Toda persona que haya pagado indebidamente derechos de aduana de importación, impuestos de fabricación, impuestos de consumo o derechos del Estado, incluso antes de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, tendrá derecho a que se le devuelvan las cantidades pagadas si aporta la prueba documental de que no se ha repercutido de ningún modo el gravamen correspondiente sobre otras personas, salvo en caso de error material.

1.Se entenderá que el plazo quinquenal de caducidad previsto por el artículo 91 del Texto Unico de las disposiciones legislativas en materia aduanera, aprobado por Decreto del Presidente de la República n° 43, de 23 de enero de 1973, es aplicable a todas las solicitudes y acciones de reembolso de cantidades pagadas en relación con operaciones aduaneras. A partir del nonagésimo día siguiente a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, el citado plazo y el plazo de prescripción previsto por el artículo 84 del texto refundido quedarán reducidos a tres años.2.Se devolverán los derechos de aduana de importación, los impuestos de fabricación, los impuestos sobre el consumo, el impuesto sobre el azúcar y los derechos del Estado percibidos con arreglo a disposiciones nacionales incompatibles con normas comunitarias, salvo que el gravamen correspondiente se haya repercutido sobre otros sujetos.3.Se aplicará el artículo 19 del Decreto-Ley n° 688, de 30 de septiembre de 1982, convalidado, previa modificación, mediante Ley n° 873, de 27 de noviembre de 1982, cuando los tributos percibidos no estén comprendidos en el ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico comunitario.4.La demanda de reembolso de los derechos y tributos a los que se refieren en los apartados 2 y 3 anteriores, cuando el correspondiente gasto haya concurrido a determinar los rendimientos de la empresa, deberá asimismo comunicarse bajo pena de inadmisibilidad, a las oficinas tributarias que hayan recibido las declaraciones de los rendimientos del ejercicio correspondiente.

[...]

1)¿Debe interpretarse el derecho comunitario en el sentido de que se opone al establecimiento por parte de un Estado miembro de normas como la del artículo 29 de la Ley italiana n° 428, de 29 de diciembre de 1990, la cual supedita la devolución de tributos recaudados en violación del derecho comunitario a plazos de prescripción o de caducidad y a condiciones de prueba distintas y más restrictivas que las previstas en las normas generales del derecho civil? Concretamente, en relación con el principio según el cual las modalidades para el ejercicio del derecho a la devolución establecidas en las leyes nacionales no pueden ser menos favorables que las que se refieren a análogas impugnaciones de derecho nacional, se pide que se dilucide qué debe entenderse con la expresión análogas impugnaciones de derecho nacional.2)¿Se oponen los principios fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario a que un Estado miembro —con carácter limitativo y sólo en relación con un ámbito específico constituido por una categoría homogénea de exacciones fiscales en el cual prevalecen notablemente las que son relevantes para el ordenamiento jurídico comunitario— establezca una normativa especial y de excepción con objeto de restringir y limitar el derecho a la repetición de lo indebido, estableciendo, de este modo, una excepción a las condiciones generales que para la repetición de lo indebido establece el artículo 2033 del Código Civil? Concretamente, ¿puede interpretarse restrictivamente el principio de no discriminación y, por lo tanto, puede considerarse que se ajusta al mismo una norma de un Estado miembro, como la contenida en el apartado 2 del artículo 29 de la Ley n° 428, de 29.12.1990, por el mero hecho de que las condiciones que establece para devolver las exacciones fiscales, relevantes según el derecho comunitario, aunque sean restrictivas con respecto a la disciplina general del derecho común, sin embargo resultan menos gravosas que las condiciones especiales de devolución previstas en el apartado 2 del mismo artículo?3)¿Se oponen los mencionados principios fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario a que —después de las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia en las que se declararon incompatibles con el derecho comunitario diversos tributos en materia de derechos aduaneros de importación, impuestos de fabricación, impuestos sobre el consumo, sovrapprezzo [suplemento del precio adeudado por los productores y los importadores italianos a la caja de compensación del azúcar] del azúcar y derechos de carácter estatal— un Estado miembro adopte una norma de carácter procesal, como la contenida en el artículo 29 de la Ley n° 428, de 29.12.1990, que reduce específicamente la posibilidad de actuar para reclamar la devolución de dichos tributos indebidamente recaudados en infracción del derecho comunitario?4)Si una Ley como la mencionada —supuestamente establecida para adaptar la legislación nacional a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia— aprobada, además, con tres años y medio de retraso con respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia, con el consiguiente enriquecimiento injusto del Estado retardado, no fuera incompatible con el derecho comunitario y, concretamente, con lo declarado, en materia de no admisión de la prueba, en la sentencia de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio, 199/82, y concretamente, si no fuera incompatible la interpretación y aplicación del citado artículo 29 sobre la base del supuesto de que —siendo un hecho notorio la incorporación de los impuestos sobre el consumo—, ¿sería la prueba mediante presunciones suficiente para admitir la repercusión y, por lo tanto, desestimar la solicitud de devolución?5)¿Es lícito, por consiguiente, según el derecho comunitario que el Juez nacional o su consultor técnico determine la repercusión del impuesto utilizando tales presunciones simples, que necesariamente serían típicas pruebas libres, excluyendo de este modo sistemáticamente las solicitudes de devolución, como ocurre en la práctica, de forma que la Administración deudora nunca admita que está obligada a proceder a la devolución?6)¿Puede imponerse y, en cualquier caso, interpretarse con efecto retroactivo una norma como la contenida en los apartados 4 y 8 del citado artículo 29, que impone formalidades de procedimiento (por ejemplo, obligación de comunicar a determinados negociados de la propia autoridad deudora) nunca establecidas en anteriores casos de devolución examinados en la regulación general de la materia?

Someter las acciones de devolución de impuestos contrarios al Derecho comunitario, como el impuesto sobre el consumo de plátanos, a condiciones menos favorables que las previstas para la repetición de lo indebido entre particulares (primera y segunda cuestiones).