Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 9 de julio de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Impuesto sobre el valor añadido — Exención de prestaciones realizadas entre empresas que se dediquen principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones — Admisibilidad de la petición de decisión prejudicial — Concepto de “ayuda” — Ventaja — Selectividad — Pretensión de limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia »
En el asunto C‑360/25 [Schoger II], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario, Austria), mediante resolución de 30 de mayo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2025, en el procedimiento seguido entre
***X***
y
Finanzamt für Großbetriebe,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni (Ponente) y M. Bošnjak, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de ***X***, por el Sr. P. Goeth, Rechtsanwalt;
– en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. F. Koppensteiner, en calidad de agente;
– en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. Farley y la Sra. L. Wildpanner, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 107 TFUE.
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio sustanciado entre la sociedad austriaca ***X*** y el Finanzamt für Großbetriebe (Oficina Tributaria para Grandes Empresas, Austria) (en lo sucesivo, «Oficina Tributaria») en relación con las liquidaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) giradas a ***X*** por el período comprendido entre 2013 y 2017 (en lo sucesivo, «período impositivo controvertido»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3 El artículo 107 TFUE, apartado 1, dispone lo siguiente:
«Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»
4 Según el considerando 5 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»):
«Un régimen de IVA logra un máximo de sencillez y de neutralidad cuando el impuesto se recauda con la mayor generalidad posible y su ámbito de aplicación abarca la totalidad de las fases del proceso de producción y distribución de bienes, y la prestación de servicios. Por consiguiente, en interés del mercado interior y de los Estados miembros, conviene adoptar un régimen común cuya aplicación se extienda igualmente al comercio al por menor.»
5 El artículo 131 de la citada Directiva, que da comienzo a su título IX (titulado «Exenciones»), dispone lo siguiente:
«Las exenciones previstas en los capítulos 2 a 9 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias y en las condiciones que establezcan los Estados miembros a fin de garantizar la aplicación correcta y sencilla de dichas exenciones y de evitar todo posible fraude, evasión o abuso.»
6 El artículo 135, apartado 1, de la mencionada Directiva establece lo siguiente:
«1. Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:
a) las operaciones de seguro y reaseguro, incluidas las prestaciones de servicios relativas a las mismas efectuadas por corredores y agentes de seguros;
b) la concesión y la negociación de créditos, así como la gestión de créditos efectuada por quienes los concedieron;
c) la negociación y la prestación de fianzas, cauciones y otras modalidades de garantía, así como la gestión de garantías de créditos efectuada por quienes los concedieron;
d) las operaciones, incluida la negociación, relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos comerciales, con excepción del cobro de créditos;
e) las operaciones, incluida la negociación, relativas a las divisas, los billetes de banco y las monedas que sean medios legales de pago, con excepción de las monedas y billetes de colección, a saber, las monedas de oro, plata u otro metal, así como los billetes, que no sean utilizados normalmente para su función de medio legal de pago o que revistan un interés numismático;
f) las operaciones, incluida la negociación, pero exceptuados el depósito y la gestión, relativas a acciones, participaciones en sociedades o asociaciones, obligaciones y demás títulos–valores, con excepción de los títulos representativos de mercaderías y los derechos o títulos enunciados en el apartado 2 del artículo 15;
g) la gestión de fondos comunes de inversión definidos como tales por los Estados miembros;
[…]»
7 El artículo 168 de la Directiva del IVA, que precisa el alcance del derecho a deducir, establece que, «en la medida en que los bienes y los servicios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravadas, el sujeto pasivo tendrá derecho, en el Estado miembro en el que realice estas operaciones, a deducir del importe del impuesto del que es deudor los importes [de IVA devengados o pagados por los bienes o servicios utilizados]».
Derecho austriaco
8 Mediante la Umsatzsteuergesetz (Ley del Impuesto sobre el Volumen de Negocios), de 23 de agosto de 1994 (BGBl. 663/1994), en la redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «UStG»), se pretendió transponer la Directiva del IVA al Derecho austriaco.
9 A tenor del artículo 6, apartado 1, punto 28, de la UStG:
«De entre las operaciones comprendidas en el artículo 1, apartado 1, puntos 1 y 2, estarán exentas de [IVA]:
[…]
28) las demás prestaciones de agrupaciones de empresas que se dediquen principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones, a favor de sus miembros, siempre que dichas prestaciones se utilicen directamente para realizar tales actividades exentas y siempre que las agrupaciones de empresas únicamente exijan a sus miembros el importe exacto de su parte alícuota en los gastos comunes. Quedan exentas también las demás prestaciones realizadas entre empresas que se dediquen principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones, siempre que dichas prestaciones se utilicen directamente para la realización de tales actividades exentas y para la puesta a disposición de las agrupaciones mencionadas en la primera frase [del presente punto] de trabajadores de dichas empresas.»
10 El artículo 6, apartado 1, puntos 7 y 8, de la UStG establece otras excepciones a la sujeción a IVA, en particular para determinadas operaciones realizadas por organismos de seguridad social y para la concesión y la negociación de créditos.
11 Por otra parte, el artículo 12, apartado 3, punto 2, de la UStG elimina el derecho a deducir el IVA soportado por otras prestaciones «en la medida en que el empresario utilice esas otras prestaciones para realizar operaciones exentas».
Litigio principal y cuestión prejudicial
12 ***X*** es un banco austriaco y, asimismo, la matriz de una unidad fiscal austriaca en materia de IVA (grupo a efectos del IVA).
13 A raíz de una inspección, realizada in situ y que dio lugar a un informe de 1 de diciembre de 2021, la Oficina Tributaria constató que determinadas prestaciones transfronterizas efectuadas por la otra parte de un contrato firmado por ***X*** en relación con cajeros automáticos no estaban comprendidas en la exención que prevé el artículo 6, apartado 1, punto 8, letra e), de la UStG. Por consiguiente, basándose en la transmisión de la deuda tributaria, la Oficina Tributaria modificó las liquidaciones de IVA de ***X*** por el período impositivo controvertido.
14 Dado que la Oficina Tributaria no respondió favorablemente a la reclamación que contra las citadas liquidaciones había presentado el 20 de diciembre de 2021 ***X***, esta solicitó, mediante demanda de 13 de julio de 2022, la continuación de dicha impugnación ante el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario, Austria), que es el órgano jurisdiccional remitente.
15 El citado órgano jurisdiccional indica que, en virtud de su obligación de ejercer su competencia jurisdiccional plena sobre liquidaciones de IVA que son objeto de reclamación, tiene que examinar las posibles ilegalidades de estas y llevar a cabo a tal respecto las indagaciones de hecho necesarias, también cuando los sujetos pasivos afectados no cuestionan ese particular e incluso si, en su caso, su valoración va a llevar a un resultado desfavorable para ellos.
16 Afirma que, en el presente asunto, ***X*** aplicó la exención de IVA que prevé el artículo 6, apartado 1, punto 28, de la UStG en su segunda frase (en lo sucesivo, «exención controvertida») en aquellas de sus declaraciones que dieron lugar al giro de las liquidaciones controvertidas. Entiende que la legalidad de la exención controvertida suscita dudas a la vista del Derecho de la Unión, aun cuando en el litigio principal no se cuestione.
17 Por un lado, el órgano jurisdiccional remitente indica que la citada exención, que no distingue en función del contenido de la prestación, carece de base jurídica en el Derecho de la Unión, sobre todo a la vista de la Directiva del IVA. Sin embargo, considera que no está en condiciones de atenerse a esta, por no serle posible proceder a aplicarla directamente contra la voluntad del sujeto pasivo o a interpretar el Derecho nacional de conformidad con esa misma Directiva (al ser dicha interpretación contra legem).
18 Por otro lado, para el órgano jurisdiccional remitente, la exención controvertida reúne los requisitos para ser tachada de «ayuda de Estado», entre otras cosas, a su juicio, porque puede considerarse que constituye una intervención estatal, sin que exista fundamento para ello en la Directiva del IVA; porque supone la renuncia a fondos que, de otro modo, el Estado habría recaudado; porque beneficia a ***X*** y a los destinatarios de sus prestaciones, que compiten directamente con otros bancos europeos; y porque es selectiva. Deduce de ello que es necesario preguntar al Tribunal de Justicia sobre la conformidad de la exención controvertida con las disposiciones del Tratado FUE sobre ayudas de Estado. Destaca, asimismo, que la derogación de dicha exención, con efectos a 1 de enero de 2025, pone de manifiesto las dudas del propio legislador austriaco acerca de su conformidad con el Derecho de la Unión.
19 Así las cosas, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Constituye una ayuda de Estado con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, la exención de IVA para las demás prestaciones realizadas entre empresas que se dediquen principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones, siempre que dichas prestaciones se utilicen directamente para realizar tales actividades exentas y para la puesta a disposición de las agrupaciones mencionadas en la primera frase del artículo 6, apartado 1, punto 28, de la UStG de trabajadores de dichas empresas?»
Admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
20 La presente petición de decisión prejudicial sigue la estela de una primera petición de decisión prejudicial presentada el 28 de junio de 2024 y declarada manifiestamente inadmisible mediante auto de 5 de mayo de 2025, Schoger (C‑460/24, EU:C:2025:346), por no responder a lo preceptuado en el artículo 94, letras a) y c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
21 En los apartados 20 a 22 de dicho auto el Tribunal de Justicia consideró, por un lado, que la exposición del objeto y los hechos pertinentes del litigio principal era demasiado sucinta e incompleta como para que el Tribunal de Justicia pudiera ejercer su función prejudicial. Por otro, en los apartados 23 a 27 del auto, estimó que faltaban datos objetivos y concordantes que permitieran comprobar si existía un vínculo entre el litigio concreto que estaba pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente y las disposiciones de Derecho de la Unión cuya interpretación se solicitaba. Concretamente, el Tribunal de Justicia señaló que el órgano jurisdiccional remitente no había indicado por qué había tenido que examinar de oficio, a la vista del Derecho sobre ayudas de Estado y con independencia de si habían sido cuestionados, todos los datos de las liquidaciones que se le habían presentado en el litigio principal.
22 Atendiendo a la invitación que le hizo el Tribunal de Justicia en tal sentido (auto de 5 de mayo de 2025, Schoger, C‑460/24, EU:C:2025:346, apartado 29), el órgano jurisdiccional remitente ha aportado en la presente petición de decisión prejudicial datos adicionales a los que había aportado en su primera petición (mencionada en el apartado 20 de la presente sentencia).
23 Por un lado, el órgano jurisdiccional remitente indica ahora claramente las fases procesales que se desarrollaron antes de que se acudiera ante él y explica por qué debe pronunciarse sobre la exención controvertida.
24 Por otro lado, especifica qué es objeto de su control cuando conoce de una reclamación mediante la que se impugnan liquidaciones de IVA. Concretamente, basándose en las disposiciones procesales nacionales y en la jurisprudencia nacional que las ha interpretado, precisa que está facultado para sustituir la valoración de la autoridad tributaria por la suya propia. Según explica, como juez que ejerce una competencia jurisdiccional plena, la cual le permite solventar todas las cuestiones de hecho y Derecho ligadas a la reclamación continuada ante él, no se limita a examinar dicha reclamación: le corresponde proceder a examinar de oficio todas las cuestiones que se derivan de las liquidaciones que se impugnan en el litigio principal, incluida la de la compatibilidad de la exención controvertida con el Derecho sobre ayudas de Estado, independientemente de si ese particular ha sido cuestionado en el contexto del litigio principal y aunque ello vaya a llevar a una modificación de derechos de los interesados en perjuicio de estos.
25 Mientras ***X*** y el Gobierno austriaco cuestionan la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial y ***X*** advierte en ese contexto, asimismo, que ese control de oficio podría disuadir a los contribuyentes de hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales nacionales, ninguna de esas dos partes pone en entredicho las explicaciones que da el órgano jurisdiccional remitente sobre el alcance de su competencia. Por otra parte, ha de recordarse que, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, el juez nacional define bajo su responsabilidad el marco normativo y no corresponde al Tribunal de Justicia verificar su exactitud (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de mayo de 2003, Salzmann, C‑300/01, EU:C:2003:283, apartado 31 y jurisprudencia citada).
26 Igualmente, el órgano jurisdiccional remitente explica claramente por qué su cuestión prejudicial se refiere a las disposiciones del Tratado FUE sobre ayudas de Estado y no a la Directiva del IVA, que la UStG pretendió transponer al Derecho austriaco. Precisa las razones por las que la exención controvertida incumple lo preceptuado por dicha Directiva para que se pueda establecer una exención de IVA, basándose especialmente en la doctrina nacional. De ello deduce que sería contra legem interpretar la UStG de manera conforme con la Directiva del IVA sería y que, por lo tanto, ello queda descartado, no sin añadir que no está en condiciones de imponer directamente dicha Directiva a un particular para inaplicar la exención controvertida.
27 Por lo que atañe a la argumentación de ***X*** de que examinar de oficio si tachar la exención controvertida de «ayuda de Estado» supone poner en entredicho las competencias exclusivas que la Comisión Europea tiene en materia de ayudas de Estado, ha de señalarse que dichas competencias recaen exclusivamente sobre la valoración de la compatibilidad de una medida tachada de «ayuda de Estado» con el mercado interior, mientras que los órganos jurisdiccionales nacionales están plenamente facultados, con anterioridad, para interpretar el concepto de «ayuda de Estado», sin perjuicio, en caso de duda, de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial como la presentada por el órgano jurisdiccional remitente (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de marzo de 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, apartado 14, y de 18 de julio de 2007, Lucchini, C‑119/05, EU:C:2007:434, apartado 50). Procede añadir que la intervención de los órganos jurisdiccionales nacionales se debe al efecto directo de la prohibición de ejecución establecida in fine en el artículo 108 TFUE, apartado 3, que alcanza, entre otras, a toda ayuda que haya sido ejecutada sin haber sido notificada a la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C‑39/94, EU:C:1996:285, apartado 39 y jurisprudencia citada).
28 Del mismo modo, en la medida en que, por un lado, incumbe exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional definir el contexto fáctico del litigio que da lugar a tales cuestiones y no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la valoración realizada al respecto por dicho órgano jurisdiccional (sentencia de 6 de noviembre de 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, apartado 31 y jurisprudencia citada) y en que, por otro, el órgano jurisdiccional remitente constata que es pacífico que ***X*** aplicó la exención controvertida, resulta indiferente que, como sostiene el Gobierno austriaco, sin por otra parte fundamentarlo, en el litigio principal se hubiera aplicado una exención distinta de la controvertida y ello impidiera la aplicación de esta.
29 Por último, la argumentación formulada por el Gobierno austriaco, e incidentalmente por ***X***, para poner en duda que la aplicación de la exención controvertida hubiera conferido a dicha sociedad una ventaja pertenece al ámbito de la valoración en cuanto al fondo acerca de la existencia de ayuda de Estado (aspecto sobre el que el órgano jurisdiccional remitente está preguntando al Tribunal de Justicia), y no al de la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial. En cuanto a si las precisiones del órgano jurisdiccional remitente presentan carencias que lastren la valoración de algunos de los requisitos exigidos para tachar una medida de «ayuda de Estado», ha de recordarse que, cuando la descripción del contexto fáctico y jurídico presenta carencias, con lo que se impide que el Tribunal de Justicia responda con la precisión deseada a algunas de las cuestiones que se le plantean, este siempre puede, aun pronunciándose, dejar sin resolver determinados aspectos de las respuestas a las cuestiones planteadas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 1998, Corsica Ferries France, C‑266/96, EU:T:1998:306, apartado 25).
30 En consecuencia, es admisible la presente petición de decisión prejudicial.
Sobre la cuestión prejudicial
31 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la exención controvertida constituye ayuda de Estado a efectos de dicha disposición.
32 A fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, ha de identificarse con precisión el ámbito de aplicación de la citada exención.
33 Se prevé la mencionada exención en la segunda frase del artículo 6, apartado 1, punto 28, de la UStG, que dispone que estarán exentas de IVA «las demás prestaciones realizadas entre empresas que se dediquen principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones, siempre que dichas prestaciones se utilicen directamente para la realización de tales actividades exentas y para la puesta a disposición de las agrupaciones [de empresas que se dediquen principalmente a la actividad de dichos sectores] de trabajadores de dichas empresas».
34 La exención controvertida fue derogada con efectos a 1 de enero de 2025, pero durante el período impositivo controvertido estaba en vigor.
35 De los autos que obran ante el Tribunal de Justicia resulta que, en la práctica, se venía interpretando en sentido amplio a qué empresas (esto es, «empresas que se dediquen principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones») se les aplicaba la exención controvertida, incluyéndose también empresas que no disponían de licencia bancaria. Por otra parte, habida cuenta de la dificultad de comprobar si las prestaciones de dichas empresas se utilizaban «para la realización de [las] actividades exentas [de los sectores bancario, de los seguros o de las pensiones]», la práctica habitual de las autoridades tributarias austriacas era, al menos durante el período impositivo controvertido, reconocer la exención a todos los servicios prestados entre las empresas en cuestión cuando no estuvieran ya exentos en virtud de otra disposición de la UStG. El órgano jurisdiccional remitente menciona, a modo de ejemplo, la prestación de servicios informáticos, de asesoramiento o, también, de restauración o guardería.
36 Por tanto, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente está preguntando, en esencia, si el artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye ayuda de Estado a efectos de dicha disposición la exención de IVA de prestaciones, las cuales por lo demás no están exentas, que se realizan entre empresas que se dedican principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones.
37 La calificación de una medida nacional de «ayuda de Estado» exige que concurran todos los requisitos siguientes. En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, dicha intervención debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario. En tercer lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia. En cuarto lugar, debe poder afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros (sentencia de 8 de noviembre de 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Comisión, C‑885/19 P y C‑898/19 P, EU:C:2022:859, apartado 66 y jurisprudencia citada).
38 En primer lugar, en cuanto al origen estatal de la exención controvertida, ha de señalarse que esta no está comprendida en el ámbito de aplicación de ninguna de las exenciones previstas taxativamente por la Directiva del IVA, que deben interpretarse en sentido estricto [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de julio de 2020, Blackrock Investment Management (UK), C‑231/19, EU:C:2020:513, apartado 22 y jurisprudencia citada]. El artículo 135 de la Directiva del IVA, que prevé la única exención que se les permite invocar a las empresas de los sectores bancario, de los seguros y de las pensiones (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2014, ATP PensionService, C‑464/12, EU:C:2014:139, apartado 59), solo contempla determinadas operaciones que realicen dichas empresas, como las de seguro y reaseguro, de concesión, negociación y gestión de créditos o de gestión de fondos comunes de inversión, entre las que no están las operaciones contempladas por la exención controvertida en la aplicación que hacía de ella la Administración tributaria austriaca.
39 De ello se sigue que la exención controvertida es imputable al Estado austriaco, pues el único caso en que las exenciones tributarias establecidas por los Estados miembros no son imputables a estos, sino a la Unión, se da cuando dichas exenciones tributarias se limitan a reproducir una obligación clara y precisa prevista en una directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2009, Puffer, C‑460/07, EU:C:2009:254, apartado 70), lo cual en el presente asunto no sucede.
40 En cuanto al requisito de la concesión de la exención controvertida mediante fondos estatales, que esta también debe cumplir para hacerse acreedora de la calificación de «ayuda de Estado» (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión, C‑482/99, EU:C:2002:294, apartado 24 y jurisprudencia citada), baste con recordar que, según reiterada jurisprudencia, el concepto de «ayuda» es más general que el de «subvención», ya que comprende no solo prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en sentido estricto, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos. De ello se deriva que una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique la transferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios de dicha medida en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes constituye «ayuda de Estado» a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
41 No pone en entredicho ese impacto sobre los fondos estatales la carga fiscal supuestamente más elevada que se dice que recae sobre ***X*** por la falta de derecho a deducir que se vincula a la exención controvertida.
42 Cierto es que la existencia de exenciones de IVA como la controvertida elimina el derecho a deducir el IVA que se pudiera haber soportado, conforme al artículo 168 de la Directiva del IVA, el cual restringe la deducción del IVA pagado por bienes y servicios a los casos en que dichos bienes y servicios se utilicen para las necesidades de operaciones gravadas, y conforme al artículo 12, apartado 3, punto 2, de la UStG, el cual transpone dicho artículo 168 al Derecho austriaco. En concreto, ello significa que sigue corriendo a cargo de ***X*** el IVA pagado por bienes o servicios que pudiera haber utilizado para realizar prestaciones exentas.
43 No obstante, por un lado, para comprobar si una medida se concedió mediante fondos estatales, ello se valorará por definición, principalmente, a escala del Estado de que se trate y de su presupuesto, y no de la situación individual del beneficiario de la medida. En el presente asunto, se trata de comprobar si menguan los ingresos tributarios del Estado. Por otro lado, y en cualquiera de los casos, se interpreta que la existencia de fondos estatales incluye los casos de riesgo económico lo suficientemente concreto de cargas que graven el presupuesto estatal (sentencia de 8 de junio de 2023, Prestige and Limousine, C‑50/21, EU:C:2023:448, apartado 54 y jurisprudencia citada). Así pues, lo que se tiene en cuenta es el potencial de que mengüen dichos ingresos, no su realidad en los hechos.
44 Pues bien, en el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial resulta que, en los trabajos parlamentarios de la Ley que dispuso la derogación, con efectos a 1 de enero de 2025, de la exención controvertida, el propio legislador austriaco puso de manifiesto los ingresos adicionales por IVA de los que la República de Austria se beneficiaría en los ejercicios 2025 y siguientes como consecuencia de dicha derogación.
45 En segundo lugar, en cuanto a la ventaja conferida hipotéticamente por la aplicación de la exención controvertida y al carácter selectivo de dicha ventaja, procede recordar que el criterio de la ventaja es interpretado en sentido amplio por la jurisprudencia, incluyendo todas las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer directa o indirectamente a las empresas o que deban considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado (sentencia de 8 de mayo de 2013, Libert y otros, C‑197/11 y C‑203/11, EU:C:2013:288, apartado 83 y jurisprudencia citada).
46 Por otra parte, el Tribunal de Justicia tiene declarado que, cuando los regímenes fiscales de ayudas se aplican con carácter anual o periódico, la Comisión únicamente debe demostrar que pueden favorecer a sus beneficiarios, comprobando que, considerados globalmente y habida cuenta de sus características propias, pueden dar lugar, en el momento de su adopción respectiva, a una tributación menor que la resultante de la aplicación del régimen tributario general, sin que importe que, a la luz de esas características, dicha institución no esté en condiciones de determinar, por adelantado y para cada ejercicio fiscal, el nivel específico de tributación correspondiente a cada uno de dichos regímenes fiscales de ayudas. Es en la fase de la devolución eventual de las ayudas otorgadas con arreglo a los mencionados regímenes de ayudas cuando la Comisión tiene la obligación de determinar si estos han conferido efectivamente una ventaja a sus beneficiarios, considerados de modo individual, puesto que tal devolución exige que se determine el importe exacto de la ayuda de la que dichos beneficiarios han disfrutado de manera efectiva en cada ejercicio fiscal (sentencia de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartados 87 y 88).
47 Por lo que atañe a exenciones de IVA como la controvertida, ha de considerarse que su aplicación podría conferir una ventaja a las empresas que realizan las prestaciones contempladas por dicha exención; empresas que, a falta de datos en sentido contrario que se desprendan de los autos, son jurídicamente beneficiarias de la mencionada exención. Dichas empresas se encuentran en una situación ventajosa con respecto a empresas a las que no se les aplica la exención controvertida y que, por lo tanto, están obligadas a facturar el IVA por la realización de esas mismas prestaciones a empresas que, como en el presente asunto, no tienen derecho a deducción del IVA soportado, habida cuenta de la exención, con arreglo al artículo 135 de la Directiva del IVA y a la UStG, de muchas de sus prestaciones.
48 En cambio, habida cuenta de la jurisprudencia que se expone en el apartado 46 de la presente sentencia, en la fase de calificación de la «ayuda» y en el caso de un potencial régimen fiscal de ayudas como el que es controvertido en el litigio principal no procede comprobar, para cada caso concreto, la incidencia de la imposibilidad de deducir el IVA soportado, que se dice que se vincula a la exención controvertida, y asegurarse, así pues, de que la mengua de la carga fiscal que resulta de dicha exención no se vea compensada, quizás incluso en exceso, por la carga fiscal ligada al IVA pagado por bienes y servicios utilizados para realizar las prestaciones exentas, hasta tal punto que resulte ser una desventaja para las empresas afectadas. Ello es tanto más cierto cuanto que esa compensación y su relevancia dependen de circunstancias aleatorias que varían en función del contribuyente y, concretamente en el presente asunto, del uso de bienes y servicios gravados con IVA y de la relevancia de dicho uso.
49 Lo razonado en el apartado anterior es válido tanto cuando la encargada de pronunciarse sobre si existe ayuda es la Comisión, cual sucedía en el asunto en que recayó la sentencia de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169), como cuando es el juez nacional quien debe comprobar su existencia, cual sucede en el caso de autos, dado que la justificación expuesta por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia también es aplicable al juez nacional. En ambos casos se trata de evitar que los Estados miembros que ejecutan regímenes de ayudas sin notificarlos previamente, incumpliendo así la obligación que les incumbe en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, se vean favorecidos con respecto a los que cumplen dicha obligación, lo cual sucedería si la Comisión o el juez nacional estuvieran obligados a comprobar, al objeto de valorar la existencia del régimen de ayudas, a partir de datos recabados con posterioridad a la adopción de dicho régimen, si la ventaja se materializó efectivamente o si quedó compensada por desventajas (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartado 93).
50 Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia y para responder a la argumentación del Gobierno austriaco de que la exención controvertida compensa cargas específicas debidas a las desventajas estructurales a que se enfrentan a algunas de las empresas afectadas, procede recordar que el hecho de que un Estado miembro se proponga aproximar, mediante medidas unilaterales, las condiciones de competencia de un determinado sector económico a las existentes en otros no desvirtúa el carácter de ayuda de dichas medidas (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, apartado 54 y jurisprudencia citada). En cualquiera de los casos, respecto de la indicación del Gobierno austriaco de que dichas desventajas estructurales afectan a pequeños bancos, aseguradoras y fondos de pensiones y a grupos, asociaciones y cooperativas bancarias de organización descentralizada que no pueden formar grupos a efectos del IVA, baste con señalar que el ámbito de aplicación de la exención controvertida no se limita en absoluto a esas categorías de empresas y que, en el presente asunto, ***X*** justamente forma parte de un grupo a efectos del IVA como matriz.
51 En cuanto al requisito del carácter selectivo de la ventaja que la medida confiere a sus beneficiarios, es jurisprudencia reiterada que, para calificar una medida fiscal como la controvertida en el litigio principal de «selectiva», es necesario, en un primer momento, identificar el marco de referencia, es decir, el régimen tributario «normal» aplicable en el Estado miembro de que se trate, y demostrar, en un segundo momento, que la medida fiscal en cuestión supone una excepción a ese marco de referencia, por introducir diferenciaciones entre operadores económicos que, con respecto al objetivo asignado a dicho marco, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable. Sin embargo, el concepto de «ayuda de Estado» no se refiere a las medidas que establecen una diferenciación entre empresas que, con respecto al objetivo perseguido por el régimen jurídico en cuestión, se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable y que, en consecuencia, son, a priori, selectivas, si es que el Estado miembro de que se trata consigue demostrar, en un tercer momento, que la diferenciación está justificada porque resulta de la naturaleza o de la estructura del régimen en el que se inscriben tales medidas (sentencia de 29 de abril de 2025, Prezydent Miasta Mielca, C‑453/23, EU:C:2025:285, apartado 44 y jurisprudencia citada).
52 Los interesados y el órgano jurisdiccional remitente coinciden en considerar que en el presente asunto el marco de referencia viene constituido por el régimen general de tributación de IVA, es decir, un marco de referencia armonizado que reduce la autonomía fiscal de los Estados miembros.
53 En el presente asunto, la excepción al citado marco de referencia armonizado estriba en que, en virtud de la segunda frase del artículo 6, apartado 1, punto 28, de la UStG, que carece de apoyo en la Directiva del IVA, determinadas prestaciones de servicios realizadas por una categoría concreta de empresas a esa misma categoría de empresas, esto es, «empresas que se dediquen principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones», están exentas de IVA, mientras que dichas prestaciones de servicios están sujetas a IVA cuando las realizan empresas que no están comprendidas en esa categoría. Ahora bien, las empresas que gozan de la exención controvertida están, por lo que atañe a las prestaciones afectadas, es decir, a todas las que se realizan para empresas de ese mismo tipo, y que por lo demás no están exentas (como las que se mencionan a modo de ejemplo en el apartado 35 de la presente sentencia), en la misma situación que todos los demás prestadores que realizan dichas prestaciones.
54 Ello responde a que, como indican los apartados 35 y 38 de la presente sentencia, se interpreta que los beneficiarios de la exención controvertida no incluyen únicamente empresas que disponen de licencia bancaria (y que por ello están sujetas a normas y restricciones específicas), máxime cuando ello atañe a operaciones que, como las controvertidas en el litigio principal, no siempre guardan relación con la actividad bancaria. Además, el hecho de que dichos beneficiarios no dispongan del derecho a deducción del IVA soportado tampoco permite distinguirlos de los demás prestadores de servicios afectados, puesto que esa falta del derecho a deducir justamente está ligada a la exención controvertida. Pues bien, cuando una consecuencia jurídica recae sobre los prestadores beneficiados por la aplicación de la medida examinada exclusivamente a causa de la propia medida, esta no tiene entidad para demostrar que aquellos se encuentran en una situación diferente de la de los prestadores que no se benefician de ella.
55 En cuanto a si la diferenciación de que se trata queda justificada por la naturaleza o estructura del régimen en el que se inscribe la exención controvertida, ha de recordarse que, a tenor del considerando 5 de la Directiva del IVA, «un régimen de IVA logra un máximo de sencillez y de neutralidad cuando el impuesto se recauda con la mayor generalidad posible y su ámbito de aplicación abarca la totalidad de las fases del proceso de producción y distribución de bienes, y la prestación de servicios».
56 Así pues, aunque corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si existe eventualmente una justificación a la luz de todos los datos pertinentes del litigio de que conoce, no parece que la salvaguarda de la neutralidad fiscal, la prevención de la acumulación de impuestos y la simplificación administrativa, que invoca el Gobierno austriaco en sus observaciones, puedan justificar la diferenciación controvertida. La Directiva del IVA asocia tales justificaciones con una recaudación de IVA lo más generalizada posible, y no con la posibilidad de prever exenciones, debiendo precisarse, por añadidura, que, como se señala en el apartado 38 de la presente sentencia, la exención controvertida no se corresponde con ninguna de las exenciones previstas taxativamente por dicha Directiva.
57 De ello se deduce que en la exención controvertida sí concurre el requisito del carácter selectivo de la ventaja que la medida de que se trata debe conferir a sus beneficiarios.
58 En tercer lugar, en cuanto al requisito de que la medida de que se trate falsee o amenace falsear la competencia, el tenor del artículo 107 TFUE, apartado 1, dicta que no sea necesario acreditar una distorsión efectiva de la competencia, sino únicamente examinar si dicha medida puede falsear la competencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de enero de 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, apartado 65 y jurisprudencia citada). En el presente asunto, la distorsión efectiva de la competencia resulta de la ventaja de la que gozan las empresas que se benefician de la exención, al igual que las empresas que son clientes de estas, todas las cuales actúan en un sector liberalizado, pues, según reiterada jurisprudencia, la ventaja concedida a una empresa que actúa en un sector competitivo puede caracterizar una repercusión real o potencial de la medida controvertida sobre la competencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, EU:C:2006:8, apartado 142 y jurisprudencia citada). En el presente asunto, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, al no gravitar normas y restricciones específicas sobre las empresas que prestan los servicios controvertidos, cabe considerar que estos son prestados en un entorno competitivo.
59 En cuarto lugar, en cuanto al requisito de que la medida de que se trate pueda afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros, aquel se deriva, en el presente asunto, de la ventaja que la exención controvertida confiere: según jurisprudencia reiterada, cuando la ayuda otorgada por un Estado miembro sirve para reforzar la posición de determinadas empresas frente a la de otras empresas que compiten con estas en los intercambios comerciales intracomunitarios, dichos intercambios deben considerarse afectados por dicha ayuda (sentencia de 14 de enero de 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, apartado 66 y jurisprudencia citada).
60 Por mucho que la exención controvertida beneficie hipotéticamente también a sujetos pasivos domiciliados en otros Estados miembros, puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros, pues toda empresa que preste servicios a otras que se dedican principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones y que no goce de la exención controvertida, ya esté domiciliada en Austria o en otros Estados miembros, verá menguadas sus posibilidades de ofrecer los servicios controvertidos (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2000, Alemania/Comisión, C‑156/98, EU:C:2000:467, apartados 34 y 35).
61 Habida cuenta de todo lo anterior, ha de contestarse a la cuestión prejudicial que el artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye ayuda de Estado a efectos de dicha disposición la exención de IVA de prestaciones, las cuales por lo demás no están exentas, que se realizan entre empresas que se dedican principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones.
Limitación en el tiempo de los efectos de la presente sentencia
62 El Gobierno austriaco solicita que los efectos en el tiempo de la presente sentencia se limiten a los hechos posteriores a la fecha de esta. Afirma que la declaración de que existe ayuda de Estado tendría consecuencias importantes en Austria para los sectores bancario y de los seguros, puesto que todas las operaciones que están exentas en virtud de la exención controvertida deberían volverse a evaluar, lo cual, por otra parte, podría generar una enorme litigiosidad ante los tribunales nacionales. Entiende que, además, los operadores económicos afectados actuaron de buena fe y en cumplimiento de la legislación nacional pertinente, que lleva décadas en vigor.
63 Procede recordar que la interpretación que el Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, hace de las normas del Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dichas normas, tal como deben o habrían debido ser entendidas y aplicadas desde el momento de su entrada en vigor. En consecuencia, solo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves, criterios que son acumulativos [sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C‑439/19, EU:C:2021:504, apartados 132 y 136 y jurisprudencia citada].
64 Por tanto, el Tribunal de Justicia únicamente ha recurrido a esta solución en circunstancias muy específicas, cuando existía un riesgo de repercusiones económicas graves debidas, en particular, al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base de una normativa considerada como válidamente en vigor y era patente que los particulares y las autoridades nacionales habían sido incitados a observar una conducta contraria a la normativa de la Unión en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones del Derecho de la Unión, incertidumbre a la que habían contribuido eventualmente los comportamientos observados por otros Estados miembros o por la Comisión (sentencia de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros, C‑110/15, EU:C:2016:717, apartado 61 y jurisprudencia citada).
65 Por lo que atañe al criterio referido a la existencia de un riesgo de repercusiones económicas graves, ha de recordarse que incumbe al Estado miembro que solicita una limitación en el tiempo de los efectos de una sentencia dictada con carácter prejudicial aportar al Tribunal de Justicia datos cuantitativos que permitan acreditar el riesgo de tales repercusiones (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, apartado 91 y jurisprudencia citada).
66 Pues bien, en el presente asunto el Gobierno austriaco se limita a mencionar la importancia de las consecuencias, sin precisar en nada la relevancia ni de las prestaciones que se realizan entre empresas de los sectores bancario, de los seguros o de las pensiones que gozan de la exención controvertida ni, así pues, del impacto potencial sobre dichos sectores de la obligación de pagar IVA por dichas prestaciones.
67 En cualquiera de los casos, y sin perjuicio de las facultades que ostenta la Comisión en materia de ayudas de Estado, los ejercicios tributarios definitivamente clausurados no deberían reabrirse en el marco de procedimientos judiciales nacionales a raíz de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2017, DNB Banka, C‑326/15, EU:C:2017:719, apartado 40 y jurisprudencia citada). Ello se debe a que la interpretación que el Tribunal de Justicia hace de una norma de Derecho de la Unión, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, puede y debe ser aplicada a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de decisión prejudicial cuando, además, se reúnan los requisitos que permitan someter a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma, en particular en materia de plazos para recurrir (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Microsoft Mobile Sales International y otros, C‑110/15, EU:C:2016:717, apartado 59 y jurisprudencia citada).
68 Siendo ello así, ha de considerarse que no concurre el criterio referido al riesgo de trastornos graves, de modo que no es necesario comprobar si se cumple el criterio de la buena fe de los círculos interesados.
69 No procede, por lo tanto, limitar en el tiempo los efectos de la presente sentencia.
Costas
70 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que constituye ayuda de Estado a efectos de dicha disposición la exención del impuesto sobre el valor añadido de prestaciones, las cuales por lo demás no están exentas, que se realizan entre empresas que se dedican principalmente a la actividad bancaria, de seguros o de pensiones.
Firmas
* Lengua de procedimiento: alemán.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.