Edición provisional

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 9 de julio de 2026 (*)

« Procedimiento prejudicial — Mercado interior — Competencia — Fútbol profesional — Artículo 101 TFUE, apartado 1 — Prohibición de las prácticas colusorias — Normativa de una federación nacional de fútbol — Contratación de servicios prestados por terceros ajenos a esta federación — Actividad de los agentes de jugadores — Restricción de la competencia por el objeto o por el efecto — Excepción a la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1 — Alcance — Objetivos perseguidos por dicha normativa — Justificación — Requisitos — Persecución de objetivos legítimos de interés general — Necesidad — Proporcionalidad »

En el asunto C‑428/23,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 13 de junio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2023, en el procedimiento entre

ROGON GmbH & Co. KG,

MVI Management GmbH,

DC

y

Deutscher Fußball-Bund eV (DFB),

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan (Ponente), D. Gratsias, y B. Smulders, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Emiliou;

Secretario: Sr. D. Dittert, jefe de unidad;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de febrero de 2025;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre de ROGON GmbH & Co. KG, MVI Management GmbH y DC, por los Sres. T. Bernhard y A. Fritzsche, la Sra. S. Kirchgeßner y el Sr. C. von Köckritz, Rechtsanwälte;

–        en nombre de Deutscher Fußball-Bund eV (DFB), por los Sres. D. Bischoff y M. Stopper, Rechtsanwälte;

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Bénard y T. Lechevallier, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. S. Baches Opi, B. Cullen y G. Meeßen, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de mayo de 2025;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 1.

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre ROGON GmbH & Co. KG, MVI Management GmbH y DC, por un lado, y Deutscher Fußball‑Bund eV, que es la Federación Alemana de Fútbol (en lo sucesivo, «DFB»), por otro, en relación con la legalidad de la normativa adoptada por esta última en materia de actividad de los agentes de jugadores.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        El artículo 101 TFUE, apartado 1, establece lo siguiente:

«Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:

a)      fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;

b)      limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;

c)      repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;

d)      aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;

e)      subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

4        La DFB es una organización paraguas que agrupa a veintisiete federaciones alemanas de fútbol, entre ellas, en particular, Deutsche Fußball Liga eV, que es la Liga alemana de fútbol (en lo sucesivo, «DFL»). Cuenta con más de veinticinco mil clubes y más de siete millones de socios.

5        ROGON es una empresa de asesoramiento para futbolistas profesionales y jóvenes promesas en Alemania, que fue fundada por DC. MVI Management es una persona jurídica de derecho austriaco cuya actividad consiste también en el fichaje de jugadores.

6        De conformidad con el artículo 16 bis de los estatutos de la DFB, la organización de las competiciones deportivas en las dos ligas profesionales de máximo nivel corre a cargo de la DFL, una asociación que agrupa a los clubes que participan en esas dos ligas profesionales.

7        Los clubes que participan en la Bundesliga o en la segunda liga alemana están obligados, como miembros ordinarios de la DFL, a respetar los estatutos de la DFB y los reglamentos obligatorios adoptados por esta. Para poder jugar en la Bundesliga o en la segunda liga alemana, los jugadores deben suscribir un contrato de licencia con la DFL, contrato que los obliga a cumplir las normas establecidas por la DFB. Como miembro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la DFB está sujeta a la normativa de esta última y obligada a aplicar sus decisiones.

8        La DFB adoptó el Reglement für Spielervermittlung (Reglamento relativo a la actividad de los agentes de jugadores) (en lo sucesivo, «RfSV»), que entró en vigor el 1 de abril de 2015. Este Reglamento se dirige a los clubes y a los jugadores, que están obligados a cumplirlo. El RfSV regula el recurso, por los jugadores y los clubes, a los servicios de los agentes para la celebración de contratos de jugadores profesionales y de acuerdos de traspaso. Entre otras cosas, el RfSV establece lo siguiente:

–        la obligación de registro para los agentes (artículos 2, apartado 3, y 3, apartados 2 y 3);

–        la obligación del agente de presentar una declaración que prevea su sometimiento a diversos estatutos, reglamentos y normas de la FIFA, la DFB y la DFL, incluido el sometimiento a la jurisdicción de la DFB (artículos 2, apartado 2, y 3, apartados 2 y 3, y anexos 1 y 2);

–        la obligación adicional de inscribir a una persona física en caso de que se inscriba a una persona jurídica (anexo 2);

–        la prohibición de que el agente, en caso de intermediación en la incorporación de un jugador, participe en los futuros ingresos del club por traspaso (artículo 7, apartado 3);

–        la prohibición de percibir comisiones por los servicios prestados por el agente en caso de intermediación en favor de un menor (artículo 7, apartado 7);

–        la obligación de divulgar las remuneraciones y los pagos efectuados a los agentes de jugadores (artículo 6, apartado 1), y

–        sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas (artículo 9 del RfSV).

9        El 12 de enero de 2018, Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL GmbH), filial propiedad al 100 % de la DFL, remitió la Circular n.º 62 a los responsables de los clubes y de las sociedades de capital de la Bundesliga y de la segunda liga alemana, con el fin de informarles, entre otras cosas, de las disposiciones aplicables a los agentes de jugadores que los clubes contratan para que faciliten el traspaso de sus jugadores a otros clubes. En particular, dicha Circular subrayaba que la remuneración de los agentes podía acordarse bien en forma de un pago único a tanto alzado, bien en forma de una remuneración progresiva, vinculada a la indemnización por traspaso obtenida sobre la base de la prestación de intermediación en el club de destino, con exclusión de toda remuneración calculada sobre la base de un porcentaje de dicha indemnización.

10      Cada uno de los recurrentes en el litigio principal ejercitó ante el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) una acción de cesación de determinadas obligaciones establecidas en el RfSV, invocando, en particular, la prohibición de las prácticas colusorias ilícitas.

11      Dado que dicho tribunal estimó solo parcialmente dicha acción, las recurrentes en el litigio principal apelaron la sentencia dictada por aquel ante el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania), que, por un lado, condenó a la DFB a poner fin a la práctica consistente en que los agentes de jugadores solo pueden registrarse a condición de someterse a las disposiciones de la FIFA, la DFB y la DFL que regulan el ejercicio de la actividad de agentes de jugadores y, por otro lado, prohibió a la DFB o a cualquier organizador de partidos en una liga de fútbol limitar la facultad de los clubes de acordar métodos de cálculo de las comisiones abonadas a los agentes de jugadores que se basen en un porcentaje de los ingresos procedentes de traspasos posteriores. Desestimó el recurso en todo lo demás, así como la adhesión a la apelación formulada por la DFB.

12      Los recurrentes en el litigio principal y la DFB interpusieron ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, sendos recursos de Revision [casación] contra la sentencia del Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) con el fin de obtener, en el caso de los primeros, el cese de las obligaciones que les incumben y, en el caso del segundo, la desestimación del recurso.

13      El órgano jurisdiccional remitente tiende a considerar que las normas recogidas en el RfSV implican una restricción que puede afectar a la competencia entre empresas establecidas en distintos Estados miembros. Es cierto que dichas normas no se dirigirían directamente a los agentes de jugadores, sino a los clubes y a los jugadores. Sin embargo, dado que los clubes figuran entre los demandantes de los servicios prestados por los agentes, tales normas tendrían por efecto restringir su libertad de acción económica.

14      No obstante, se plantearía la cuestión de si esas normas cumplen los requisitos para quedar excluidas de la aplicación del artículo 101 TFUE, tal como estos resultan de la interpretación de dicho artículo 101 realizada por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), y si, por lo tanto, están cubiertas por una excepción.

15      Dicho esto, según el órgano jurisdiccional remitente, tal excepción solo se aplicó en casos que presentaban características especiales, relativos exclusivamente, por un lado, a reglamentos adoptados por federaciones profesionales sobre una base legal y por una entidad a la que se hubiera conferido expresamente una competencia reglamentaria y, por otro lado, en lo que respecta al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones deportivas, a normas relativas a la organización de la actividad deportiva o al desarrollo de las competiciones, comprendidas todas ellas dentro de la competencia propia de las federaciones para regular sus relaciones internas.

16      Añade que, según una parte de la doctrina, dicha excepción no es aplicable cuando la normativa de que se trata regula mercados que no afectan directamente a la competición deportiva como tal y tiene por objeto la actividad de empresas que no son miembros de la federación deportiva en cuestión. No obstante, según otra parte de esa doctrina, la referida excepción se aplicará siempre que pueda establecerse algún vínculo material entre la normativa en cuestión y la organización y el correcto desarrollo de una competición deportiva.

17      En el caso de autos, es cierto que el RfSV se dirige a los clubes y a los jugadores, pero también a los agentes de jugadores, que no son miembros de la DFB. Así pues, dicho Reglamento produce efectos en un mercado que se sitúa en una fase anterior a la actividad deportiva, de modo que las restricciones de la competencia que implica no pueden justificarse únicamente por la autonomía de las federaciones deportivas.

18      Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no permite deducir inequívocamente si, en tal situación, una normativa que restringe notablemente la libertad de acción de los operadores del mercado no afiliados a una federación puede quedar excluida de la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, con arreglo a la jurisprudencia derivada de las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492).

19      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)      ¿Son de aplicación a un reglamento de una federación deportiva (que está dirigido a sus miembros y regula la utilización de servicios de empresas [terceras que no pertenecen] a dicha federación en un mercado situado en una fase de producción o comercialización anterior a la actividad de la federación) los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia […] en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), según los cuales, al aplicar la prohibición de prácticas colusorias:

–        deberán tenerse en cuenta el contexto global en que se adoptó la decisión de que se trate o en que produce sus efectos y, más en particular, [los] objetivos [que persigue]

–        y, a continuación, deberá examinarse si los efectos restrictivos de la competencia que resultan de la decisión son inherentes a la consecución de dichos objetivos

–        y si son proporcionales a estos […]?

2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: ¿[dichos principios deben] aplicarse en el presente asunto […] a todas las disposiciones del mencionado reglamento, o dependerá ello de criterios de fondo, como la proximidad o la lejanía de la disposición concreta con respecto a la actividad deportiva de la federación?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Primera cuestión prejudicial

20      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la excepción a la aplicación de esta disposición a las restricciones de la competencia que persigan un objetivo legítimo de interés general, tal como fue establecida por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), puede aplicarse a una normativa adoptada por una federación deportiva que, aun dirigiéndose a sus miembros, regula al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a dicha federación.

21      Con carácter preliminar, debe recordarse que, en la medida en que la práctica de un deporte constituya una actividad económica, esa práctica quedará regulada por las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a tal actividad (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 83 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 29).

22      Solo pueden considerarse ajenas a cualquier actividad económica determinadas normas específicas que, por un lado, hayan sido aprobadas exclusivamente por motivos de orden no económico y que, por otro, se refieran a cuestiones que afecten únicamente al deporte como tal. Así sucede, en particular, con las normas relativas a la exclusión de los jugadores extranjeros de la composición de los equipos que participan en competiciones entre selecciones nacionales o al establecimiento de los criterios de clasificación empleados para seleccionar a los atletas que participan en competiciones a título individual (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 84 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 30).

23      Con excepción de estas normas específicas, las normas adoptadas por las asociaciones deportivas y, más ampliamente, el comportamiento de estas asociaciones están sujetos a las disposiciones del Tratado FUE relativas al Derecho de la competencia cuando concurran los requisitos de aplicación de estas disposiciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 87 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 31).

24      A este respecto, la normativa controvertida en el litigio principal no forma parte de las normas a las que podría aplicarse la excepción mencionada en el apartado 22 de la presente sentencia, respecto de la cual el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que debe limitarse a su propio objeto y que no puede invocarse para excluir toda una actividad deportiva del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE relativas al Derecho económico de la Unión (véanse, por analogía, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 89 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 32).

25      En efecto, como se desprende de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, dicha normativa no solo se dirige directamente a los clubes y a los jugadores, al regular las condiciones en las que estos últimos pueden recurrir a los servicios de los agentes de jugadores, sino que también afecta indirectamente a dichos agentes al imponerles determinadas obligaciones que deben cumplir para representar a esos clubes y jugadores en determinadas transacciones. Pues bien, dado que tal actividad constituye una prestación de servicios, realizada a título oneroso y relativa al fichaje de deportistas, debe calificarse como actividad económica.

26      Por lo que respecta, más concretamente, a la posibilidad de aplicar el artículo 101 TFUE, es preciso recordar que esta disposición solo se aplica a «acuerdos entre empresas», «decisiones de asociaciones de empresas» o «prácticas concertadas».

27      Según reiterada jurisprudencia, constituye una empresa, a efectos de la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de competencia, cualquier entidad que ejerza una actividad económica consistente en ofrecer productos o servicios en un determinado mercado, con independencia de su estatuto jurídico o del carácter lucrativo de la finalidad que persiga (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de marzo de 2022, GVN/Comisión, C‑666/20 P, EU:C:2022:225, apartado 69, y de 13 de octubre de 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija y Stockholm School of Economics in Riga, C‑164/21 y C‑318/21, EU:C:2022:785, apartado 68).

28      Así pues, el artículo 101 TFUE, apartado 1, es aplicable a cualquier entidad que ejerza una actividad económica y que, a tal fin, deba calificarse de «empresa», incluida cualquier entidad constituida bajo la forma de asociación que tenga como objeto social, según sus estatutos, la organización y el control de un deporte determinado, siempre que ejerza una actividad económica relacionada con ese deporte. Asimismo, dicha disposición también es aplicable a cualquier entidad que, pese a no constituir necesariamente una empresa, pueda calificarse de «asociación de empresas» porque agrupa a operadores activos en ese mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartados 112 a 114).

29      Es cierto que debe considerarse adoptada por una asociación o un organismo privado que actúa no como asociación de empresas, sino como autoridad pública, una normativa emanada de una organización profesional o de una federación cuando actúa en el ejercicio de prerrogativas típicas del poder público (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros, C‑128/21, EU:C:2024:49, apartados 61 y 71) o, como mínimo, en el ejercicio de una facultad normativa que le haya sido conferida expresamente por el Estado miembro de que se trate, siempre que existan indicios que demuestren que dicha organización profesional o dicha federación está obligada a actuar con ese fin en interés público general y sujeta al control efectivo del Estado miembro de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 2006, Cipolla y otros, C‑94/04 y C‑202/04, EU:C:2006:758, apartado 49; de 4 de septiembre de 2014, API y otros, C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 y C‑208/13, EU:C:2014:2147, apartados 30 y 31, y de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros, C‑128/21, EU:C:2024:49, apartados 72 a 75 y 81).

30      En efecto, incluso en tales supuestos, los Estados miembros están obligados a velar por que tal asociación u organización profesional no adopte una normativa que prive de eficacia a las normas sobre competencia aplicables a las empresas al incitarlas a adoptar voluntariamente comportamientos contrarios a la competencia. Sin embargo, no es menos cierto que las disposiciones obligatorias así adoptadas quedan al margen, como tales, de la aplicación del Derecho de la competencia, dado que no resultan de una decisión adoptada por una entidad que actúe como empresa o como asociación de empresas.

31      En consecuencia, si bien, como subraya el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, determinados reglamentos adoptados por una federación profesional sobre una base legal pueden quedar excluidos de la aplicación del Derecho de la competencia, es preciso subrayar que ello se debe a que, habida cuenta de la existencia de la delegación de competencias de que dispone el autor de dichos reglamentos, pueden considerarse adoptados por una federación que, aunque deba calificarse de empresa o de asociación de empresas en relación con algunas de sus actividades, no puede considerarse como tal cuando ha ejercido, en el marco de la adopción de dichos reglamentos, una facultad de regulación que le había sido conferida expresamente por el Estado miembro de que se trate o prerrogativas típicas del poder público.

32      En el caso de autos, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que la DFB agrupa a veintisiete federaciones alemanas de fútbol entre cuyos miembros se encuentran clubes que ejercen actividades económicas consistentes en ofrecer productos o servicios en diferentes mercados, como los de la venta de entradas para encuentros deportivos, el patrocinio o incluso la comercialización (merchandising). Por consiguiente, puede considerarse que la DFB tiene la condición de asociación de empresas tanto en esos mercados como en los mercados de fases anteriores a estos, tales como los del fichaje de jugadores o entrenadores o incluso la contratación de servicios de agentes para el traspaso de jugadores o entrenadores profesionales de un club a otro.

33      Por otra parte, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que la normativa controvertida en el litigio principal haya sido adoptada formalmente en el ejercicio de prerrogativas típicas del poder público o, como mínimo, de una facultad reglamentaria conferida expresamente a la DFB por el Estado miembro de que se trata. Por el contrario, preguntado sobre este particular en la vista, el Gobierno alemán indicó, en esencia, que la DFB no había recibido ninguna habilitación expresa del legislador alemán a tal efecto.

34      Por lo tanto, dicha normativa puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE.

35      A tenor del artículo 101 TFUE, apartado 1, serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior.

36      A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no todo acuerdo entre empresas ni toda decisión de asociación de empresas ni toda práctica concertada que restrinja la libertad de acción de las empresas que son parte de ese acuerdo o que están obligadas a cumplir esa decisión o que participan en dicha práctica está comprendido necesariamente en el ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1. En efecto, el examen del contexto económico y jurídico en el que se inscriben algunos de estos acuerdos, de estas decisiones o de estas prácticas puede llevar a que se aprecie, en primer término, que estos están justificados por perseguir uno o varios objetivos legítimos de interés general que no son, en sí mismos, contrarios a la competencia; en segundo término, que los medios concretos empleados para perseguir estos objetivos son realmente necesarios para ello, y, en tercer término, que, aunque se concluya que estos medios tienen por efecto inherente restringir o falsear, cuando menos potencialmente, la competencia, este efecto inherente no va más allá de lo necesario, en particular eliminando cualquier competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 183 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 91).

37      Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable respecto de comportamientos que, lejos de limitarse a tener por «efecto» inherente restringir, cuando menos potencialmente, la competencia limitando la libertad de acción de determinadas empresas, presentan para esa competencia un grado de nocividad que permite considerar que tienen por su propio «objeto» impedirla, restringirla o falsearla (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 186, y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 92).

38      Además, habida cuenta del requisito de que los comportamientos en cuestión deben tener carácter necesario y proporcionado en sentido estricto, es preciso señalar que el examen de dicho requisito implica, como se desprende de la jurisprudencia mencionada en el apartado 36 de la presente sentencia, en primer lugar, determinar si los medios concretos a los que se recurre, en un caso específico, para perseguir un objetivo legítimo de interés general son adecuados para garantizar la consecución de ese objetivo; a continuación, apreciar si es necesario recurrir a esos medios para alcanzar dicho objetivo, lo que implica que no existen otras medidas que sean igualmente eficaces a tal fin siendo al mismo tiempo menos restrictivas de la competencia, y, por último, comprobar que los efectos restrictivos generados por las medidas adoptadas no son desproporcionados en relación con tal objetivo, en particular al eliminar toda competencia en el mercado de que se trate (sentencia de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 98).

39      Dicho esto, en la medida en que la jurisprudencia recordada en el apartado 36 de la presente sentencia permite que un acuerdo entre empresas, una decisión de asociación de empresas o una práctica concertada queden excluidos de la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, su aplicación a una normativa adoptada por una federación deportiva que, como la controvertida en el litigio principal, regula el recurso de sus miembros a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a dicha federación, supone comprobar, previamente, si los requisitos establecidos en dicha disposición se cumplen en relación con tal normativa.

40      Pues bien, para que así sea, como se desprende del apartado 35 de la presente sentencia, una normativa debe constituir, en primer lugar, un acuerdo o una práctica concertada entre varias empresas o una decisión de asociación de empresas, en segundo lugar, debe poder afectar al comercio entre los Estados miembros y, en tercer lugar, debe tener por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior.

41      Por lo que respecta al primero de estos requisitos, es preciso señalar que los comportamientos que pueden verse afectados pueden tener diversa naturaleza y presentarse bajo diferentes formas.

42      En particular, el Tribunal de Justicia ya ha considerado que la decisión de una asociación de empresas consistente en adoptar o aplicar una normativa que tiene incidencia directa sobre las condiciones del ejercicio de la actividad económica de las empresas que son, directa o indirectamente, miembros de dicha asociación puede constituir una «decisión de asociación de empresas» en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1 (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 118 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 119).

43      Pues bien, precisamente en relación con una decisión de esta naturaleza, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación de dicha disposición, a saber, una decisión mediante la cual una federación deportiva nacional ha adoptado y aplicado un conjunto de normas que, si bien tiene por objeto definir un régimen jurídico aplicable a los agentes de jugadores, no por ello carece de incidencia en la actividad económica que ejercen los miembros de dicha federación, esto es, los clubes de fútbol.

44      En efecto, por un lado, las prestaciones de servicios realizadas por los agentes constituyen insumos para las empresas que son los clubes, de modo que el coste de dichas prestaciones puede influir en la rentabilidad de esos clubes. Por otro lado, la posición competitiva recíproca de dichos clubes en los diferentes mercados en los que están presentes, como los de la venta de entradas de encuentros deportivos, del patrocinio o incluso del merchandising, depende principalmente de los resultados obtenidos al participar en competiciones deportivas, que están estrechamente ligados a la composición de los equipos y respecto de los cuales los agentes ejercen cierta influencia.

45      Por lo que se refiere al segundo requisito mencionado en el apartado 40 de la presente sentencia, que exige que el acuerdo entre empresas, la decisión de asociación de empresas o la práctica en cuestión puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, es preciso señalar que una normativa de origen privado que alcance todo el territorio de un único Estado miembro puede cumplir dicho requisito, dado que tiene por efecto consolidar compartimentaciones de carácter nacional, obstaculizando de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado FUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99, EU:C:2002:98, apartado 95, y de 18 de julio de 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, apartado 50).

46      En el caso de autos, si bien la normativa controvertida puede tener incidencia principalmente en el mercado nacional del fichaje de jugadores, ya que el mercado internacional del fichaje de jugadores está regulado, por su parte, por la FIFA, no es menos cierto que dicha normativa afecta ante todo al mercado de los servicios de agente en relación con el primero de esos dos mercados. Ahora bien, en este último mercado pueden intervenir prestadores establecidos en otros Estados miembros que, debido a la normativa controvertida en el litigio principal, pueden verse disuadidos de ofrecer sus servicios en el mercado nacional. De este modo, debe considerarse que una normativa que, como la controvertida en el litigio principal, tiene por objeto regular la actividad de agente puede afectar al comercio entre los Estados miembros.

47      Por lo que respecta al tercer requisito mencionado en el apartado 40 de la presente sentencia, es preciso recordar que, para poder considerar, en un caso concreto, que a un acuerdo, a una decisión de asociación de empresas o a una práctica concertada le es aplicable la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, es necesario demostrar, según los propios términos de esta disposición, que dicho comportamiento o bien tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, o bien tiene tal efecto (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 158 y de 30 de abril de 2026, CD Tondela y otros, C‑133/24, EU:C:2026:361, apartado 36).

48      A este respecto, si bien es cierto que el hecho de que una normativa adoptada por una federación deportiva se dirija a sus miembros, regulando al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a dicha federación, no parece, como tal, que permita excluir que dicha normativa pueda tener por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la normativa controvertida en el litigio principal tiene por objeto o efecto establecer tal restricción de la competencia.

49      Por otra parte, para que sea aplicable la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 36, es preciso además que concurran también los requisitos de aplicación expuestos en los apartados 36 a 38 de la presente sentencia.

50      Dicho esto, ninguno de esos requisitos puede interpretarse en el sentido de que tenga por efecto, explícita o implícitamente, excluir del beneficio de la jurisprudencia recordada en el apartado 36 de la presente sentencia toda normativa adoptada por una federación deportiva que, dirigiéndose a los miembros de esta, regula al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a dicha federación.

51      En primer lugar, el mero hecho de que una normativa adoptada por una federación deportiva se dirija a sus miembros, regulando al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras no pertenecientes a dicha federación, no puede constituir, por sí solo, una característica que permita concluir que debe vincularse a una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, ha de considerarse, en el contexto económico y jurídico del litigio principal, especialmente perjudicial para el correcto funcionamiento del juego normal de la competencia.

52      En efecto, es necesario recordar que el concepto de «restricción por el objeto» designa a cualquier acuerdo entre empresas, decisión de asociación de empresas o práctica concertada que presenten características que permiten vincularlos a una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, deba considerarse perjudicial para el correcto funcionamiento del juego normal de la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartados 43, 45 y 46 y jurisprudencia citada).

53      A continuación, no cabe considerar que tal característica permita excluir que dicha normativa pueda perseguir uno o varios objetivos legítimos de interés general que no sean, per se, contrarios a la competencia, ni excluir que sea adecuada para alcanzar tal objetivo.

54      Por otra parte, dicha característica no puede, como tal, impedir que se constate que no existen otros medios que permitan alcanzar de manera igualmente eficaz los objetivos en cuestión.

55      Por último, en cuanto a la apreciación de la proporcionalidad en sentido estricto de los efectos restrictivos generados en relación con el objetivo o los objetivos de interés general perseguidos, es preciso señalar que no puede considerarse que dicha característica, como tal, pueda excluir que se cumpla este requisito, dado que, por un lado, su respeto depende de la naturaleza del objetivo u objetivos perseguidos y, por otro, tal característica, por sí sola, no puede eliminar toda competencia en el mercado en el que operan las empresas terceras de que se trata.

56      Por lo demás, de la jurisprudencia recordada en el apartado 36 de la presente sentencia no se deriva que, para poder estar justificada sobre la base de dicha jurisprudencia, una normativa solo debe poder producir efectos respecto de los miembros de la asociación o federación que la adoptó.

57      En efecto, el hecho de que una normativa adoptada por una asociación como la DFB despliegue algunos de sus efectos no solo respecto de los miembros de dicha federación o asociación, sino también respecto de empresas que, aun siendo terceros ajenos, mantienen relaciones con dichos miembros puede resultar necesario para la consecución de uno o varios objetivos legítimos de interés general que no son, en sí mismos, contrarios a la competencia.

58      Así puede ocurrir, concretamente, cuando, con el fin de alcanzar tales objetivos, una federación deportiva deba adoptar una normativa que puede tener consecuencias para el ecosistema que regula y controla.

59      Pues bien, como subrayó, en esencia, el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, en el sector del fútbol profesional y semiprofesional, diversas categorías de operadores económicos —como los clubes, las federaciones nacionales, los jugadores y los agentes— tienen que interactuar y, en cierta medida, colaborar para garantizar que el sector sea viable y atractivo para los aficionados y los espectadores. En efecto, si los servicios finales que son los partidos y los campeonatos de fútbol no fueran suficientemente atractivos, ni fueran objeto de una difusión adecuada, todas esas diversas categorías de operadores económicos resultarían negativamente afectadas.

60      En estas circunstancias, una normativa como la controvertida en el litigio principal no puede considerarse ajena al objetivo de interés general relativo a la integridad de las competiciones deportivas por la única razón de que también produce efectos en la actividad de los agentes de jugadores.

61      Por lo demás, cabe señalar que, en otros sectores de actividad, el Tribunal de Justicia ya ha admitido que la jurisprudencia recordada en el apartado 36 de la presente sentencia puede aplicarse a una normativa adoptada por una organización que agrupa a los miembros de una profesión y relativa a los honorarios mínimos que deben abonar sus clientes, siempre que se cumplan los requisitos de aplicación de dicha jurisprudencia (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 18 de julio de 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, apartados 53 y 54, y de 23 de noviembre de 2017, CHEZ Elektro Bulgaria y FrontEx International, C‑427/16 y C‑428/16, EU:C:2017:890, apartados 53 a 55). Pues bien, aunque tal normativa estuviera destinada a los miembros de la organización de que se trata, no por ello dejaba de afectar a sus clientes, que eran terceros respecto de dicha organización.

62      Por consiguiente, una normativa adoptada por una federación deportiva no puede quedar excluida de beneficiarse de los criterios de la jurisprudencia recordada en el apartado 36 de la presente sentencia por el único motivo de que, aun dirigiéndose a sus miembros, regula al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a dicha federación. En cambio, es imperativo asegurarse concretamente de que una normativa como la controvertida en el litigio principal, por un lado, no pueda calificarse de acuerdo entre empresas o de decisión de asociación de empresas que tenga por objeto restringir la competencia y, por otro lado, esté justificada por la consecución de un objetivo legítimo de interés general respecto del que resulte adecuada, necesaria y proporcionada en sentido estricto.

63      En el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la normativa en cuestión cumple todos los requisitos de aplicación de dicha jurisprudencia, recordados en los apartados 36 a 38 de la presente sentencia.

64      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la excepción a la aplicación de esta disposición a las restricciones de la competencia que persigan un objetivo legítimo de interés general, tal como fue establecida por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), puede aplicarse a una normativa adoptada por una federación deportiva que, aun dirigiéndose a sus miembros, regula al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a dicha federación, siempre que dicha normativa:

–        haya sido adoptada por dicha federación, actuando a tal fin como una empresa o una asociación de empresas, y pueda afectar al comercio entre los Estados miembros;

–        no pueda calificarse como acuerdo entre empresas o decisión de asociación de empresas que tenga por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, y

–        persiga uno o varios objetivos legítimos de interés general que, en sí mismos, no son contrarios a la competencia y sea proporcionada a la consecución de dicho objetivo u objetivos, lo que implica, en primer término, que sea adecuada para garantizar su consecución; en segundo término, que no exceda de lo necesario, en el sentido de que ninguna medida menos restrictiva permita alcanzar de manera igualmente eficaz dicho objetivo u objetivos, y, en tercer término, que no produzca efectos sobre la competencia que sean desproporcionados en relación con el interés general que representa la consecución del mismo objetivo u objetivos, en particular al eliminar toda competencia.

 Segunda cuestión prejudicial

65      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si es aplicable la excepción establecida en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), los requisitos correspondientes deben apreciarse en relación con cada una de las disposiciones de la normativa controvertida, o si es preciso tener en cuenta criterios relativos al grado de vinculación de esas distintas disposiciones con la organización y el ejercicio de la actividad deportiva de la federación.

66      A este respecto, procede recordar que, como se desprende del apartado 38 de la presente sentencia, la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 36 implica, para aplicarse, la existencia de uno o varios objetivos legítimos de interés general y una relación de proporcionalidad entre, por un lado, las medidas previstas en la normativa en cuestión y, por otro, esos objetivos.

67      Dado que las disposiciones de una misma normativa pueden perseguir objetivos diferentes o producir efectos distintos, procede, en tal supuesto, efectuar un examen autónomo de la proporcionalidad de esas diversas disposiciones, o incluso de un conjunto de disposiciones que persiguen un objetivo distinto o producen un efecto distinto.

68      A la inversa, como subrayó, en esencia, el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, pueden existir situaciones en las que resulte artificial dividir un conjunto de disposiciones, bien por su carácter indivisible, bien porque algunas de ellas son accesorias de otras.

69      Por lo que se refiere al grado de vinculación de las diversas disposiciones de una misma normativa con la organización y el ejercicio de la actividad de que se trate o con el objeto social de la federación que las adoptó, no es determinante para apreciar si los requisitos de aplicación de la jurisprudencia recordada en el apartado 36 de la presente sentencia deben examinarse en relación con cada una de las disposiciones de dicha normativa o con un conjunto de disposiciones, o incluso con el conjunto de la normativa que las contiene.

70      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si es aplicable la excepción establecida en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), los requisitos correspondientes no deben apreciarse necesariamente en relación con cada una de las disposiciones de la normativa controvertida, sino en relación con un conjunto de disposiciones que persiguen un objetivo distinto o producen un efecto distinto.

 Costas

71      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1)      El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la excepción a la aplicación de esta disposición a las restricciones de la competencia que persigan un objetivo legítimo de interés general, tal como fue establecida por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), puede aplicarse a una normativa adoptada por una federación deportiva que, aun dirigiéndose a sus miembros, regula al mismo tiempo el recurso a los servicios de empresas terceras que no pertenecen a dicha federación, siempre que dicha normativa:

–        haya sido adoptada por dicha federación, actuando a tal fin como una empresa o una asociación de empresas, y pueda afectar al comercio entre los Estados miembros;

–        no pueda calificarse como acuerdo entre empresas o decisión de asociación de empresas que tenga por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, y

–        persiga uno o varios objetivos legítimos de interés general que, en sí mismos, no son contrarios a la competencia y sea proporcionada a la consecución de dicho objetivo u objetivos, lo que implica, en primer término, que sea adecuada para garantizar su consecución; en segundo término, que no exceda de lo necesario, en el sentido de que ninguna medida menos restrictiva permita alcanzar de manera igualmente eficaz dicho objetivo u objetivos, y, en tercer término, que no produzca efectos sobre la competencia que sean desproporcionados en relación con el interés general que representa la consecución del mismo objetivo u objetivos, en particular al eliminar toda competencia.

2)      El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si es aplicable la excepción establecida en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) y de 18 de julio de 2006, Meca‑Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), los requisitos correspondientes no deben apreciarse necesariamente en relación con cada una de las disposiciones de la normativa controvertida, sino en relación con un conjunto de disposiciones que persiguen un objetivo distinto o producen un efecto distinto.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: alemán.