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Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2024/6826

29.11.2024

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO

de 21 de octubre de 2024

relativa a las políticas económicas, presupuestarias, de empleo y estructurales de los Países Bajos

(C/2024/6826)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,

Visto el Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2024, relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (1), y en particular su artículo 3, apartado 3,

Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,

Vista la Recomendación de la Comisión Europea,

Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,

Visto el dictamen del Comité de Empleo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,

Visto el dictamen del Comité de Protección Social,

Visto el dictamen del Comité de Política Económica,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Mecanismo»), entró en vigor el 19 de febrero de 2021. El Mecanismo proporciona ayuda financiera a los Estados miembros para la realización de reformas e inversiones, lo que supone un estímulo fiscal financiado por la Unión. En consonancia con las prioridades del Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas, el Mecanismo contribuye a la recuperación económica y social y a la realización de reformas e inversiones sostenibles, en particular dirigidas a promover las transiciones ecológica y digital y aumentar la resiliencia de las economías de los Estados miembros. Asimismo, ayuda a fortalecer las finanzas públicas y a impulsar el crecimiento y la creación de empleo a medio y largo plazo, a mejorar la cohesión territorial dentro de la Unión y a que prosiga la ejecución del pilar europeo de derechos sociales.

(2)

El Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) (en lo sucesivo, «Reglamento REPowerEU»), adoptado el 27 de febrero de 2023, tiene por objeto eliminar la dependencia de la Unión de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. Esto ayudaría a alcanzar la seguridad energética y a diversificar el suministro energético de la Unión, aumentando al mismo tiempo la implantación de las energías renovables, la capacidad de almacenamiento de energía y la eficiencia energética. Los Países Bajos incluyeron un nuevo capítulo de REPowerEU en su plan nacional de recuperación y resiliencia con el fin de financiar reformas e inversiones clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de REPowerEU.

(3)

El 16 de marzo de 2023, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Competitividad a largo plazo de la UE: más allá de 2030» con el fin de fundamentar las decisiones políticas y crear las condiciones marco necesarias para impulsar el crecimiento. La Comunicación define la competitividad en términos de nueve factores que se refuerzan mutuamente. Entre estos factores, el acceso al capital privado, la investigación y la innovación, la educación y las capacidades y un mercado único que funcione destacan como prioridades de actuación fundamentales en lo que respecta a las reformas y a la inversión con el fin de abordar los retos actuales en materia de productividad y reforzar la competitividad a largo plazo de la Unión y sus Estados miembros. El 14 de febrero de 2024, la Comisión emitió una Comunicación titulada «Informe anual de 2024 sobre el mercado único y la competitividad». En dicha Comunicación se detallan las fortalezas y los retos en materia de competencia del mercado único europeo, haciendo el seguimiento del progreso anual con respecto a los nueve factores de competitividad identificados.

(4)

El 21 de noviembre de 2023, la Comisión adoptó el Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, lo que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2024 para la coordinación de las políticas económicas. El 22 de marzo de 2024, el Consejo Europeo refrendó las prioridades del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento sostenible para 2024, que se centran en torno a las cuatro dimensiones de la sostenibilidad competitiva. El 21 de noviembre de 2023, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el mecanismo de alerta de 2024, en el que señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos, y para los que sería necesario un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también un dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de los Países Bajos para 2024. La Comisión adoptó asimismo una Recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro y una propuesta de Informe conjunto sobre el empleo de 2024, en el que se analiza la ejecución de las orientaciones para las políticas de empleo y los principios del pilar europeo de derechos sociales. El 12 de abril de 2024, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (5) (en lo sucesivo, «Recomendación sobre la zona del euro de 2024») y el 11 de marzo de 2024 el Informe conjunto sobre el empleo.

(5)

El 30 de abril de 2024 entró en vigor el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión. Dicho marco comprende el nuevo Reglamento (UE) 2024/1263 relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral, el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (6) relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, modificado, y la Directiva 2011/85/UE del Consejo (7) sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, modificada. Los objetivos del nuevo marco de gobernanza económica son promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar déficits públicos excesivos. El nuevo marco de gobernanza económica promueve asimismo la apropiación nacional y tiene una mayor orientación a medio plazo, junto con una aplicación más sólida y coherente. Cada Estado miembro tiene que presentar al Consejo y a la Comisión un plan fiscal-estructural nacional a medio plazo. El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo contiene los compromisos fiscales, de reformas y de inversiones de un Estado miembro y abarca un período de planificación de cuatro o cinco años, en función de la duración habitual de la legislatura a nivel nacional. La senda de gasto neto (8) de los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo tiene que cumplir los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263, incluidos los requisitos de situar o mantener la deuda de las administraciones públicas en una senda descendente verosímil a más tardar al final del período de ajuste, o de mantenerla en niveles prudentes por debajo del 60 % del producto interior bruto (PIB), y de situar o mantener a medio plazo el déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. Si un Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto pertinente de reformas e inversiones de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2024/1263, el período de ajuste puede ampliarse hasta tres años. Con el fin de apoyar la preparación de dichos planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, el 21 de junio de 2024 la Comisión publicó orientaciones sobre la información que los Estados miembros deben facilitar en sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo y en sus informes anuales de situación. De conformidad con los artículos 5 y 36 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión transmitió a los Estados miembros trayectorias de referencia e información técnica, en su caso. Los Estados miembros tienen que presentar sus planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo a más tardar el 20 de septiembre de 2024, a menos que el Estado miembro y la Comisión convengan la ampliación del plazo por un período razonable. De conformidad con su marco jurídico nacional, cada Estado miembro podrá debatir su proyecto de plan a medio plazo en su Parlamento nacional, solicitar a la institución fiscal independiente que emita un dictamen y llevar a cabo una consulta con los interlocutores sociales y otras partes interesadas nacionales.

(6)

En 2024, el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas sigue evolucionando en consonancia con la aplicación del Mecanismo. La ejecución plena de los planes de recuperación y resiliencia sigue siendo esencial para cumplir las prioridades de actuación en el marco del Semestre Europeo, ya que dichos planes ayudan a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes formuladas en los últimos años. Las recomendaciones específicas por país de 2019, 2020, 2022 y 2023 siguen siendo pertinentes para los planes de recuperación y resiliencia que fueron revisados, actualizados o modificados de conformidad con los artículos 14, 18 y 21 del Reglamento (UE) 2021/241.

(7)

El 7 de julio de 2022, los Países Bajos presentaron su plan nacional de recuperación y resiliencia a la Comisión, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/241. De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2021/241, la Comisión evaluó la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la coherencia del plan de recuperación y resiliencia, con arreglo a las directrices de evaluación establecidas en el anexo V de dicho Reglamento. El 4 de octubre de 2022, el Consejo adoptó su Decisión de Ejecución relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de los Países Bajos (9), que se modificó el 24 de octubre de 2023 con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/241 para actualizar la contribución financiera máxima en concepto de ayuda financiera no reembolsable, así como para incluir el capítulo de REPowerEU (10). El desembolso de tramos está supeditado a la adopción de una Decisión de la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/241, por la que se establezca que los Países Bajos han cumplido satisfactoriamente los hitos y objetivos pertinentes establecidos en la Decisión de Ejecución del Consejo. El cumplimiento satisfactorio presupone que no se ha frustrado la consecución de los hitos y objetivos anteriores.

(8)

El 29 de abril de 2024, los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2024 y, el 30 de abril de 2024, su Programa de Estabilidad de 2024, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo (11). De conformidad con el artículo 27 del Reglamento (UE) 2021/241, el Programa Nacional de Reformas de 2024 refleja también el informe semestral de los Países Bajos sobre los avances realizados en la ejecución de su plan de recuperación y resiliencia.

(9)

El 19 de junio de 2024, la Comisión publicó el informe específico de 2024 sobre los Países Bajos. En él se evalúan los avances realizados por los Países Bajos para poner en práctica las recomendaciones específicas por país pertinentes adoptadas por el Consejo entre 2019 y 2023 y se hace balance de la ejecución del plan de recuperación y resiliencia de los Países Bajos. Sobre la base de dicho análisis, en el informe específico se señalan las deficiencias con respecto a los retos que no se abordan, o solo se abordan parcialmente, en el plan de recuperación y resiliencia, así como los retos nuevos y emergentes. Asimismo, se evalúan los avances de los Países Bajos en la ejecución del pilar europeo de derechos sociales y en la consecución de los objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(10)

La Comisión llevó a cabo un examen exhaustivo sobre los Países Bajos con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011. En marzo de 2024 se publicaron las principales conclusiones de la evaluación que los servicios de la Comisión han llevado a cabo de las vulnerabilidades macroeconómicas de los Países Bajos a efectos de dicho Reglamento. El 19 de junio de 2024, la Comisión concluyó que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los Países Bajos se enfrentan a vulnerabilidades relacionadas con la elevada deuda privada en un contexto de sobrevaloración del mercado de la vivienda, que tienen relevancia transfronteriza y siguen siendo pertinentes a pesar de observarse algunas mejoras. Las vulnerabilidades asociadas al amplio superávit de la balanza por cuenta corriente se han mitigado a través del crecimiento relativamente sólido de la demanda interna. Se prevé que el considerable superávit de la balanza por cuenta corriente siga siendo elevado debido a un superávit sustancial del comercio de bienes y servicios, que refleja un superávit del ahorro interno sobre la inversión en el conjunto de la economía. Sin embargo, la demanda interna ha crecido con mayor intensidad que en la zona del euro en los últimos años, lo que sugiere que los efectos de arrastre del superávit por cuenta corriente al resto de dicha zona son cada vez menos preocupantes. La presencia significativa de empresas multinacionales en los Países Bajos, el impacto estadístico de los beneficios empresariales no distribuidos y el papel de los fondos de pensiones, que acumulan importantes ahorros que se invierten en el extranjero, son características que contribuyen al elevado déficit de ahorro e inversión. El endeudamiento privado siguió disminuyendo de forma considerable en 2023, y cabe esperar nuevas reducciones, pero la deuda sigue siendo alta. El elevado nivel de deuda, unido a la amplia tenencia de activos ilíquidos, principalmente la vivienda y los ahorros para pensiones, hace que los hogares sean vulnerables a las cambiantes condiciones económicas, especialmente teniendo en cuenta la sobrevaloración del mercado de la vivienda. Los precios de la vivienda registraron cierta corrección durante la mayor parte del año pasado en un contexto de endurecimiento de las condiciones de financiación, pero siguen estando sobrevalorados (aunque menos que en el pasado). Se han adoptado algunas medidas para abordar las vulnerabilidades detectadas, pero son necesarios esfuerzos adicionales. Podrían explorarse diversas opciones para hacer frente con mayor determinación a la escasez de viviendas mediante un aumento de la inversión en vivienda y la eliminación de los obstáculos a la construcción de nuevas viviendas, abordando al mismo tiempo los incentivos fiscales para la propiedad de viviendas financiadas mediante deuda. Es poco probable que las recientes reformas del mercado privado del alquiler propicien la disponibilidad de viviendas.

(11)

Según los datos validados por Eurostat, el déficit de las administraciones públicas de los Países Bajos aumentó del 0,1 % del PIB en 2022 al 0,3 % en 2023, mientras que la deuda de las administraciones públicas se redujo del 50,1 % del PIB a finales de 2022 al 46,5 % a finales de 2023.

(12)

El 12 de julio de 2022, el Consejo recomendó (12) a los Países Bajos que adoptaran medidas para garantizar que, en 2023, el aumento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional se ajustara a una orientación general neutra de la política fiscal (13), teniendo en cuenta la continuación del apoyo temporal y específico a los hogares y las empresas más vulnerables frente a las subidas de los precios de la energía y a las personas que huyen de Ucrania. Se recomendó a los Países Bajos que estuvieran preparados para ajustar el gasto corriente en función de la evolución de la situación. También se recomendó a los Países Bajos que aumentaran la inversión pública en los ámbitos de las transiciones ecológica y digital y de la seguridad energética teniendo en cuenta la iniciativa REPowerEU, utilizando entre otros el Mecanismo y otros fondos de la Unión. Según las estimaciones de la Comisión, en 2023 la orientación fiscal (14) fue contractiva (0,8 % del PIB), en un contexto de elevada inflación. En 2023, el crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional (excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos) tuvo un efecto contractivo en la orientación fiscal del 0,9 % del PIB. Esto incluye el aumento del coste de las medidas de apoyo de emergencia específicas para los hogares y las empresas más vulnerables a las subidas de los precios de la energía en un 0,4 % del PIB. El crecimiento del gasto corriente primario financiado a nivel nacional en 2023 se ajustó a la Recomendación del Consejo de 12 de julio de 2022. Las inversiones financiadas a nivel nacional ascendieron al 3,1 % del PIB en 2023, lo que representa una disminución de 0,1 puntos porcentuales con respecto a 2022 (15). Los Países Bajos financiaron inversiones públicas para impulsar las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética, como la ampliación de la red eléctrica congestionada, la realización de mejoras de la eficiencia energética de los edificios públicos y la ampliación del acceso a internet de alta velocidad en las zonas rurales. El 24 de mayo de 2024, los Países Bajos presentaron una primera solicitud de pago en el marco del Mecanismo, que la Comisión está evaluando.

(13)

Según el Programa de Estabilidad de 2024, en el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones presupuestarias el PIB real crecería un 1,1 % en 2024 y un 1,6 % en 2025. El déficit de las administraciones públicas aumentaría al 2,0 % del PIB en 2024 y al 2,1 % en 2025, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentaría al 46,8 % a finales de 2024 y al 48,1 % a finales de 2025. Con posterioridad a 2025, se prevé que el déficit de las administraciones públicas aumente al 3,3 % del PIB en 2026, al 2,6 % del PIB en 2027 y al 3,2 % del PIB en 2028. Por consiguiente, no se prevé que, durante el período cubierto por el programa, el saldo de las administraciones públicas se mantenga por debajo del valor de referencia para el déficit, del 3 % del PIB, establecido en el Tratado. A su vez, con posterioridad a 2025, se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumente de manera progresiva hasta el 52,0 % en 2028.

(14)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el PIB real crecería un 0,8 % en 2024 y un 1,5 % en 2025, y la inflación medida con el índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se situaría en el 2,5 % en 2024 y en el 2,0 % en 2025.

(15)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, en 2024 se registraría un déficit público del 2,0 % del PIB, mientras que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumentaría al 47,1 % a finales de 2024. El aumento del déficit en 2024 refleja principalmente la disminución de los ingresos debida a una distribución de dividendos excepcionalmente elevada en 2023, en previsión de un aumento del impuesto sobre los dividendos en 2024, el aumento del gasto en prestaciones sociales para restablecer el poder adquisitivo de los hogares con baja renta, el aumento de la ayuda a Ucrania, así como las inversiones públicas a través de los fondos gubernamentales para el clima, las infraestructuras y la defensa. Según las estimaciones de la Comisión, se prevé que la orientación fiscal sea expansiva (0,4 % del PIB) en 2024.

(16)

Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, se espera que en 2024 se financien mediante ayudas no reembolsables («subvenciones») procedentes del Mecanismo gastos equivalentes al 0,1 % del PIB, mientras que en 2023 dichos gastos representaban el 0,1 % del PIB. Los gastos financiados mediante las subvenciones procedentes del Mecanismo permitirán inversiones de gran calidad y reformas que mejoren la productividad sin una repercusión directa en el saldo o la deuda de las administraciones públicas de los Países Bajos.

(17)

El 14 de julio de 2023, el Consejo recomendó (16) a los Países Bajos que garantizaran una política fiscal prudente, en particular limitando el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional (17) en 2024 a un máximo del 3,5 %. Se invitó a los Estados miembros a que, al ejecutar sus presupuestos de 2023 y preparar sus proyectos de planes presupuestarios para 2024, tuviesen en cuenta que la Comisión propondría al Consejo la apertura de procedimientos de déficit excesivo basados en el déficit, en función de los datos de ejecución presupuestaria de 2023. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el gasto primario neto financiado a nivel nacional de los Países Bajos aumentaría un 6,6 % en 2024, cifra que sería superior a la tasa de crecimiento máxima recomendada. Este exceso por encima de la tasa de crecimiento máxima recomendada del gasto primario neto financiado a nivel nacional equivale al 1,3 % del PIB en 2024. Sin embargo, el gasto neto en 2023 fue inferior al previsto en el momento de formular la recomendación (un 1,3 % del PIB). Por tanto, puesto que la recomendación para 2024 se formuló como una tasa de crecimiento, la evaluación del cumplimiento también debe tener en cuenta el efecto de base de 2023. Si el gasto neto en 2023 hubiera sido el previsto en el momento de formular la recomendación, la tasa de crecimiento del gasto neto resultante en 2024 habría estado por encima de la tasa de crecimiento recomendada en un porcentaje inferior al 0,1 % del PIB. Por tanto, se considera que el gasto primario neto financiado a nivel nacional corre el riesgo de no ajustarse plenamente a lo recomendado por el Consejo.

(18)

Además, el Consejo recomendó que los Países Bajos tomaran medidas con el fin de eliminar gradualmente las medidas de apoyo de emergencia en materia energética en vigor aprovechando los ahorros correspondientes para reducir el déficit público, tan pronto como fuera posible en 2023 y 2024. El Consejo recomendó además que, en caso de que fueran necesarias nuevas medidas de apoyo o el mantenimiento de las ya vigentes debido a nuevos aumentos de los precios de la energía, los Países Bajos garantizaran que dichas medidas de apoyo se dirigieran a proteger a los hogares y las empresas vulnerables, fueran viables desde el punto de vista fiscal y siguieran incentivando el ahorro energético. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el coste presupuestario neto (18) de las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se situaría en el 1,0 % del PIB en 2023, el 0,1 % del PIB en 2024 y el 0,0 % del PIB en 2025. Se supone, en particular, que la reducción de los impuestos especiales sobre el gasóleo y la gasolina permanecerá en vigor en 2024. Si los ahorros correspondientes se aprovecharan para reducir el déficit público, según lo recomendado por el Consejo, estas previsiones implicarían un ajuste fiscal del 0,9 % del PIB en 2024, frente a un efecto expansivo del gasto primario neto financiado a nivel nacional (19) en la orientación fiscal del 0,5 % del PIB ese mismo año. Las medidas de apoyo de emergencia en materia energética se han ido eliminando gradualmente en 2023 y 2024. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo. No obstante, no se prevé que los ahorros correspondientes se aprovechen plenamente para reducir el déficit público. Esto podría no ajustarse a la recomendación del Consejo.

(19)

Además, el Consejo también recomendó a los Países Bajos mantener la inversión pública financiada a nivel nacional y garantizar la absorción efectiva de las subvenciones procedentes del Mecanismo y de otros fondos de la Unión, en particular para fomentar las transiciones ecológica y digital. Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, la inversión pública financiada a nivel nacional permanecerá estable en el 3,1 % del PIB en 2024, sin cambios respecto de 2023. Esto se ajusta a lo recomendado por el Consejo. A su vez, se espera que el gasto público financiado por los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, incluidas las subvenciones procedentes del Mecanismo, se mantenga estable en el 0,2 % del PIB en 2024.

(20)

Sobre la base de las medidas de actuación conocidas en la fecha límite de las previsiones y con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión contemplan para 2025 un déficit público del 2,1 % del PIB. El aumento del déficit en 2025 refleja principalmente un nuevo aumento de la inversión pública previsto por el Gobierno. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas con respecto al PIB aumente hasta situarse en el 48,4 % a finales de 2025.

(21)

Los rendimientos de las viviendas de primera residencia, el patrimonio de las pensiones y las inversiones mantenidas en sociedades estrechamente controladas se gravan a tipos favorables en comparación con los ingresos procedentes de inversiones en títulos de renta fija y variable. Además, el impuesto sobre los ingresos procedentes de inversiones en títulos de renta fija y variable se calcula sobre la base de rendimientos supuestos y no reales. El trato fiscal preferente de los inmuebles residenciales mediante la deducibilidad de los intereses hipotecarios, junto con un bajo impuesto sobre el alquiler imputado, estimula la demanda en el mercado de la vivienda, lo que eleva los precios. Además, los ahorros para pensiones disfrutan de desgravaciones fiscales hasta niveles de renta comparativamente elevados. Como consecuencia de ello, la riqueza de los hogares de los Países Bajos está fuertemente concentrada en tipos de patrimonio ilíquidos, como la vivienda o las pensiones. Esto expone a los hogares a un mayor riesgo económico durante las perturbaciones económicas y, en muchos casos, puede no dar lugar a un patrón de consumo óptimo a lo largo de su vida. La desigualdad de trato fiscal dentro de los tipos de activos y entre ellos también genera arbitraje fiscal y puede distorsionar la asignación eficiente del capital. Como consecuencia de ello, este trato desigual es importante para corregir los desequilibrios macroeconómicos.

(22)

Además de los incentivos fiscales mencionados en el considerando 21, la sobrevaloración en el mercado de la vivienda también se ha visto impulsada por la falta de oferta de viviendas nuevas. La eliminación de los obstáculos que actualmente frenan las inversiones, incluida la construcción de viviendas, podría permitir al Gobierno avanzar eficazmente en sus planes para aumentar la oferta de vivienda y contribuir al reequilibrio externo. Como resultado de ello, la eliminación de tales obstáculos es pertinente para abordar los desequilibrios macroeconómicos. Al mismo tiempo, el mercado privado del alquiler es relativamente pequeño, lo que da lugar a una oferta limitada de alternativas asequibles y disponibles a la propiedad. La falta de viviendas de alquiler asequibles también socava la movilidad laboral y la cohesión social.

(23)

Los Países Bajos cuentan con un sistema de cuidados de larga duración bien desarrollado. Aunque el gasto en cuidados de larga duración en los Países Bajos es ya el más elevado de la Unión, se espera que los costes aumenten de manera sustancial. En 2022, el gasto total en cuidados de larga duración en los Países Bajos se situó en el 3,8 % del PIB, el valor más elevado de la Unión por un amplio margen. El Informe sobre el envejecimiento de 2024 prevé que esta cifra aumentará en 1,0 puntos porcentuales de aquí a 2040 y en 1,9 puntos porcentuales de aquí a 2070. Además, los costes unitarios de la prestación de asistencia institucional en los Países Bajos se encuentran entre los más elevados de la Unión, incluso si se miden como porcentaje del PIB per cápita. Esto sugiere que hay margen para mejorar la sostenibilidad de la política fiscal de los cuidados de larga duración reduciendo las ineficiencias del sistema sin comprometer su alta calidad ni su cobertura. Un ejemplo de estas ineficiencias es que los municipios, que son los proveedores de cuidados a domicilio y asistencia social en los Países Bajos, tienen incentivos para transferir la responsabilidad de los pacientes al sector de la atención residencial en lugar de seguir prestándoles asistencia domiciliaria y comunitaria el mayor tiempo posible. Además, podrían abordarse las ineficiencias del sistema de cuidados de larga duración, por ejemplo, utilizando en mayor medida soluciones digitales e innovadoras o invirtiendo en prevención para retrasar la aparición de las necesidades de cuidados de larga duración y la dependencia del apoyo en las actividades cotidianas.

(24)

De conformidad con el artículo 19, apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2021/241 y el anexo V, criterio 2.2, de dicho Reglamento, el plan de recuperación y resiliencia incluye un amplio conjunto de reformas e inversiones que se refuerzan mutuamente y que deben realizarse para 2026. Se espera que dichas reformas e inversiones ayuden a abordar de forma efectiva la totalidad o una parte significativa de los retos señalados en las recomendaciones específicas por país pertinentes. Dado el calendario ajustado, es esencial avanzar rápidamente en la ejecución efectiva del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, para impulsar la competitividad a largo plazo de los Países Bajos mediante las transiciones ecológica y digital, garantizando al mismo tiempo la equidad social. A fin de cumplir los compromisos del plan de recuperación y resiliencia a más tardar en agosto de 2026, es esencial que los Países Bajos aceleren considerablemente la ejecución de las reformas, en particular a fin de garantizar la aplicación efectiva de las reformas relacionadas con las recomendaciones específicas por país. La participación sistemática de las administraciones regionales y locales, los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas pertinentes sigue siendo esencial para garantizar una amplia implicación en la ejecución satisfactoria del plan de recuperación y resiliencia.

(25)

Como parte de la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), los Países Bajos deben revisar cada programa financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), el Fondo de Cohesión y el Fondo de Transición Justa (FTJ) a más tardar en marzo de 2025, teniendo en cuenta, en particular, los retos señalados en las recomendaciones específicas por país de 2024, así como su plan nacional de energía y clima. Dicha revisión constituye la base para la asignación definitiva de la financiación de la Unión incluida en cada programa. Los Países Bajos han avanzado en la aplicación de los programas de la política de cohesión y del pilar europeo de derechos sociales, pero sigue habiendo problemas pendientes. Aunque las diferencias regionales en el PIB per cápita se han mantenido estables y todas las regiones se sitúan muy por encima de la media de la Unión en términos de competitividad, la transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono afecta de manera diferente a las regiones con agrupaciones de industrias con altos niveles de emisiones. Es importante acelerar la aplicación de la política de cohesión, y las prioridades acordadas en los programas siguen siendo pertinentes. Los objetivos de apoyar la innovación relacionada con las transiciones ecológica y digital, así como de apoyar la economía verde en las regiones con agrupaciones industriales especialmente afectadas por la transición climática, siguen siendo especialmente importantes. El apoyo a las transiciones sociales en las zonas urbanas desfavorecidas de las grandes ciudades sigue siendo pertinente. Sigue siendo necesario actuar para reducir las desigualdades sociales y del mercado laboral invirtiendo en la igualdad de oportunidades (de empleo) y luchando contra la discriminación. Al llevar a cabo la revisión intermedia de los programas de la política de cohesión, debe promoverse el potencial de ensayo y experimentación de soluciones para ayudar a reducir la congestión de la red eléctrica, ya que ello contribuirá a la transición ecológica de los Países Bajos. Los Países Bajos podrían utilizar la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, creada por el Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), para apoyar la transformación de la industria y facilitar inversiones en la fabricación de tecnologías con cero emisiones netas, en particular en el reciclaje y el perfeccionamiento profesional.

(26)

Además de los retos económicos y sociales abordados mediante el plan de recuperación y resiliencia y otros fondos de la Unión, los Países Bajos se enfrentan a varios retos adicionales relacionados con la segmentación del mercado laboral, la escasez de mano de obra y de capacidades, la educación básica, la dependencia de los combustibles fósiles y los depósitos excesivos de nitrógeno.

(27)

La proporción de empleo flexible (tanto los trabajadores con contratos temporales como los trabajadores por cuenta propia) en el mercado laboral sigue siendo elevada en los Países Bajos. Esto apunta a un riesgo persistente de segmentación del mercado laboral, con efectos particularmente distorsionadores en los márgenes de dicho mercado. Esto puede aumentar la desigualdad de oportunidades y afectar a la productividad. Un cierto grado de flexibilidad en el mercado laboral puede ayudar a mejorar la adaptabilidad de la economía y a lograr un mejor encaje de las preferencias individuales. Sin embargo, el uso excesivo de tipos flexibles de empleo puede tener efectos negativos en los trabajadores y en la economía en general. Por ejemplo, la participación en la formación y el aprendizaje permanente es un reto para las personas con contratos de trabajo flexibles, lo que, a su vez, reduce la inversión en capacidades y agrava el debilitamiento de la productividad. En cooperación con los interlocutores sociales, el Gobierno neerlandés ha anunciado medidas para abordar las diferencias entre las modalidades de trabajo permanentes y flexibles. Estas medidas incluyen la supresión de los contratos de cero horas, la sustitución de los contratos de «guardia» en su forma actual por un nuevo tipo de contrato que ofrezca una mayor seguridad de ingresos a los trabajadores, y la mejora de la seguridad laboral de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. Los rápidos avances en la adopción y aplicación de estos planes y su ejecución efectiva serán importantes para garantizar que la elección de un determinado tipo de contrato de trabajo se base en necesidades específicas del puesto o en las preferencias de los titulares del puesto de trabajo, lo que mejorará al mismo tiempo el empleo y la posición social de las personas en situación de empleo flexible y reducirá la segmentación del mercado laboral.

(28)

La escasez de mano de obra y de capacidades ya era un problema prevalente en el mercado laboral neerlandés antes de la crisis de la COVID-19, pero desde entonces se ha generalizado. Sectores como las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), la asistencia sanitaria y la educación, y los puestos de trabajo técnicos y los relacionados con la transición ecológica se enfrentan a una escasez estructural, que se espera que persista, en parte debido a la evolución demográfica. A pesar de una elevada tasa de participación global, los Países Bajos siguen teniendo un conjunto de trabajadores potenciales no empleados, como las personas de origen migrante o las que trabajan a tiempo parcial. Esta infrautilización de parte de la mano de obra, junto con la escasez de personal cualificado, plantea un riesgo para la competitividad de los Países Bajos y puede frenar las inversiones, incluida la construcción de nuevas viviendas, lo que la convierte en un problema importante para los desequilibrios macroeconómicos de los Países Bajos. Es necesario adoptar un enfoque global para hacer frente a estos retos, atendiendo al mismo tiempo a las necesidades y barreras sectoriales específicas. Para aumentar la oferta de mano de obra, podría incentivarse a las personas a trabajar más horas, en particular mediante medidas de actuación que promuevan la calidad del trabajo y la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Además, reforzar las oportunidades de perfeccionamiento o reciclaje profesionales a través de medidas específicas y adaptadas, en particular para las personas que se encuentran en los márgenes del mercado laboral y las personas inactivas, podría ayudar a mitigar la escasez de mano de obra y de capacidades y mejorar los resultados sociales. Dada la actual escasez de trabajadores en todos los sectores y el estancamiento de la productividad laboral, las medidas de actuación por el lado de la demanda podrían centrarse en promover sectores de alto valor añadido, así como sectores relacionados con los retos sociales, como la educación y la asistencia sanitaria, el fomento de la movilidad intersectorial y el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) que mejoren la productividad.

(29)

A pesar del porcentaje aún relativamente elevado, aunque decreciente, de estudiantes de quince años con mejores resultados, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2022 muestran un fuerte aumento del número de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas, ciencias y capacidad lectora. El descenso varía sustancialmente entre los distintos itinerarios de la enseñanza secundaria, y los alumnos de los itinerarios más bajos —las distintas trayectorias de educación secundaria preprofesional («vmbo», por su abreviatura en neerlandés)— muestran la mayor disminución en las puntuaciones de las pruebas. Además, los alumnos de origen migrante (alumnos nativos con padres nacidos en el extranjero y alumnos nacidos en el extranjero) tienen peores resultados con casi el doble de frecuencia que los alumnos sin origen migratorio en matemáticas y ciencias, mientras que la diferencia es algo menor en lo que respecta a la capacidad lectora. El deterioro de las capacidades básicas es uno de los mayores de la Unión y socava los resultados educativos y laborales, así como la productividad y la competitividad a largo plazo. La agudización de la escasez de profesores puede exacerbar los retos en el desarrollo de las capacidades y la equidad y la calidad de la educación. Por lo tanto, los Países Bajos podrían evaluar las medidas existentes que abordan las capacidades básicas y revisarlas en caso necesario, a fin de aumentar su repercusión, especialmente en el caso de las escuelas con una población estudiantil desfavorecida. Además, los Países Bajos podrían adoptar medidas para aumentar la permeabilidad de sus itinerarios de enseñanza secundaria y ampliar sus incentivos para atraer a un mayor número de profesores a las escuelas con una población escolar desfavorecida.

(30)

Debido al aumento progresivo de la congestión de la red eléctrica, los operadores de la red se ven a menudo obligados a denegar las solicitudes de acceso a la red de nuevos productores y consumidores de electricidad. La congestión de la red corre el riesgo de ralentizar la transición hacia una energía limpia y limitar la actividad económica, lo que la convierte en un problema importante para los desequilibrios macroeconómicos de los Países Bajos. Por lo tanto, es esencial aumentar la capacidad y la flexibilidad de la red de transporte y distribución para garantizar la seguridad del suministro de electricidad, acelerar la implantación de la infraestructura de energías renovables tanto terrestres como marinas, satisfacer la demanda de electricidad y mejorar la competitividad. El plan nacional del sistema energético, aprobado en diciembre de 2023, insta a realizar inversiones para aumentar la capacidad de la red y de almacenamiento que deben ejecutarse de forma inmediata. Para facilitar las inversiones necesarias en la expansión de la infraestructura eléctrica, es fundamental acelerar los procedimientos de concesión de permisos para las redes de transporte y distribución de electricidad. Esto también aceleraría la ejecución de proyectos de energías renovables terrestres y marinas. Por último, como parte de las condiciones marco, existe margen para abordar la congestión mediante medidas y reglamentos técnicos (por ejemplo, incentivos tarifarios o limitaciones en horas punta).

(31)

Las prácticas agrícolas intensivas pueden provocar la deposición excesiva de nitrógeno, con graves repercusiones en el estado del suelo y en los ecosistemas acuáticos y marinos que provocan un deterioro del capital natural, al tiempo que imponen importantes limitaciones a la autorización de actividades de construcción emisoras de nitrógeno y a la implantación de infraestructuras de energía renovable. Como consecuencia de ello, estas prácticas son importantes para los desequilibrios macroeconómicos de los Países Bajos. Se necesita un apoyo continuo para impulsar la transición hacia una agricultura sostenible, incluida la agricultura ecológica, garantizando al mismo tiempo la competitividad y la justicia social. En consonancia con su plan estratégico en el marco de la política agrícola común, los Países Bajos se beneficiarían de la reducción de su cabaña ganadera, la aceleración de la transición hacia una agricultura circular y ecológica, la incentivación de la rehumidificación y la retirada de la producción de los suelos ricos en carbono, así como de la reducción del uso de plaguicidas químicos y fertilizantes inorgánicos. Además, podría mejorarse la posición de los agricultores en la cadena de valor, por ejemplo mediante un mayor desarrollo de los signos de calidad de la Unión, un mayor reconocimiento de las organizaciones de productores, una mayor digitalización e innovación en la agricultura y una mayor disponibilidad de productos ecológicos para los consumidores. Todavía existe margen para seguir aumentando la inversión en prevención y control de la contaminación y en la gestión sostenible del agua.

(32)

Habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de los Estados miembros de la zona del euro y su contribución colectiva al funcionamiento de la unión económica y monetaria, el Consejo recomendó en 2024 a los Estados miembros de la zona del euro que tomaran medidas, también a través de sus planes de recuperación y resiliencia, para aplicar la Recomendación sobre la zona del euro de 2024. En el caso de los Países Bajos, las recomendaciones 1, 2, 3 y 4 contribuyen a la aplicación de las recomendaciones 1, 2, 3, 4 y 5 para la zona del euro establecidas en la Recomendación sobre la zona del euro de 2024.

(33)

A la luz del examen exhaustivo de la Comisión y de sus conclusiones sobre la existencia de desequilibrios, las recomendaciones formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en la recomendación 1. Las políticas a que se refiere la recomendación 1 contribuyen a abordar las vulnerabilidades asociadas al elevado endeudamiento privado en un contexto de sobrevaloración del mercado de la vivienda. La recomendación 1 contribuye tanto a corregir los desequilibrios como a aplicar la Recomendación sobre la zona del euro, en consonancia con el considerando 31.

RECOMIENDA a los Países Bajos que tomen medidas en 2024 y 2025 con el fin de:

1.

Presentar el plan fiscal-estructural a medio plazo de manera oportuna. En consonancia con los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado, limitar el incremento del gasto neto en 2025 a una tasa compatible con, entre otras cosas, el mantenimiento del déficit de las administraciones públicas por debajo del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado y con el mantenimiento de la deuda de las administraciones públicas en un nivel prudente a medio plazo. Armonizar la fiscalidad de los diferentes tipos de renta del patrimonio, entre otras cosas, para reducir el sesgo en favor del endeudamiento de los hogares. Eliminar los obstáculos a la construcción de nuevas viviendas y garantizar la asequibilidad y la disponibilidad de viviendas en el mercado privado de alquiler. Abordar el aumento previsto de los gastos derivados del envejecimiento de la población haciendo que el sistema de cuidados de larga duración sea más eficiente en términos de costes.

2.

Acelerar considerablemente la ejecución del plan de recuperación y resiliencia, incluido el capítulo de REPowerEU, asegurando la culminación de las reformas e inversiones a más tardar en agosto de 2026. Acelerar la ejecución de los programas de la política de cohesión. En la revisión intermedia de dichos programas, seguir centrándose en las prioridades acordadas y promover el ensayo y la experimentación de soluciones que contribuyan a reducir la congestión de la red eléctrica, teniendo en cuenta al mismo tiempo las oportunidades de mejora de la competitividad que ofrece la iniciativa de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa.

3.

Aplicar medidas para reducir los incentivos a la utilización de contratos flexibles o temporales. Abordar la escasez estructural y sectorial de mano de obra y de capacidades, en particular aprovechando la mano de obra potencial infrautilizada y fomentando la movilidad hacia sectores de alta productividad y sectores relacionados con los retos sociales. Mejorar las capacidades básicas, en particular abordando la escasez de profesores y prestando un apoyo a medida a las escuelas desfavorecidas.

4.

Mejorar las condiciones marco para impulsar la inversión en las redes de transporte y distribución de electricidad, en particular para acelerar la implantación de las energías renovables y mejorar la competitividad. Redoblar los esfuerzos en favor de una agricultura sostenible.

Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2024.

Por el Consejo

El Presidente

NAGY I.


(1)   DO L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.

(2)   DO L 306 de 23.11.2011, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1176/oj.

(3)  Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO L 57 de 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

(4)  Reglamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de febrero de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/241 en lo relativo a los capítulos de REPowerEU en los planes de recuperación y resiliencia y se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1303/2013, (UE) 2021/1060 y (UE) 2021/1755, y la Directiva 2003/87/CE (DO L 63 de 28.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/435/oj).

(5)  Recomendación (UE) del Consejo de 12 de abril de 2024 sobre la política económica de la zona del euro (DO C, C/2024/2807, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2807/oj).

(6)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).

(7)  Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/oj).

(8)  Gasto neto tal como se define en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2024/1263: por «gasto neto» se entiende el gasto público, neto de i) los gastos en concepto de intereses; ii) las medidas discrecionales relativas a los ingresos; iii) los gastos en programas de la Unión compensados íntegramente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión; iv) el gasto nacional en cofinanciación de programas financiados por la Unión; v) los elementos cíclicos del gasto en prestaciones de desempleo y vi) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.

(9)  ST 12275/22 INIT y ST 12275/22 ADD 1.

(10)  Decisión de Ejecución del Consejo, de 24 de octubre de 2023, por la que se modifica la Decisión de Ejecución de 4 de octubre de 2022 relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de los Países Bajos (ST 13613/23 INIT).

(11)  Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 209 de 2.8.1997, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1466/oj).

(12)  Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 2022, relativa a las políticas económicas de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de los Países Bajos de 2022 (DO C 334 de 1.9.2022, p. 154).

(13)  Según las previsiones de la primavera de 2024 de la Comisión, el crecimiento de la producción potencial a medio plazo de los Países Bajos en 2023, que se utiliza para medir la orientación fiscal, se estima en el 9,7 % en términos nominales, sobre la base de la tasa media de crecimiento potencial real a diez años y del deflactor del PIB de 2023.

(14)  La orientación fiscal se define como una medida de la variación anual de la situación presupuestaria subyacente de las administraciones públicas. Su objetivo es evaluar el impulso económico derivado de las políticas fiscales, tanto las financiadas a nivel nacional como las financiadas por el presupuesto de la Unión. La orientación fiscal se mide como la diferencia entre: i) el crecimiento potencial a medio plazo, y ii) la variación del gasto primario, excluidas las medidas discrecionales en materia de ingresos (y las medidas temporales de emergencia relacionadas con la crisis de la COVID-19), e incluidos los gastos financiados mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo y otros fondos de la Unión.

(15)  Otros gastos de capital financiados a nivel nacional aumentaron 0,2 puntos porcentuales en comparación con 2022.

(16)  Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2023, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2023 de los Países Bajos y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2023 de los Países Bajos (DO C 312 de 1.9.2023, p. 176).

(17)  El gasto primario neto se define como el gasto financiado a nivel nacional, neto de: i) las medidas discrecionales relativas a los ingresos, ii) los gastos por intereses, iii) el gasto en desempleo cíclico, y iv) las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal.

(18)  Esta cifra representa el coste presupuestario anual de las medidas, incluidos los ingresos y gastos y, en su caso, excluidos los ingresos procedentes de los impuestos sobre los beneficios inesperados de los proveedores de energía.

(19)  Esta contribución se mide como la variación del gasto primario de las administraciones públicas, neto de: i) los efectos presupuestarios adicionales de las medidas discrecionales relativas a los ingresos, ii) las medidas puntuales, iii) el gasto en desempleo cíclico, y iv) el gasto financiado mediante ayudas no reembolsables (subvenciones) procedentes del Mecanismo y otros fondos de la Unión, en relación con la tasa media de crecimiento potencial del PIB nominal a medio plazo (diez años), expresada en porcentaje del PIB nominal.

(20)  Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO L 231 de 30.6.2021, p. 159, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj).

(21)  Reglamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de febrero de 2024, por el que se crea la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y se modifican la Directiva 2003/87/CE y los Reglamentos (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 y (UE) 2021/241 (DO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6826/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)