Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 12 de febrero de 2026 (1)
Asunto C‑837/24
NOVA IBEROMOLDES — SGPS, S. A.
contra
Autoridade Tributária e Aduaneira
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitraje Administrativo), Portugal]]
« Petición de decisión prejudicial — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Aportación de participaciones de una sociedad — Conformidad de un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias con la Directiva 2008/7 — Impuesto sobre las transmisiones — Transmisión indirecta de un bien inmueble mediante la transmisión de al menos el 75 % de las participaciones en una sociedad con activos inmobiliarios »
I. Introducción
1. En la presente petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia debe ocuparse de la no muy conocida Directiva 2008/7/CE, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, (2) que prohíbe a los Estados miembros percibir impuestos indirectos en relación con las aportaciones de capital.
2. La cuestión interpretativa que se plantea resulta un tanto extraña, (3) pues el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si es admisible un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias que generalmente no solo grava la adquisición directa de bienes inmuebles, sino también la adquisición indirecta mediante la adquisición de una sociedad que posea el bien inmueble. Esto se hace necesario desde el punto de vista tributario tanto por consideraciones de igualdad de trato como para prevenir mecanismos dirigidos a la elusión fiscal. De no existir tal norma, posiblemente todos los bienes inmuebles se aportarían a sociedades de capital para a continuación vender sus participaciones, con idéntico resultado económico (transmisión del poder de disposición sobre un bien inmueble) sin carga tributaria alguna.
3. Sin embargo, no deja de resultar un trastorno el impuesto sobre transmisiones inmobiliarias devengado con motivo de una aportación de capital societario (en el caso de autos, en forma de una aportación en especie de participaciones de otra sociedad que es propietaria de un bien inmueble), en particular en el marco de las reestructuraciones. Esto explica el intento de oponerse a él acogiéndose al Derecho de la Unión (en particular, a la Directiva 2008/7).
4. El Tribunal de Justicia tiene ocasión de aclarar el alcance de la Directiva 2008/7, la cual (de forma seguramente indiscutida) no prohíbe a los Estados miembros introducir un impuesto nacional sobre transmisiones patrimoniales. No obstante, se plantea la cuestión de si la necesaria extensión, ya mencionada, de dicho impuesto a la transmisión de participaciones en una sociedad propietaria de un bien inmueble pudiera ser contraria a dicha Directiva. En caso afirmativo, quizás no podría recaudarse ya ningún impuesto sobre transmisiones inmobiliarias, pues, por lo general, el Derecho nacional (en caso de que, como suele suceder, reconozca un principio de igualdad de trato comparable al artículo 20 de la Carta) no permitiría tal diferencia de trato entre operaciones que, en definitiva, tienen el mismo resultado económico. Así pues, vuelve (4) a estar en manos del Tribunal de Justicia decidir sobre la continuidad de una normativa fiscal nacional (no armonizada) de los Estados miembros, en concreto, en el presente asunto, el impuesto sobre transmisiones inmobiliarias.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
5. Los considerandos 2 y 7 de la Directiva 2008/7 exponen lo siguiente:
«(2) Los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, a saber, el impuesto sobre las aportaciones (impuesto al que están sometidas las aportaciones a sociedades), el impuesto de timbre sobre valores y el impuesto sobre las operaciones de reestructuración, con independencia de que dichas operaciones comporten un incremento del capital social, dan lugar a discriminaciones, doble imposición y disparidades que obstaculizan la libre circulación de los capitales. Lo mismo cabe decir en relación con otros impuestos indirectos que presenten las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital o el impuesto de timbre sobre valores.
[…]
(7) La idea de un mercado interior supone que la aplicación a los capitales, concentrados en el ámbito de una sociedad, de un impuesto sobre la concentración de capitales no pueda producirse más de una vez en el seno del mercado interior. En consecuencia, si el Estado miembro que tenga atribuida la potestad tributaria no recauda el impuesto sobre las aportaciones respecto de algunas o la totalidad de las operaciones sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva, ningún otro Estado miembro debe ejercer la potestad tributaria en relación con las citadas operaciones.»
6. El artículo 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/7 regula el ámbito de aplicación del siguiente modo:
«La presente Directiva regula la percepción de impuestos indirectos en relación con lo siguiente:
a) aportaciones de capital a las sociedades de capital;
b) operaciones de reestructuración que afecten a sociedades de capital.»
7. El artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/7 reza:
«A efectos de la presente Directiva y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, tendrán la consideración de “aportaciones de capital” las siguientes operaciones:
a) la constitución de una sociedad de capital.»
8. El artículo 5, apartado 1, letras a) y e), de la Directiva 2008/7 dispone:
«1. Los Estados miembros no someterán a las sociedades de capital a ninguna forma de imposición indirecta en lo que respecta a lo siguiente:
a) aportaciones de capital;
[…]
e) operaciones de reestructuración a que se refiere el artículo 4.»
9. El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/7 presenta el siguiente tenor:
«1. No obstante lo dispuesto en el artículo 5, los Estados miembros podrán percibir los siguientes derechos e impuestos:
a) impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, aplicando un tipo uniforme o no;
b) impuestos sobre las transmisiones, incluidos los derechos de inscripción en el Registro de la Propiedad, que graven las aportaciones, a una sociedad de capital, de bienes inmuebles o de fondos de comercio situados en su territorio;
[…]
f) el impuesto sobre el valor añadido.»
10. El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/7 establece:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra a), los Estados miembros que, a 1 de enero de 2006, sometiesen a las sociedades de capital al impuesto sobre las aportaciones de capital (en lo sucesivo, “el impuesto sobre las aportaciones”), podrán continuar haciéndolo, siempre que se ajuste a lo dispuesto en los artículos 8 a 14.»
11. Con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2008/7:
«1. El impuesto sobre las aportaciones tendrá un único tipo de gravamen.
2. El tipo del impuesto sobre las aportaciones que aplique un Estado miembro no podrá ser superior al aplicado por ese mismo Estado miembro a 1 de enero de 2006. Si, con posterioridad a dicha fecha, el Estado miembro reduce el tipo aplicado, no podrá reinstaurar un tipo más elevado.
3. El tipo del impuesto sobre las aportaciones no podrá en ningún caso sobrepasar el 1 %.»
B. Derecho portugués
12. El Imposto Municipal sobre [as Transmissões Onerosas de] Imóveis (impuesto municipal sobre las transmisiones de bienes inmuebles a título oneroso; en lo sucesivo, «IMT») se introdujo en el ordenamiento jurídico portugués en 2003, mediante el Decreto-ley n.º 287/2003, de 12 de noviembre (en lo sucesivo, «Código IMT»).
13. En el momento de los hechos (2019), el artículo 2 del Código IMT regulaba de la siguiente manera el ámbito de aplicación objetivo y territorial:
«1 — El IMT grava las transmisiones, a título oneroso, del derecho de propiedad, o de partes de ese derecho, sobre bienes inmuebles situados en el territorio nacional.
2 — A efectos del apartado 1, el concepto de transmisión de bienes inmuebles comprende, además: […]
d) la adquisición de participaciones sociales o cuotas en sociedades colectivas, en comandita simple o de responsabilidad limitada, cuando dichas sociedades sean titulares de bienes inmuebles y cuando por dicha adquisición, por amortización o por cualquier otro hecho alguno de los socios pase a disponer de, al menos, el 75 % del capital social o el número de socios se reduzca a un matrimonio o a una pareja de hecho.»
14. El artículo 12 del Código IMT regula la base imponible:
«1 — El IMT se aplica al valor consignado en el acto o contrato o, si fuera superior, al valor de referencia a efectos tributarios de los inmuebles.
[…]
4 — No obstante, las disposiciones de los apartados anteriores se entenderán sin perjuicio de las normas siguientes:
[…]
19. Cuando se produzcan las transmisiones a que se refieren las letras d) y e) del apartado 2 del artículo 2, el impuesto se liquidará de la siguiente manera:
a) por el valor de referencia a efectos tributarios de los inmuebles correspondiente a la cuota o participación social mayoritaria o, en su caso, al valor total de tales bienes; en ambos casos, se tomará el valor contable según balance, si fuera superior; […]».
15. Los tipos del impuesto establecidos en el artículo 17 del Código IMT se mueven en una horquilla de entre el 1 % y el 8 %, en función del valor del bien inmueble.
III. Hechos
16. El presente asunto tiene su origen en una demanda de arbitraje presentada por NOVA IBEROMOLDES — SGPS, S. A., con domicilio social en Lisboa (en lo sucesivo, «NOVA»), contra la Autoridade Tributária e Aduaneira (Administración Tributaria y Aduanera; en lo sucesivo, «AT»).
17. NOVA es una sociedad de cartera (sociedade gestora de participações sociais; SGPS) que había sido constituida el 28 de marzo de 2019 bajo la forma de una sociedad anónima. El capital social de NOVA fue íntegramente desembolsado mediante aportaciones no dinerarias (acciones y participaciones) que poseía su socia única (Iberomoldes, SGPS S. A.). En lo que aquí interesa, se trata de dos participaciones en la sociedad «Edilásio Carreira da Silva Lda.», representativas de la totalidad del capital social de esta.
18. Cuando se devengó el impuesto, la sociedad «Edilásio Carreira da Silva Lda.» era propietaria de dos bienes inmuebles con un valor de referencia a efectos fiscales (en lo sucesivo, «valor de referencia») de 140 900,00 y 358 296,50 euros, respectivamente.
19. En general, las transmisiones a título oneroso de la propiedad (o de partes de este derecho) sobre bienes inmuebles situados en territorio portugués están sujetas a un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias (el IMT). Con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra d), del Código IMT (en su versión vigente en 2019), el concepto de transmisión de bienes inmuebles comprende también la adquisición de participaciones en sociedades, si estas son titulares de bienes inmuebles y, por la causa que sea, alguno de los socios pasa a disponer de, al menos, el 75 % del capital social de dicha sociedad.
20. La AT (Oficina Tributaria de Leiria, Portugal) llevó a cabo una inspección fiscal que tenía por objeto el IMT correspondiente al ejercicio de 2019, estableció los valores contables netos de los bienes inmuebles a 31 de marzo de 2019 y determinó la base imponible a efectos del IMT. En particular con respecto a los inmuebles propiedad de la sociedad «Edilásio Carreira Silva Lda.», la AT concluyó que se adeudaba un importe de 68 855,61 euros en concepto de IMT, más intereses por importe de 11 024,45 euros.
21. El 22 de septiembre de 2023, NOVA presentó la demanda de arbitraje que ha dado lugar al presente procedimiento, impugnando el importe del IMT correspondiente a los inmuebles propiedad de la sociedad «Edilásio Carreira Silva Lda.».
22. El presente asunto versa, según NOVA, sobre la constitución de una sociedad de capital (la propia NOVA) en la forma de una aportación de capital en el sentido del artículo 3, letra a), de la Directiva 2008/7, que no debe estar sujeta a ningún tipo de imposición indirecta en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la citada Directiva. La transmisión de las participaciones en la sociedad «Edilásio Carreira da Silva Lda.», mediante la que se materializó la aportación de activos y que dio lugar a la liquidación del IMT de que se trata, no está comprendida en la excepción prevista en el artículo 6 de la Directiva 2008/7, tanto porque las «participaciones» no son valores mobiliarios [a los efectos del artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva] como porque el IMT no es un «impuesto sobre las transmisiones» [a los efectos del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva].
23. Sin embargo, en opinión de la AT, la Directiva 2008/7 sí permite la tributación con arreglo a su artículo 6. El Código IMT incluye entre las transmisiones gravadas por ese impuesto determinadas operaciones que implican directa o indirectamente la transmisión de bienes inmuebles, en particular la adquisición de participaciones sociales, ya que pretende precisamente evitar que, mediante la adquisición de participaciones sociales o de cuotas de sociedades que posean inmuebles en su activo, pueda adquirirse, de manera indirecta, la propiedad de tales inmuebles sin la correspondiente tributación.
IV. Procedimiento prejudicial
24. El Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitraje Administrativo), Portugal], que conoce de la demanda de arbitraje, ha suspendido el procedimiento y ha planteado las siguientes seis cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:
1. ¿Debe considerarse un «impuesto indirecto» que grava la concentración de capitales a efectos de la Directiva 2008/7/CE un impuesto que grava las transmisiones, a título oneroso, del derecho de propiedad o de partes de ese derecho sobre bienes inmuebles y que asimila al concepto de transmisión de bienes inmuebles cualquier hecho en virtud del cual un socio pase a disponer de, al menos, el 75 % del capital social de una sociedad propietaria de bienes inmuebles (como el IMT controvertido en el presente asunto)?
2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, a efectos de la citada Directiva, ¿debe calificarse como aportación de capital (a efectos del artículo 3 de la Directiva) o como operación de reestructuración (a efectos del artículo 4 de la Directiva) una operación, como la que constituye el objeto del presente asunto, mediante la cual se constituye una sociedad de capital, en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2008/7, para desarrollar la actividad de gestión de participaciones sociales y se desembolsa la totalidad del capital social mediante la aportación de participaciones sociales que la sociedad aportante (que también ejerce la actividad de gestión de participaciones sociales) poseía en otras sociedades, sin que se transmita ningún otro elemento ni medio ni tampoco la totalidad de los instrumentos de capital propio, y en la que, como contraprestación, la sociedad aportante recibe la totalidad del capital social de la sociedad beneficiaria?
3. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone el artículo 5, apartado 1, letras a) o e), de la Directiva 2008/7 a que se grave la operación de que se trata en virtud del artículo 2, apartado 2, letra d), del Código IMT, que asimila al concepto de transmisión de bienes inmuebles la transmisión de cuotas que representen al menos el 75 % del capital social de una sociedad propietaria de bienes inmuebles?
4. En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, a efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/7, ¿debe considerarse que las «cuotas» transmitidas constituyen «valores mobiliarios»?
5. En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, a efectos de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras b) o c), de la Directiva 2008/7, ¿debe considerarse el IMT un «impuesto sobre las transmisiones»?
6. En caso de que el artículo 2, apartado 2, letra d), del Código IMT se considere compatible con la Directiva 2008/7, ¿se oponen los artículos 8, apartado 3, y 11 de la Directiva a las normas establecidas en los artículos 12, apartado 4, cláusula 19, letra a), y 17 del Código IMT, con arreglo a los cuales se aplica un tipo de gravamen de entre el 1 % y el 8 %, en función del valor de la base imponible, el cual se determina teniendo en cuenta el valor de referencia a efectos tributarios de los inmuebles o el valor contable según balance, si fuera superior?
25. En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia han presentado observaciones escritas NOVA, Portugal, la República Federal de Alemania y la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia ha rehusado celebrar una vista con arreglo al artículo 76, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento.
V. Apreciación jurídica
A. Sobre el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/7
26. Con la primera de las seis cuestiones prejudiciales se solicita la interpretación del alcance de la Directiva 2008/7. El artículo 5, apartado 1, letra a), de la citada Directiva establece a este respecto que los Estados miembros no pueden someter a las sociedades de capital a ninguna forma de imposición indirecta en lo que respecta a las aportaciones de capital. Con arreglo al artículo 3, letra a), de dicha Directiva, también se considera aportación de capital la constitución de una sociedad de capital, que es lo que había sucedido en el presente asunto.
27. Para que sea de aplicación la Directiva 2008/7, el impuesto nacional sobre transmisiones inmobiliarias (en el caso de autos, el IMT) debe figurar entre los «impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales», según se desprende del título de la Directiva. A tenor de su artículo 1, esta comprende, en particular, los impuestos indirectos en relación con las aportaciones de capital a las sociedades de capital. En caso de que el IMT no sea un impuesto indirecto en este sentido, estarán de más todas las cuestiones prejudiciales restantes.
1. ¿Es el IMT un impuesto que grava la concentración de capitales?
28. Del considerando 7 se deduce que se está haciendo referencia a los impuestos sobre los capitales concentrados en una sociedad.
29. Sin embargo, en el caso de autos se trata de un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias, el cual grava el cambio del poder de disposición sobre un bien inmueble, generalmente mediante la transmisión de la propiedad a otra persona, (5) y que, en principio, se liquida en función del precio pagado por ella. No es necesario aclarar si, desde el punto de vista técnico, tal impuesto sobre transmisiones inmobiliarias debe considerarse un impuesto sobre transmisiones patrimoniales (como se ha considerado tradicionalmente) o, de forma similar al IVA (que es un impuesto general sobre el consumo), un impuesto especial sobre el consumo (que grava la adquisición de una clase particular de bienes, concretamente los bienes inmuebles). En cualquier caso, como tal, la tributación de las concentraciones de capital o de las aportaciones de capital nada tiene que ver con un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias. Por lo tanto, este impuesto no está prohibido en cuanto impuesto sobre las aportaciones de capitales en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2008/7.
2. Tributación de la adquisición indirecta de bienes inmuebles como posible impuesto sobre las aportaciones de capital
30. Así pues, se trata de aclarar si la conclusión antes expuesta puede verse afectada por el hecho de que un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias (como en el caso de autos) se devengue con motivo de la constitución de una sociedad de capital y de la aportación de participaciones de otra sociedad.
31. En atención a la propia soberanía fiscal de los Estados miembros y a las limitadas competencias de que disfruta la Unión en materia tributaria, podría quedar excluida una interpretación amplia en virtud de la cual todo impuesto relacionado con las aportaciones de capital en una sociedad se vea afectado por la prohibición del artículo 5 de la Directiva 2008/7. Aunque el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en sentido diferente respecto de la Directiva sobre Sociedades Matrices y Filiales, (6) esta amplísima concepción se limita a dicha Directiva y no puede trasladarse a la Directiva 2008/7, ya que, como ha señalado acertadamente el propio Tribunal de Justicia, la armonización prevista en la Directiva 2008/7 no afecta a los impuestos directos, los cuales, como el impuesto sobre transmisiones inmobiliarias, son competencia de los Estados miembros. (7)
32. Por lo tanto, se ha de distinguir si el IMT debe ser considerado otro impuesto con las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital o el impuesto de timbre sobre valores (como expresamente enuncia el considerando 2) y grava efectivamente la acumulación de capitales o si la tributación se produce únicamente con motivo de la constitución de una sociedad de capital, pero presenta un objeto imponible diferente, ya que la Directiva 2008/7 solo prohíbe los impuestos que presentan las mismas características —es decir, el mismo objeto imponible— que un impuesto sobre las aportaciones. (8)
33. Por lo tanto, en el presente asunto se ha de identificar el verdadero objeto imponible del IMT y procede examinar si este también se devenga cuando simplemente se transmiten participaciones en una sociedad que es propietaria de un bien inmueble, sin que con ello se constituya una sociedad ni se efectúe una aportación a la sociedad que va a constituirse. En tal caso, no es la acumulación de capitales lo que centra el interés, pues la tributación recae sobre un objeto diferente.
34. En este sentido debe entenderse también la resolución del Tribunal de Justicia sobre el acto jurídico predecesor de la Directiva 2008/7 (la Directiva 69/335/CEE (9)) en relación con un impuesto sobre transmisiones de valores mobiliarios. En aquel asunto, España había gravado la transmisión (de cualquier volumen) de valores mobiliarios de sociedades cuyos activos estuviesen constituidos en más del 50 % por inmuebles situados en territorio nacional. La objeción de España en el sentido de que no se trataba de la transmisión de valores mobiliarios, sino realmente de la transmisión de bienes inmuebles fue desestimada con acierto por el Tribunal de Justicia, (10) que atendió al hecho imponible del impuesto (la transmisión de valores mobiliarios).
35. En aquel asunto no se gravaba la transmisión económica de bienes inmuebles, sino únicamente la transmisión de participaciones en una sociedad propietaria de bienes inmuebles. Por consiguiente, era irrelevante el volumen de las participaciones adquiridas. Además, la cuota del impuesto venía determinada por el valor de las participaciones y no por el del bien inmueble. Por lo tanto, en dicho asunto el interés se centraba en la transmisión de participaciones en determinadas sociedades (con ciertos activos). En consecuencia, el Tribunal de Justicia examinó el impuesto sobre las transmisiones de valores mobiliarios atendiendo a la norma predecesora de la Directiva 2008/7 y declaró que dicho impuesto era conforme con la Directiva. (11)
36. En el mismo sentido va encaminada la resolución del Tribunal de Justicia según la cual la tributación de la plusvalía inmobiliaria con motivo de una aportación al capital de una sociedad no está sujeta a la Directiva predecesora de la 2008/7, ya que no constituye un impuesto sobre las aportaciones. (12) De forma similar, el Tribunal de Justicia atendió posteriormente al objeto imponible al declarar que un tributo que se asemeja más a un impuesto directo sobre la renta no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva predecesora de la 2008/7 y no constituye, por tanto, un impuesto prohibido en el sentido de esta Directiva. (13) Y esta misma lógica sigue la resolución relativa a la tasa de registro para profesionales: dado que dicha tasa se imponía a toda sociedad de capital que, por ley, hubiese de ser tratada como un profesional, aunque el gravamen también afectase a otras formas jurídicas (los empresarios individuales), el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 2008/7 no se oponía a ello. (14)
37. Por otro lado, la mayor proximidad a la presente situación podría presentarla la resolución del Tribunal de Justicia relativa a la admisibilidad de un impuesto francés de matriculación de vehículos. (15) Dicho impuesto no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva predecesora de la 2008/7, a pesar de que se devengaba por la fusión de dos sociedades de capital, pues esta constituía solamente el motivo, pero no el objeto de la tributación. En efecto, el impuesto gravaba la puesta en circulación del vehículo por una persona diferente (surgida ex novo mediante la fusión), y no la aportación a una sociedad de capital. (16)
38. Si se examina con mayor detenimiento la normativa portuguesa (y sin perjuicio de la valoración que haga el órgano jurisdiccional remitente), se observa que en el eje prioritario no se sitúa la transmisión de valores mobiliarios o de participaciones en una sociedad. El objeto imponible del IMT (como aducen tanto Alemania como Portugal) lo constituye la transmisión de la propiedad sobre un bien inmueble. A esta adquisición directa de la propiedad se equipara la adquisición indirecta por medio de la adquisición de al menos el 75 % de las participaciones en una sociedad que sea propietaria de un bien inmueble.
39. El motivo de esta equiparación podría radicar en que con más del 75 % de las participaciones se transmite a otra persona no solo el poder económico de disposición sobre la sociedad, sino también sobre su bien inmueble. Por lo tanto, lo que se grava es el cambio del poder económico de disposición sobre un bien inmueble de una persona a otra, y no una concentración de capital del tipo que sea. Dado que el poder económico de disposición sobre un bien inmueble puede ser transferido de una persona a otra tanto mediante la adquisición directa (asset deal) como mediante la adquisición indirecta (share deal), resulta comprensible que Portugal trate por igual ambas formas de transmisión desde el punto de vista fiscal.
40. Además, que con el IMT no se pretende gravar el capital acumulado con la aportación ni las participaciones sociales aportadas queda de manifiesto por el hecho de que la base imponible no viene dada por el valor de la sociedad absorbida o de las participaciones aportadas, sino únicamente por el valor del bien inmueble, (17) del cual en adelante podrá disponer económicamente una nueva persona (la sociedad absorbente, que en el caso de autos es NOVA). Esto también aboga a favor de un objeto imponible distinto del que presenta un impuesto sobre las aportaciones de capital o sobre las transmisiones de valores mobiliarios y viene corroborado por el hecho de que no solo da lugar al impuesto sobre transmisiones inmobiliarias la aportación a una sociedad de capital, sino también la adquisición del 75 % de las participaciones, por ejemplo, por una persona física.
41. Incluso me inclino por considerar que la sujeción al impuesto sobre transmisiones inmobiliarias con motivo de un share deal es necesaria en lo que respecta a la igualdad de la tributación de los sujetos pasivos y de la tributación según la capacidad económica. En caso contrario, la sujeción a dicho impuesto en caso de transmisiones de bienes inmuebles podría ser relativamente fácil de eludir aportando el bien inmueble a una sociedad de capital antes de la venta, para después transmitir simplemente todas las participaciones en dicha sociedad.
42. A este respecto, la sujeción al impuesto de la transmisión de la mayoría dominante de las participaciones en una sociedad que es propietaria de un bien inmueble constituye un complemento necesario de todo impuesto sobre transmisiones inmobiliarias. No obstante, si un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias no constituye, como tal, un impuesto indirecto sobre las aportaciones de capital, tampoco puede recibir un trato diferente un complemento necesario de dicho impuesto. Por consiguiente, tal complemento necesario, basado en la transmisión indirecta de un bien inmueble mediante la transmisión de la mayoría dominante de las participaciones en una sociedad, garantizando con ello la igualdad en la tributación y el principio fiscal de capacidad contributiva, tampoco puede ser un impuesto sobre las aportaciones de capital.
3. Conclusión parcial
43. En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el IMT no es un «impuesto indirecto que grava la concentración de capitales» en el sentido de la Directiva 2008/7, de modo que no está prohibido por el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva.
B. Sobre el alcance de la disposición del artículo 6 de la Directiva 2008/7
44. Esta conclusión viene confirmada por la excepción prevista en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7 para los impuestos sobre las transmisiones, que, como la excepción que contiene la letra f) del mismo apartado, es solamente de carácter declarativo. Con esta última se aclara que los Estados miembros están facultados para percibir un impuesto sobre el valor añadido, el cual tampoco grava la concentración de capitales como un impuesto sobre las aportaciones (al que están sometidos las aportaciones a sociedades), sino de forma general la entrega de bienes o la prestación de servicios.
45. Lo mismo sucede con los impuestos sobre las transmisiones que se mencionan en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7. Estos impuestos se perciben en relación con determinadas operaciones de transmisión de bienes inmuebles, siguiendo criterios generales y objetivos. (18) Así ocurre en el presente asunto. El IMT (si lo he entendido correctamente) se percibe en relación con la transmisión de la propiedad jurídica o económica sobre un bien inmueble con arreglo a criterios generales y objetivos en cuanto se transfiere a otra persona el poder económico de disposición sobre un bien inmueble.
46. En contra de la opinión de NOVA y de la Comisión, (19) un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias que atienda a la transferencia del poder de disposición sobre un bien inmueble sigue siendo un impuesto sobre las transmisiones en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7, aunque solo se grave el cambio indirecto de la propiedad (share deal) sobre el inmueble. Como ya he expuesto en los puntos 41 y 42, el principio de igualdad fiscal podría exigir incluso la tributación de este cambio indirecto de propiedad.
47. Por último, se originaría también una contradicción valorativa con el artículo 6 de la Directiva 2016/1164, (20) que obliga expresamente a los Estados miembros a evitar mecanismos dirigidos a eludir la legislación fiscal y a introducir en la normativa (no armonizada) del impuesto sobre sociedades un sistema de prevención de las prácticas abusivas. Sería contradictorio que la Directiva 2008/7 se hubiese de interpretar en el sentido de que prohíbe a los Estados miembros gravar una transmisión indirecta de bienes inmuebles a fin de evitar que, mediante la transferencia de una sociedad propietaria de un bien inmueble, se pueda eludir el impuesto sobre transmisiones inmobiliarias.
48. Por lo tanto, el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7 también comprende un impuesto indirecto sobre las transmisiones, como el IMT del presente asunto, y lo excluye con carácter declarativo del ámbito de aplicación de la Directiva. En consecuencia, huelgan todas las demás cuestiones prejudiciales y, en definitiva, también la sexta.
C. Sexta cuestión prejudicial: ¿se supera el tipo impositivo permitido?
49. Con la sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, en caso de que el IMT sea compatible con la Directiva 2008/7, del artículo 8 de esta se deriva una limitación del tipo de gravamen del IMT.
50. Esta cuestión parece basarse en la premisa, ya desvirtuada, de que el IMT está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/7 y de que está prohibido por su artículo 5. Dado que no es así, el artículo 8 no puede afectar en modo alguno al tipo de gravamen del IMT. En consecuencia, en el caso de un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias que comprende la transmisión (directa o indirecta) del poder de disposición sobre un bien inmueble, puede establecerse un tipo impositivo superior.
VI. Conclusión
51. Propongo responder del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales del Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitragem Administrativa) [Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitraje Administrativo), Portugal]:
«1) Un impuesto que grava las transmisiones, a título oneroso, del derecho de propiedad o de partes de ese derecho sobre bienes inmuebles no es un “impuesto indirecto que grava la concentración de capitales” en el sentido de la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales. Lo mismo sucede si se equipara a la transmisión de bienes inmuebles toda operación en virtud de la cual uno de los socios disponga de al menos el 75 % del capital de una sociedad que posea bienes inmuebles.
2) El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/7 deja claro que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de esta los “impuestos sobre las transmisiones”, como un impuesto sobre transmisiones inmobiliarias. Existe un impuesto sobre las transmisiones también cuando se grava un cambio indirecto de la posesión (transmisión del poder de explotación sobre un bien inmueble en virtud de la participación mayoritaria en la sociedad titular de dicho bien inmueble). En consecuencia, del artículo 8 de la Directiva 2008/7 no se deriva limitación alguna para el tipo de gravamen aplicable al impuesto sobre las transmisiones inmobiliarias.»
1 Lengua original: alemán.
2 Directiva del Consejo, de 12 de febrero de 2008 (DO 2008, L 46, p. 11).
3 Para el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania), la respuesta es tan evidente que ha prescindido de remitir una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia [véase su sentencia de 19 de diciembre de 2007 — II R 65/06, BStBl. II 2008, 489, apartado 24, que se remite a la sentencia de 11 de diciembre de 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601)].
4 Si se atiende a una reciente resolución [sentencia de 19 de diciembre de 2024, Credit Suisse Securities (Europe), C‑601/23, EU:C:2024:1048], el propio Tribunal de Justicia ha acabado precisamente, para los Estados miembros, con la mundialmente vigente distinción entre sujeción al impuesto por obligación real y por obligación personal en el ámbito no armonizado de los impuestos sobre la renta. Sin embargo, no está del todo claro si esto fue una decisión consciente o si se trató más bien de un «accidente» que habría de rectificarse lo antes posible aprovechando una nueva petición de decisión prejudicial, tal como sucedió en el asunto Taricco (sentencia de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros, C‑105/14, EU:C:2015:555, apartado 58, y posterior corrección mediante la sentencia de 5 de diciembre de 2017, M. A. S. y M. B., C‑42/17, EU:C:2017:936, apartado 62).
5 En Alemania, este impuesto también es concebible, por ejemplo, aun sin una transmisión de la propiedad, pues allí están sujetas al impuesto sobre transmisiones inmobiliarias también aquellas operaciones jurídicas que, sin suponer un derecho a la transmisión, permiten a otra persona explotar jurídica o económicamente por cuenta propia un bien inmueble situado en el territorio nacional [véase el artículo 1, apartado 2, de la Grunderwerbsteuergesetz (Ley alemana del Impuesto sobre Transmisiones Inmobiliarias)].
6 Sentencia de 1 de agosto de 2025, Banca Mediolanum (C‑92/24 a C‑94/24, EU:C:2025:599), apartado 41: se refiere a cualquier impuesto, del tipo que sea. Véanse también mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Banca Mediolanum (C‑92/24 a C‑94/24, EU:C:2025:223), puntos 37 y siguientes.
7 Sentencias de 18 de enero de 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32), apartado 24, y de 26 de septiembre de 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354), apartado 21.
8 En sentido similar, las sentencias de 28 de junio de 2007, Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft (C‑466/03, EU:C:2007:385), apartado 48; de 18 de enero de 2001, P. P. Handelsgesellschaft (C‑113/99, EU:C:2001:32), apartado 27; de 11 de diciembre de 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601), apartado 26; de 26 de septiembre de 1996, Frederiksen (C‑287/94, EU:C:1996:354), apartado 20, y de 11 de junio de 1996, Denkavit Internationaal y otros (C‑2/94, EU:C:1996:229), apartado 23. También similar la sentencia de 1 de octubre de 2009, HSBC Holdings y Vidacos Nominees (C‑569/07, EU:C:2009:594), apartado 29.
9 Directiva del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO 1969, L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22).
10 Auto de 6 de octubre de 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586), apartado 17.
11 Auto de 6 de octubre de 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586), fallo.
12 Sentencia de 11 de diciembre de 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602), apartado 24.
13 Sentencia de 10 de marzo de 2005, Optiver y otros (C‑22/03, EU:C:2005:143), apartados 33 y 34.
14 Sentencia de 19 de abril de 2012, Grillo Star Fallimento (C‑443/09, EU:C:2012:213), apartado 43; anteriormente, en sentido similar, la sentencia de 13 de febrero de 1996, Bautiaa y Société française maritime (C‑197/94 y C‑252/94, EU:C:1996:47), apartados 33 y 38, según la cual la tasa se aplicaba a las operaciones de fusión en las que participaban exclusivamente personas jurídicas u organismos que fueran sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades.
15 Sentencia de 11 de diciembre de 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601).
16 Sentencia de 11 de diciembre de 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601), apartados 30 y 31.
17 En este aspecto hace especial énfasis la sentencia de 11 de diciembre de 1997, Locamion (C‑8/96, EU:C:1997:601), apartado 32.
18 Sentencias de 15 de junio de 2006, Badischer Winzerkeller (C‑264/04, EU:C:2006:402), apartado 32, y de 11 de diciembre de 1997, Immobiliare SIF (C‑42/96, EU:C:1997:602), apartado 34.
19 No obstante, la Comisión parte de la premisa de un impuesto sobre la transmisión de valores mobiliarios en que se aplica un tipo uniforme, permitido por el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/7, y se remite al auto de 6 de octubre de 2010, INMOGOLF (C‑487/09, EU:C:2010:586). Sin embargo, este auto versaba sobre un impuesto especial sobre la negociación de valores mobiliarios, a diferencia del presente asunto.
20 Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO 2016, L 193, p. 1). Sobre las cuestiones referidas a la competencia de la Unión, véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Bélgica (Directiva 2016/1164 — Doble imposición) (C‑524/23, EU:C:2025:381), puntos 25 y siguientes.