1

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑794/21 P, la República Federal de Alemania solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021, Infineon Technologies Dresden e Infineon Technologies/Comisión (T‑233/19 y T‑234/19, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:647), mediante la que dicho Tribunal desestimó los recursos de Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG e Infineon Technologies AG (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades Infineon») que tenían por objeto la anulación de la Decisión (UE) 2019/56 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, sobre la ayuda estatal SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de Alemania para consumidores de carga de banda, según el artículo 19 del StromNEV (DO 2019, L 14, p. 1) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

2

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑800/21 P, las sociedades Infineon solicitan la anulación de la sentencia recurrida.

3

Mediante sus adhesiones a la casación, formuladas en los asuntos C‑794/21 P y C‑800/21 P, la Comisión Europea también solicita la anulación de la sentencia recurrida.

Marco jurídico

4

A tenor del considerando 39 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9):

5

El artículo 1, letra h), de este Reglamento dispone:

6

El artículo 32 de dicho Reglamento, titulado «Publicación de las decisiones», establece lo siguiente en su apartado 3:

Antecedentes del litigio y Decisión controvertida

7

Los antecedentes del litigio, tal como se exponen en los apartados 1 a 22 de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo.

Sobre las medidas legislativas y reglamentarias controvertidas

Sobre el sistema de tarifas de acceso a la red antes de la introducción de las medidas controvertidas

8

El artículo 21 de la Energiewirtschaftsgesetz (Ley del Sector Energético), en su versión modificada por la Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (Ley de Revisión de las Disposiciones en Materia de Energía), de 26 de julio de 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1554), pero antes de las modificaciones introducidas por la Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Ley de Desarrollo del Mercado Eléctrico), de 26 de julio de 2016 (BGBl. 2016 I, p. 1786) (en lo sucesivo, «EnWG 2011»), disponía, en particular, que las tarifas de acceso a la red debían ser razonables, no discriminatorias y transparentes y debían calcularse sobre la base de los costes de un funcionamiento eficiente de la red.

9

El artículo 24 de la EnWG 2011 autorizaba al Gobierno federal alemán a establecer por decreto disposiciones detalladas, por una parte, sobre la definición del método para determinar las tarifas de acceso a la red y, por otra parte, sobre la regulación de los casos especiales de uso de la red, así como las condiciones en las que la autoridad reguladora podía aprobar o prohibir tarifas individuales de acceso a la red.

10

El artículo 17 del Stromnetzentgeltverordnung (Decreto Federal sobre Tarifas de Acceso a la Red Eléctrica), de 25 de julio de 2005 (BGBl. 2005 I, p. 2225; en lo sucesivo, «StromNEV 2005»), define el método de cálculo que deben utilizar los gestores de red para determinar las tarifas generales. Se trata de un método en dos fases que consiste, en primer lugar, en determinar uno por uno los elementos de coste anuales de todas las redes y, posteriormente, en calcular las tarifas generales sobre la base de los costes anuales totales de la red.

11

La determinación de las tarifas generales tiene en cuenta los dos elementos siguientes: la «función de simultaneidad», que refleja la probabilidad de que la toma individual de un usuario contribuya a la carga máxima anual del nivel de red respectivo, y el límite máximo de ingresos por gestor, fijado por la Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes, Alemania) (en lo sucesivo, «BNetzA») sobre la base de la evaluación comparativa con otros gestores de red, destinado a evitar que los costes derivados de las faltas de eficiencia puedan compensarse con las tarifas de acceso a la red.

12

El artículo 19 del StromNEV 2005 establece tarifas individuales para aquellas categorías de usuarios cuyo perfil de consumo y carga son muy diferentes a los de los demás usuarios (en lo sucesivo, «usuarios atípicos»). Estas tarifas tienen en cuenta, de conformidad con el principio de que las tarifas de acceso a la red reflejarán los costes de la red, la contribución de estos usuarios atípicos para reducir o evitar el aumento de tales costes.

13

A este respecto, el artículo 19, apartado 2, del StromNEV 2005 introduce tarifas individuales para las dos categorías siguientes de usuarios atípicos:

–

los usuarios cuya contribución de carga máxima difiere de un modo previsiblemente significativo de la carga máxima anual simultánea de todos los demás usuarios de la red conectados al mismo nivel de red, es decir, los usuarios que consumen sistemáticamente electricidad fuera de las horas de máxima carga (en lo sucesivo, «consumidores anticíclicos»), y

–

los usuarios de la red con una compra anual de electricidad de al menos 7 000 horas de uso y más de 10 gigavatios/hora (en lo sucesivo, «consumidores de carga de banda»).

14

Hasta su modificación por la EnWG 2011, el StromNEV 2005 establecía que los consumidores anticíclicos y los consumidores de carga de banda estaban sujetos a tarifas individuales que se calculaban según el «método de la ruta física», elaborado por la BNetzA. Dicho método tenía en cuenta los costes de red generados por los consumidores anticíclicos y los consumidores de carga de banda, con una tarifa mínima equivalente al 20 % de las tarifas generales publicadas (en lo sucesivo, «tarifa mínima»). Esta última garantizaba una retribución por la explotación de la red a la que dichos consumidores estaban conectados en el supuesto de que las tarifas individuales calculadas según el método de la ruta física hubieran sido inferiores a esa tarifa mínima o incluso cercanas a cero.

Sobre las medidas controvertidas

15

Con arreglo al artículo 19, apartado 2, frases segunda y tercera, del StromNEV 2005, en su versión modificada por la EnWG 2011, a partir del 1 de enero de 2011, fecha de aplicación retroactiva de esta disposición, las tarifas individuales para los consumidores de carga de banda fueron suprimidas y sustituidas por una exención total de las tarifas de acceso a la red (en lo sucesivo, «exención controvertida»), concedida mediante aprobación de la autoridad reguladora competente, esto es, la BNetzA o la autoridad reguladora del estado federado de que se tratara. El coste de esa exención recaía sobre los gestores de redes de transporte y sobre los gestores de redes de distribución según el nivel de red al que estuvieran conectados los beneficiarios.

16

De conformidad con el artículo 19, apartado 2, frases sexta y séptima, del StromNEV 2005, en su versión modificada por la EnWG 2011, los gestores de redes de transporte estaban obligados a reembolsar a los gestores de redes de distribución la reducción de ingresos resultante de la exención controvertida y debían compensar entre ellos los costes derivados de esa exención, mediante una compensación financiera con arreglo al artículo 9 de la Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (Ley de Cogeneración de Electricidad y Calor), de 19 de marzo de 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1092), de modo que cada uno asumía la misma carga financiera calculada según la cantidad de electricidad que suministraba a los consumidores finales conectados a su red.

17

A partir de 2012, la decisión de la BNetzA de 14 de diciembre de 2011 (BK8‑11‑024) (en lo sucesivo, «Decisión BNetzA de 2011») estableció un mecanismo de financiación. Según este mecanismo, los gestores de redes de distribución percibían una tasa (en lo sucesivo, «tasa controvertida») de los consumidores finales o de los proveedores de electricidad, cuyo importe se transfería a los gestores de redes de transporte para compensar la pérdida de ingresos provocada por la exención controvertida.

18

El importe de la tasa controvertida era determinado cada año, con carácter previo, por los gestores de redes de transporte, sobre la base de un método definido por la BNetzA. El importe correspondiente al año 2012, primer año de aplicación del mecanismo, fue fijado directamente por la BNetzA.

19

Estas disposiciones no se aplicaban a los costes de la exención controvertida para el año 2011 y, por lo tanto, cada gestor de redes de transporte y de distribución tuvo que soportar las pérdidas relativas a la citada exención para ese año.

Sobre el sistema de tarifa de acceso a la red posterior a las medidas controvertidas

20

Durante el procedimiento administrativo que dio lugar a la Decisión controvertida, la exención controvertida fue declarada, en primer lugar, nula y sin efecto por resoluciones judiciales del Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) de 8 de mayo de 2013 y del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) de 6 de octubre de 2015. Dicha exención fue posteriormente derogada, a partir del 1 de enero de 2014, por el StromNEV 2005, en su versión modificada por el Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (Decreto de Modificación de los Decretos sobre la Energía), de 14 de agosto de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 3250) (en lo sucesivo, «StromNEV 2013»). El StromNEV 2013 reintrodujo, para lo sucesivo, las tarifas individuales calculadas según el método de la ruta física, con la aplicación —en lugar de la tarifa mínima— de tarifas a tanto alzado del 10, del 15 y del 20 % de las tarifas generales, en función del consumo de electricidad (respectivamente 7 000, 7 500 y 8 000 horas de utilización anual de la red).

21

El StromNEV 2013 introdujo un régimen transitorio, vigente a partir del 22 de agosto de 2013 y aplicable, con carácter retroactivo, a los consumidores de carga de banda que aún no se hubiesen acogido a la exención controvertida para los años 2012 y 2013. En lugar de las tarifas individuales calculadas según el método de la ruta física y de la tarifa mínima, dicho régimen preveía exclusivamente la aplicación a esos consumidores de las citadas tarifas a tanto alzado.

Sobre el procedimiento administrativo y la Decisión controvertida

22

A raíz de varias denuncias, la Comisión publicó, el 4 de mayo de 2013, su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, con respecto al régimen de ayudas basado en las medidas controvertidas (DO 2013, C 128, p. 43).

23

Al término de un procedimiento en el que la República Federal de Alemania y otras partes interesadas presentaron sus observaciones, la Comisión adoptó, el 28 de mayo de 2018, la Decisión controvertida.

24

Mediante dicha Decisión, la Comisión constató que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 la República Federal de Alemania había concedido ilegalmente ayudas de Estado en forma de la exención controvertida.

25

Más concretamente, la Comisión concluyó que el importe de las ayudas de Estado correspondía a los costes de red causados en 2012 y 2013 por los consumidores de carga de banda exentos o, si esos costes eran inferiores a la tarifa mínima, a esta última.

26

Además, la Comisión señaló que las ayudas en cuestión no eran compatibles con el mercado interior, ya que no estaban cubiertas por ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107 TFUE, apartados 2 y 3, y no podían considerarse compatibles con el mercado interior por ningún otro motivo.

27

En consecuencia, la Comisión decidió lo siguiente:

–

la exención controvertida constituía una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que los consumidores de carga de banda habían estado exentos de las tarifas de acceso a la red, que correspondían a los costes de red que ocasionaban, o de la tarifa mínima, si los costes de red eran inferiores a esa tarifa;

–

la ayuda en cuestión había sido ejecutada por la República Federal de Alemania infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3, y era incompatible con el mercado interior;

–

las ayudas individuales, otorgadas en virtud del régimen en cuestión, no constituían ayudas si, en el momento de su concesión, cumplían las condiciones establecidas en un reglamento relativo a las ayudas de minimis, adoptado en virtud del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (DO 1998, L 142, p. 1);

–

la República Federal de Alemania estaba obligada, por un lado, a recuperar de los beneficiarios las ayudas incompatibles con el mercado interior, concedidas en virtud del régimen de ayudas en cuestión, incluidos los intereses, y, por otro lado, a cancelar todos los pagos pendientes de las ayudas de dicho régimen desde la fecha de adopción de la Decisión controvertida.

Recursos ante el Tribunal General y sentencia recurrida

28

Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 9 de abril de 2019, las sociedades Infineon interpusieron sendos recursos de anulación de la Decisión controvertida.

29

Mediante decisión del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal General de 15 de mayo de 2019, se acumularon los asuntos T‑233/19 y T‑234/19.

30

Mediante decisión del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal General de 30 de agosto de 2019, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania en apoyo de las pretensiones de las sociedades Infineon, conforme a lo solicitado por dicho Estado miembro.

31

En apoyo de sus recursos, las sociedades Infineon formularon un motivo único, basado en la inexistencia de ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que sostienen que la exención controvertida no se financió mediante fondos estatales.

32

En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró la admisibilidad de los recursos y desestimó a continuación dicho motivo y, consecuentemente, los recursos de anulación en su totalidad.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

33

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑794/21 P, la República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimó el recurso de anulación por infundado.

–

Anule la Decisión controvertida.

–

Condene a la Comisión a cargar con las costas causadas en ambas instancias.

34

Las sociedades Infineon solicitan al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación en el asunto C‑794/21 P.

35

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en el asunto C‑794/21 P y condene en costas a la República Federal de Alemania.

36

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑800/21 P, las sociedades Infineon solicitan al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida.

–

Anule la Decisión controvertida o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

–

Condene a la Comisión a cargar con las costas causadas en ambas instancias.

37

La República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación en el asunto C‑800/21 P y condene en costas a la Comisión.

38

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en el asunto C‑800/21 P y condene en costas a las sociedades Infineon.

39

Mediante sus adhesiones a la casación en los asuntos C‑794/21 P y C‑800/21 P, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida.

–

Inadmita los recursos de anulación en los asuntos acumulados T‑233/19 y T‑234/19.

–

En el asunto C‑794/21 P, condene, por una parte, a la República Federal de Alemania al pago de las costas del procedimiento ante el Tribunal de Justicia y, por otra parte, a las sociedades Infineon al pago de las costas del procedimiento ante el Tribunal General.

–

En el asunto C‑800/21 P, condene a las sociedades Infineon a cargar con las costas causadas en ambas instancias.

40

Las sociedades Infineon y la República Federal de Alemania solicitan la desestimación de las adhesiones a la casación y la condena en costas de la Comisión.

41

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2023, se acumularon los asuntos C‑794/21 P y C‑800/21 P a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre las adhesiones a la casación

42

Las adhesiones a la casación formuladas por la Comisión tienen por objeto impugnar la admisibilidad del recurso interpuesto en primera instancia, lo que constituye una cuestión previa a las relativas al fondo planteadas en los recursos de casación principales. Por lo tanto, procede examinar las adhesiones a la casación en primer lugar (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo y otros, C‑461/18 P, EU:C:2020:979, apartado 43).

43

En apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión formula dos motivos.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

44

Mediante el primer motivo formulado en apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho en los apartados 37 a 44 de la sentencia recurrida al adoptar una interpretación amplia del concepto de «publicación» en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo sexto. Así, sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente que cualquier publicación en el Diario Oficial responde a este concepto, con independencia de si es un requisito previo para la entrada en vigor del acto de que se trate con arreglo al artículo 297 TFUE y de si está prevista por el propio Tratado.

45

En primer lugar, aduce que la interpretación del Tribunal General es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tal como esta se desprende de la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión (C‑339/16 P, EU:C:2017:384), apartados 34 a 40, y de los autos de 31 de enero de 2019, Iordăchescu/Parlamento y otros (C‑426/18 P, EU:C:2019:89), apartado 22, y de 5 de septiembre de 2019, Fryč/Comisión (C‑230/19 P, EU:C:2019:685), apartado 15. Estima que, en esa jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha establecido un paralelismo entre los artículos 263 TFUE, párrafo sexto, y 297 TFUE, en el sentido de que la publicación del acto de que se trate solo marca el inicio del plazo de interposición del recurso si es un requisito previo para la entrada en vigor del acto y si está prevista por el propio Tratado.

46

Sostiene que este enfoque se ve confirmado por una interpretación literal, contextual y teleológica del artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

47

En lo que atañe, por una parte, al tenor de esta disposición, la Comisión alega que, en todas las versiones lingüísticas, a excepción de la versión en alemán, los términos «publicación» y «notificación» figuran tanto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, como en el artículo 297 TFUE, lo que demuestra la existencia de un paralelismo entre ambas disposiciones.

48

En lo que respecta, por otra parte, al espíritu y a la finalidad del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, la Comisión considera que los plazos para recurrir fijados en esta disposición forman parte del objetivo de seguridad jurídica. En su opinión, si un justiciable desease impugnar un acto, debería hacerlo, en principio, en el plazo de dos meses a partir del día en que se le haya comunicado la versión definitiva de su contenido. En cambio, en lo relativo a los actos de alcance general que no tienen destinatarios, ese día es el de publicación en el Diario Oficial. Para los actos que designan destinatario, ese día es aquel en que se le notifiquen. Según la Comisión, solo excepcional y subsidiariamente, en el caso de un acto que no deba ser publicado ni notificado, el plazo para recurrir podría iniciarse a partir del momento en que se tenga conocimiento del acto. Concluye que, de este modo, el paralelismo entre los artículos 263 TFUE, párrafo sexto, y 297 TFUE garantiza que la posterior publicación de un acto en el Diario Oficial con fines informativos no conlleve una prórroga de los plazos para recurrir ni, por tanto, inseguridad jurídica.

49

En segundo lugar, alega que la publicación en el Diario Oficial de una decisión de la Comisión por la que se concluya un procedimiento de investigación formal no puede asimilarse a una «publicación» en el sentido del artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo segundo. En consecuencia, no marca el inicio del plazo de interposición del recurso.

50

Aduce, por una parte, que una decisión de este tipo va dirigida al Estado miembro interesado y solo a él se notifica. Sostiene que, de conformidad con el artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo tercero, la decisión entrará en vigor con esa notificación y no con su publicación en el Diario Oficial, que solo pretende informar al público, incluidos los beneficiarios de la ayuda, de los que el Estado miembro de que se trate deberá recuperar la citada ayuda antes incluso de la publicación de la decisión. Por otra parte, considera que dicha publicación no deriva del Tratado FUE, sino del artículo 32 del Reglamento 2015/1589, interpretado a la luz de su considerando 39. En tales circunstancias, estima que, para determinar el inicio del plazo de interposición del recurso del que disponen las empresas beneficiarias para impugnar una decisión por la que se concluya el procedimiento de investigación formal, hay que basarse en el momento en que se tiene conocimiento efectivo de esa decisión. Concluye que, si no se puede demostrar el conocimiento previo, la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial sustituirá, en virtud de una ficción jurídica, al momento en que se tiene conocimiento efectivo.

51

En tercer lugar, la Comisión formula una serie de alegaciones que, a su juicio, corroboran su interpretación del artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

52

En primer término, se basa en el sistema de esta disposición para sostener que la publicación y la notificación de un acto se encuentran en un mismo plano y que el momento en que se tiene conocimiento de ese acto constituye un acontecimiento subsidiario de las dos primeras. En su opinión, rompe esta relación de subsidiariedad la interpretación llevada a cabo por el Tribunal General, ya que, si la publicación en virtud del artículo 32 del Reglamento 2015/1589 equivaliese a una publicación con arreglo al artículo 297 TFUE, apartado 1, el plazo para recurrir debería empezar a computarse —incluso respecto al Estado miembro interesado y a pesar de la notificación— el día de esa publicación.

53

En segundo término, la Comisión considera que la interpretación adoptada por el Tribunal General conduce a una desigualdad de armas entre las empresas de las que se recupera la ayuda y sus competidoras que no han recibido ayuda alguna. Estima que, mientras que las primeras reciben en la práctica una copia de la decisión por parte del Estado miembro interesado, las segundas deben esperar a la publicación de la decisión en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 2015/1589, de modo que los plazos efectivos para recurrir de tales empresas serían diferentes. Añade que esta interpretación conduciría también a una desigualdad entre la Comisión y las empresas de las que debe recuperarse la ayuda. En efecto, para responder al recurso de una empresa beneficiaria, la Comisión dispone de un plazo de dos meses, mientras que, como consecuencia de dicha interpretación, las citadas empresas dispondrían de un plazo más largo para preparar sus recursos.

54

En tercer término, la Comisión estima que el Tribunal General se fundamenta en una interpretación errónea de la sentencia de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo (C‑122/95, EU:C:1998:94). En efecto, sostiene que, a diferencia de la Decisión controvertida, la decisión impugnada en el asunto que dio lugar a esa sentencia no designó destinatario alguno.

55

En cuarto término, aduce que el apartado 39 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General indicó que las sociedades Infineon podían confiar subjetivamente en la publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial, no tiene en cuenta el carácter de orden público de los plazos para recurrir.

56

La República Federal de Alemania y las sociedades Infineon replican que el primer motivo carece de fundamento.

Apreciación del Tribunal de Justicia

57

Mediante el primer motivo formulado en apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión refuta el fundamento de las apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 37 a 44 de la sentencia recurrida. A su juicio, a diferencia de lo declarado por el Tribunal General en esos apartados, el plazo para interponer un recurso de anulación de la Decisión controvertida no se iniciaba, para las sociedades Infineon, el día de la publicación de esa Decisión en el Diario Oficial, sino el día en que esa sociedad tuvo conocimiento efectivo de dicha Decisión.

58

A este respecto, procede señalar que, en los apartados 37 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la excepción de inadmisibilidad de la Comisión basada en la presunta extemporaneidad del recurso de anulación de la Decisión controvertida formulado por las sociedades Infineon.

59

De la lectura conjunta de los apartados 37 a 39 de la citada sentencia se desprende que el Tribunal General estimó que, en el caso de autos, el plazo para recurrir empezaba el día de publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial, que tuvo lugar el 16 de enero de 2019, y que ese plazo se había observado.

60

En apoyo de tal conclusión, el Tribunal General recordó, en el apartado 38 de la referida sentencia, que el criterio de la fecha en que se tiene conocimiento del acto, como inicio del referido plazo, tiene carácter subsidiario respecto de los de publicación o notificación del acto. Pese a subrayar que la publicación no constituía un requisito para que la Decisión controvertida comenzara a producir efecto, señaló, en el apartado 39 de esa sentencia, que dicha Decisión debía publicarse en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589, de modo que las sociedades Infineon podían legítimamente confiar en que la mencionada Decisión sería objeto de publicación.

61

Hay que recordar al respecto que, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, «los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que este haya tenido conocimiento del mismo».

62

Del tenor literal de esta disposición, en particular de las expresiones «según los casos» y «a falta de ello», se desprende con claridad que el inicio del plazo de interposición del recurso se determina en función de la situación de que se trate y que los tres criterios que pueden dar lugar al inicio de ese plazo están jerarquizados.

63

Así pues, el plazo para interponer el recurso de anulación empieza, con carácter principal, a partir de la publicación del acto o de su notificación al demandante. Estos dos criterios principales se sitúan, en el sistema de dicha disposición, en un mismo plano, en el sentido de que ninguno de los referidos criterios es subsidiario con respecto al otro (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, apartado 38).

64

En cambio, como justificadamente indicó el Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida, el criterio de la fecha en que se haya tenido conocimiento del acto recurrido como inicio del plazo de interposición del recurso tiene carácter subsidiario respecto a los de publicación o notificación de ese acto (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo, C‑122/95, EU:C:1998:94, apartado 35), extremo que, por lo demás, no se discute en el presente asunto.

65

En el caso de autos, la Decisión controvertida, que pone fin a un procedimiento de investigación formal de una ayuda de Estado, designaba como destinatario al Estado miembro de que se trata, esto es, la República Federal de Alemania, y le fue notificada, de conformidad con el artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo tercero. Correlativamente, esa Decisión fue publicada en el Diario Oficial, con arreglo al artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589.

66

En tal supuesto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para el destinatario del acto al que debía notificarse, es decir, el Estado miembro de que se trate, el plazo para interponer un recurso de anulación empieza a partir del día de esa notificación, aun cuando el acto también haya sido objeto de publicación en el Diario Oficial (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, apartado 37).

67

En cambio, de una interpretación literal, teleológica y contextual del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se desprende que el plazo para interponer un recurso de anulación empieza, para las demás partes interesadas, como las sociedades Infineon, a partir de la publicación del acto en el Diario Oficial, incluso cuando tal publicación no proceda del artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, sino de una disposición de Derecho derivado, como el artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589.

68

En efecto, procede señalar, en primer término, que el tenor del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se refiere a la «publicación» de los actos en general (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, PPG y SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, apartado 31). Así pues, no asocia a dicho concepto ningún requisito específico, en particular en cuanto al fundamento jurídico de la obligación de publicación.

69

A este respecto, es cierto que, como alega la Comisión, el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que el concepto de «publicación», en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se refiere a una publicación en el Diario Oficial que condiciona la entrada en vigor del acto y que viene establecida en el Tratado FUE (véanse, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, apartado 36, y los autos de 31 de enero de 2019, Iordăchescu/Parlamento y otros, C‑426/18 P, EU:C:2019:89, apartado 22, y de 5 de septiembre de 2019, Fryč/Comisión, C‑230/19 P, EU:C:2019:685, apartado 15).

70

Sin embargo, contrariamente a la posición defendida por la Comisión, no cabe deducir de ello que el concepto de «publicación», en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se limite a tal supuesto.

71

En efecto, los precedentes citados en el apartado 69 de la presente sentencia no pueden interpretarse aisladamente, sino que se integran en una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha interpretado ampliamente el concepto de «publicación», con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo sexto. Así, están comprendidos en este concepto, además del supuesto contemplado en el citado apartado 69, una publicación del acto impugnado en el Diario Oficial que no proceda de una obligación impuesta por el Tratado, sino de una práctica constante de las instituciones de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo, C‑122/95, EU:C:1998:94, apartados 36 y 39) o de una disposición de Derecho derivado, como el artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 (véase, en este sentido, el auto de 25 de noviembre de 2008, S.A.BA.R./Comisión, C‑501/07 P, EU:C:2008:652, apartado 23), o incluso una publicación en el sitio de Internet de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión cuando está prevista en el Derecho derivado (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, PPG y SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, apartados 30 a 32).

72

En segundo término, por lo que respecta a los objetivos del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, los plazos para interponer recursos en virtud de esta disposición son de orden público y no constituyen un elemento discrecional para las partes o para el juez. Han sido establecidos con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión actos de la Unión que surtan efectos jurídicos, así como de evitar cualquier discriminación o cualquier trato arbitrario en la administración de justicia (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1967, Muller-Collignon/Comisión, 4/67, EU:C:1967:51, p. 479, y de 23 de enero de 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, apartado 21, y los autos de 16 de noviembre de 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Comisión, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, apartado 52, y de 31 de enero de 2019, Iordăchescu/Parlamento y otros, C‑426/18 P, EU:C:2019:89, apartado 21).

73

Pues bien, por una parte, en lo relativo a una decisión como la controvertida, que pone fin a un procedimiento de investigación formal de una ayuda de Estado, resulta que, a diferencia de la fecha en que se haya tenido conocimiento de un acto, la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial puede determinarse, en aras de la seguridad jurídica, de manera objetiva y con certeza respecto a todas las partes interesadas a las que no se les haya notificado dicha decisión. Es indiferente a este respecto que estas hayan podido tener conocimiento de dicho acto antes de su publicación.

74

Esto explica además que, en el sistema general del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y en aras de la seguridad jurídica, la fecha en que se publica el acto prime sobre la fecha en que se tiene conocimiento de él, que, como se ha recordado en el apartado 64 de la presente sentencia, es un criterio subsidiario del inicio del plazo de interposición del recurso. Por tanto, no cabe acoger la alegación de la Comisión que sugiere, en realidad, que se invierta la relación entre estos dos criterios contemplados en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

75

Por otra parte, a diferencia de lo alegado por la Comisión, la interpretación adoptada en los apartados 67 y 71 de la presente sentencia también puede evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia y garantizar, de este modo, la igualdad de armas de los beneficiarios de la ayuda de Estado y de las empresas competidoras. En efecto, para todas estas partes interesadas, el plazo para interponer un recurso empieza el mismo día, concretamente el día de la publicación de la decisión en el Diario Oficial. Además, dado que la Comisión es la autora de esa decisión y es responsable de su publicación en el Diario Oficial, no puede invocar válidamente una supuesta desigualdad de armas en su perjuicio.

76

En tercer término, en lo relativo al contexto, la estructura de los Tratados también se opone al paralelismo estricto, sugerido por la Comisión, entre los conceptos de «publicación» empleados en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y en el artículo 297, apartado 2, párrafo segundo, respectivamente. En efecto, basta con señalar, a este respecto, que, si bien estas dos disposiciones están comprendidas en el título I de la sexta parte del Tratado FUE, no regulan el mismo objeto. Mientras que la primera figura en su capítulo 1, dedicado a las instituciones, y, más concretamente, en su sección 5, dedicada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la segunda se enmarca en su capítulo 2, dedicado a los actos jurídicos de la Unión y a sus procedimientos de adopción.

77

Por todas estas razones, hay que concluir que el Tribunal General declaró justificadamente, en los apartados 37 a 44 de la sentencia recurrida, que el plazo para interponer el recurso empezaba, para las sociedades Infineon, el día de publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial.

78

Por tanto, procede desestimar por infundado el primer motivo formulado en apoyo de las adhesiones a la casación.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

79

Mediante el segundo motivo formulado en apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión reprocha al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho en el apartado 42 de la sentencia recurrida.

80

La Comisión estima que, al afirmar, en dicho apartado 42, que «no se ha demostrado que, en el caso de autos, las [sociedades Infineon] tuvieran un conocimiento “fehaciente” de la Decisión [controvertida]» antes de su publicación, el Tribunal General desnaturalizó los hechos y las pruebas. En efecto, a la vista de los datos que presentó ante el Tribunal General, la Comisión considera manifiesto que esas sociedades habían tenido conocimiento de la existencia de la Decisión controvertida antes de su publicación en el Diario Oficial, como muy tarde el 26 de septiembre de 2018.

81

En opinión de la República Federal de Alemania, al no estar fundado el primer motivo de las adhesiones a la casación, el segundo motivo carece de pertinencia para la resolución de los presentes recursos de casación. A juicio de las sociedades Infineon, el segundo motivo es infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

82

En el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que, «en cualquier caso, no se ha demostrado que, en el caso de autos, las [sociedades Infineon] tuvieran un conocimiento “fehaciente” de la Decisión [controvertida]».

83

A este respecto, la expresión «en cualquier caso» indica que este fundamento jurídico de la sentencia recurrida se ha formulado a mayor abundamiento. Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que las alegaciones dirigidas contra fundamentos jurídicos expuestos a mayor abundamiento en una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de la misma y son, por lo tanto, inoperantes (sentencia de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, apartado 55 y jurisprudencia citada).

84

En consecuencia, debe desestimarse por inoperante el segundo motivo formulado en apoyo de las adhesiones a la casación.

85

Por consiguiente, hay que desestimar íntegramente las adhesiones a la casación.

Sobre los recursos de casación principales

86

En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑794/21 P, la República Federal de Alemania, respaldada por las sociedades Infineon, formula un motivo único, que se funda en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1.

87

En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑800/21 P, las sociedades Infineon formulan dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y, el segundo, en desnaturalizaciones del Derecho nacional y de los hechos. La República Federal de Alemania apoya el primer motivo de casación formulado por las sociedades Infineon.

Motivo único de casación en el asunto C‑794/21 P y primer motivo de casación en el asunto C‑800/21 P

88

Mediante el motivo único de casación en el asunto C‑794/21 P y mediante el primer motivo de casación en el asunto C‑800/21 P, respectivamente, la República Federal de Alemania y las sociedades Infineon reprochan al Tribunal General haber infringido el artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que consideró erróneamente que la exención controvertida constituye una ayuda otorgada mediante «fondos estatales», en el sentido de esta disposición.

89

El motivo único de casación formulado por la República Federal de Alemania se divide en tres partes relativas, la primera, al criterio jurídico que permite apreciar la existencia de una medida otorgada mediante «fondos estatales», la segunda, a la existencia de una exacción obligatoria y, la tercera, al control estatal.

90

El primer motivo de casación formulado por las sociedades Infineon puede dividirse en cuatro imputaciones, de las cuales las tres primeras se refieren básicamente al criterio jurídico mencionado en el apartado anterior y, la cuarta, a la existencia de una exacción obligatoria.

Sobre el criterio jurídico que permite apreciar la existencia de una medida otorgada mediante «fondos estatales»

–

Alegaciones de las partes

91

La República Federal de Alemania, mediante la primera parte de su motivo único de casación, y las sociedades Infineon, mediante las tres primeras imputaciones de su primer motivo de casación, reprochan básicamente al Tribunal General haber aplicado un criterio jurídico erróneo para apreciar la naturaleza estatal de los fondos de que se trata.

92

En primer lugar, en sus escritos presentados ante el Tribunal de Justicia, la República Federal de Alemania impugnó los apartados 63 a 65 y 77 de la sentencia recurrida alegando que el Tribunal General había considerado erróneamente que, para determinar la naturaleza estatal o no de los fondos, la existencia de un gravamen obligatorio que recae sobre los consumidores o clientes finales y el control estatal sobre los fondos o sobre los gestores de dichos fondos son dos elementos que «forman parte de una alternativa», de modo que le bastaba comprobar si la tasa controvertida era un gravamen obligatorio asimilable a una exacción parafiscal. Sostiene que se trata, por el contrario, de criterios acumulativos, tal como se desprende de la jurisprudencia resultante, en particular, de las sentencias de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros (C‑206/06, EU:C:2008:413), apartados 66, 69, 70, 72 y 75; de 28 de marzo de 2019, Alemania/Comisión (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), apartado 72; de 15 de mayo de 2019, Achema y otros (C‑706/17, EU:C:2019:407), y de 16 de septiembre de 2021, FVE Holýšov I y otros/Comisión (C‑850/19 P, EU:C:2021:740).

93

Además, para la República Federal de Alemania, esta interpretación del Tribunal General, basada en criterios alternativos, contradice los apartados 98 a 110 de la sentencia recurrida, en los que, en su opinión, dicho Tribunal examinó la existencia de un control estatal, a pesar de que ya hubiese concluido que existía un gravamen obligatorio.

94

En segundo lugar, según la República Federal de Alemania, este enfoque del Tribunal General tampoco se ve corroborado por los artículos 30 TFUE y 110 TFUE, que se refieren esencialmente a la supresión y a la prohibición de las medidas proteccionistas.

95

En tercer lugar, la República Federal de Alemania sostiene que la interpretación del artículo 107 TFUE, apartado 1, de que hay que presumir que toda exacción es de origen estatal, con independencia de los objetivos perseguidos por dicha disposición, es jurídicamente errónea. En su opinión, tal interpretación tendría una consecuencia no prevista por los Tratados, concretamente que cualquier regulación de los precios del mercado daría lugar a la utilización de fondos estatales, por lo que debería ser notificada, de conformidad con el artículo 108 TFUE. Pues bien, estima que esa regulación está comprendida en el ámbito de aplicación de la libre circulación de mercancías y no de las normas relativas a las ayudas de Estado.

96

Por su parte, las sociedades Infineon reprochan al Tribunal General haberse basado erróneamente, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, en dos elementos principales para apreciar el carácter estatal de los fondos, concretamente, por un lado, la existencia de un gravamen obligatorio que recae sobre los consumidores o clientes finales y, por otro lado, el control estatal sobre la gestión del sistema.

97

En apoyo de esta afirmación, las citadas empresas subrayan, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, solo una ayuda cuya financiación «cueste dinero al Estado» constituye una ayuda otorgada mediante «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Por tanto, consideran que no basta con que una medida estatal imponga obligatoriamente la utilización de recursos privados.

98

En segundo lugar, dichas sociedades alegan que el criterio pertinente para distinguir los fondos estatales de los recursos privados lo constituye la existencia de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto del Estado. Sin tal vínculo, una redistribución obligatoria de recursos privados, que vendría impuesta por medidas estatales, no debería incluirse en el concepto de «fondos estatales».

99

En tercer lugar, aducen que la existencia de ese vínculo ha de establecerse caso por caso a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que, a su juicio, el Tribunal General ignoró. Sostienen que, según esta jurisprudencia, dicho vínculo existe cuando el Estado hace uso de prerrogativas de poder público para percibir la contribución obligatoria, por ejemplo cuando fija directamente el importe de esa contribución por ley a los deudores de la citada contribución o establece sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la obligación de pago. Arguyen que también puede apreciarse el vínculo cuando el eventual exceso de los fondos recaudados deba revertirse al presupuesto estatal, cuando el Estado preste una garantía pública o cuando la sociedad gestora de los fondos pertenezca al Estado. En su opinión, por el contrario, no existe un vínculo suficientemente directo entre la contribución obligatoria y el presupuesto estatal cuando el Estado no renuncie a ningún recurso o cuando los gravámenes obligatorios conserven su carácter privado mientras existan. Estiman, por tanto, que, a diferencia de lo declarado por el Tribunal General en el apartado 77 de la sentencia recurrida, no basta un régimen obligatorio legalmente establecido para llegar a la conclusión de la existencia de «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

100

La Comisión considera que la primera parte del motivo único de casación formulado por la República Federal de Alemania es, como tal, inoperante. Alega que las tres primeras imputaciones del primer motivo de casación formulado por las sociedades Infineon solo pretenden exponer su interpretación —por lo demás errónea— de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y deberían ser examinadas junto con la cuarta imputación de este motivo de casación.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

101

La República Federal de Alemania y las sociedades Infineon reprochan básicamente al Tribunal General haber aplicado un criterio jurídico erróneo para determinar si los importes resultantes de la tasa controvertida tienen su origen en «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

102

Según jurisprudencia reiterada, la calificación de «ayuda de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, implica la concurrencia de cuatro requisitos, a saber, que exista una intervención del Estado o «mediante fondos estatales», que esa intervención pueda afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, que confiera una ventaja selectiva a su beneficiario y que falsee o amenace con falsear la competencia (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 31 y jurisprudencia citada).

103

Por lo que respecta al primero de estos requisitos, de reiterada jurisprudencia resulta que una medida puede calificarse de intervención del Estado o de ayuda otorgada «mediante fondos estatales» si, por una parte, la medida se concede directa o indirectamente mediante dichos fondos y, por otra parte, la medida es imputable a un Estado miembro (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 32 y jurisprudencia citada).

104

En lo relativo, más concretamente, al requisito de que la ventaja sea otorgada «mediante fondos estatales», el Tribunal de Justicia, a lo largo de su jurisprudencia, ha establecido dos criterios que permiten determinar que los fondos mediante los que se concede una ventaja tarifaria, en virtud de la legislación nacional, constituyen «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartados 34, 38, 39 y 42).

105

Así pues, en primer lugar, los fondos que se nutren de un impuesto u otras exacciones obligatorias en virtud de la legislación nacional y que son gestionados y distribuidos conforme a dicha legislación constituyen «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 38).

106

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que precisa este criterio, los importes resultantes del suplemento de precio impuesto por el Estado a los compradores de electricidad se asemejan a una tasa que grava la electricidad y tienen su origen en «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Para ser considerados como tales, los fondos deben nutrirse de cotizaciones obligatorias impuestas por la legislación del Estado miembro de que se trate y gestionarse y distribuirse conforme a dicha legislación, con independencia de si el mecanismo de financiación está comprendido, en sentido estricto, en la categoría de exacciones de carácter fiscal en el Derecho nacional. En cambio, no basta con que los gestores de redes repercutan en el precio de venta de la electricidad a sus clientes finales los sobrecostes provocados por su obligación de comprar la electricidad generada a partir de determinadas fuentes de energía a las tarifas fijadas por la ley si dicha compensación no resulta de una obligación legal, sino únicamente de una práctica. En efecto, en tal caso, la exacción no podría considerarse obligatoria (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartados 34 a 37 y jurisprudencia citada).

107

En segundo lugar, el hecho de que las cantidades permanezcan constantemente bajo control público y, por lo tanto, a disposición de las autoridades nacionales competentes basta para que se las califique de «fondos estatales» en el sentido de dicha disposición (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 39 y jurisprudencia citada).

108

Los criterios mencionados en los apartados 105 y 107 de la presente sentencia constituyen criterios alternativos que permiten demostrar que una medida se concede mediante «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 42), como reconoció la República Federal de Alemania en la vista en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia sobre el alcance de la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1).

109

De ello se deduce, en primer término, que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 63 a 65 y 77 de la sentencia recurrida, que el carácter estatal de los fondos, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puede acreditarse mediante dos requisitos alternativos referidos, uno, a la existencia de un gravamen obligatorio que recae sobre los consumidores o clientes finales y, el otro, al control estatal sobre la gestión del sistema y, en particular, sobre los fondos o los gestores de dichos fondos. Habida cuenta de las respuestas dadas por la República Federal de Alemania en la vista, deben desestimarse todas las alegaciones de este Estado miembro dirigidas a impugnar esta apreciación.

110

Además, dado que las sociedades Infineon alegan, en esencia, que el Tribunal General debió aplicar un criterio relativo a la existencia de un vínculo suficientemente directo entre el presupuesto estatal y la tasa controvertida, es preciso declarar que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expuesta en los apartados 105 a 107 de la presente sentencia, ninguna de las alternativas en las que se basó justificadamente el Tribunal General considera tal criterio. En los presentes recursos de casación, estas sociedades únicamente niegan la existencia de un gravamen obligatorio, en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado 105 de la presente sentencia, existencia que debe apreciarse a la luz de los datos puestos de manifiesto en su apartado 106. Estos datos fueron determinados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reproducida en los apartados 55 a 62 de la sentencia recurrida y recordados en los apartados 34 a 37 de la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1), lo cual no ha sido específicamente cuestionado en los presentes recursos de casación. Pues bien, las sociedades Infineon no demuestran y ni siquiera alegan que el Tribunal General no tuviera debidamente en cuenta tales datos. En cualquier caso, es preciso añadir que, como se desprende de los apartados 77 y 78 de la sentencia recurrida, el Tribunal General sí trató de comprobar, sobre la base de esa jurisprudencia, si la tasa controvertida venía impuesta por el Estado y si se repercutía íntegramente, mediante una obligación legal, sobre los deudores últimos de dicha tasa.

111

En segundo término, a diferencia de lo que aduce la República Federal de Alemania, no puede reprocharse al Tribunal General haber considerado oportuno examinar, en los apartados 98 a 110 de la sentencia recurrida, la existencia de un control estatal sobre los fondos recaudados en concepto de la tasa controvertida o sobre los gestores de red, tras haber declarado, en el apartado 97 de dicha sentencia, la existencia de una exacción parafiscal o de un gravamen obligatorio que implicaba la utilización de fondos estatales.

112

Es cierto que el Tribunal General hubiese podido prescindir de este examen referido a la existencia de un control estatal, habida cuenta de la naturaleza alternativa de los dos criterios que examinó. Sin embargo, nada se opone a que, especialmente en aras de la buena administración de la justicia, el Tribunal General prosiga su razonamiento formulando consideraciones a mayor abundamiento —en el caso de autos, las relativas a la existencia de un control estatal—, como hizo el Tribunal de Justicia en el apartado 41 de la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1).

113

En tercer término, dado que la República Federal de Alemania alega que sería contrario a los objetivos del artículo 107 TFUE, apartado 1, presumir que cualquier exacción tiene origen estatal, su alegación se basa en una premisa incorrecta y en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.

114

En efecto, por una parte, como se desprende del apartado 105 de la presente sentencia, no son los fondos que se nutren de cualquier exacción, sino únicamente los que se obtienen de una exacción obligatoria, establecida por la legislación nacional, gestionada y distribuida conforme a dicha legislación, los que pueden constituir «fondos estatales» en el sentido de la citada disposición. Por otra parte, como se indica en el apartado 110 de la presente sentencia, el Tribunal General se dedicó precisamente a comprobar, como resulta de los apartados 77 y 78 de la sentencia recurrida, si la tasa controvertida venía impuesta por el Estado y si se repercutía íntegramente, mediante una obligación legal, sobre los deudores últimos de dicha tasa.

115

En cuarto término, por lo que respecta a la alegación formulada por la República Federal de Alemania en relación con los artículos 30 TFUE y 110 TFUE, procede señalar que, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal General tuvo en cuenta, en un fundamento jurídico expuesto a mayor abundamiento e introducido por la locución adverbial «por otra parte», la jurisprudencia correspondiente a estas disposiciones. De ello dedujo que la condición del deudor de la tasa resulta irrelevante, siempre que esta haya gravado el producto de que se trata o una actividad necesaria en relación con ese producto. Añadió que el elemento decisivo está constituido entonces por el hecho de que las entidades que hayan recaudado la tasa no estén meramente sujetas a una obligación de compra utilizando sus propios recursos financieros, sino que hayan recibido del Estado el encargo de gestionar un recurso estatal.

116

Dado que este apartado enuncia un fundamento jurídico expuesto a mayor abundamiento, la alegación que lo critica es inoperante.

117

En cualquier caso, hay que estimar que el Tribunal General no se refirió a la jurisprudencia relativa a los artículos 30 TFUE y 110 TFUE para apreciar la tasa controvertida a la luz de estas disposiciones, sino para corroborar su análisis de dicha tasa conforme al artículo 107 TFUE, apartado 1. Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal General haber confundido los distintos regímenes jurídicos resultantes, respectivamente, de las dos primeras de esas disposiciones del Tratado FUE y de la tercera de ellas.

118

De las consideraciones anteriores resulta que la primera parte del motivo único de casación formulado por la República Federal de Alemania y las tres primeras imputaciones del primer motivo de casación formulado por las sociedades Infineon deben desestimarse por ser, en parte, inoperantes y, en parte, infundadas.

Sobre la existencia de una exacción obligatoria

–

Alegaciones de las partes

119

La República Federal de Alemania, mediante la segunda parte de su motivo único de casación, y las sociedades Infineon, mediante la cuarta imputación de su primer motivo de casación, alegan, en esencia, que, en los apartados 78 a 97 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 107 TFUE, apartado 1, al calificar la tasa controvertida de exacción parafiscal o de gravamen obligatorio que implica la utilización de «fondos estatales» en el sentido de dicha disposición.

120

La República Federal de Alemania alega, por un lado, que, en particular en los apartados 78, 83, 84 y 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró equivocadamente que la relación entre el proveedor y el consumidor final de electricidad no era determinante para llegar a la conclusión de la existencia de un gravamen obligatorio, sobre la base errónea de que la tasa controvertida no se percibe sobre el consumo de electricidad, sino sobre la utilización de la red. Por otro lado, considera que, en los apartados 85 y 87 a 90 de dicha sentencia, el Tribunal General se refirió equivocadamente, y sin motivación alguna, a la obligación de percepción y dedujo erróneamente de ello una obligación de pago de la tasa controvertida establecida por la ley nacional. Estima que, si no existe obligación legal de pago de dicha tasa, esta solo se habría podido percibir con arreglo a las normas de Derecho civil. Concluye afirmando que el razonamiento del Tribunal General para llegar a tal apreciación y a tal deducción contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

121

Las sociedades Infineon estiman que el Tribunal General consideró erróneamente que la tasa controvertida era un fondo estatal, a pesar de que dicha tasa no presenta un vínculo suficientemente directo con el presupuesto estatal y, por consiguiente, sigue siendo un recurso privado.

122

Así, en primer término, aducen que no existe ningún gravamen obligatorio que venga impuesto por un acto de poder público ni ninguna obligación legal de pago que recaiga sobre el deudor de la tasa controvertida. Alegan que, hasta el año 2012, los gestores de red no estaban obligados, sino que sencillamente tenían derecho a percibir la tasa. A partir de ese año, la percepción de dicha tasa vino regulada, exclusivamente, por la Decisión BNetzA de 2011, que, en su opinión, no crea ninguna obligación legal de pago. Consideran que, mediante esta Decisión, el Estado solo interviene indirectamente en la relación de Derecho civil entre los gestores de red y los usuarios de la red. Añaden que, al no ser tales usuarios destinatarios de dicha Decisión, no están vinculados por ella. Por lo demás, sostienen que no pueden ser asimilados a consumidores finales de electricidad. Por tanto, concluyen que la tasa controvertida, percibida en una fase intermedia, no constituye un gravamen obligatorio para el consumidor final de electricidad. Alegan que, en el apartado 84 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no tuvo en cuenta la importancia de repercutir esa tasa al mencionado consumidor final.

123

En segundo término, reprochan al Tribunal General haber concluido erróneamente, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, que la invalidez de la Decisión BNetzA de 2011 no era determinante por haberse aplicado efectivamente. Sostienen que, sin base jurídica en Derecho alemán, tal Decisión nunca fue válida, ya que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) la anuló con efectos retroactivos al día de su adopción. Pues bien, estiman que solo unas medidas estatales válidas permitirían establecer un vínculo con el presupuesto estatal. Tal vínculo no puede establecerse únicamente en virtud de los efectos producidos por la Decisión BNetzA de 2011. Por lo demás, imputan al Tribunal General haber considerado erróneamente extemporánea su alegación, basada en la nulidad de esa Decisión y presentada en su respuesta a las preguntas del Tribunal General.

124

En tercer término, sostienen que el importe de la tasa controvertida no viene impuesto por el Estado, sino que lo deben calcular los gestores de red privados por su cuenta y riesgo. Alegan que, como declaró el Tribunal General en el apartado 95 de la sentencia recurrida, la Comisión ha reconocido que los gestores de red soportaban las pérdidas derivadas de los créditos incobrables en caso de insolvencia del usuario de la red. Pues bien, concluyen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que este aspecto no es esencial para determinar si se han comprometido fondos estatales.

125

En cuarto término, estiman que la tasa controvertida conserva su carácter privado mientras exista. En su opinión, los gestores de red la perciben en virtud del contrato de utilización de la red, que se rige por una relación de Derecho privado. Arguyen que no está prevista sanción administrativa alguna en caso de impago de la tasa. A su juicio, el Estado no presta garantía pública alguna en caso de impago o en el supuesto de que los recursos recaudados sean insuficientes para cubrir las exenciones de las tarifas de acceso a la red. Sostienen que el Estado carece de la facultad de disponer directa o indirectamente de los importes percibidos y se limita, en cambio, a supervisar que dicha tasa sea utilizada conforme a Derecho.

126

La Comisión replica que las alegaciones formuladas por la República Federal de Alemania se basan en una interpretación errónea de la sentencia recurrida y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que, en cualquier caso, son inoperantes. Estima que la cuarta imputación del primer motivo de casación formulado por las sociedades Infineon es, en parte, inoperante y, en cualquier caso, infundada.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

127

Con carácter preliminar, procede señalar que la cuarta imputación del primer motivo de casación formulado por las sociedades Infineon es inoperante. En efecto, mediante esta imputación, dichas sociedades rebaten básicamente las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General relativas a la existencia de un impuesto o de otras exacciones obligatorias, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 105 de la presente sentencia. En cambio, en el recurso de casación del asunto C‑800/21 P, dichas sociedades en modo alguno refutan las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General relativas a la existencia de control estatal, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 107 de esta sentencia. Pues bien, habida cuenta del carácter alternativo de estos dos criterios, puesto de manifiesto en el apartado 108 de la presente sentencia, la existencia de un control estatal basta por sí sola para justificar la conclusión de que la tasa controvertida implica la utilización de fondos estatales, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

128

Dicho esto, las sociedades Infineon, en su escrito de contestación presentado en el asunto C‑794/21 P, reiteraron, en esencia, los argumentos que subyacen a su cuarta imputación formulada en apoyo del primer motivo de su recurso de casación en el asunto C‑800/21 P. Pues bien, en el asunto C‑794/21 P no puede desestimarse de entrada por inoperante la segunda parte del motivo único de casación de la República Federal de Alemania, relativa a la existencia de un impuesto o de otras exacciones obligatorias, dado que, mediante la tercera parte de este motivo de casación, dicho Estado miembro también impugna las apreciaciones relativas a la existencia de control estatal. En estas circunstancias, hay que tener en cuenta los argumentos formulados por las sociedades Infineon en el asunto C‑794/21 P.

129

Con carácter principal, procede recordar que, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 105 de la presente sentencia, los fondos que se nutren de un impuesto u otras exacciones obligatorias en virtud de la legislación nacional y que son gestionados y distribuidos conforme a dicha legislación constituyen «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

130

En el caso de autos, tras haber evaluado, en los apartados 78 a 96 de la sentencia recurrida, la tasa controvertida, el Tribunal General concluyó, en el apartado 97 de la citada sentencia, que esa tasa implicaba la utilización de fondos estatales. En apoyo de esta conclusión, señaló que la Decisión BNetzA de 2011 imponía a los gestores de redes de distribución la obligación de percibir la tasa controvertida de los usuarios de la red y de transferir los ingresos correspondientes a los gestores de redes de transporte. También estimó que el mecanismo de esa tasa garantizaba a los gestores de red la compensación íntegra de la reducción de ingresos que sufrían debido a la exención controvertida, ya que el importe de dicha tasa se adaptaba al importe de los fondos exigidos en virtud de la referida exención. Subrayó además que este importe se determinaba con arreglo a una metodología fijada en la Decisión BNetzA de 2011 y precisó que, para el año 2012, dicha Decisión fijó el importe inicial de esa tasa.

131

La República Federal de Alemania y las sociedades Infineon rebaten estas apreciaciones mediante cuatro series de alegaciones.

132

En primer lugar, procede examinar la alegación con la que las sociedades Infineon reprochan al Tribunal General haber deducido la obligación de percibir la tasa controvertida de la Decisión BNetzA de 2011, a pesar de que esta Decisión había sido declarada nula por los tribunales alemanes.

133

A este respecto, en primer término, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la alegación basada en la ineficacia de la Decisión BNetzA de 2011 le fue formulada extemporáneamente.

134

Esta apreciación no adolece de ningún error de Derecho.

135

En efecto, consta que las sociedades Infineon no plantearon esta alegación ante el Tribunal General hasta la fase de respuesta a las preguntas de dicho Tribunal. La mencionada alegación tampoco puede considerarse una ampliación del motivo único formulado en la demanda en primera instancia basado en la inexistencia de «ayuda de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que este motivo no cuestionaba la existencia, como tal, de efectos producidos por la Decisión BNetzA de 2011, sino que pretendía criticar las apreciaciones que la Comisión extrajo de dicha Decisión. En consecuencia, el Tribunal General aplicó correctamente lo dispuesto en el artículo 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento al declarar inadmisible esta alegación por extemporánea.

136

En segundo término, en cualquier caso, procede señalar que las alegaciones mencionadas en el apartado 132 de la presente sentencia no pueden prosperar.

137

En efecto, ni la eventual ilegalidad de un régimen de ayudas, en particular a la luz del Derecho nacional, ni su anulación lo privan de su carácter de «ayuda de Estado», ya que, a pesar de esa ilegalidad o anulación, tal régimen ha producido efectos en la práctica (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de marzo de 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, apartado 38, y de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P y C‑165/15 P, EU:C:2016:990, apartado 69), como justificadamente declaró el Tribunal General, en esencia, en el apartado 75 de la sentencia recurrida. Por lo demás, como también señaló acertadamente el Tribunal General en ese apartado, la efectividad de las normas en materia de ayudas de Estado quedaría considerablemente mermada si su aplicación pudiera excluirse por el mero hecho de que una medida de ayuda, que en la práctica fue aplicada, fuera declarada posteriormente nula ab initio. Así pues, es irrelevante al respecto que la eventual anulación del régimen de ayudas sea retroactiva, puesto que, durante cierto período, el régimen se aplicó efectivamente en la práctica (véase, por analogía, la sentencia de 6 de noviembre de 2012, Comisión/Hungría, C‑286/12, EU:C:2012:687, apartados 44 y 45).

138

En segundo lugar, la República Federal de Alemania y las sociedades Infineon alegan que el Tribunal General apreció equivocadamente la existencia de una obligación de pago de la tasa controvertida a cargo de los consumidores finales, en cuya definición se incluyó erróneamente a los usuarios de la red.

139

En primer término, por lo que respecta a la identificación de los deudores últimos de la tasa controvertida, el Tribunal General estimó, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, que dicha tasa solo afectaba a la relación entre los gestores de red y los usuarios de la red, dado que esta tasa no se percibe como consecuencia del consumo de electricidad, sino de la utilización de la red. De ello dedujo, en el apartado 84 de la citada sentencia, que la cuestión de si los proveedores de electricidad se veían obligados a su vez a repercutir dicha tasa a los consumidores finales de electricidad no era pertinente. En su opinión, los deudores últimos de la tasa eran efectivamente los usuarios de la red, es decir, los propios proveedores y los consumidores finales directamente conectados a la red, y no los demás consumidores finales.

140

A este respecto, la consideración de que la tasa controvertida se percibe como consecuencia de la utilización de la red y de que los usuarios de la red deben ser tenidos por consumidores finales depende de una apreciación fáctica. Pues bien, no corresponde al Tribunal de Justicia controlar esa apreciación, a falta de alegaciones de desnaturalización.

141

En efecto, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y para valorar las pruebas. La apreciación de tales hechos y la valoración de las pruebas no constituyen una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados (sentencia de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartado 46 y jurisprudencia citada).

142

En segundo término, por lo que respecta a la existencia de una obligación de pago por parte de los usuarios de la red, de los apartados 85 y 87 a 89 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General acogió las apreciaciones de la Comisión según las cuales la Decisión BNetzA de 2011 imponía a los gestores de redes de distribución la obligación de percibir y repercutir la tasa controvertida y que la referida Decisión preveía transferir mensualmente los ingresos procedentes de dicha tasa a los diferentes gestores de redes de transporte. Concluyó de ello que la tasa controvertida, introducida por una autoridad administrativa mediante una medida reglamentaria, tenía carácter obligatorio para los usuarios de la red.

143

Por tanto, de las apreciaciones fácticas efectuadas por el Tribunal General, que no corresponde controlar al Tribunal de Justicia, se desprende que la Decisión BNetzA de 2011 obligaba a los gestores de redes de distribución a percibir la tasa controvertida de los usuarios de la red. Es pacífico asimismo, a la vista de las apreciaciones fácticas realizadas por el Tribunal General en los apartados 12, 67 y 94 de la sentencia recurrida, que no corresponde al Tribunal de Justicia controlar, que esa Decisión establecía el método con arreglo al cual los gestores de redes de transporte debían determinar el importe de la tasa controvertida cada año.

144

Pues bien, a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 106 de la presente sentencia, se debe considerar que los importes resultantes de una exacción obligatoria que, como la tasa controvertida, viene impuesta por una medida reglamentaria que identifica a las entidades, aunque sean privadas, encargadas de percibir dicha exacción de unos deudores igualmente identificados por la medida y que define el método, aunque sea general, que permite determinar el importe de la exacción y su adaptación anual tienen su origen en «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En particular, dado que esa exacción surge de una medida reglamentaria, que obliga a los gestores de red a percibirla, no puede afirmarse que proceda de una mera práctica.

145

A este respecto, es indiferente que la medida reglamentaria establezca únicamente la obligación de percibir la tasa controvertida a cargo de los gestores de red, sin identificar expresamente una obligación de pago de dicha tasa por parte de los usuarios de la red. El efecto útil de la obligación legal de percibir la citada tasa implica necesariamente, en efecto, una obligación simétrica de pago de la tasa por sus deudores.

146

De lo anterior se desprende asimismo que el hecho de que una exacción como la tasa controvertida se perciba a un «nivel intermedio», sin que los proveedores de electricidad la repercutan obligatoriamente a sus clientes finales, no es un elemento decisivo para calificar esa tasa de impuesto o exacción obligatoria, en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado 105 de la presente sentencia.

147

Además, puesto que las sociedades Infineon arguyen que no existía obligación alguna de percibir la tasa controvertida antes del año 2012, basta con señalar que, como se desprende del apartado 24 de la presente sentencia, la Decisión controvertida se refiere únicamente al período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013.

148

En tercer lugar, por lo que respecta a la compensación de los costes generados por la exención controvertida, por una parte, el Tribunal General, al referirse a la Decisión BNetzA de 2011, acogió, en los apartados 91, 92 y 95 de la sentencia recurrida, la apreciación realizada por la Comisión en la Decisión controvertida según la cual el mecanismo de la tasa controvertida garantizaba a los gestores de red la compensación íntegra de la reducción de ingresos que sufrían debido a la exención controvertida, ya que el importe de dicha tasa se adaptaba al de los fondos exigidos en virtud de tal exención.

149

Pues bien, la apreciación de que el método de determinación del importe de la tasa controvertida previsto en la Decisión BNetzA de 2011 debía permitir cubrir todos los costes vinculados a la exención controvertida depende de una apreciación fáctica del Tribunal General que, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 141 de la presente sentencia, no corresponde al Tribunal de Justicia controlar en la fase de casación, al no haberse alegado desnaturalización.

150

Por otra parte, en lo que respecta a la pérdida de ingresos debida a una insolvencia que soportan económicamente los gestores de redes de distribución, el Tribunal General consideró, en el apartado 95 de la sentencia recurrida, que tal pérdida no constituye una pérdida de ingresos a efectos del régimen en cuestión y está justificada por el hecho de que las relaciones entre los gestores de red y los deudores últimos de la tasa controvertida son relaciones de Derecho privado.

151

Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que los fondos que se nutren de cotizaciones obligatorias impuestas por la legislación del Estado y que se gestionan y distribuyen conforme a dicha legislación han de considerarse «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, aun cuando sean gestionados por entidades distintas de la autoridad pública (sentencias de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros, C‑262/12, EU:C:2013:851, apartado 25, y de 15 de mayo de 2019, Achema y otros, C‑706/17, EU:C:2019:407, apartado 54).

152

Por tanto, y siempre que tales entidades, al igual que los gestores de red, estén sometidas a la obligación de percibir las exacciones controvertidas, el hecho de que las relaciones entre dichos gestores y los deudores últimos de la tasa controvertida sean relaciones de Derecho privado no impide considerar que los fondos que se nutren de esa tasa sean fondos estatales. Lo mismo cabe decir del hecho de que las pérdidas de ingresos, incluidos los impagos de la tasa controvertida, las soporten, en caso de insolvencia, los mencionados gestores. De cualquier modo, las sociedades Infineon no han formulado ninguna alegación dirigida, específicamente, a demostrar que la consideración del Tribunal General de que tales pérdidas no constituyen una pérdida de ingresos a efectos del régimen controvertido adolece de un error de Derecho.

153

En cuarto lugar, por lo que respecta a las alegaciones de las sociedades Infineon basadas en que no existe sanción o garantía pública en caso de impago de la tasa controvertida y en que el Estado carece de la facultad de disponer directamente de los importes recaudados, basta con indicar que, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 106 de la presente sentencia, tales elementos no son estrictamente indispensables para apreciar la existencia de un impuesto o de exacciones obligatorias que impliquen el uso de fondos estatales, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 105 de esta sentencia.

154

A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundada la segunda parte del motivo único de casación formulado por la República Federal de Alemania, apoyada por las sociedades Infineon. La cuarta imputación del primer motivo de casación formulado por las sociedades Infineon es inoperante, de modo que este motivo de casación ha de ser íntegramente desestimado.

Sobre el control estatal

–

Alegaciones de las partes

155

Mediante la tercera parte de su motivo único de casación, la República Federal de Alemania reprocha básicamente al Tribunal General haber cometido un error de Derecho al declarar que existe control estatal sobre los fondos procedentes de la tasa controvertida.

156

La Comisión estima que esta parte es infundada y, en cualquier caso, inoperante.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

157

Como se desprende de la jurisprudencia citada en los apartados 104 a 108 de la presente sentencia, la existencia de un impuesto u otras exacciones obligatorias en virtud de la legislación nacional gestionados y distribuidos conforme a dicha legislación y la existencia de un control estatal sobre las cantidades en cuestión son dos criterios alternativos que permiten identificar «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

158

En el caso de autos, el Tribunal General declaró, en el apartado 97 de la sentencia recurrida, que la tasa controvertida constituía una exacción parafiscal o un gravamen obligatorio que implicaba el uso de «fondos estatales», en el sentido de dicha jurisprudencia. Como se desprende de los apartados 127 a 154 de la presente sentencia, la República Federal de Alemania no ha logrado demostrar que esta apreciación del Tribunal General adolezca de error de Derecho.

159

Pues bien, dicha apreciación basta, por sí sola, para considerar que la medida en cuestión se otorgaba mediante «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, sin que sea necesario examinar si las cantidades en cuestión estaban bajo control estatal.

160

Por tanto, la tercera parte del motivo único de casación de la República Federal de Alemania es inoperante.

161

De todas las consideraciones anteriores se desprende que debe ser íntegramente desestimado el motivo único formulado en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑794/21 P por ser, en parte, inoperante y, en parte, infundado.

Segundo motivo de casación en el asunto C‑800/21 P

Alegaciones de las partes

162

Las sociedades Infineon alegan que el Tribunal General desnaturalizó los hechos y el Derecho nacional en varias ocasiones.

163

En primer lugar, a diferencia de lo que se afirma en los apartados 12, 66, 93 y 99 de la sentencia recurrida, sostienen que la BNetzA no fijó el importe de la tasa controvertida. Por el contrario, consideran que los gestores de red determinan esta tasa, como se desprende de los considerandos 61, 75 y 123 de la Decisión controvertida.

164

Alegan, en segundo lugar, que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en el apartado 92 de la sentencia recurrida, la BNetzA no impuso a los gestores de redes de transporte un método muy minucioso de cálculo de dicha tasa. En su opinión, la Decisión BNetzA de 2011 solo contiene a este respecto exigencias muy genéricas, como se desprende de los considerandos 61, 75 y 123 de la Decisión controvertida.

165

En tercer lugar, sostienen que, a diferencia de lo apreciado en los apartados 93, 99 y 106 y siguientes de la sentencia recurrida, las pérdidas de ingresos de los gestores de red derivadas de las exenciones de las tarifas de acceso a la red no se financian íntegramente con la tasa controvertida. Estiman que el Tribunal General no tuvo en cuenta, a este respecto, el hecho de que la Decisión BNetzA de 2011 solo aborda las medidas de recuperación en relación con los usuarios de la red insolventes que no cumplen los requisitos para la exención de las tarifas de acceso a la red. En cambio, aducen que los gestores de red soportan las consecuencias del impago de la tasa controvertida por parte de los usuarios de la red.

166

En cuarto lugar, arguyen que, contrariamente a lo que afirma el Tribunal General en el apartado 85 de la sentencia recurrida, los gestores de red no están obligados a percibir la tasa controvertida con arreglo al Derecho nacional. Alegan, por una parte, que la Decisión BNetzA de 2011 fue declarada nula y no pudo producir efectos jurídicos. Por otra parte, en virtud del Derecho nacional, esta Decisión no puede producir efecto alguno con respecto a los usuarios de la red.

167

La Comisión considera que este motivo de casación debe ser desestimado por ser manifiestamente infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

168

Como se ha recordado en el apartado 141 de la presente sentencia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Dado que el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y para valorar las pruebas, la apreciación de tales hechos y la valoración de las pruebas no constituyen una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados.

169

De este modo, en lo que atañe al examen en el marco de un recurso de casación de las apreciaciones del Tribunal General por lo que respecta al Derecho nacional, que en el ámbito de las ayudas de Estado constituyen apreciaciones de hechos, el Tribunal de Justicia solo es competente para verificar si se ha producido una desnaturalización de ese Derecho (sentencias de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, apartado 79, y de 14 de diciembre de 2023, Comisión/Amazon.com y otros, C‑457/21 P, EU:C:2023:985, apartado 20 y jurisprudencia citada). Una desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, apartado 80).

170

Además, cuando un recurrente alega una desnaturalización de los hechos o de los elementos de prueba por parte del Tribunal General, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia lo obligan a indicar con precisión los elementos de prueba que en su opinión desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización (sentencias de 30 de noviembre de 2016, Comisión/Francia y Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, apartado 99, y de 28 de abril de 2022, Yieh United Steel/Comisión, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, apartado 53).

171

En el caso de autos, hay que señalar que, si bien, mediante su segundo motivo de casación, las sociedades Infineon reprochan al Tribunal General varias desnaturalizaciones de determinados elementos de Derecho nacional y de hechos, se limitan a citar las afirmaciones reproducidas en los apartados 163 a 166 de la presente sentencia. Sin la menor explicación ni demostración, alegan, de este modo, supuestas contradicciones entre las afirmaciones del Tribunal General y las afirmaciones que figuran en la Decisión controvertida o el contenido de la Decisión BNetzA de 2011. Unas afirmaciones tan vagas no bastan para demostrar la existencia de desnaturalización.

172

De ello se deduce que procede desestimar el segundo motivo formulado en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑800/21 P por ser manifiestamente infundado.

173

Por consiguiente, al haber sido desestimados todos los motivos formulados en apoyo de los recursos de casación principales en los asuntos C‑794/21 P y C‑800/21 P, procede desestimar dichos recursos de casación en su totalidad.

Costas

174

Con arreglo al artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartados 1 y 2, de ese Reglamento, aplicables al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte, y que, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal de Justicia decidirá sobre el reparto de las costas.

175

En el caso de autos, se han desestimado todas las pretensiones de la República Federal de Alemania y de las sociedades Infineon relativas, respectivamente, al recurso de casación principal en el asunto C‑794/21 P y al recurso de casación principal en el asunto C‑800/21 P, al tiempo que se han desestimado todas las pretensiones de la Comisión referidas a las adhesiones a la casación en esos asuntos.

176

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que se hará una justa apreciación de las circunstancias del caso de autos decidiendo que cada parte cargue con sus propias costas.

1)

Desestimar los recursos de casación principales y las adhesiones a la casación.

2)

La República Federal de Alemania, Infineon Technologies Dresden GmbH & Co. KG, Infineon Technologies AG y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.