<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRCJ1997ESA.0300122901.case.xml"><NO.CASE>C-150/96 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61996O0150</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>1230</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>1238</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>AUTO DE <DATE ISO="19970306">6.3.1997</DATE> — ASUNTO C-150/96 P</LEFT><RIGHT>GALTIERI / PARLAMENTO</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Auto del Tribunal de Justicia</HT> (Sala Primera)</P><P>de <DATE ISO="19970306">6 de marzo de 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Lengua de procedimiento: francés.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>En el asunto C-150/96 P,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Roberto Galtieri,</HT> agente temporal del Parlamento Europeo, con domicilio en Bruselas, representado por el Sr. Pietro Cuomo, Abogado de Nápoles, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Stef Oostvogels, 13, rue Aldringen, boîte 221,</P><PARTY.STATUS>parte recurrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><P>que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Primera) el <DATE ISO="19960227">27 de febrero de 1996</DATE>, Galtieri/Parlamento (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-235/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-129">T-235/94, RecFP p. II-129</REF.DOC.ECR>), por el que se solicita que se anule dicha sentencia,</P><AGAINST>y en el que la otra parte en el procedimiento es:</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Parlamento Europeo,</HT> representado por el Sr. Manfred Peter, Jefe de División del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la Secretaría General del Parlamento Europeo, Kirchberg,</P></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),</P><P>integrado por los Sres.: L. Sevón, Presidente de Sala (Ponente); D. A. O. Edward y P. Jann, Jueces;</P><?PAGE NO="I-1231"?><P>Abogado General: Sr. G. Cosmas;</P><P>Secretario: Sr. R. Grass;</P><P>oído el Abogado General;</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>dicta el siguiente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Auto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Mediante un escrito titulado <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Demanda de apelación<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>, presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el <DATE ISO="19960503">3 de mayo de 1996</DATE>, el Sr. Galtieri declaró <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>interponer apelación<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19960227">27 de febrero de 1996</DATE>, Galtieri/Parlamento (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-235/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="II-129">T-235/94, RecFP p. II-129</REF.DOC.ECR>; en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>sentencia recurrida<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), en la medida en que desestimó su recurso en el que solicitaba, en particular, la anulación de la decisión del Parlamento, notificada mediante escrito de <DATE ISO="19940119">19 de enero de 1994</DATE>, de recuperar las cantidades que había percibido indebidamente en concepto de asignación familiar.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Por lo que se refiere al marco jurídico y a los hechos que originan la controversia entre el Sr. Galtieri y el Parlamento, el Tribunal de Primera Instancia declaró:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 1 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, respectivamente, <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="201C"/>Anexo VII<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="201D"/> y <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="201C"/>Estatuto<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="201D"/>), en relación con el artículo 21 del Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="201C"/>RAA<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="201D"/>), un agente temporal casado tiene derecho, en principio, a la asignación familiar calculada al 5 % de su retribución de base. Sin embargo, en el supuesto de que su cónyuge ejerza una actividad profesional lucrativa que dé lugar a ingresos profesionales superiores a la retribución de base anual de un funcionario del grado C 3, escalón 3, antes de la deducción del impuesto, el interesado no percibirá dicha asignación, salvo decisión especial de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="201C"/>AFPN<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="201D"/>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-1232"?><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>De conformidad con el artículo 85 del Estatuto, cualquier cantidad indebidamente percibida da lugar a su devolución si el beneficiario hubiere tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si ésta fuera tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla. Con arreglo al artículo 45 del RAA, el artículo 85 del Estatuto es aplicable a los agentes temporales.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>El demandante es agente temporal del Parlamento. A partir del mes de julio de 1980, fue clasificado en el grado Β 2. Desde el mes de enero de 1990, ocupa un puesto de trabajo como administrador en el Grupo de Los Verdes. Desde julio de 1984, está casado con la Sra. P. que también forma parte del personal de las Instituciones comunitarias.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Con arreglo al artículo 1 del Anexo VII, el demandante percibió la asignación familiar desde el <DATE ISO="19840701">1 de julio de 1984</DATE> hasta el <DATE ISO="19931130">30 de noviembre de 1993</DATE> incluido.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>A partir del <DATE ISO="19921101">1 de noviembre de 1992</DATE>, la esposa del demandante que se encontraba al servicio del Consejo, fue clasificada en el grado C 4, escalón 4. Mediante decisión del Parlamento de <DATE ISO="19921126">26 de noviembre de 1992</DATE>, fue transferida a esta última Institución con efectos de 16 de noviembre del mismo año, sin modificación de grado ni de escalón. Mediante decisión del Consejo de <DATE ISO="19921208">8 de diciembre de 1992</DATE>, fue promovida al grado C 3, escalón 1, con efecto retroactivo al <DATE ISO="19920101">1 de enero de 1992</DATE>. Mediante decisión del Parlamento de <DATE ISO="19930201">1 de febrero de 1993</DATE>, por la que se anula y sustituye la decisión de <DATE ISO="19921126">26 de noviembre de 1992</DATE>, fue transferida al Parlamento y clasificada en el grado C 3, escalón 1. Por último, tras la comunicación a la administración del Parlamento del cálculo de su antigüedad de escalón, se modificó su clasificación y se la clasificó en el grado C 3, escalón 2, mediante decisión del Parlamento de <DATE ISO="19930217">17 de febrero de 1993</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Tras haber recibido las informaciones relativas a la situación familiar del demandante para el año 1993, el Parlamento consideró que había dejado de tener derecho a la asignación familiar a partir del <DATE ISO="19920101">1 de enero de 1992</DATE> con motivo de la promoción<?PAGE NO="I-1233"?> retroactiva de su esposa al grado C 3 en dicha fecha. El Parlamento decidió recuperar las cantidades que estimaba haber pagado indebidamente al demandante, que ascendían a un total de 267.628 BFR. Se informó al demandante de dicha decisión, en primer lugar, mediante la comunicación de la copia de una nota del Servicio <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="201C"/>Estatuto y Gestión del Personal<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="201D"/> al Servicio <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="201C"/>Contaduría<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="201D"/> de <DATE ISO="19931122">22 de noviembre de 1993</DATE>, que indicaba que, a partir del <DATE ISO="19920101">1 de enero de 1992</DATE>, no tenía <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="201C"/>ya derecho a la asignación familiar<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="201D"/> con motivo de la <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="201C"/>promoción de su cónyuge al grado C 3/2<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="201D"/>. A continuación, el Jefe del Servicio <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="201C"/>Estatuto y Gestión del Personal<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="201D"/>, la Sra. Puech, envió un escrito al demandante el <DATE ISO="19940119">19 de enero de 1994</DATE>, explicándole que el importe adeudado de 267.628 BFR que figuraba en su hoja de haberes del mes de diciembre de 1993 representaba la asignación familiar a la cual no tenía ya derecho desde el mes de enero de 1992. En dicho escrito, la Sra. Puech precisó que la recuperación de dicho importe se escalonaría a lo largo de nueve meses, a razón de 30.000 BFR durante los ocho primeros meses, e instó al demandante a que se comunicara con ella en el supuesto de que dicho escalonamiento fuera difícil de conciliar con su situación personal.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Mediante escrito de <DATE ISO="19940125">25 de enero de 1994</DATE>, dirigido a la Sra. Puech, el demandante impugnó dicha decisión. El Parlamento confirmó su postura en un escrito motivado de <DATE ISO="19940204">4 de febrero de 1994</DATE> y por lo cual el demandante, mediante escrito de <DATE ISO="19940222">22 de febrero de 1994</DATE>, presentó una reclamación formal con arreglo al artículo 90 del Estatuto contra la decisión contenida en el escrito de <DATE ISO="19940119">19 de enero de 1994</DATE>. Solicitó la anulación de dicha decisión y la reparación de los perjuicios que de ella pudieran resultar.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Las retenciones mensuales de 30.000 BFR sobre la retribución del demandante se efectuaron durante cinco meses consecutivos a partir del mes de febrero de 1994.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>El recurso de casación sólo se refiere a la aplicación del artículo 85 del Estatuto efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, de modo que sólo se examinará la parte de la sentencia recurrida que versa sobre dicho artículo.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1234"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La aplicación del artículo 85 del Estatuto en la sentencia recurrida</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>El artículo 85 del Estatuto dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>Las cantidades percibidas en exceso darán lugar a la devolución si el beneficiario hubiere tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si ésta fuera tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla.<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>En el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia recordó que, según jurisprudencia reiterada, la expresión <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>tan evidente<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> que figura en dicha disposición no significa que el funcionario que percibe pagos indebidos quede dispensado de todo esfuerzo de reflexión o de comprobación. Por el contrario, la devolución procederá cuando se trate de un error que no pueda pasarle desapercibido a un funcionario normalmente diligente, del que se presume que conoce las normas que regulan sus retribuciones (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19940224">24 de febrero de 1994</DATE>, Burck/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-93/92" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-201">T-93/92, RecFP p. II-201, apartado 29</REF.DOC.ECR>, y de <DATE ISO="19940210">10 de febrero de 1994</DATE>, White/Comisión, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-107/92" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-143">T-107/92, RecFP p. II-143, apartado 33</REF.DOC.ECR>). El Tribunal de Primera Instancia también recordó que, para apreciar si el funcionario interesado se ha mostrado normalmente diligente, hay que tener en cuenta su capacidad para efectuar las comprobaciones necesarias (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de <DATE ISO="19940224">24 de febrero de 1994</DATE>, Stahlschmidt/Parlamento, <REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="T-38/93" YEAR="1994" PAGE.ECR="II-227">T-38/93, RecFP p. II-227, apartado 19</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>A continuación, el Tribunal de Primera Instancia identificó, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, la regla que regula el beneficio de la asignación controvertida, a saber, el apartado 3 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto, según la cual, el funcionario no percibe la asignación familiar, salvo decisión especial de la AFPN, en el caso de que su cónyuge ejerza una actividad profesional lucrativa que dé lugar a <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>ingresos profesionales brutos superiores al sueldo base anual de un funcionario del grado C 3, tercer escalón [...] antes de la deducción del impuesto<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> y, en el apartado 48, afirmó que dicha regla debería ser considerada lo suficientemente clara<?PAGE NO="I-1235"?> para que un funcionario de la categoría A, que trabajaba en las Instituciones desde 1980, pudiese identificar el límite decisivo más allá del cual no tenía más derecho a la asignación familiar, salvo decisión especial de la AFPN. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia comprobó que el demandante no discutía el hecho de que se le supusiera conocedor de la retribución de su esposa.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia según la cual un funcionario que, por haber tardado en comunicar a su administración una modificación de su situación familiar, se ha colocado en una situación irregular como consecuencia de su propio comportamiento, no podrá invocar su buena fe para que se le exima de la obligación de devolver una asignación que haya seguido percibiendo indebidamente (sentencia White/Comisión, antes citada, apartado 50) y consideró que, por lo menos, el demandante hubiera debido comunicar la modificación de su situación familiar, puesto que ésta determina el derecho a los complementos familiares. Pues bien, el demandante omitió informar al Parlamento de la promoción de su esposa por parte del Consejo en el grado C 4, escalón 4, a partir del <DATE ISO="19921101">1 de noviembre de 1992</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>En los apartados 50 a 55 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó el importe del exceso en el caso de autos para compararlo con el que existía en el asunto White/Comisión, antes citado, invocado por el demandante en apoyo de su argumento, según el cual, el exceso era tan poco importante que no presentaba un carácter de irregularidad evidente. Al haber determinado que el importe del exceso ascendía a 87.000 BFR por año, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no se trataba de un importe desdeñable que pudiera escapar a la atención de un funcionario normalmente diligente.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>En el apartado 56 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que, dando muestras de una diligencia normal, el demandante debería haberse dado cuenta de la evidente irregularidad de los pagos controvertidos y que, en consecuencia, el Parlamento tenía derecho a la devolución de las<?PAGE NO="I-1236"?> cantidades indebidamente pagadas en concepto de asignación familiar desde el <DATE ISO="19921101">1 de noviembre de 1992</DATE> hasta el <DATE ISO="19931130">30 de noviembre de 1993</DATE>. Además, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que el demandante se había colocado en una situación irregular como consecuencia de su propio comportamiento —al no haber comunicado a la administración la promoción de su esposa al grado C 4, escalón 4, que tuvo lugar el <DATE ISO="19921101">1 de noviembre de 1992</DATE>— y que, por ello, no podía invocar su buena fe para que se le eximiera de la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>El recurso de casación</P></TI></TITLE><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>En su recurso, el demandante solicita en particular al Tribunal de Justicia que <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>acuerde la admisión y declare fundado su recurso de apelación<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>, que <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>modifique<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/> la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que declare fundada la acción originaria y, en consecuencia, que anule la decisión del Parlamento contenida en el escrito de <DATE ISO="19940119">19 de enero de 1994</DATE> de recuperar la cantidad de 267.628 BFR.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>El demandante invoca un único motivo basado en que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 85 del Estatuto, en la medida en que juzgó que la <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>evidencia manifiesta<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> del error, que justificaba fundarse en el artículo 85, quedaba probada por el mero exceso cuantitativo del límite máximo previsto en el artículo 1 del Anexo VII del Estatuto.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Primera Instancia interpretó la sentencia White/Comisión, antes citada, de forma, a la vez, parcial, puesto que la resolución de este asunto se fundaba en diversos elementos tomados en conjunto y no en uno solo, y, de forma arbitrariamente extensiva, puesto que el único elemento considerado por el Tribunal de Primera Instancia, a saber, el exceso cuantitativo del límite máximo, aparece como el parámetro objetivo y absoluto para justificar la aplicación del artículo 85 del Estatuto en el presente asunto. Según el recurrente, una decisión por la que se declara que un importe de 87.000 BFR demuestra por sí mismo la evidencia del error y debe dar lugar a la aplicación del artículo 85, no está motivada en absoluto y no respeta los principios relativos a la carga de la prueba.</TXT></NP><?PAGE NO="I-1237"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>El Parlamento afirma que debe desestimarse el recurso de casación por ser infundado.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>La apreciación del Tribunal de Justicia</P></TI></TITLE><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>A tenor del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Se deduce de una simple comparación entre la sentencia recurrida y la relación que de ella hace el recurrente, que este último efectúa una lectura manifiestamente parcial y errónea de la misma. En efecto, para demostrar el carácter evidente del error, el Tribunal de Primera Instancia no se fundó únicamente en la cuantía del exceso, sino también, por una parte, en el carácter claro de la regla contenida en el apartado 3 del artículo 1 del Anexo VII del Estatuto, en el nivel de responsabilidad del demandante (<QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>categoría A<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>) y en la duración de su experiencia profesional en las Instituciones comunitarias (<QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>desde 1980<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>), así como, por otra parte, en el hecho de que el demandante había omitido informar al Parlamento de que su esposa había sido promovida.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>En la medida en que el recurrente afirma que la sentencia recurrida se funda en un elemento único, cuando de una mera lectura de la misma resulta que el Tribunal de Primera Instancia tomó en consideración un conjunto de circunstancias para llegar a su resolución, el recurso de casación debe desestimarse por ser manifiestamente infundado.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Costas</P></TI></TITLE><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable en el procedimiento del recurso de casación con arreglo al artículo 118, la parte que<?PAGE NO="I-1238"?> pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. El Parlamento solicitó la condena en costas del recurrente. Al haber sido desestimado el motivo formulado por éste, procede condenarle al pago de las costas del presente procedimiento.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>En virtud de todo lo expuesto,</P><P>EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)</P><P>resuelve:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Desestimar el recurso de casación.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Condenar en costas al recurrente.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Dictado en Luxemburgo, a <DATE ISO="19970306">6 de marzo de 1997</DATE>.</P><SIGNATORY><P>El Secretario</P><P>R. Grass</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>El Presidente de la Sala Primera</P><P>L. Sevón</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>