Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 22 de octubre de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Certificado sucesorio europeo — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Artículo 68, letra l) — Contenido del certificado sucesorio europeo — Sucesión que incluye un bien inmueble situado en un Estado miembro diferente del de expedición del certificado — Certificado solicitado para inscribir el derecho de propiedad sobre ese bien en el registro de la propiedad de ese primer Estado miembro — Obligación de la autoridad emisora de identificar ese bien en el certificado sucesorio europeo — Normativa nacional que deniega la inscripción en el registro de la propiedad únicamente sobre la base de un certificado sucesorio europeo que no contiene la información relativa al bien correspondiente exigida por esa normativa — Régimen de “sucesión universal” previsto por la ley aplicable a la sucesión — Normativa nacional del Estado miembro en el que se encuentra el registro de la propiedad que prevé la posibilidad de presentar, a efectos de esa inscripción, un documento destinado a completar el certificado sucesorio europeo cuando este no identifique el bien de que se trate — Incidencia eventual de la aplicación de ese régimen y de la existencia de esa normativa sobre la obligación de la autoridad emisora de identificar el bien de que se trate en ese certificado »

En el asunto C‑873/24 [Marwanak], (i)

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 27 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de diciembre de 2024, en el procedimiento entre

GK,

NU,

TZ,

MV,

UK,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo y los Sres. N. Jääskinen (Ponente), M. Condinanzi y A. Kornezov, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de GK, NU, TZ, MV y UK, por el Sr. S. Heidenhain, Rechtsanwalt;

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y M. Hellmann y por la Sra. J. Simon, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. A. Pagáčová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. P. Pérez Zapico, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. B. Ernst y el Sr. S. Noë, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de febrero de 2026;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 68, letra l), del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2019, L 243, p. 9).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento incoado en Alemania por GK, NU, TZ, MV y UK para la expedición de un certificado sucesorio europeo que incluya la mención expresa de un bien inmueble situado en la República Checa, con el fin de permitir la inscripción de un derecho relativo a ese bien en el registro de la propiedad llevado en este último Estado miembro.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

 Reglamento n.º 650/2012

3        Los considerandos 7 a 9, 18, 19, 67, 68, 71 y 80 del Reglamento n.º 650/2012 tienen el siguiente tenor:

«(7)      Conviene facilitar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente encuentran dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas. […] Es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la herencia.

(8)      Para alcanzar esos objetivos, el presente Reglamento debe reunir las disposiciones sobre competencia, ley aplicable y reconocimiento, o, en su caso, aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones, los documentos públicos y las transacciones judiciales, así como sobre la creación de un certificado sucesorio europeo.

(9)      El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe abarcar todos los aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato.

[…]

(18)      Los requisitos de la inscripción en un registro de un derecho sobre bienes muebles o inmuebles se deben excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, debe ser el Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro (para los bienes inmuebles, la lex rei sitae) el que determine en qué condiciones legales y de qué manera se realiza la inscripción, así como qué autoridades, como registradores de la propiedad o notarios, se ocupan de verificar que se reúnen todos los requisitos y que la documentación presentada es suficiente o contiene la información necesaria. En particular, las autoridades podrán comprobar que el derecho del causante sobre los bienes sucesorios mencionados en el documento presentado para su inscripción es un derecho inscrito como tal en el registro o un derecho que de otro modo se haya probado que es conforme con el ordenamiento jurídico del Estado miembro en que esté situado el registro. Para evitar la duplicidad de documentos, las autoridades del registro deben aceptar los documentos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro cuya circulación se contempla en el presente Reglamento. En particular, el certificado sucesorio europeo expedido en virtud del presente Reglamento debe constituir un documento válido para inscribir los bienes sucesorios en el registro de un Estado miembro. Ello no debe impedir que las autoridades que tramiten la inscripción puedan pedir a la persona que la solicita que presente la información o los documentos adicionales requeridos en virtud de la ley del Estado miembro en el que esté situado el registro, por ejemplo información o documentos relativos al pago de impuestos. La autoridad competente puede indicar a la persona que solicita la práctica del asiento cómo puede proporcionar la información o los documentos que falten.

(19)      Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente Reglamento los efectos de la inscripción de los derechos en el registro. En consecuencia, debe corresponder al Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro determinar si la inscripción tiene, por ejemplo, efecto declarativo o constitutivo. Así pues, en caso de que, por ejemplo, la adquisición de un derecho sobre un bien inmueble deba ser inscrita con arreglo al Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro para producir efectos erga omnes o para la protección legal del negocio jurídico, el momento de dicha adquisición deberá regirse por el Derecho de ese Estado miembro.

[…]

(67)      La tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión [Europea] requiere que los herederos […] puedan probar fácilmente su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo en el Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios. Para que lo puedan hacer, el presente Reglamento debe prever la creación de un certificado uniforme, el certificado sucesorio europeo […] que se expedirá para su uso en otro Estado miembro. Conforme al principio de subsidiariedad, el certificado no debe sustituir a los documentos que puedan existir con efectos similares en los Estados miembros.

(68)      La autoridad que expida el certificado debe tener en cuenta las formalidades que se exigen para la inscripción de bienes inmuebles en el Estado miembro en que esté situado el registro. A este fin, el presente Reglamento debe prever el intercambio de información sobre tales formalidades entre los Estados miembros.

[…]

(71)      El certificado debe surtir los mismos efectos en todos los Estados miembros. No debe ser un título con fuerza ejecutiva por sí mismo pero debe tener efecto probatorio y se ha de presumir que demuestra de manera fidedigna elementos que han quedado acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a elementos específicos, tales como la validez material de las disposiciones mortis causa. El valor probatorio del certificado no debe afectar a los elementos que no se rigen por el presente Reglamento, como la cuestión de la filiación o la determinación de si un bien pertenecía al causante o no. […] El presente Reglamento no debe determinar si dicha adquisición de bienes por una tercera persona es efectiva o no.

[…]

(80)      […] los objetivos del presente Reglamento, a saber, la libre circulación de las personas, la organización por los ciudadanos europeos de su sucesión en el contexto de la Unión, y la protección de los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la sucesión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros […]».

4        A tenor del artículo 1 de dicho Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación»:

«1.      El presente Reglamento se aplicará a las sucesiones por causa de muerte. No será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.

2.      Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

[…]

k)      la naturaleza de los derechos reales, y

l)      cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo.»

5        El artículo 3 del referido Reglamento, rubricado «Definiciones», está redactado en los siguientes términos:

«1.      A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)      “sucesión”: la sucesión por causa de muerte, abarcando cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones, ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión abintestato;

[…]

c)      “testamento mancomunado”: el testamento otorgado en un acto por dos o más personas;

[…]».

6        El capítulo III del Reglamento n.º 650/2012, titulado «Ley aplicable», contiene los artículos 20 a 38 de dicho Reglamento.

7        El artículo 21 de dicho Reglamento, titulado «Regla general», dispone en su apartado 1:

«Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.»

8        El artículo 22 del Reglamento n.º 650/2012, con la rúbrica «Elección de la ley aplicable», dispone lo siguiente en su apartado 1, párrafo primero:

«Cualquier persona podrá designar como la ley que haya de regir su sucesión en su conjunto la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.»

9        El artículo 23 del mismo Reglamento, titulado «Ámbito de la ley aplicable», tiene el siguiente tenor:

«1.      La ley determinada en virtud [del artículo 21 o del artículo 22] regirá la totalidad de la sucesión.

2.      Dicha ley regirá, en particular:

a)      las causas, el momento y el lugar de apertura de la sucesión;

b)      la determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de las obligaciones que pueda haberles impuesto el causante, así como la determinación de otros derechos sucesorios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge o la pareja supérstites;

[…]

e)      la transmisión a los herederos y, en su caso, a los legatarios, de los bienes, derechos y obligaciones que integren la herencia, incluidas las condiciones y los efectos de la aceptación o renuncia de la herencia o del legado;

[…]».

10      El capítulo VI del Reglamento n.º 650/2012, titulado «Certificado sucesorio europeo», comprende los artículos 62 a 73 de dicho Reglamento.

11      A tenor del artículo 63 de dicho Reglamento, titulado «Finalidad del certificado»:

«1.      El certificado se expedirá para ser utilizado por los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su cualidad de tales o ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus facultades como ejecutores testamentarios o administradores de la herencia.

2.      El certificado podrá utilizarse, en particular, como prueba de uno o varios de los siguientes elementos:

a)      a cualidad y/o los derechos de cada heredero o, en su caso, de cada legatario mencionado en el certificado y sus respectivas cuotas hereditarias;

b)      a atribución de uno o varios bienes concretos que formen parte de la herencia al heredero o a los herederos o, en su caso, al legatario o a los legatarios mencionados en el certificado;

[…]».

12      El artículo 65 del Reglamento n.º 650/2012, titulado «Solicitud de certificado», dispone en sus apartados 1 y 3:

«1.      El certificado se expedirá a instancia de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 63, apartado 1 (denominada en lo sucesivo “solicitante”).

[…]

3.      En la solicitud constará la información enumerada a continuación, en la medida en que la misma obre en poder del solicitante y sea necesaria para que la autoridad expedidora acredite los elementos que el solicitante desea que le sean certificados, acompañada de todos los documentos pertinentes, en original o copias que reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, apartado 2:

[…]

f)      el fin para el cual se solicita el certificado de conformidad con el artículo 63;

[…]

h)      los extremos en los que el solicitante fundamente, según el caso, su derecho sobre bienes hereditarios en calidad de beneficiario y/o el derecho a ejecutar el testamento del causante y/o a administrar su herencia;

[…]».

13      El artículo 66 de este Reglamento, titulado «Examen de la solicitud», establece en sus apartados 1, 2 y 5:

«1.      Al recibir la solicitud, la autoridad emisora verificará la información y las declaraciones así como los documentos y demás pruebas presentados por el solicitante. Realizará de oficio las averiguaciones necesarias para efectuar esta verificación, cuando así lo disponga o autorice su propia legislación, o instará al solicitante a presentar cualesquiera otras pruebas que considere necesarias.

2.      Si el solicitante no puede presentar copias de los documentos pertinentes, que reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas, la autoridad emisora podrá decidir aceptar otros medios de prueba.

[…]

5.      A los efectos del presente artículo, las autoridades competentes de los Estados miembros facilitarán a la autoridad emisora del certificado de otro Estado miembro, cuando esta lo solicite, la información contenida, en particular, en los Registros de la propiedad inmobiliaria, en los Registros Civiles y en los Registros de últimas voluntades o de otros hechos relevantes para la sucesión o para el régimen económico matrimonial o equivalente del causante, cuando dichas autoridades competentes estén autorizadas en virtud de su legislación nacional a facilitar dicha información a otras autoridades nacionales.»

14      El artículo 67 de dicho Reglamento, titulado «Expedición del certificado», dispone en su apartado 1:

«La autoridad emisora expedirá sin demora el certificado de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo una vez que los extremos que vayan a ser certificados hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Expedirá el certificado utilizando el formulario establecido de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2.

La autoridad emisora no expedirá el certificado, en particular:

a)      si los extremos que se han de certificar son objeto de oposición, o

b)      si el certificado no fuera conforme con una resolución que afectara a esos mismos extremos.»

15      Con arreglo al artículo 68 del Reglamento n.º 650/2012, titulado «Contenido del certificado»:

«El certificado contendrá la siguiente información, en función del fin para el cual se expide:

[…]

j)      la parte alícuota correspondiente a cada heredero y, cuando proceda, el inventario de los derechos y/o bienes que corresponden a cada heredero determinado;

[…]».

16      El artículo 69 de este Reglamento, titulado «Efectos del certificado», establece lo siguiente:

«1.      El certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial.

2.      Se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que se expresen sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en el certificado.

3.      Se considerará que cualquier persona que, en virtud de la información contenida en un certificado, efectúe pagos o entregue bienes a una persona que figure facultada en el certificado para recibir tales pagos o bienes ha tratado con una persona autorizada para ello, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave.

4.      Cuando una persona que figure facultada en el certificado para disponer de bienes de la herencia disponga de los mismos en favor de otra persona, se considerará que esta, si actúa en virtud de la información contenida en el certificado, ha tratado con una persona facultada para disponer de los bienes en cuestión, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave.

5.      El certificado será un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en el registro competente de un Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letras k) y l).»

 Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1329/2014

17      El artículo 1, apartado 5, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1329/2014 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2014, por el que se establecen los formularios mencionados en el Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2014, L 359, p. 30), dispone:

«El formulario que deberá utilizarse para el certificado sucesorio europeo a que se refiere el artículo 67, apartado 1, del Reglamento [n.º 650/2012] será el que se establece en el anexo 5 como formulario V.»

18      El formulario V que figura en el anexo 5 del Reglamento de Ejecución n.º 1329/2014 se titula «Certificado Sucesorio Europeo».

19      Este formulario V indica los anexos que, según los supuestos, pueden incluirse en el certificado sucesorio europeo. Entre estos anexos figura el anexo IV, titulado «Cualidad y derechos del heredero».

20      El punto 9 de ese anexo IV contiene la mención «Bienes atribuidos al heredero y para los que se ha solicitado el certificado (especifíquense los bienes e indíquense todos los datos de identificación pertinentes)». La nota a pie de página 13, que se refiere a dicho punto 9, enuncia:

«En caso de un bien registrado, indíquese la información requerida en virtud de la legislación del Estado miembro en el que se halle el registro, a fin de permitir la identificación del bien (por ejemplo, para los bienes inmuebles, dirección exacta del bien, registro de la propiedad o referencia catastral, descripción del bien) (en caso necesario, adjúntense los documentos pertinentes).»

 Derecho alemán

21      El artículo 1922 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), titulado «Sucesión universal», en su versión aplicable al litigio principal, dispone en su apartado 1:

«Con la muerte de una persona (apertura de la sucesión), su patrimonio universal (herencia) se trasmite como un todo a otra u otras personas (herederos).»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

22      El 1 de marzo de 2013, el testador de que se trata y su esposa hicieron un testamento mancomunado en virtud del cual cada uno de ellos designaba al otro como único heredero del primero de esos testadores que falleciera quedando instituida su hija como heredera única del último cónyuge en fallecer.

23      Este testador, cuya última residencia habitual estaba situada en Alemania, falleció el 5 de octubre de 2015, mientras que su hija y su esposa fallecieron el 5 de enero de 2019 y el 21 de febrero de 2022, respectivamente. La herencia de dicho testador (en lo sucesivo, «causante») comprendía, en particular, un bien inmueble situado en el territorio de la República Checa.

24      El 27 de abril de 2023, los cinco demandantes en el litigio principal, en su condición de hijos de la hija fallecida del causante, presentaron ante el Amtsgericht Fürth (Tribunal de lo Civil y Penal de Fürth, Alemania) una solicitud que tenía por objeto la expedición de un certificado sucesorio europeo a efectos, en particular, de la liquidación de la herencia en lo que respecta a ese bien inmueble. Solicitaban, a tal efecto, que dicho certificado señalara a la esposa del causante como su única heredera y a ellos mismos como herederos de la heredera de la esposa, cada uno con una cuota hereditaria de un quinto de la herencia. Además, solicitaban que dicho bien inmueble quedara expresamente identificado en dicho certificado, debido a que tal identificación era necesaria, en virtud de la legislación checa aplicable, para que la herencia pudiera inscribirse en el registro de la propiedad checo únicamente sobre la base de tal certificado.

25      Mediante resolución de 19 de julio de 2023, el Amtsgericht Fürth (Tribunal de lo Civil y Penal de Fürth) desestimó esta solicitud de los demandantes en el litigio principal dirigida a que se identificara expresamente en el certificado sucesorio europeo objeto de ese litigio el bien inmueble situado en la República Checa.

26      Dicha desestimación fue confirmada mediante resolución de 11 de diciembre de 2023 del Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania). Dicho órgano jurisdiccional consideró que la inclusión en el certificado sucesorio europeo a título meramente informativo de bienes concretos, que no disfrutaría del efecto de presunción y de la protección de la confianza legítima que proporciona el Reglamento n.º 650/2012, iría en contra del objetivo del Reglamento de crear un instrumento uniformizado que pueda utilizarse sin problemas en cualquier Estado miembro. Añadió que no estaba previsto que la autoridad emisora de tal certificado debiera comprobar si el causante era propietario de un bien determinado en el momento de su fallecimiento. Según dicho órgano jurisdiccional, la seguridad del tráfico jurídico podría verse amenazada si meras declaraciones de un heredero quedaran consignadas en ese certificado y revistieran, de ese modo, una apariencia de autenticidad oficial.

27      Los demandantes en el litigio principal interpusieron recurso de casación contra esta resolución ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de que se expidiera un certificado sucesorio europeo que identifique concretamente el bien inmueble situado en la República Checa.

28      Dicho órgano jurisdiccional alberga dudas a este respecto y observa que en Alemania existe una divergencia de interpretaciones en cuanto a la necesidad de mencionar bienes sucesorios específicos en tal certificado. Según una primera tesis, sostenida por una parte de la jurisprudencia y de la doctrina, tal mención queda excluida cuando la sucesión se rige por el Derecho alemán, en la medida en que este se basa en el principio de la sucesión universal, enunciado en el artículo 1922 del Código Civil, en su versión aplicable al litigio principal. Según quienes defienden esta tesis, la lista de bienes prevista en el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 solo es útil en el caso de sucesiones regidas por un Derecho extranjero a las que son llamados varios herederos, uno de los cuales pretende acreditar sus derechos sobre bienes que le han sido atribuidos individualmente. Sin embargo, a raíz de la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras (C‑354/21, EU:C:2023:184), una parte importante de la doctrina defiende la tesis contraria, alegando que el objetivo del certificado sucesorio europeo, que consiste en simplificar la tramitación de la sucesión en los Estados miembros, aboga en favor de la necesidad de incluir bienes concretos en tal certificado.

29      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en primer lugar, si el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 obliga a que un certificado sucesorio europeo mencione los datos de identificación pertinentes de un bien inmueble situado en un Estado miembro distinto del Estado de expedición de dicho certificado cuando los herederos de que se trate soliciten la inclusión de esos extremos para ser inscritos en el registro de la propiedad de ese otro Estado miembro como propietarios de ese bien y cuando dichos extremos se requieran, a efectos de tal inscripción, por la ley de este último Estado miembro (lex rei sitae). Más concretamente, se pregunta si existe tal obligación cuando, en virtud de dicha Ley, tal inscripción solo puede efectuarse sobre la única base de un certificado sucesorio europeo si este incluye la identificación del bien de que se trate. Considera que, en caso afirmativo, no se alcanzarían los objetivos de ese Reglamento, dado que, por una parte, los derechos de los herederos podrían no quedar garantizados de manera efectiva y, por otra parte, la expedición de tal certificado podría dar lugar a retrasos y costes adicionales cuando la autoridad emisora de este tuviera dudas sobre la pertenencia de un bien inmueble a la herencia en cuestión y cuando la obtención de asesoramiento jurídico, la aportación de pruebas y la traducción de documentos pudieran ser necesarios.

30      En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional desea determinar si el hecho de que, en virtud de la ley aplicable a la sucesión en cuestión (lex successionis), el patrimonio del causante se transmita al heredero de que se trate en régimen de «sucesión universal» incide en la respuesta que debe darse a la cuestión mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia. Se pregunta, en particular, si la obligación de mencionar, en el certificado sucesorio europeo, la información relativa a un bien inmueble, exigida por la lex rei sitae, constituye un formalismo inútil en el supuesto de que, según tal régimen, el heredero recibe en su totalidad los bienes del causante en el momento del fallecimiento.

31      En tercer lugar, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre el alcance, a efectos de la respuesta a su primera cuestión prejudicial, del hecho de que, en virtud de la lex rei sitae, la inscripción de un bien inmueble en el registro de la propiedad del Estado miembro en el que está situado dicho bien podría efectuarse cuando un certificado sucesorio europeo no contenga la información exigida por dicha ley, pero sí vaya acompañado de un documento que contenga una declaración del heredero de que se trate, o eventualmente de sus propios herederos, relativa a ese bien. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, concretamente, el Derecho checo aplicable, en particular los artículos 66 y 69 del vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) (Reglamento n.º 357/2013, del Catastro Inmobiliario), permite al heredero presentar una declaración con el fin de obtener de la oficina del catastro una inscripción en el registro de la propiedad de un bien sucesorio cuando el certificado sucesorio europeo no mencione la información requerida a efectos de dicha inscripción porque el ordenamiento jurídico del Estado miembro en el que se expidió el certificado no permite incluir en él tal mención.

32      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 en el sentido de que el certificado sucesorio europeo debe contener la información exigida por la legislación nacional del Estado en el que esté situado el bien inmueble de que se trate para que el heredero pueda ser inscrito en el registro de la propiedad como propietario de un bien inmueble que forma parte de la herencia y que está situado en un Estado miembro distinto del Estado de la autoridad emisora, cuando el heredero ha solicitado la inclusión de dicha información en el certificado sucesorio europeo a efectos de su inscripción como propietario en el registro de la propiedad del Estado en el que está situado el bien inmueble y, con arreglo a la legislación nacional de dicho Estado, solo puede procederse a la inscripción en el registro de la propiedad, en el caso de que el certificado sucesorio europeo sea el único documento que se presente en apoyo de la solicitud de inscripción, si este certificado contiene dicha información?

2)      ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que, en virtud del Derecho sucesorio aplicable, la transmisión de la herencia se produzca mediante sucesión universal?

3)      ¿Tiene alguna relevancia en la respuesta a la primera cuestión el hecho de que, con arreglo a la legislación nacional del Estado en el que esté situado el bien inmueble, la inscripción a que se refiere la primera cuestión en el registro de la propiedad de dicho Estado también puede obtenerse, en lugar de mediante la presentación de un certificado sucesorio europeo que contenga la información a que se refiere la primera cuestión, mediante la presentación por el heredero o, tras el fallecimiento del heredero, por el heredero del heredero en el registro de la propiedad del Estado en el que está situado el bien inmueble de otro documento que contenga una declaración del heredero o, tras el fallecimiento del heredero, del heredero del heredero, junto a la presentación de un certificado sucesorio europeo que no contenga la información a que se refiere la primera cuestión?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Primera cuestión prejudicial

33      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo está obligada a incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de la herencia de que se trate y está situado en un Estado miembro distinto del de expedición de dicho certificado cuando los solicitantes piden la expedición de este último a efectos de la inscripción del derecho de propiedad relativo a ese bien en el registro de la propiedad de ese otro Estado miembro y cuando la normativa de este exige que esa información se indique en dicho certificado para que tal inscripción pueda efectuarse sobre la única base de ese documento.

34      Es preciso recordar que el artículo 68 Reglamento n.º 650/2012, que figura en el capítulo IV del mismo, precisa, como indica su título, el contenido del certificado sucesorio europeo, que goza de un régimen jurídico autónomo, establecido por las disposiciones de su capítulo VI [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones), C‑80/19, EU:C:2020:569, apartado 70, y de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 40 y jurisprudencia citada]. A este respecto, dicho artículo 68 dispone que, cuando se solicite tal certificado, este deberá contener la información enumerada en el citado artículo 68 «en función del fin para el cual se expide». Entre esta información figura, a tenor de la letra l) del mismo artículo, «la parte alícuota correspondiente a cada heredero y, cuando proceda, el inventario de los derechos y/o bienes que corresponden a cada heredero determinado».

35      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, si del tenor del artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012, y en particular de la utilización de los términos «cuando proceda» y un «heredero determinado», se desprende que esta disposición exige la identificación, en un certificado sucesorio europeo, del bien sucesorio de que se trate únicamente en caso de que ese bien se atribuya a uno de los herederos cuando existan varios de ellos.

36      Es oportuno señalar que, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 39).

37      En primer lugar, por lo que respecta al tenor del artículo 68 del Reglamento n.º 650/2012, de dicho tenor se desprende inequívocamente que el hecho de que la información se determine «en función del fin» perseguido por el solicitante de un certificado sucesorio europeo constituye un factor determinante para identificar los elementos que este debe contener.

38      Además, el Tribunal de Justicia ha subrayado que, por lo que respecta, en particular, a un supuesto en el que el certificado sucesorio europeo se presenta como el documento sobre cuya base se solicita el registro de un bien inmueble heredado, el artículo 68 del Reglamento n.º 650/2012 establece una información mínima que debe figurar en dicho certificado. Asimismo, ha precisado que el contenido de este puede variar de un caso a otro en función de los fines para las cuales se expide (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 45).

39      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si un certificado sucesorio europeo debe contener la información que permita la identificación de un bien inmueble hereditario situado en un Estado miembro distinto del Estado de expedición de dicho certificado en el supuesto de que, por una parte, el solicitante pida que se mencione esa información para obtener una inscripción en el registro de la propiedad de ese primer Estado miembro y, por otra parte, la normativa de este supedite esa inscripción, cuando se solicite sobre la única base de tal certificado, al requisito de que este designe el bien de que se trate, de modo que esa mención sea necesaria a efectos de la inscripción deseada.

40      Así pues, en las circunstancias contempladas en la primera cuestión prejudicial, de las que se desprende que la mención de un bien inmueble comprendido en la sucesión de que se trata y situado en un Estado miembro distinto del de expedición del certificado sucesorio europeo resulta necesaria habida cuenta del fin para el que se expide dicho certificado, el tenor del artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 admite una interpretación según la cual la autoridad emisora de este está obligada a incluir en él los elementos identificativos de ese bien inmueble.

41      Además, los términos «cuando proceda» y un «heredero determinado», empleados en la letra l) de dicho artículo 68, no pueden interpretarse en el sentido de que implican que la identificación, en un certificado sucesorio europeo, de un bien sucesorio concreto se exija únicamente en caso de que ese bien se atribuya a uno de los herederos cuando existan varios de ellos, ya que tal identificación puede resultar necesaria también en otras situaciones atendiendo al fin que persigue el solicitante de ese certificado. Estos términos deben entenderse en el sentido de que no es preciso que la lista de derechos o bienes que forman parte de la herencia figure sistemáticamente en dicho certificado, sino únicamente cuando resulte necesaria para el fin para el que se expide.

42      En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012, es preciso comenzar señalando que varias disposiciones de este Reglamento establecen un vínculo directo entre el fin de la solicitud del certificado sucesorio europeo y el contenido de dicho certificado.

43      Así, el artículo 63 del Reglamento n.º 650/2012, relativo a la finalidad del certificado sucesorio europeo, establece, en su apartado 1, que este instrumento se expedirá para ser utilizado, en particular, por los herederos que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su cualidad de tales o ejercer sus derechos. De conformidad con dicho artículo 63, apartado 2, letras a) y b), ese certificado puede utilizarse, en particular, como prueba de la cualidad o los derechos de cada heredero mencionado en el referido certificado y sus respectivas cuotas hereditarias, así como de la atribución de uno o varios bienes concretos que formen parte de la herencia al heredero o a los herederos (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 43).

44      A este respecto, la solicitud debe contener la información enumerada en el artículo 65, apartado 3, de dicho Reglamento, en particular el fin para el cual se solicita el certificado de conformidad con el artículo 63, siempre que dicha información sea necesaria para que la autoridad emisora pueda certificar los extremos presentados por el solicitante a tal efecto. Además, la solicitud deberá ir acompañada del original de los documentos pertinentes o de copias de los mismos debidamente autenticadas.

45      Seguidamente, la incidencia de la finalidad para la que se solicita un certificado sucesorio europeo en el contenido de este se refleja también en el artículo 69 del Reglamento n.º 650/2012, interpretado a la luz de su considerando 71, que enumera los efectos jurídicos producidos por dicho certificado en el conjunto de los Estados miembros. De dicho artículo 69 se desprende que se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que se expresen en el certificado, el cual se presume que prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Así pues, cuando se expide un certificado sucesorio europeo a un heredero en el Estado miembro de la residencia habitual del causante, dicho heredero puede utilizarlo en los demás Estados miembros en los que se encuentren los bienes del causante (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 44, y de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 52).

46      Por último, por lo que respecta a la articulación entre las disposiciones del Reglamento n.º 650/2012 relativas al certificado sucesorio europeo y las normas de Derecho nacional aplicables, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que estas disposiciones no impiden a un Estado miembro establecer los requisitos que deben cumplirse a efectos del registro de derechos reales inmobiliarios, de conformidad con el considerando 18 de dicho Reglamento, que remite a la lex rei sitae. Así pues, los artículos 1, apartado 2, letra l), 68, letra l), y 69, apartado 5, de dicho Reglamento no se oponen a una normativa de un Estado miembro que establece que la solicitud de inscripción de un bien inmueble en el registro de la propiedad de ese Estado miembro puede denegarse cuando el único documento presentado en apoyo de esa solicitud es un certificado sucesorio europeo que no identifica ese bien inmueble (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartados 47 a 53).

47      Asimismo, el supuesto de que la identificación de un bien hereditario sea necesaria para que el heredero pueda demostrar la atribución de ese bien, en particular cuando esa identificación venga exigida por la ley del Estado miembro donde se lleve el correspondiente registro, también está previsto en el punto 9 del anexo IV del formulario V que figura en el anexo 5 del Reglamento de Ejecución n.º 1329/2014, cuya utilización es obligatoria para la autoridad emisora para expedir el certificado sucesorio europeo (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 49 y jurisprudencia citada), tal como se menciona en la nota a pie de página 13 de ese anexo IV.

48      Del conjunto de las disposiciones del Reglamento n.º 650/2012 antes mencionadas se desprende que la prueba de la atribución de bienes sucesorios determinados al heredero o a los herederos de que se trate constituye una de las finalidades para las que puede expedirse un certificado sucesorio europeo. De ello se desprende asimismo que su contenido depende, en particular, del carácter necesario de la mención requerida por el solicitante a la luz del fin para el que se expide dicho certificado. Tal es el caso, en particular, de la designación de un bien sucesorio inmueble situado en un Estado miembro distinto del de expedición de dicho certificado cuando esta mención se requiera para la inscripción en el registro de la propiedad de ese otro Estado miembro, como sucede en el marco del litigio principal.

49      En tercer lugar, debe recordarse que los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 650/2012 consisten en particular, tal como se desprende de sus considerandos 7, 8 y 80, en ayudar a los herederos a hacer valer sus derechos, que deben ser garantizados de manera eficaz en el contexto de una sucesión con repercusiones transfronterizas (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, apartado 35; de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 50, y de 27 de marzo de 2025, Ławida, C‑57/24, EU:C:2025:217, apartado 37).

50      Más concretamente, el considerando 67 de ese Reglamento indica que el certificado sucesorio europeo fue creado para permitir a los herederos, entre otras cosas, probar su cualidad o sus derechos y facultades en otro Estado miembro, por ejemplo, en el Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios, con el fin de tramitar rápida, ágil y eficientemente tal sucesión (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, apartado 36; de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 42, y de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartado 51).

51      De ello se deduce que el certificado sucesorio europeo tiene por objeto permitir a los herederos hacer valer sus derechos en otro u otros Estados miembros distintos de aquel en el que ha sido expedido y, por lo tanto, evitar que tengan que acudir a diferentes autoridades pertenecientes a esos Estados miembros. Por consiguiente, la interpretación del artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012, según la cual el contenido de tal certificado depende de la finalidad para la que este se expide, permite salvaguardar el efecto útil de esta disposición, teniendo debidamente en cuenta los intereses de los herederos afectados, y garantizar la consecución de los objetivos así perseguidos por dicho Reglamento, en general, y por el certificado sucesorio europeo, en particular.

52      Pues bien, en una situación como la controvertida en el litigio principal, el hecho de que un certificado sucesorio europeo sea incompleto puede impedir que se utilice con el fin para el que se solicitó, esto es, en el presente caso, la certificación de la adquisición del derecho de propiedad relativo al bien en cuestión. Así pues, para garantizar la consecución de los objetivos mencionados en el anterior apartado de esta sentencia, la autoridad emisora está obligada a incluir los datos de identificación de un bien inmueble en tal certificado cuando este se solicite a efectos de una inscripción en un registro de la propiedad que, con arreglo a la legislación del Estado miembro en el que esté situado el bien y donde se lleve ese registro, no pueda efectuarse, sin la mención de esos datos, únicamente sobre la base de tal certificado. Además, para garantizar esta aplicación y salvaguardar el efecto útil del artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012, tal obligación de la autoridad emisora no puede limitarse a los casos contemplados en el apartado 35 de la presente sentencia, esto es, en el supuesto de que ese bien se atribuya a uno de los herederos cuando existan varios de ellos.

53      Por consiguiente, es conforme con el tenor del artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012, con el contexto en el que se inscribe esta disposición y con los objetivos perseguidos por dicho Reglamento interpretar esta en el sentido de que obliga a la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo a incluir en él la información que permita identificar un bien inmueble atribuido a un heredero o a los herederos cuando esa información sea necesaria para la inscripción, sobre esa única base, en el registro de la propiedad del Estado miembro en el que esté situado dicho bien.

54      Esta interpretación del artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 no queda desvirtuada por las dudas de orden práctico expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, según las cuales dicha interpretación llevaría a la autoridad emisora del certificado sucesorio europeo a tener que realizar, en su caso, gestiones para determinar si el bien inmueble de que se trata está comprendido efectivamente en la sucesión con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que está situado dicho bien. Según dicho órgano jurisdiccional, tales gestiones podrían generar costes y plazos adicionales que podrían comprometer los objetivos de simplicidad y de celeridad perseguidos por dicho Reglamento, sin que esos obstáculos puedan superarse mediante los mecanismos de cooperación existentes entre las autoridades competentes de los Estados miembros.

55      En efecto, es preciso señalar que, si bien es cierto que tal comprobación puede implicar costes y plazos adicionales, el hecho de que la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo no identifique un bien inmueble como perteneciente a la sucesión presentaría el inconveniente mayor de entorpecer el ejercicio efectivo de los derechos del correspondiente heredero. Pues bien, de conformidad con el considerando 7 del Reglamento n.º 650/2012, conviene facilitar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente encuentran dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas y garantizar de manera eficaz los derechos, entre otros, de los herederos. En cambio, la expedición de un certificado sucesorio europeo que no contenga la información exigida por el Derecho del Estado miembro en el que esté situado el bien de que se trate y donde se lleve el registro de la propiedad privaría a tal heredero de la posibilidad de hacer uso eficaz de dicho certificado.

56      Además, del artículo 66 del Reglamento n.º 650/2012 se sigue que el legislador de la Unión estableció precisamente mecanismos de investigación y de transmisión de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros para comprobar los datos facilitados por la persona que solicita la expedición de un certificado sucesorio europeo (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de enero de 2019, Brisch, C‑102/18, EU:C:2019:34, apartado 35). En particular, el apartado 1 de dicho artículo 66 permite a la autoridad emisora del certificado, cuando su Derecho nacional lo autorice, realizar las investigaciones que considere necesarias o exigir la presentación de pruebas adicionales. El apartado 5 de dicho artículo 66 establece que la autoridad competente de un Estado miembro deberá facilitar a la autoridad emisora, cuando lo solicite, la información contenida en registros en los que consten los documentos y hechos relevantes para la sucesión. El considerando 68 de dicho Reglamento indica, asimismo, que este prevé el intercambio de información relativa a las formalidades exigidas para la inscripción de bienes inmuebles en el Estado miembro en que esté situado el registro. De ello se deduce que el legislador de la Unión ha tenido en cuenta dificultades prácticas como las mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente y que dicho Reglamento establece mecanismos para superarlas.

57      Además, según el órgano jurisdiccional remitente, el tenor del considerando 71 del Reglamento n.º 650/2012 parece excluir que el valor probatorio atribuido al certificado sucesorio europeo comprenda el extremo de si un bien determinado pertenecía al causante. Considera que de los artículos 66, apartado 1, 67, apartado 1, párrafo primero, y 69, apartados 2 a 4, de dicho Reglamento parece desprenderse que, en el supuesto de que un bien debiera identificarse en tal certificado, la autoridad emisora estaría obligada a comprobar que ese bien pertenecía efectivamente al patrimonio del causante.

58      A este respecto, es preciso recordar que el considerando 71 del Reglamento n.º 650/2012 indica que el valor probatorio atribuido al certificado sucesorio europeo no debe extenderse al extremo de si un bien determinado pertenecía al causante, ya que tal extremo no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, tal como se define en su artículo 1. Del considerando 18 de dicho Reglamento se desprende que las autoridades del Estados miembro donde esté el registro pueden comprobar que el derecho del causante sobre los bienes hereditarios mencionados en el documento presentado para su inscripción es un derecho inscrito como tal en el registro o un derecho que de otro modo se haya probado que es conforme con el ordenamiento jurídico del Estado miembro en que esté situado el registro. Por lo tanto, el hecho de que el certificado sucesorio europeo carezca de valor probatorio en cuanto al extremo de si un bien determinado pertenecía al causante no afecta a la obligación que incumbe a la autoridad emisora de identificar un bien en dicho certificado, cuando tal identificación sea necesaria para la finalidad para la que se expide.

59      Con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012, interpretado a la luz de su considerando 71, se presume que el certificado sucesorio europeo prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión, designada por las disposiciones del capítulo III de ese Reglamento, o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos, como la validez en cuanto al fondo de las disposiciones mortis causa. El apartado 5 de ese artículo 69 añade que tal certificado es un título válido para la inscripción de un bien sucesorio en el registro pertinente de un Estado miembro, sin perjuicio, en particular, de las exclusiones previstas en el artículo 1, apartado 2, letra l), de dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartados 44 y 47).

60      Por otra parte, los artículos 66 y 67 del Reglamento n.º 650/2012 obligan a la autoridad emisora que examina una solicitud de certificado sucesorio europeo, por una parte, a verificar la información, las declaraciones y las pruebas presentadas por el solicitante y, por otra parte, a expedir dicho certificado únicamente cuando los extremos que deban certificarse hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos. Así, el sistema establecido por ese Reglamento se basa en la premisa de que tal certificado se expide cuando los extremos que han de certificarse han sido acreditados en virtud de la ley aplicable a la sucesión [véase, en este sentido, el auto de 18 de diciembre de 2025, BNP Paribas Fortis (Procedimiento prejudicial de un notario sustituto), C‑240/24, EU:C:2025:1019, apartado 46].

61      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha subrayado que, con el fin de preservar la confianza de los ciudadanos de la Unión en el certificado sucesorio europeo, es imperativo que este instrumento, dotado del valor probatorio establecido en el artículo 63 del Reglamento n.º 650/2012 y que surte los efectos enunciados en el artículo 69 de dicho Reglamento, solo se expida, de conformidad con el artículo 67 de este, cuando los extremos que deban certificarse no sean objeto de oposición (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de enero de 2025, Albausy, C‑187/23, EU:C:2025:34, apartados 43, 44 y 63 a 65). Esta exigencia reviste especial importancia habida cuenta de que tal certificado surte efectos respecto de todas las personas que se mencionan nominalmente en él, en particular todos los herederos, aunque estas personas no hayan solicitado ellas mismas la expedición de dicho certificado (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de julio de 2021, Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank, C‑301/20, EU:C:2021:528, apartado 45).

62      En cambio, el Reglamento n.º 650/2012 no puede interpretarse en el sentido de que impone a la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo la obligación de certificar extremos no comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, como la cuestión de si un bien determinado pertenecía efectivamente al causante.

63      De las anteriores consideraciones se sigue que la autoridad emisora está obligada a indicar, en el certificado sucesorio europeo, la información que permita identificar un bien inmueble que forme parte de la herencia de que se trate cuando así lo exija el fin con el que se expide dicho certificado, aun cuando esta obligación pueda implicar, en su caso, la realización de las comprobaciones necesarias en relación con los extremos que deban certificarse. Además, dicha autoridad debe denegar la expedición de ese certificado cuando esos extremos sean objeto de oposición.

64      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo está obligada a incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de la herencia de que se trate y está situado en un Estado miembro distinto del de expedición de dicho certificado cuando los solicitantes piden la expedición de este último a efectos de la inscripción del derecho de propiedad relativo a ese bien en el registro de la propiedad de ese otro Estado miembro y cuando la normativa de este exige que esa información se indique en dicho certificado para que tal inscripción pueda efectuarse sobre la única base de ese documento.

 Segunda cuestión prejudicial

65      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que la transmisión del patrimonio del causante de que se trate esté sujeta, en virtud de la ley aplicable a la sucesión en cuestión, al régimen de la «sucesión universal», según el cual el patrimonio del causante se transmite íntegramente a los herederos, puede dispensar a la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo de la obligación de incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de esa sucesión y está situado en un Estado miembro distinto del de expedición de dicho certificado cuando la indicación de esa información en dicho certificado resulte necesaria para el fin para la que se expide, como la inscripción, sobre esa única base, del derecho de propiedad relativo a ese bien en el registro de la propiedad de este último Estado miembro.

66      A este respecto, es preciso recordar que el artículo 1, apartado 2, letra l), del Reglamento n.º 650/2012, interpretado a la luz de sus considerandos 18 y 19, dispone que cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo, queda excluida del ámbito de aplicación de dicho Reglamento, ya que estas cuestiones se rigen por la ley del Estado miembro en el que se lleve el registro o, en el caso de los bienes inmuebles, por la lex rei sitae. En cambio, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, esta disposición no excluye del ámbito de aplicación de dicho Reglamento los requisitos para la adquisición de tales derechos. Confirma esta interpretación el artículo 23, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 650/2012, del que se sigue que la ley aplicable a la sucesión, designada con arreglo al artículo 21 o al artículo 22 de este, regirá el conjunto de la sucesión y, en particular, «la transmisión a los herederos […] de los bienes, derechos y obligaciones» (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kubicka, C‑218/16, EU:C:2017:755, apartados 53 a 55).

67      Por consiguiente, como señaló el Gobierno alemán en sus observaciones escritas, la ley designada por el Reglamento n.º 650/2012 como ley aplicable a la sucesión es la que rige el modo de transmisión del patrimonio del causante y la que determina, en cada caso, si dicha transmisión se realiza a título universal o no.

68      No obstante, en primer lugar, procede señalar que la toma en consideración, por parte de la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo, del régimen de «sucesión a título universal» previsto por la ley aplicable a la sucesión, con el fin de eludir la obligación de hacer figurar en tal certificado la información requerida con arreglo al Reglamento n.º 650/2012, no sería conforme con el artículo 68 de este. En efecto, como se desprende de los apartados 37 y 48 de la presente sentencia, el contenido de dicho certificado debe determinarse según el criterio de que la información enumerada en dicho artículo 68 resulte necesaria «en función del fin para el cual se expide [dicho certificado]», sin que esta disposición contenga, a tal efecto, una remisión al Derecho de los Estados miembros.

69      Además, la expresión «cuando proceda», que se emplea en la letra l) de dicho artículo 68, no puede interpretarse, ya que de así hacerlo quedaría comprometido el objetivo de armonización perseguido por la creación del certificado sucesorio europeo, en el sentido de que implica que las categorías de información que deben figurar en tal certificado podrían variar en función del contenido de la ley aplicable a la sucesión de que se trate y, en particular, en función del régimen en virtud del cual se efectúe, de conformidad con dicha ley, la transmisión del patrimonio del causante.

70      En segundo lugar, es preciso señalar que ninguna disposición del Reglamento n.º 650/2012 se refiere a un régimen de sucesiones especial, como la «sucesión a título universal» establecida por el Derecho nacional aplicable en el litigio principal, ni prevé que tal régimen pueda influir en el contenido del certificado sucesorio europeo, que se rige por el artículo 68 de dicho Reglamento. Por el contrario, de los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 650/2012, interpretado a la luz de sus considerandos 7 y 9, se desprende que el ámbito de aplicación de este Reglamento tiene por objeto abarcar todo tipo de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas y todos los aspectos de Derecho civil relacionados con ellos, para los que dicho Reglamento pretende establecer un régimen uniforme y, en particular, toda forma de transmisión de los bienes o de los derechos y obligaciones del causante [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2021, UM (Contrato por el que se transmite la propiedad mortis causa), C‑277/20, EU:C:2021:708, apartado 33]. Dado que las disposiciones del Reglamento n.º 650/2012 tienen alcance general, su aplicación no puede variar en función del régimen sucesorio de que se trate.

71      En tercer lugar, corrobora esta apreciación el hecho de que, por una parte, el certificado sucesorio europeo es un instrumento del Derecho de la Unión que goza de un régimen jurídico autónomo, establecido por las disposiciones del capítulo VI del Reglamento n.º 650/2012, como se ha recordado en el apartado 34 de la presente sentencia, y de que, por otra parte, dicho Reglamento constituye un acto del Derecho de la Unión que es directamente aplicable. Por lo tanto, las normas del Derecho sucesorio de un Estado miembro, como las que establecen un régimen de «sucesión a título universal», no pueden influir de manera restrictiva en la interpretación de las disposiciones de dicho Reglamento que regulan el contenido del certificado sucesorio europeo.

72      Asimismo, la interpretación según la cual el contenido del certificado sucesorio europeo no depende de las particularidades de los ordenamientos jurídicos nacionales en materia de sucesiones es conforme con los objetivos de simplificación perseguidos por el Reglamento n.º 650/2012 y, en particular, con los objetivos perseguidos con la creación de dicho certificado. En efecto, como se ha recordado en los apartados 49 y 50 de la presente sentencia, dicho Reglamento y dicho certificado tienen por objeto, en particular, ayudar a los herederos a hacer valer sus derechos de manera eficaz en el contexto de una sucesión con repercusiones transfronterizas y, a tal fin, permitirles demostrar fácilmente la existencia de sus derechos en otro Estado miembro, en particular en aquel en el que está situado el bien sucesorio de que se trate.

73      Esta consideración reviste especial importancia en el supuesto de sucesiones con repercusión transfronteriza que presentan un carácter complejo, como las sucesiones sucesivas a las que son llamadas, como sucede en el presente asunto, varias generaciones de herederos.

74      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que la transmisión del patrimonio del causante de que se trate esté sujeta, en virtud de la ley aplicable a la sucesión en cuestión, al régimen de la «sucesión universal», según el cual el patrimonio del causante se transmite íntegramente a los herederos, no puede dispensar a la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo de la obligación de incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de esa sucesión y está situado en un Estado miembro distinto del de expedición de dicho certificado cuando la indicación de esa información en dicho certificado resulte necesaria para el fin para la que se expide, como la inscripción, sobre esa única base, del derecho de propiedad relativo a ese bien en el registro de la propiedad de este último Estado miembro.

 Tercera cuestión prejudicial

75      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo está dispensada de la obligación de incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de la herencia cuando se solicita la mención de esa información a efectos de una inscripción en el registro de la propiedad del Estado miembro en el que está situado dicho bien en el supuesto de que, en virtud del Derecho de ese Estado miembro, esa inscripción pueda obtenerse con fundamento en un documento complementario, presentado junto con un certificado sucesorio europeo que no contenga tal mención.

76      Dicho órgano jurisdiccional considera que, suponiendo que su primera cuestión prejudicial deba responderse afirmativamente, la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo podría, no obstante, quedar dispensada de incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble cuando el Derecho del Estado miembro en el que esté situado dicho bien prevea una vía alternativa que permita la inscripción en el registro de la propiedad de ese Estado miembro mediante un documento que complemente el certificado sucesorio carente de tal información. En su opinión, ni la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras (C‑354/21, EU:C:2023:184), ni el considerando 18, frases sexta y séptima, del Reglamento n.º 650/2012 excluyen que la información requerida a tal efecto pueda deducirse de tal documento complementario. Dicho órgano jurisdiccional indica que, en el presente asunto, de los artículos 66 y 69 del reglamento checo sobre el catastro, tal como se mencionan en el apartado 31 de la presente sentencia, se desprende que los herederos o los derechohabientes de un heredero fallecido tienen la facultad de presentar una declaración que complemente el certificado sucesorio europeo que no contenga la información antes mencionada, de modo que la mención de tal información, solicitada por los demandantes en el litigio principal, podría resultar, a su juicio, carente de utilidad.

 Sobre la admisibilidad

77      Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad respecto a la tercera cuestión prejudicial, los demandantes en el litigio principal afirman que, en el supuesto de que el certificado sucesorio europeo no incluya los datos identificativos del bien inmueble de que se trata, no podrían beneficiarse de la facultad que el Derecho checo, según afirman, reserva exclusivamente a los herederos directos y que consiste en presentar una declaración que complemente tal certificado para obtener una inscripción en el registro de la propiedad checo, ya que son derechohabientes de segundo grado del causante. Esta argumentación puede entenderse en el sentido de que cuestiona la interpretación de la lex rei sitae seguida por el órgano jurisdiccional remitente y, en consecuencia, en el sentido de que pretende cuestionar el carácter útil de esta tercera cuestión prejudicial en el contexto del litigio principal por tener esta, a su juicio, carácter hipotético.

78      A este respecto, es preciso recordar, en primer lugar, que, en el marco del reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, incumbe al Tribunal de Justicia tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión. Por consiguiente, dado que el órgano jurisdiccional remitente ha definido el marco fáctico y normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea, no corresponde al Tribunal de Justicia verificar la exactitud de estas (sentencias de 8 de junio de 2023, Prestige and Limousine, C‑50/21, EU:C:2023:448, apartados 42 y 43, y de 19 de marzo de 2026, Almirall, C‑589/24, EU:C:2026:217, apartado 25).

79      Así pues, en el presente asunto, procede partir de la premisa adoptada por el órgano jurisdiccional remitente según la cual las disposiciones del Derecho checo aplicables pueden permitir a los demandantes en el litigio principal obtener una inscripción en el registro de la propiedad checo presentando, junto con un certificado sucesorio europeo, una declaración destinada a completar tal certificado cuando este no contenga toda la información exigida a tal efecto.

80      En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio principal y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que se ha de pronunciar apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. De ello se desprende que las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales disfrutan de una presunción de pertinencia y que el Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a la referida cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de septiembre de 1999, Beck y Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, apartado 22, y de 22 de enero de 2026, Secab, C‑423/23, EU:C:2026:32, apartado 24).

81      En el presente asunto, a la vista de los elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente que se resumen en el apartado 76 de la presente sentencia, no resulta evidente que la interpretación de las disposiciones del Reglamento n.º 650/2012 solicitada por dicho órgano jurisdiccional no tenga relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal o que el problema jurídico planteado en el marco de la tercera cuestión prejudicial planteada sea de naturaleza hipotética.

82      Por consiguiente, procede declarar admisible la tercera cuestión prejudicial.

 Sobre el fondo

83      Procede subrayar, en primer lugar, que, como se ha señalado en el apartado 34 de la presente sentencia, el certificado sucesorio europeo constituye un instrumento autónomo del Derecho de la Unión. De ello se deduce que el contenido de dicho certificado debe determinarse únicamente a la luz de las disposiciones pertinentes del Reglamento n.º 650/2012 y, más concretamente, de su artículo 68, que define la información que debe figurar en él.

84      Las disposiciones de Derecho nacional solo deben tenerse en cuenta cuando el Reglamento n.º 650/2012 se remite expresamente a ellas. Como se ha recordado en el apartado 66 de la presente sentencia, así sucede, en particular, en lo que respecta a la ley del Estado miembro en el que se lleva el registro o, en el caso de los bienes inmuebles, a la lex rei sitae, como enuncian los considerandos 18 y 19 de dicho Reglamento, así como en lo que respecta a la ley aplicable a la sucesión, designada en virtud del artículo 21 o del artículo 22 de este.

85      En segundo lugar, es preciso recordar que el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 establece expresamente que un certificado sucesorio europeo debe mencionar la parte alícuota correspondiente a cada heredero y, cuando proceda, el inventario de los derechos y/o bienes que corresponden a cada heredero determinado, en la medida en que esta mención sea necesaria para el fin con el que se expide el certificado.

86      Como se desprende de la interpretación de esta disposición expuesta en los apartados 37 a 53 y 64 de la presente sentencia, la obligación de la autoridad emisora de hacer constar en un certificado sucesorio europeo la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de la sucesión depende del fin para el que se expida dicho certificado. Por consiguiente, esta obligación no puede dejar de existir por el mero hecho de que el Derecho del Estado miembro en el que está situado el bien y donde se lleva el registro de la propiedad pertinente prevea una vía alternativa que permita obtener la inscripción de la propiedad de dicho bien en ese registro de la propiedad mediante un documento complementario destinado a paliar la falta de tal información en dicho certificado.

87      En tercer lugar, debe precisarse que tal interpretación no queda desvirtuada por el contenido de la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras (C‑354/21, EU:C:2023:184). En efecto, dicha sentencia versaba, como se desprende de sus apartados 35, 39 y 45 a 53, sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa de un Estado miembro en relación con los documentos que debían presentarse como fundamento de la solicitud de inscripción de la propiedad de un bien inmueble en el registro de la propiedad de dicho Estado, en particular en el supuesto de que solo se presentara a tal efecto un certificado sucesorio europeo. En cambio, el Tribunal de Justicia no examinó en ella la cuestión, que constituye precisamente el objeto de la presente cuestión prejudicial, de qué información relativa a tal bien está obligada a incluir en el mismo la autoridad emisora de dicho certificado cuando la normativa de un Estado miembro concede al solicitante la facultad de presentar un documento complementario.

88      En cuarto y último lugar, dicha interpretación se ve corroborada por los considerandos 7, 67 y 80 del Reglamento n.º 650/2012, según los cuales la adopción de este y la creación del certificado sucesorio europeo tuvieron como objetivos, en particular, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los herederos y simplificar los trámites que estos deben realizar en el seno de la Unión, en particular cuando se trata de acreditar sus derechos en el Estado miembro en el que está situado el bien sucesorio de que se trate. Así pues, cuando los herederos solicitan la expedición de tal certificado para el ejercicio de esos derechos, este debe contener toda la información necesaria a este respecto y esos herederos no pueden encontrarse en una situación en la que, a pesar de haber obtenido dicho certificado, estén obligados, debido al carácter incompleto de este en relación con las exigencias de dicho Reglamento, a presentar un documento complementario para poder ejercer esos derechos.

89      Por otra parte, esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho, invocado por el órgano jurisdiccional remitente, de que el considerando 18, frases primera, sexta y séptima, del Reglamento n.º 650/2012 establezca, por una parte, que la autoridad que tramite la inscripción de un derecho sobre bienes inmuebles o muebles en un registro puede solicitar a la persona que solicita la inscripción que facilite la información o los documentos adicionales requeridos en virtud del Derecho nacional del Estado miembro en el que esté situado el registro y, por otra parte, que tal autoridad puede indicar a esa persona el modo en que puede proporcionar la información o los documentos que falten. En efecto, habida cuenta del tenor del artículo 68, letra l), de dicho Reglamento y de los objetivos perseguidos tanto por dicho Reglamento como por el certificado sucesorio europeo, tal como se han recordado, en particular, en el apartado anterior de la presente sentencia, no cabe entender que las indicaciones que figuran en ese considerando 18 dispensen a la autoridad emisora de hacer constar en ese certificado la información exigida por ese Derecho nacional a efectos de tal inscripción.

90      De todas las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo no está dispensada de la obligación de incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de la herencia cuando se solicita la mención de esa información a efectos de una inscripción en el registro de la propiedad del Estado miembro en el que está situado dicho bien en el supuesto de que, en virtud del Derecho de ese Estado miembro, esa inscripción pueda obtenerse con fundamento en un documento complementario, presentado junto con un certificado sucesorio europeo que no contenga tal mención.

 Costas

91      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)      El artículo 68, letra l), del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo,

debe interpretarse en el sentido de que

la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo está obligada a incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de la herencia de que se trate y está situado en un Estado miembro distinto del de expedición de dicho certificado cuando los solicitantes piden la expedición de este último a efectos de la inscripción del derecho de propiedad relativo a ese bien en el registro de la propiedad de ese otro Estado miembro y cuando la normativa de este exige que esa información se indique en dicho certificado para que tal inscripción pueda efectuarse sobre la única base de ese documento.

2)      El artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012

debe interpretarse en el sentido de que

el hecho de que la transmisión del patrimonio del causante de que se trate esté sujeta, en virtud de la ley aplicable a la sucesión en cuestión, al régimen de la «sucesión universal», según el cual el patrimonio del causante se transmite íntegramente a los herederos, no puede dispensar a la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo de la obligación de incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de esa sucesión y está situado en un Estado miembro distinto del de expedición de dicho certificado cuando la indicación de esa información en dicho certificado resulte necesaria para el fin para la que se expide, como la inscripción, sobre esa única base, del derecho de propiedad relativo a ese bien en el registro de la propiedad de este último Estado miembro.

3)      El artículo 68, letra l), del Reglamento n.º 650/2012

debe interpretarse en el sentido de que

la autoridad emisora de un certificado sucesorio europeo no está dispensada de la obligación de incluir en él la información que permita la identificación de un bien inmueble que forma parte de la herencia cuando se solicita la mención de esa información a efectos de una inscripción en el registro de la propiedad del Estado miembro en el que está situado dicho bien en el supuesto de que, en virtud del Derecho de ese Estado miembro, esa inscripción pueda obtenerse con fundamento en un documento complementario, presentado junto con un certificado sucesorio europeo que no contenga tal mención.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: alemán.


i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.