Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 10 de septiembre de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Sector de las telecomunicaciones — Directiva (UE) 2018/1972 — Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas — Contrato de servicios de comunicaciones electrónicas — Poder de modificación unilateral del proveedor — Artículo 105, apartado 4, párrafo primero — Derecho de rescisión de los usuarios finales »
En el asunto C‑669/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), mediante resolución de 26 de septiembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de octubre de 2024, en el procedimiento entre
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
y
Vodafone GmbH,
con intervención de:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation und Eisenbahnen,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Schalin, Presidente de Sala, y los Sres. M. Gavalec (Ponente) y Z. Csehi, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., por el Sr. T. Rader, Rechtsanwalt;
– en nombre de Vodafone GmbH, por el Sr. C. Rohnke, Rechtsanwalt;
– en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. E. Manzo, avvocato dello Stato;
– en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. E. Gane, R. Antonie, y L. Ghiță, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Conte, O. Gariazzo y G. Meeßen, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36).
2 Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Federación de Organizaciones y Asociaciones de Consumidores, Alemania) (en lo sucesivo, «BV») y Vodafone GmbH, un proveedor de servicios de telecomunicaciones, en relación con la utilización, en las condiciones generales de contratación de esta última, de una cláusula que le confiere la facultad de modificar unilateralmente las condiciones contractuales.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13/CEE
3 El artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13), dispone:
«1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
[…]
3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
4 A tenor del anexo de esta Directiva, titulado «Cláusulas contempladas en el apartado 3 del artículo 3»:
«1. Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:
[…]
j) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo;
[…]
2. Alcance de las letras g), j), y l)
[…]
b) […]
La letra j) se entiende sin perjuicio también de las cláusulas por las que el profesional se reserve el derecho a modificar unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada siempre que el profesional esté en la obligación de informar al consumidor con una antelación razonable, y de que este tenga la facultad de rescindir el contrato.
[…]»
Directiva 2018/1972
5 Los considerandos 257, 258, 275 y 276 de la Directiva 2018/1972 enuncian:
«(257) Las divergencias en la aplicación de la normativa sobre protección del usuario final han creado obstáculos significativos en el mercado interior, que afectan tanto a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas como a los usuarios finales. Conviene reducir estos obstáculos mediante la aplicación de las mismas normas que aseguran un elevado nivel común de protección en toda la Unión [Europea]. Una armonización plena y calibrada de los derechos de los usuarios finales cubiertos por la presente Directiva debe aumentar considerablemente la seguridad jurídica, tanto para los usuarios finales como para los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, y reducir considerablemente las barreras de entrada y la carga innecesaria que supone el cumplimiento de una normativa fragmentada. […] La armonización plena se debe extender únicamente a los temas cubiertos por las disposiciones [de] la presente Directiva relativas a los derechos de los usuarios finales. […]
(258) Los contratos constituyen un importante instrumento con el que cuentan los usuarios finales para garantizar la transparencia de la información y la seguridad jurídica. En un entorno competitivo, la mayoría de los prestadores de servicios celebran contratos con sus clientes por razones de conveniencia comercial. Además de la presente Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios de comunicaciones electrónicas los requisitos del Derecho de la Unión vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos y en particular la Directiva [93/13] y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64)]. […]
[…]
(275) Cualquier modificación de las condiciones contractuales propuesta por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración que no beneficie al usuario final, por ejemplo en relación con los cargos, tarifas, limitaciones del volumen de datos, velocidades de datos, cobertura o tratamiento de datos personales, debe dar origen al derecho del usuario final a rescindir el contrato sin coste, incluso si dicha modificación se acompaña de alguna modificación ventajosa. Por tanto, toda modificación en las condiciones contractuales que establezca el proveedor da derecho al usuario final a rescindir el contrato, a menos que cada modificación sea en sí beneficiosa para el usuario final, que las modificaciones sean puramente administrativas (por ejemplo, el cambio de dirección del proveedor) y no tengan efectos negativos para el usuario final, o vengan estrictamente impuestas por cambios legislativos o reglamentarios, como los nuevos requisitos de información de los contratos impuestos por el Derecho nacional o el Derecho de la Unión. El hecho de que una modificación sea exclusivamente beneficiosa para el usuario final debe evaluarse en función de criterios objetivos. El derecho del usuario final a rescindir el contrato solo debe quedar excluido si el proveedor puede demostrar que todas las modificaciones del contrato son exclusivamente beneficiosas para el usuario final o de naturaleza puramente administrativa sin efectos negativos para el usuario final.
(276) Cualquier modificación de las condiciones contractuales debe ser notificada a los usuarios finales mediante un soporte duradero. Los usuarios finales distintos de los consumidores, las microempresas, las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro no deben beneficiarse de los derechos de rescisión en caso de modificaciones contractuales mencionados anteriormente en lo que respecta a los servicios de transmisión utilizados para los servicios máquina a máquina. Los Estados miembros deben poder establecer protecciones específicas para los usuarios finales relativas a la rescisión del contrato si el usuario final cambia de lugar de residencia. Las disposiciones sobre la rescisión del contrato se entenderán sin perjuicio de cualquier otra disposición del Derecho nacional o de la Unión sobre los motivos por los que el proveedor del servicio o el usuario final puede rescindir el contrato o modificar las condiciones contractuales.»
6 El artículo 3 de la Directiva 2018/1972, titulado «Objetivos generales», dispone en su apartado 2, letra d):
«En el contexto de la presente Directiva, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes, así como el [Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE)], la Comisión [Europea] y los Estados miembros perseguirán cada uno de los siguientes objetivos generales, que se enumeran sin orden de prelación:
[…]
d) promover los intereses de los ciudadanos de la Unión, asegurando la conectividad y la disponibilidad y la adopción de redes de muy alta capacidad, incluidas las redes fijas, las redes móviles e inalámbricas y los servicios de comunicaciones electrónicas, permitiendo maximizar los beneficios en cuanto a variedad de elección, precio y calidad a través de una competencia efectiva, garantizando la seguridad de las redes y servicios, así como un nivel elevado y uniforme de protección de los usuarios finales gracias a la normativa sectorial necesaria y a medidas que atiendan a las necesidades, tales como unos precios asequibles, de determinados grupos sociales, en particular de los usuarios finales con discapacidad, los usuarios finales de más edad y los usuarios finales con necesidades sociales especiales, así como las posibilidades de elección y el acceso equivalente de los usuarios finales con discapacidad.»
7 El artículo 101, apartado 1, de dicha Directiva establece:
«Los Estados miembros no mantendrán ni incluirán en su Derecho nacional disposiciones en materia de protección del usuario final que difieran de los artículos 102 a 115, como por ejemplo disposiciones más o menos estrictas para garantizar un nivel de protección diferente, salvo disposición en contrario prevista en el presente título.»
8 El artículo 105 de la referida Directiva, con el título «Duración y resolución del contrato», preceptúa en su apartado 4:
«Los usuarios finales tendrán el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ningún coste adicional cuando el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración les anuncie que propone introducir cambios en las condiciones contractuales, a menos que los cambios propuestos sean exclusivamente en beneficio del usuario final o sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no tengan efectos negativos sobre los usuarios finales o vengan impuestos por el Derecho de la Unión o nacional.
Los proveedores notificarán a los usuarios finales, al menos con un mes de antelación, cualquier cambio de las condiciones contractuales, y les informarán al mismo tiempo de su derecho a rescindir su contrato sin contraer ningún coste adicional si no aceptan las nuevas condiciones. El derecho de rescindir el contrato podrá ejercerse en el plazo de un mes a partir de la notificación, plazo que los Estados miembros podrán prorrogar por un período adicional de hasta tres meses. Los Estados miembros velarán por que la notificación se efectúe de forma clara y comprensible, en un soporte duradero.»
Derecho alemán
9 De conformidad con el artículo 57, apartado 1, de la Telekommunikationsgesetz (Ley de Telecomunicaciones), de 23 de junio de 2021 (BGBl. 2021 I, p. 1858), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «TKG»):
«Cuando un proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles al público se haya reservado, en sus condiciones generales de la contratación, el derecho a modificar unilateralmente un contrato y modifique unilateralmente las condiciones contractuales, el usuario final podrá rescindir el contrato sin observar plazo de preaviso y sin contraer ningún coste adicional, a menos que las modificaciones
1. sean exclusivamente en beneficio del usuario final,
2. sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no tengan efectos negativos sobre los usuarios finales o
3. vengan impuestas por el Derecho de la Unión o nacional.»
10 El artículo 307 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «BGB»), establece:
«1. Las disposiciones contenidas en las condiciones generales de la contratación serán ineficaces cuando perjudiquen a la otra parte contratante de forma desproporcionada, en contra del principio de buena fe. El hecho de que una disposición no sea clara y comprensible también puede causar un perjuicio desproporcionado.
2. En caso de duda, se considerará que existe un perjuicio desproporcionado cuando una disposición:
1) sea incompatible con las líneas fundamentales de la normativa legal de la que se aparta, o
2) limite los derechos o las obligaciones esenciales que se derivan de la naturaleza del contrato de tal forma que ponga en peligro la consecución del fin contractual.
3. Los apartados 1 y 2 y los artículos 308 y 309 solo se aplicarán a las disposiciones contenidas en condiciones generales de la contratación mediante las cuales se pacten reglas que se aparten de disposiciones legales o reglamentarias o que las complementen. Cualquier otra disposición podrá ser ineficaz en virtud del apartado 1, segunda frase, en relación con el apartado 1, primera frase.»
11 A tenor del artículo 308 del BGB:
«En las condiciones generales de la contratación se considerará ineficaz, en particular, […]
4. […] una cláusula por la que el predisponente se reserve el derecho a modificar la prestación prometida o a apartarse de ella, a menos que dicha modificación o desviación resulte razonable para la otra parte, habida cuenta de los intereses del predisponente.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
12 BV, una asociación para la protección de los consumidores, que actúa como entidad legitimada para ejercitar acciones dirigidas a proteger los intereses colectivos de los consumidores, ejercitó una acción de cesación ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) contra Vodafone. Tal acción tenía por objeto prohibir a Vodafone, en particular, la utilización de una cláusula en las condiciones generales de la contratación, en los contratos celebrados con sus clientes en relación con determinados servicios de telecomunicaciones electrónicas, por la que se reserva el derecho a modificar unilateralmente las condiciones contractuales en virtud de una apreciación discrecional basada en consideraciones de equidad.
13 En apoyo de su acción de cesación, BV alegó que dicha cláusula es contraria a los artículos 307, apartado 1, frases primera y segunda, y 308, punto 4, del BGB y que no puede justificarse con arreglo al artículo 57, apartado 1, primera frase, de la TKG. A este respecto, sostuvo, en particular, que del artículo 308, punto 4, del BGB se desprende que una cláusula de modificación unilateral utilizada en las condiciones generales de la contratación solo es válida si resulta razonable para la otra parte, habida cuenta de los intereses del predisponente.
14 Vodafone objetó que la cláusula impugnada se ajusta al tenor del artículo 57, apartado 1, primera frase, de la TKG, que, a su entender, reconoce a los proveedores la facultad de reservarse, en las condiciones generales de la contratación, un derecho de modificación unilateral. Según ella, esta disposición contiene una norma de carácter exhaustivo. Así pues, en la medida en que la cláusula impugnada se limita a reproducir el tenor de esta norma, no puede ser objeto de un control de validez con arreglo a la normativa especial aplicable a las condiciones generales de la contratación. En cualquier caso, Vodafone sostuvo que esa cláusula no perjudica indebidamente al cliente ya que, por una parte, deben tenerse en cuenta consideraciones de equidad y, por otra parte, se reconoce al cliente como contrapartida un derecho de rescisión especial. Por último, alegó que el artículo 57, apartado 1, primera frase, de la TKG, en la medida en que exige que el derecho de modificación figure en las condiciones generales, no cumple la exigencia de armonización plena establecida en el artículo 101, apartado 1, de la Directiva 2018/1972. Por consiguiente, en su opinión, dicho artículo debe interpretarse de conformidad con la citada Directiva, en el sentido de que concede un derecho de modificación unilateral no sujeto a las restricciones resultantes del artículo 308, punto 4, del BGB.
15 El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) desestimó la demanda por considerar que la cláusula impugnada no tiene por objeto una regulación que se aparte de disposiciones legales o las complemente, de modo que, conforme al artículo 307, apartado 3, del BGB, queda excluido un control de su contenido. Según dicho órgano jurisdiccional, incluso de admitirse la posibilidad de tal control, la cláusula impugnada sería lícita porque reconoce a los usuarios finales un derecho de rescisión especial y gratuito, que les permite rescindir el contrato antes de que entren en vigor las modificaciones anunciadas. Asimismo, señaló que el artículo 57, apartado 1, primera frase, de la TKG presupone que en las condiciones generales de la contratación cabe establecer un derecho unilateral de modificación del contrato y que esta disposición regula, en contrapartida a ese derecho, las condiciones para la rescisión del contrato por la otra parte.
16 BV interpuso un recurso de apelación contra la referida sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando que el artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972 y el artículo 57, apartado 1, primera frase, de la TKG no conceden al profesional el derecho a modificar unilateralmente el contrato, sino que se limitan a regular las consecuencias jurídicas del ejercicio de tal derecho. Vodafone solicita que se desestime el recurso.
17 El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación del artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972. Considera que esta disposición puede interpretarse de varias maneras. En este contexto, subraya que, en Alemania, frecuentemente se interpreta en el sentido de que confiere al prestador de servicios un derecho, de naturaleza legal, a modificar unilateralmente el contrato. No obstante, en su opinión, también sería posible una interpretación contraria, según la cual dicha disposición solo regula las consecuencias jurídicas del derecho unilateral de modificación del contrato, cuya base jurídica se rige por otras normas.
18 En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva (UE) 2018/1972 en el sentido de que a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración se les concede por ley el derecho a modificar unilateralmente las condiciones contractuales y, a cambio, a los usuarios finales se les concede un derecho especial de rescisión, o bien esta disposición presupone que el proveedor ya tiene, por otros motivos, derecho a modificar unilateralmente las condiciones contractuales y se limita a regular el consiguiente derecho especial de rescisión del usuario final?»
Sobre la cuestión prejudicial
19 Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972 debe interpretarse en el sentido de que confiere a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas el derecho a modificar unilateralmente las condiciones contractuales o si presupone la existencia de tal derecho y se limita a regular el derecho de rescisión reconocido a los usuarios finales cuando el proveedor ha ejercido ese derecho de modificación unilateral.
20 Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 12 de marzo de 2026, Magyar Telekom, C‑514/24, EU:C:2026:184, apartado 30 y jurisprudencia citada).
21 En primer lugar, el artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972 establece que los usuarios finales tendrán derecho a rescindir sus contratos sin ningún coste adicional cuando el proveedor de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público les anuncie que propone introducir modificaciones en las condiciones contractuales. Esta disposición precisa, sin embargo, que no se les reconocerá este derecho cuando las modificaciones previstas sean exclusivamente en su beneficio, sean de naturaleza puramente administrativa y no tengan efectos negativos sobre ellos o vengan impuestas por el Derecho de la Unión o nacional.
22 El considerando 275 de esta Directiva enuncia, en el mismo sentido, que cualquier modificación de las condiciones contractuales por parte del proveedor debe dar origen al derecho del usuario final a rescindir el contrato sin coste, con las mismas excepciones que las descritas en el apartado anterior.
23 De este modo, del tenor del artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972, interpretado a la luz de su considerando 275, se desprende que esa disposición regula las consecuencias que, para el usuario final, tiene una modificación de las condiciones contractuales propuesta por el proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas. Contempla un supuesto en el que tal modificación da lugar a un derecho de rescisión sin coste, así como las excepciones a este derecho. En cambio, no define ni el fundamento jurídico de la modificación unilateral ni las condiciones que el proveedor debe cumplir para poder modificar unilateralmente el contrato. Así pues, la referida disposición presupone la existencia de tal derecho, sin conferirlo.
24 En segundo lugar, esta interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe el artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972.
25 En efecto, el artículo 105 de esta Directiva, titulado «Duración y resolución del contrato», que forma parte del título III de la Directiva, titulado «Derechos de los usuarios finales», establece una norma general que tiene por objeto principalmente regular los distintos casos y las condiciones para el ejercicio del derecho de los usuarios finales a rescindir sus contratos. Sin embargo, debe subrayarse que no regula los derechos de los proveedores y menos aún les confiere el derecho a la modificación unilateral del contrato.
26 Asimismo, procede señalar que conforme al artículo 101 de la Directiva 2018/1972 el artículo 105 de la misma Directiva efectúa una armonización plena solo en lo que se refiere a la protección de los usuarios finales, y no a la de los proveedores. Del mismo modo, el considerando 257 de la citada Directiva precisa que esta armonización plena se debe extender únicamente a los temas cubiertos por las disposiciones de la misma Directiva relativas a los derechos de los usuarios finales.
27 Además, del considerando 258 de la Directiva 2018/1972 se desprende que son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios de comunicaciones electrónicas los requisitos del Derecho de la Unión vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos, en particular los establecidos en las Directivas 93/13 y 2011/83.
28 A este respecto, el punto 1, letra j), del anexo a la Directiva 93/13 contempla, entre las cláusulas que pueden ser declaradas abusivas en aplicación del artículo 3, apartados 1 y 3, de esa Directiva, las que tengan por objeto autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo. No obstante, el punto 2, letra b), de dicho anexo precisa que el citado punto 1, letra j), se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el profesional se reserve el derecho a modificar unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada, siempre que informe al consumidor con una antelación razonable y de que este tenga la facultad de rescindir el contrato.
29 De ello se deduce que las condiciones en las que el proveedor se puede reservar el poder de modificación unilateral están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, y no en el de la Directiva 2018/1972. Además, el artículo 8 de la Directiva 93/13 permite a los Estados miembros adoptar o mantener disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado [FUE] para garantizar a los consumidores un mayor nivel de protección.
30 En consecuencia, el análisis del contexto confirma la interpretación literal del artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972 según la cual esta disposición no confiere a los proveedores un derecho a la modificación unilateral de los contratos, sino que presupone la existencia de tal derecho en virtud de otras normas aplicables. Por consiguiente, el ejercicio de este derecho de modificación del contrato sigue estando sujeto a las condiciones y exigencias derivadas del Derecho de la Unión y del Derecho nacional en materia de protección de los consumidores.
31 A este respecto, procede recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien una cláusula de modificación unilateral puede responder a un interés legítimo del proveedor, debe no obstante satisfacer las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia derivadas, en particular, de la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartados 46 y 47).
32 El considerando 276 de la Directiva 2018/1972 confirma esta interpretación al enunciar que las disposiciones sobre la rescisión del contrato se entienden sin perjuicio de cualquier otra disposición del Derecho nacional o de la Unión sobre los motivos por los que el proveedor del servicio o el usuario final puede rescindir el contrato o sobre las condiciones en las que puede modificar sus estipulaciones.
33 En tercer y último lugar, la interpretación expuesta en el apartado 30 de la presente sentencia es conforme con el objetivo de protección de los usuarios finales, mencionado en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2018/1972. Así, la protección especial que esta Directiva les concede en materia de rescisión de los contratos se añade a las garantías derivadas de otras normas del Derecho de la Unión y del Derecho nacional aplicables a las modificaciones contractuales. A este respecto, es preciso señalar que, al ser el usuario final la parte más débil en una relación contractual con el profesional, debe gozar de una mayor protección. La eficacia de tal protección solo puede garantizarse mediante el conjunto de medidas establecidas por las distintas normas. El considerando 276 de dicha Directiva, según el cual las disposiciones sobre la rescisión del contrato se entenderán sin perjuicio de cualquier otra disposición del Derecho de la Unión o nacional, confirma esa constatación.
34 Pues bien, una interpretación conforme a la que el artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972 confiere, por sí mismo, a los proveedores un derecho a modificar el contrato unilateralmente podría sustraer el ejercicio de ese derecho a los requisitos establecidos por las normas generales de protección de los consumidores del Derecho de la Unión o del Derecho nacional. Sería contraria tanto al objetivo de esa Directiva como a su considerando 276 y, en consecuencia, no puede acogerse.
35 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972 debe interpretarse en el sentido de que no confiere a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, el derecho a modificar unilateralmente las condiciones contractuales, sino que presupone la existencia de tal derecho en virtud de otras normas aplicables y se limita a regular el derecho de rescisión reconocido a los usuarios finales cuando el proveedor ejerce el derecho de modificación unilateral, sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos a tal efecto por el Derecho de la Unión y el Derecho nacional en materia de protección de los consumidores.
Costas
36 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
El artículo 105, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas,
debe interpretarse en el sentido de que
no confiere a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, el derecho a modificar unilateralmente las condiciones contractuales, sino que presupone la existencia de tal derecho en virtud de otras normas aplicables y se limita a regular el derecho de rescisión reconocido a los usuarios finales cuando el proveedor ejerce el derecho de modificación unilateral, sin perjuicio de las condiciones y requisitos establecidos a tal efecto por el Derecho de la Unión y el Derecho nacional en materia de protección de los consumidores.
Firmas
* Lengua de procedimiento: alemán.