–

en nombre de GC, que actúa en su propio nombre y como propietario de la explotación agrícola homónima, por la Sra. S. Cianciullo y el Sr. M. Spinozzi, avvocati;

–

en nombre de la Regione Marche, por la Sra. L. Di Ianni, avvocata;

–

en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. I. Fresu, procuratore dello Stato, y la Sra. L. Vignato, avvocato dello Stato;

–

en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. B. Rechena y P. Rossi, en calidad de agentes;

1

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 50, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671).

2

Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre GC, que actúa en su propio nombre y como propietario de la explotación agrícola homónima, y la Regione Marche (Región de Las Marcas, Italia), relativo a la legalidad de una resolución de recuperación de una ayuda de la Unión Europea abonada en el marco del programa nacional de apoyo al sector vitivinícola.

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento n.o 1308/2013

3

El artículo 39 del Reglamento n.o 1308/2013, titulado «Ámbito de aplicación», dispone:

4

El artículo 44 de dicho Reglamento, titulado «Normas generales aplicables a los programas de apoyo», establece lo siguiente en sus apartados 2 y 3:

5

El artículo 50 del citado Reglamento, titulado «Inversiones», establece en su apartado 4, letra b):

6

A tenor del artículo 212 del mismo Reglamento, titulado «Pagos nacionales en relación con programas de ayuda al sector vitivinícola»:

Reglamento (UE) 2021/2117

7

El artículo 1, punto 8, letra e), del Reglamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, que modifica los Reglamentos (UE) n.o 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, (UE) n.o 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, (UE) n.o 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y (UE) n.o 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (DO 2021, L 435, p. 262), establece la supresión de los artículos 29 a 60 del Reglamento n.o 1308/2013.

8

A tenor del artículo 6, párrafo cuarto, del Reglamento 2021/2117, este artículo 1, punto 8, letra e), se aplica a partir del 1 de enero de 2023.

9

El artículo 5, apartado 7, letra a), del Reglamento 2021/2117 dispone:

Derecho italiano

10

El artículo 1, apartados 185 a 197, de la legge n. 160 — Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020‑2022 (Ley n.o 160, relativa al presupuesto previsional del Estado para el ejercicio financiero 2020 y al presupuesto plurianual para el trienio 2020‑2022), de 27 de diciembre de 2019 (GURI n.o 304, de 30 de diciembre de 2019; en lo sucesivo, «Ley de presupuestos de 2020»), establece un crédito fiscal para las empresas que inviertan en bienes de equipo materiales e inmateriales para la transformación tecnológica y digital de los procesos de producción.

11

El artículo 1, apartado 192, de dicha Ley establece:

Litigio principal y cuestión prejudicial

12

Mediante un decreto de 14 de octubre de 2020, la Región de Las Marcas aprobó una convocatoria regional de proyectos para la aplicación de la medida «Inversiones», prevista en el artículo 50 del Reglamento n.o 1308/2013 para la campaña 2020/2021, medida que forma parte del programa de ayuda en el sector vitivinícola.

13

El 30 de noviembre de 2020, la empresa vitícola GC presentó una solicitud de ayuda para un proyecto por un valor total estimado de 392 662,59 euros. Este proyecto contemplaba intervenciones destinadas, por un lado, a garantizar una elevada eficiencia energética y, por otro lado, a potenciar la innovación y la calidad del producto. Estas intervenciones consistían en la adquisición de nuevos tanques aislados para permitir una gestión domótica y a distancia de las distintas etapas de la vinificación.

14

El 27 de mayo de 2021, la Región de Las Marcas aprobó la clasificación de las solicitudes admisibles para este programa de ayudas y situó la solicitud de GC en segunda posición, lo que la llevó a aprobar la concesión de una ayuda por importe de 157 065,04 euros a favor de GC. El 13 de septiembre de 2021, se pagó a GC en concepto de anticipo el 80 % de este importe, es decir, 125 652,03 euros, debiendo abonarse el 20 % restante en la fecha de finalización del proyecto, prevista para el 15 de julio de 2022.

15

Durante la ejecución del proyecto, GC presentó una solicitud de modificación que incluía una adaptación del importe de los gastos totales, que volvió a calcularse, quedando en la cantidad total de 392 044,85 euros. Se revaluó entonces el importe de la ayuda, estableciéndose este en 156 817,94 euros, extremo que fue aprobado por la Región de Las Marcas el 1 de julio de 2022.

16

Tras la finalización del proyecto, GC presentó una solicitud de pago del importe restante de la deuda por los gastos declarados como efectuados, que ascendían a un importe total de 389 256,21 euros, es decir, un importe inferior al aprobado el 1 de julio de 2022. Así, GC fijó el importe total de la ayuda solicitada en 155 702,48 euros, de modo que el importe pendiente de pago ascendía a 30 050,45 euros.

17

Tras las comprobaciones realizadas por la Struttura Decentrata Agricoltura di Ascoli Piceno e Fermo (Administración Descentralizada de las Ayudas Agrícolas de Ascoli Piceno y Fermo, Italia), la solicitud de pago de este saldo se consideró parcialmente admisible. En tal sentido, dicha Administración constató, en particular, que las inversiones financiadas en el marco del proyecto se habían beneficiado de un crédito fiscal, en el sentido del artículo 1, apartado 192, de la Ley de presupuestos de 2020 (en lo sucesivo, «crédito fiscal»). Así, la percepción acumulada de la ayuda con cargo al presupuesto de la Unión y del crédito fiscal superaba el tipo máximo de ayuda admisible contemplado en el artículo 50, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013, es decir, el 40 % del coste de la inversión de GC. Por consiguiente, dicha Administración consideró que no se adeudaba el excedente percibido por GC con respecto al importe máximo autorizado y que debía recuperarse.

18

El 21 de diciembre de 2022, la Región de Las Marcas informó a GC de que había iniciado un procedimiento de revocación parcial de la ayuda concedida y ordenó la recuperación parcial del anticipo pagado por un importe de 92 185,82 euros. Mediante resolución de 27 de enero de 2023, solicitó, en particular, la devolución de dicho importe.

19

El 1 de marzo de 2023, GC devolvió la cantidad que se le reclamaba, reservándose el derecho a impugnar judicialmente las decisiones de revocación parcial de la ayuda y de recuperación.

20

GC interpuso un recurso ante el Tribunale ordinario di Ancona (Tribunal Ordinario de Ancona, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente. GC alegó, en esencia, que el crédito fiscal podía acumularse, sin restricciones, con otras ventajas destinadas a cubrir los mismos costes que los cubiertos por dicho crédito y, por tanto, también con la medida de ayuda contemplada en la convocatoria regional de proyectos en el sector vitivinícola, con la única condición de que el total de las ventajas acumuladas no superara el 100 % del coste soportado. Al tratarse de una medida general aplicable a todas las empresas y que no constituye una ayuda de Estado, el crédito fiscal, a juicio de GC, no debe tenerse en cuenta para apreciar si se ha superado el tipo máximo de ayuda previsto en el artículo 50, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013, a saber, el 40 %.

21

Por el contrario, la Región de Las Marcas considera que el crédito fiscal y la ayuda de la Unión deben acumularse dentro del límite de dicho tipo máximo de la ayuda. El dictamen de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea expresado en la nota Ares(2020)6839797, de 17 de noviembre de 2020, confirma, según la Región de Las Marcas, esta interpretación.

22

En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si procede acumular el crédito fiscal y la ayuda de la Unión para apreciar si se ha superado el tipo máximo de ayuda previsto en el artículo 50, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013. Por un lado, podría considerarse que el crédito fiscal constituye una forma de apoyo público que reduce el coste global de la inversión mediante una minoración de la carga fiscal de la empresa que soporta dicho coste, de modo que existiría el riesgo de que una misma inversión sea objeto de un doble reembolso con cargo a recursos públicos. Por otro lado, podría considerarse que el crédito fiscal constituye una medida de carácter general que prevé ventajas para todas las empresas. Así pues, al no poder calificarse de ayuda de Estado, el crédito fiscal no podría confluir a una acumulación prohibida de fondos públicos. Por el contrario, este crédito permitiría establecer una sinergia entre diferentes formas de apoyo público a una inversión, que se acumularían para financiar distintas partes de un proyecto o de una inversión. En este sentido, dicho crédito no debería incluirse en el límite máximo previsto en el artículo 50 del Reglamento n.o 1308/2013.

23

En estas circunstancias, el Tribunale ordinario di Ancona (Tribunal Ordinario de Ancona) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

Sobre la cuestión prejudicial

24

Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 50, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos del cálculo del tipo máximo de ayuda a las inversiones previsto en dicha disposición, debe tenerse en cuenta no solo la ayuda de la Unión concedida a un beneficiario para un proyecto de inversión, sino también la ventaja obtenida por ese mismo beneficiario de un crédito fiscal establecido en una normativa nacional.

25

Con carácter preliminar, procede señalar que el artículo 1, punto 8, letra e), del Reglamento 2021/2117 suprimió el artículo 50 del Reglamento n.o 1308/2013 a partir del 1 de enero de 2023. No obstante, de conformidad con el artículo 5, apartado 7, letra a), del Reglamento 2021/2117, dicho artículo 50 sigue aplicándose a los gastos efectuados y a los pagos realizados en relación con las operaciones realizadas en virtud del Reglamento n.o 1308/2013 antes del 16 de octubre de 2023. A este respecto, aunque la petición de decisión prejudicial no precisa la fecha exacta en la que finalizó el proyecto de inversión objeto del litigio principal ni la fecha en la que GC notificó su solicitud de pago del saldo, no cabe duda de que estos hechos tuvieron lugar antes del 16 de octubre de 2023, dado que la resolución de recuperación, que se sometió al órgano jurisdiccional remitente, data del 27 de enero de 2023. Por consiguiente, el artículo 50 del Reglamento n.o 1308/2013 es aplicable ratione temporis.

26

Precisado lo anterior, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, una interpretación de una disposición del Derecho de la Unión no puede conducir a vaciar de toda eficacia el tenor claro y preciso de esa disposición. Por lo tanto, cuando el sentido de una disposición del Derecho de la Unión se desprende sin ambigüedad de su propio tenor literal, el Tribunal de Justicia no puede apartarse de esta interpretación (sentencia de 20 de septiembre de 2022, VD y SR, C‑339/20 y C‑397/20, EU:C:2022:703, apartado 71 y jurisprudencia citada).

27

En primer lugar, del artículo 50, apartado 4, del Reglamento n.o 1308/2013 resulta que los tipos máximos de ayuda en relación con los costes de inversión subvencionables «se aplicarán a la contribución de la Unión» y ascienden al 40 % en regiones distintas de las regiones menos desarrolladas. De su tenor se desprende claramente que esta disposición solo se refiere a la «contribución de la Unión», sin hacer referencia a otras contribuciones, como una contribución nacional en forma de crédito fiscal.

28

En segundo lugar, esta interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe esta disposición.

29

En primer término, cabe señalar que, en el título I del Reglamento n.o 1308/2013, titulado «Medidas de intervención», figura un capítulo II, titulado «Regímenes de ayuda», que incluye una sección 4, titulada «Programas de apoyo en el sector vitivinícola», introducida por el artículo 39 de dicho Reglamento y en la que figura el artículo 50 del mismo. El citado artículo 39 dispone que la sección 4 establece las normas que regulan la atribución de fondos de la Unión a los Estados miembros y su utilización por estos a través de programas nacionales de apoyo quinquenales para financiar medidas de apoyo específicas destinadas al sector vitivinícola. Ahora bien, procede señalar que dicho artículo 39 se limita a circunscribir las normas establecidas en esta sección al ámbito de la concesión de fondos de la Unión a los Estados miembros y al de la utilización de esos fondos por estos, sin abarcar las normas nacionales dirigidas a asignar recursos financieros al sector vitivinícola, como, por ejemplo, un crédito fiscal.

30

En segundo término, es preciso señalar que el artículo 44 del Reglamento n.o 1308/2013, titulado «Normas generales aplicables a los programas de apoyo», establece, por un lado, en su apartado 2, que el apoyo de la Unión únicamente se concede para los gastos subvencionables realizados tras la presentación del borrador de programa de apoyo pertinente y, por otro lado, en su apartado 3, que los Estados miembros no pueden contribuir a los costes de las medidas financiadas por la Unión incluidas en los programas de apoyo. De ello se desprende que, en principio, los Estados miembros no están autorizados a contribuir al coste de las medidas financiadas por la Unión, de modo que, a efectos del cálculo de los tipos máximos de ayuda admisibles en el sector vitivinícola a que se refiere el artículo 50 de dicho Reglamento, solo deben tenerse en cuenta los recursos movilizados por el presupuesto de la Unión.

31

En tercer término, tal y como señaló la Comisión en sus observaciones escritas, es cierto que el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.o 1308/2013 establece una norma que prohíbe la cofinanciación nacional de los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola. No obstante, esta disposición debe interpretarse en relación con el artículo 212 de dicho Reglamento, que introduce una excepción al citado artículo 44, apartado 3, al autorizar a los Estados miembros a efectuar pagos nacionales, respetando las normas de la Unión aplicables en materia de ayudas de Estado, en particular, en favor de las medidas contempladas en el artículo 50 del citado Reglamento. De ello se desprende que el legislador de la Unión ha previsto claramente que los Estados miembros pueden apoyar proyectos en el marco de la medida «Inversiones», contemplada en el artículo 50 del Reglamento n.o 1308/2013, como complemento de las medidas financiadas por la Unión, siempre que se cumplan las normas de la Unión aplicables en materia de ayudas de Estado.

32

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 50, apartado 4, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos del cálculo del tipo máximo de ayuda a las inversiones previsto en dicha disposición, debe tenerse en cuenta la ayuda de la Unión concedida a un beneficiario para un proyecto de inversión, pero no la ventaja obtenida por ese mismo beneficiario de un crédito fiscal establecido en una normativa nacional.

Costas

33

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.