Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 22 de octubre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2014/26/UE — Sociedad de gestión colectiva — Artículo 3, letra h) — Ingresos de derechos, incluyendo la compensación por copia privada y la remuneración por préstamo público — Artículo 11, apartado 4 — Utilización de esos ingresos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos — Financiación de servicios sociales, culturales o educativos — Artículo 12, apartado 4 — Deducciones efectuadas por la sociedad de gestión colectiva — Artículo 13, apartados 4 y 6 — Importes que se considera que no pueden ser objeto de reparto — Normativa nacional que establece la promoción de las obras de interés cultural »
En el asunto C‑840/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 21 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de diciembre de 2024, en el procedimiento entre
Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
y
TL,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. B. Smulders (Ponente), E. Regan, J. Passer y D. Gratsias, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. F. Cathagne, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de noviembre de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort), por el Sr. T. Winter, Rechtsanwalt;
– en nombre de TL, por el Sr. T. von Plehwe, Rechtsanwalt;
– en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y M. Hellmann, la Sra. L. Hülsmann y el Sr. A. Sahner, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno francés, por la Sra. B. Dourthe y Sr. H. Nunes da Silva, en calidad de agentes;
– en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll y el Sr. G. Kunnert, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Samnadda y el Sr. G. von Rintelen, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de febrero de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), del artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28), y de los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO 2014, L 84, p. 72).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre TL, que actúa a título personal y como cesionario de los derechos de OS, autores de obras literarias, y Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) (en lo sucesivo, «VG Wort»), sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, en relación con financiación, por parte de VG Wort, de un fondo para la promoción de la ciencia mediante ingresos procedentes de la gestión de los derechos de autor.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2001/29
3 El artículo 5 de la Directiva 2001/29, titulado «Excepciones y limitaciones», dispone en su apartado 2:
«Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:
[…]
b) en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6;
[…]».
Directiva 2006/115
4 El artículo 6 de la Directiva 2006/115, cuyo epígrafe es «Excepciones al derecho exclusivo de préstamo al público», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros podrán establecer excepciones al derecho exclusivo a que se refiere el artículo 1 en lo referente a los préstamos públicos siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos. Los Estados miembros podrán determinar libremente esta remuneración teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural.»
Directiva 2014/26
5 Los considerandos 1, 3, 6 a 9, 26 y 28 de la Directiva 2014/26 son del siguiente tenor:
«(1) Las directivas de la Unión adoptadas en el ámbito de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor ya proporcionan un elevado nivel de protección a los titulares de derechos y, por ende, un marco para la explotación de los contenidos amparados por esos derechos. Dichas directivas contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la creatividad. En un mercado interior en el que la competencia no esté falseada, la protección de la innovación y de la creación intelectual también fomenta la inversión en servicios y productos innovadores.
[…]
(3) En virtud del artículo 167 [TFUE], la Unión [Europea] debe tener en cuenta la diversidad cultural en sus actuaciones y contribuir al desarrollo de las culturas de los Estados miembros, respetando su diversidad nacional y regional y haciendo hincapié al mismo tiempo en la herencia cultural común. Las organizaciones de gestión colectiva desempeñan y deben seguir desempeñando un papel importante como promotoras de la diversidad de la expresión cultural, tanto al permitir a los repertorios de menor volumen y menos populares el acceso al mercado como mediante la prestación de servicios sociales, culturales y educativos en beneficio de sus titulares y del público.
[…]
(6) La necesidad de mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva ya se había señalado en la Recomendación [2005/737/CE de la Comisión, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (DO 2005, L 276, p. 54; corrección de errores en DO 2005, L 284, p. 10)]. Dicha Recomendación establecía una serie de principios, como la libertad de los titulares de los derechos de elegir sus entidades de gestión colectiva, la igualdad de trato de todas las categorías de titulares de derechos y el reparto equitativo de los derechos recaudados. […] Sin embargo, la Recomendación tuvo un seguimiento desigual.
(7) La protección de los intereses de los miembros de las entidades de gestión colectiva, de los titulares de derechos y de terceros exige la coordinación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de gestión de derechos de autor y de concesión de licencias multiterritoriales de derechos en línea sobre obras musicales, con objeto de disponer de garantías equivalentes en toda la Unión. […]
(8) La presente Directiva tiene por objeto la coordinación de las normas nacionales relativas al acceso de las entidades de gestión colectiva a la actividad de gestión de los derechos de autor y derechos afines, las modalidades de administración de estas entidades y su marco de supervisión […]
(9) La presente Directiva tiene por objeto establecer requisitos aplicables a las entidades de gestión colectiva para garantizar un elevado nivel de administración, gestión financiera, transparencia e información. No obstante, ello no debe impedir que los Estados miembros mantengan o impongan normas más estrictas que las establecidas en el título II de la presente Directiva a las entidades de gestión colectiva establecidas en sus territorios, siempre que dichas normas más estrictas sean compatibles con el Derecho de la Unión.
[…]
(26) Las entidades de gestión colectiva de derechos recaudan, gestionan y reparten los ingresos procedentes de la explotación de los derechos que les son confiados por sus titulares. Dichos ingresos han de abonarse en última instancia a los titulares de derechos, que pueden tener una relación jurídica directa con la entidad, o estar representados a través de una entidad que sea miembro de la entidad de gestión colectiva o a través de un acuerdo de representación. Por tanto, es importante que las entidades de gestión colectiva actúen con la máxima diligencia al recaudar, gestionar y repartir esos ingresos. Solo es posible repartir con exactitud los ingresos si la entidad de gestión colectiva de derechos mantiene registros adecuados de sus miembros, de las licencias y de la utilización de las obras y otras prestaciones. Los datos oportunos necesarios para la gestión colectiva eficaz de los derechos deben ser facilitados asimismo por los titulares de los derechos y los usuarios y verificados por la entidad de gestión colectiva.
[…]
(28) Puesto que los titulares de derechos tienen derecho a ser remunerados por la explotación de sus derechos, es importante que los descuentos de gestión no sobrepasen los costes justificados de la gestión de los derechos y que toda deducción, distinta de los descuentos de gestión, por ejemplo una deducción para fines sociales, culturales o educativos, sea aprobada por los miembros de las entidades de gestión colectiva y que estas actúen con transparencia frente a los titulares de derechos en lo que respecta a las normas que regulan dichas deducciones. Idénticos requisitos deben aplicarse a toda decisión relativa a la utilización de los ingresos de derechos para su reparto colectivo, como becas. Los titulares de derechos deben tener acceso con carácter no discriminatorio a cualquier servicio social, cultural o educativo financiado mediante las deducciones. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las deducciones efectuadas en virtud del Derecho nacional, como las deducciones por la prestación de servicios sociales a los titulares de derechos por parte de las entidades de gestión colectiva, por lo que se refiere a cualquier aspecto que no esté regulado por la presente Directiva, siempre que dichas deducciones sean conformes con el Derecho de la Unión.»
6 El artículo 1 de dicha Directiva, titulado «Objeto», dispone:
«La presente Directiva establece los requisitos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor por las entidades de gestión colectiva. Asimismo, establece requisitos relativos a la concesión, por las entidades de gestión colectiva, de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea.»
7 El artículo 3 de la citada Directiva, con el epígrafe «Definiciones», establece lo siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
c) “titular de derechos”: toda persona o entidad distinta de una entidad de gestión colectiva, que sea titular de derechos de autor o de derechos afines a los derechos de autor o que, en virtud de un acuerdo de explotación de derechos o por ley, esté legitimada para percibir una parte de los ingresos percibidos;
d) “miembro”: un titular de derechos o una entidad que represente a titulares de derechos, incluidas otras entidades de gestión colectiva y asociaciones de titulares de derechos, que cumpla los requisitos para ser miembro de la entidad de gestión colectiva y sea admitido por ella;
[…]
h) “ingresos de derechos”: los importes recaudados por una entidad de gestión colectiva en nombre de los titulares de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un derecho a remuneración o de un derecho a compensación;
[…]».
8 El artículo 5 de la misma Directiva, titulado «Derechos de los titulares de derechos», dispone en su apartado 2:
«Los titulares de derechos tendrán derecho a autorizar a la entidad de gestión colectiva de su elección a gestionar los derechos, categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones de su elección, respecto de los territorios de su elección, independientemente de la nacionalidad o del Estado miembro de residencia o de establecimiento de la entidad de gestión colectiva o del titular de derechos. Salvo que la entidad de gestión colectiva tenga motivos objetivamente justificados para rechazar la gestión, estará obligada a gestionar esos derechos, categorías de derechos o tipos de obras y otras prestaciones, siempre que su gestión esté comprendida dentro de su ámbito de actividad.»
9 El artículo 8 de la Directiva 2014/26, cuyo epígrafe es «Asamblea general de los miembros de la entidad de gestión colectiva», dispone en su apartado 5:
«De conformidad con las disposiciones del título II, capítulo 2, la asamblea general de los miembros decidirá, como mínimo, sobre las siguientes cuestiones:
a) la política general de reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos;
b) la política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
c) la política general de inversión de los ingresos de derechos y de cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos;
d) la política general de deducciones practicadas sobre los ingresos de derechos y sobre cualquier otro rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos;
e) la utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto;
[…]».
10 El capítulo 2 de dicha Directiva, titulado «Gestión de los ingresos de derechos», que forma parte de su título II, que a su vez lleva el epígrafe «Entidades de gestión colectiva», incluye los artículos 11 a 13.
11 El artículo 11 de la citada Directiva, cuyo epígrafe es «Recaudación y utilización de los ingresos de derechos», dispone en su apartado 4:
«Las entidades de gestión colectiva no estarán autorizadas a utilizar los ingresos de derechos ni cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos para fines distintos del reparto a los titulares de los derechos, excepto cuando esté permitido deducir o compensar sus descuentos de gestión en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra d), o utilizar los ingresos de derechos o cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos en cumplimiento de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5.»
12 A tenor del artículo 12 de la misma Directiva, titulado «Deducciones»:
«1. Los Estados miembros velarán por que cuando un titular de derechos autorice a una entidad de gestión colectiva a gestionar sus derechos, la entidad de gestión colectiva deba proporcionar al titular de derechos información sobre los descuentos de gestión y otras deducciones de los ingresos de derechos y de cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, antes de obtener su consentimiento para gestionar sus derechos.
2. Las deducciones serán razonables en relación con los servicios prestados por la entidad de gestión colectiva a los titulares de derechos, incluidos, en su caso, los servicios mencionados en el apartado 4, y se establecerán de acuerdo con criterios objetivos.
3. Los descuentos de gestión no superarán los costes justificados y documentados en los que haya incurrido la entidad de gestión colectiva en la gestión de los derechos de autor y derechos afines.
Los Estados miembros velarán por que los requisitos aplicables al uso y a la transparencia del uso de los importes deducidos o compensados respecto de descuentos de gestión se apliquen a cualquier otra deducción realizada para cubrir los costes de la gestión de los derechos de autor o derechos afines.
4. En caso de que una entidad de gestión colectiva preste servicios sociales, culturales o educativos, financiados mediante deducciones aplicadas a los ingresos de derechos y a cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, estos servicios se prestarán sobre la base de criterios justos, en particular con respecto al acceso y al alcance de dichos servicios.»
13 El artículo 13 de la Directiva 2014/26, titulado «Reparto de los importes que deben abonarse a los titulares de derechos», establece en sus apartados 1, 3, 4 y 6:
«1. Sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 15, apartado 3, y en el artículo 28, los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva repartan y abonen de forma periódica, con diligencia y exactitud, y de conformidad con la política general sobre reparto a que se refiere el artículo 8, apartado 5, letra a), los importes adeudados a los titulares de derechos.
Los Estados miembros velarán asimismo por que las entidades de gestión colectiva o los miembros de estas que sean entidades que representan a titulares de derechos repartan y paguen a los titulares de derechos dichos importes lo antes posible, y, a más tardar, en un plazo máximo de nueve meses a partir del cierre del ejercicio en el que se hayan recaudado los derechos, a menos que razones objetivas relacionadas, en particular, con la comunicación de información por los usuarios, la identificación de los derechos o de los titulares de derechos, o el cotejo de la información sobre obras y otras prestaciones con los titulares de derechos, impidan a las entidades de gestión colectiva o, en su caso, a sus miembros respetar ese plazo.
[…]
3. Las entidades de gestión colectiva adoptarán todas las medidas necesarias, coherentes con el apartado 1, para identificar y localizar a los titulares de derechos. […]
[…]
4. Cuando los importes correspondientes a los titulares de derechos no puedan repartirse en un plazo de tres años a partir del cierre del ejercicio en el que se hayan percibido los derechos, y siempre que la entidad de gestión colectiva haya tomado todas las medidas necesarias para identificar y localizar a los titulares de derechos de acuerdo con lo indicado en el apartado 3, se considerará que estos importes no pueden ser objeto de reparto.
[…]
6. Los Estados miembros podrán limitar o determinar los usos autorizados de los importes que no pueden ser objeto de reparto, entre otros modos, garantizando que dichos importes se utilicen de forma separada e independiente para financiar actividades sociales, culturales y educativas en beneficio de los titulares de derechos.»
Derecho alemán
14 En virtud del artículo 27, apartado 1, de la Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften (Ley sobre la Gestión de Derechos de Autor y Derechos Afines a los Derechos de Autor por Sociedades de Gestión Colectiva), de 24 de mayo de 2016 (BGBl. 2016 I, p. 1190), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «VGG»), la sociedad de gestión debe establecer normas fijas que excluyan la arbitrariedad en el reparto de los ingresos de derechos (plan de reparto).
15 El artículo 32, apartado 1, de la VGG dispone:
«La sociedad de gestión colectiva debe promover las obras y servicios de relevancia cultural.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
16 VG Wort es una sociedad de gestión colectiva que se ocupa de explotar los derechos de autor de los autores de textos y de sus editores que le han sido conferidos contractualmente. Disfruta, a tales efectos, de una posición de monopolio en Alemania.
17 TL y OS son autores de obras literarias, que están asociados a VG Wort y que celebraron contratos de gestión con dicha sociedad. Durante el período al que se refiere el litigio principal, a saber, del 1 de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2019, declararon diversas obras a VG Wort y recibieron pagos procedentes de los ingresos percibidos por esa sociedad.
18 En estos contratos se estipula que la liquidación y el pago de la parte de esos ingresos que corresponde a los titulares de derechos se regirán por los estatutos y el plan de reparto de VG Wort.
19 Los estatutos de VG Wort, en sus versiones vigentes durante el período al que se refiere el litigio principal, regulaban también el pago de una subvención al Förderungsfonds Wissenschaft (Fondo para la Promoción de la Ciencia; en lo sucesivo, «FFW»), un fondo que pertenece a una sociedad de la que VG Wort es accionista único.
20 El FFW, según sus estatutos, tiene por objeto la promoción de la ciencia y de la investigación, mediante la financiación de los costes de impresión relacionados con la publicación de obras científicas y especializadas, de investigaciones que puedan dar lugar a tales obras y de otras acciones de promoción de la literatura científica y especializada. De la información facilitada al Tribunal de Justicia se desprende que la subvención abonada al FFW se financiaba mediante deducciones sobre los ingresos percibidos, en particular, en concepto de la compensación por copia privada y de la remuneración por préstamo público de obras científicas, técnicas y especializadas.
21 Sobre la base de sus propios derechos y de los derechos que le fueron cedidos por OS, TL objeta que VG Wort afectara al FFW cantidades procedentes de los ingresos que VG Wort percibió durante el período al que se refiere el litigio principal, reduciendo de ese modo los pagos a favor de TL y OS en concepto de derechos de autor. En primera instancia, TL solicitó que se declarara que VG Wort no está facultada, a efectos de financiar el FFW, a deducir cantidades de los ingresos que a este respecto deben abonarse a los titulares de derechos. Asimismo, TL solicitó información sobre el importe de las sumas abonadas al FFW. El Landgericht (Tribunal Regional de lo Civil y Penal) estimó —plenamente en lo que a OS respecta y solo de modo parcial en lo que atañe a TL— la pretensión declarativa y la pretensión de obtención de información.
22 El órgano jurisdiccional de apelación confirmó la anterior resolución favorable a OS. En tal sentido, este órgano jurisdiccional consideró que los planes de reparto de VG Wort, integrados en los contratos de gestión, constituían condiciones generales cuyas disposiciones sobre los pagos efectuados al FFW son nulas en virtud del Derecho nacional, por ser contrarias a los principios fundamentales de la VGG y de la normativa que precedió a la VGG, en la medida en que, según dicho órgano jurisdiccional, una persona se beneficia de los pagos pese a no tener derecho a ellos. En cambio, el órgano jurisdiccional de apelación desestimó íntegramente el recurso de TL, basándose en que no se había acreditado que se hubieran reducido los pagos a su favor.
23 El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, considera que el resultado del recurso de casación del que está conociendo depende de si las disposiciones de los planes de reparto sobre los pagos que deben efectuarse al FFW son efectivamente nulas por prescribir que se hagan pagos a una persona que no tiene derecho a ellos.
24 A este respecto, dicho órgano jurisdiccional expone que, aunque el juez de apelación consideró, de conformidad con la jurisprudencia nacional, que una sociedad de gestión debe repartir los ingresos procedentes de su actividad exclusivamente entre los titulares de derechos, no puede excluirse que los pagos efectuados a favor del FFW sean conformes con el artículo 32, apartado 1, de la VGG, según el cual las sociedades de gestión colectiva deben promover obras y servicios de relevancia cultural. Según este órgano jurisdiccional, esta disposición no limita el círculo de los destinatarios de dicha promoción a los titulares de derechos, sino que también permite que se promueva la creación futura de obras y la prestación futura de servicios. Por lo tanto, es posible, a juicio del citado órgano jurisdiccional, que los citados pagos a favor del FFW no deban reputarse como la participación ilegal de una persona en pagos a los que no tiene derecho. Sin embargo, una conclusión como esta depende, a su entender, de que tal disposición sea conforme con el Derecho de la Unión.
25 Según el órgano jurisdiccional remitente, de la doctrina extraída de las sentencias de 9 de febrero de 2012, Luksan (C‑277/10, EU:C:2012:65), y de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros (C‑521/11, EU:C:2013:515), se desprende que los titulares de derechos de autor que tienen derecho a la compensación equitativa que debe abonarse en concepto de la excepción por copia privada prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y a la remuneración por préstamo público, en virtud del artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2006/115, deben percibir imperativamente esos ingresos, pero nada se opone, según esa doctrina, a que una parte de los ingresos destinados a la compensación equitativa les sea abonada indirectamente a través de instituciones sociales y culturales creadas en su beneficio. Dicho órgano jurisdiccional precisa que esta regla se entiende en ocasiones en el sentido de no permitir que participen personas distintas de los titulares de derechos de autor, en la medida en que estos últimos no hayan dado su consentimiento al efecto. A su entender, es preciso determinar si, a la vista de las disposiciones de la Directiva 2014/26, adoptada con posterioridad a esta jurisprudencia, debe admitirse, no obstante, la promoción de fines sociales, culturales o educativos en favor de beneficiarios que no forman parte —o al menos no todavía— del círculo de los titulares de derechos.
26 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que los artículos 8, apartado 5, letra d), 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, interpretados a la luz de su considerandos 3 y 28, parecen indicar que las entidades de gestión colectiva (en lo sucesivo, «EGC»), siempre que la asamblea general de los miembros de esta haya adoptado una decisión en tal sentido, deben poder prestar servicios sociales, culturales o educativos, incluso en favor de beneficiarios distintos de los titulares de derechos. De este modo, cabe considerar que el apoyo prestado a creadores que no son, o que no son todavía, titulares de derechos constituye una utilización lícita «para fines distintos» del reparto de los ingresos de derechos a los titulares de derechos, en el sentido del citado artículo 11, apartado 4, a condición de que así lo prevea la decisión adoptada por la asamblea general de los miembros.
27 El mismo órgano jurisdiccional considera igualmente que esta interpretación no queda desvirtuada por el artículo 13, apartado 6, de dicha Directiva, que permite a los Estados miembros regular la utilización de importes que no pueden ser objeto de reparto para financiar prestaciones sociales, culturales o educativas en favor de los titulares de derechos, dado que, a su juicio, esta disposición se refiere no ya a deducciones, sino a importes que no pueden ser objeto de reparto.
28 Sentado lo anterior, en el supuesto de que los servicios sociales, culturales o educativos mencionados en el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26 solo pudieran prestarse lícitamente a los titulares de derechos en el sentido del artículo 3, letra c), de dicha Directiva, es necesario determinar si, en virtud del Derecho de la Unión, la licitud de la prestación de esos servicios depende de un derecho actual a remuneración del que es titular el destinatario de esos servicios o si basta con ser titular de un derecho de autor o de un derecho afín a los derechos de autor que no dé actualmente lugar a remuneración. Además, es necesario precisar si la licitud de estos servicios está supeditada a la existencia de un contrato de gestión con la EGC. En tal sentido, según el órgano jurisdiccional remitente, es posible que un titular de derechos disponga de un derecho a remuneración actual o que simplemente posea un derecho protegido por derechos de autor, sin derecho a remuneración actual. Además, cabe hacer una distinción en función de si el titular de los derechos ha celebrado o no un contrato de gestión con la EGC. Es necesario especificar si estas circunstancias tienen incidencia en la licitud de la prestación de servicios sociales, culturales o educativos en virtud del artículo 12, apartado 4, de dicha Directiva.
29 En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Es conforme con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la [Directiva 2001/29], con el artículo 6, apartado 1, primera frase, de la [Directiva 2006/115] y con los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la [Directiva 2014/26] el hecho de que, en virtud de una disposición de Derecho nacional, una entidad de gestión colectiva promocione obras de relevancia cultural, con la consecuencia de que destinatarios que no pertenecen (al menos no todavía) al grupo de los titulares de derechos también se benefician de la ayuda?
2) En caso de que los servicios sociales, culturales o educativos a los que se refiere el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26 solo puedan prestarse a los titulares de derechos: ¿la posibilidad de que se presten tales servicios depende de que su destinatario sea titular de un derecho actual a remuneración o basta con la titularidad de un derecho de autor o de un derecho afín que no sea objeto actualmente de remuneración? ¿La admisibilidad de tales servicios requiere la existencia de un contrato de gestión con la entidad de gestión colectiva?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
30 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de marzo de 2026, TL solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
31 En apoyo de esta solicitud, TL, al tiempo que subraya que la relación de posibles motivos de reapertura del procedimiento que figura en dicho artículo 83 es meramente indicativa, alega que el Abogado General fundamentó sus conclusiones presentadas el 26 de febrero de 2026 en tesis «inesperadas y sorprendentes» en relación con el contenido y la finalidad del derecho de propiedad intelectual y con los derechos y obligaciones de las EGC. Según TL, estas tesis no son compatibles con el Derecho de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. A este respecto, expone, en esencia, que el Abogado General, al basarse en sus conclusiones en una teoría sobre la naturaleza del derecho fundamental a la protección de la propiedad intelectual, defiende una concepción exagerada de las funciones y competencias de las EGC. En apoyo de su propia interpretación del Derecho de la Unión, TL se remite, además, a las alegaciones expuestas en sus observaciones escritas.
32 A este respecto, ha de recordarse que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado por estas conclusiones ni por la motivación que el Abogado General desarrolla para llegar a ellas (sentencia de 29 de enero de 2026, Keladis I y Keladis II, C‑72/24 y C‑73/24, EU:C:2026:51, apartado 63 y jurisprudencia citada).
33 Asimismo, procede señalar, en este contexto, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 de dicho Estatuto presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por consiguiente, el hecho de que una parte o un interesado no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 29 de enero de 2026, Keladis I y Keladis II, C‑72/24 y C‑73/24, EU:C:2026:51, apartado 64 y jurisprudencia citada).
34 De este modo, en la medida en que la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento presentada por TL pretende que se le permita responder a la postura adoptada por el Abogado General en sus conclusiones, no cabe acogerla.
35 Es cierto que, en virtud del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá en todo momento, tras oír al Abogado General, decidir la apertura de la fase oral del procedimiento u ordenar su reapertura, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
36 Pese a ello, en el asunto que nos ocupa, las observaciones de TL presentadas en su solicitud mencionada en el apartado 30 de la presente sentencia no revelan ningún argumento que no haya sido debatido entre las partes ni un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que el Tribunal de Justicia debe dictar en el presente asunto.
37 Dado que el Tribunal de Justicia dispone de todos los elementos necesarios para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, considera, oído el Abogado General, que, en las presentes circunstancias, no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
38 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. A este respecto, le corresponde deducir del conjunto de los elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, las disposiciones del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio (sentencia de 16 de abril de 2026, Stichting de Thuiskopie, C‑496/24, EU:C:2026:296, apartado 18 y jurisprudencia citada).
39 En su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, del artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2006/115 y de los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26.
40 Mientras que las dos primeras disposiciones confieren derechos a los titulares de los derechos de autor, a saber, el derecho a una compensación equitativa por copia privada y el derecho a remuneración por el préstamo público, las dos últimas disposiciones se relacionan con la gestión por una EGC de los ingresos procedentes de la explotación de derechos de autor. En particular, el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2014/26 versa, de modo más general, sobre la utilización de esos ingresos, mientras que el artículo 12, apartado 4, de esa Directiva se refiere, en particular, a las deducciones aplicadas a esos ingresos para financiar servicios sociales, culturales o educativos prestados por la EGC.
41 Pues bien, como se desprende de la resolución de remisión, el litigio principal versa sobre el pago, por la EGC incursa en el litigio principal, de una parte de los ingresos que esta percibió por cuenta de titulares de derechos de autor de obras literarias —ingresos que proceden de la explotación de los derechos de autor de esos titulares— a un fondo perteneciente a una sociedad de la que es titular, al 100 %, esa EGC, con el fin de financiar actividades de promoción de obras y servicios de relevancia cultural que órgano jurisdiccional remitente considera que están comprendidas en los servicios sociales, culturales o educativos en el sentido, en particular, del artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se está preguntando sobre la conformidad, a la luz de la citada Directiva, de una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que permite a una EGC dedicar una parte de los ingresos procedentes de la explotación de derechos de autor a la financiación de esos servicios, cuando estos benefician a personas que no son, o no son todavía, titulares de esos derechos.
42 De lo anterior se infiere que el litigio principal versa únicamente sobre la gestión de los ingresos procedentes de la explotación de derechos de autor y, en particular, sobre la utilización de esos ingresos y sobre las deducciones practicadas sobre estos para financiar servicios sociales, culturales o educativos.
43 Ciertamente, de las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que los ingresos a los que afecta el pago al que se refiere el litigio principal derivan de los percibidos en concepto de la compensación por copia privada, regulada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, y de los percibidos en concepto de la remuneración por préstamo público, prevista en el artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2006/115. Sin embargo, a la luz de la Directiva 2014/26, estos ingresos forman parte de los ingresos procedentes de la explotación de derechos de autor, a los que se refiere el artículo 3, letra h), de esa Directiva.
44 En efecto, es necesario reseñar que los «ingresos de derechos» se definen en el artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/26 como «los importes recaudados por una [ECG] en nombre de los titulares de derechos y derivados de un derecho exclusivo, de un derecho a remuneración o de un derecho a compensación».
45 Por lo tanto, a los efectos del litigio principal no es pertinente la interpretación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 ni del artículo 6, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2006/115.
46 En estas circunstancias, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, sobre la base de una normativa nacional en virtud de la cual las EGC deben promover obras de relevancia cultural, los estatutos de una EGC dispongan que una parte de los «ingresos de derechos» en el sentido del artículo 3, letra h), de dicha Directiva esté dedicada a la financiación de servicios sociales, culturales o educativos, cuando esos servicios benefician a personas que no son titulares de derechos de autor.
47 El artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2014/26 enuncia el principio según el cual una EGC no puede utilizar los ingresos de derechos para fines distintos del reparto a los titulares de derechos. Sin embargo, esta disposición menciona dos excepciones a ese principio. Por un lado, esos ingresos pueden utilizarse para deducir o compensar los descuentos de gestión de las EGC, con la condición de que esa utilización esté autorizada en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, letra d), de la misma Directiva. Por otro lado, las EGC pueden utilizar tales ingresos para fines distintos del reparto a los titulares de derechos, siempre que esa utilización esté autorizada en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de la propia Directiva.
48 Por lo que respecta, en particular, a esta segunda excepción, única pertinente en el asunto que nos ocupa a la luz del litigio principal, procede señalar que, según esta última disposición, la asamblea general de miembros de la EGC debe decidir de conformidad con lo dispuesto en el título II, capítulo 2, de la Directiva 2014/26, que versa sobre la gestión de los ingresos de derechos y está integrado por los artículos 11 a 13 de la citada Directiva. De lo anterior se deduce que la asamblea general especifica, mediante sus decisiones adoptadas en virtud de dicho artículo 8, apartado 5, las normas relativas a la utilización de los ingresos de derechos, a la deducción de esos ingresos y al reparto de los importes que deben abonarse, contemplados en los citados artículos 11 a 13, dentro de los límites que estos determinan.
49 En lo que atañe, en primer término, a las deducciones sobre los ingresos de derechos, que se practican directamente sobre esos ingresos antes de asignar a los titulares de derechos los importes que deben abonarse, el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2014/26 obliga a los Estados miembros a velar por que, cuando un titular de derechos autorice a una EGC a gestionar sus derechos, esa entidad deba proporcionar a este información sobre los descuentos de gestión y las otras deducciones de los ingresos de derechos y de cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, antes de obtener el consentimiento de aquel para gestionar sus derechos. De este tenor se deduce que, en principio, están permitidas deducciones para fines distintos de los descuentos de gestión aplicados sobre esos ingresos. De esta forma, el artículo 12, apartado 4, de dicha Directiva menciona expresamente la financiación, mediante deducciones aplicadas a esos ingresos, de servicios sociales, culturales y educativos.
50 Sentado lo anterior, por lo que respecta a la determinación de los destinatarios de los servicios financiados mediante deducciones aplicadas sobre los ingresos de derechos, el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, en relación con el apartado 2 de ese mismo artículo y con el considerando 28 de la Directiva, parece indicar que esos servicios deben beneficiar únicamente a los titulares de derechos de autor.
51 En efecto, por una parte, el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2014/26 dispone que las deducciones serán razonables en relación con los servicios prestados por la EGC a los titulares de derechos, incluidos, en su caso, los servicios mencionados en el apartado 4, y se establecerán de acuerdo con criterios objetivos. Por consiguiente, el tenor de ese artículo 12, apartado 2, solo contempla el supuesto de servicios prestados a los citados titulares e incluyen entre esos servicios los enunciados en el apartado 4 de aquel artículo.
52 Por otra parte, el artículo 12, apartado 4, de dicha Directiva establece que, en caso de que una EGC preste servicios sociales, culturales o educativos, financiados mediante deducciones aplicadas a los ingresos de derechos y a cualquier rendimiento derivado de la inversión de los ingresos de derechos, estos servicios se prestarán sobre la base de criterios justos, en particular con respecto al acceso y al alcance de dichos servicios Pues bien, a este respecto, el considerando 28 de la Directiva 2014/26, a la luz del cual debe interpretarse su artículo 12, menciona expresamente que los titulares de derechos deben tener acceso, de forma no discriminatoria, a cualquier servicio social, cultural o educativo. De esto se infiere que el artículo 12, apartado 4, de dicha Directiva limita la posibilidad de que las EGC apliquen deducciones por servicios sociales, culturales o educativos, toda vez que estos deben beneficiar exclusivamente a los titulares de derechos.
53 Esta interpretación es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la compensación por copia privada, prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, y sobre la remuneración por préstamo público, contemplada en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, las cuales forman parte de los «ingresos de derechos», como se desprende de la propia definición de este concepto en el artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/26 recordada en el apartado 44 de la presente sentencia.
54 En efecto, por lo que respecta, en primer lugar, a la compensación por copia privada, prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, en su sentencia de 12 de noviembre de 2015, Hewlett-Packard Belgium (C‑572/13, EU:C:2015:750), apartado 48, el Tribunal de Justicia consideró, en esencia, que, dado que esa compensación está destinada a reparar el perjuicio sufrido por los titulares de derechos por la reproducción de sus obras sin su autorización, aquellas personas que no sean titulares de derechos y no sufran ningún perjuicio a causa de tal reproducción no pueden beneficiarse de esta compensación cuando tal beneficio tenga como consecuencia privar a esos titulares del total o de una parte de la referida compensación. Asimismo, en su sentencia de 11 de julio de 2013, Amazon.com International Sales y otros (C‑521/11, EU:C:2013:515), apartados 49 a 54, el Tribunal de Justicia declaró, ciertamente, que la Directiva 2001/29 no impone que se garantice a los titulares de la compensación por copia privada el abono de la totalidad de esta en efectivo ni tampoco impide a los Estados miembros establecer que una parte de esa compensación se abone indirectamente a los titulares a través de instituciones sociales y culturales creadas en su beneficio. No obstante, el Tribunal de Justicia subrayó que, por un lado, el hecho de que una parte de los ingresos destinados a esa compensación se encauce a dichas instituciones solo es compatible con el propio objetivo de la compensación en la medida en que las citadas instituciones beneficien efectivamente a los mencionados titulares. Por otro lado, aun cuando una parte de la compensación por copia privada pueda abonarse indirectamente a estos, debe beneficiar íntegramente a los titulares de derechos. En efecto, el Tribunal de Justicia consideró que no sería conforme con el objetivo de dicha compensación que las mencionadas instituciones concediesen su disfrute a personas distintas de los titulares.
55 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la remuneración por préstamo público contemplada en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, el Tribunal de Justicia ha declarado que, aunque en la Directiva 2006/115 el legislador de la Unión haya utilizado el término «remuneración» en lugar del término «compensación» utilizado por la Directiva 2001/29, ese primer concepto tiene por objeto establecer igualmente una indemnización para los autores, ya que se destina a compensar un perjuicio causado a estos (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de febrero de 2012, Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, apartado 103). Por lo tanto, en la medida en que esa remuneración debe entenderse que constituye la contrapartida del citado perjuicio, tal remuneración, conforme a la doctrina derivada de la jurisprudencia citada en el apartado anterior de la presente sentencia, debe afluir en su totalidad, directa o indirectamente, a sus titulares.
56 La jurisprudencia citada en los apartados 54 y 55 de la presente sentencia corrobora, de este modo, la interpretación enunciada en el apartado 52 de esta. En efecto, una interpretación que permita una deducción aplicada a los ingresos de derechos para financiar servicios que benefician a personas que no son titulares de derechos tendría el efecto de privar a aquellos titulares de una parte de esos ingresos. Esta conclusión es válida, por otra parte, independientemente del fundamento contractual o legal de esos ingresos.
57 En este contexto, es necesario recordar que la Directiva 2014/26 no quiso romper con los principios establecidos en las Directivas anteriores adoptadas en el ámbito de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor, como las Directivas 2001/29 y 2006/115. Efectivamente, la Directiva 2014/26 no contiene disposiciones que sustituyan o deroguen las de estas últimas Directivas. Por el contrario, el considerando 1 de la Directiva 2014/26 hace alusión a ellas. Además, como se desprende del artículo 1 y de los considerandos 6 a 9 de esta Directiva, su objeto es garantizar el correcto funcionamiento de la gestión colectiva de los derechos de autor, lo que incluye, como se desprende de su artículo 3, letra h), la gestión de los ingresos percibidos, en particular, en concepto de la compensación por copia privada prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 y de la remuneración por préstamo público, contemplada en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115. Por lo tanto, el hecho de que la Directiva 2014/26 se adoptara con posterioridad al pronunciamiento de las sentencias que se citan en los apartados 54 y 55 de la presente sentencia no incide en la interpretación de aquella y no afecta en absoluto a la pertinencia de esas sentencias para tal interpretación.
58 Por consiguiente, de los anteriores elementos de infiere que las deducciones practicadas por la EGC sobre los ingresos de derechos, en virtud del artículo 12 de la Directiva 2014/26, y, por lo tanto, antes de que esos ingresos sean asignados y repartidos a los titulares de derechos, solo pueden realizarse para financiar los servicios sociales, culturales o educativos mencionados en el apartado 4 de ese artículo 12, si tales servicios benefician —llegado el caso, de manera indirecta— a esos titulares en exclusiva.
59 En lo que atañe, en segundo término, a la utilización de los ingresos de derechos en el contexto del reparto de los importes que deben abonarse, esta debe hacerse, en principio, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2014/26, a los titulares de derechos. No obstante, como se ha señalado en el apartado 47 de la presente sentencia, este artículo 11, apartado 4, permite a las EGC utilizar los ingresos de derechos para fines distintos de su reparto a los titulares de derechos, con la condición que esa utilización esté autorizada en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de la misma Directiva. A este respecto, según su artículo 8, apartado 5, letras b) y e), la asamblea general de los miembros de la EGC decidirá sobre la política general de utilización de los importes que no puedan ser objeto de reparto y sobre la utilización de esos importes.
60 Con arreglo al artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2014/26, se considerarán importes que no pueden ser objeto de reparto aquellos importes correspondientes a los titulares de derechos que no puedan repartirse en un plazo de tres años a partir del cierre del ejercicio en el que se hayan percibido los derechos, siempre que la EGC haya tomado todas las medidas necesarias para identificar y localizar a los titulares de derechos de acuerdo con lo indicado en el artículo 13, apartado 3. Procede recordar, en este contexto, que, dado que esos importes provienen de ingresos de derechos en el sentido del artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/26, pueden incluir, entre otros, tanto los ingresos procedentes de la compensación por copia privada, prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, como de la remuneración por préstamo público, contemplada en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115.
61 De este modo, cuando no sea posible repartir los ingresos de derechos a los titulares de derechos correspondientes porque estos no han podido ser identificados ni localizados, se permite a la asamblea general de los miembros, en virtud del artículo 11, apartado 4, en relación con el artículo 8, apartado 5, letras b) y e), de la Directiva 2014/26, decidir sobre la política general de utilización y determinar la utilización de esos ingresos.
62 Pues bien, esta utilización puede referirse a servicios sociales, culturales y educativos que beneficien, en su caso, a personas distintas de los titulares de derechos.
63 En efecto, según el artículo 13, apartado 6, de dicha Directiva, los Estados miembros podrán limitar o determinar los usos autorizados de los importes que no pueden ser objeto de reparto, garantizando que esos importes se utilicen de forma separada e independiente para financiar actividades sociales, culturales y educativas en beneficio de los titulares de derechos. De lo anterior se sigue que la Directiva 2014/26 faculta —en principio y a falta de una intervención en sentido contrario por el Estado miembro de que se trate— a la asamblea general de los miembros de una EGC a autorizar la utilización de los ingresos de derechos que no hayan podido distribuirse a los titulares de derechos, en los términos del artículo 13, apartado 4, de esa Directiva, para financiar servicios sociales, culturales y educativos en beneficio de personas distintas de los titulares de derechos.
64 Por lo tanto, a falta de una intervención de esa naturaleza por parte del Estado miembro de que se trate, a una EGC se le permitiría, en virtud del artículo 11, apartado 4, de la citada Directiva, en relación con sus artículos 8, apartado 5, letras b) y e), y 13, apartado 6, utilizar los referidos ingresos para financiar los referidos servicios en beneficio de personas que no son, o que no son todavía, titulares de derechos, siempre que la asamblea general de los miembros haya adoptado una decisión en tal sentido.
65 Por otra parte, en un supuesto así, no cabe considerar que a los titulares de derechos se les esté privando de los importes que les corresponden, puesto que se parte de la hipótesis de que es imposible identificarlos y, por ende, asignarles importes.
66 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 11, apartado 4, en relación con los artículos 12, apartado 4, y 13, apartados 4 y 6, de la Directiva 2014/26, debe interpretarse en el sentido de que, por un lado, se opone a que, sobre la base de una normativa nacional en virtud de la cual las EGC deben promover obras de relevancia cultural, los estatutos de una EGC dispongan que una parte de los «ingresos de derechos» en el sentido del artículo 3, letra h), de dicha Directiva esté dedicada a la financiación de servicios sociales, culturales o educativos que benefician a personas que no son titulares de derechos de autor cuando esa financiación se realiza mediante deducciones aplicadas a esos ingresos y, por otro lado, no se opone a los referidos estatutos cuando tal financiación se realiza mediante «importes que no pueden ser objeto de reparto» en el sentido del artículo 13, apartado 4, de la citada Directiva.
Segunda cuestión prejudicial
67 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, por lo que respecta a los servicios sociales, culturales y educativos prestados por una EGC y financiados mediante deducciones sobre los «ingresos de derechos» en el sentido del artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/26, el artículo 12, apartado 4, de esta Directiva debe interpretarse en el sentido de que esos servicios solo pueden beneficiar a titulares de derechos que dispongan de un derecho actual de remuneración o que hayan celebrado un contrato de gestión con esa EGC.
68 Como se desprende de los apartados 47 a 52 de la presente sentencia, en virtud de los artículos 11, apartado 4, y 12, apartado 4, de la Directiva 2014/26, las EGC pueden financiar servicios sociales, culturales o educativos mediante deducciones aplicadas sobre esos ingresos, siempre que esta utilización de los ingresos esté autorizada en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de la misma Directiva y que esos servicios beneficien exclusivamente a los titulares de derechos.
69 Por lo que respecta, en primer término, a la cuestión de si un titular de derechos debe acreditar la existencia de un derecho actual de remuneración, en el sentido de que disfruta del derecho a participar en el reparto de los ingresos de derechos durante el período al que se refiere la decisión de la asamblea general adoptada en virtud del artículo 8, apartado 5, de dicha Directiva para poder beneficiarse de esos servicios, es preciso señalar que el concepto de «titular de derechos», a efectos de la aplicación de la Directiva 2014/26, se define en el artículo 3, letra c), de esa misma Directiva como toda persona o entidad distinta de una EGC, que sea titular de derechos de autor o de derechos afines a los derechos de autor o que, en virtud de un acuerdo de explotación de derechos o por ley, esté legitimada para percibir una parte de los ingresos percibidos.
70 De esta definición se infiere que, para poder beneficiarse de los servicios sociales, culturales o educativos prestados por una EGC y financiados mediante deducciones sobre los ingresos de derechos, basta con que esa persona o entidad estén comprendidas en el concepto de «titular de derechos», sin que se precise de requisitos adicionales, como la existencia de un derecho actual de remuneración.
71 En este contexto, es necesario subrayar que, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Directiva, los importes que deben abonarse a los titulares de derechos deben ser repartidos y pagados por las EGC lo antes posible y, en principio, a más tardar, en un plazo máximo de nueve meses a partir del cierre del ejercicio en el que se hayan recaudado los importes de derechos. En cambio, esta Directiva no contiene ninguna disposición sobre el período durante el cual deben prestarse los servicios mencionados en su artículo 12, apartado 4.
72 Por lo tanto, supeditar el disfrute de estos servicios a la posibilidad de invocar un derecho actual de remuneración tendría el efecto de establecer un vínculo que el legislador de la Unión no quiso instaurar entre el período durante el cual esos servicios pueden ser prestados a un titular de derechos y el relativo a la percepción, por ese titular, de los ingresos de derechos.
73 De lo anterior se infiere que un titular de derechos, según se define en el artículo 3, letra c), de la Directiva 2014/26, no debe acreditar que dispone de un derecho «actual» a una remuneración en concepto de derechos de autor para poder beneficiarse de los servicios sociales, culturales y educativos prestados por una EGC y financiados mediante deducciones sobre los «ingresos de derechos» en el sentido del artículo 3, letra h), de la misma Directiva.
74 Por lo que respecta, en segundo término, a la cuestión de si se requiere un contrato de gestión con la EGC que presta esos servicios para que un titular de derechos pueda beneficiarse de ellos, es preciso señalar que el artículo 12, apartados 2 y 4, de la Directiva 2014/26 se refiere a los servicios sociales, culturales o educativos prestados por una EGC a los titulares de derechos y no contiene más precisiones sobre estos últimos. No obstante, es necesario señalar que este es también el caso de otras disposiciones de esta Directiva, entre otras de su artículo 11, apartado 4, que dispone que las EGC no estarán autorizadas a utilizar los ingresos de derechos para fines distintos de su reparto a los titulares de derechos.
75 De esto se sigue que, a efectos de la aplicación de esta Directiva y, en particular, en lo que se refiere a los servicios mencionados en el artículo 12, apartados 2 y 4, de aquella y financiados mediante deducciones sobre los ingresos de derechos, los titulares de derechos se entenderán como aquellos cuya gestión de derechos está comprendida en la actividad de la EGC de que se trate. En efecto, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 73 de sus conclusiones, en la medida en que los ámbitos de actividad de las EGC se definen en función del tipo de prestaciones protegidas o de la categorías de derechos, como prevé el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2014/26, los mencionados servicios sociales, culturales o educativos prestados por esas entidades solo pueden beneficiar a los titulares de derechos cuya gestión esté comprendida en la actividad de la EGC de que se trate. En caso contrario, los beneficiarios de esos ingresos se verían privados de los importes que les corresponden en concepto de la explotación de sus derechos.
76 En este contexto relativo a la naturaleza del vínculo entre los titulares de derechos y las EGC, es necesario puntualizar además, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 71 de sus conclusiones, que, dado que la compensación por copia privada, prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, y la remuneración por préstamo público, contemplada en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2006/115, son adeudadas en virtud de la ley nacional, en el supuesto de que el Estado miembro en cuestión haya hecho uso de la facultad que le ofrecen estas disposiciones, la gestión de esos derechos por una EGC puede, en principio, tener lugar sin que sea necesaria una relación contractual entre esa entidad y el titular de esos derechos.
77 Corrobora la anterior interpretación el considerando 26 de la Directiva 2014/26. En efecto, este considerando indica que los ingresos han de abonarse en última instancia a los titulares de derechos, que pueden tener una relación jurídica directa con la EGC o estar representados a través de una entidad que sea miembro de la EGC o a través de un acuerdo de representación. De esto se deduce que no se exige una relación contractual directa —como un contrato de gestión de sus derechos sobre una o varias obras determinadas— entre el titular de derechos y la EGC de que se trate.
78 De estos elementos resulta que la licitud, a la luz de la Directiva 2014/26, de la prestación de servicios sociales, culturales y educativos en beneficio de «titulares de derechos» en el sentido del artículo 3, letra c), de dicha Directiva, financiados mediante deducciones en virtud de su artículo 12, apartado 4, no depende de la existencia, por lo que a esos titulares de derechos se refiere, de un derecho a remuneración actual o de la celebración de un contrato de gestión con la EGC.
79 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que, por lo que respecta a los servicios sociales, culturales y educativos prestados por una EGC y financiados mediante deducciones sobre los «ingresos de derechos» en el sentido del artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/26, el artículo 12, apartado 4, de esta Directiva debe interpretarse en el sentido de que esos servicios pueden beneficiar a «titulares de derechos» en el sentido del artículo 3, letra c), con independencia de que esos titulares dispongan o no de un derecho actual de remuneración o de que hayan celebrado o no un contrato de gestión con esa EGC, siempre que, de manera directa o indirecta, la gestión de los derechos por cuenta de esos titulares este comprendida en la actividad de la EGC de que se trate.
Costas
80 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1) El artículo 11, apartado 4, en relación con los artículos 12, apartado 4, y 13, apartados 4 y 6, de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior,
debe interpretarse en el sentido de que,
por un lado, se opone a que, sobre la base de una normativa nacional en virtud de la cual las entidades de gestión colectiva deben promover obras de relevancia cultural, los estatutos de una entidad de gestión colectiva dispongan que una parte de los «ingresos de derechos» en el sentido del artículo 3, letra h), de dicha Directiva esté dedicada a la financiación de servicios sociales, culturales o educativos que benefician a personas que no son titulares de derechos de autor cuando esa financiación se realiza mediante deducciones aplicadas a esos ingresos y, por otro lado, no se opone a los referidos estatutos cuando tal financiación se realiza mediante «importes que no pueden ser objeto de reparto» en el sentido del artículo 13, apartado 4, de la citada Directiva.
2) El artículo 12, apartado 4, letra de la Directiva 2014/26
debe interpretarse en el sentido de que,
por lo que respecta a los servicios sociales, culturales y educativos prestados por una entidad de gestión colectiva y financiados mediante deducciones sobre los «ingresos de derechos» en el sentido del artículo 3, letra h), de esa Directiva, esos servicios pueden beneficiar a «titulares de derechos» en el sentido del artículo 3, letra c), de la citada Directiva, con independencia de que esos titulares dispongan o no de un derecho actual de remuneración o de que hayan celebrado o no un contrato de gestión con esa entidad de gestión colectiva, siempre que, de manera directa o indirecta, la gestión de los derechos por cuenta de esos titulares este comprendida en la actividad de la entidad de gestión colectiva de que se trate.
Firmas
* Lengua de procedimiento: alemán.