–

en nombre de A, por los Sres. T. Gønge, T. Kári Kristjánsson y J. Nymand Hounsgaard, advokater;

–

en nombre de B, por los Sres. C. Bachmann y P. Hansen, advokater;

–

en nombre de Foreningen C, por el Sr. C. Holberg, advokat;

–

en nombre del Gobierno danés, por las Sras. D. Elkan y C. Maertens, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. B. Søes Petersen, advokat;

–

en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y las Sras. A. Daniel y O. Duprat‑Mazaré, en calidad de agentes;

–

en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Jokubauskaitė y el Sr. U. Nielsen, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, letra c), y 370 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva.

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre A, B y Foreningen C, por una parte, y el Skatteministeriet (Ministerio de Hacienda, Dinamarca), por otra, en relación con una solicitud que los primeros formularon con el fin de que se les devolviera el impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre la tasa que deben abonar las personas que disponen de receptores que puedan captar emisiones audiovisuales.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

3

El artículo 1, apartado 1, de la Directiva del IVA dispone:

4

El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA establece que estarán sujetas al IVA las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal.

5

El artículo 370 de la citada Directiva dispone que:

6

El artículo 378 de la misma Directiva dispone, en su apartado 1, lo siguiente:

7

El anexo X, parte A, punto 2, de la Directiva del IVA se refiere a las «actividades de los organismos públicos de radiotelevisión que no tengan carácter comercial».

Derecho danés

8

A partir de 1926, se percibió en Dinamarca una tasa por la posesión de aparatos de radio, destinada a financiar la institución que actualmente se conoce con la denominación «Danmarks Radio (DR)». Desde 1951, después de que DR comenzara a emitir programas de televisión, esta tasa también se aplicaba a los televisores. En virtud de la lov nr. 215 om radiospredning (Ley n.o 215, sobre la Radiodifusión), de 11 de junio de 1959, dicha tasa se transformó en una «tasa audiovisual», pagadera en caso de posesión de un receptor de televisión o de radio. Esta última Ley fue derogada y sustituida por la lov nr. 421 om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 421, sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 15 de junio de 1973, que mantuvo la tasa audiovisual, calificada desde ese momento de «tasa por uso de los receptores de radio y televisión».

9

En virtud de la lov nr. 589 om ændring af lov om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 589, por la que se modifica la Ley sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 19 de diciembre de 1985, el «derecho exclusivo» del que disponía DR de difusión al público de los programas de radio y televisión se transformó en simple «derecho». Además, en virtud del bekendtgørelse nr. 640 (Decreto n.o 640), de 20 de diciembre de 1985, la denominación de la tasa mencionada en el apartado anterior fue modificada a «tasa de radio y televisión (tasa audiovisual)».

10

Mediante la lov nr. 335 om ændring af lov om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 335, por la que se modifica la Ley sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 4 de junio de 1986, una nueva cadena de televisión pública denominada TV 2 y financiada, en parte, mediante los ingresos de la tasa audiovisual también fue autorizada a transmitir programas audiovisuales al público.

11

El bekendtgørelse nr. 15 (Decreto n.o 15), de 11 de enero de 1995, estableció que la tasa audiovisual debía pagarse con independencia de la utilización del aparato de recepción de que se tratara y de la manera en que se recibieran las emisiones, durante el tiempo en que dicho aparato pudiera reproducir programas audiovisuales.

12

La lov nr. 1208 om ændring af lov om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 1208, por la que se modifica la Ley sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 27 de diciembre de 1996, dispuso que los ingresos procedentes de la tasa audiovisual podían, según las modalidades establecidas por el ministro competente, servir, además de para la financiación de DR y TV 2, para «otros posibles objetivos relacionados con los medios de comunicación».

13

La lov nr. 1569 om ændring af lov om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 1569, por la que se modifica la Ley sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 20 de diciembre de 2006, sustituyó la tasa audiovisual por una «tasa de licencia de medios de comunicación», aplicable a los «dispositivos capaces de recibir y reproducir programas o servicios audiovisuales transmitidos al público», incluidas las radios.

14

La lov nr. 513 om ændring af lov om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 513, por la que se modifica la Ley sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 27 de mayo de 2013, suprimió la tasa de licencia de medios de comunicación en la medida en que se refería a las radios. La lov nr. 1517 om ændring af lov om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 1517, por la que se modifica la Ley sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 27 de diciembre de 2014, suprimió la tasa de licencia de medios de comunicación para las empresas comerciales y la mantuvo únicamente para los hogares particulares. Por último, la lov nr. 1548 om ændring af lov om radio‑ og fjernsynsvirksomhed (Ley n.o 1548, por la que se modifica la Ley sobre las Actividades de Radio y Televisión), de 18 de diciembre de 2018, estableció la supresión progresiva, durante un período de tres años comprendido entre 2019 y 2021, de la tasa de licencia de medios de comunicación, de modo que dicha tasa fue suprimida por completo el 1 de enero de 2022.

15

Desde la introducción, en 1967, del IVA en Dinamarca, la normativa danesa en materia de IVA establece que están sujetas al IVA «las emisiones de radio y de televisión». En consecuencia, la tasa mencionada en los apartados 8 a 14 de la presente sentencia estuvo sujeta al IVA hasta que fue suprimida.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

16

A y B, personas físicas, y Foreningen C, integrado por un grupo de personas físicas que ejercen una acción colectiva, presentaron ante el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, Dinamarca), que es el órgano jurisdiccional remitente, sendas demandas contra el Ministerio de Hacienda con el fin de obtener la devolución de las cantidades que habían abonado en concepto de IVA devengado sobre la tasa de licencia de medios de comunicación en los ejercicios 2007 a 2017. En apoyo de sus demandas, alegan, en esencia, que la posibilidad de que Dinamarca aplique el artículo 370 de la Directiva del IVA para someter esta tasa al IVA presupone la existencia de una prestación de servicios a título oneroso en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, prestación que, en el caso de autos, no existe.

17

Por su parte, el Ministerio de Hacienda sostiene que el artículo 370 de la Directiva del IVA constituye una disposición especial que autoriza al Reino de Dinamarca a mantener el régimen fiscal nacional vigente el 1 de enero de 1978, con independencia del ámbito de aplicación del sistema general armonizado del IVA.

18

El órgano jurisdiccional remitente parte del principio de que, habida cuenta de las enseñanzas de la sentencia de 22 de junio de 2016, Český rozhlas (C‑11/15, EU:C:2016:470), la tasa de licencia de medios de comunicación no constituye la contraprestación de prestaciones de servicios realizadas a título oneroso, en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA. Por lo tanto, dicho órgano jurisdiccional considera que la principal cuestión jurídica planteada en el asunto del que conoce es si el artículo 370 de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros percibir el IVA sobre una tasa que no constituye tal contraprestación y cuya percepción depende únicamente de la mera posesión de un receptor de emisiones de radio o de televisión.

19

En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a la aplicabilidad del artículo 370 de la Directiva del IVA a la tasa de licencia de medios de comunicación, a la luz de las modificaciones de la normativa nacional relativas a dicha tasa durante el período al que se refiere el litigio principal. En efecto, por una parte, la tasa percibida sobre la base de la posesión de aparatos de radio y de televisión fue sustituida por una tasa percibida por la posesión de cualquier dispositivo capaz de recibir directamente programas y servicios de imagen. Por otra parte, dicha normativa permitió destinar, a discreción del ministro competente, una pequeña parte de los ingresos recaudados con la tasa de licencia de medios de comunicación a la financiación, en primer lugar, de los organismos de radiodifusión que, sin ser organismos públicos de radiodifusión, ejercían una actividad de servicio público y estaban sujetos a restricciones análogas a aquellas a las que estaban sometidos los organismos públicos de radiodifusión y, en segundo lugar, del Danske Filminstitut (Instituto Danés del Cine), que es un organismo público cuyo objetivo es promover el arte y la cultura cinematográficos en Dinamarca, y de una escuela cinematográfica para niños y jóvenes, gestionada por una fundación sin ánimo de lucro creada por los organismos públicos de radiotelevisión en colaboración con otros actores.

20

En estas circunstancias, el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

21

Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 2023, se suspendió el procedimiento en el presente asunto hasta que se dictara la sentencia de 26 de octubre de 2023, GIS (C‑249/22, EU:C:2023:813). Una vez dictada dicha sentencia, se reanudó el presente procedimiento.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión prejudicial

22

Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, apartado 1, letra c), y 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, a 1 de enero de 1978, sometía al IVA una actividad de radiodifusión pública financiada mediante una tasa legal que debe abonar toda persona propietaria de un equipo capaz de recibir programas de radiodifusión pueda seguir gravando esa actividad, con independencia de si dicha actividad está comprendida en el concepto de «prestaciones de servicios realizadas a título oneroso» en el sentido de dicho artículo 2, apartado 1, letra c).

23

Ha de señalarse que, a tenor del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, que pertenece al título I de esta, rubricado «Objeto y ámbito de aplicación», están sujetas al IVA las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal.

24

Así, cuando una actividad se califica de operación realizada «a título oneroso» a efectos de esa disposición, queda comprendida, como tal, en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA. En cambio, una actividad que no reciba tal calificación no está incluida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva (sentencia de 26 de octubre de 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, apartado 34 y jurisprudencia citada).

25

No obstante, el artículo 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, de dicha Directiva, permite a los Estados miembros que, el 1 de enero de 1978, gravaban las actividades de los organismos públicos de radiotelevisión que no tuvieran carácter comercial establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, concediéndoles la facultad de seguir gravando esas actividades.

26

Además, procede señalar que esta excepción es, en esencia, idéntica a la prevista en favor de la República de Austria en el artículo 378, apartado 1, de la Directiva del IVA.

27

Pues bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en esencia, en los apartados 36, 37, 42 y 51 de la sentencia de 26 de octubre de 2023, GIS (C‑249/22, EU:C:2023:813), que el artículo 378, apartado 1, de la Directiva del IVA permite a la República de Austria establecer una excepción, en particular, a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, manteniendo un sistema de tributación de las actividades correspondientes que ya existía previamente, siempre y cuando las características de esa tributación se mantengan sustancialmente inalteradas. Esto refleja el carácter progresivo y aún parcial de la armonización de las legislaciones nacionales en materia de IVA. Además, por su propia naturaleza, una disposición como el artículo 378, apartado 1, establece excepciones al ámbito de aplicación de la normativa de la que forma parte. La tributación permitida por esa disposición no constituye una tributación armonizada que sea parte integrante del régimen del IVA, tal como lo organiza dicha Directiva. Al contrario, la facultad prevista en dicha disposición permite a ese Estado miembro mantener su normativa relativa a la tributación de los servicios de que se trata, sin que las diferencias que puedan resultar entre este y otros Estados miembros sean contrarias al Derecho de la Unión

28

Basándose, en particular, en estos motivos, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 52 de la sentencia de 26 de octubre de 2023, GIS (C‑249/22, EU:C:2023:813), que los artículos 2, apartado 1, letra c), y 378, apartado 1, de la Directiva del IVA debían interpretarse en el sentido de que no se oponen a que la República de Austria someta al IVA una actividad de radiodifusión pública financiada mediante una tasa legal que debe abonar toda persona que utilice un equipo receptor de radiodifusión en el interior de un edificio situado en una zona cubierta por la radiodifusión terrestre del organismo público de radiodifusión de que se trate, con independencia de que la actividad de radiodifusión pública en cuestión esté o no comprendida en el concepto de «prestaciones de servicios realizadas a título oneroso» a efectos del citado artículo 2, apartado 1, letra c).

29

Habida cuenta de la afirmación que figura en el apartado 26 de la presente sentencia, se impone una interpretación análoga por lo que respecta al artículo 370 de la Directiva del IVA.

30

Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 2, apartado 1, letra c), y 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro que, a 1 de enero de 1978, sometía al IVA una actividad de radiodifusión pública financiada mediante una tasa legal que debe abonar toda persona propietaria de un equipo capaz de recibir programas de radiodifusión pueda seguir gravando esa actividad, con independencia de si dicha actividad está comprendida en el concepto de «prestaciones de servicios realizadas a título oneroso» en el sentido de dicho artículo 2, apartado 1, letra c).

Segunda cuestión prejudicial

31

Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro que, a 1 de enero de 1978, sometía al IVA una actividad de radiodifusión pública financiada mediante una tasa legal que debe abonar toda persona propietaria de un equipo de radio o de televisión pueda seguir gravando esa actividad cuando la normativa relativa a dicha tasa ha sido modificada después de esa fecha de tal manera que la tasa se recauda por la posesión de cualquier dispositivo que pueda recibir los programas de radiodifusión, incluidos un teléfono inteligente o un ordenador.

32

Según su tenor literal, estas disposiciones autorizan a los Estados miembros a seguir gravando «las actividades de los organismos públicos de radiotelevisión que no tengan carácter comercial», si dichos Estados las sometían ya al IVA a 1 de enero de 1978.

33

Por lo tanto, a tenor de estas disposiciones, los Estados miembros a los que estas se refieren únicamente están autorizados a mantener un sistema de tributación de las mencionadas actividades que ya existía previamente, y no a introducir una nueva tributación de esas actividades, lo que implica que las modalidades de tributación de dichas actividades, en vigor desde el 1 de enero de 1978, deben haberse mantenido sustancialmente inalteradas para que esa tributación continúe amparada por la excepción prevista en el artículo 370 de la Directiva del IVA (véase, por analogía, la sentencia de 26 de octubre de 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, apartados 42 y 43).

34

Pues bien, una modificación de las modalidades de dicha tributación que se limite a tomar en consideración las innovaciones tecnológicas que se produjeron desde el 1 de enero de 1978, sin modificar el hecho imponible de la obligación de pagar la tasa destinada a financiar una actividad de radiodifusión pública, no tiene por efecto excluir la aplicación de una excepción, como el artículo 370 de la Directiva del IVA (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, apartado 45).

35

Tal es el caso de una modificación de estas modalidades, como la controvertida en el litigio principal, que tiene por efecto vincular la obligación de pagar una tasa destinada a financiar una actividad de radiodifusión pública a la posesión no solo de un equipo de radio o de televisión, sino también de cualquier dispositivo capaz de recibir los programas de los organismos públicos de radiodifusión, incluidos los teléfonos inteligentes o los ordenadores. En efecto, tal modificación refleja la evolución tecnológica que se ha producido desde la introducción de la excepción en cuestión.

36

Además, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en los puntos 27 a 29 de sus conclusiones, las consideraciones recogidas en el apartado anterior de la presente sentencia no quedan desvirtuadas ni por el hecho de que la ampliación de la categoría de aparatos cuya posesión implica la obligación de pagar una tasa destinada a financiar las actividades de radiodifusión pública haya podido implicar una ampliación simultánea de las personas sujetas a dicha tasa ni por el hecho de que la recepción de programas de radio o de televisión pueda calificarse de función accesoria de dispositivos como los teléfonos inteligentes o los ordenadores.

37

Por una parte, el artículo 370 de la Directiva del IVA no exige que el número o el volumen de las operaciones gravadas por un Estado miembro el 1 de enero de 1978 permanezca invariable. En efecto, ha de observarse que, aunque no se modificara la naturaleza de los aparatos cuya posesión implica la obligación de pagar una tasa destinada a financiar las actividades de radiodifusión pública, el número de personas sujetas a la obligación de pagar dicha tasa podía aumentar en función del incremento del número de equipos de radio y de televisión en posesión de los particulares, debido a la mayor disponibilidad y a la disminución del precio de adquisición de tales aparatos.

38

Por otra parte, en la medida en que el hecho imponible de una tasa como la controvertida en el litigio principal no está relacionado con la utilización de un servicio de radiodifusión pública por las personas sujetas a dicha obligación, sino únicamente con la posesión de un aparato capaz de recibir los programas de un organismo de radiodifusión, carece de pertinencia que algunos de estos dispositivos, como los teléfonos inteligentes o los ordenadores, desempeñen también otras funciones que, en su caso, puedan considerarse como sus funciones principales.

39

Por otra parte, debe observarse, a este respecto, que los receptores de radio y de televisión también pueden utilizarse para funciones distintas de la recepción de los programas de los organismos públicos de radiodifusión, como la recepción de programas radiofónicos o televisivos comerciales o la lectura de discos u otros soportes digitales (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2016, Český rozhlas, C‑11/15, EU:C:2016:470, apartado 26).

40

Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro que, a 1 de enero de 1978, sometía al IVA una actividad de radiodifusión pública financiada mediante una tasa legal que debe abonar toda persona propietaria de un equipo de radio o de televisión pueda seguir gravando esa actividad cuando la normativa relativa a dicha tasa ha sido modificada después de esa fecha de tal manera que la tasa se recauda por la posesión de cualquier dispositivo que pueda recibir los programas de radiodifusión, incluidos un teléfono inteligente o un ordenador.

Tercera cuestión prejudicial

41

Con carácter preliminar, procede señalar que, aunque, según su tenor, la tercera cuestión prejudicial se refiere a la incidencia en la aplicabilidad del artículo 370 de la Directiva del IVA, en particular, del hecho de que una pequeña parte de una tasa como la controvertida en el litigio principal se destine a la financiación de «organizaciones de medios de comunicación y cinematográficas que contribuyen a las actividades de radio y televisión aunque no las ejercen por sí mismas», de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente resumidas en el apartado 19 de la presente sentencia se desprende que dicho órgano jurisdiccional se interesa, más concretamente, por el caso de las empresas que son entidades públicas o han sido creadas por los organismos públicos de radiodifusión, en su caso conjuntamente con otros actores.

42

Por consiguiente, procede considerar que, mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro que, a 1 de enero de 1978, sometía al IVA una actividad de radiodifusión pública financiada mediante una tasa legal obligatoria pueda seguir gravando esa actividad cuando la normativa relativa a dicha tasa ha sido modificada después de esa fecha de modo que se pueda destinar una pequeña parte de los ingresos procedentes de esa tasa a la financiación, por una parte, de organismos de radiodifusión que, sin ser organismos públicos, ejercen una actividad pública de radiodifusión y, por otra parte, de empresas de medios de comunicación o de cine que son entidades públicas o han sido creadas por los organismos públicos de radiodifusión y que contribuyen a la actividad de radiodifusión, sin ejercer ellas mismas tal actividad.

43

A este respecto, procede recordar que, como se desprende, en esencia, de los apartados 32 y 33 de la presente sentencia, el artículo 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, únicamente autoriza a los Estados miembros a mantener un sistema de tributación de las actividades no comerciales de los organismos públicos de radiotelevisión que existía en la fecha prevista en el citado artículo 370, lo que implica que las modalidades de tributación de esas actividades deben mantenerse sustancialmente inalteradas.

44

De ello se deduce que una tasa como la controvertida en el litigio principal solo podía estar sujeta al IVA en virtud del artículo 370 de la Directiva del IVA, durante el período de que se trata en el litigio principal, a condición de que sirviera para financiar las actividades de esos organismos (véase, por analogía, la sentencia de 26 de octubre de 2023, GIS, C‑249/22, EU:C:2023:813, apartados 46 a 49).

45

Sin embargo, de ello no cabe deducir que el artículo 370 de la Directiva del IVA se oponga a la imposición de una tasa como la controvertida en el litigio principal por el mero hecho de que los ingresos procedentes de dicha tasa no se abonen íntegramente a los organismos públicos de radiotelevisión.

46

En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que una modificación posterior al 1 de enero de 1978 de la normativa nacional que estableció la tasa controvertida en el litigio principal permitió destinar una pequeña parte de los ingresos procedentes de dicha tasa a la financiación de entidades distintas de los organismos públicos de radiotelevisión. En particular, esta parte de los ingresos se asignó, en primer lugar, a un organismo de radiotelevisión que, aunque era una entidad privada, cumplía una misión similar a la de los medios de comunicación públicos, estaba sujeto a restricciones jurídicas análogas a las de los organismos públicos de radiotelevisión y se financiaba mayoritariamente con los ingresos procedentes de dicha tasa; en segundo lugar, a una entidad cuya función era apoyar financieramente la producción cinematográfica y, en tercer lugar, a la escuela cinematográfica para niños y jóvenes gestionada por una fundación cuyos fundadores son, entre otros, los organismos públicos de radiotelevisión.

47

Pues bien, el hecho de que una pequeña parte de una tasa como la controvertida en el procedimiento principal se abone a otras entidades públicas o a entidades creadas por los propios organismos públicos de radiodifusión, en su caso conjuntamente con otros actores, para financiar actividades, como la producción cinematográfica, situadas en una fase anterior a la de una actividad de radiodifusión y estrechamente ligadas a esta no permite considerar que esa tasa haya dejado de servir para financiar la actividad de los organismos públicos de radiodifusión.

48

En efecto, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en los puntos 37 y 38 de sus conclusiones, el artículo 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, no prescribe la forma jurídica que deben revestir los organismos públicos en cuestión ni se aplica únicamente a las actividades de radiodifusión de esos organismos, ya que la segunda de estas disposiciones no utiliza el concepto de «emisora», sino el de «organismo», que es más amplio. Por lo tanto, estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que otros tipos de actividades, como las enumeradas en el apartado anterior de la presente sentencia, estén comprendidas en la excepción prevista en dichas disposiciones, siempre que tales actividades formen parte de la misión confiada a los organismos públicos de radiotelevisión y que se financien mediante una tasa obligatoria, como la tasa controvertida en el litigio principal.

49

Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 370 de la Directiva del IVA, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro que, a 1 de enero de 1978, sometía al IVA una actividad de radiodifusión pública financiada mediante una tasa legal obligatoria pueda seguir gravando esa actividad cuando la normativa relativa a dicha tasa ha sido modificada después de esa fecha de modo que se pueda destinar una pequeña parte de los ingresos procedentes de esa tasa a la financiación, por una parte, de organismos de radiodifusión que, sin ser organismos públicos, ejercen una actividad pública de radiodifusión y, por otra parte, de empresas de medios de comunicación o de cine que son entidades públicas o han sido creadas por los organismos públicos de radiodifusión y que contribuyen a la actividad de radiodifusión, sin ejercer ellas mismas tal actividad.

Costas

50

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

1)

Los artículos 2, apartado 1, letra c), y 370 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de esta Directiva,

2)

El artículo 370 de la Directiva 2006/112, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de esta Directiva,

3)

El artículo 370 de la Directiva 2006/112, en relación con el anexo X, parte A, punto 2, de esta Directiva,