancías en el territorio de la Unión puede requerir el cumplimiento de formalidades aduaneras y de que pueden exigirse derechos de aduana a cargo de ese consumidor. En cambio, el comerciante no está obligado a facilitar información detallada sobre los documentos que deben presentarse en aduana ni a indicar los tipos y los importes de los derechos de aduana aplicables.
Costas
59 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 5, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019,
debe interpretarse en el sentido de que,
en el marco de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera con origen en un tercer país y con destino a un Estado miembro de la Unión, la obligación de información que incumbe al comerciante en virtud de dicha disposición implica informar al remitente-consumidor de que la importación de las mercancías en el territorio de la Unión puede requerir el cumplimiento de formalidades aduaneras y de que pueden exigirse derechos de aduana a cargo de ese consumidor. En cambio, el comerciante no está obligado a facilitar información detallada sobre los documentos que deben presentarse en aduana ni a indicar los tipos y los importes de los derechos de aduana aplicables.
Firmas
* Lengua de procedimiento: lituano.