Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 22 de octubre de 2026 (*)
« Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2013/48/UE — Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales — Artículo 3, apartado 3, letra b) — Derecho del sospechoso y acusado a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen — Conceptos “esté presente” e “intervenga de manera efectiva” — Artículo 3, apartado 6, letra b) — Excepción temporal del derecho a la asistencia de letrado — Legislación nacional que permite el interrogatorio de los sospechosos y de las personas razonablemente sospechosas de haber cometido una infracción penal sin su letrado si este no comparece en un plazo determinado — Transposición incorrecta — Artículo 9 — Renuncia a la presencia o a la asistencia de letrado — Información sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a él — No transposición »
En el asunto C‑660/24,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 10 de octubre de 2024,
Comisión Europea, representada por los Sres. C. Kovács, P. Ondrůšek y M. Wasmeier, en calidad de agentes,
parte demandante,
contra
Hungría, representada por la Sra. Zs. Biró-Tóth y los Sres. M. Z. Fehér y G. Koós, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
República Checa, representada inicialmente por el Sr. T. Müller, la Sra. A. Pagáčová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes, posteriormente por el Sr. T. Müller, las Sras. J. Očková y A. Pagáčová y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo (Ponente) y los Sres. N. Jääskinen, M. Condinanzi y A. Kornezov, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretaria: Sra. E. Sartori, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de diciembre de 2025;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 12 de marzo de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1 Mediante su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO 2013, L 294, p. 1), al no haber adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido, por un lado, en el artículo 3, apartado 6, letra b), de esta Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3, y, por otro lado, en el artículo 9 de dicha Directiva.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
2 A tenor de los considerandos 4, 6, 8, 23 a 25, 28, 30 a 32, 44, 52 y 54 de la Directiva 2013/48:
«(4) La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal presupone que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. El grado de reconocimiento mutuo depende en gran medida de una serie de factores, entre los que se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de los sospechosos o acusados y la definición de normas mínimas comunes necesarias para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.
[…]
(6) El reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal solo puede funcionar eficazmente en un clima de confianza, en el que no solamente las autoridades judiciales, sino también todos los participantes en el proceso penal consideren las decisiones de las autoridades judiciales de otros Estados miembros equivalentes a las de su propio Estado, lo que implica no solo confianza en lo adecuado de las normas de los otros Estados miembros, sino también en que dichas normas se aplican correctamente. El refuerzo de la confianza mutua exige normas detalladas para la protección de las garantías y derechos procesales derivados de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”], del [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, “CEDH”),] y del [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976]. También requiere, a través de la presente Directiva y de otras medidas, un mayor desarrollo dentro de la Unión [Europea] de las normas mínimas establecidas en la Carta y en el CEDH.
[…]
(8) Las normas mínimas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados miembros, lo cual, a su vez, debe dar lugar a una cooperación judicial más eficaz en un clima de confianza recíproca y al fomento de una cultura de derechos fundamentales en la Unión. Dichas normas mínimas comunes deben asimismo eliminar los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio de los Estados miembros. Dichas normas mínimas comunes deben establecerse por lo que se refiere al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales, al derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y al derecho a la comunicación con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
[…]
(23) Los sospechosos o acusados deben tener derecho a comunicarse con el letrado que los represente. Esta comunicación puede tener lugar en cualquier momento del proceso, inclusive antes de ejercer el derecho a reunirse con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones prácticas sobre la duración, la frecuencia y los medios de dicha comunicación, incluido el uso de la videoconferencia y otras tecnologías de la comunicación con el fin de que pueda tener lugar tal comunicación, siempre que dichas disposiciones prácticas no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de esas personas a comunicarse con sus letrados.
(24) Respecto de ciertas infracciones leves, la presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros dispongan que el derecho del sospechoso o acusado a la asistencia de un letrado se ejerza por vía telefónica. No obstante, debe restringirse este modo limitado de ese derecho a aquellos casos en los que ni la policía ni otras fuerzas o cuerpos de seguridad vayan a interrogar al sospechoso o acusado.
(25) Los Estados miembros han de velar por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que el letrado esté presente y participe efectivamente cuando lo interrogue la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así como durante la vista. Esa participación debe ser ejercida de manera acorde con aquellos procedimientos de la normativa nacional que regulen la participación de un letrado en los interrogatorios de la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así como durante las vistas, siempre que esos procedimientos no vayan en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial de los derechos correspondientes. Durante el interrogatorio del sospechoso o acusado por parte de la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, o en el curso de la vista, el letrado puede, entre otras cosas y ateniéndose a las reglas del procedimiento, formular preguntas, pedir aclaraciones y efectuar declaraciones de los que se debe dejar constancia de conformidad con la normativa nacional.
[…]
(28) En los casos en que un sospechoso o acusado sea privado de libertad, los Estados miembros han de adoptar las disposiciones necesarias para garantizar que la persona de que se trate esté en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistido por un letrado, incluso organizando la asistencia de letrado cuando la persona no tenga uno, a menos que haya renunciado a ese derecho. Dichas disposiciones podrían suponer, entre otras cosas, que las autoridades competentes tramiten la asistencia de un letrado a partir de una lista de letrados disponibles de la que el sospechoso o acusado podría elegir a uno. Si procede, dichas disposiciones podrían incluir las relativas a la asistencia jurídica gratuita.
[…]
(30) En caso de lejanía geográfica del sospechoso o acusado, como por ejemplo, en territorios de ultramar o cuando el Estado miembro lleva a cabo o participa en operaciones militares fuera de su territorio, los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal al derecho del sospechoso o acusado a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad. Durante la vigencia de una excepción temporal por este motivo, las autoridades competentes no deberían interrogar al interesado ni llevar a cabo ninguno de los actos de investigación o de obtención de pruebas establecidos en la presente Directiva. En caso de que, debido a la lejanía geográfica del sospechoso o acusado, no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, los Estados miembros deben facilitar la comunicación telefónica o por videoconferencia, salvo que dicha comunicación sea imposible.
(31) Los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal al derecho a la asistencia de letrado en la fase de instrucción, cuando exista una necesidad urgente, con el fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona. Durante la vigencia de una excepción temporal por este motivo, las autoridades competentes pueden interrogar a un sospechoso o acusado sin la presencia del letrado, a condición de que se haya informado al sospechoso o acusado de su derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese derecho y de que el interrogatorio no menoscabe los derechos de la defensa, incluida la protección frente a la autoinculpación. Únicamente puede efectuarse el interrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para obtener información que resulte indispensable a fin de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona. En principio, el recurso abusivo a esta excepción supondría un perjuicio irremediable para los derechos de la defensa.
(32) Debe permitirse también a los Estados miembros establecer una excepción temporal al derecho a ser asistido por un letrado en la fase de instrucción, cuando resulte indispensable una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal, en particular con el fin de impedir la destrucción o la alteración de pruebas esenciales o de impedir la manipulación de los testigos. Durante la vigencia de una excepción temporal por este motivo, las autoridades competentes pueden interrogar a un sospechoso o acusado sin la presencia del letrado, a condición de que se haya informado al sospechoso o acusado de su derecho a guardar silencio, de que pueda ejercer ese derecho y de que el interrogatorio no menoscabe los derechos de la defensa, incluida la protección frente a la autoinculpación. Únicamente puede efectuarse el interrogatorio con el objetivo y en la medida necesaria para obtener información que resulte indispensable a fin de evitar comprometer de modo grave el proceso penal. En principio, el recurso abusivo a esta excepción supondría un perjuicio irremediable para los derechos de la defensa.
[…]
(44) Las personas reclamadas deben tener derecho a comunicarse con el letrado que las represente en el Estado miembro de ejecución. Esta comunicación debe poder tener lugar en cualquier momento, inclusive antes de ejercer el derecho a entrevistarse con el letrado. Los Estados miembros pueden adoptar disposiciones prácticas sobre la duración, la frecuencia y los medios de comunicación entre la persona reclamada y su letrado, incluido el recurso a videoconferencias y otras tecnologías de la comunicación con el fin de que pueda tener lugar dicha comunicación. Esas disposiciones prácticas no deben ir en detrimento del ejercicio efectivo ni del contenido esencial del derecho de la persona reclamada a comunicarse con su letrado.
[…]
(52) La presente Directiva promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta, incluidos […] el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de defensa. La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios.
[…]
(54) La presente Directiva establece normas mínimas. Los Estados miembros pueden ampliar los derechos establecidos en la presente Directiva para ofrecer un mayor nivel de protección. Este mayor nivel de protección no debe ser óbice al reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales que estas normas mínimas pretenden facilitar. El nivel de protección nunca debe ser inferior al dispensado por la Carta y el CEDH, según la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [(en lo sucesivo, “TEDH”)].»
3 El artículo 3 de esta Directiva, titulado «Derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales», dispone lo siguiente:
«1. Los Estados miembros velarán por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva.
2. El sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada. En cualquier caso, el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado a partir del momento que antes se produzca de entre los que se indican a continuación:
a) antes de que el sospechoso o acusado sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
b) en el momento en que las autoridades de instrucción u otras autoridades competentes realicen una actuación de investigación o de obtención de pruebas con arreglo al apartado 3, letra c);
c) sin demora injustificada tras la privación de libertad;
d) con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho tribunal.
3. El derecho a la asistencia de letrado implicará lo siguiente:
a) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado que lo represente, inclusive con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales;
b) los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate. Cuando un abogado intervenga durante un interrogatorio, se hará constar así de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa nacional;
[…]
4. Los Estados miembros se esforzarán por difundir información general con el fin de facilitar a los sospechosos o acusados la designación de un letrado.
No obstante lo dispuesto en la normativa nacional en relación con la presencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los sospechosos o acusados a los que se haya privado de libertad estén en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistidos por un letrado, a menos que hayan renunciado a ese derecho de conformidad con el artículo 9.
5. En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente lo dispuesto en el apartado 2, letra c), en caso de que la lejanía geográfica de un sospechoso o acusado imposibilite el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad.
6. En circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros podrán dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el apartado 3 en la medida en que esté justificado, en vista de las circunstancias específicas del caso, sobre la base de alguna o varias de las razones imperiosas siguientes:
a) una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona;
b) una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.»
4 A tenor del artículo 8 de dicha Directiva, con la rúbrica «Condiciones generales para aplicar excepciones temporales»:
«1. Las excepciones temporales previstas en el artículo 3, apartados 5 y 6, o […]:
a) deberán ser proporcionadas y limitarse a lo estrictamente necesario;
b) estarán rigurosamente limitadas en el tiempo;
c) no podrán basarse exclusivamente en el tipo o la gravedad de la presunta infracción, y
d) no podrán menoscabar las garantías generales de un juicio justo.
2. Las excepciones temporales previstas en el artículo 3, apartados 5 y 6, solo podrán autorizarse en virtud de una resolución debidamente motivada e individual adoptada por una autoridad judicial o por otra autoridad competente, siempre que su decisión pueda ser objeto de control jurisdiccional. La resolución debidamente motivada se hará constar de conformidad con los procedimientos pertinentes de la normativa del Estado miembro de que se trate.
[…]»
5 El artículo 9 de la misma Directiva, con el título «Renuncia», establece:
«1. Sin perjuicio de si la normativa nacional exige la presencia o la asistencia obligatoria de un letrado, los Estados miembros garantizarán que, en lo que se refiere a toda renuncia a un derecho contemplado en los artículos 3 y 10:
a) se haya facilitado al sospechoso o acusado, verbalmente o por escrito, información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las posibles consecuencias de renunciar a él, y
b) la renuncia sea voluntaria e inequívoca.
2. La renuncia, que podrá hacerse por escrito u oralmente, se hará constar, así como las circunstancias de la misma, con arreglo al procedimiento previsto para ello por la normativa del Estado miembro de que se trate.
3. Los Estados miembros garantizarán que todo sospechoso o acusado pueda revocar una renuncia posteriormente en cualquier momento del proceso penal y que el sospechoso o acusado haya sido informado de tal posibilidad. La revocación de una renuncia surtirá efectos desde el momento en que se efectúa.»
6 El artículo 11 de la Directiva 2013/48, con la rúbrica «Asistencia jurídica gratuita», tiene el siguiente tenor:
«La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa nacional en materia de asistencia jurídica gratuita, que se aplicará de conformidad con la Carta y con el CEDH.»
Derecho húngaro
7 El artículo 3, apartados 1 y 2, de la a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Ley n.º XC de 2017, por la que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de 26 de junio de 2017 (Magyar Közlöny 2017/99; en lo sucesivo, «Ley de Enjuiciamiento Criminal») dispone:
«(1) El encausado tendrá derecho a la tutela efectiva en todas las fases del proceso penal.
(2) El encausado tendrá derecho tanto a defenderse personalmente como a recurrir a un abogado para que lo defienda.»
8 El artículo 39 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece:
«(1) El encausado tendrá los siguientes derechos:
[…]
b) obtener del órgano jurisdiccional, del Ministerio Fiscal y de la autoridad de instrucción el tiempo y las condiciones necesarios para preparar su defensa;
c) recibir del órgano jurisdiccional, del Ministerio fiscal y de la autoridad de instrucción información sobre sus derechos y obligaciones en el proceso penal;
d) apoderar a un abogado para que lo defienda o solicitar su designación;
e) consultar a su abogado, sin control;
[…]
(2) El encausado que se encuentre detenido tendrá los siguientes derechos:
[…]
c) ponerse en contacto con su abogado —y con el representante consular de su Estado, si se trata de un nacional extranjero— personalmente, por correo o por medios electrónicos, sin control;
[…]
[…]
(4) El órgano jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o la autoridad de instrucción deberán informar al encausado de sus derechos y advertirlo de sus obligaciones tan pronto como intervenga en el proceso penal. […]
(5) Cuando el encausado sea detenido, el órgano jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o la autoridad de instrucción también lo informarán por escrito de sus derechos. La información versará sobre la duración máxima posible de la detención en virtud de la correspondiente decisión o de la ley, sobre la normativa relativa a la prórroga, al mantenimiento y a la revisión de la detención, sobre el derecho a recurrir dichas decisiones y sobre el derecho a presentar una solicitud para que se ponga fin a la detención.
[…]»
9 A tenor del artículo 44, apartado 3, de dicha Ley:
«La intervención de un abogado defensor en el proceso penal será obligatoria si:
a) la infracción está castigada con una pena privativa de libertad de hasta cinco años o más;
b) el encausado o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal es objeto de una medida coercitiva que restrinja la libertad individual, ha sido detenido en otro asunto, está sometido a una medida médica preventiva obligatoria, cumple una pena privativa de libertad, está internado o se encuentra en un centro educativo supervisado;
c) el encausado o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal es sordo, sordociego o ciego, padece trastornos del habla, es incapaz de expresarse por otros motivos, o está muy limitado en su comunicación o, incluso, con independencia de su capacidad de discernimiento, padece trastornos mentales;
d) el encausado o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal desconoce el húngaro;
e) el encausado o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal no puede defenderse personalmente por otros motivos;
f) el órgano jurisdiccional, el Ministerio Fiscal o la autoridad de instrucción han designado letrado, bien a petición del encausado o de la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal, bien porque se haya considerado necesario por otros motivos;
g) la presente Ley lo exige específicamente.»
10 El artículo 74, apartado 1, de la citada Ley tiene el siguiente tenor:
«El órgano jurisdiccional, el Ministerio Fiscal y la autoridad de instrucción informarán a la persona objeto del proceso penal de sus derechos y obligaciones antes del acto procesal que la afecte, salvo disposición en contrario de la presente Ley.»
11 El artículo 274, apartado 3, de la misma Ley dispone lo siguiente:
«La detención preventiva podrá durar hasta la adopción de una decisión sobre una medida coercitiva que restrinja la libertad individual, pero no superar las setenta y dos horas.»
12 Con arreglo al artículo 385, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
«La persona detenida preventivamente deberá ser interrogada dentro de las veinticuatro horas siguientes al inicio de su detención.»
13 El artículo 387, apartado 3, de dicha Ley establece:
«Si el sospechoso o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal desea apoderar a un abogado, o si la autoridad de instrucción o el Ministerio Fiscal designan letrado, la autoridad de instrucción o el Ministerio Fiscal informarán inmediatamente de ello al letrado y aplazarán el interrogatorio del sospechoso hasta la llegada del letrado y, como mínimo, durante dos horas. Si, durante este período,
a) el abogado no comparece, o
b) el sospechoso o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal consiente, previa consulta a su letrado, en iniciar el interrogatorio,
la autoridad de instrucción o el Ministerio Fiscal iniciarán el interrogatorio del sospechoso.»
Procedimiento administrativo previo y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
14 El 19 de diciembre de 2016, Hungría informó a la Comisión de la adopción de medidas nacionales de transposición de la Directiva 2013/48 en su ordenamiento jurídico.
15 Tras examinar las medidas notificadas, la Comisión estimó que no garantizaban la conformidad del Derecho nacional con los artículos 3, apartado 6, letra b), 9 y 10 de la Directiva 2013/48. En consecuencia, el 12 de noviembre de 2021 envió un escrito de requerimiento a Hungría, instándola a que presentara sus observaciones en un plazo de dos meses.
16 Mediante escrito de 12 de enero de 2022, Hungría respondió a dicho escrito de requerimiento indicando que consideraba que había transpuesto correctamente esas disposiciones de la Directiva 2013/48 en su ordenamiento jurídico.
17 Tras analizar las respuestas dadas, la Comisión las consideró insatisfactorias, pero únicamente en la medida en que se referían a los artículos 3, apartado 6, letra b), y 9 de la Directiva 2013/48. Por lo tanto, el 14 de julio de 2023, la citada institución remitió un dictamen motivado a Hungría instándola a cumplir las obligaciones que en ellos se contemplan en un plazo de dos meses a partir de su recepción.
18 En su respuesta de 13 de septiembre de 2023 al dictamen motivado, Hungría volvió a alegar que había transpuesto correctamente el artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva 2013/48 en su ordenamiento jurídico. Por lo que respecta a la falta de transposición del artículo 9 de dicha Directiva, el mencionado Estado miembro indicó que la normativa húngara podría ser adaptada para dar respuesta a esa imputación.
19 A raíz de una reunión celebrada el 5 de abril de 2024, Hungría anunció que facilitaría tan pronto como fuera posible información adicional sobre las posibles modificaciones de su legislación, sin indicar en consecuencia ningún texto concreto.
20 Insatisfecha con la respuesta aportada por Hungría, la Comisión decidió, el 10 de octubre de 2024, interponer ante el Tribunal de Justicia el presente recurso.
21 Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2025, se admitió la intervención de la República Checa en apoyo de las pretensiones de Hungría.
Sobre el recurso
22 En apoyo de su recurso, la Comisión formula dos imputaciones basadas, la primera, en la incorrecta transposición, en el ordenamiento jurídico húngaro, del artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3, y la segunda, en la falta de transposición del artículo 9 de dicha Directiva.
Sobre la primera imputación, basada en la incorrecta transposición del artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva 2013/48, en relación con su artículo 3, apartado 3
Alegaciones de las partes
23 Mediante su primera imputación, la Comisión alega que Hungría efectuó una transposición incorrecta, en su ordenamiento jurídico, del artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva 2013/48, en relación con su artículo 3, apartado 3, en la medida en que el artículo 387, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite, con carácter general, que se interrogue a los sospechosos o a las personas razonablemente sospechosas de haber cometido una infracción penal sin que esté presente un letrado si este no comparece en el interrogatorio en un plazo de, como mínimo, dos horas después de haber sido informado.
24 En efecto, considera que esta normativa es incompatible con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2013/48, en virtud del cual se debe reconocer al sospechoso o acusado el derecho a la asistencia de letrado, y más concretamente con la letra b) de dicha disposición, que establece que esta persona tiene derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando la interroguen. Sostiene que, sin la renuncia al derecho a la asistencia de letrado en las condiciones establecidas en el artículo 9 de la citada Directiva, los Estados miembros solo pueden dejar de aplicar el derecho a que un letrado esté presente durante el interrogatorio del interesado en circunstancias excepcionales, expresamente previstas en el artículo 3, apartado 6, de la referida Directiva y, en particular, en la letra b) de esta disposición, a saber, ante una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.
25 La Comisión alega que el derecho a comunicarse con un letrado antes del interrogatorio y a ser interrogado en su presencia, en los términos establecidos en el artículo 3, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva 2013/48, es incondicional, ya que las únicas excepciones a estos derechos están expresamente previstas en el artículo 3, apartado 6, de dicha Directiva. Así, según esta institución, el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 obliga a los Estados miembros a velar por que un letrado esté presente durante el interrogatorio, a menos que se den las condiciones del artículo 3, apartado 6, de la Directiva.
26 La Comisión estima que la expresión «esté presente» que figura en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 se ha de entender en el sentido de que tiene por objeto la presencia física del letrado. La exigencia relativa a que el letrado «intervenga de manera efectiva» en el interrogatorio prevista en esta disposición confirma, a su juicio, esta interpretación. A este respecto, aduce que la remisión de la citada disposición a la normativa nacional no se refiere a la presencia del letrado, sino únicamente a la regulación de su intervención. Añade que, por lo que respecta al interrogatorio o a la vista, el considerando 25 de la Directiva 2013/48 no menciona la comunicación a distancia. En su opinión, del considerando 24 de esta Directiva se desprende que solo excepcionalmente, para infracciones leves, se puede disponer que la asistencia de letrado se ejerza a distancia, concretamente por vía telefónica. Sin embargo, estima que esta posibilidad se limita claramente a los procedimientos en los que el acusado no es interrogado por fuerzas o cuerpos de seguridad.
27 La Comisión también se opone a la alegación de Hungría de que esta interpretación del artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 podría generar abusos y situaciones en las que el interrogatorio no pudiera realizarse a tiempo, lo que retrasaría el proceso penal y podría repercutir asimismo en los demás derechos del sospechoso o acusado o en los de otros interesados, como las víctimas. Según la Comisión, la mera posibilidad de que se produzca un abuso de derecho no puede justificar que el derecho a la asistencia de letrado se supedite a una condición general contraria al tenor y al objetivo del artículo 3 de la Directiva 2013/48. En efecto, para paliar tal posibilidad, la citada institución propone que se contemple la designación de oficio de un letrado que asista al sospechoso o acusado.
28 En su escrito de contestación, Hungría alega que la legislación húngara se ajusta a lo dispuesto en la Directiva 2013/48. En efecto, aduce que el artículo 3, apartado 3, letra b), de esta Directiva solo exige que el sospechoso o acusado pueda ser asistido por un letrado si lo desea, sin que, no obstante, un letrado deba estar siempre físicamente presente durante el interrogatorio. Así pues, estima que de esta disposición no se deduce que, si el interesado no desea invocar su derecho a que un letrado esté presente durante su interrogatorio, este no pueda tener lugar en tal caso. Añade que del tenor del artículo 3, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, y más concretamente de la expresión «cuando un abogado intervenga durante un interrogatorio», se desprende que el letrado no siempre debe intervenir en el interrogatorio.
29 Hungría estima que la interpretación del artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 que propugna la Comisión haría en la práctica obligatoria la presencia de un letrado durante los interrogatorios, a menos que el interesado renuncie a ella. Pues bien, sostiene que el hecho de que el letrado no esté efectivamente presente en un acto procesal no puede constituir un obstáculo general para que se ejecuten los actos procesales que forzosamente han de concurrir en cualquier fase del procedimiento. En su opinión, el Derecho de la Unión no puede llevar a imponer a los Estados miembros una obligación que supone impedir que se ejecute un acto procesal cualquiera en una situación en la que la ausencia del letrado es consecuencia de que el sospechoso o acusado ha actuado dolosamente y de mala fe. Por consiguiente, concluye que el derecho a que el letrado esté presente no puede constituir un derecho absoluto y que la jurisprudencia del TEDH no exige de modo absoluto la presencia del letrado durante el interrogatorio.
30 Hungría considera que el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, como excepción al artículo 3, apartado 3, de la Directiva, no enumera los supuestos en los que cabe establecer excepciones a la presencia obligatoria de letrado durante el interrogatorio del sospechoso o acusado, sino los supuestos en los que no procede ofrecer a esa persona la posibilidad de ser asistida por un letrado. Así, alega que, cuando a dicha persona se le ha ofrecido la posibilidad de que un letrado esté presente, pero no ha querido invocar ese derecho, la ausencia del letrado en el interrogatorio, cualquiera que sea su causa, no constituye una excepción que deba cumplir las condiciones expuestas en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48. Por tanto, sostiene que no se debe considerar que la legislación húngara prevé, en virtud de esa disposición, una excepción al principio establecido en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva, puesto que no exime a las autoridades de la obligación de informar al letrado ni limita la posibilidad de que el interesado apodere a un abogado de su elección o solicite que se le designe uno en cualquier fase del procedimiento.
31 Según Hungría, únicamente podrá tener lugar el interrogatorio del sospechoso o de la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal si el letrado ha podido intervenir efectivamente en el acto procesal, pero, o bien no ha querido invocar su derecho a estar presente, o bien el interesado no ha considerado necesaria su intervención. Por tanto, aduce que la legislación húngara permite excepcionalmente interrogar al sospechoso o a la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal sin que esté presente el letrado cuando este no comparece en el interrogatorio en un plazo de, como mínimo, dos horas después de haber sido informado. Además, sostiene que la expiración de este plazo no inicia el interrogatorio, ya que el interesado puede negarse a declarar, tras haber sido informado de sus derechos.
32 Hungría añade que el legislador nacional modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante una ley, adoptada el 26 de noviembre de 2024 y publicada el 4 de diciembre de 2024, que incluyó un artículo 387/A en dicha Ley. Alega que esta nueva disposición pretende precisamente dar respuesta a las expectativas de la Comisión en lo que respecta a la Directiva 2013/48, en la medida en que tiene como objetivo reforzar las garantías que deben rodear los interrogatorios que se efectúan sin la presencia de letrado, aun cuando, según dicho Estado miembro, tales garantías ya estaban previstas en la legislación húngara antes de la modificación.
33 En su escrito de réplica, la Comisión considera que el nuevo artículo 387/A de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sigue sin ajustarse a la Directiva 2013/48, aun cuando el artículo 387, apartado 3, de dicha Ley autorice, al margen de las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 6, letra b), de dicha Directiva, el interrogatorio del sospechoso o de la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal sin la presencia de letrado. Estima que, en cualquier caso, al haber entrado en vigor el artículo 387/A el 4 de diciembre de 2024, es decir, casi dos meses después de la interposición del presente recurso, el Tribunal de Justicia no puede tenerlo en cuenta, puesto que de reiterada jurisprudencia resulta que la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada únicamente en función de la situación del Estado miembro de que se trate tal como se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado.
34 En su escrito de formalización de la intervención, la República Checa alega que, a pesar de que la Comisión aduce, en apoyo de su recurso, que el derecho a que el letrado esté presente durante el interrogatorio solo puede restringirse por razones imperiosas, este postulado no está respaldado por la jurisprudencia del TEDH, en la que se basa el artículo 3 de la Directiva 2013/48. Sostiene al respecto que de la sentencia del TEDH de 23 de febrero de 2010, Yoldaș c. Turquía (CE:ECHR:2010:0223JUD 002750304, § 52), se desprende que lo determinante a la luz del objetivo del artículo 6, apartado 3, letra c), del CEDH no es la presencia efectiva de un letrado durante el interrogatorio, sino la posibilidad de que el interesado ejerza efectivamente su derecho a la asistencia letrada, elija libremente al letrado que pueda estar presente durante el interrogatorio y sea debidamente informado de ese derecho.
35 Según dicho Estado miembro, la alegación de la Comisión de que podría solventarse esa posibilidad de abuso garantizando que se designe de oficio un abogado disponible para prestar asistencia jurídica si el abogado elegido por el sospechoso o acusado no está disponible equivaldría a obligar a los Estados miembros, sobre la base de la Directiva 2013/48, a asignar a dicha persona un abogado nombrado de oficio.
36 En su respuesta al citado escrito de formalización de la intervención, la Comisión replica que, cuando conoce de un caso concreto, el TEDH aprecia de forma individualizada la imparcialidad general del procedimiento nacional. Pues bien, estima que no sucede lo mismo con un procedimiento por incumplimiento de Estado ante el Tribunal de Justicia por una infracción del artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48. Dado que esta disposición define con precisión las condiciones en las que los Estados miembros pueden dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el artículo 3, apartado 3, de esa Directiva, cualquier normativa nacional que no cumpla tales condiciones sería contraria al artículo 3, apartado 6. Así pues, concluye que la incompatibilidad de una legislación nacional con dicha Directiva basta por sí sola para demostrar que esta ha sido infringida, sin que sea necesario apreciar, en cada caso concreto, la imparcialidad general del procedimiento tramitado sobre la base de esa legislación nacional.
Apreciación del Tribunal de Justicia
37 El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48 establece el principio fundamental según el cual los sospechosos y acusados tienen derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva (sentencia de 14 de mayo de 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, apartado 47 y jurisprudencia citada).
38 Este principio se concreta en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, en virtud del cual el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada y, en cualquier caso, a partir del momento que antes se produzca de entre los cuatro específicos que se indican en las letras a) a d) de esa misma disposición. Además, el artículo 3, apartado 3, de la citada Directiva precisa, en sus letras a) a c), los elementos que comprende el derecho a la asistencia de letrado (sentencia de 14 de mayo de 2024, Stachev, C‑15/24 PPU, EU:C:2024:399, apartado 48).
39 Así pues, en virtud del artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado tenga derecho a que su letrado esté presente e intervenga de manera efectiva cuando lo interroguen. Esta intervención será acorde con los procedimientos previstos por la normativa nacional, a condición de que tales procedimientos no menoscaben el ejercicio efectivo ni el contenido esencial del derecho de que se trate.
40 Por tanto, si bien, como alega acertadamente Hungría, del artículo 3, apartado 3, letra b), segunda frase, de la Directiva 2013/48, interpretado a la luz del considerando 25 de dicha Directiva, se desprende que la «[intervención] de manera efectiva» del letrado en el interrogatorio será acorde con las normas procesales previstas por la normativa nacional, esta remisión expresa a la normativa de los Estados miembros se refiere únicamente a esa «[intervención] de manera efectiva» y no a que «esté presente».
41 De ello se desprende, por una parte, como señaló, en esencia, la Abogada General en los puntos 47 y 48 de sus conclusiones, que la remisión a las normas procesales nacionales en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 se refiere únicamente a la participación efectiva del letrado en el interrogatorio del sospechoso o acusado. Por lo tanto, tal remisión no persigue que los Estados miembros puedan limitar, al margen de las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, la presencia misma del letrado en ese interrogatorio, como considera Hungría, sino solo regular su intervención.
42 Por otra parte, al no incluir la Directiva 2013/48 ninguna definición de la expresión «esté presente», procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión y respecto de los cuales este no remite al Derecho de los Estados miembros debe realizarse de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (sentencia de 16 de julio de 2026, Knocknamona y Massey, C‑27/25 y C‑356/25, EU:C:2026:596, apartado 40 y jurisprudencia citada).
43 A este respecto, se debe comenzar indicando que, en su sentido habitual en el lenguaje corriente, la expresión «esté presente» designa el hecho de que una persona esté, en principio, físicamente o materialmente en un lugar determinado en un momento concreto, siendo antónima de esta expresión la de que «esté ausente».
44 Asimismo, en cuanto al contexto en el que se utiliza dicha expresión, procede señalar, por un lado, que figura, en particular, en el considerando 25 de la Directiva 2013/48, que precisa que los Estados miembros han de velar por que el sospechoso y acusado tenga derecho a que el letrado esté presente y participe efectivamente cuando lo interrogue la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades de instrucción o judiciales, así como durante la vista.
45 Por otro lado, del artículo 3, apartado 5, de la citada Directiva, interpretado a la luz de su considerando 30, se desprende que, en caso de lejanía geográfica del sospechoso o acusado, los Estados miembros pueden establecer una excepción temporal al derecho de esa persona a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras su privación de libertad, únicamente en la fase de instrucción, aunque, mientras dure esa excepción temporal, las autoridades competentes no deberían, en particular, interrogar a esa persona. De ello resulta que la «asistencia de letrado», en el sentido de dicho artículo 3, exige su presencia, en principio física, durante el interrogatorio del sospechoso o acusado.
46 Además, el artículo 3, apartado 3, letra a), de la referida Directiva, a la luz de sus considerandos 23 y 44, establece, en esencia, que el sospechoso o acusado debe tener derecho, en todo momento, a entrevistarse en privado y a comunicarse con el letrado, inclusive con anterioridad a que sea interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales. De ello se deduce que el legislador de la Unión pretendió distinguir entre el «derecho a comunicarse» de esa persona con su letrado, que puede ejercerse por medios de telecomunicación, y su «derecho a entrevistarse» con el letrado, que exige, por el contrario, la presencia, en principio física de este último. Lo mismo sucede con la presencia del letrado durante el interrogatorio, en el que debe poder intervenir de manera efectiva.
47 Por último, en cuanto a los objetivos de la Directiva 2013/48, de sus considerandos 4, 6 y 54 se desprende que persigue, en particular, aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, principio que presupone que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros. De tales considerandos también se desprende que el legislador de la Unión tuvo en cuenta que el refuerzo de esta confianza mutua exige normas detalladas para la protección de las garantías y los derechos procesales derivados, en particular, de la Carta y del CEDH.
48 A este respecto, el TEDH ha declarado que los sospechosos tienen derecho a que su abogado esté físicamente presente durante los primeros interrogatorios policiales y siempre que sean interrogados durante el procedimiento posterior previo a la vista oral. La presencia física debe ser de tal naturaleza que no permita al abogado prestar una asistencia abstracta, sino eficaz y práctica, y en particular que garantice que los derechos de defensa del sospechoso interrogado no se vean perjudicados (véanse, en este sentido, TEDH, sentencia de 9 de noviembre de 2018, Beuze c. Bélgica, CE:ECHR:2018:1109JUD 007140910, § 134; TEDH, sentencia de 23 de mayo de 2019, Doyle c. Irlanda, CE:ECHR:2019:0523JUD 005197917, § 74; TEDH, sentencia de 4 de junio de 2019, Farrugia c. Malta, CE:ECHR:2019:0604JUD 006304113, § 97, y TEDH, sentencia de 18 de enero de 2022, Atristain Gorosabel c. España, CE:ECHR:2022:0118JUD 001550815, § 49).
49 En estas circunstancias, hay que considerar que conceptuar que un letrado «esté presente», en el sentido del artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, significa que el sospechoso o acusado tiene derecho, en principio, a que su letrado esté físicamente presente durante su interrogatorio.
50 Dicho esto, no puede sin embargo excluirse que, en determinadas circunstancias excepcionales, la presencia del letrado pueda garantizarse por otros medios, en particular digitales, a condición de que garanticen el ejercicio pleno y efectivo del derecho de defensa.
51 No obstante, el derecho a la asistencia de letrado durante el interrogatorio puede ser objeto de excepciones temporales. Así, de conformidad con el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, en circunstancias excepcionales y únicamente en la fase de instrucción, los Estados miembros pueden dejar de aplicar temporalmente los derechos previstos en el artículo 3, apartado 3, de esta Directiva, en la medida en que esté justificado, en vista de las circunstancias específicas del caso, sobre la base de al menos una de las «razones imperiosas» contempladas en las letras a) y b) de ese artículo 3, apartado 6. La primera de esas razones está vinculada a la existencia de «una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona». La segunda razón puede presentarse ante «una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal».
52 En el caso de autos, procede señalar que la normativa húngara establece que la autoridad de instrucción o el Ministerio Fiscal pueden iniciar el interrogatorio del sospechoso cuando el letrado elegido o designado no comparezca en un plazo de, como mínimo, dos horas después de haber sido informado.
53 De ello se deduce que, a diferencia de lo que exige el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, esta normativa no garantiza que un letrado esté presente ni que intervenga de manera efectiva en el interrogatorio.
54 Queda por determinar si esa legislación puede considerarse una excepción temporal a la obligación mencionada en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48, que cumpla las condiciones exigidas en el artículo 3, apartado 6, de dicha Directiva. A este respecto, es preciso declarar que la citada legislación establece, con carácter general, una excepción al derecho del sospechoso o de la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal a ser interrogado en presencia de un letrado cuando este no comparece en el interrogatorio en un plazo de, como mínimo, dos horas después de haber sido informado, sin supeditar tal excepción a las condiciones expuestas en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48 y, en particular, a una de las dos razones imperiosas contempladas, respectivamente, en las letras a) y b) de ese artículo 3.
55 Pues bien, tanto de la sistemática como de los objetivos de esta Directiva se desprende que los casos en los que los Estados miembros pueden dejar de aplicar temporalmente el derecho a la asistencia de letrado están enumerados de manera exhaustiva en el artículo 3, apartados 5 y 6, de ella [sentencia de 12 de marzo de 2020, VW (Derecho a la asistencia de letrado cuando el sospechoso no comparece tras ser citado), C‑659/18, EU:C:2020:201, apartado 42].
56 Por lo que respecta a la sistemática de la Directiva 2013/48, su artículo 3, apartado 6, como disposición que contempla excepciones a los principios establecidos en sus apartados 1 a 3, debe ser objeto de una interpretación estricta. Además, su artículo 8, titulado «Condiciones generales para aplicar excepciones temporales», únicamente se refiere, en lo que atañe al derecho a la asistencia de letrado, a las excepciones previstas en su artículo 3, apartados 5 o 6. También los considerandos 30 a 32 de la Directiva 2013/48 remiten únicamente a tales excepciones [sentencia de 12 de marzo de 2020, VW (Derecho a la asistencia de letrado cuando el sospechoso no comparece tras ser citado), C‑659/18, EU:C:2020:201, apartado 43].
57 En cuanto a los objetivos de la Directiva 2013/48, por una parte, de sus considerandos 4 y 6 se desprende que persigue, en particular, reforzar la confianza mutua de los Estados miembros en los sistemas judiciales penales de los demás Estados miembros, con el fin de aplicar, de este modo, el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal, cuyo grado depende en gran medida de una serie de factores, entre los que se incluyen los mecanismos de protección de los derechos de los sospechosos o acusados. Por otra parte, de los considerandos 8 y 52 de dicha Directiva se desprende que también pretende garantizar a los sospechosos o acusados en toda la Unión un nivel común del derecho a un juez imparcial, en particular por lo que se refiere al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales.
58 Pues bien, interpretar el artículo 3 de la Directiva 2013/48 en el sentido de que permite a los Estados miembros establecer otras excepciones al derecho a la asistencia de letrado distintas de las enumeradas taxativamente en él iría en contra de esos objetivos, así como de la sistemática de dicha Directiva y del propio tenor del referido artículo 3, y privaría a ese derecho de su efecto útil [sentencia de 12 de marzo de 2020, VW (Derecho a la asistencia de letrado cuando el sospechoso no comparece tras ser citado), C‑659/18, EU:C:2020:201, apartado 45].
59 En estas circunstancias, es preciso indicar que una legislación nacional que permite, con carácter general, interrogar a los sospechosos o a las personas razonablemente sospechosas de haber cometido una infracción penal sin que un letrado esté presente si este no comparece al término de un plazo de, como mínimo, dos horas después de haber sido informado, no está comprendida en las razones de excepción temporal a ese derecho enumeradas de manera exhaustiva por la Directiva 2013/48 e infringe, por ello, el artículo 3, apartado 6, letra b), de esta Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3, en la medida en que tal excepción al derecho a que el letrado esté presente y a que intervenga de manera efectiva en el interrogatorio no está supeditada a la apreciación por las autoridades de instrucción de que existe una necesidad urgente de que actúen inmediatamente para evitar comprometer de modo grave el proceso penal.
60 Ninguna de las alegaciones de Hungría desvirtúa esta conclusión.
61 Por un lado, hay que desestimar la alegación de Hungría de que la limitación del derecho a la asistencia de letrado mencionada en el apartado 59 de la presente sentencia está justificada cuando el sospechoso o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal es detenido preventivamente, ya que, de conformidad con la legislación húngara, en tal supuesto, el interrogatorio de esa persona debe tener lugar en las veinticuatro horas siguientes al inicio de la detención preventiva y no puede exceder de setenta y dos horas. Según ese Estado miembro, existe, por tanto, un riesgo de que se obstaculice el proceso penal que justifica que el interrogatorio se efectúe si no se ha elegido letrado o no comparece en el plazo fijado.
62 Es cierto que del considerando 28 de la Directiva 2013/48 se desprende que, en los casos en que un sospechoso o acusado sea privado de libertad, el legislador de la Unión ha querido que los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para garantizar que la persona de que se trate esté en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a ser asistido por un letrado, incluso organizando la asistencia de letrado cuando la persona no tenga uno, a menos que haya renunciado a ese derecho.
63 No obstante, como alega acertadamente la Comisión, para hacer frente al riesgo de que se obstaculice el proceso penal derivado de que el sospechoso o acusado no haya elegido letrado o de que el letrado elegido no haya comparecido en el plazo fijado, al Estado miembro de que se trate se le presentan varias opciones que cumplen con las exigencias de la Directiva 2013/48. En primer lugar, en las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 3, apartado 6, de la Directiva 2013/48, en particular cuando existe una necesidad urgente de que las autoridades de instrucción actúen inmediatamente para evitar comprometer de modo grave el proceso penal, esas autoridades pueden efectuar el interrogatorio sin que esté presente el letrado. En segundo lugar, si no se cumplen esas condiciones y si las autoridades competentes consideran que, aun así, es necesario efectuar el interrogatorio, para subsanar que el sospechoso o acusado no haya elegido letrado o que el letrado elegido no haya podido comparecer en el interrogatorio, pueden designar de oficio un abogado disponible. Por último, cuando el sospechoso o acusado renuncie a su derecho a la asistencia de letrado en las condiciones previstas en el artículo 9 de la citada Directiva, el interrogatorio también podrá tener lugar sin que un letrado esté presente.
64 La existencia de esas distintas opciones indica que respetar el derecho a la asistencia de letrado establecido en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 2013/48 no implica ineludiblemente que el Estado miembro de que se trate esté obligado a contemplar la designación de oficio de un abogado para asistir al detenido preventivamente durante su interrogatorio.
65 Por consiguiente, no puede sostenerse ni que el hecho de que el sospechoso o la persona razonablemente sospechosa de haber cometido una infracción penal no haya designado letrado justifica proseguir con el interrogatorio sin que esté presente el letrado ni que el hecho de que este último no haya comparecido en el plazo fijado constituye una medida dilatoria por parte del sospechoso o acusado capaz de obstaculizar el proceso penal.
66 Por otro lado, en relación con la alegación de Hungría basada en la adopción de un nuevo artículo 387/A en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como esta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado, sin que los cambios ocurridos posteriormente puedan ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia [sentencia de 1 de agosto de 2025, Comisión/España (Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional), C‑70/24, EU:C:2025:615, apartado 58 y jurisprudencia citada].
67 En el caso de autos, mediante el dictamen motivado de 14 de julio de 2023, la Comisión instó a Hungría a cumplir las obligaciones mencionadas en ese dictamen en el plazo de dos meses a partir de su recepción.
68 De ello resulta que, en el presente asunto, Hungría no puede negar válidamente un incumplimiento de las obligaciones que le incumben invocando una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal publicada el 4 de diciembre de 2024, es decir, una vez expirado dicho plazo.
69 De todas las consideraciones anteriores se desprende que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3.
Sobre la segunda imputación, basada en la falta de transposición del artículo 9 de la Directiva 2013/48
Alegaciones de las partes
70 En su demanda, la Comisión alega que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48, al no haber transpuesto su artículo 9 en su ordenamiento jurídico. En efecto, estima que el Derecho húngaro no establece que los sospechosos o acusados deben ser informados de las posibles consecuencias de renunciar al derecho a la asistencia de letrado, como prevé el artículo 9, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ni la posibilidad de revocar su decisión inicial, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, de la referida Directiva.
71 Según dicha institución, la posibilidad que deja el Derecho húngaro a los sospechosos y acusados de no ejercer su derecho a la asistencia de letrado tiene las mismas consecuencias que una renuncia formal a ese derecho, de modo que tal posibilidad debe estar sometida a las exigencias relativas a cualquier renuncia a ese derecho, previstas en el artículo 9 de la Directiva 2013/48, so pena de que tales exigencias sean eludidas o, al menos, se vean gravemente menoscabadas.
72 En efecto, aduce que el término «renuncia» que figura en el mencionado artículo 9 debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto la renuncia formal como la renuncia informal a dicho derecho.
73 Según la Comisión, los derechos conferidos por la Directiva 2013/48 deben garantizarse en la práctica de manera efectiva, permitiendo con ello que los sospechosos y acusados puedan adoptar una decisión informada sobre su defensa en todas las fases del procedimiento. A tal efecto, el sistema jurídico húngaro, que hace referencia, por lo que respecta al derecho a la asistencia de letrado, a un derecho inalienable que el sospechoso o acusado es libre de ejercer, debería establecer garantías suficientes en favor de esas personas cuando decidan no ejercer tal derecho, decisión que conlleva privarlos de la protección efectiva de un letrado.
74 En su escrito de contestación, Hungría alega que las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén una información completa al sospechoso o acusado sobre sus derechos y obligaciones. A este respecto, ese Estado miembro sostiene que los sospechosos y acusados carecen, en realidad, de la posibilidad de renunciar a su derecho a la asistencia de letrado, ya que este derecho es un derecho inalienable en Derecho húngaro. Así, cuando la representación procesal es obligatoria, las autoridades competentes designan un letrado que los asista. En cambio, cuando la representación procesal no es obligatoria, los sospechosos o acusados pueden decidir libremente si desean ser asistidos por letrado o solicitar que les sea designado uno. Por lo tanto, la decisión de no ser asistido por letrado no constituye, a su juicio, una renuncia al derecho a la asistencia de letrado, sino que significa tan solo que los sospechosos o acusados no desean ejercer ese derecho.
75 Concluye, por consiguiente, que no es necesario transponer el artículo 9 de la Directiva 2013/48 en el ordenamiento jurídico húngaro, ya que no existe ninguna situación en la que los sospechosos o acusados puedan renunciar válidamente al derecho a la asistencia de letrado y que exija que sean informados de tal posibilidad.
76 Además, Hungría alega que, si bien las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya permitían a los sospechosos o acusados recibir plena información de su derecho de defensa, el alcance de la información que se les debe suministrar ha sido concretado en el nuevo artículo 387/A de dicha Ley. Aduce que de esta disposición se desprende que esas personas deben ser informadas de su derecho a negarse a declarar, en particular en ausencia de su letrado, y a solicitar la presencia de uno en cualquier momento. Así, si el interesado manifiesta que no desea declarar, este nuevo artículo 387/A establece que se ponga fin al interrogatorio. En cambio, si esa persona, sin estar asistida por letrado, declara, tras haber sido informada de que tenía derecho a no hacerlo, la nueva disposición precisa que renuncia, por ello, con pleno conocimiento de causa a la presencia de un letrado y, por tanto, al derecho a responder únicamente a las preguntas en su presencia. Este Estado miembro concluye que el nuevo artículo 387/A de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene, por consiguiente, como objetivo reforzar las garantías en favor de los sospechosos o acusados en los interrogatorios que tienen lugar sin que esté presente un letrado, con la finalidad de que la legislación húngara se ajuste más a lo exigido por la Comisión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
77 Con carácter preliminar, por las mismas razones que las que figuran en los apartados 66 a 68 de la presente sentencia, procede desestimar la alegación de Hungría basada en la adopción del nuevo artículo 387/A de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
78 Por consiguiente, solo debe tomarse en consideración la normativa nacional vigente antes de que expirara el plazo fijado en el dictamen motivado.
79 El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2013/48 establece dos condiciones que delimitan la eventual renuncia del sospechoso o acusado a su derecho a la asistencia de letrado.
80 Así, en virtud de la letra a) de esta disposición, se debe haber facilitado al sospechoso o acusado información sobre el contenido del derecho a la asistencia de letrado y las posibles consecuencias de renunciar al derecho, precisándose que esa información, que puede facilitarse verbalmente o por escrito, debe ser clara y suficiente y ser comunicada en un lenguaje sencillo y comprensible. Además, con arreglo a la letra b) de la citada disposición, la renuncia debe ser voluntaria e inequívoca.
81 A tenor del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2013/48, los Estados miembros garantizarán que todo sospechoso o acusado pueda revocar una renuncia posteriormente en cualquier momento del proceso penal y que el sospechoso o acusado haya sido informado de tal posibilidad.
82 A este respecto, aunque, en Derecho húngaro, el derecho a la asistencia de letrado es considerado un derecho inalienable, consta que los sospechosos o acusados pueden decidir no ejercerlo. Pues bien, como ha alegado acertadamente la Comisión, la decisión de un acusado de no ejercer este derecho tiene como consecuencia que esa persona deba defenderse sin la asistencia de letrado. Por lo tanto, como señaló la Abogada General en los puntos 90 y 91 de sus conclusiones, en la práctica, tal decisión tiene el mismo resultado que una renuncia, en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/48.
83 Por lo que respecta a la alegación de Hungría de que la renuncia al derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales no está reconocida formalmente en dicho Estado miembro, procede recordar que la inexistencia en un Estado miembro de un determinado concepto jurídico no puede dispensar a dicho Estado miembro de su obligación de adoptar las medidas legales, reglamentarias y administrativas que garanticen una adecuada adaptación del Derecho interno a todas las disposiciones de dicha directiva. Efectivamente, tanto el principio de seguridad jurídica como la necesidad de garantizar jurídicamente y no solo de hecho la plena aplicación de las directivas exigen que todos los Estados miembros recojan las prescripciones de la directiva de que se trate en un marco legal claro, preciso y transparente que contenga disposiciones vinculantes en el ámbito regulado por esta. A los Estados miembros les incumbe esta obligación para prevenir cualquier modificación de la situación existente en un momento dado en dichos Estados y para garantizar que todos los justiciables de la Unión, incluidos los de los Estados miembros en los que no exista un determinado concepto jurídico contemplado por una directiva, conozcan con claridad y precisión, en cualquier circunstancia, cuáles son sus derechos y obligaciones [véase, por analogía, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Comisión/España (Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional), C‑70/24, EU:C:2025:615, apartado 64].
84 Por consiguiente, hay que declarar que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48 al no haber adoptado, cuando expiró el plazo fijado en el dictamen motivado, las disposiciones legislativas necesarias para transponer el artículo 9 de dicha Directiva.
85 Resulta de todas las consideraciones anteriores que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento, por un lado, a lo establecido en el artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3, y, por otro lado, en el artículo 9 de dicha Directiva.
Costas
86 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de Hungría y al haber sido desestimadas las pretensiones de esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de esta institución.
87 Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del referido Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, la República Checa cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
1) Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, al no haber adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido, por un lado, en el artículo 3, apartado 6, letra b), de la Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 3, y, por otro lado, en el artículo 9 de dicha Directiva.
2) Hungría cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
3) La República Checa cargará con sus propias costas.
Firmas
* Lengua de procedimiento: húngaro.