1

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑795/21 P, WEPA Hygieneprodukte GmbH y WEPA Deutschland GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades WEPA») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021, Wepa Hygieneprodukte y otros/Comisión (T‑238/19, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:648), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación de la Decisión (UE) 2019/56 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, sobre la ayuda estatal SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de Alemania para consumidores de carga de banda, según el artículo 19 del StromNEV (DO 2019, L 14, p. 1) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

2

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑796/21 P, la República Federal de Alemania solicita la anulación de la sentencia recurrida.

3

Mediante sus adhesiones a la casación, formuladas, respectivamente, en los asuntos C‑795/21 P y C‑796/21 P, la Comisión Europea también solicita la anulación de la sentencia recurrida.

Marco jurídico

4

A tenor del considerando 39 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9):

5

El artículo 1, letra h), de este Reglamento dispone:

6

El artículo 32 de dicho Reglamento, titulado «Publicación de las decisiones», establece lo siguiente en su apartado 3:

Antecedentes del litigio y Decisión controvertida

7

Los antecedentes del litigio, tal como se exponen en los apartados 1 a 22 de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo.

Sobre las medidas legislativas y reglamentarias controvertidas

Sobre el sistema de tarifas de acceso a la red antes de la introducción de las medidas controvertidas

8

El artículo 21 de la Energiewirtschaftsgesetz (Ley del Sector Energético), en su versión modificada por la Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften (Ley de Revisión de las Disposiciones en Materia de Energía), de 26 de julio de 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1554), pero antes de las modificaciones introducidas por la Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes (Ley de Desarrollo del Mercado Eléctrico), de 26 de julio de 2016 (BGBl. 2016 I, p. 1786) (en lo sucesivo, «EnWG 2011»), disponía, en particular, que las tarifas de acceso a la red debían ser razonables, no discriminatorias y transparentes y debían calcularse sobre la base de los costes de un funcionamiento eficiente de la red.

9

El artículo 24 de la EnWG 2011 autorizaba al Gobierno federal alemán a establecer por decreto disposiciones detalladas, por una parte, sobre la definición del método para determinar las tarifas de acceso a la red y, por otra parte, sobre la regulación de los casos especiales de uso de la red, así como las condiciones en las que la autoridad reguladora podía aprobar o prohibir tarifas individuales de acceso a la red.

10

El artículo 17 del Stromnetzentgeltverordnung (Decreto Federal sobre Tarifas de Acceso a la Red Eléctrica), de 25 de julio de 2005 (BGBl. 2005 I, p. 2225; en lo sucesivo, «StromNEV 2005»), define el método de cálculo que deben utilizar los gestores de red para determinar las tarifas generales. Se trata de un método en dos fases que consiste, en primer lugar, en determinar uno por uno los elementos de coste anuales de todas las redes y, posteriormente, en calcular las tarifas generales sobre la base de los costes anuales totales de la red.

11

La determinación de las tarifas generales tiene en cuenta los dos elementos siguientes: la «función de simultaneidad», que refleja la probabilidad de que la toma individual de un usuario contribuya a la carga máxima anual del nivel de red respectivo, y el límite máximo de ingresos por gestor, fijado por la Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes, Alemania; en lo sucesivo, «BNetzA») sobre la base de la evaluación comparativa con otros gestores de red, destinado a evitar que los costes derivados de las faltas de eficiencia puedan compensarse con las tarifas de acceso a la red.

12

El artículo 19 del StromNEV 2005 establece tarifas individuales para aquellas categorías de usuarios cuyo perfil de consumo y carga son muy diferentes a los de los demás usuarios (en lo sucesivo, «usuarios atípicos»). Estas tarifas tienen en cuenta, de conformidad con el principio de que las tarifas de acceso a la red reflejarán los costes de la red, la contribución de estos usuarios atípicos para reducir o evitar el aumento de tales costes.

13

A este respecto, el artículo 19, apartado 2, del StromNEV 2005 introduce tarifas individuales para las dos categorías siguientes de usuarios atípicos:

–

los usuarios cuya contribución de carga máxima difiere de un modo previsiblemente significativo de la carga máxima anual simultánea de todos los demás usuarios de la red conectados al mismo nivel de red, es decir, los usuarios que consumen sistemáticamente electricidad fuera de las horas de máxima carga (en lo sucesivo, «consumidores anticíclicos»), y

–

los usuarios de la red con una compra anual de electricidad de al menos 7 000 horas de uso y más de 10 gigavatios/hora (en lo sucesivo, «consumidores de carga de banda»).

14

Hasta su modificación por la EnWG 2011, el StromNEV 2005 establecía que los consumidores anticíclicos y los consumidores de carga de banda estaban sujetos a tarifas individuales que se calculaban según el «método de la ruta física», elaborado por la BNetzA. Dicho método tenía en cuenta los costes de red generados por los consumidores anticíclicos y por los consumidores de carga de banda, con una tarifa mínima equivalente al 20 % de las tarifas generales publicadas (en lo sucesivo, «tarifa mínima»). Esta última garantizaba una retribución por la explotación de la red a la que dichos consumidores estaban conectados en el supuesto de que las tarifas individuales calculadas según el método de la ruta física hubieran sido inferiores a esa tarifa mínima o incluso cercanas a cero.

Sobre las medidas controvertidas

15

Con arreglo al artículo 19, apartado 2, frases segunda y tercera, del StromNEV 2005, en su versión modificada por la EnWG 2011, a partir del 1 de enero de 2011, fecha de aplicación retroactiva de esta disposición, las tarifas individuales para los consumidores de carga de banda fueron suprimidas y sustituidas por una exención total de las tarifas de acceso a la red (en lo sucesivo, «exención controvertida»), concedida mediante aprobación de la autoridad reguladora competente, esto es, la BNetzA o la autoridad reguladora del estado federado de que se tratara. El coste de esa exención recaía sobre los gestores de redes de transporte y sobre los gestores de redes de distribución según el nivel de red al que estuvieran conectados los beneficiarios.

16

De conformidad con el artículo 19, apartado 2, frases sexta y séptima, del StromNEV 2005, en su versión modificada por la EnWG 2011, los gestores de redes de transporte estaban obligados a reembolsar a los gestores de redes de distribución la reducción de ingresos resultante de la exención controvertida y debían compensar entre ellos los costes derivados de esa exención, mediante una compensación financiera con arreglo al artículo 9 de la Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (Ley de Cogeneración de Electricidad y Calor), de 19 de marzo de 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1092), de modo que cada uno asumía la misma carga financiera calculada según la cantidad de electricidad que suministraba a los consumidores finales conectados a su red.

17

A partir de 2012, la decisión de la BNetzA de 14 de diciembre de 2011 (BK8‑11‑024) (en lo sucesivo, «Decisión BNetzA de 2011») estableció un mecanismo de financiación. Según este mecanismo, los gestores de redes de distribución percibían una tasa (en lo sucesivo, «tasa controvertida») de los consumidores finales o de los proveedores de electricidad, cuyo importe se transfería a los gestores de redes de transporte para compensar la pérdida de ingresos provocada por la exención controvertida.

18

El importe de la tasa controvertida era determinado cada año, con carácter previo, por los gestores de redes de transporte, sobre la base de un método definido por la BNetzA. El importe correspondiente al año 2012, primer año de aplicación del mecanismo, fue fijado directamente por la BNetzA.

19

Estas disposiciones no se aplicaban a los costes de la exención controvertida para el año 2011 y, por lo tanto, cada gestor de redes de transporte y de distribución tuvo que soportar las pérdidas relativas a la citada exención para ese año.

Sobre el sistema de tarifa de acceso a la red posterior a las medidas controvertidas

20

Durante el procedimiento administrativo que dio lugar a la Decisión controvertida, la exención controvertida fue declarada, en primer lugar, nula y sin efecto por resoluciones judiciales del Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) de 8 de mayo de 2013 y del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) de 6 de octubre de 2015. Dicha exención fue posteriormente derogada, a partir del 1 de enero de 2014, por el StromNEV 2005, en su versión modificada por el Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts (Decreto de Modificación de los Decretos sobre la Energía), de 14 de agosto de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 3250) (en lo sucesivo, «StromNEV 2013»). El StromNEV 2013 reintrodujo, para lo sucesivo, las tarifas individuales calculadas según el método de la ruta física, con la aplicación —en lugar de la tarifa mínima— de tarifas a tanto alzado del 10, del 15 y del 20 % de las tarifas generales, en función del consumo de electricidad (respectivamente 7 000, 7 500 y 8 000 horas de utilización anual de la red).

21

El StromNEV 2013 introdujo un régimen transitorio, vigente a partir del 22 de agosto de 2013 y aplicable, con carácter retroactivo, a los consumidores de carga de banda que aún no se hubiesen acogido a la exención controvertida para los años 2012 y 2013. En lugar de las tarifas individuales calculadas según el método de la ruta física y de la tarifa mínima, dicho régimen preveía exclusivamente la aplicación a esos consumidores de las citadas tarifas a tanto alzado.

Sobre el procedimiento administrativo y la Decisión controvertida

22

A raíz de varias denuncias, la Comisión publicó, el 4 de mayo de 2013, su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, con respecto al régimen de ayudas basado en las medidas controvertidas (DO 2013, C 128, p. 43).

23

Al término de un procedimiento en el que la República Federal de Alemania y otras partes interesadas presentaron sus observaciones, la Comisión adoptó, el 28 de mayo de 2018, la Decisión controvertida.

24

Mediante dicha Decisión, la Comisión constató que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013 la República Federal de Alemania había concedido ilegalmente ayudas de Estado en forma de la exención controvertida.

25

Más concretamente, la Comisión concluyó que el importe de las ayudas de Estado correspondía a los costes de red causados en 2012 y 2013 por los consumidores de carga de banda exentos o, si esos costes eran inferiores a la tarifa mínima, a esta última.

26

Además, la Comisión señaló que las ayudas en cuestión no eran compatibles con el mercado interior, ya que no estaban cubiertas por ninguna de las excepciones previstas en el artículo 107 TFUE, apartados 2 y 3, y no podían considerarse compatibles con el mercado interior por ningún otro motivo.

27

En consecuencia, la Comisión decidió lo siguiente:

–

la exención controvertida constituía una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que los consumidores de carga de banda habían estado exentos de las tarifas de acceso a la red, que correspondían a los costes de red que ocasionaban, o de la tarifa mínima, si los costes de red eran inferiores a esa tarifa;

–

la ayuda en cuestión había sido ejecutada por la República Federal de Alemania infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3, y era incompatible con el mercado interior;

–

las ayudas individuales, otorgadas en virtud del régimen en cuestión, no constituían ayudas si, en el momento de su concesión, cumplían las condiciones establecidas en un reglamento relativo a las ayudas de minimis, adoptado en virtud del artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (DO 1998, L 142, p. 1);

–

la República Federal de Alemania estaba obligada, por un lado, a recuperar de los beneficiarios las ayudas incompatibles con el mercado interior, concedidas en virtud del régimen de ayudas en cuestión, incluidos los intereses, y, por otro lado, a cancelar todos los pagos pendientes de las ayudas de dicho régimen desde la fecha de adopción de la Decisión controvertida.

Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida

28

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 9 de abril de 2019, las sociedades WEPA interpusieron un recurso de anulación de la Decisión controvertida.

29

Mediante decisión del Presidente de la Sala Sexta del Tribunal General de 30 de agosto de 2019, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania en apoyo de las pretensiones de esas sociedades, conforme a lo solicitado por dicho Estado miembro.

30

En apoyo de su recurso, las sociedades WEPA formularon un motivo único, basado en la inexistencia de ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que sostienen que la exención controvertida no se financió mediante fondos estatales.

31

En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró la admisibilidad del recurso y desestimó a continuación dicho motivo y, consecuentemente, el recurso de anulación en su totalidad.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

32

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑795/21 P, las sociedades WEPA solicitan al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida.

–

Anule la Decisión controvertida o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

–

Condene a la Comisión a cargar con las costas causadas en ambas instancias.

33

La República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación en el asunto C‑795/21 P y condene en costas a la Comisión.

34

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en el asunto C‑795/21 P y condene en costas a las sociedades WEPA.

35

Mediante su recurso de casación en el asunto C‑796/21 P, la República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimó el recurso de anulación por infundado.

–

Anule la Decisión controvertida.

–

Condene a la Comisión a cargar con las costas causadas en ambas instancias.

36

Las sociedades WEPA solicitan al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación en el asunto C‑796/21 P.

37

La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en el asunto C‑796/21 P y condene en costas a la República Federal de Alemania.

38

Mediante sus adhesiones a la casación en los asuntos C‑795/21 P y C‑796/21 P, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:

–

Anule la sentencia recurrida.

–

Inadmita el recurso de anulación.

–

En el asunto C‑795/21 P, condene a las sociedades WEPA a cargar con las costas causadas en ambas instancias.

–

En el asunto C‑796/21 P, condene a la República Federal de Alemania y a las sociedades WEPA al pago de las costas del procedimiento ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General, respectivamente.

39

Las sociedades WEPA y la República Federal de Alemania solicitan la desestimación de las adhesiones a la casación y la condena en costas de la Comisión.

40

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2023, se acumularon los asuntos C‑795/21 P y C‑796/21 P a efectos de la fase oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre las adhesiones a la casación

41

Las adhesiones a la casación formuladas por la Comisión tienen por objeto impugnar la admisibilidad del recurso interpuesto en primera instancia, lo que constituye una cuestión previa a las relativas al fondo planteadas en los recursos de casación principales. Por lo tanto, procede examinar las adhesiones a la casación en primer lugar (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo y otros, C‑461/18 P, EU:C:2020:979, apartado 43).

42

En apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión formula dos motivos.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

43

Mediante el primer motivo formulado en apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho en los apartados 36 a 43 de la sentencia recurrida al adoptar una interpretación amplia del concepto de «publicación» en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo sexto. Así, sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente que cualquier publicación en el Diario Oficial responde a este concepto, con independencia de si es un requisito previo para la entrada en vigor del acto de que se trate con arreglo al artículo 297 TFUE y de si está prevista por el propio Tratado.

44

En primer lugar, aduce que la interpretación del Tribunal General es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tal como esta se desprende de la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión (C‑339/16 P, EU:C:2017:384), apartados 34 a 40, y de los autos de 31 de enero de 2019, Iordăchescu/Parlamento y otros (C‑426/18 P, EU:C:2019:89), apartado 22, y de 5 de septiembre de 2019, Fryč/Comisión (C‑230/19 P, EU:C:2019:685), apartado 15. Estima que, en esa jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha establecido un paralelismo entre los artículos 263 TFUE, párrafo sexto, y 297 TFUE, en el sentido de que la publicación del acto de que se trate solo marca el inicio del plazo de interposición del recurso si es un requisito previo para la entrada en vigor del acto y si está prevista por el propio Tratado.

45

Sostiene que este enfoque se ve confirmado por una interpretación literal, contextual y teleológica del artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

46

En lo que atañe, por una parte, al tenor de esta disposición, la Comisión alega que, en todas las versiones lingüísticas, a excepción de la versión en alemán, los términos «publicación» y «notificación» figuran tanto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, como en el artículo 297 TFUE, lo que demuestra la existencia de un paralelismo entre ambas disposiciones.

47

En lo que respecta, por otra parte, al espíritu y a la finalidad del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, la Comisión considera que los plazos para recurrir fijados en esta disposición forman parte del objetivo de seguridad jurídica. En su opinión, si un justiciable desease impugnar un acto, debería hacerlo, en principio, en el plazo de dos meses a partir del día en que se le haya comunicado la versión definitiva de su contenido. En cambio, en lo relativo a los actos de alcance general que no tienen destinatarios, ese día es el de publicación en el Diario Oficial. Para los actos que designan destinatario, ese día es aquel en que se le notifiquen. Según la Comisión, solo excepcional y subsidiariamente, en el caso de un acto que no deba ser publicado ni notificado, el plazo para recurrir podría iniciarse a partir del momento en que se tenga conocimiento del acto. Concluye que, de este modo, el paralelismo entre los artículos 263 TFUE, párrafo sexto, y 297 TFUE garantiza que la posterior publicación de un acto en el Diario Oficial con fines informativos no conlleve una prórroga de los plazos para recurrir ni, por tanto, inseguridad jurídica.

48

En segundo lugar, alega que la publicación en el Diario Oficial de una decisión de la Comisión por la que se concluya un procedimiento de investigación formal no puede asimilarse a una «publicación» en el sentido del artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo segundo. En consecuencia, no marca el inicio del plazo de interposición del recurso.

49

Aduce, por una parte, que una decisión de este tipo va dirigida al Estado miembro interesado y solo a él se notifica. Sostiene que, de conformidad con el artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo tercero, la decisión entrará en vigor con esa notificación y no con su publicación en el Diario Oficial, que solo pretende informar al público, incluidos los beneficiarios de la ayuda, de los que el Estado miembro de que se trate deberá recuperar la citada ayuda antes incluso de la publicación de la decisión. Por otra parte, considera que dicha publicación no deriva del Tratado FUE, sino del artículo 32 del Reglamento 2015/1589, interpretado a la luz de su considerando 39. En tales circunstancias, estima que, para determinar el inicio del plazo de interposición del recurso del que disponen las empresas beneficiarias para impugnar una decisión por la que se concluya el procedimiento de investigación formal, hay que basarse en el momento en que se tiene conocimiento efectivo de esa decisión. Concluye que, si no se puede demostrar el conocimiento previo, la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial sustituirá, en virtud de una ficción jurídica, al momento en el que se tiene conocimiento efectivo.

50

En tercer lugar, la Comisión formula una serie de alegaciones que, a su juicio, corroboran su interpretación del artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

51

En primer término, se basa en el sistema de esta disposición para sostener que la publicación y la notificación de un acto se encuentran en un mismo plano y que el momento en que se tiene conocimiento de ese acto constituye un acontecimiento subsidiario de las dos primeras. En su opinión, rompe esta relación de subsidiariedad la interpretación llevada a cabo por el Tribunal General, ya que, si la publicación en virtud del artículo 32 del Reglamento 2015/1589 equivaliese a una publicación con arreglo al artículo 297 TFUE, apartado 1, el plazo para recurrir debería empezar a computarse —incluso respecto al Estado miembro interesado y a pesar de la notificación— el día de esa publicación.

52

En segundo término, la Comisión considera que la interpretación adoptada por el Tribunal General conduce a una desigualdad de armas entre las empresas de las que se recupera la ayuda y sus competidoras que no han recibido ayuda alguna. Estima que, mientras que las primeras reciben en la práctica una copia de la decisión por parte del Estado miembro interesado, las segundas deben esperar a la publicación de la decisión en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 32 del Reglamento 2015/1589, de modo que los plazos efectivos para recurrir de tales empresas serían diferentes. Añade que esta interpretación conduciría también a una desigualdad entre la Comisión y las empresas de las que debe recuperarse la ayuda. En efecto, para responder al recurso de una empresa beneficiaria, la Comisión dispone de un plazo de dos meses, mientras que, como consecuencia de dicha interpretación, las citadas empresas dispondrían de un plazo más largo para preparar sus recursos.

53

En tercer término, la Comisión estima que el Tribunal General se fundamenta en una interpretación errónea de la sentencia de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo (C‑122/95, EU:C:1998:94). En efecto, sostiene que, a diferencia de la Decisión controvertida, la decisión impugnada en el asunto que dio lugar a esa sentencia no designó destinatario alguno.

54

En cuarto término, aduce que el apartado 38 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General indicó que las sociedades WEPA podían confiar subjetivamente en la publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial, no tiene en cuenta el carácter de orden público de los plazos para recurrir.

55

La República Federal de Alemania y las sociedades WEPA replican que el primer motivo carece de fundamento.

Apreciación del Tribunal de Justicia

56

Mediante el primer motivo formulado en apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión refuta el fundamento de las apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 36 a 43 de la sentencia recurrida. A su juicio, a diferencia de lo declarado por el Tribunal General en esos apartados, el plazo para interponer un recurso de anulación de la Decisión controvertida no se iniciaba, para las sociedades WEPA, el día de la publicación de esa Decisión en el Diario Oficial, sino el día en que esas sociedades tuvieron conocimiento efectivo de dicha Decisión.

57

A este respecto, procede señalar que, en los apartados 36 a 43 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la excepción de inadmisibilidad de la Comisión basada en la presunta extemporaneidad del recurso de anulación de la Decisión controvertida formulado por las sociedades WEPA.

58

De la lectura conjunta de los apartados 36 a 38 de la citada sentencia se desprende que el Tribunal General estimó que, en el caso de autos, el plazo para recurrir empezaba el día de publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial, que tuvo lugar el 16 de enero de 2019, y que ese plazo se había observado.

59

En apoyo de tal conclusión, el Tribunal General recordó, en el apartado 37 de la referida sentencia, que el criterio de la fecha en que se tiene conocimiento del acto, como inicio del referido plazo, tiene carácter subsidiario respecto de los de publicación o notificación del acto. Pese a subrayar que la publicación no constituía un requisito para que la Decisión controvertida comenzara a producir efecto, señaló, en el apartado 38 de esa sentencia, que dicha Decisión debía publicarse en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589, de modo que las sociedades WEPA podían legítimamente confiar en que la mencionada Decisión sería objeto de publicación.

60

Hay que recordar al respecto que, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, «los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que este haya tenido conocimiento del mismo».

61

Del tenor literal de esta disposición, en particular de las expresiones «según los casos» y «a falta de ello», se desprende con claridad que el inicio del plazo de interposición del recurso se determina en función de la situación de que se trate y que los tres criterios que pueden dar lugar al inicio de ese plazo están jerarquizados.

62

Así pues, el plazo para interponer el recurso de anulación empieza, con carácter principal, a partir de la publicación del acto o de su notificación al demandante. Estos dos criterios principales se sitúan, en el sistema de dicha disposición, en un mismo plano en el sentido de que ninguno de los referidos criterios es subsidiario con respecto al otro (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, apartado 38).

63

En cambio, como justificadamente indicó el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida, el criterio de la fecha en que se haya tenido conocimiento del acto recurrido como inicio del plazo de interposición del recurso tiene carácter subsidiario respecto a los de publicación o notificación de ese acto (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo, C‑122/95, EU:C:1998:94, apartado 35), extremo que, por lo demás, no se discute en el presente asunto.

64

En el caso de autos, la Decisión controvertida, que pone fin a un procedimiento de investigación formal de una ayuda de Estado, designaba como destinatario al Estado miembro de que se trata, esto es, la República Federal de Alemania, y le fue notificada, de conformidad con el artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo tercero. Correlativamente, esa Decisión fue publicada en el Diario Oficial, con arreglo al artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589.

65

En tal supuesto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para el destinatario del acto al que debía notificarse, es decir, el Estado miembro de que se trate, el plazo para interponer un recurso de anulación empieza a partir del día de esa notificación, aun cuando el acto también haya sido objeto de publicación en el Diario Oficial (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, apartado 37).

66

En cambio, de una interpretación literal, teleológica y contextual del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se desprende que el plazo para interponer un recurso de anulación empieza, para las demás partes interesadas, como las sociedades WEPA, a partir de la publicación del acto en el Diario Oficial, incluso cuando tal publicación no proceda del artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, sino de una disposición de Derecho derivado, como el artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589.

67

En efecto, procede señalar, en primer término, que el tenor del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se refiere a la «publicación» de los actos en general (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, PPG y SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, apartado 31). Así pues, no asocia a dicho concepto ningún requisito específico, en particular en cuanto al fundamento jurídico de la obligación de publicación.

68

A este respecto, es cierto que, como alega la Comisión, el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que el concepto de «publicación», en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se refiere a una publicación en el Diario Oficial que condiciona la entrada en vigor del acto y que viene establecida en el Tratado FUE (véanse, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión, C‑339/16 P, EU:C:2017:384, apartado 36, y los autos de 31 de enero de 2019, Iordăchescu/Parlamento y otros, C‑426/18 P, EU:C:2019:89, apartado 22, y de 5 de septiembre de 2019, Fryč/Comisión, C‑230/19 P, EU:C:2019:685, apartado 15).

69

Sin embargo, contrariamente a la posición defendida por la Comisión, no cabe deducir de ello que el concepto de «publicación», en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se limite a tal supuesto.

70

En efecto, los precedentes citados en el apartado 68 de la presente sentencia no pueden interpretarse aisladamente, sino que se integran en una jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha interpretado ampliamente el concepto de «publicación», con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo sexto. Así, están comprendidos en este concepto, además del supuesto contemplado en el citado apartado 68, una publicación del acto impugnado en el Diario Oficial que no proceda de una obligación impuesta por el Tratado, sino de una práctica constante de las instituciones de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo, C‑122/95, EU:C:1998:94, apartados 36 y 39) o de una disposición de Derecho derivado, como el artículo 32, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 (véase, en este sentido, el auto de 25 de noviembre de 2008, S.A.BA.R./Comisión, C‑501/07 P, EU:C:2008:652, apartado 23), o incluso una publicación en el sitio de Internet de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión cuando está prevista en el Derecho derivado (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, PPG y SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, apartados 30 a 32).

71

En segundo término, por lo que respecta a los objetivos del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, los plazos para interponer recursos en virtud de esta disposición son de orden público y no constituyen un elemento discrecional para las partes o para el juez. Han sido establecidos con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión actos de la Unión que surtan efectos jurídicos, así como de evitar cualquier discriminación o cualquier trato arbitrario en la administración de justicia (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1967, Muller-Collignon/Comisión, 4/67, EU:C:1967:51, p. 479, y de 23 de enero de 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, apartado 21, y los autos de 16 de noviembre de 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Comisión, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, apartado 52, y de 31 de enero de 2019, Iordăchescu/Parlamento y otros, C‑426/18 P, EU:C:2019:89, apartado 21).

72

Pues bien, por una parte, en lo relativo a una decisión como la controvertida, que pone fin a un procedimiento de investigación formal de una ayuda de Estado, resulta que, a diferencia de la fecha en que se haya tenido conocimiento de un acto, la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial puede determinarse, en aras de la seguridad jurídica, de manera objetiva y con certeza respecto a todas las partes interesadas a las que no se les haya notificado dicha decisión. Es indiferente a este respecto que estas hayan podido tener conocimiento de dicho acto antes de su publicación.

73

Esto explica además que, en el sistema general del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y en aras de la seguridad jurídica, la fecha en que se publica el acto prime sobre la fecha en que se tiene conocimiento de él, que, como se ha recordado en el apartado 63 de la presente sentencia, es un criterio subsidiario del inicio del plazo de interposición del recurso. Por tanto, no cabe acoger la alegación de la Comisión que sugiere, en realidad, que se invierta la relación entre estos dos criterios contemplados en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto.

74

Por otra parte, a diferencia de lo alegado por la Comisión, la interpretación adoptada en los apartados 66 y 70 de la presente sentencia también puede evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia y garantizar, de este modo, la igualdad de armas de los beneficiarios de la ayuda de Estado y de las empresas competidoras. En efecto, para todas estas partes interesadas, el plazo para interponer un recurso empieza el mismo día, concretamente el día de la publicación de la decisión en el Diario Oficial. Además, dado que la Comisión es la autora de esa decisión y es responsable de su publicación en el Diario Oficial, no puede invocar válidamente una supuesta desigualdad de armas en su perjuicio.

75

En tercer término, en lo relativo al contexto, la estructura de los Tratados también se opone al paralelismo estricto, sugerido por la Comisión, entre los conceptos de «publicación» empleados en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y en el artículo 297, apartado 2, párrafo segundo, respectivamente. En efecto, basta con señalar, a este respecto, que, si bien estas dos disposiciones están comprendidas en el título I de la sexta parte del Tratado FUE, no regulan el mismo objeto. Mientras que la primera figura en su capítulo 1, dedicado a las instituciones, y, más concretamente, en su sección 5, dedicada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la segunda se enmarca en su capítulo 2, dedicado a los actos jurídicos de la Unión y a sus procedimientos de adopción.

76

Por todas estas razones, hay que concluir que el Tribunal General declaró justificadamente, en los apartados 36 a 43 de la sentencia recurrida, que el plazo para interponer el recurso empezaba, para las sociedades WEPA, el día de publicación de la Decisión controvertida en el Diario Oficial.

77

Por tanto, procede desestimar por infundado el primer motivo formulado en apoyo de las adhesiones a la casación.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

78

Mediante el segundo motivo formulado en apoyo de sus adhesiones a la casación, la Comisión reprocha al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho en el apartado 41 de la sentencia recurrida.

79

La Comisión estima que, al afirmar, en dicho apartado 41, que «no se ha demostrado que, en el caso de autos, las [sociedades WEPA] tuvieran un conocimiento “fehaciente” de la Decisión [controvertida]» antes de su publicación, el Tribunal General desnaturalizó los hechos y las pruebas. En efecto, a la vista de los datos que presentó ante el Tribunal General, la Comisión considera manifiesto que esas sociedades habían tenido conocimiento de la existencia de la Decisión controvertida antes de su publicación en el Diario Oficial, como muy tarde el 26 de septiembre de 2018.

80

La República Federal de Alemania y las sociedades WEPA consideran que, al no estar fundado el primer motivo de las adhesiones a la casación, el segundo motivo carece de pertinencia para la resolución de los presentes recursos de casación. Estas sociedades añaden que, en cualquier caso, este segundo motivo también es infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

81

En el apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que, «en cualquier caso, no se ha demostrado que, en el caso de autos, las [sociedades WEPA] tuvieran un conocimiento “fehaciente” de la Decisión [controvertida]».

82

A este respecto, la expresión «en cualquier caso» indica que este fundamento jurídico de la sentencia recurrida se ha formulado a mayor abundamiento. Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que las alegaciones dirigidas contra fundamentos jurídicos expuestos a mayor abundamiento en una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de la misma y son, por lo tanto, inoperantes (sentencia de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, apartado 55 y jurisprudencia citada).

83

En consecuencia, debe desestimarse por inoperante el segundo motivo formulado en apoyo de las adhesiones a la casación.

84

Por consiguiente, hay que desestimar las adhesiones a la casación en su totalidad.

Sobre los recursos de casación principales

85

En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑795/21 P, las sociedades WEPA formulan dos motivos basados, el primero, en desnaturalización de los hechos y en vulneración del contenido y del alcance del Derecho nacional y, el segundo, en incumplimiento de los requisitos para que exista una ayuda estatal otorgada «mediante fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

86

En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑796/21 P, la República Federal de Alemania, respaldada por las sociedades WEPA, formula un motivo único, que se funda en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1. Este motivo confluye, en esencia, con el segundo motivo de casación formulado por las sociedades WEPA, respaldadas por la República Federal de Alemania, en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑795/21 P.

Primer motivo de casación en el asunto C‑795/21 P

Alegaciones de las partes

87

Mediante su primer motivo formulado en apoyo de su recurso de casación, las sociedades WEPA reprochan al Tribunal General haber desnaturalizado determinados elementos de hecho y vulnerado el contenido y el alcance del Derecho nacional. Este motivo de casación se divide formalmente en tres partes.

88

Mediante la primera parte, las sociedades WEPA alegan que, en los apartados 12, 66, 93 y 99 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró de manera inexacta que la BNetzA había fijado de modo vinculante el importe de la tasa controvertida. Aducen, a este respecto, que de los considerandos 61, 75 y 123 de la Decisión controvertida se desprende que el importe de esta tasa lo determinaban los gestores de red. En su opinión, esto también es válido para el año 2012, año en el que los citados gestores recaudaron dicha tasa por primera vez. Sostienen que la BNetzA nunca impuso el importe de la tasa. Por lo que se refiere al mencionado año 2012, estiman que la BNetzA se limitó a hacer una estimación de la cuantía global de las pérdidas de ingresos soportadas por los gestores de red, pero en modo alguno fijó el importe de la tasa controvertida, puesto que esto habría requerido tener en cuenta otros elementos.

89

Mediante la segunda parte, las sociedades WEPA impugnan, en esencia, el apartado 93 de la sentencia recurrida. Consideran que, a diferencia de lo que afirmó el Tribunal General en ese apartado, la BNetzA no impuso a los gestores de redes de transporte «un método muy minucioso para el cálculo» de la tasa controvertida. Así pues, en su opinión, la apreciación del Tribunal General es contraria a los considerandos 61, 75 y 123 de la Decisión controvertida. Arguyen que las disposiciones de la BNetzA son muy genéricas y se refieren a las pérdidas de ingresos previstas en el año siguiente. Estiman que no incluyen ningún requisito en cuanto al modo concreto en que los gestores de redes de transporte debían calcular la tasa controvertida a partir de las pérdidas de ingresos previstas.

90

Mediante la tercera parte, las sociedades WEPA reprochan al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos al afirmar, en los apartados 93, 94, 99 y 106 y siguientes de la sentencia recurrida, que la tasa controvertida cubrió íntegramente las pérdidas de ingresos. Aducen que el Derecho nacional solo contempla la cuestión del cobro de créditos a los consumidores de carga de banda exentos que no pudieran ejecutarse por la insolvencia de estos últimos y excluye que la tasa controvertida cubra tales créditos. Así pues, sostienen que las pérdidas vinculadas a la insolvencia de dichos consumidores se sufragan con los fondos propios de los gestores de red y no con los fondos estatales. Añaden que los gestores de red también han de asumir otros costes, concretamente los costes de capital y las tarifas administrativas abonadas a la BNetzA.

91

En su escrito de réplica, las sociedades WEPA alegan, por otro lado, la falta de motivación de la que adolecen los apartados 94, 99 y 106 y siguientes de la sentencia recurrida, en la medida en que consideran que el Tribunal General no motivó de manera comprensible, cuando menos sumariamente, la razón por la que no se deben tener en cuenta las pérdidas de ingresos de los gestores de red no cubiertas por la tasa controvertida.

92

La Comisión estima que las tres partes formuladas en apoyo del primer motivo del recurso de casación en el asunto C‑795/21 P son manifiestamente infundadas y que, en cualquier caso, determinadas alegaciones son inadmisibles.

Apreciación del Tribunal de Justicia

93

Con carácter preliminar, por lo que se refiere a las alegaciones relativas a los errores supuestamente cometidos por el Tribunal General en el análisis del Derecho alemán, procede recordar que del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y para valorar las pruebas. La apreciación de tales hechos y la valoración de las pruebas no constituyen una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados (sentencia de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartado 46 y jurisprudencia citada).

94

De este modo, en lo que atañe al examen en el marco de un recurso de casación de las apreciaciones del Tribunal General por lo que respecta al Derecho nacional, que en el ámbito de las ayudas de Estado constituyen apreciaciones de hechos, el Tribunal de Justicia solo es competente para verificar si se ha producido una desnaturalización de ese Derecho (sentencias de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, apartado 79, y de 14 de diciembre de 2023, Comisión/Amazon.com y otros, C‑457/21 P, EU:C:2023:985, apartado 20 y jurisprudencia citada). Una desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, apartado 80).

95

Además, cuando un recurrente alega una desnaturalización de los hechos o de los elementos de prueba por parte del Tribunal General, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia lo obligan a indicar con precisión los elementos de prueba que en su opinión desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización (sentencias de 30 de noviembre de 2016, Comisión/Francia y Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, apartado 99, y de 28 de abril de 2022, Yieh United Steel/Comisión, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, apartado 53).

96

Hay que examinar el primer motivo de casación de las sociedades WEPA, basado en varias desnaturalizaciones del Derecho nacional y de los hechos, a la luz de estas consideraciones.

97

Por lo que respecta a la primera parte del presente motivo de casación, procede declarar, en primer lugar, que la alegación de estas sociedades de que el Tribunal General desnaturalizó los hechos al considerar que la BNetzA fijó el importe de la tasa controvertida de modo vinculante se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.

98

En efecto, de la lectura conjunta de los apartados 12, 66, 93 y 99 de la sentencia recurrida, impugnados mediante esta alegación, se desprende inequívocamente que el Tribunal General consideró que los gestores de redes de transporte debían determinar la tasa controvertida en virtud de un método elaborado por la BNetzA y que esta había fijado para 2012 el importe total de esa tasa. Tal interpretación se desprende expresamente del apartado 66 de la referida sentencia. El hecho de que en el apartado 12 de dicha sentencia no se mencione el adjetivo «total» es irrelevante a este respecto, dado que el Tribunal General se basó claramente en la consideración de un importe inicial total en los fundamentos de Derecho de esa sentencia. Del mismo modo, en su apartado 93, se refirió a la fijación de un importe inicial de la tasa controvertida para el año 2012 —de lo que se deduce fácilmente que se trata del importe global—, así como, en lo relativo al año siguiente, al método de cálculo de esa tasa determinado por la BNetzA. Además, la mera mención, en el apartado 99 de la sentencia recurrida, de la «tasa controvertida, en los términos calculados por la BNetzA (para el año 2012)» no puede llevar a una conclusión diferente, puesto que esta formulación, aunque imprecisa, puede entenderse perfectamente como una referencia al importe total de esa tasa, extremo que confirma la lectura de conjunto de la sentencia recurrida. Por lo demás, el mencionado apartado 99 también se refiere al método fijado por la BNetzA para el año 2013.

99

No puede extraerse ninguna otra conclusión de los considerandos 61, 75 y 123 de la Decisión controvertida, a los que remiten las sociedades WEPA. En efecto, de estos considerandos se desprende que, si bien los gestores de redes de transporte debían determinar el importe concreto de la tasa controvertida, la Comisión también señaló, al igual que el Tribunal General, que, a este respecto, debían observar el marco y el método fijados por la BNetzA.

100

En segundo lugar, procede señalar que, dado que las sociedades WEPA insisten —en el contexto de esta alegación relativa a la determinación de la tasa controvertida— en el margen de maniobra de los gestores de red, su argumentación equivale a rebatir una apreciación fáctica sin demostrar desnaturalización alguna, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia en la fase de casación, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 93 de la presente sentencia.

101

Por lo que respecta a la segunda parte del presente motivo de casación, es preciso indicar que, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, «para el segundo año de aplicación del régimen, [la] Decisión BNetzA [de 2011] estableció un método muy minucioso para el cálculo de la tasa [controvertida]». Añadió que, según este método, «los gestores de redes de transporte tuvieron que determinar la pérdida prevista de ingresos resultante de la exención [controvertida] en comparación con el pago de las tarifas de acceso a la red completas, por una parte, y el consumo previsto, por otra, para determinar el importe de la tasa controvertida por kilovatio/hora, habida cuenta de los ingresos generados durante el penúltimo año» y que «los gestores de redes de transporte debían ajustar anualmente el importe de la tasa controvertida sobre la base de las necesidades financieras reales del año anterior». Estas afirmaciones reproducen, en esencia, los considerandos 37 y 39 de la Decisión controvertida.

102

Por un lado, consta, a este respecto, que las sociedades WEPA no cuestionan específicamente esta descripción del método de cálculo de la tasa controvertida, sino la calificación de dicho método como «método muy minucioso». Pues bien, incluso suponiendo que esa calificación sea errónea, no tiene consecuencia alguna en el análisis del propio método llevado a cabo por el Tribunal General. Por tanto, no cabe reprochar al Tribunal General haber desnaturalizado el Derecho nacional a este respecto.

103

Por otra parte, por lo demás, las alegaciones de las sociedades WEPA relativas al margen de maniobra de los gestores de redes de transporte en lo referido al cálculo de la tasa controvertida contradicen, en definitiva, las apreciaciones que figuran en el considerando 123 de la Decisión controvertida, según las cuales estos gestores no disponen de ningún margen de maniobra. De este modo, las referidas sociedades instan al Tribunal de Justicia a que aprecie nuevamente el método de determinación de la tasa controvertida, lo cual excede de su competencia en la fase de casación si no existe desnaturalización.

104

Por lo que respecta a la tercera parte, procede señalar que, en los apartados 90, 91, 93, 94, 99, 106 y 107 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, al referirse a la Decisión BNetzA de 2011, acogió la apreciación realizada por la Comisión en la Decisión controvertida según la cual el mecanismo de la tasa controvertida garantizaba a los gestores de red la compensación íntegra de la reducción de ingresos que sufrían debido a la exención controvertida, ya que el importe de dicha tasa se adaptaba al de los fondos exigidos en virtud de tal exención. Añadió, en particular en el apartado 94 de la citada sentencia, que las pérdidas de ingresos debidas a insolvencia, que económicamente soportan los gestores de redes de distribución, no son una pérdida de ingresos a efectos del régimen en cuestión y se justifican por el hecho de que las relaciones entre los gestores de red y los deudores últimos de la tasa controvertida son relaciones de Derecho privado.

105

Pues bien, al actuar de este modo, el Tribunal General expuso suficientemente los fundamentos de Derecho por los que desestimó las alegaciones de las sociedades WEPA basadas en que la pérdida de ingresos resultante de la exención controvertida no había sido íntegramente compensada.

106

En cuanto al fondo, la apreciación de que el método de determinación del importe de la tasa controvertida previsto en la Decisión BNetzA de 2011 debía permitir cubrir todos los costes vinculados a la exención controvertida depende de una apreciación fáctica del Tribunal General que no corresponde al Tribunal de Justicia controlar en la fase de casación. Lo mismo sucede también con la cuestión específica de si, efectivamente, todas las pérdidas y todos los costes relacionados con la exención controvertida, así como los créditos irrecuperables vinculados a la insolvencia de los consumidores de carga de banda que se acogieron erróneamente a esa exención, estaban cubiertos por la tasa controvertida. Pues bien, las sociedades WEPA no han logrado demostrar desnaturalización a este respecto.

107

A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar en su totalidad las tres partes del primer motivo de casación formulado por las sociedades WEPA por ser en parte inadmisibles y en parte infundadas. En consecuencia, hay que desestimar íntegramente este motivo de casación.

Segundo motivo de casación en el asunto C‑795/21 P y motivo único de casación en el asunto C‑796/21 P

108

Mediante el segundo motivo formulado en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑795/21 P y mediante el motivo único de casación en el asunto C‑796/21 P, respectivamente, las sociedades WEPA y la República Federal de Alemania reprochan al Tribunal General haber infringido el artículo 107 TFUE, apartado 1, en la medida en que consideró erróneamente que la exención controvertida constituye una ayuda otorgada mediante «fondos estatales», en el sentido de dicha disposición.

109

Sus argumentaciones versan básicamente sobre tres cuestiones relativas, la primera, al criterio jurídico que permite apreciar la existencia de una medida otorgada mediante «fondos estatales», la segunda, a la existencia de una exacción obligatoria y, la tercera, al control estatal.

Sobre el criterio jurídico que permite apreciar la existencia de una medida otorgada mediante «fondos estatales»

–

Alegaciones de las partes

110

Las sociedades WEPA, mediante la primera imputación de la primera parte y las imputaciones segunda y tercera de la segunda parte de su segundo motivo de casación, y la República Federal de Alemania, mediante la primera parte de su motivo único de casación, reprochan básicamente al Tribunal General haber aplicado un criterio jurídico erróneo para apreciar la naturaleza estatal de los fondos de que se trata.

111

En primer lugar, mediante la primera parte de su segundo motivo de casación, las sociedades WEPA alegan, en esencia, que, en los apartados 77 a 96 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró erróneamente que la tasa controvertida es una «exacción», a efectos del Derecho de la Unión, y, en consecuencia, una ayuda otorgada en virtud de «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En su opinión, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resultante, en particular, de las sentencias de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros (C‑206/06, EU:C:2008:413); de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros (C‑262/12, EU:C:2013:851); de 13 de septiembre de 2017, ENEA (C‑329/15, EU:C:2017:671); de 28 de marzo de 2019, Alemania/Comisión (C‑405/16 P, EU:C:2019:268); de 15 de mayo de 2019, Achema y otros (C‑706/17, EU:C:2019:407), y de 16 de septiembre de 2021, FVE Holýšov I y otros/Comisión (C‑850/19 P, EU:C:2021:740), se desprende que una «exacción» de este tipo solo existe cuando un Estado miembro impone unilateralmente y mediante un acto de poder público una obligación de pago al destinatario de dicho acto. Pues bien, estiman que, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basó en un criterio diferente y, por tanto, erróneo, al examinar si la tasa controvertida, impuesta por ese Estado, se repercutía íntegramente, en virtud de una obligación legal, a los deudores últimos de dicha tasa.

112

Además, imputan al Tribunal General no haber comprobado, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de una obligación legal de pago a cargo del deudor.

113

En segundo lugar, en sus escritos presentados ante el Tribunal de Justicia, las sociedades WEPA, mediante la tercera imputación de la segunda parte de su segundo motivo de casación, y la República Federal de Alemania impugnaron, respectivamente, los apartados 62 y siguientes, 76, 79 y 110, así como los apartados 62 a 64 y 76 de la sentencia recurrida, alegando que el Tribunal General había considerado erróneamente que, para determinar la naturaleza estatal o no de los fondos, la existencia de una carga obligatoria que recae sobre los consumidores o clientes finales y el control estatal sobre los fondos o sobre los gestores de dichos fondos son dos elementos que «forman parte de una alternativa». Sostienen que se trata, por el contrario, de criterios acumulativos, tal como se desprende de la jurisprudencia resultante, en particular, de las sentencias de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros (C‑206/06, EU:C:2008:413), apartados 66, 69, 70, 72 y 75; de 28 de marzo de 2019, Alemania/Comisión (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), apartado 72; de 15 de mayo de 2019, Achema y otros (C‑706/17, EU:C:2019:407), y de 16 de septiembre de 2021, FVE Holýšov I y otros/Comisión (C‑850/19 P, EU:C:2021:740).

114

Además, las sociedades WEPA aducen, mediante la segunda imputación de la segunda parte de su segundo motivo de casación, que se ha de cumplir un tercer criterio. Así, estiman que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que se debe establecer un vínculo suficientemente directo entre la tasa controvertida y el presupuesto del Estado para poder concluir que existe una ayuda «otorgada mediante fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Pues bien, consideran que ni la Decisión controvertida ni la sentencia recurrida contienen datos que permitan concluir que la tasa controvertida presenta semejante vínculo con el presupuesto del Estado. Añaden que de las apreciaciones de la Comisión y del Tribunal General se desprende que ni la BNetzA ni ningún otro organismo estatal asumió la responsabilidad de la compensación íntegra de las pérdidas de ingresos.

115

Por otro lado, para la República Federal de Alemania, la interpretación del Tribunal General, basada en criterios alternativos, contradice los apartados 97 a 109 de la sentencia recurrida, en los que, en su opinión, dicho Tribunal examinó la existencia de un control estatal, a pesar de que ya hubiese concluido que existía una carga obligatoria.

116

En tercer lugar, según la República Federal de Alemania, este enfoque del Tribunal General tampoco se ve corroborado por los artículos 30 TFUE y 110 TFUE, que se refieren esencialmente a la supresión y a la prohibición de las medidas proteccionistas.

117

En cuarto lugar, la República Federal de Alemania sostiene que la interpretación del artículo 107 TFUE, apartado 1, de que hay que presumir que toda exacción es de origen estatal, con independencia de los objetivos perseguidos por dicha disposición, es jurídicamente errónea. En su opinión, tal interpretación tendría una consecuencia no prevista por los Tratados, concretamente que cualquier regulación de los precios del mercado daría lugar a la utilización de fondos estatales, por lo que debería ser notificada, de conformidad con el artículo 108 TFUE. Pues bien, estima que esa regulación está comprendida en el ámbito de aplicación de la libre circulación de mercancías y no de las normas relativas a las ayudas de Estado.

118

La Comisión cuestiona el fundamento de la segunda imputación de la segunda parte del segundo motivo de casación formulado por las sociedades WEPA y considera que la primera parte y la tercera imputación de la segunda parte de dicho motivo de casación, así como la primera parte del motivo único de casación formulado por la República Federal de Alemania son, como tales, inoperantes.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

119

Las sociedades WEPA y la República Federal de Alemania reprochan básicamente al Tribunal General haber aplicado un criterio jurídico erróneo para determinar si los importes resultantes de la tasa controvertida tienen su origen en «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

120

Según jurisprudencia reiterada, la calificación de «ayuda de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, implica la concurrencia de cuatro requisitos, a saber, que exista una intervención del Estado o «mediante fondos estatales», que esa intervención pueda afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, que confiera una ventaja selectiva a su beneficiario y que falsee o amenace con falsear la competencia (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 31 y jurisprudencia citada).

121

Por lo que respecta al primero de estos requisitos, de reiterada jurisprudencia resulta que una medida puede calificarse de intervención del Estado o de ayuda otorgada «mediante fondos estatales» si, por una parte, la medida se concede directa o indirectamente mediante dichos fondos y, por otra parte, la medida es imputable a un Estado miembro (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 32 y jurisprudencia citada).

122

En lo relativo, más concretamente, al requisito de que la ventaja sea otorgada «mediante fondos estatales», el Tribunal de Justicia, a lo largo de su jurisprudencia, ha establecido dos criterios que permiten determinar que los fondos mediante los que se concede una ventaja tarifaria, en virtud de la legislación nacional, constituyen «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartados 34, 38, 39 y 42).

123

Así pues, en primer lugar, los fondos que se nutren de un impuesto u otras exacciones obligatorias en virtud de la legislación nacional y que son gestionados y distribuidos conforme a dicha legislación constituyen «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 38).

124

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que precisa este criterio, los importes resultantes del suplemento de precio impuesto por el Estado a los compradores de electricidad se asemejan a una tasa que grava la electricidad y tienen su origen en «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Para ser considerados como tales, los fondos deben nutrirse de cotizaciones obligatorias impuestas por la legislación del Estado miembro de que se trate y gestionarse y distribuirse conforme a dicha legislación, con independencia de si el mecanismo de financiación está comprendido, en sentido estricto, en la categoría de exacciones de carácter fiscal en el Derecho nacional. En cambio, no basta con que los gestores de redes repercutan en el precio de venta de la electricidad a sus clientes finales los sobrecostes provocados por su obligación de comprar la electricidad generada a partir de determinadas fuentes de energía a las tarifas fijadas por la ley si dicha compensación no resulta de una obligación legal, sino únicamente de una práctica. En efecto, en tal caso, la exacción no podría considerarse obligatoria (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartados 34 a 37 y jurisprudencia citada).

125

En segundo lugar, el hecho de que las cantidades permanezcan constantemente bajo control público y, por lo tanto, a disposición de las autoridades nacionales competentes basta para que se las califique de «fondos estatales» en el sentido de dicha disposición (sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 39 y jurisprudencia citada).

126

Los criterios mencionados en los apartados 123 y 125 de la presente sentencia constituyen criterios alternativos que permiten demostrar que una medida se concede mediante «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES, C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1, apartado 42), como reconoció la República Federal de Alemania en la vista en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia sobre el alcance de la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1).

127

De ello se deduce, en primer término, que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 62 a 64 y 76 de la sentencia recurrida, que el carácter estatal de los fondos, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, puede acreditarse mediante dos requisitos alternativos referidos, uno, a la existencia de una carga obligatoria que recae sobre los consumidores o clientes finales y, el otro, al control estatal sobre la gestión del sistema y, en particular, sobre los fondos o los gestores de dichos fondos. Habida cuenta de las respuestas dadas por la República Federal de Alemania en la vista, deben desestimarse todas las alegaciones de dicho Estado miembro dirigidas a impugnar esta apreciación.

128

Las alegaciones de las sociedades WEPA de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no ha establecido criterios alternativos se basan precisamente en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que este recordó en la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1), y de la que dedujo la existencia de dos criterios alternativos. Por tanto, estas alegaciones también están abocadas al fracaso.

129

Además, dado que las sociedades WEPA alegan que el Tribunal General debió aplicar un concepto de «exacción» como imposición unilateral mediante un acto de poder público de una obligación de pago y un criterio relativo a la existencia de un vínculo suficientemente directo entre el presupuesto estatal y la tasa controvertida, es preciso señalar que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expuesta en los apartados 123 a 125 de la presente sentencia, ninguna de las alternativas en las que se basó justificadamente el Tribunal General considera tal concepto ni tal criterio. La existencia de una carga obligatoria, en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado 123 de la presente sentencia, debe apreciarse a la luz de los elementos puestos de manifiesto en su apartado 124. Estos fueron determinados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reproducida en los apartados 55 a 62 de la sentencia recurrida y recordados en los apartados 34 a 37 de la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1), sin que esto haya sido específicamente cuestionado en los presentes recursos de casación. Al comprobar, como se advirtió en los apartados 76 y 77 de la sentencia recurrida, si la tasa controvertida venía impuesta por el Estado y si se repercutía íntegramente, mediante una obligación legal, sobre los deudores últimos de dicha tasa, el Tribunal General cumplió esa jurisprudencia.

130

En segundo término, a diferencia de lo que aduce la República Federal de Alemania, no puede reprocharse al Tribunal General haber considerado oportuno examinar, en los apartados 97 a 109 de la sentencia recurrida, la existencia de un control estatal sobre los fondos recaudados en concepto de la tasa controvertida o sobre los gestores de red, tras haber declarado, en el apartado 96 de dicha sentencia, la existencia de una exacción parafiscal o de un gravamen obligatorio que implicaba la utilización de fondos estatales.

131

Es cierto que el Tribunal General hubiese podido prescindir de este examen referido a la existencia de un control estatal, habida cuenta de la naturaleza alternativa de los dos criterios que examinó. Sin embargo, nada se opone a que, especialmente en aras de la buena administración de la justicia, el Tribunal General prosiga su razonamiento formulando consideraciones a mayor abundamiento —en el caso de autos, las relativas a la existencia de un control estatal—, como hizo el Tribunal de Justicia en el apartado 41 de la sentencia de 12 de enero de 2023, DOBELES HES (C‑702/20 y C‑17/21, EU:C:2023:1).

132

En tercer término, dado que la República Federal de Alemania alega que sería contrario a los objetivos del artículo 107 TFUE, apartado 1, presumir que cualquier exacción tiene origen estatal, su alegación se basa en una premisa incorrecta y en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.

133

En efecto, por una parte, como se desprende del apartado 123 de la presente sentencia, no son los fondos que se nutren de cualquier exacción, sino únicamente los que se obtienen de una exacción obligatoria, establecida por la legislación nacional, gestionada y distribuida conforme a dicha legislación, los que pueden constituir «fondos estatales» en el sentido de dicha disposición. Por otra parte, como se indica en el apartado 129 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se dedicó precisamente, como se desprende de los apartados 76 y 77 de la sentencia recurrida, a comprobar si la tasa controvertida venía impuesta por el Estado y si se repercutía íntegramente, mediante una obligación legal, sobre los deudores últimos de dicha tasa.

134

En cuarto término, por lo que respecta a la alegación formulada por la República Federal de Alemania en relación con los artículos 30 TFUE y 110 TFUE, procede señalar que, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, el Tribunal General tuvo en cuenta, en un fundamento jurídico expuesto a mayor abundamiento e introducido por la locución adverbial «por otra parte», la jurisprudencia correspondiente a estas disposiciones. De ello dedujo que la condición del deudor de la tasa resulta irrelevante, siempre que esta haya gravado el producto de que se trata o una actividad necesaria en relación con ese producto. Añadió que el elemento decisivo está constituido entonces por el hecho de que las entidades que hayan recaudado la tasa no estén meramente sujetas a una obligación de compra utilizando sus propios recursos financieros, sino que hayan recibido del Estado el encargo de gestionar un recurso estatal.

135

Dado que este apartado enuncia un fundamento jurídico expuesto a mayor abundamiento, la alegación que lo critica es inoperante.

136

En cualquier caso, hay que estimar que el Tribunal General no se refirió a la jurisprudencia relativa a los artículos 30 TFUE y 110 TFUE para apreciar la tasa controvertida a la luz de estas disposiciones, sino para corroborar su análisis de dicha tasa a la luz del artículo 107 TFUE, apartado 1. Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal General haber confundido los distintos regímenes jurídicos resultantes, respectivamente, de las dos primeras de esas disposiciones del Tratado FUE y de la tercera de ellas.

137

Por último, las alegaciones de las sociedades WEPA basadas en que, en el caso de autos, no existe una obligación de pago impuesta a los consumidores finales de electricidad ni compensación de las pérdidas de ingresos, expuestas en los apartados 112 y 114 de la presente sentencia, guardan relación con el examen del fundamento de las apreciaciones dedicadas por el Tribunal General a la existencia de una exacción obligatoria. En consecuencia, se examinarán cuando se analice este.

138

De las consideraciones anteriores resulta, con la salvedad expresada en el apartado anterior, que la primera parte y las imputaciones segunda y tercera de la segunda parte del segundo motivo de casación formulado por las sociedades WEPA y la primera parte del motivo único de casación formulado por la República Federal de Alemania deben desestimarse por ser en parte inoperantes y en parte infundadas.

Sobre la existencia de una exacción obligatoria

–

Alegaciones de las partes

139

Las sociedades WEPA, mediante algunas de sus alegaciones mencionadas en los apartados 112 y 114 de la presente sentencia, y la República Federal de Alemania, mediante la segunda parte de su motivo único de casación, alegan, en esencia, que, en los apartados 78 y 82 a 89 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 107 TFUE, apartado 1, al calificar la tasa controvertida de exacción parafiscal o de carga obligatoria.

140

Las sociedades WEPA, por una parte, reprochan al Tribunal General no haber comprobado la existencia de una obligación legal de pago a cargo del deudor. En su opinión, no se niega que la Decisión BNetzA de 2011 no contenga tal obligación ni vaya dirigida a los usuarios de la red, de modo que la obligación de pagar la tasa controvertida tenía carácter meramente contractual. Incluso suponiendo que hubiera existido, en virtud de esa Decisión, una obligación de percibir la tasa controvertida y de repercutirla a los usuarios de la red, estiman que una obligación de este tipo no basta para constatar la utilización de fondos estatales. Además, sostienen que la BNetzA ni fijó el importe de esta tasa ni la percibió. Consideran que no está facultada para disponer de los importes recaudados.

141

Por otra parte, las sociedades WEPA sostienen que, como se desprende de las apreciaciones de la Comisión y del Tribunal General, ni la BNetzA ni ningún otro organismo estatal asumió la responsabilidad de la compensación íntegra de las pérdidas de ingresos.

142

La República Federal de Alemania alega, por un lado, que, en particular en los apartados 77, 82, 83 y 85 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró equivocadamente que la relación entre el proveedor y el consumidor final de electricidad no era determinante para llegar a la conclusión de la existencia de una carga obligatoria, sobre la base errónea de que la tasa controvertida no se percibe sobre el consumo de electricidad, sino sobre la utilización de la red. Por otro lado, considera que, en los apartados 84 y 86 a 89 de dicha sentencia, el Tribunal General se refirió equivocadamente, y sin motivación alguna, a la obligación de cobrar la tasa y dedujo erróneamente de ello una obligación de pago de la tasa controvertida establecida por la ley nacional. Estima que, si no existe obligación legal de pago de dicha tasa, solo se podría haber percibido con arreglo a las normas de Derecho civil. Concluye afirmando que el razonamiento del Tribunal General para llegar a tal apreciación y a tal deducción contradice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

143

La Comisión rebate todas estas alegaciones y estima que las formuladas por la República Federal de Alemania se basan en una interpretación errónea de la sentencia recurrida y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que, en cualquier caso, son inoperantes.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

144

Como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 123 de la presente sentencia, los fondos que se nutren de un impuesto u otras exacciones obligatorias en virtud de la legislación nacional y que son gestionados y distribuidos conforme a dicha legislación constituyen «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

145

En el caso de autos, tras haber evaluado, en los apartados 77 a 95 de la sentencia recurrida, la tasa controvertida, el Tribunal General concluyó, en el apartado 96 de la citada sentencia, que esa tasa implicaba la utilización de fondos estatales. En apoyo de esta conclusión, señaló que la Decisión BNetzA de 2011 imponía a los gestores de redes de distribución la obligación de percibir la tasa controvertida de los usuarios de la red y de transferir los ingresos correspondientes a los gestores de redes de transporte. También estimó que el mecanismo de esa tasa garantizaba a los gestores de red la compensación íntegra de la reducción de ingresos que sufrían debido a la exención controvertida, ya que el importe de dicha tasa se adaptaba al importe de los fondos exigidos en virtud de la referida exención. Subrayó además que este importe se determinaba con arreglo a una metodología fijada en la Decisión BNetzA de 2011 y precisó que, para el año 2012, dicha Decisión fijó el importe inicial de esa tasa.

146

En primer lugar, las sociedades WEPA y la República Federal de Alemania alegan que el Tribunal General apreció equivocadamente la existencia de una obligación de pago de la tasa controvertida a cargo de los consumidores finales, en cuya definición se incluyó erróneamente a los usuarios de la red.

147

En primer término, por lo que respecta a la identificación de los deudores últimos de la tasa controvertida, el Tribunal General estimó, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, que dicha tasa solo afectaba a la relación entre los gestores de red y los usuarios de la red, dado que esta tasa no se percibe como consecuencia del consumo de electricidad, sino de la utilización de la red. De ello dedujo, en el apartado 83 de la citada sentencia, que la cuestión de si los proveedores de electricidad se veían obligados a su vez a repercutir dicha tasa a los consumidores finales de electricidad no era pertinente. En su opinión, los deudores últimos de la tasa eran efectivamente los usuarios de la red, es decir, los propios proveedores y los consumidores finales directamente conectados a la red, y no los demás consumidores finales.

148

A este respecto, la consideración de que la tasa controvertida se percibe como consecuencia de la utilización de la red y de que los usuarios de la red deben ser tenidos por consumidores finales depende de una apreciación fáctica. Pues bien, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 93 de la presente sentencia, no corresponde al Tribunal de Justicia controlar esa apreciación, a falta de alegaciones de desnaturalización.

149

En segundo término, por lo que respecta a la existencia de una obligación de pago por parte de los usuarios de la red, de los apartados 84 y 86 a 88 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General acogió las apreciaciones de la Comisión según las cuales la Decisión BNetzA de 2011 imponía a los gestores de redes de distribución la obligación de percibir y repercutir la tasa controvertida y que la referida Decisión preveía transferir mensualmente los ingresos procedentes de dicha tasa a los diferentes gestores de redes de transporte. Concluyó de ello que la tasa controvertida, introducida por una autoridad administrativa mediante una medida reglamentaria, tenía carácter obligatorio para los usuarios de la red.

150

Por tanto, de las apreciaciones fácticas efectuadas por el Tribunal General, que no corresponde controlar al Tribunal de Justicia, se desprende que la Decisión BNetzA de 2011 obligaba a los gestores de redes de distribución a percibir la tasa controvertida de los usuarios de la red. Es pacífico asimismo, a la vista de las apreciaciones fácticas realizadas por el Tribunal General en los apartados 12, 66 y 93 de la sentencia recurrida, que no corresponde al Tribunal de Justicia controlar, que esa Decisión establecía el método con arreglo al cual los gestores de redes de transporte debían determinar el importe de la tasa controvertida cada año.

151

Pues bien, a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado 124 de la presente sentencia, se debe considerar que los importes resultantes de una exacción obligatoria que, como la tasa controvertida, viene impuesta por una medida reglamentaria que identifica a las entidades, aunque sean privadas, encargadas de percibir dicha exacción de unos deudores igualmente identificados por la medida y que define el método, aunque sea general, que permite determinar el importe de la exacción y su adaptación anual tienen su origen en «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En particular, dado que esa exacción surge de una medida reglamentaria, que obliga a los gestores de red a percibirla, no puede afirmarse que proceda de una mera práctica.

152

A este respecto, es indiferente que la medida reglamentaria establezca únicamente la obligación de percibir la tasa controvertida a cargo de los gestores de red, sin identificar expresamente una obligación de pago de dicha tasa por parte de los usuarios de la red. El efecto útil de la obligación legal de percibir la citada tasa implica necesariamente, en efecto, una obligación simétrica de pago de la tasa por sus deudores.

153

En segundo lugar, por lo que respecta a la compensación, mencionada por las sociedades WEPA, de los costes generados por la exención controvertida, procede recordar que el Tribunal General, al referirse a la Decisión BNetzA de 2011, acogió, en los apartados 90, 91 y 94 de la sentencia recurrida, la apreciación realizada por la Comisión en la Decisión controvertida según la cual el mecanismo de la tasa controvertida garantizaba a los gestores de red la compensación íntegra de la reducción de ingresos que sufrían debido a la exención controvertida, ya que el importe de dicha tasa se adaptaba al de los fondos exigidos en virtud de tal exención.

154

Pues bien, como se ha indicado ya en el apartado 106 de la presente sentencia, la apreciación de que el método de determinación del importe de la tasa controvertida previsto en la Decisión BNetzA de 2011 debía permitir cubrir todos los costes vinculados a la exención controvertida depende de una apreciación fáctica del Tribunal General que, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 93 de la presente sentencia, no corresponde al Tribunal de Justicia controlar en la fase de casación, al no haberse alegado desnaturalización.

155

A la luz de las consideraciones anteriores, las alegaciones de las sociedades WEPA y la segunda parte del motivo único de casación formulado por la República Federal de Alemania deben desestimarse por ser en parte inadmisibles y en parte infundadas.

Sobre el control estatal

–

Alegaciones de las partes

156

Las sociedades WEPA, mediante la primera imputación de la segunda parte de su segundo motivo de casación, y la República Federal de Alemania, mediante la tercera parte de su motivo único de casación, reprochan básicamente al Tribunal General haber cometido un error de Derecho al declarar que existe control estatal sobre los fondos procedentes de la tasa controvertida.

157

La Comisión considera que esta primera imputación y la tercera parte mencionada son infundadas y, en cualquier caso, inoperantes.

–

Apreciación del Tribunal de Justicia

158

Como se desprende de la jurisprudencia citada en los apartados 122 a 126 de la presente sentencia, la existencia de un impuesto u otras exacciones obligatorias en virtud de la legislación nacional gestionados y distribuidos conforme a dicha legislación y la existencia de un control estatal sobre las cantidades en cuestión son dos criterios alternativos que permiten identificar «fondos estatales» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

159

En el caso de autos, el Tribunal General declaró, en el apartado 96 de la sentencia recurrida, que la tasa controvertida constituía una exacción parafiscal o un gravamen obligatorio que implicaba el uso de «fondos estatales», en el sentido de dicha jurisprudencia. Como se desprende de los apartados 144 a 155 de la presente sentencia, las sociedades WEPA y la República Federal de Alemania no han logrado demostrar que esta apreciación del Tribunal General adolezca de error de Derecho.

160

Pues bien, dicha apreciación basta, por sí sola, para considerar que la medida en cuestión se otorgaba mediante fondos estatales en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, sin que sea necesario examinar si las cantidades de que se trata estaban bajo control estatal.

161

Por tanto, la primera imputación de la segunda parte del segundo motivo de casación formulado por las sociedades WEPA y la tercera parte del motivo único de casación de la República Federal de Alemania son inoperantes.

162

De todas las consideraciones anteriores se desprende que deben desestimarse íntegramente el segundo motivo formulado en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑795/21 P y el motivo único formulado en apoyo del recurso de casación en el asunto C‑796/21 P.

163

Por consiguiente, al haber sido desestimados todos los motivos formulados en apoyo de los recursos de casación principales en los asuntos C‑795/21 P y C‑796/21 P, procede desestimar dichos recursos de casación en su totalidad.

Costas

164

Con arreglo al artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartados 1 y 2, de ese Reglamento, aplicables al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte, y que, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal de Justicia decidirá sobre el reparto de las costas.

165

En el caso de autos, se han desestimado todas las pretensiones de las sociedades WEPA y de la República Federal de Alemania relativas, respectivamente, al recurso de casación principal en el asunto C‑795/21 P y al recurso de casación principal en el asunto C‑796/21 P, al tiempo que se han desestimado todas las pretensiones de la Comisión referidas a las adhesiones a la casación en esos asuntos.

166

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que se hará una justa apreciación de las circunstancias del caso de autos decidiendo que cada parte cargue con sus propias costas.

1)

Desestimar los recursos de casación principales y las adhesiones a la casación.

2)

WEPA Hygieneprodukte GmbH, WEPA Deutschland GmbH & Co. KG, la República Federal de Alemania y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.