AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 28 de abril de 2025 (*)

« Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva (UE) 2019/1023 — Procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas — Artículo 23, apartado 4 — Exclusión de los créditos públicos de la exoneración de deudas — Carácter “debidamente justificado” de tal exclusión »

En el asunto C‑46/24,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 19 de Madrid, mediante auto de 4 de septiembre de 2023, recibido en el Tribunal de Justicia el 23 de enero de 2024, en el procedimiento entre

RB

y

Ayuntamiento de Humanes de Madrid,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

integrado por el Sr. A. Kumin, Presidente de Sala, el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele, Juez;

Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;

dicta el siguiente

Auto

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 23, apartado 4, de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO 2019, L 172, p. 18; corrección de errores en DO 2022, L 43, p. 94).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre RB, persona física concursada, y el Ayuntamiento de Humanes de Madrid (en lo sucesivo, «Ayuntamiento»), en relación con una solicitud de exoneración de deudas presentada por RB en el procedimiento concursal en el que está incursa.

 Marco jurídico

 Derecho de la Unión

3        A tenor de los considerandos 78 y 81 de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia:

«(78)      La plena exoneración de deudas o el fin de las inhabilitaciones tras un período no superior a tres años no son adecuados en todas las circunstancias, por lo que puede ser necesario establecer en la normativa nacional excepciones a dicha norma debidamente justificadas. […]

[…]

(81)      Cuando exista una razón debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional, podría ser conveniente limitar la posibilidad de exoneración para determinadas categorías de deuda. Los Estados miembros deben poder excluir las deudas garantizadas de la posibilidad de exoneración solo hasta la cuantía del valor de la garantía que determine la normativa nacional, mientras que el resto de la deuda debe considerarse deuda no garantizada. Los Estados miembros deben poder excluir otras categorías de deudas cuando esté debidamente justificado.»

4        El artículo 23 de esta Directiva, titulado «Excepciones», establece en su apartado 4 lo siguiente:

«Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, como en los siguientes casos:

a)      deudas garantizadas;

b)      deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;

c)      deudas derivadas de responsabilidad extracontractual;

d)      deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;

e)      deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, y

f)      deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas.»

 Derecho español

5        La ley aplicable ratione temporis al litigio principal es el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (BOE n.º 127 de 7 de mayo de 2020, p. 31518), en su versión modificada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva 2019/1023 (BOE n.º 214 de 6 de septiembre de 2022, p. 123682) (en lo sucesivo, «TRLC»).

6        El preámbulo de la Ley 16/2022 indica lo siguiente:

«[…]

[…] Aunque la Directiva no lo impone, sí aconseja, y de hecho se ha optado, por mantener la regulación de la exoneración también para el caso de personas naturales cuyas deudas no provengan de actividades empresariales (consumidores).

[…]

La Directiva [sobre reestructuración e insolvencia] obliga a todos los Estados miembros al establecimiento de un mecanismo de segunda oportunidad para evitar que los deudores se vean tentados a deslocalizarse a otros países que ya acojan estos institutos, con el coste que esto supondría tanto para el deudor como para sus acreedores. Al tiempo, la homogeneización en este punto se considera imprescindible para el funcionamiento del mercado único europeo.

Uno de los cambios más drásticos de la nueva normativa es que, en lugar de condicionar la obtención de la exoneración a la satisfacción de un determinado tipo de deudas (como ha venido a recoger el artículo 487.2 del texto refundido de la Ley Concursal), se acoge un sistema de exoneración por mérito en el que cualquier deudor, sea o no empresario, siempre que satisfaga el estándar de buena fe en que se asienta este instituto, puede exonerar todas sus deudas, salvo aquellas que, de forma excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerables. Se mantiene la opción, ya acogida por el legislador español en 2015, de conceder la exoneración a cualquier deudor persona natural de buena fe, sea o no empresario.

[…]

Se amplía la exoneración a todas las deudas concursales y contra la masa. Las excepciones se basan, en algunos casos, en la especial relevancia de su satisfacción para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho (como las deudas por alimentos, las de derecho público, las deudas derivadas de ilícito penal o incluso las deudas por responsabilidad extracontractual). Así, la exoneración de deudas de derecho público queda sujeta a ciertos límites y solo podrá producirse en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no en las sucesivas. En otros casos, la excepción se justifica en las sinergias o externalidades negativas que podrían derivar de la exoneración de cierto tipo de deudas: la exoneración de las deudas por costes o gastos judiciales derivados de la tramitación de la propia exoneración podría desincentivar la colaboración de ciertos terceros con el deudor en este objetivo (por ejemplo, los abogados), lo cual perjudicaría el acceso del concursado al expediente. De la misma forma, la exoneración de deudas que gocen de garantías reales socavaría, sin fundamento alguno, una de las piezas esenciales del acceso al crédito y, con ello, del correcto funcionamiento de las economías modernas, cual es la inmunidad del acreedor que disfrute de una garantía real sólida a las vicisitudes de la insolvencia o el incumplimiento del deudor. Por último, de forma excepcional, se permite al juez que declare la no exonerabilidad total o parcial de ciertas deudas cuando ello sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor.

[…]»

7        El artículo 489 del TRLC preceptúa lo siguiente:

«1.      La exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las siguientes:

[…]

2.º      Las deudas por responsabilidad civil derivada de delito.

[…]

5.^o      Las deudas por créditos de Derecho público. No obstante, las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán exonerarse hasta el importe máximo de diez mil euros por deudor; para los primeros cinco mil euros de deuda la exoneración será integra, y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el cincuenta por ciento de la deuda hasta el máximo indicado. Asimismo, las deudas por créditos en seguridad social podrán exonerarse por el mismo importe y en las mismas condiciones. El importe exonerado, hasta el citado límite, se aplicará en orden inverso al de prelación legalmente establecido en esta ley y, dentro de cada clase, en función de su antigüedad.

6.º      Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves.

[…]»

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

8        El 13 de marzo de 2023, la representación procesal de RB presentó una solicitud de declaración de concurso de acreedores, por la que solicitaba la exoneración íntegra del pasivo insatisfecho. En el listado de acreedores figuraba el Ayuntamiento por un crédito de 512,38 euros.

9        Tras haber requerido cierta documentación a RB, el órgano jurisdiccional remitente dictó un auto, el 17 de mayo de 2023, que declaraba el concurso, con llamamiento a sus acreedores para que pudieran solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

10      Al no manifestarse ningún acreedor en el plazo concedido a tal efecto, RB presentó una solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho que debería alcanzar la totalidad de sus deudas.

11      El 14 de julio de 2023, el órgano jurisdiccional remitente instó a las partes y al Ministerio Fiscal a que presentaran sus observaciones sobre la pertinencia de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

12      En respuesta, RB presentó un escrito en el que alegaba que, en este caso, el planteamiento de una cuestión prejudicial carecía de pertinencia debido a que, por una parte, renunciaba a la exoneración de la deuda de crédito de Derecho público contraída con el Ayuntamiento y, por otra, esa deuda, habida cuenta de su importe, se encontraba dentro del umbral exonerable previsto en el artículo 489, apartado 1, punto 5, del TRLC. Ninguna otra parte respondió al órgano jurisdiccional remitente.

13      El órgano jurisdiccional remitente expresa dudas en cuanto a la compatibilidad del régimen español de no exoneración de las deudas por créditos de Derecho público, previsto en dicha disposición, con la Directiva sobre reestructuración e insolvencia. Se pregunta, en particular, si la exclusión de la exoneración de deudas de Derecho público debido a que su pago por el concursado es especialmente relevante para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho, puede considerarse debidamente justificada, en el sentido de esta Directiva. El órgano jurisdiccional remitente estima que esta justificación del legislador español, por un lado, puede tildarse de «lacónica, ambigua y hueca» y, por otro, permite, sin cambiar ni una sola palabra, justificar una solución contraria a la exclusión prevista por ese legislador, toda vez que la exoneración de esta categoría de deudas también podría ser especialmente relevante para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho. En efecto, según ese mismo órgano jurisdiccional, exigir a un deudor de buena fe, al que se han liquidado todos sus bienes, que pague las deudas por créditos de Derecho público sin que esta exigencia esté debidamente justificada conducirá al ostracismo, a la marginalidad y a la economía sumergida a buena parte de los deudores de buena fe, comprometiendo así la consecución del objetivo perseguido por la mencionada Directiva.

14      En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 19 de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Es respetuosa con la exigencia de la debida justificación que ha de efectuarse con arreglo al Derecho nacional, derivada del art. 23.4 y considerando 81 de la Directiva [sobre reestructuración e insolvencia], para excluir de la exoneración las deudas por créditos de Derecho público, la siguiente, ofrecida en el preámbulo [del TRLC]: “Las excepciones se basan, en algunos casos, en la especial relevancia de su satisfacción para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho (como las deudas por alimentos, las de Derecho público, las deudas derivadas de ilícito penal o incluso las deudas por responsabilidad extracontractual)”?

2)      La debida justificación a que se refiere el art. 23.4 de la Directiva [sobre reestructuración e insolvencia], ¿ha de serlo con arreglo al Derecho nacional, como indica el considerando 81, o puede serlo con otros criterios no jurídicos? En su caso, ¿qué criterios o parámetros podrían ser utilizados? La falta de cita de normas o preceptos legales en la justificación, ¿impide considerar que la debida justificación lo es con arreglo al Derecho nacional?

3)      La debida justificación para la exclusión de las deudas por créditos de Derecho público de la exoneración, ¿ha de ser concreta y específica para esta categoría de deudas, o puede ser la misma que para otras categorías de deudas, de naturaleza muy diferente, como las derivadas de ilícitos penales, responsabilidad extracontractual o alimentos? Esa identidad de justificación para deudas de muy diferente naturaleza y origen, ¿impide considerar que sea debida?

4)      ¿Es justificación debida la que igual permitiría excluir de la exoneración las deudas por créditos de Derecho público que no excluirlos? ¿Satisface la exigencia de la Directiva [sobre reestructuración e insolvencia] que la debida justificación se componga de explicaciones obvias y genéricas?

5)      La inexistencia o insuficiencia de la justificación, ¿compromete la consecución del objetivo de la Directiva [sobre reestructuración e insolvencia] de que el deudor de buena fe consiga la plena exoneración de deudas?»

 Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

15      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 2024, el procedimiento en el presente asunto quedó suspendido hasta el pronunciamiento de la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán (C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934).

16      Mediante escrito de 14 de noviembre de 2024, la Secretaría del Tribunal de Justicia comunicó dicha sentencia al órgano jurisdiccional remitente y le instó a indicar si, a la luz de la referida sentencia, deseaba mantener su petición de decisión prejudicial.

17      Mediante escrito de 2 de diciembre de 2024, el citado órgano jurisdiccional informó al Tribunal de Justicia de su intención de mantener la petición de decisión prejudicial.

18      En su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en particular, que el presente procedimiento prejudicial se tramite mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En apoyo de esta solicitud, dicho órgano jurisdiccional señala que el litigio del que conoce afecta potencialmente a un gran número de personas, dado que la crisis económica del Reino de España ha dado lugar a un número muy elevado de procedimientos concursales, aún pendientes, en que se ven involucradas personas físicas y en los que las solicitudes de exoneración del pasivo insatisfecho, presentadas al amparo del TRLC, son muy numerosas. Por tanto, a su entender, una tramitación rápida de la presente petición de decisión prejudicial facilitaría la acertada y rápida resolución de un número muy elevado de litigios con el mismo objeto.

19      A este respecto, ha de recordarse que, conforme al artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, a instancia del órgano jurisdiccional remitente o, excepcionalmente, de oficio, el Presidente del Tribunal de Justicia puede, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, decidir tramitar una petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones del referido Reglamento de Procedimiento, cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo.

20      En este caso, procede constatar, a la luz de la decisión adoptada de resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 99 del mismo Reglamento de Procedimiento, que no ha lugar a pronunciarse sobre la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que el presente procedimiento prejudicial se tramite mediante procedimiento acelerado.

 Sobre las cuestiones prejudiciales

21      En virtud del artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia.

22      Procede recordar asimismo que la cooperación judicial establecida por el artículo 267 TFUE se basa en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. Por una parte, el Tribunal de Justicia no está facultado para aplicar las normas del Derecho de la Unión a un asunto determinado, sino tan solo para interpretar los Tratados y los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 201 y jurisprudencia citada). Por otra parte, conforme al punto 11 de las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO C, C/2024/6008), redactado, en esencia, en términos idénticos a los del punto 11 de las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1), corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales extraer en los litigios de que conocen las consecuencias concretas de los elementos de interpretación aportados por el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2018, Roche Lietuva, C‑413/17, EU:C:2018:865, apartado 43).

23      En este caso, pese a las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia estima que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada por dicho órgano jurisdiccional puede deducirse claramente de las sentencias de 11 de abril de 2024, Agencia Estatal de Administración Tributaria (Exclusión de los créditos públicos de la exoneración de deudas) (C‑687/22, EU:C:2024:287), y de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán (C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934). Por consiguiente, procede aplicar el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento en el presente asunto.

24      Tal como se desprende del apartado 22 del presente auto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente extraer las consecuencias concretas, en el litigio principal, de los elementos de interpretación dimanantes de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

 Cuestiones prejudiciales primera a cuarta

25      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente, por una parte, que se determinen los criterios para apreciar si la exclusión de los créditos de Derecho público de la exoneración de deudas está «debidamente justificada» en el sentido del artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia y, por otra parte, que se dilucide si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, basándose en que su satisfacción tiene una especial relevancia para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos.

26      A este respecto, antes de nada, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que la relación de categorías específicas de créditos que figura en él no tiene carácter exhaustivo y de que los Estados miembros tienen la facultad de excluir de la exoneración de deudas categorías específicas de créditos distintas de las enumeradas en esa disposición, siempre que tal exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional [sentencias de 11 de abril de 2024, Agencia Estatal de Administración Tributaria (Exclusión de los créditos públicos de la exoneración de deudas), C‑687/22, EU:C:2024:287, apartado 44, y de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 59].

27      Por lo que se refiere, a continuación, a la condición prevista en el referido artículo 23, apartado 4, de que tal exclusión esté «debidamente justificada», el Tribunal de Justicia ha considerado que, cuando el legislador nacional adopte disposiciones que establezcan tales excepciones, los motivos de estas excepciones deben desprenderse bien del procedimiento que llevó a su adopción, bien del Derecho nacional, y esos motivos deben perseguir un interés público legítimo (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartados 55 y 64 y jurisprudencia citada).

28      Sobre este particular, el Tribunal de Justicia ha precisado que, por lo que respecta al primer supuesto, cuando, en virtud del Derecho nacional, los trabajos preparatorios, los preámbulos y las exposiciones de motivos de disposiciones legales o reglamentarias forman parte integrante de ellas o son pertinentes para interpretarlas y contienen una justificación de la excepción mantenida o introducida en ejercicio de la facultad contemplada en el mencionado artículo 23, apartado 4, procede considerar que esa justificación satisface las exigencias de dicha disposición, y que, por lo que respecta al segundo supuesto, la referida justificación también puede figurar en otras disposiciones del Derecho nacional distintas de la que contiene esa excepción, como una disposición constitucional, legislativa o reglamentaria nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 55 y jurisprudencia citada).

29      Además, el Tribunal de Justicia ha añadido que tanto el considerando 78 de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, que hace referencia a las excepciones debidamente justificadas por motivos precisados en el Derecho nacional, como su considerando 81, que alude a una razón debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional, permiten considerar que el legislador de la Unión estimó que bastaba con que se respetaran las modalidades previstas a tal efecto en los distintos Derechos nacionales (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 65 y jurisprudencia citada).

30      Por último, en cuanto a la motivación contemplada en las cuestiones prejudiciales, que figura en el preámbulo de la Ley 16/2022 y que se basa en la especial relevancia de satisfacer los créditos de Derecho público para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho, y a si tal motivación justifica debidamente la exclusión general, prevista en el artículo 489, apartado 1, punto 5, del TRLC, de la exoneración de deudas por los citados créditos, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, al margen de la naturaleza de esos créditos y de las circunstancias que los han originado, el Tribunal de Justicia ha indicado que corresponde al órgano jurisdiccional remitente proceder a esta apreciación teniendo en cuenta la obligación de respetar el principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 66 y jurisprudencia citada).

31      El Tribunal de Justicia ha deducido de ello que el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional de transposición que establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, basándose en que la satisfacción de estos créditos tiene una especial relevancia para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, al margen de la naturaleza de esos créditos y de las circunstancias que los han originado, siempre que tal exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 67).

32      En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta que el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que:

–        procede apreciar, según las modalidades previstas a tal efecto en la normativa nacional de que se trate, si la exclusión de los créditos de Derecho público de la exoneración de deudas está «debidamente justificada»;

–        no se opone a una normativa nacional que establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, basándose en que la satisfacción de estos créditos tiene una especial relevancia para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, siempre que esta exclusión esté «debidamente justificada» con arreglo al Derecho nacional.

 Quinta cuestión prejudicial

33      Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, sin que tal exclusión esté «debidamente justificada», o ni siquiera justificada, por el legislador nacional.

34      A este respecto, procede recordar que, en el apartado 56 de la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán (C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas en un supuesto específico, sin que el legislador nacional haya justificado debidamente tal exclusión.

35      Pues bien, en la medida en que los apartados 2 y 4 de dicho artículo 23, en lo que respecta a las excepciones o las exclusiones adoptadas por los Estados miembros en ejercicio de la facultad que les confieren estas disposiciones, tienen idéntica redacción, por cuanto prevén que tales excepciones o exclusiones deben estar «debidamente justificadas», ha de concluirse que la interpretación recordada en el apartado anterior del presente auto es válida también en lo atinente al citado artículo 23, apartado 4, y, a fortiori, en una situación en la que la normativa nacional en cuestión establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, sin que tal exclusión esté «debidamente justificada», o ni siquiera justificada, por el legislador nacional.

36      Por lo tanto, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 23, apartado 4, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, sin que tal exclusión esté «debidamente justificada», o ni siquiera justificada, por el legislador nacional.

 Costas

37      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) resuelve:

1)      El artículo 23, apartado 4, de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia),

debe interpretarse en el sentido de que

–        procede apreciar, según las modalidades previstas a tal efecto en la normativa nacional de que se trate, si la exclusión de los créditos de Derecho público de la exoneración de deudas está «debidamente justificada»;

–        no se opone a una normativa nacional que establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, basándose en que la satisfacción de estos créditos tiene una especial relevancia para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, siempre que esta exclusión esté «debidamente justificada» con arreglo al Derecho nacional.

2)      El artículo 23, apartado 4, de la Directiva 2019/1023

debe interpretarse en el sentido de que

se opone a una normativa nacional que establece una exclusión general de la exoneración de deudas por créditos de Derecho público, salvo en circunstancias y límites cuantitativos muy restringidos, sin que tal exclusión esté «debidamente justificada», o ni siquiera justificada, por el legislador nacional.

Dictado en Luxemburgo, a 28 de abril de 2025.

*      Lengua de procedimiento: español.