(1)

El marco de gobernanza económica de la UE reformado entró en vigor el 30 de abril de 2024. El Reglamento (UE) 2024/1263 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la coordinación eficaz de las políticas económicas y a la supervisión presupuestaria multilateral (1), junto con el Reglamento (CE) n.o 1467/97 modificado, sobre el procedimiento de déficit excesivo (2), y la Directiva 2011/85/UE del Consejo modificada, sobre los marcos presupuestarios de los Estados miembros (3), son los elementos fundamentales del marco de gobernanza económica de la UE reformado. El marco tiene por objeto promover unas finanzas públicas saneadas y sostenibles, un crecimiento sostenible e integrador y resiliencia a través de reformas e inversiones, y evitar déficits públicos excesivos. Asimismo, promueve la apropiación nacional y se centra más en el medio plazo, lo que se combina con un control del cumplimiento más efectivo y coherente de la normativa aplicable.

(2)

Los planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo que los Estados miembros presentan al Consejo y a la Comisión son una pieza central del nuevo marco de gobernanza económica. Los planes deben contribuir a lograr dos objetivos: i) garantizar, entre otras cosas, que, al final del período de ajuste, la deuda de las administraciones públicas siga una trayectoria descendente verosímil o se mantenga en niveles prudentes, y que el déficit público se sitúe y mantenga por debajo del valor de referencia (3 % del PIB) a medio plazo, y ii) garantizar la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo y abordar las prioridades comunes de la UE. A tal fin, en cada plan debe declararse la resolución de seguir a medio plazo una senda de gasto neto (4) que imponga de forma efectiva una restricción presupuestaria durante la vida del plan, que abarcará cuatro o cinco años (dependiendo de la duración normal de la legislatura en cada Estado miembro). Además, en el plan debe explicarse cómo garantizará el Estado miembro la realización de reformas e inversiones que respondan a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, especialmente en las recomendaciones específicas por país [en particular, las relativas al procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM), si procede], y cómo abordará el Estado miembro las prioridades comunes de la Unión. El período de ajuste fiscal comprende cuatro años, que puede ampliarse hasta tres años si el Estado miembro se compromete a llevar a cabo un conjunto pertinente de reformas e inversiones que cumplan los criterios establecidos en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/1263.

(3)

Tras la presentación del plan, la Comisión debe evaluar si este cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263.

(4)

El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, debe entonces adoptar una recomendación que establezca la senda de gasto neto del Estado miembro de que se trate y, cuando proceda, refrendar el conjunto de compromisos en materia de reformas e inversiones que sustentan una ampliación del período de ajuste fiscal.

(5)

El 31 de octubre de 2024, Francia presentó su plan fiscal-estructural nacional a medio plazo al Consejo y a la Comisión. La presentación tuvo lugar tras la ampliación del plazo que se contempla en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2024/1263, según lo acordado con la Comisión para dar a Francia la posibilidad de presentar un plan basado en un sólido compromiso político del nuevo Gobierno. Sin embargo, a raíz de una moción de censura votada el 5 de diciembre en la Asamblea Nacional, se nombró un nuevo Gobierno el 23 de diciembre de 2024. El 14 de enero de 2025, el primer ministro anunció a la Asamblea Nacional un nuevo objetivo de déficit del 5,4 % del PIB para 2025, superior al objetivo anterior del 5,0 % del PIB, y reiteró el compromiso de situar el déficit por debajo del 3 % del PIB de aquí a 2029. El 16 de enero de 2025, Francia solicitó, mediante carta del director general del Tesoro, una adaptación a la senda de gasto neto en que se basa la recomendación por la que se aprueba el plan a medio plazo francés y la recomendación en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, a fin de tener en cuenta el nuevo objetivo de déficit. La carta no incluye valores actualizados para otras variables fiscales.

(6)

A fin de enmarcar el diálogo encaminado a la presentación de planes fiscales-estructurales nacionales a medio plazo, el 21 de junio de 2024 la Comisión envió a Francia, según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2024/1263, la trayectoria de referencia (5). La Comisión publicó la trayectoria de referencia el 31 de octubre de 2024 (6). La trayectoria de referencia se basa en riesgos y garantiza que, al final del período de ajuste fiscal y siempre que no haya nuevas medidas presupuestarias que vayan más allá del período de ajuste, la deuda de las administraciones públicas se sitúe en una trayectoria descendente verosímil o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo y que el déficit de las administraciones públicas se sitúe por debajo del 3 % del PIB al cabo del período de ajuste y se mantenga por debajo de dicho valor de referencia a medio plazo. Se entiende por «a medio plazo» el período de diez años posterior al final del período de ajuste. De conformidad con el artículo 6, letra d), y los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) 2024/1263, la trayectoria de referencia también es coherente con el valor de referencia del déficit, la salvaguardia de sostenibilidad de la deuda y la salvaguardia de resiliencia del déficit.

En la trayectoria de referencia de Francia se establece que, a partir de las hipótesis de la Comisión en que se basan las orientaciones previas transmitidas en junio de 2024 y suponiendo un período de ajuste de siete años, el gasto neto no debe aumentar en más de los valores indicados en el cuadro 1. es decir, un crecimiento medio del gasto neto del 1,6 % tanto al cabo del período de ajuste (2025-2031) como al cabo del período cubierto por el plan (2025-2029).

Cuadro 1: Trayectoria de referencia proporcionada por la Comisión a Francia el 21 de junio de 2024

(7)

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento (UE) 2024/1263, Francia y la Comisión entablaron un diálogo técnico en octubre de 2024. El diálogo se centró en la senda de gasto neto prevista por Francia y sus hipótesis subyacentes (en particular, la trayectoria prevista para el crecimiento potencial, el PIB real y el deflactor del PIB, y el multiplicador fiscal), el conjunto previsto de compromisos de reformas e inversiones para respaldar una ampliación del período de ajuste, que incluye reformas e inversiones como los compromisos para complementar las recientes reformas del mercado laboral dirigidas a lograr el objetivo del pleno empleo, reforzar la reindustrialización y la competitividad mediante el apoyo a la investigación y la innovación y un entorno empresarial simplificado, acelerar la transición ecológica y reforzar la gestión de las finanzas públicas, que también tienen por objeto responder a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo y las prioridades comunes de la Unión en relación con una transición ecológica y digital justa, la resiliencia social y económica, la seguridad energética y la creación de capacidades de defensa.

(8)

En el plan no se menciona que hayan tenido lugar consultas previas con las partes interesadas nacionales pertinentes (especialmente con los interlocutores sociales) antes de su presentación.

(9)

El Consejo Superior de Finanzas Públicas (la institución fiscal independiente de Francia) emitió un dictamen sobre las previsiones macroeconómicas y las hipótesis macroeconómicas en que se basa la senda de gasto neto plurianual. El Consejo Superior concluyó que la información facilitada por el Gobierno en el momento de elaborar el dictamen era insuficiente para poder valorar si la trayectoria plurianual establecida en el plan a medio plazo era realista, en particular en lo que se refiere a la composición del crecimiento después de 2025, la trayectoria de las finanzas públicas o el conjunto de reformas e inversiones que respaldarían una ampliación del período de ajuste de cuatro a siete años. Sin embargo, sobre la base de la información disponible, el Consejo Superior consideró que el escenario del PIB potencial y la brecha de producción, aunque todavía eran algo optimistas, eran razonables en comparación con las estimaciones anteriores, mientras que el escenario de crecimiento real seguía siendo optimista. El Consejo Superior reiteró la importancia de que Francia respete la trayectoria del plan a medio plazo, manteniendo la financiación de las inversiones prioritarias y preservando el potencial de crecimiento.

(10)

El plan se llevó al Parlamento nacional el 21 de octubre de 2024.

(11)

El 26 de julio de 2024 el Consejo declaró la existencia de un déficit excesivo en Francia debido al incumplimiento del criterio de déficit (7).

La presente Recomendación coincide con la Recomendación del Consejo para que se ponga a fin a la situación de déficit público excesivo en Francia con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE. La adopción simultánea de dichas recomendaciones, que se debe y ajusta a la transición al nuevo marco de gobernanza económica, garantiza la coherencia entre las trayectorias de ajuste recomendadas.

(12)

El 23 de octubre de 2024 Francia presentó su proyecto de plan presupuestario para el año 2025. La Comisión adoptó el dictamen sobre este proyecto de plan presupuestario el 26 de noviembre de 2024 (8). A raíz de la moción de censura votada en la Asamblea Nacional, se suspendió el proceso de aprobación del proyecto de presupuesto para 2025. Hasta que se apruebe un nuevo presupuesto para 2025, una ley especial aprobada por el Parlamento en diciembre de 2024 permite al Estado recaudar impuestos y a este, junto con entes de seguridad social, emitir deuda en 2025. Al mismo tiempo, un decreto aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre de 2024 permite prorrogar el presupuesto de 2024 al ejercicio 2025.

(13)

El 21 de octubre de 2024, el Consejo formuló a Francia una serie de recomendaciones específicas por país (REP) en el contexto del Semestre Europeo (9).

(14)

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2024/1263, la Comisión evaluó el plan como sigue:

(15)

La actividad económica en Francia creció un 0,9 % en 2023, impulsada por el consumo privado y una contribución positiva de las exportaciones netas. Según las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión Europea, se espera que la economía crezca un 1,1 % en 2024, gracias a que se mantiene la fortaleza de las exportaciones netas, que favorece el consumo público y la inversión. En 2025, se espera que el PIB real aumente un 0,8 %, ya que se prevé que la orientación contractiva de la política fiscal afecte a la actividad económica. Pese a verse favorecido por la desinflación y las alzas de los salarios reales, se espera que el consumo privado siga siendo moderado, mientras que se prevé que los efectos retardados de una política monetaria más acomodaticia, así como la incertidumbre económica y política, sigan lastrando la inversión privada. En 2026, se espera que el PIB real aumente un 1,4 %, ya que se estima que un menor ajuste fiscal y una nueva disminución de los costes de crédito impulsarán la demanda interna privada y la inversión privada. Durante el período de previsión (es decir, 2024-2026), se espera que el crecimiento del PIB potencial en Francia se desacelere ligeramente, debido a la desaceleración de la contribución del trabajo. La Comisión prevé que la tasa de desempleo, que se situó en el 7,3 % en 2023, ascienda al 7,4 % en 2024, al 7,5 %, en 2025 y al 7,6 %, en 2026. Se prevé que la inflación (deflactor del PIB) disminuya del 5,3 % que se registró en 2023 al 2,2 % de 2024, y que alcance el 1,6 % en 2025 y el 1,7 %, en 2026.

(16)

En cuanto a la evolución de las finanzas públicas, el déficit de las administraciones públicas de Francia en 2023 se situó en el 5,5 % del PIB. Según las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión, se prevé que alcance el 6,2 % del PIB en 2024 y que disminuya hasta el 5,3 % del PIB en 2025 y, asumiendo que se mantenga la política fiscal, que ascienda al 5,4 % en 2026. Las previsiones de la Comisión incluyen el proyecto de presupuesto de Francia para 2025, que el Gobierno propuso al Parlamento nacional en octubre. La deuda de las administraciones públicas se situó en el 109,9 % del PIB al final de 2023. Según las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión Europea, se espera que la ratio de deuda aumente hasta el 112,7 % del PIB al acabar 2024. Se prevé que aumente hasta el 115,3 % del PIB al acabar 2025 y el 117,1 % al acabar 2026. Las previsiones fiscales de la Comisión no tienen en cuenta los compromisos que se hayan asumido en los planes a medio plazo como tales, hasta que se anuncien de forma verosímil y se establezcan medidas de actuación concretas suficientemente detalladas.

(17)

El plan fiscal-estructural nacional a medio plazo de Francia, que abarca el período 2025-2029, presenta un ajuste fiscal a lo largo de siete años.

(18)

El plan contiene la información exigida por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2024/1263, con excepción de la consulta a los Parlamentos nacionales y la consulta a que se refiere el artículo 11, que se exigen en el artículo 13, letra g), de dicho Reglamento.

(19)

El plan, completado con la carta de las autoridades de fecha 16 de enero de 2025, se compromete a seguir la senda de gasto neto indicada en el cuadro 2, correspondiente a un crecimiento medio del gasto neto del 1,1 % en el período 2025-2029. La evaluación que figura a continuación tiene en cuenta esta senda de gasto neto adaptada. Además, Francia se compromete a realizar un conjunto de reformas e inversiones para que se amplíe el período de ajuste a siete años (2025-2031), durante el cual el crecimiento medio del gasto neto debe ser del 1,1 %.

El crecimiento medio del gasto neto durante el período de ajuste (2025-2031) fijado en el plan es inferior a la trayectoria de referencia que transmitió la Comisión el 21 de junio de 2024.

El plan presupone que el crecimiento del PIB potencial se mantendrá estable en el 1,2 % hasta 2028 (sin cambios con respecto a 2024), antes de disminuir al 1,0 % en 2029. Además, el plan prevé que la tasa de crecimiento del deflactor del PIB disminuya al 1,7 % en 2025 (desde el 2,3 % en 2024), antes de proseguir su descenso hasta el 1,6 % en 2026-2029.

Cuadro 2: Senda de gasto neto e hipótesis principales del plan de Francia

(20)

Si se materializaran la senda de gasto neto que se ha comprometido en el plan y las hipótesis subyacentes, la deuda de las administraciones públicas, según el plan, aumentaría gradualmente del 112,9 % del PIB en 2024 al 116,5 % del PIB en 2027, y después disminuiría gradualmente hasta el 113,5 % del PIB al final del período de ajuste (2031), como se refleja en el cuadro que figura a continuación. A medio plazo, es decir, a lo largo de los diez años siguientes al final del período de ajuste, la ratio de deuda de las administraciones públicas mantendría una tendencia decreciente constante, hasta alcanzar un nivel del 100,9 % en 2041.

Cuadro 3: Evolución de la deuda y el saldo de las administraciones públicas en el plan de Francia

Así, según el plan, la ratio de deuda de las administraciones públicas se situaría en una senda descendente al final del período de ajuste (2031). Este cálculo es verosímil, ya que, según las hipótesis del plan, se prevé que la deuda descienda durante los diez años siguientes al período de ajuste en el marco de todas las pruebas de resistencia deterministas del análisis de la sostenibilidad de la deuda de la Comisión, y las previsiones estocásticas indican que la deuda disminuiría con una probabilidad suficientemente elevada.

Por tanto, según los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan, la senda de gasto neto propuesta en el plan es coherente con el requisito relativo a la deuda establecido en el artículo 6, letra a), y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1263. Según las autoridades francesas y los propios cálculos de la Comisión, la evolución de la deuda a medio plazo sobre la base de la senda de gasto neto adaptada no será muy diferente a la que figura en el plan inicial.

(21)

Sobre la base de la senda de gasto neto y las hipótesis del plan, el déficit de las administraciones públicas disminuiría progresivamente del 6,1 % del PIB en 2024 al 2,8 % del PIB en 2029 y al 1,7 % del PIB al final del período de ajuste (2031). Así pues, según el plan, el saldo de las administraciones públicas no superaría el valor de referencia (3 % del PIB) al final del período de ajuste (2031). Además, en los diez años siguientes al período de ajuste (es decir, hasta 2041), el déficit público no superaría el 3 % del PIB. Por tanto, según los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan, la senda de gasto neto propuesta en el plan es coherente con el requisito de déficit establecido en el artículo 6, letra b), y el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2024/1263. Según las autoridades francesas y los propios cálculos de la Comisión, la evolución del déficit a medio plazo sobre la base de la senda de gasto neto adaptada, propuesta en la carta de las autoridades, no será muy diferente a la que figura en el plan inicial.

(22)

El perfil temporal del ajuste fiscal, medido como la variación del saldo primario estructural, tal como se describe en el plan, está concentrado en el inicio del período, en comparación con la trayectoria lineal por defecto exigida en el artículo 6, letra c), del Reglamento (UE) 2024/1263. Esto refleja un gran esfuerzo de consolidación en 2025. Además, el ajuste fiscal a lo largo de los cuatro primeros años del plan es más que proporcional al esfuerzo de ajuste fiscal total.

Por tanto, según los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan, la senda de gasto neto propuesta en el plan es coherente con la cláusula de salvaguardia destinada a evitar el aplazamiento hasta el final del período establecida en el artículo 6, letra c), del Reglamento (UE) 2024/1263. Según las autoridades francesas y los propios cálculos de la Comisión, el ajuste fiscal resultante de la senda de gasto neto adaptada se concentra en el inicio del período.

Cuadro 4: Evolución del saldo primario estructural en el plan de Francia

(23)

La senda de gasto neto establecida en el plan está en consonancia con los requisitos del procedimiento de déficit excesivo [en particular, con el ajuste estructural anual mínimo establecido en el artículo 3, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo]. Según las autoridades francesas y los propios cálculos de la Comisión, el ajuste fiscal resultante de la senda de gasto neto adaptada sigue estando en consonancia con el ajuste estructural anual mínimo en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

(24)

El requisito del componente preventivo establecido en el artículo 8 del Reglamento (UE) 2024/1263, relativo a la salvaguardia de resiliencia del déficit, cuyo objetivo es proporcionar un margen común en relación con el valor de referencia del déficit del 3 % del PIB, se aplica a Francia a partir de 2030, ya que se prevé que el déficit sea inferior al 3 % del PIB a partir de 2029. En 2030 y 2031, el ajuste anual del saldo primario estructural no debe ser por tanto inferior al 0,25 % del PIB si el déficit estructural se ha mantenido por encima del 1,5 % del PIB en los años anteriores, para lograr un margen común de resiliencia en términos estructurales del 1,5 % del PIB. El ajuste fiscal resultante de los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan es superior al 0,25 % del PIB en ambos ejercicios. Por tanto, según los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan, la senda de gasto neto que en él se propone es coherente con la salvaguardia de sostenibilidad de la deuda. Según las autoridades francesas y los propios cálculos de la Comisión, el ajuste fiscal resultante de la senda de gasto neto adaptada sigue cumpliendo la salvaguardia de resiliencia del déficit.

(25)

Dado que, según el plan, la deuda de las administraciones públicas se situará por encima del 90 % del PIB durante el período de ajuste, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (UE) 2024/1263, la ratio de deuda deberá disminuir en un punto porcentual de media anual, como mínimo, hasta que descienda por debajo del 90 %, tras lo cual deberá descender en 0,5 puntos porcentuales de media. Como se prevé que el déficit se situará por debajo del 3 % del PIB a partir de 2029 según el plan, esta disminución se calcula para el ejercicio de 2031 (en comparación con el nivel de 2030) y asciende a 1,4 puntos porcentuales (véase el cuadro 3). Por tanto, según los compromisos y las hipótesis macroeconómicas del plan, la senda de gasto neto que en él se propone es coherente con la salvaguardia de sostenibilidad de la deuda. Según las autoridades francesas y los propios cálculos de la Comisión, la evolución de la deuda resultante de la senda de gasto neto adaptada sigue cumpliendo la salvaguardia de sostenibilidad de la deuda.

(26)

El plan se basa en una serie de hipótesis que difieren de las que la Comisión transmitió a Francia el 21 de junio de 2024. En particular, el plan utiliza diferentes hipótesis para diez variables, a saber, el punto de partida (el saldo primario estructural en 2024), el crecimiento del PIB potencial, el crecimiento del deflactor del PIB, el crecimiento del PIB real, la brecha de producción, el tipo de interés implícito nominal, el multiplicador fiscal, los ajustes stock-flujo, las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, y la semielasticidad del saldo presupuestario. Además, el ajuste se concentra al inicio del período, y Francia utiliza una fórmula diferente para calcular el crecimiento del gasto neto. Se ofrece a continuación una evaluación de estas diferencias en las hipótesis.

A continuación, se enumeran las diferencias en las hipótesis con la incidencia más significativa en el crecimiento medio del gasto neto, junto con una evaluación de cada diferencia considerada por separado.

El plan presupone un saldo primario estructural más bajo para 2024, a saber, un déficit primario estructural del 3,6 % del PIB, mientras que la Comisión preveía un déficit primario estructural del 3,0 % del PIB en sus orientaciones previas en la primavera de 2024. Esta situación fiscal inicial menos favorable también se refleja en que el déficit presupuestario para 2024 según el plan (del 6,1 % del PIB) es mayor que el déficit del 5,3 % del PIB según las hipótesis de primavera de la Comisión. Esta revisión y las correspondientes condiciones macroeconómicas actualizadas para 2024 en el plan reflejan la información más reciente disponible desde la primavera. También concuerda con las previsiones de otoño de 2024 de la Comisión Europea. Por consiguiente, se considera que esta diferencia en las hipótesis está debidamente justificada. Considerada de forma aislada, esta diferencia en las hipótesis contribuye a que, durante el período de ajuste del plan, el crecimiento medio del gasto neto sea inferior al de las hipótesis de la Comisión.

En total, la incidencia del conjunto de las hipótesis más prudentes y las diferencias en las hipótesis que están debidamente justificadas supera a la incidencia de la hipótesis de crecimiento del PIB potencial. Además, las diferencias restantes en las hipótesis, aunque no siempre coherentes con el marco común del Reglamento de Servicios Digitales, no tienen una incidencia significativa en el crecimiento medio del gasto neto en comparación con las hipótesis de la Comisión. En general, si se toman en conjunto todas las diferencias en las hipótesis, revierten en un crecimiento medio del gasto neto en el plan que es inferior a la trayectoria de referencia.

La Comisión tendrá en cuenta la evaluación previa de las hipótesis que figuran en el plan en futuras evaluaciones del cumplimiento de la senda de gasto neto.

(27)

Según la estrategia fiscal indicativa del plan, los compromisos respecto del gasto neto se cumplirán principalmente mediante tanto la contención del gasto como medidas discrecionales de aumento de los ingresos. El plan prevé un saneamiento anticipado, con un cuarto de la reducción de la ratio déficit/PIB por debajo del valor de referencia del 3 %, que no debe alcanzarse hasta 2025. Esto se lograría principalmente mediante la contención del gasto en comparación con el escenario de mantenimiento de la política fiscal, principalmente en el nivel de la administración central, pero con la contribución de todos los subsectores de la administración pública. Durante el período de ejecución del plan, los esfuerzos por contener el gasto, al tiempo que se mejora su calidad y eficacia, se apoyarían mediante compromisos renovados en términos de revisiones del gasto y simplificación de la acción pública. Las principales medidas complementarias avanzadas por el lado de los ingresos tienen por objeto lograr una mayor justicia social y fiscal y fomentar una mayor eficiencia energética. Se refieren a impuestos excepcionales sobre las rentas más altas y los mayores beneficios de las empresas, a la reducción de determinados gastos tributarios y a la ecologización de la fiscalidad.

La especificación de las medidas de actuación que deben adoptarse debe confirmarse o ajustarse y cuantificarse en los presupuestos anuales. Al mismo tiempo, existen riesgos para la aplicación de la estrategia fiscal indicativa del plan, derivados de las hipótesis macroeconómicas en las que este se sustenta, que implican una mejora del crecimiento del PIB en el escenario de ajuste, y la posibilidad de un ahorro menor de lo esperado con las revisiones del gasto.

Además, el presupuesto presentado por el Gobierno en el Parlamento nacional en octubre de 2024 para 2025 especifica las medidas de actuación con las que se cumpliría el compromiso de gasto neto para 2025 (10).

(28)

En el plan, Francia se compromete a realizar un conjunto de reformas e inversiones, destinadas a mejorar el crecimiento potencial y la sostenibilidad fiscal, a fin de defender la ampliación del período de ajuste fiscal de cuatro a siete años.

El conjunto de reformas e inversiones que sustentan una ampliación del período de ajuste se compone de tres compromisos existentes en el plan de recuperación y resiliencia (PRR), dos compromisos del PRR con especificaciones adicionales, y seis nuevas reformas e inversiones (véase también el anexo II):

Reforma del seguro de desempleo, incluida en el PRR (Componente 8, Protección del empleo, juventud, discapacidad, formación profesional), destinada a reforzar los incentivos para volver a un empleo estable y limitar la alternancia de contratos cortos y períodos de desempleo. Esta reforma es un compromiso existente del PRR. Consistía en un paquete legislativo adoptado en 2019 que entró en vigor en 2021 en el marco del PRR. Incluía medidas relativas al cálculo de la compensación y una medida bonus-malus que determina las aportaciones de los empleadores al régimen.

Reformas en el marco de la Ley de programación de la investigación. Esta medida es un compromiso existente en el marco del PRR (Componente 6, Soberanía y resiliencia tecnológicas), concretamente a través de la medida «Aspectos estructurales de la Ley de programación de la investigación», que insta a que se demuestre el aumento del gasto público en investigación, a más tardar en el tercer trimestre de 2025, en comparación con 2020. Las distintas disposiciones se refieren a la investigación y la educación superior y tienen por objeto reforzar la financiación y la organización de la investigación, promover la excelencia científica, mejorar el atractivo de los puestos de trabajo y las carreras profesionales de ámbitos científicos, y mejorar la difusión de los resultados de la investigación pública al sector privado, mediante el fortalecimiento de los vínculos entre la investigación pública y la innovación privada, la economía y la sociedad. La aplicación de la Ley de programación de la investigación se extiende a lo largo del período 2021-2030, más allá del período de vigencia del PRR.

Reformas en el marco de la Ley sobre la aceleración de la producción de energías renovables. Las medidas derivadas de la aplicación de la ley, que se adoptaron y entraron en vigor en el primer trimestre de 2023, son un compromiso existente en el marco del PRR (Componente 10, REPowerEU), en concreto a través de la «Ley sobre la aceleración de la producción de energías renovables». Está previsto que se ejecuten varias acciones durante el período 2023-2030, a raíz de la adopción de decretos de aplicación pasados y futuros, cuya finalidad general es acelerar la adopción de las energías renovables en Francia, alcanzar los objetivos de transición energética del país y garantizar la seguridad de su suministro energético. La medida implica múltiples canales de intervención, a saber, la simplificación de los procedimientos y la aceleración de la planificación territorial, la atención a las fuentes de energía renovable solar (térmica, fotovoltaica y agrofotovoltaica) y marina, y la financiación generalizada.

Inversiones en el marco del plan plurianual France 2030. El plan de inversión incluye el programa de inversiones orientadas al futuro PIA4 (Programme d’Investissements d’Avenir), y este compromiso se suma a las medidas existentes en el PRR (en particular en el marco del Componente 6, Soberanía y resiliencia tecnológicas), a saber, «Innovación para la resiliencia de nuestros modelos de negocio», que apoya la inversión para el desarrollo de tecnologías digitales clave, y «Apoyo a las empresas innovadoras», que financia la inversión en I+D para empresas innovadoras. Se espera que ambas medidas estén finalizadas para el cuarto trimestre de 2024. El plan France 2030 apoya la transformación a largo plazo de los procesos productivos en sectores estratégicos como la sanidad, la energía y la aeronáutica, a lo largo de toda la cadena de valor, desde la investigación básica hasta la innovación y la industrialización, y abarca un ámbito de aplicación más amplio que el PRR. El plan también contribuye a colmar la brecha de inversión en el gasto en I+D en ámbitos específicos, a fin de acelerar la ecologización y digitalización de la economía. Abarca el período 2022-2026.

Reformas derivadas de la evaluación de la calidad del gasto público a través de revisiones reforzadas del gasto en comparación con los compromisos del PRR. El plan se compromete a reforzar las revisiones anuales del gasto en todos los subsectores de las administraciones públicas. Así pues, este compromiso se suma a las medidas incluidas en el PRR (Componente 7, Digitalización del Estado, los territorios, las empresas y la cultura) a través de la medida «Evaluación de la calidad del gasto público». Para el período 2025-2027, se propone un objetivo cuantitativo acumulativo de ahorro permanente del gasto público y reducciones de gastos tributarios y sociales [adicionalmente a la medida «Reforma de las reducciones generales de las cotizaciones sociales en relación con el salario mínimo (SMIC)»] que está inspirado en las revisiones del gasto. Se espera que su aplicación se extienda a lo largo de todo el período de ajuste e implique la integración efectiva y regular de los resultados de las revisiones del gasto en los proyectos de presupuesto anuales, junto con la publicación de informes anuales de seguimiento que demuestren los ahorros anuales y acumulativos identificados y aplicados.

Reforma del seguro de desempleo tras las negociaciones entre los interlocutores sociales. Esta medida, nueva en comparación con el PRR, tiene por objeto seguir reformando las normas relativas al seguro de desempleo durante los tres próximos ejercicios, en particular en lo que respecta a los trabajadores mayores, preservando al mismo tiempo los logros de las reformas de 2019, 2021 y 2023 y contribuyendo a reforzar su incidencia presupuestaria positiva. El plan prevé la aplicación, a mediados de 2025, de las nuevas normas resultantes de las negociaciones entre los interlocutores sociales a mediados de 2025, así como la publicación, a más tardar a finales de 2027, de un informe de evaluación sobre los efectos acumulados de todas las reformas del seguro de desempleo.

Reforma del porcentaje de aportación al Fondo Nacional de Pensiones de los Funcionarios de las Administraciones Locales (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, CNRACL). Esta reforma, que es nueva en comparación con el PRR, consiste en el aumento permanente del porcentaje de las aportaciones de los empleadores al régimen especial de jubilación responsable del seguro de los funcionarios de las administraciones locales y los hospitales. Mediante la generación de una incidencia presupuestaria positiva, trata de contribuir al equilibrio financiero del régimen y, a tal fin, el plan incluye el compromiso de aplicar posiblemente nuevos aumentos permanentes durante el período de ajuste. Por lo tanto, la reforma también se presenta como una contribución a la sostenibilidad general del sistema de pensiones complementaria a la importante reforma de las pensiones de 2023, cuyas principales características fueron el aumento de la edad legal de jubilación y la anticipación del aumento del período mínimo de cotización para recibir una pensión completa, y cuyos efectos en términos de sostenibilidad el plan se compromete a preservar. El plan prevé la adopción del aumento en 5 puntos porcentuales de las aportaciones al CNRCAL en las Leyes de presupuestos de la Seguridad Social para 2025 y 2026, y su posterior aplicación, adicionalmente al incremento ya aprobado en 2024.

Reforma de las reducciones generales de las cotizaciones sociales sobre salarios bajos en relación con el salario mínimo (SMIC). Esta reforma, que es nueva en comparación con el PRR, tiene por objeto simplificar y racionalizar los regímenes existentes de reducción de los costes laborales, con el objetivo de incentivar la movilidad salarial y reducir los riesgos de que se produzcan trampas de salarios bajos, principalmente en el nivel del salario mínimo. En particular, la reforma consiste en suavizar la curva de las reducciones generales para hacerla más decreciente, y reducir las exenciones específicas de las cotizaciones por prestaciones sanitarias y familiares. El plan prevé la adopción de la reforma de la Ley de presupuestos de la Seguridad Social para 2025, que se aprobará a más tardar en diciembre de 2024, y una aplicación progresiva en dos fases, que se completarán a finales de 2025 y finales de 2026, respectivamente.

Reformas en el marco de la nueva Ley sobre la simplificación del entorno empresarial. Esta reforma, que es nueva en comparación con el PRR, tiene tres objetivos principales: reducir radicalmente la carga de los procedimientos administrativos para las empresas, por ejemplo transformando determinados procedimientos de autorización para convertirlos en una simple declaración o mejorando el acceso de las empresas a la contratación pública; revisar la relación entre la administración y las empresas, en particular en el caso de las microempresas, armonizando sus derechos con los de los trabajadores por cuenta propia; y racionalizar las normas existentes a través de medidas de excepción para apoyar el establecimiento de proyectos de transición industrial y energética. La nueva Ley, cuya adopción está prevista para finales de 2025, se desarrollará progresivamente con la adopción y el seguimiento de los decretos correspondientes hasta 2028.

Reformas en el marco de la Ley sobre la industria ecológica. Los nuevos compromisos adquiridos en virtud de esta Ley, adoptada en el cuarto trimestre de 2023, que son nuevos en comparación con el PRR, prevén la aplicación y el seguimiento periódico de los resultados hasta 2030. Los principales objetivos que se persiguen tienen que ver con la aceleración del desarrollo de tecnologías ecológicas y el acompañamiento de la industria hacia la descarbonización. Otros ejes de intervención más específicos, aunque amplios, se refieren a la facilitación de la instalación de nuevos emplazamientos industriales, la mejora de las condiciones de financiación de los proyectos industriales verdes, la ecologización de la contratación pública y el refuerzo de la condicionalidad del apoyo público a los objetivos de transición ecológica.

Reforma de los gastos tributarios y sociales. Esta reforma, que es nueva en comparación con el PRR, tiene por objeto racionalizar los gastos tributarios y sociales reduciendo y eliminando los menos eficientes. Para el período 2025-2027, se propone un objetivo cuantitativo acumulativo de reducción permanente de gastos tributarios y sociales y de ahorro en el gasto público [adicionalmente a la medida «Reforma de las reducciones generales de las cotizaciones sociales en relación con el salario mínimo (SMIC)»]. Se espera que su aplicación se extienda a lo largo de todo el período de ajuste e implique la integración efectiva y regular de las reducciones de gastos tributarios y sociales en los proyectos de presupuestos, acompañada de la publicación de informes anuales de seguimiento que demuestren los ahorros anuales y acumulativos identificados y aplicados.

(29)

De conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 2024/1263, cada reforma e inversión que sustenta la ampliación del período de ajuste es lo suficientemente detallada, concentrada en el inicio del período, delimitada en el tiempo y verificable.

(30)

Los compromisos asumidos en el PRR que sustentan la ampliación contienen reformas e inversiones significativas destinadas a mejorar la sostenibilidad fiscal y aumentar el potencial de crecimiento de la economía. Además, Francia se compromete a proseguir las reformas durante el período cubierto por el plan fiscal-estructural a medio plazo y a mantener los niveles de inversión financiada a nivel nacional durante el período cubierto por el PRR (véase el cuadro 5 a continuación). Los compromisos serán objeto de seguimiento a lo largo de la fase de aplicación del plan. En consecuencia, los compromisos en el marco del PRR pueden tenerse en cuenta para la ampliación del período de ajuste, tal como se establece en el artículo 36, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2024/1263.

(31)

Se espera que el conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del plazo mejore el potencial de crecimiento y resiliencia de la economía de Francia de manera sostenible, tal como exige el artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) 2024/1263. El plan de Francia no proporciona una estimación de la incidencia global prevista del conjunto de reformas e inversiones propuestas. Sin embargo, sí se documenta esa incidencia con respecto a algunas de las reformas, sobre la base de análisis anteriores y de la bibliografía disponible. A este respecto, según el plan, la incidencia acumulada en el PIB de algunas de estas reformas superaría los 0,7 puntos porcentuales de aquí a 2030 y sería algo mayor a largo plazo. En particular, se estima que la reforma del seguro de desempleo aumentará el PIB en 0,5 puntos porcentuales y creará más de 40 000 puestos de trabajo a largo plazo. Además, según las simulaciones del modelo macroeconómico de I+D QUEST-III desarrollado por la Comisión, la aplicación de la Ley de programación de la investigación agregaría 0,2 puntos porcentuales del PIB en quince años y 0,3 puntos porcentuales a largo plazo. En relación con otras reformas, se menciona una evaluación especial que ya está en marcha o que se llevará a cabo durante la ejecución del plan, de modo que respaldará el conjunto de indicadores que lo acompañan. También se prevé que estas reformas tengan una incidencia positiva en la actividad, que en este momento no se cuantifica. En general, sobre la base de la información facilitada, la estrategia económica subyacente al conjunto de reformas e inversiones, incluidos los compromisos del PRR, parece bien articulada y se presupone que aborda eficazmente las deficiencias anteriormente detectadas en el potencial de crecimiento y resiliencia de Francia (por ejemplo, en los informes por país). De hecho, los ámbitos clave de intervención tienen que ver con el mercado laboral y el progreso hacia el pleno empleo, la necesidad de apoyar la reindustrialización y el refuerzo de la competitividad, los retos de una transición ecológica y energética justa y de la gobernanza de las finanzas públicas.

(32)

Se espera que el conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del plazo contribuya a la sostenibilidad fiscal, tal como exige el artículo 14, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2024/1263. Según las estimaciones del plan, el conjunto de reformas e inversiones en las que se basa la ampliación conllevaría un efecto directo de reducción del déficit de aproximadamente 20 000 millones EUR anuales a partir de 2027 (0,6 % del PIB), debido principalmente a la incidencia presupuestaria de las reformas del régimen de seguro de desempleo de 2021 y de la reforma complementaria adoptada en 2023 para modular la duración de las prestaciones por desempleo en función de la situación del mercado laboral, a fin de ofrecer más incentivos para reincorporarse al trabajo en épocas favorables y una mayor protección en fases adversas (0,1 % del PIB), y a la refundición de las reducciones de las cotizaciones sociales en relación con el salario mínimo (0,2 % del PIB) y el ahorro permanente derivado de las revisiones del gasto y la reducción de gastos tributarios y sociales (0,3 % del PIB). A su vez, se espera que las reformas e inversiones destinadas a aplicar el plan de inversiones France 2030 y las reformas e inversiones en el marco de las leyes relativas a la programación de la investigación, la simplificación del entorno empresarial y la industria ecológica también impliquen un efecto positivo indirecto en las finanzas públicas a través del aumento de los ingresos fiscales, ya que se prevé que estas reformas tengan una incidencia positiva en el empleo, la inversión y el crecimiento. En general, el conjunto de reformas e inversiones que sustenta la ampliación implica una modesta contribución directa a la mejora de la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque esta contribución podría ser algo mayor tras sumar la posible contribución de las revisiones del gasto previstas, la racionalización de los gastos tributarios y los efectos indirectos derivados del aumento del PIB y del empleo a largo plazo.

(33)

Se espera que el conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del plazo responda a las prioridades comunes de la UE, tal como exige el artículo 14, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2024/1263. En particular, la resiliencia social y económica, incluido el pilar europeo de derechos sociales, se abordaría mediante las reformas del régimen de seguro de desempleo, el aumento de las aportaciones al régimen de jubilación de los funcionarios de las administraciones locales y los hospitales, unido al mantenimiento de la reforma de las pensiones de 2023, la reforma de las reducciones generales de las cotizaciones sociales sobre salarios bajos en relación con el salario mínimo y la Ley sobre la simplificación del entorno empresarial. Las prioridades relacionadas con una transición ecológica y digital justa y con la garantía de la seguridad energética se abordarían mediante reformas e inversiones en el marco del plan de inversiones France 2030, la Ley de programación de la investigación, la Ley sobre la industria ecológica y la Ley sobre la aceleración de la producción de energías renovables.

(34)

El conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación responde a las REP pertinentes (11) formuladas en el marco del Semestre Europeo, tal como exige el artículo 14, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) 2024/1263. En particular, las reformas y medidas en el ámbito del marco presupuestario y la gobernanza fiscal, los sistemas de pensiones y el envejecimiento activo están relacionadas con las REP en materia fiscal-estructural de 2019, 2021, 2022 y 2024, en las que se pide a Francia que oriente mejor los gastos tributarios, que prosiga los esfuerzos para mejorar la calidad de las medidas presupuestarias, en particular mediante el establecimiento de objetivos cuantitativos de ahorro de gastos, que ahorre gastos y mejore la eficiencia en todos los subsectores de las administraciones públicas, que reforme el sistema de pensiones al tiempo que sustenta su sostenibilidad y que siga mejorando las condiciones marco para facilitar la inversión y la innovación. Otras reformas y medidas en los ámbitos de la transición ecológica, el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y la cohesión social y territorial están relacionadas con las REP pertinentes de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, en las que se pide mejorar el entorno empresarial, fomentar la intensidad de la I+D de las empresas, acelerar la implantación de las energías renovables y reducir la dependencia general de los combustibles fósiles.

(35)

El plan garantiza que se mantenga el nivel global previsto de inversión pública financiada a nivel nacional realizado por término medio durante el período de aplicación del PRR, tal como exige el artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) 2024/1263.

Cuadro 5: Inversión pública financiada a nivel nacional en el plan (en % del PIB)

(36)

Por último, el conjunto de compromisos en materia de reformas e inversiones que sustentan la ampliación puede considerarse coherente con los compromisos asumidos en el PRR y en el Acuerdo de Asociación acordado en el marco financiero plurianual, tal como exige el artículo 14, apartado 4, letra d), del Reglamento (UE) 2024/1263. En concreto, de conformidad con los requisitos, se espera que cada compromiso funcione en continuidad y complementariedad con el PRR o el Acuerdo de Asociación de Francia, y que responda a las recomendaciones específicas por país y a una o varias prioridades comunes de la UE.

(37)

En conclusión, se considera que el conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del período de ajuste cumple, en su conjunto, los criterios del artículo 14 del Reglamento (UE) 2024/1263. Como consecuencia de ello, el período de ajuste puede ampliarse de cuatro a siete años, como se indica en el plan.

(38)

Además del conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del período de ajuste, el plan describe los propósitos relativos a otras reformas e inversiones que responden a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, especialmente las REP, y a cómo se abordarán en el plan las prioridades comunes de la UE. El plan incluye veintiocho reformas e inversiones, siete de las cuales reciben ayuda financiera del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

(39)

En cuanto a la prioridad común relativa a una transición ecológica y digital justa, incluidos los objetivos climáticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119, el plan incluye varias medidas. Estas se refieren al sector del transporte y abordan asimismo la prevención de la contaminación, con el desarrollo del transporte público (en el marco del PRR), la ecologización de los puertos franceses (en el marco del PRR), el plan de desplazamientos a pie y en bicicleta, y el apoyo a la compra y el leasing de vehículos ligeros de bajas emisiones. El plan también se centra en proyectos de innovación para la transición ecológica (en el marco del PRR) en el contexto del cuarto programa de inversiones orientadas al futuro (Programme d’Investissements d’Avenir, PIA4). En relación con las REP de 2022 y 2023 que tratan de la eficiencia energética, el plan incluye medidas como la armonización del tipo de IVA aplicable a las calderas de gas y la renovación y modernización de edificios hospitalarios. Las medidas del plan relacionadas con la prioridad de la transición digital se basan en los objetivos establecidos en el Programa Estratégico de la Década Digital para la infraestructura de conectividad y la digitalización de los servicios públicos. A modo de ejemplos de medidas del plan cabe señalar el plan de banda ancha de alta velocidad, que se espera que favorezca la digitalización de la economía francesa, así como medidas sobre el espacio, la sanidad electrónica, y la modernización y digitalización de la formación profesional.

(40)

En cuanto a la prioridad común relativa a la resiliencia social y económica, incluido el pilar europeo de derechos sociales, el plan incluye varias reformas e inversiones. En relación con las REP de 2019, 2022 y 2023 sobre las capacidades, la educación y formación profesionales y el aprendizaje de adultos, y con las REP de 2019 y 2020 sobre políticas activas del mercado de trabajo, incentivos al trabajo y participación en el mercado laboral, las medidas pertinentes tienen que ver con: la creación de un servicio público para la primera infancia a nivel local, con el fin de ayudar a los progenitores —en particular a las madres— y a las personas de hogares con bajos ingresos a entrar y permanecer en el mercado laboral, la reforma de los servicios públicos de empleo y un mayor apoyo a los beneficiarios de la renta solidaria activa (RSA) y a las empresas, el apoyo a los jóvenes sin empleo ni formación para una integración profesional duradera, la implantación del componente de formación de Francia 2030, el Plan de Inversiones en Capacidades (PIC) destinado a mejorar la empleabilidad de las personas más alejadas del mercado laboral, el programa de apoyo a la formación de aprendices, y la reforma de las escuelas superiores de formación profesional. En relación con las REP de 2022, 2023 y 2024 sobre educación, otras medidas tienen por objeto mejorar las capacidades básicas en la enseñanza secundaria y promover y mejorar la profesión docente, en particular mediante el refuerzo de la formación inicial y continua. Además, el plan incluye otras medidas de actuación para mejorar la accesibilidad y la eficiencia de la asistencia sanitaria, la renovación y adaptación de las instalaciones asistenciales para las personas mayores dependientes, y medidas destinadas a reforzar la prevención y a movilizar la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico médico y la prescripción en los servicios sanitarios.

(41)

En cuanto a la prioridad común de la seguridad energética, el plan incluye varias medidas, como el desarrollo de pequeños reactores nucleares y la renovación de las instalaciones nucleares existentes. En relación con las REP de 2019, 2020, 2022 y 2023 que tratan de las energías renovables y las redes e infraestructuras energéticas, el plan incluye medidas como la segunda interconexión eléctrica entre Saboya (Francia) y Piamonte (Italia), y la aplicación del plan para la moderación del consumo de energía.

(42)

En lo que respecta a la prioridad común de las capacidades de defensa, el plan incluye la Ley de programación militar, que establece los objetivos de la política de defensa y su programación financiera para el período 2024-2030, a fin de reforzar las capacidades de defensa en un contexto geopolítico de aumento de las tensiones, en particular la guerra de Ucrania. La medida prevé inversiones en la industria de la defensa e innovaciones disruptivas en este ámbito.

(43)

El plan proporciona información sobre la coherencia y, en su caso, la complementariedad con los fondos de la política de cohesión y el PRR de Francia. En el plan se subraya que, para evitar cualquier riesgo de doble financiación y de infrautilización de los fondos, la ejecución de estos en Francia requiere una estrecha coordinación. Las reformas e inversiones ajenas al PRR incluidas en el plan son medidas financiadas a nivel nacional que no implican cofinanciación europea. Algunas de las medidas incluidas en el plan se adoptaron como continuación de las medidas incluidas en el PRR. Además, en relación con varias de ellas, el plan explica cómo vienen a continuar y ampliar las medidas adoptadas en el PRR (para las reformas del seguro de desempleo, los servicios públicos de empleo y la industria ecológica).

(44)

El plan pretende contribuir a satisfacer las necesidades de inversión pública de Francia en relación con las prioridades comunes de la UE.

En cuanto a una transición digital justa, el plan menciona la necesidad de que la economía francesa siga digitalizándose y aumente la inversión en I+D, teniendo en cuenta las comparaciones internacionales. Por ejemplo, a pesar de que se han producido mejoras alentadoras en el pasado reciente, es necesario seguir apoyando la adopción de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de herramientas digitales básicas por parte de las empresas francesas, en particular las pymes, de modo que refuercen su productividad. Entre otras prioridades, es necesario incentivar a las empresas para que inviertan más en ganar competitividad, especialmente en sectores clave para la transición ecológica y digital.

Con respecto a una transición ecológica justa y a la necesidad de garantizar la seguridad energética, el plan se refiere a las necesidades de inversión anuales estimadas para cumplir los objetivos nacionales de descarbonización de aquí a 2030 y a los instrumentos de política económica destinados a fomentar y apoyar este esfuerzo adicional por parte de agentes tanto públicos como privados, tal como se establece en la estrategia de financiación plurianual para la transición ecológica y la política energética de Francia (SPAFTE), publicada en octubre de 2024.

En relación con la resiliencia social y económica, incluido el pilar europeo de derechos sociales, el plan se refiere al objetivo clave de lograr el pleno empleo y a las inversiones previstas a tal fin en favor de políticas activas del mercado de trabajo y de aumento de la participación en el mercado laboral, apoyando al mismo tiempo el empleo de los jóvenes y las mujeres y la inclusión de todos los trabajadores. Otro ámbito de intervención indicado se refiere al refuerzo de las capacidades y la educación, en particular a nivel local, para anticipar las necesidades futuras de la economía francesa y apoyar las transiciones ecológica y digital, así como la innovación en sectores estratégicos.

En cuanto a la creación de capacidades de defensa, el plan hace referencia a la necesidad de fortalecer la soberanía de Francia en un contexto geopolítico de aumento de las tensiones y de apoyar los objetivos establecidos en la Agenda Estratégica 2024-2029, adoptada por el Consejo el 27 de junio de 2024, en concreto para reforzar la preparación y la capacidad de la UE en materia de defensa, que incluye el incremento del gasto en defensa.

(45)

En general, la Comisión considera que el plan de Francia, completado con la carta de las autoridades de fecha 16 de enero de 2025, cumple los requisitos del Reglamento (UE) 2024/1263.

(46)

El Consejo acoge con satisfacción el plan fiscal-estructural a medio plazo de Francia y considera que su plena aplicación permitiría garantizar unas finanzas públicas saneadas y apoyar la sostenibilidad de la deuda pública, así como un crecimiento sostenible e integrador.

(47)

El Consejo toma nota de la evaluación de la Comisión sobre el plan. No obstante, el Consejo invita a la Comisión a que presente su evaluación de los planes futuros en un documento separado de las Recomendaciones de la Comisión de Recomendaciones del Consejo.

(48)

El Consejo toma nota de la evaluación de la Comisión sobre la senda de gasto neto y las principales hipótesis macroeconómicas del plan, también en relación con las orientaciones previas de la Comisión, así como de las implicaciones de la senda de gasto neto del plan para el déficit y la deuda públicos. El Consejo toma nota de la evaluación de la Comisión conforme a la cual las hipótesis macroeconómicas y presupuestarias, aunque difieren en algunos casos de las hipótesis de la Comisión, en particular para tener en cuenta datos macroeconómicos y fiscales actualizados, están, en general, debidamente justificadas y respaldadas por argumentos económicos sólidos. El Consejo toma nota de la estrategia fiscal general del plan y de los riesgos para las perspectivas, que podrían afectar a la materialización del escenario macroeconómico y las hipótesis subyacentes y a la realización de la senda de gasto neto del plan. En particular, el Consejo también acoge con satisfacción que se haya consultado a las partes interesadas pertinentes antes de la presentación del plan, aunque esta información no figura en el plan. El Consejo también observa que los riesgos geopolíticos pueden ejercer presión sobre los gastos de defensa.

(49)

El Consejo espera que Francia esté preparada para ajustar su estrategia fiscal en la medida necesaria para garantizar la realización de su senda de gasto neto. El Consejo está resuelto a seguir de cerca la evolución económica y presupuestaria, en particular la evolución subyacente al escenario del plan.

(50)

El Consejo considera que está justificado proseguir los debates para acordar una posición común sobre las implicaciones anuales de la supervisión de las tasas de crecimiento acumulado del gasto neto a tiempo para el próximo ciclo de supervisión presupuestaria.

(51)

El Consejo refrenda el conjunto de compromisos en materia de reformas e inversiones presentado por Francia en su plan a medio plazo que sustenta la ampliación del período de ajuste y acoge con satisfacción los esfuerzos por cuantificar el impacto en el crecimiento y la sostenibilidad presupuestaria. El Consejo coincide con la Comisión en que el conjunto de compromisos en materia de reformas e inversiones presentado por Francia justifica una ampliación del período de ajuste de cuatro a siete años. El Consejo toma nota de la evaluación de la Comisión que señala el cumplimiento, en su conjunto, de los criterios del artículo 14, teniendo también en cuenta la disposición transitoria del artículo 36, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 2024/1263 por el conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación. El Consejo toma nota de la evaluación de la Comisión según la cual se espera que los compromisos en materia de reformas e inversiones mejoren el potencial de crecimiento y la resiliencia de la economía de manera sostenible y apoyen la sostenibilidad fiscal. El Consejo recomienda a Francia que aplique plenamente el conjunto de compromisos en materia de reformas e inversiones para preservar la ampliación del período de ajuste.

(52)

El Consejo toma nota de la descripción que ha realizado la Comisión de los propósitos y las necesidades de reformas e inversiones, además de la evaluación del conjunto de compromisos en materia de reformas e inversiones que sustentan una ampliación del período de ajuste, y que responden a los principales retos identificados en el contexto del Semestre Europeo, y destaca la importancia de garantizar la realización de dichas reformas e inversiones. Sobre la base de los informes presentados por la Comisión, el Consejo evaluará dichas reformas e inversiones y supervisará su aplicación en el marco del Semestre Europeo.

(53)

El Consejo espera con interés los informes anuales de situación de Francia que contendrán, en particular, información sobre los avances en la aplicación de la senda de gasto neto establecida por el Consejo, y la ejecución de reformas e inversiones más amplias en el contexto del Semestre Europeo, así como la ejecución del conjunto de reformas e inversiones que sustentan una ampliación del período de ajuste.

(54)

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2024/1263, el Consejo debe recomendar a Francia la senda de gasto neto establecida en el plan, y debe refrendarse el conjunto de reformas e inversiones que sustentan la ampliación del período de ajuste a siete años.

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