<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1995ESA.0900303101.case.xml"><NO.CASE>C-242/94</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61994C0242</NO.CELEX><NO.SEQ>0016.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>3033</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>3035</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONES DEL SR. LENZ — ASUNTO C-242/94</LEFT><RIGHT>COMISIÓN / ESPAÑA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusiones del Abogado General</HT></P><P><HT TYPE="UC">Sr. Carl Otto Lenz</HT></P><P>presentadas el <DATE ISO="19950713">13 de julio de 1995</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua original: alemán.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>A.</NO.P><TXT>Introducción</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Los Estados miembros tenían que adaptar sus ordenamientos jurídicos a la Directiva 90/619/CEE del Consejo, de <DATE ISO="19901108">8 de noviembre de 1990</DATE>, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE,<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="330" DATE.PUB="1990" PAGE.FIRST="50">DO L 330, p. 50</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> antes del <DATE ISO="19921120">20 noviembre de 1992</DATE>.<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase el apartado 1 del artículo 30 de la Directiva 90/619.</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Mediante el presente recurso por incumplimiento, la Comisión solicita que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE al no haber adoptado o, al no haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo prescrito, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la referida Directiva. La Comisión solicita, además, que se condene en costas al Reino de España.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>El Reino de España no niega que no ha cumplido dentro de plazo su obligación de adoptar las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva, en particular las necesarias para adaptar las disposiciones legales afectadas.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>No obstante, el Reino de España formula dos alegaciones en su defensa. Aduce, en primer lugar, que un Proyecto de Ley, adoptado dentro de plazo, para la adaptación del Derecho interno a la Directiva de que se trata no llegó a convertirse en Ley debido a que, antes de alcanzarse ese resultado, la convocatoria de elecciones generales provocó la disolución de las Cortes Generales. Desde enero de 1994 está en preparación un nuevo procedimiento legislativo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva. En segundo lugar, alega que determinadas disposiciones administrativas, integradas en un <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Protocolo<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>, compensan <HT TYPE="ITALIC">de facto,</HT> hasta la culminación del procedimiento legislativo, que no se<?PAGE NO="I-3034"?> haya logrado <HT TYPE="ITALIC">de iuris</HT> la adaptación de las disposiciones legales a la Directiva. Por consiguiente, no cabe, según él, reprochar al Reino de España un incumplimiento y el recurso de la Comisión es infundado.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>B.</NO.P><TXT>Definición de postura</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Esta alegación del Reino de España no puede ser acogida. Habida cuenta de la naturaleza objetiva del procedimiento por incumplimiento, basta tener presente que el Reino de España no niega la infracción que se le imputa, para declarar el incumplimiento.<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase, como más reciente, la sentencia de <DATE ISO="19940503">3 de mayo de 1994</DATE>, Comisión/Bélgica (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-260/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-1611">C-260/93, Rec. p. I-1611</REF.DOC.ECR>), apartados 7 y 8.</P></NOTE> El Reino de España se limita, en primer lugar, a justificar la falta de adaptación dentro de plazo de su Derecho interno a la Directiva con la disolución de las Cortes Generales. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede excusarse de su obligación de adaptar su ordenamiento jurídico interno a una Directiva invocando obstáculos internos de carácter técnico, político o institucional.<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Véase la doctrina sentada ya en la sentencia de <DATE ISO="19760226">26 de febrero de 1976</DATE>, Comisión/Italia (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="52/75" YEAR="1976" PAGE.ECR="277">52/75, Rec. p. 277</REF.DOC.ECR>), apartados 10 y 14.</P></NOTE> En segundo lugar, el Reino de España alega en su descargo que la obligación en cuanto al resultado (párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CEE) se cumple provisionalmente mediante disposiciones administrativas, contenidas, por lo que aquí interesa, en el llamado <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>Protocolo<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>. Aun cuando se quisiera admitir que fuera posible poner fin al incumplimiento de ese modo, sería difícil para el Reino de España invocar con éxito este argumento: según el tenor del Anexo I del escrito de contestación, el <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Protocolo<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> sólo empezó a tener vigencia a partir del <DATE ISO="19940701">1 de julio de 1994</DATE>. Sin embargo, el incumplimiento tendría que haber sido eliminado, como máximo, al expirar el plazo de dos meses fijado en el dictamen motivado de la Comisión de <DATE ISO="19940215">15 de febrero de 1994</DATE>. Pero, en cualquier caso, el <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Protocolo<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, como disposición estatal de régimen interno, sin efecto directo frente a terceros, no satisface los requisitos que, según reiterada jurisprudencia, tienen que observar los Estados miembros, en su elección de la forma y los medios, al adaptar su Derecho interno a una Directiva.<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentencia de <DATE ISO="19910530">30 de mayo de 1991</DATE>, Comisión/Alemania (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-361/88" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-2567">C-361/88, Rec. p. I-2567</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE></TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Dado que consta que el Reino de España no ha adaptado dentro de plazo su Derecho interno a la Directiva de que se trata, el Tribunal de Justicia no tiene que examinar la imputación formulada por la Comisión con carácter subsidiario, relativa a la omisión por el Reino de España de la comunicación de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Directiva.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-3035"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>C.</NO.P><TXT>Conclusión</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>En virtud de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 90/619/CEE.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenar en costas al Reino de España.<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>